El próximo lunes a las 18 horas en el Galpón de las Artes quedará inaugurada la muestra ‘Artistas visuales rionegrinos representan los derechos humanos’.
Las imágenes pictóricas representan cada artículo de los Derechos Humanos con una mirada contemporánea, visual y crítica de nuestros artistas rionegrinos, siendo las obras patrimonio educativo y cultural de la provincia de Río Negro.
Estas obras fueron creadas a partir de la convocatoria “Artistas visuales Rionegrinos representamos los Derechos Humanos” que comenzó en el año 2018.
La presencia de la Muestra en Regina es posible a partir del trabajo conjunto entre la Dirección de Cultura de la Municipalidad y la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro.
Seis policías de un grupo táctico de la provincia de Santa Fe fueron condenados a penas de prisión efectiva por una secuencia demencial de delitos que los delatan en tres facetas: mejicanear partidas de cocaína a distribuidores para después venderlas, realizar allanamientos ilegales que hacían pasar como actos regulares para descubrir la droga, y también torturar con picana eléctrica a un par de dealers para que estos cantaran quiénes eran sus proveedores.
La secuencia se asemeja a una película hardcore donde efectivos de la policía rosarina se burlan de los fiscales, asaltan una casa donde saben que hay droga y se la llevan después de someter a una pesadilla a los que estaban en la vivienda. Lo que pasó en esa casa fue contado hasta por un nene de ocho años que estaba durante el allanamiento ilegal, que declaró en cámara Gesell desde una ciudad del norte del país donde se encontraba, porque después de sufrir esta brutalidad las personas involucradas como víctimas fueron sacadas de Rosario.
Los condenados pertenecen a un escuadrón especializado de la policía de Santa Fe, el Grupo Alfa de la Policía de Acción Táctica de la Regional Rosario. Abrumados por las pruebas estos aceptaron su responsabilidad en distintos hechos en juicios abreviados donde reconocieron ser culpables de torturas, allanamiento ilegal, falsificación de actas y venta de drogas. Queda con destino a juicio oral y público pendiente el jefe de todos ellos. Los fiscales federales actuantes consideraron que por la gravedad institucional del caso el máximo responsable del grupo, que es un oficial con solo ocho años de antigüedad en la fuerza, debe comparecer en una audiencia abierta.
Algunos detalles de lo ya probado entran en el terreno del delirio. El máximo jefe habla y se ríe de cómo el grupo acechó con el paso de electricidad a dos pequeños distribuidores para que delataran a los que les suministraban la droga. Disfrutan contando cómo les arrancaron la información con un sadismo naturalizado. Comentan entre risas lo que le hicieron a una persona a la que llevaron a un baldío. «Jajaja. Cómo lloraba el de la vía» dice uno de los policías. «No tiene desperdicio», le responde su colega. Finalmente el primero dice que necesita «dar otra sesión de masajes eléctricos».
Los hechos que motivan las condenas son tres. El primero ocurrió el 13 de agosto de 2024 cuando seis suboficiales del grupo ALFA fueron en dos móviles -los 10.065 y 10.533-a una casa de calle Forest 5624. Llegaron sin orden judicial ni motivo que lo justifique. Allí redujeron a Diego Andrés Inturias y José Luis Linares y los retuvieron a éstos junto con Perla Requejo y dos nenes de 8 años y un año. Fue durante 50 minutos sin dar aviso a ninguna autoridad judicial para apropiarse, según Inturias de más de una decena de panes de cocaína que había en el lugar, que eran entre 12 y 15 kilos de sustancia. También se llevaron armas de fuego y cuchillos de colección, cincuenta mil dólares e indumentaria que los ocupantes de la vivienda tenían para la venta.
El segundo hecho es que los mismos que participaron de ese allanamiento trucho y violento se ocuparon de vender al menos cuatro de esos ladrillos de cocaína días después en la ciudad de Santa Fe según consta en sus propios teléfonos. Por este hecho tres familiares del jefe del grupo policial -su esposa y dos cuñados- también fueron condenados.
El tercer incidente, el más negro de una secuencia impactante, fue el de los tormentos con picana y golpes contra Daniel Yufra y Jonatan Leiva. A quienes los policías le pasaron electricidad en el cuerpo para obtener datos del proveedor del ladrillo de cocaína que tenían. Yufra y Leiva fueron detenidos en la vía pública el 13 de agosto de 2024, en la calle Jean Jaures 5526 de Rosario. Tras conseguir de esa manera los datos que buscaban una hora después irrumpieron sin conocimiento judicial en la casa donde encontrarían la mayor partida de cocaína, y hacia donde según el seguimiento por GPS los móviles se trasladaron sin detenerse después de apretar a los dealers.
El único que después de estas condenas queda con un juicio oral pendiente es el aludido jefe del grupo, el oficial Guillermo Toledo. Que en una pormenorizada crónica de gangsters le cuenta a su colega Juan Angel Balais cómo obtuvieron la información para encontrar los 15 ladrillos de cocaína.
Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos.
«Encontramos a un loco en la puerta de un búnker. Le entramos a revisar el celular y tenía fotos de una metra, fierros. Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos. Con todo lo que le hicimos, no dijo ni una palabra. Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos. Lo dejamos tirado en el medio de la nada, medio en pelotas. No dijo una palabra. Alto soldado era», dice Toledo.
Este audio está en un intercambio del 17 de septiembre de 2024. Unos meses antes, en abril del año pasado, Toledo le explica a un subalterno cómo obtener información en forma ilícita. «Los fierros que metimos la guardia pasada en el oeste, paramos a uno que tenía droga, a ver el teléfono… y es esa foto con los fierros. Y así es, ya le vas a encontrar la vuelta. Depende la dotación que te toque. Tenés que ir viendo cómo laburan los que están con vos», explica Toledo. Al imputar el caso el año pasado la fiscal María Virginia Sosa dijo de Toledo y la metodología de los operativos contada por él mismo: «Un verdadero pedagogo de la ilegalidad».
La reconstrucción de estos hechos surge a partir de que un equipo fiscal conducido por Javier Arzubi Calvo encontrara a los dos dealers torturados por los hombres de la PAT, a partir de testigos que dijeron que el día de los hechos vieron llorando a dos hombres adentro de una camioneta. Allí se estableció que habían sido torturados con picana eléctrica, hasta escupir lo que pedían, con el fin de llegar hasta el proveedor. Torturaban para obtener datos para llegar «al pescado gordo»
Que tenían una picana eléctrica quedó probado por las propias conversaciones de los policías. En un momento en que producían operativos efectivos del mismo grupo mencionaron la dirección de un lugar donde «volvieron a activar». Un integrante pregunta dónde es la acción y otro le responde: «Donde Balais hizo el secuestro de la picana». Ese lugar era un bunker y de allí lo robaron. ¿Dónde se encontró la picana? «En la mochila de suboficial Balais cuando fue allanado», dijeron los fiscales en la audiencia judicial del año pasado.
Un dato relevante es la juventud de los efectivos condenados. Son viejas prácticas de la policía, remarcaron los fiscales, encarnadas por uniformados nuevos. El que más trayectoria tenía en la fuerza santafesina al momento de los hechos llevaba ocho años de servicio. Ninguno era al momento de los hechos mayor de 36 años.
Ellos nos agarraron en la vía pública, en Jean Jaures, esa calle era una cortadita. Eran un montón… eran como cuatro patrulleros, tres seguro. Ahí nomás nos empezaron a picanear.
El testimonio en la causa de uno de los dealers torturados por la policía está volcado en las actas de acusación. «Ellos nos agarraron en la vía pública, en Jean Jaures, esa calle era una cortadita. Eran un montón… eran como cuatro patrulleros, tres seguro. Ahí nomás nos empezaron a picanear. A sacar la remera ¿viste? y a mostrarle acá la parte de la cola, a picanearnos. El primero fue un toquecito y ya de afuera, continuo nos dejaban y nosotros decíamos ¿por qué nos están haciendo eso? Si nosotros no estamos ni resistiendo a la autoridad ni faltando el respeto. Nos hacían agachar la cabeza, nosotros agachamos la cabeza y se reían. Se reían y a mi compañero después lo agarraron aparte. Y le dijeron a dónde había sacado. Nos pedían que les dijéramos dónde estaba el pescado gordo».
Los relatos de los que tenían la droga son impactantes y transparentes. La admisión de que tenían droga en su casa no les merecerá condena a raíz de la completa ilegalidad de los operativos policiales que son nulos para un trámite judicial. Quizá por eso hablaron con tanta elocuencia.
Uno de los tenedores de la cocaína, Diego Inturias, reveló lo que pasó cuando la brigada le tiró la puerta abajo en su casa de la calle Forest. «A los diez minutos que entraron pedí hablar con el jefe. Y ahí me sientan en la mesa con un policía gordito y me dice que él es el jefe». «Tenes huevo negrito eh, para hablar conmigo»…
Lo que sigue contado por el distribuidor es una película de mercenarios. «Ahí me sacaron del piso, me sentaron en la mesa de la cocina, el gordito se sentó en frente mío, cara descubierta, mía y de él, ahí yo le dije que ya perdí, dejá de lado mi familia, te entrego todo. Me dijo «¿pero qué tenes?» Hay de todo le dije, hay droga, dólares y pesos. Ahí ya habían encontrado las armas que estaban en el placard empotrado. Me dijo «tenes un montón de armas, ya estás re complicado con esto, me llevo una parte de las armas, lo otro lo dejo en la mesa, te dejo medio kilo de droga en la mesa así te dan poco tiempo, como mucho un año preso y vos le sacas toda culpa y todo cargo a tu familia». Le pregunté si estaba seguro si podía salir así, y me dijo que estaba seguro y que él sabía que como mucho en un año me daban la libertad. Me dijo «confía en mí que yo sé de esto». Ahí el gordito me dijo por qué habían llegado, «me dijo un amigo tuyo al que lo agarramos con un kilo te vendió. Tenía una camioneta gris. Lo agarramos con un kilo, cantó como un pajarito tu amigo»».
El equipo de investigación fue liderado por los fiscales federales Javier Arzubi Calvo y María Virginia Sosa. En el juicio abreviado aceptaron condena el policía Jesús Angel Balais a 7 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por vejaciones y apremios ilegales, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, sustracción de elementos, falsificación de instrumento público y comercio de estupefacientes agravado.
También Fernando Nicolás Ferreira a seis años y medio por violación de domicilio y comercio de estupefacientes. Iván Severino Schneider a 4 años y seis meses por iguales delitos. Gerardo Sebastián Pérez a igual pena por mismos delitos. Sergio Nicolás Robledo a tres años y seis meses por la violación de domicilio y comercio de estupefacientes y Miguel Alberto Aguilar a dos años de prisión por incumplimiento de deberes de funcionario público. Todas las penas son de cumplimiento efectivo. Asimismo fueron sentenciadas a tres años de prisión tres familiares de Guillermo Toledo que participaron de la comercialización de la droga llevada de Rosario a Santa Fe.
Guillermo Toledo negocia el cierre de su caso con un acuerdo parcial de reconocimiento de culpa aunque habrá con él, jefe del operativo, lo que se llama un juicio de cesura donde la pena se discutirá en una audiencia oral y pública.
Los detalles que dieron los fiscales en las audiencias preliminares fueron increíbles. «La preocupación de Toledo no era que se descubriera su accionar ilegal. Queda muy claro en su teléfono que lo que más temía era que le robaran la droga que él había robado», dijo uno de los acusadores.
Las revelaciones surgidas de lo que contaron los involucrados en esta historia son abrumadores. Resalta lo que terminó de contar Inturias cuando llegaron a su casa a sacarle la droga y lo interrogaron por la plata que tuviera en la casa.
«Fui a buscar los dólares en una vitrina donde había fotos y demás, los dólares estaban entre unos libros de esa vitrina, los había guardado ese mismo día. Los escondí apenas tocaron el timbre los policías. Eran más de cincuenta mil dólares. Fui ahí mismo a buscarlos para entregárselos y no estaban. Ahí el gordito ya me empezó a decir que le mentía, que no había nada ahí. En ese momento se acerca el policía que tenía cara de viejo, lo codea al gordito y le dice que se calle en voz baja, que ya tenía la plata él, que ya la había agarrado. Ahí el gordito me dice a mí que me quede en el molde».
Sobre la cocaína que tenía en la vivienda, dijo Inturias sobre los policías. «Me llevaron a buscar la droga, todos estaban buscando, pero no habían encontrado droga todavía. Habían buscado hasta en las ventanas, fui a la pieza y les mostré dónde estaba la droga debajo de la cama. Estaban todos los policías ahí. Cuando vieron la droga, el gordito dice «Ya estamos chicos, ya estamos. Coronamos».
Se espiraliza la crisis recaudatoria municipal y el derrumbe de la cobrabilidad de las tasas locales aparece como una problemática central expuesta por los intendentes en sus mensajes de apertura de sesiones ordinarias.
A la nueva caída de la coparticipación que alarma en las provincias y que tiene su efecto dominó en las comunas, se suma el drástico descenso en el cobro de tributos municipales, que empuja a los intendentes a recortar los ya limitados planes de obras previstos con fondos propios.
El caso de Tandil es un exponente del golpe de la recesión en el interior bonaerense. El radical Miguel Lunghi alertó un desplome recaudatorio inédito en sus seis periodos como intendente, con una merma cercana a los 15 puntos.
En 2025, los niveles medios de cobrabilidad que estaban en el orden del 70%, cayeron a un 56%. Lunghi habló de «severas dificultades económicas» para los vecinos y que impacta en la percepción de tributos por parte del municipio.
A esa problemática, el intendente de Tandil sumó las deudas de los estamentos superiores. Así, acusó que la Provincia le debe a su municipio 2.500 millones y el Gobierno nacional, 500 millones. Eso, sumado a los 3.500 millones menos de lo previsto por coparticipación.
«Son 6.500 millones de pesos que no llegaron a Tandil. Son, o mejor dicho, podrían haber sido, 80 cuadras de pavimento, o 140 de cordón cuneta, o la posibilidad de comenzar con una obra estratégica y necesaria para una ciudad en expansión», dijo.
Como contó LPO, la preocupación de las provincias está centrada en la debilidad persistente del IVA, impuesto directamente vinculado al consumo y que es un componente central de la masa coparticipable. Cuando cae el IVA, cae automáticamente la coparticipación.
Para febrero, se espera que los indicadores muestren una contracción del orden del 7% en los recursos coparticipables.
En Tandil, durante 2025 los niveles medios de cobrabilidad que estaban en el orden del 70%, cayeron a un 56%.
En Trenque Lauquen, el radical Francisco Recoulat, dijo que los números que ilustran la caída de la coparticipación son «sorprendentes» y «preocupantes». «Al 20 de febrero había ingresado solo el 50% de lo previsto. Eso nos obliga a un esfuerzo enorme para sostener servicios y salarios», dijo.
Con el mismo problema, otro intendente del noroeste bonaerense señaló a LPO que, con lo que hoy recauda su comuna, solo alcanza para cumplir los servicios esenciales. «No estamos pudiendo proyectar casi nada de obras o programas nuevos para el año», dijo.
En el conurbano, el desplome de la recaudación se siente con mayor fuerza en algunas zonas. Por caso, en Esteban Echeverría, Fernando Gray reveló: «Nos cayó un 30% la recaudación».
En su discurso de apertura de sesiones en el Concejo Deliberante local, Gray señaló: «Estamos optimizando gastos porque vamos a tener que cubrir más cosas todavía» y detalló que la demanda en el Hospital Santamarina subió un 30%.
Hoy miércoles la Gobernadora Arabela Carreras y el Intendente Marcelo Orazi encabezarán el acto de apertura de sobres de la obra ‘Ejecución de infraestructura para la provisión de servicios al loteo Barazzutti’ en el marco del plan provincial ‘Suelo Urbano’. Se realizará a las 14 horas en el Galpón de las Artes. La obra contempla…
El día lunes 17 de enero asumirán dos nuevos funcionarios en el Gabinete Municipal. La nueva Directora de Turismo, Profesora María Luján Musso y el nuevo Director de Cultura, Martín Betancourt. El Intendente Marcelo Orazi agradece a Silvia Alvarado y Katerina Iogna por el trabajo y compromiso que han tenido en sus tareas. Convencido que…
El secretario general del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, mantuvo una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones, donde le alertó sobre la gravedad que atraviesa el sistema sanitario por el desfasaje entre los aportes que se hacen a través del monotributo y los costos de los servicios que se prestan.
Según el informe que elevaron Cavalieri entregó a Lugones, mientras el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto -y asciende a los $170.000 en el caso de adultos mayores-, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas $22.000 mensuales.
El informe indica que con este importe no se cubre ni siquiera el valor de una consulta médica. Una radiografía cuesta entre $80.000 y $150.000 y los análisis clínicos completos oscilan entre $200.000 y $300.000.
Esto sin contemplar procedimientos de mayor complejidad, como una cirugía, que puede costar entre $1.000.000 y $2.500.000 en los casos más simples, ni tratamientos de alta complejidad como oncología, diabetes u otras enfermedades crónicas.
Cavalieri afirmó que «el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud».
Mario Lugones.
Tras la reunión -de la que también participó Carlos Pérez, titular de OSECAC-, Cavalieri explicó que le acercaron al ministro de Salud algunas opciones. Una de ellas es que los monotributistas equiparen el aporte al de los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción sería que se elimine el aporte de salud que hacen los monotributista.
«Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas», dijo el titular de OSECAC. «Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema», agregó.
En tanto, Cavalieri explicó que actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de OSECAC. «Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales», dijo y planteó que el tema debe debatirse. «El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario que hoy sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina», cerró.
La Cancillería incrementó cerca de un 400% el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa de Federico Sturzenegger. El aumento supera la inflación acumulada y abre un fuerte debate sobre transparencia, conflicto de interés y uso de fondos públicos.
Por Roque Pérez para NLI
La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de incrementar en casi un 400% el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, la esposa del ministro Federico Sturzenegger, desató una controversia política y administrativa que excede la discusión presupuestaria. La actualización del monto, muy por encima de la inflación acumulada, reavivó las sospechas sobre conflicto de interés, transparencia en la contratación pública y doble vara en el ajuste estatal.
El caso se inscribe en el clima de recortes, despidos y poda del gasto que impulsa Milei, mientras determinadas partidas parecen evolucionar a una velocidad muy superior a la del índice de precios.
Contratación pública y aumento del 400%: los números bajo la lupa
El contrato original había sido firmado por una cifra sensiblemente menor. La renovación elevó el monto a más de cinco veces el valor inicial. Si bien el Gobierno puede argumentar actualización por inflación o ampliación de servicios, los datos disponibles muestran que el incremento supera ampliamente la inflación acumulada del período, que ronda el 276%.
La capacitación contempla cursos de idioma para personal diplomático y administrativo. Desde el punto de vista funcional, nadie discute la necesidad estratégica de que el cuerpo diplomático domine lenguas extranjeras. Lo que está en debate es si el Estado pagó un valor acorde a mercado y si se garantizó competencia real entre oferentes.
Para un público especializado en administración pública y control del gasto, la pregunta central no es si la capacitación es necesaria, sino si:
Se evaluaron alternativas privadas con mejor relación costo-beneficio.
Hubo licitación efectiva o mecanismos de comparación de precios.
Se justificó técnicamente la magnitud del aumento.
El diferencial porcentual es el dato político más fuerte del expediente.
Conflicto de interés y mecanismos de integridad: ¿alcanzan los controles?
El vínculo personal entre la conducción de la AACI y el ministro Sturzenegger obligó formalmente a activar mecanismos de control previstos para evitar incompatibilidades. Sin embargo, la discusión no es solamente jurídica sino política.
En términos normativos, pueden haberse cumplido los pasos administrativos. Pero la cuestión de fondo es otra: ¿es razonable que un organismo del Estado incremente en casi 400% un contrato con una institución dirigida por la esposa de un ministro clave del gabinete?
El estándar internacional en materia de ética pública no sólo exige legalidad, sino también apariencia de imparcialidad y prevención de beneficios indirectos. Incluso cuando no se pruebe irregularidad penal, el costo reputacional para la administración puede ser alto.
En un gobierno que sostiene un discurso de “corte de privilegios”, este tipo de decisiones generan ruido político inmediato.
Ajuste selectivo y doble vara en el gasto estatal
Mientras el Ejecutivo impulsa recortes en áreas sensibles, despidos masivos y reducción de partidas sociales, la ampliación de este contrato aparece como un caso testigo. El mensaje que se proyecta hacia el interior del Estado es complejo: hay sectores donde el ajuste es implacable y otros donde el gasto crece muy por encima del promedio.
Desde el análisis presupuestario, el monto total puede no representar una porción decisiva del gasto nacional. Pero en política, los símbolos pesan. Y este contrato se convirtió en un símbolo de:
Tensiones entre discurso y práctica.
Fragilidad en la gestión de conflictos de interés.
Falta de pedagogía pública sobre criterios de contratación.
La situación también interpela a los organismos de control y a la oposición parlamentaria, que ya anticipan pedidos de informes y posibles presentaciones judiciales.
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