El próximo lunes a las 18 horas en el Galpón de las Artes quedará inaugurada la muestra ‘Artistas visuales rionegrinos representan los derechos humanos’.
Las imágenes pictóricas representan cada artículo de los Derechos Humanos con una mirada contemporánea, visual y crítica de nuestros artistas rionegrinos, siendo las obras patrimonio educativo y cultural de la provincia de Río Negro.
Estas obras fueron creadas a partir de la convocatoria “Artistas visuales Rionegrinos representamos los Derechos Humanos” que comenzó en el año 2018.
La presencia de la Muestra en Regina es posible a partir del trabajo conjunto entre la Dirección de Cultura de la Municipalidad y la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro.
Mientras la gestión sanitaria acumula fracasos —desde el caso fentanilo hasta la caída histórica en la vacunación que reabrió la puerta a enfermedades antes controladas—, Milei profundiza una reestructuración del Ministerio de Salud que concentra el poder en áreas administrativas, debilita la política sanitaria y abre de par en par la puerta a privatizaciones y tercerizaciones.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Un Ministerio que deja de hacer política sanitaria y pasa a administrar un negocio
La nueva arquitectura del Ministerio de Salud, presentada hoy a través del Decreto 866/2025, expone una decisión política nítida: la salud deja de ser política pública y pasa a ser administración de recursos. Todo gira alrededor de lo administrativo, lo financiero, lo contable, lo legal y lo contractual.
Tal manifiesta el Boletín Oficial, la Secretaría de Gestión Administrativa se convierte en el verdadero centro de mando. Controlará el presupuesto, los recursos humanos, la infraestructura, las compras, la logística sanitaria, los sistemas informáticos, la seguridad de datos, las donaciones, los créditos externos, los sumarios y los convenios.
Ese esquema no es técnico: es ideológico. La salud como derecho queda subordinada a una estructura que responde más al mapa mental de una empresa que al de una política pública.
Y llega, además, en un contexto donde la gestión sanitaria de Milei ya mostró que, sin conducción política, los daños se pagan con vidas.
Una gestión que ya fracasó: fentanilo, vacunación en caída y brotes evitables
La reorganización del Ministerio bajo el mando de Mario Lugones no ocurre en el vacío: ocurre en medio de una gestión que ya está desbordada.
Caso fentanilo: la intoxicación masiva por fentanilo expuso gravísimas fallas en control, regulación, vigilancia epidemiológica y articulación entre áreas sanitarias y judiciales. La respuesta del Gobierno llegó tarde, sin estrategia y sin una coordinación mínima.
Vacunación en caída libre: se registró la peor cobertura de los últimos años, con faltantes periódicos y demoras en la distribución de dosis básicas del calendario nacional.
Regreso de enfermedades que estaban controladas: el descenso en la vacunación ya derivó en brotes de sarampión y un aumento preocupante de coqueluche, algo impensado para un país con tradición de inmunización fuerte.
Desfinanciamiento de programas: la merma en presupuestos y el vaciamiento técnico de áreas claves se sienten en las provincias, donde los hospitales denuncian falta de insumos, recortes y desorganización.
Todo esto ocurre antes de la nueva reestructuración. Ahora, con la salud sometida a un aparato administrativo gigantesco, la capacidad de respuesta sanitaria va a ser aún menor.
Centralización de compras y modelo PPP: antesala de privatizaciones
El nuevo diseño insiste obsesivamente en las compras. Entre la Secretaría y sus subsecretarías, las palabras que se repiten son adquisiciones, contrataciones, infraestructura, logística, auditoría, financiamiento externo, bienes y monitoreo financiero.
Esta hipercentralización crea un embudo donde todo pasa por el mismo lugar. Eso ralentiza, encarece y despolitiza la ejecución sanitaria, pero facilita otra cosa: la tercerización.
El texto lo dice sin rodeos: la Subsecretaría de Coordinación Administrativa tendrá competencias para intervenir en proyectos de participación público-privada, una autopista hacia la privatización de:
logística sanitaria,
compra de insumos,
infraestructura hospitalaria,
almacenamiento y distribución,
y parte de los programas nacionales.
En cualquier reestructuración neoliberal, la prioridad administrativa es siempre el prólogo del negocio privado.
La salud, para Milei, es un mercado. Y con este rediseño deja de disimularlo.
Sumarios y auditorías para disciplinar a quienes sostienen el sistema
La Subsecretaría Legal queda convertida en un órgano de control interno con dientes afilados: sumarios, recursos, supervisión de convenios, dictámenes, litigios, control documental.
En paralelo al ajuste, esto huele a disciplinamiento. En cada gobierno neoliberal, el recorte viene acompañado de un aparato punitivo para controlar a quienes sostienen el sistema: trabajadores, profesionales, técnicos, coordinadores de programas. Sin protección política, quedan a tiro de sumarios y recortes.
El mensaje interno es claro: obediencia o sumario.
¿Cómo le pega esto a la gente? Más costos, menos protección y un Estado retirado
El ciudadano común no ve un anexo administrativo. Ve consecuencias:
Medicamentos más caros, porque se pierde poder de negociación y crece la intermediación privada.
Faltantes de insumos, por embudos administrativos que ralentizan compras y entregas.
Programas de vacunación debilitados, en un país que ya vio cómo regresan enfermedades por falta de decisión política.
Menos capacidad de respuesta ante emergencias, como la intoxicación con fentanilo, que requiere coordinación real, no un organigrama de oficina.
Hospitales nacionales y provinciales desfinanciados, porque el ajuste baja por cadena lógica.
Privatización silenciosa de funciones esenciales, desde logística hasta infraestructura.
Un Estado que deja de proteger, porque cada área sanitaria queda subordinada a un filtro administrativo que no entiende —ni prioriza— la salud pública.
Este rearmado no mejora nada: agrava todo lo que ya salió mal.
La salud pública no es un Excel. La salud pública es territorio, vacunas, insumos, vigilancia, hospitales, profesionales y presencia del Estado. Milei logró lo contrario: una gestión que ya mostró su incompetencia y ahora se reorganiza para facilitar negocios privados y profundizar el desinterés por la salud de la gente.
Luis Caputo anunció que Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a 4 años que se licitará el próximo miércoles y que tendrá una tasa del 4,5%.
«Estamos volviendo con un bono a cuatro años, a noviembre de 2029, con un cupón del 6,5 por ciento», anunció el ministro de Economía en una entrevista en A24 y minutos después se formalizó la convocatoria a licitación para el próximo miércoles.
«Es de legislación local porque en legislación internacional tenemos la Ley Guzmán que no permite hacerlo sin la aprobación del Congreso», detalló Caputo.
El funcionario dijo que con esa colocación de deuda se cubrirá «una parte» del vencimiento de enero, que es de 4.500 millones de dólares. La otra parte del vencimiento se pagará, según Caputo, con el préstamo repo que se está negociando con los bancos.
«Nos ofrecieron 6 mil, 7 mil millones de dólares y por eso dije que no sabemos cuánto le vamos a tomar a los bancos. Porque estábamos trabajando en esta colocación e incluso en alguna otra alternativa que se va a saber en el corto plazo», aseguró.
De acuerdo a la información del Ministerio de Economía, el bono estará denominado en dólares estadounidenses, tendrá un cupón de 6,5% anual con pagos semestrales y amortizará el 100% del capital a su vencimiento, el 30 de noviembre de 2029. La suscripción y el pago se realizarán en dólares bajo legislación argentina.
Se trata de una tasa muy buena en comparación con la que este jueves aceptó el gobierno de Santa Fe, que tomó 800 millones de dólares a 9 años con una tasa nominal del 8,10 %. La Ciudad de Buenos Aires tomó la semana pasada 600 millones al 7,8%.
Antes de profundizar sobre los certámenes de belleza es oportuno soslayar su génesis. En el año 1920, el dueño de un hotel en Atlantic City (Estados Unidos) reunió un grupo de hombres empresarios para venderles una idea. “¿Qué tal si hacemos un concurso en el que muchachas vírgenes y bonitas compiten por un premio?” Eso atraería…
El último martes se realizó una reunión convocada por referentes de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA) de la que participaron la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra y la Directora de Promoción Social Adriana Torres. El encuentro tuvo…
El gobierno nacional quiere que el Congreso apruebe antes de las Fiestas de fin de año el Presupuesto 2026, pero los gobernadores están pidiendo fondos frescos para dar sus votos.
En el oficialismo descuentan que habrá modificaciones en el dictamen que se aprobó a principios de noviembre en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, pero la discusión con los gobernadores todavía está lejos de cerrarse.
La Casa Rosada empezó a refinanciar las deudas de algunas provincias en un gesto para los gobernadores ideado por Diego Santilli, pero en los bloques dialoguistas dicen que todavía falta que aparezca la plata.
Una idea es que los fondos y obras que piden
los gobernadores queden plasmadas en el Presupuesto, pero en las provincias dicen que hay una necesidad de que llegue plata fresca antes de fin de año. Esos fondos, dicen, podrían llegar vía ATN.
La Rosada ya viene recibiendo señales de alerta de cierto malestar de los gobernadores a partir de las declaraciones de Maxi Pullaro y Gustavo Sáenz, que destacaron el diálogo impulsado por Santilli pero remarcaron que las soluciones no aparecen.
A esto se suma que en noviembre las transferencias a las provincias tuvieron una baja real interanuel del 5,4% por la caída de la recaudación, según estima el Iaraf.
Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto
En los bloques de La Libertad Avanza en el Congreso están esperando que hay algún gesto a los gobernadores para retomar el debate sobre el Presupuesto y tratar de aprobarlo después del recambio. En el gobierno quieren que sea antes de fin de año, pero será difícil por los tiempos: nadie cree que se pueda sesionar después del jueves 18 ya que la semana siguiente es Navidad.
En el gobierno además quieren avanzar en diciembre con una modificación de la Ley de Glaciares y también un proyecto para sancionar a los legisladores que aprueben leyes sin explicar cómo se financiarían.
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