El próximo lunes a las 18 horas en el Galpón de las Artes quedará inaugurada la muestra ‘Artistas visuales rionegrinos representan los derechos humanos’.
Las imágenes pictóricas representan cada artículo de los Derechos Humanos con una mirada contemporánea, visual y crítica de nuestros artistas rionegrinos, siendo las obras patrimonio educativo y cultural de la provincia de Río Negro.
Estas obras fueron creadas a partir de la convocatoria “Artistas visuales Rionegrinos representamos los Derechos Humanos” que comenzó en el año 2018.
La presencia de la Muestra en Regina es posible a partir del trabajo conjunto entre la Dirección de Cultura de la Municipalidad y la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro.
El último martes se realizó una reunión convocada por referentes de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA) de la que participaron la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra y la Directora de Promoción Social Adriana Torres. El encuentro tuvo…
El gobierno entró en emergencia este martes ante el riesgo que no se pueda sancionar el Presupuesto antes de fin de año, como exige la ley. El problema surgió porque, como reveló LPO, los radicales y otros aliados descubrieron que en el artículo 30 hay un fuerte ajuste a todo el sistema de educación y ciencia.
En Diputados se logró eliminar el artículo 75, que incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de discapacitados, pero el artículo 30 fue aprobado. Por eso, algunos senadores aliados quieren modificarlo. Si esto ocurriera, el Presupuesto debería volver a Diputados y tratarse entre el 29 y 30. «No hay manera, ya nos licenciaron, hay diputados que ya se fueron de vacaciones», afirmó a LPO un diputado libertario.
Esta situación se suma a la dificultad que ya existe para la sesión de este viernes 26 de diciembre en el Senado. «Hay senadores que no están consiguiendo vuelos para viajar a Buenos Aires en Navidad», reconoció a LPO un senador aliado.
Por ley, el presupuesto debe sancionarse en el año previo a su ejecución. Por eso, la urgencia oficialista. Ante las dificultades, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mandó a estudiar el tema y encontraron un antecedente para zafar.
En el 2002, el entonces presidente Eduardo Duhalde sancionó el presupuesto en marzo de aquel año porque la crisis de diciembre del 2001 devoró la tarea parlamentaria con una sucesión frenética de asambleas legislativas para designar presidentes.
Un diputado libertario confirmó a LPO que, en efecto, Menem ya maneja dos fechas tentativas para sesionar por si el Senado introduce modificaciones al proyecto: serían el 30 de diciembre o el día de Reyes.
El gobierno necesita de manera desesperada el Presupuesto por las autorizaciones para tomar deuda y para que quede firme la derogación del candado a los canjes de deuda que metió Guzmán, que introdujo Caputo en el texto, como reveló LPO en exclusiva. Con vencimientos por más de USD 14 mil millones en el 2026, Caputo necesita tomar deuda para pagar deuda y si no le alcanza, hacer un canje. Para eso, necesita el presupuesto.
Por eso, la ex ministra Patricia Bullrich intenta evitar un escenario tan apretado y por estas horas agota el celular tratando de asegurar los 37 votos para sancionar de una vez el Presupuesto este viernes. El resultado es incierto y hasta el jefe del bloque peronista, José Mayans, no arriega un desenlace. «No tiene certezas», comentó a LPO un senador que conversó con el formoseño.
Menem ya maneja dos fechas tentativas para que sesione Diputados, ante la posibilidad que el Senado introduzca modificaciones al proyecto: serían el 30 de diciembre o el día de Reyes.
Más entusiastas parecían en el bloque del peronismo díscolo de Convicción Federal, liderado por el puntano Fernando Salino. Este martes conversó por zoom con sus pares Carolina Moisés, Guillermo Andrada, Fernando Rejal y Sandra Mendoza, y programó otro más para el mismo viernes, para definir una estrategia para modificar el artículo 30, que deroga el financiamiento del 6 por ciento del PBI para educación, el 1 por ciento para la Ciencia, los recursos para Educación Técnica y los fondos para Defensa.
El problema de la oposición, que expresa por un lado los intereses de los gobernadores y por otro las demandas de docentes enardecidos por el recorte, es que Patricia Bullrich tal vez busque blindar la votación en particular por capítulos, igual que Menem y Gabriel Bornoroni en Diputados. El artículo 30 se encuentra dentro del Capítulo 2, el correspondiente a los gastos, y contempla no solo el ajuste en educación y ciencia sino también préstamos del BID para las provincias o el incremento moderado para las universidades que rechazaron los rectores porque cuentan con la ley aprobada y una reciente cautelar otorgada por la Justicia.
Los senadores Guillermo Andrada y José Mayans.
Los senadores se topan ahora con la misma mamushka soviética de Luis Toto Caputo que los diputados la semana pasada: o votan todo junto o rechazan todo junto. Pese a que el efecto candado diseñado por el ministro de Economía detonó hace siete días el Capítulo 11 y voló por los aires la derogación de la ley de universidades y la emergencia en discapacidad, en esta ocasión puede beneficiar a Bullrich, por la presión de los gobernadores.
Al cierre de esta nota, la UCR no había definido cuál sería su postura aunque, como adelantó LPO, los miembros de ese bloque manifestaron su incomodidad por tener que votar el artículo 30.
Cerca de Eduardo Vischi, líder de los radicales en el Senado y hombre del correntino Gustavo Valdés, confirmaron a LPO que están coordinando una reunión por zoom antes de de la sesión del viernes, para ver qué hacen. Pero el clima no es bueno. LPO reveló que el exgobernador está furioso con la Casa Rosada porque los dos legisladores que tienen los libertarios en Corrientes, no votaron el presupuesto de su hermano, Juan Pablo Valdés.
La situación es tan extrema que el único antecedente que se recuerda de un Presupuesto que no fue votado en el año previo a su ejecución fue el de 2002, sancionado en marzo de ese año bajo la presidencia provisional de Duhalde tras el estallido de la Convertibilidad y la caída de Fernando de la Rúa.
Además de Vischi, Valdés tiene ascendencia sobre Mercedes Valenzuela y el propio Carlos «Camau» Espínola, que ingresó por el peronismo pero preside un interbloque de aliados del oficialismo.
La situación es tan extrema que el único antecedente que se recuerda de un Presupuesto que no fue votado en el año previo a su ejecución fue el de 2002, sancionado en marzo de ese año bajo la presidencia provisional de Duhalde tras el estallido de la Convertibilidad y la caída de Fernando de la Rúa.
Los casos de Cristina Kirchner en 2009 y Alberto Fernández en 2021, que se quedaron sin presupuesto, mostraron límites políticos de esos gobiernos pero en ambos casos se eligió el camino de la reconducción, más conocida como prórroga.
Milei, por su parte, ya gobernó en 2024 con el presupuesto de 2023 por un acuerdo con Sergio Massa en medio de las elecciones presidenciales y repitió la maniobra en 2025 para manejar las partidas a discreción, después de mandar a José Luis Espert a retirar el proyecto.
A poco más de dos semanas de que comience el período ordinario de la Legislatura cordobesa, el próximo 1° de febrero, existe una discusión aún solapada, pero en la que entran diversos actores con sus respectivos intereses: la modificación de la ley provincial 8435 que garantice la estabilidad laboral de los jueces de paz en los juzgados del interior cordobés.
Es decir, que se asegure el carácter de vitalicio o la inamovilidad para el cargo y no tener que renovar su mandato cada cinco años y por concurso como ocurre actualmente. O, en su defecto, que los cargos estén atados únicamente a cuestiones de conductas que deban evaluar desde el Tribunal Superior de Justicia.
Reclamo y expectativa de los titulares de los juzgados de paz que choca de manera directa con los intereses y la realidad de los intendentes que, desde las gestiones del exgobernador Juan Schiaretti se quedaron sin reelección eterna y en 2023, cuando se amagó con una presión por parte de los alcaldes con el argumento de las consecuencias de la pandemia en sus últimos mandatos, el exmandatario coqueteó con una marcha atrás que luego no se concretó.
Por lo que hoy, en todos los pueblos del interior cordobés, y más aún en aquellos por donde están distribuidos los 310 juzgados de paz se vive una relación tensa entre los magistrados y los intendentes.
Fricción de la que está al tanto Llaryora, porque hace algunas semanas se lo trasladaron en una recorrida por Miramar, donde el mandatario dijo acerca del tema que «va a haber noticias»; y pedido que también sigue de cerca el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). No sólo por el lobby que los jueces de paz empezaron hace un tiempo con el recientemente electo presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín; sino porque con él también tiene diálogo Guillermo Vega, el entrerriano que lidera la Junta Federal de Justicia de Paz (Jufepaz).
En la Unicameral anterior, durante la última gestión de Schiaretti, se avanzó con la posibilidad de esta modificación a la ley provincial y hubo un proyecto de los legisladores oficialistas Ramón Giraldi y Alejandra Piasco que tomó estado parlamentario sobre el final del 2023, aunque luego no se discutió en el recinto.
Ninguno de los dos legisladores continúa en la Cámara y ahora los jueces de paz van por otros viguistas como Leonardo Limia y Julieta Rinaldi para intentar reflotar la discusión antes del Mundial. «Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno», sintetizó a LPO una persona al tanto de las conversaciones.
Esto se iba a tratar antes del final del 2025, pero como vinieron todas las modificaciones en la Justicia, Llaryora frenó esta discusión y ahora los jueces de paz creen que si no se debate antes del Mundial están al horno
En Córdoba, todos creen que Llaryora fijará la fecha de la elección en el primer cuatrimestre del 2027, bien lejos del escenario nacional con lo cual, después de la cita mundialista se van a acelerar los tiempos de todo el arco político mediterráneo. Y en esa inercia temen quedar enredados con su reclamo los jueces de paz.
Sin olvidar que la relación entre ellos y los intendentes suele tener fricciones. «Hay de todo: algunos que inquietan, otros que decididamente hacen política y muchos que están 24/7 y con una guardia permanente. Porque no hay que olvidarse que intervienen no sólo en cuestiones institucionales, sino también en aspectos más complejos. Sobre todo, en el proceso electoral completo cuando la fecha de la elección local no va pegada a los comicios provinciales», dicen.
El presidente de la Corte cordobesa, Domingo Sesín, con Llaryora
El recorrido del reclamo puede empantanarse en la propia interna del peronismo o destrabarse por el pragmatismo que implica el juego de necesidades políticas y electorales.
Por ello, las conversaciones, aunque con menos expectativa, también se llevan adelante con un sector de la oposición en la Legislatura. Hay diálogos con el radicalismo que pone el foco en el accionar de algunos jueces de paz del norte cordobés a los que los parlamentarios tildan de «poco prolijos» como para darles el beneficio del cargo vitalicio.
«Esa es la más simple: si alguien actúa mal deberá accionar el TSJ y sacarlo. No es tan difícil», señaló una fuente a este sitio.
Lo concreto es que la modificación por el artículo de «estabilidad laboral» en la ley 8435 asoma como una de las primeras discusiones en los pasillos de la Legislatura cordobesa en el año previo a las elecciones.
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