El próximo lunes a las 18 horas en el Galpón de las Artes quedará inaugurada la muestra ‘Artistas visuales rionegrinos representan los derechos humanos’.
Las imágenes pictóricas representan cada artículo de los Derechos Humanos con una mirada contemporánea, visual y crítica de nuestros artistas rionegrinos, siendo las obras patrimonio educativo y cultural de la provincia de Río Negro.
Estas obras fueron creadas a partir de la convocatoria “Artistas visuales Rionegrinos representamos los Derechos Humanos” que comenzó en el año 2018.
La presencia de la Muestra en Regina es posible a partir del trabajo conjunto entre la Dirección de Cultura de la Municipalidad y la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro.
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Pese a estar bajo investigación judicial por sobreprecios, licitaciones direccionadas y presuntos retornos ilegales, el Gobierno volvió a habilitar a la droguería Suizo-Argentina para hacer negocios con el Estado. La empresa está en el centro del escándalo de la ANDIS y es señalada por un esquema de coimas que salpica de lleno al entorno más íntimo de Milei.
Por Tomás Palazzo para NLI
Mientras Milei repite su discurso contra “la casta” y promete transparencia, la realidad vuelve a mostrar otra cosa. El Estado nacional reactivó contrataciones con la droguería Suizo-Argentina S.A., una de las firmas más beneficiadas durante el actual gobierno y que se encuentra bajo investigación por una trama de sobreprecios, contratos amañados y presuntos retornos del 3% en el marco de las compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La investigación judicial se inició a partir de audios atribuidos al entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describe con crudeza un esquema de contratación irregular con Suizo-Argentina. En esas grabaciones se habla de licitaciones armadas, sobreprecios sistemáticos y un retorno del 3% del monto de los contratos.
Según la denuncia, ese dinero habría sido canalizado hacia funcionarios y operadores políticos del oficialismo. El nombre de Karina Milei aparece mencionado como destinataria final de esos retornos, junto a otros integrantes del círculo de poder que rodea al Presidente.
Lejos de aclarar la situación, el Gobierno optó por no dar explicaciones públicas, desplazar silenciosamente a algunos funcionarios y, ahora, volver a habilitar a la empresa sospechada para seguir contratando con el Estado.
Contratos millonarios que continúan pese a la causa judicial
Los números son elocuentes. Más de 600 contratos firmados entre la ANDIS y Suizo-Argentina, por montos que superan los 55 mil millones de pesos, se encuentran bajo la lupa judicial. A eso se suman compras realizadas por otros organismos nacionales, como el Ministerio de Salud, el PAMI y obras sociales estatales.
Pese a este escenario, la droguería volvió a presentar ofertas en nuevas licitaciones, incluyendo provisión de insumos médicos de alta complejidad para hospitales públicos. En algunos casos, los procesos administrativos ya quedaron listos para adjudicar, como si la investigación en curso no existiera.
No hubo suspensión preventiva, ni inhabilitación, ni siquiera un gesto mínimo de prudencia institucional.
Un crecimiento explosivo bajo el gobierno de Milei
Otro dato que refuerza las sospechas es el crecimiento exponencial de los contratos de Suizo-Argentina desde la llegada de Milei al poder. En apenas un año, la facturación de la empresa con el Estado se multiplicó de manera abrupta, alcanzando cifras superiores a los 100 mil millones de pesos.
Este salto contrasta brutalmente con el ajuste que el propio Gobierno aplica sobre jubilaciones, prestaciones por discapacidad, salarios estatales y el sistema de salud pública. Mientras se recortan derechos, los negocios amigos siguen intactos.
El relato anticasta que se derrumba
La reapertura de las contrataciones con una empresa bajo investigación judicial deja en evidencia una doble vara escandalosa. Milei llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción, pero cuando las sospechas tocan a su propia familia, el discurso se desvanece.
No hay transparencia, no hay explicaciones y no hay sanciones. Hay continuidad de negocios, encubrimiento político y una sensación de impunidad que se profundiza.
Mientras la Justicia avanza a paso lento y el Gobierno hace equilibrio para despegarse del escándalo, los contratos siguen firmándose y el dinero público sigue fluyendo, incluso cuando las denuncias ya no son versiones periodísticas sino una causa judicial en marcha.
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