Se habilitó el ciclismo en Villa Regina

 

La firma estadounidense Excelerate Energy opera desde hace años el buque regasificador en Bahía Blanca. Ese barco transforma el gas natural licuado importado en gas apto para inyectar en la red troncal. Hasta ahora su negocio fue ese: cobrar por el servicio de regasificación. La novedad es que el gobierno oficializó su inscripción también como comercializadora e importadora de GNL. 

El movimiento coincide con la reorganización del esquema de compras externas que impulsa el Gobierno. Desde fines de enero, el Gobierno puso en marcha una profunda reorganización del esquema de compras externas de gas natural licuado (GNL) que hasta ahora estaba centrado en empresas bajo el control del Estado como ENARSA y Cammesa, que actuaban como comprador y intermediario directo para cubrir los picos de consumo invernal.  

Ese modelo implicaba que el Estado contrataba buques en el mercado internacional a precios globales (por ejemplo, entre USD 12 y USD 17 por millón de BTU), y luego vendía ese gas a las distribuidoras a valores tres veces menores, en línea con el Plan Gas, subsidió la diferencia con recursos fiscales. 

Una mega inversión para exportar GNL desde La Plata reaviva el Canal Magdalena

El nuevo diseño, formalizado en la Resolución 33/2026, apunta a seleccionar mediante licitación pública a un único operador privado que concentre la compra de GNL en el exterior, coordine la logística marítima y comercialice el gas regasificado en el mercado local, utilizando la terminal de Escobar como nodo clave. 

Esa decisión implica retirar al Estado de su rol de intermediario y plantea un interrogante central: cómo se trasladarán los costos internacionales al mercado interno y hasta qué punto el viejo esquema de subsidios será reemplazado o reajustado para que el costo del gas no termine recayendo sobre la demanda residencial e industrial sin amortiguación estatal.

Si Excelerate logra convertirse en el único importador, tendría dos fuentes de renta. Por un lado, el margen comercial sobre el GNL que compra en el exterior. Por otro, el canon por regasificar ese mismo gas. Esa doble condición le permitiría ofrecer precios más agresivos en la licitación de compras de gas para el invierno.

La Unidad Transitoria de Empresas (UTE) que integran YPF y ENARSA concentra la coordinación operativa y los servicios portuarios, incluido el tramo de unos 50 kilómetros de gasoducto que conecta el puerto con la red nacional. Allí está el nudo del negocio. 

Si Excelerate logra convertirse en el único importador, tendría dos fuentes de renta. Por un lado, el margen comercial sobre el GNL que compra en el exterior. Por otro, el canon por regasificar ese mismo gas. Es una integración vertical completa. Compra, trae, transforma y entrega. Todo en una misma estructura. 

En el sector privado admiten que esa doble condición le permitiría ofrecer precios más agresivos en la licitación frente a la UTE. Puede resignar margen en la comercialización y compensarlo con la tarifa de regasificación. O viceversa. La competencia pura se vuelve más difusa cuando un mismo jugador maneja dos eslabones críticos de la cadena. 

El encargado del área de Energía, daniel González.

En 2025 Argentina importó alrededor de 22 cargamentos de gas natural licuado (GNL) para atender la demanda, según licitaciones adjudicadas por la empresa estatal ENARSA para abastecer los picos invernales por un monto total cercano a USD 600 millones. 

Este patrón de importaciones en 2025 muestra que, pese a Vaca Muerta, el país sigue dependiendo fuertemente del GNL importado en los meses más fríos para sostener el suministro energético. El que controle esa canilla, controla un flujo de divisas clave. 

El GNL sigue siendo el seguro de última instancia. Un ex funcionario del área energética lo resumió así: «No es lo mismo contratar un servicio que depender de un proveedor integral. Cuando el mismo actor fija el precio del gas y además cobra por regasificarlo, la capacidad de negociación del Estado se achica». 

El ex funcionario aclaró que «la cuestión no es ideológica», aunque inevitablemente tiene implicancias políticas. «El capitalismo necesita reglas claras y organismos que eviten abusos de posición dominante. Cuando un actor concentra importación, logística y transformación, el mercado deja de ser un mercado y se parece más a un embudo», apuntó. 

No es lo mismo contratar un servicio que depender de un proveedor integral. Cuando el mismo actor fija el precio del gas y además cobra por regasificarlo, la capacidad de negociación del Estado se achica.

Excelerate, por su parte, argumenta que su experiencia técnica y su presencia global le permiten optimizar costos. Opera en distintos continentes y negocia volúmenes significativos de GNL en el mercado internacional. En un contexto de volatilidad de precios, esa escala puede ser una ventaja. Pero la pregunta es otra. ¿Puede el Estado garantizar que esa ventaja no se traduzca en dependencia estructural? Porque el gas no es un producto más. Es insumo industrial, calefacción domiciliaria y generación eléctrica. Es economía real. 

El antecedente reciente de crisis energéticas mostró que cuando falta gas, el costo lo paga la producción. Paradas de plantas, cortes a industrias, mayores subsidios. La energía es como el sistema circulatorio de la economía: si se obstruye, el cuerpo entero se resiente. 

En un país que todavía destina millones de dólares a equilibrar su balanza energética, cada decisión pesa. El avance de Excelerate abre una discusión que excede una licitación. Se discute quién maneja el flujo del gas en los meses críticos. Y, en el fondo, quién fija las condiciones de un mercado estratégico.

 

En el día de ayer el Intendente, Marcelo Orazi, junto a la Secretaria de Desarrollo Social, Luisa Ibarra y la Responsable del Área Mujer y Diversidad, Fabyola Parra, hicieron entrega de módulos de alimentos y limpieza a 30 mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad social. Debido a que esta es una problemática que afecta…

 

Fotos: Colectivo Pliegues (Débora Cerutti, Sofía Bensadon, Guadalupe Scotta).

Candela sale del turno de noche cuando el salar está completamente oscuro. El frío cala hondo a más de cuatro mil metros de altura. El viento, en la oscuridad, no distingue horarios laborales. Antes de subirse a la camioneta que la devuelve al pueblo, se detiene un momento y mira alrededor. El mismo salar donde pasó su infancia, donde aprendió a leer el clima y a entender el comportamiento del agua, es ahora su lugar de trabajo. No es una imagen fija. Es una tensión cotidiana.

La camioneta recorre unos 80 kilómetros hasta llegar a Antofagasta de la Sierra. El trayecto demora casi dos horas: caminos de tierra, curvas sinuosas, a veces nieve. A través de la ventanilla observa el sutil movimiento de las vicuñas que se desplazan al escuchar el paso de la caravana de camionetas y combis que bajan en el mismo horario a la villa. En el andar aparecen vegas de agua cristalina, antiguos corrales de piedra, llamas y ovejas que resisten como los últimos vestigios de la ganadería de altura, como la que trabaja su padre. Candela reconoce cada tramo de memoria. Cruza el mismo territorio que sostiene a su familia desde hace generaciones, ahora atravesado por rutas internas, tránsito constante y grandes infraestructuras que no recuerda haber visto en su infancia.

Cumple turnos de hasta doce horas. Durante ese tiempo realiza tareas en el área de relaciones comunitarias: acompaña proyectos sociales, participa de reuniones con familias de la zona, articula capacitaciones y relevamientos. Mientras tanto, su hijo queda al cuidado de sus hermanas y de su madre. En su familia, el cuidado se organiza así: cuando a una le toca el turno minero, otra se queda. Cuando otra entra a trabajar, Candela cubre. No hay guarderías ni servicios que acompañen estos horarios extensos y rotativos. El trabajo se sostiene en red, entre mujeres, en un territorio donde la minería reorganizó incluso la vida doméstica.

No siempre se respetan los horarios. Hay días en los que el turno se estira, tareas que aparecen sobre la hora, pedidos que no admiten negativa. Candela vuelve cansada, con el cuerpo agotado y la cabeza todavía en el salar. Al día siguiente, si no le toca entrar, es ella quien se queda con los chicos mientras alguna de sus hermanas cumple jornada. La minería impone su propio ritmo y la familia se adapta como puede.

Candela nació en 2003 en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra, Catamarca. Creció en el mismo territorio donde su padre y su abuelo vivieron de la ganadería y del agua de las vegas. El salar lleva ese nombre porque su abuelo encontró allí el cuerpo de un hombre, lo enterró y pidió que, cuando muriera, lo enterraran a su lado. Hoy ese mismo lugar es el primer salar donde se explotó litio en la Argentina y uno de los más intervenidos del país. En menos de una generación, el paisaje donde se criaban llamas y se recolectaban hierbas medicinales se transformó en una zona de tránsito pesado, caminos industriales y piletones de evaporación que consumen millones de litros de agua por día.

Ese salar donde Candela trabaja doce horas seguidas aparece hoy en documentos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores como una pieza clave de algo que se decide muy lejos de Antofagasta de la Sierra. Durante los últimos años, el litio que extraen allí fue definido como “mineral crítico”: estratégico para la infraestructura, la industria y la seguridad de las grandes potencias. En acuerdos recientes, el Estado argentino se comprometió a priorizar a Estados Unidos como socio en la extracción y exportación de litio y otros minerales, a facilitar inversiones extranjeras y a acelerar proyectos a gran escala. Esa palabra —crítico— baja hasta el territorio en formas concretas: más camiones circulando de noche, más presión para producir, turnos que se estiran, menos agua. Mientras en las embajadas se habla de cadenas de suministro y defensa nacional, en la casa de Candela se habla de horarios, de quién cuida a los chicos, de cuánta agua queda en la vega y de si el trabajo va a alcanzar para seguir viviendo ahí.

El salar lleva ese nombre porque su abuelo encontró allí el cuerpo de un hombre, lo enterró y pidió que, cuando muriera, lo enterraran a su lado.

Candela vive de la minería y, al mismo tiempo, cuida el agua. Depende de ese salario, pero conoce el daño. El salar condensa su propia contradicción: la inmensidad y la belleza del paisaje conviven con la hostilidad del clima, la escasez hídrica y la presión constante de la actividad extractiva. Entra como trabajadora, pero vuelve como parte de una comunidad que entiende, por experiencia y saberes compartidos, que cuando falta el agua todo se empieza a desarmar. Una contradicción que no se resuelve, se habita. Se carga en el cuerpo después de cada turno, en la organización cotidiana del cuidado, en la decisión de quedarse en el territorio aun cuando el trabajo que le permite hacerlo es el mismo que lo pone en riesgo. Candela vuelve a una casa donde su padre casi siempre está ocupado: si no está en el salar, está arreglando la camioneta para volver a salir, cortando madera para el invierno, revisando herramientas, atento a lo que pueda faltar. El trabajo no se detiene, cambia de forma. Los animales no están ahí: están lejos, en los puestos del salar, donde él pasa días enteros cuidando ovejas y llamas, pendiente del agua y del estado de las vegas.

Los camiones mineros pasan cerca de la tumba del abuelo y levantan polvo sobre un lugar que para la familia no es un punto en el mapa sino parte de su historia. Candela lo sabe muy bien y se lo recuerda a la empresa cada vez que puede. “¿Ustedes harían lo mismo en el cementerio donde descansan sus antepasados?”. Su padre lo menciona seguido también, como quien señala algo que debería permanecer intacto.

En esa rutina de salidas tempranas, regresos tardíos y tareas que se encadenan Candela creció y hoy cría a su hijo de tres años: el salar aparece una y otra vez, como lugar de trabajo, como espacio de memoria, como territorio que sostiene y amenaza al mismo tiempo. Una vida organizada entre turnos, animales y caminos de tierra, y una pregunta que no se dice en voz alta pero que está presente: cómo quedarse sin que desaparezca todo lo que le da sentido al lugar.

El Salar del Hombre Muerto no siempre estuvo en la mira de las grandes mineras del mundo. Durante décadas fue un territorio de ganadería de altura, de recorridas largas y de un manejo del agua aprendido generación tras generación. Ese equilibrio empezó a alterarse a comienzos de los años noventa cuando el Estado firmó en 1991 el contrato de concesión con la empresa estadounidense FMC Corporation. La explotación de litio comenzó hacia finales de la década, con el proyecto Fénix, el primero en producir litio a escala industrial en la Argentina. Desde entonces, el salar dejó de ser sólo un espacio de pastoreo para convertirse en un punto clave de la minería global.

Con el paso de los años, FMC dio lugar a Livent y, más recientemente, el control del proyecto pasó a manos del grupo Río Tinto, una multinacional con base en Inglaterra y Australia. En paralelo, otros proyectos comenzaron a instalarse en las inmediaciones del salar que se convirtió en un espacio de disputa para múltiples emprendimientos como Sal de Vida, originalmente desarrollado por la australiana Galaxy Resources —luego Allkem y hoy también bajo control de Río Tinto—; Hombre Muerto Oeste, impulsado por Galan Lithium, también australiana; y el proyecto de Posco Argentina, de capitales coreanos, actualmente en etapa de expansión. Junto a otros proyectos en exploración éstas iniciativas terminaron de reordenar la puna catamarqueña: más infraestructura, más caminos internos, más presión sobre un sistema hídrico que ya era frágil. Otras compañías chinas, francesas, canadienses y también de Estados Unidos, Australia y Corea, avanzan por el resto de la región alterando la dinámica ecológica y social en Salta y Jujuy, además de los salares catamarqueños. 

La transformación en la zona no fue solo económica. El paisaje cambió. El salar que Candela conoció de niña —abierto, blanco, radiante— empezó a cambiar de color y de ritmo. En la inmensidad del salar todo queda lejos. Ubicado a casi 800 kilómetros de la ciudad de Catamarca, se trata de uno de los lugares más inhóspitos y despoblados del país. Donde antes había campo abierto, aparecieron caminos internos, tránsito constante y obras de infraestructura.

El acueducto Filo Los Patos atraviesa ese territorio como una línea ajena: más de 32 kilómetros que cortan vegas, bordean antiguos corrales y se internan en una cuenca de la que dependió siempre la vida en la zona. Durante su construcción, integrantes de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano intentaron frenar el avance de la obra; hubo cortes, enfrentamientos y detenciones. Desde allí se absorbieron miles de litros de agua por día del mismo sistema hídrico que sostuvo históricamente a las familias del lugar. La intervención sobre el río Los Patos alteró los caudales, afectó a los animales y las vegas que garantizaban el pastoreo.

“Antes era tranquilo. Podías salir al campo, andar sin problema. Ahora hay mucho movimiento, muchas camionetas, caminos por todos lados. Se ve menos agua. Los ríos se van secando y los animales lo sienten. Nosotros también”, explica Candela.

Durante los últimos años, el litio que extraen allí fue definido como “mineral crítico”. Esa palabra —crítico— baja hasta el territorio en formas concretas: más camiones circulando de noche, más presión para producir, turnos que se estiran, menos agua.

Hoy Candela trabaja desde hace tres años en una de las empresas instaladas en el salar. Cumple tareas administrativas y sostiene jornadas extensas, con turnos de siete días consecutivos y horarios que, en la práctica, suelen estirarse. Hay tareas que aparecen sobre la hora y jornadas que terminan más tarde de lo previsto. Las políticas internas incluyen cláusulas de confidencialidad que limitan la posibilidad de hablar públicamente sobre lo que ocurre dentro de la empresa.

Para Candela, así como para otras juventudes de Antofagasta de la Sierra, la expansión del litio no aparece como una promesa de progreso. Es una forma de adaptación forzada a un sistema que redefine el vínculo con el trabajo, con el agua y con la memoria del lugar. El precio de la extracción no se mide solo en toneladas: se mide en lo que deja de ser posible en el territorio que habitan.

El conflicto en el Salar del Hombre Muerto tiene un punto de inflexión reciente en el plano judicial. En marzo de 2024, la Corte de Justicia de Catamarca ordenó suspender el otorgamiento de nuevos permisos de extracción de agua en la cuenca del río Los Patos hasta que se realice una evaluación ambiental acumulativa e integral. El fallo surgió a partir de una acción impulsada por Atacameños del Altiplano y es acompañado legalmente por el abogado Santiago Kozicki. Es un precedente inédito en tres décadas de extracción de litio en la provincia.

El alcance de esa decisión se entiende mejor si se observa cómo funciona el régimen de pedimentos mineros en Argentina. Los permisos de exploración y explotación se otorgan por extensos plazos —en la práctica, casi a perpetuidad— y conceden a las empresas derechos exclusivos sobre amplias superficies del territorio. Una vez otorgados, son difíciles de revertir y habilitan el uso prioritario del agua asociada a esos proyectos. En el país hay seis emprendimientos que ya extraen litio:Rio Tinto en Catamarca y Jujuy, Exar (capitales chino-canadienses) y la francesa Eramine en Jujuy, la coreana Posco y la china Ganfeng en Salta. Y hay más de ochenta proyectos en distintas etapas —construcción de plantas, exploración, tramitación, pedimentos en espera— de empresas de distintos países. Por eso, la orden judicial de frenar nuevos permisos en el Salar del Hombre Muerto no sólo detiene un trámite administrativo: interrumpe, por primera vez, una lógica de acumulación de concesiones que avanzaba sin evaluar el impacto conjunto sobre una misma cuenca.

Candela depende de ese salario, pero conoce el daño. El salar condensa su propia contradicción: la inmensidad y la belleza del paisaje conviven con la hostilidad del clima, la escasez hídrica y la presión constante de la actividad extractiva.

Según explica Kozicki, la decisión judicial introduce un criterio que hasta ahora no había sido aplicado en Catamarca: cuando existen múltiples proyectos actuando sobre un mismo ecosistema, ya no alcanza con evaluar cada emprendimiento de manera aislada. El impacto debe analizarse en conjunto, considerando cómo esas intervenciones se superponen y se potencian entre sí sobre un mismo territorio.

El agua aparece como el punto más frágil del conflicto. Según consta en los expedientes judiciales y en informes técnicos incorporados a la causa, solo el acueducto del proyecto Fénix fue autorizado para extraer hasta 650 mil litros de agua por hora del río Los Patos durante al menos dos décadas, en una cuenca que ya tiene un balance hídrico negativo. El antecedente de la Vega Trapiche —afectada en los años noventa tras obras que interrumpieron los flujos naturales— aparece como una referencia concreta de los riesgos que implica intervenir humedales de altura sin comprender plenamente su dinámica.

Al mismo tiempo, persisten vacíos de información: no existen mediciones completas y actualizadas sobre precipitaciones, hielo estacional ni recarga real del sistema, lo que dificulta estimar con precisión cuánto puede soportar el salar sin degradarse. Parte de este diagnóstico se apoya en los estudios de Eleonora Carol, hidrogeóloga del CONICET que colabora como consultora externa de la comunidad. Su trabajo advierte que todavía no se conoce con exactitud el volumen de las reservas subterráneas ni la edad del agua almacenada. Sin esos datos básicos, sostiene el abogado, resulta complejo anticipar el impacto real de la actividad a largo plazo.

En paralelo al proceso judicial, la participación de la comunidad en las instancias oficiales ha sido limitada. Kozicki detalla que la información llegó en documentos extensos y altamente técnicos, enviados con poco margen de tiempo y sin herramientas claras para su comprensión. Las observaciones metodológicas presentadas por la comunidad no fueron incorporadas al proceso. Por ese motivo, solicitaron a la Corte la realización de una audiencia pública, con presencia del gobierno provincial, las empresas y especialistas independientes, para discutir el contenido de la evaluación antes de que se adopten nuevas decisiones.

Durante los últimos meses, medios locales y comunicados empresariales comenzaron a circular señales de un nuevo movimiento. Titulares recientes dan cuenta de gestiones y reuniones orientadas a reactivar y ampliar la extracción, en un contexto marcado por la creciente demanda global de litio. En ese escenario, también se menciona la presión de las empresas para que la Corte habilite el avance de nuevos proyectos y autorizaciones, aun cuando la evaluación acumulativa sigue bajo análisis. El fallo continúa vigente, pero el clima alrededor del conflicto muestra que la disputa está lejos de resolverse.

Así, el debate sobre el agua en el Salar del Hombre Muerto permanece abierto. Entre una decisión judicial que impone límites, un proceso de evaluación todavía inconcluso y un escenario de expectativas económicas y lobby empresarial, el territorio queda suspendido en una tensión que no termina de saldarse: cuánta agua hay, cuánta se extrae y quién decide sobre ese equilibrio.

En Antofagasta de la Sierra esperar es una costumbre. Más gente, los mismos servicios. El pueblo tiene alrededor de dos mil habitantes y está rodeado de volcanes apagados, peñas claras, vegas verdes y montañas altas que cierran el horizonte. El frío es seco casi todo el año y los árboles son una rareza. A más de tres mil metros de altura, el pueblo más cercano —el Peñón— queda a dos horas; la ciudad donde funciona la mayor parte del Estado provincial es Belén, a casi cinco horas. Hay una sola plaza, algunas casas todavía son de adobe y el cementerio, sobre la avenida principal, es uno de los pocos lugares donde el color aparece con fuerza. 

El crecimiento —y los problemas— que generó la actividad minera se siente en lo cotidiano: faltantes de combustible, colas largas en la despensa, un único cajero que rara vez tiene efectivo, demoras para todo. La población de Antofagasta de la Sierra creció un 40,6 por ciento entre el censo de 2010 y 2022. Según el Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) del gobierno provincial, principalmente en personas de entre 20 y 49 años, un aumento que el propio informe vincula a las oportunidades laborales asociadas a la minería de litio. El dato suele leerse como signo de dinamismo, pero en el pueblo se vive de otro modo: más población en un territorio aislado, con infraestructura limitada, servicios frágiles y pocas alternativas laborales por fuera del enclave extractivo.

Allí, la minería de litio redefine las expectativas de toda una generación. Para muchos jóvenes, el trabajo en las empresas que operan en el Salar del Hombre Muerto se presenta como la única alternativa posible frente a la falta de oportunidades educativas y la ausencia de un Estado que garantice otros horizontes laborales. Candela lo aprendió temprano y lo confirma ahora. Estudiar implica irse, como sucedió con algunos de sus hermanos que estudian en la ciudad de Salta, a casi 500 kilómetros de su casa. En la villa no hay terciario ni formación técnica sostenida, mucho menos universidad. Las escuelas locales funcionan con docentes que viajan desde otros lados y no siempre alcanzan, el camino se bifurca rápido: partir o ingresar a la mina.

En octubre, el pueblo cortó la ruta para reclamar por las escuelas, los servicios públicos y el hospital. La indignación es cotidiana: un territorio en el que se extraen minerales para las cadenas industriales y tecnológicas del norte global desprovisto de servicios básicos para la vida de quienes lo habitan.

Para quienes se quedan, la mina es una de las opciones más viables. Pero no todas las juventudes acceden de la misma manera. Candela ve —y vive en carne propia— que las mujeres acceden únicamente a puestos administrativos o de atención comunitaria, que representan un porcentaje mínimo dentro del total. La estructura minera reproduce una lógica fuertemente masculinizada, donde la mayoría de los contratos corresponden a tareas de obra, logística y operación técnica, tradicionalmente reservadas a varones.

En octubre, el pueblo cortó la ruta para reclamar por las escuelas, los servicios públicos, como agua, luz y cloacas, y el hospital. La indignación es cotidiana: un territorio en el que se extraen los llamados minerales críticos para las cadenas industriales y tecnológicas del norte global desprovisto de servicios básicos para la vida de quienes lo habitan. Las comunidades rurales siguen dependiendo de leña y pozos absorbentes, mientras se pretende que el litio abastezca la transición energética de las grandes potencias.

Los datos oficiales acompañan esa imagen: menos del 30 por ciento de la población asiste a algún establecimiento educativo, más del 10 por ciento no tiene instrucción formal, la Universidad Nacional de Catamarca está a más de 600 kilómetros de la zona, sólo el 38 por ciento de las viviendas tiene cloacas y ninguna cuenta con gas natural. Además, a la situación estructural se le suma la climática: durante los últimos años comenzaron a tener cortes de agua debido al decrecimiento del río Pita que antes abastecía a la población. Ahora se abastecen a través de camiones cisternas que pasan una vez por semana.

Por su parte, las empresas hablan de progreso, capacitación y empleo local. Candela conoce esos programas, una de sus tareas es convocar a sus vecinos y vecinas. Para ella todo se reduce a cursos breves y contratos que duran lo que dura la obra. En 2023, la minería generó alrededor de 2 mil empleos directos en la provincia, pero la mayoría vinculados a la etapa de construcción. Cuando la obra termina, el trabajo también.

—¿Y después?

—Después se quedan afuera. Sin indemnización, sin ahorros, sin nada.

Lejos de la zona de promesas, lo que queda es la necesidad de sostener el trabajo, aun cuando las condiciones sean frágiles y temporarias.

Hoy, el proyecto Posco Argentina concentra la mayor parte de la contratación en la zona. Está en expansión y eso se percibe incluso en los pueblos más pequeños. En Los Nacimientos, una carpa blanca se levanta en medio del caserío para una charla informativa en vísperas de la Navidad. Adentro, las sillas están prolijamente ordenadas en filas, hay una pantalla montada sobre un trípode, parlantes que amplifican cada palabra y una mesa lateral con café, gaseosas y hasta una pata flameada como si se tratara de un casamiento. Las y los jóvenes llegan en colectivos contratados para la ocasión. Se sientan, esperan, escuchan.

Desde el frente, el CEO coreano de la empresa habla acompañado por un traductor. En la pantalla se proyectan gráficos, imágenes del proyecto y la biodiversidad de la zona. También se reconocen daños severos en el agua de la cuenca sin darle mucha entidad. El foco está puesto en el empleo, aunque sólo tienen que cubrir una decena de puestos profesionales, cuyos requisitos ningún antofagastino cumple. Las palabras no siempre encajan, los silencios se alargan y algunas sonrisas tímidas se cruzan entre quienes están sentados cuando el traductor no sabe qué decir. La risa aparece breve, contenida, casi como un gesto de rebeldía.

Después, la escena se cierra y vuelve la lógica conocida: contratos temporales, jornadas extensas y un sistema interno de sanciones que los trabajadores llaman “los tres strikes”. Al tercer aviso, el despido es inmediato, sin compensación ni reclamo posible. En un territorio sin sindicatos fuertes ni representación laboral estable, esas salidas se naturalizan rápido, mientras la expansión sigue avanzando.

Lejos de la zona de promesas, lo que queda es la necesidad de sostener el trabajo, aun cuando las condiciones sean frágiles y temporarias. El salario alcanza para sostener el mes. Candela lo calcula en términos simples: comida, transporte y los gastos que implica la crianza. Se ahorra el alquiler —que insume la mitad del salario de gran parte de los trabajadores mineros— porque vive con su familia y comparten los gastos. Ser madre joven en ese contexto ajusta todo un poco más y lo sabe. La dependencia del ingreso minero se cruza con la falta de alternativas para formarse sin irse del territorio. La falta de docentes, los problemas con el agua y los cortes de luz forman parte del mismo paisaje que empuja a aceptar horarios extensos y condiciones que no se discuten.

En los meses de mayor actividad, los turnos se estiran. Las tareas aparecen sobre la hora. Negarse no es una opción. Candela lo explica desde la experiencia, sin dramatizar: no es un trabajo que permita proyectar demasiado: “Cuando hay tareas nuevas, nadie se puede negar, porque si te negás, te cambian o te dejan afuera”.

Fuera de la minería, la ganadería, el turismo, el comercio y los servicios locales no logran absorber a quienes buscan empleo ni ofrecer ingresos comparables. Mientras el discurso oficial insiste en el litio como motor de desarrollo y futuro verde, Candela convive con otra certeza: “Escucho que dicen que el litio es el futuro. Yo trabajo y sé cómo se hace, y sé que no es energía limpia. El litio no tiene futuro para los jóvenes ni para los que estamos trabajando actualmente ahí”.

En territorios como la puna catamarqueña, esa exclusión se acentúa con ofertas laborales concentradas en sectores extractivos, escasa presencia estatal y casi nulas opciones educativas o productivas por fuera del enclave minero. Candela sigue haciendo filas, calculando horarios, organizando la vida alrededor de turnos que no elige, en un pueblo que creció sin volverse más habitable. Y desde ahí, intenta pensar cómo quedarse.

Candela sabe que su trabajo en la empresa minera tiene un límite. Sabe muy bien que los proyectos que pretenden instalar en el salar donde nació no pueden ser eternos, porque la cuenca no lo es. También reconoce que es momento de crear alternativas a ese modelo que está secando sus ríos y modificando toda su vida. Desde hace algunos años, impulsa un proyecto de turismo comunitario en Antofagasta de la Sierra. “Queremos que la gente conozca por qué defendemos estas tierras —dice Candela—. Que vean que no solo hay minería, que acá también hay vida, historia y paisajes que valen por sí mismos”.

Su familia vive desde hace unos años en la villa de Antofagasta. Sus padres se mudaron del salar para que Candela y sus hermanos pudieran acceder a una mejor educación y tener más oportunidades, aunque el salar y los puestos nunca dejan de estar presentes en su vida cotidiana. Allí viven los padres, tres de las hijas y varios de los hijos e hijas que ya forman la siguiente generación. En el mismo terreno levantaron un alojamiento familiar.

La casa gira alrededor de una mesa larga, siempre ocupada. Hay ovillos de lana, tejidos a medio terminar, telares apoyados contra las paredes. La madre produce y vende lo que teje, y ese trabajo manual convive con las conversaciones sobre los animales, el clima y los caminos del salar. De ese entramado surge el proyecto de turismo comunitario donde cada integrante aporta parte de los saberes transmitidos de generación en generación: el conocimiento de las plantas medicinales, los relatos sobre los caminos de pastoreo, las costumbres del campo y la historia oral del salar. Su padre ofrece excursiones y recorridos por los antiguos senderos de la comunidad; una de sus hermanas gestiona un hospedaje familiar; y Candela se encarga de la organización, la difusión y la atención al turismo. Ella reconoce que todavía falta capacitación y apoyo para crecer pero apuesta por trabajar en algo que los identifique sin destruir lo que son.

El precio de la extracción no se mide solo en toneladas: se mide en lo que deja de ser posible en el territorio que habitan.

El proyecto de turismo comunitario nació al calor de un boom que, hace algunos años, presentó a Catamarca como un destino inhóspito y desconocido. Llegaron viajeros atraídos por la idea de lo remoto: mochileros, fotógrafos, parejas que recorrían la puna, grupos pequeños que buscaban paisajes abiertos y silencio. En ese momento, la familia empezó a recibir gente con cierta regularidad. Con el tiempo esa llegada comenzó a mermar. La distancia —cinco horas desde la ciudad más cercana con servicios—, el costo de los traslados y la inflación local empujada por la minería hicieron que muchas personas dejaran de elegir como destino. Aún así el flujo no se cortó del todo: siguen llegando turistas de distintas provincias y también motoqueros de otros países, que atraviesan la puna como parte de largas travesías y se quedan una o dos noches. No es un ingreso fijo ni suficiente para vivir solo de eso, pero alcanza para complementar y no depender únicamente del salario minero.

El turismo comunitario, a diferencia de la minería, no necesita alterar el paisaje ni consumir agua en grandes volúmenes. Las rutas turísticas que propone su familia incluyen sitios de valor espiritual, como la tumba ancestral que dio nombre al Salar del Hombre Muerto, humedales y lagunas de altura, antiguos corrales ganaderos y ruinas arqueológicas. Cada recorrido busca transmitir la memoria del territorio y la relación que los pueblos originarios mantienen con la naturaleza.

—Trabajás en la minería, pero al mismo tiempo defendés el agua, ¿cómo se vive esa contradicción?

—Lamentablemente no tengo otra posibilidad laboral, pero sí sé muy bien qué es lo que importa y que hay que defenderlo. Mi papá siempre nos enseñó que el agua es vida. Eso es lo que queremos contarle a los que vienen: que sin agua no hay comunidad, ni animales, ni futuro. Es por el futuro lo que estamos haciendo ahora.

El desafío es grande: competir con una economía dominada por la minería y lograr sostener un proyecto autónomo en una región con escasa infraestructura, conectividad irregular y servicios limitados. Sin embargo, el turismo comunitario aparece como un modo de revalorizar lo propio y construir otras formas de desarrollo posibles.

En esa búsqueda, Candela recupera los aprendizajes de su infancia y los proyecta hacia adelante. Recuerda su vida en el salar, el ascenso trashumante de las veraneadas circulando de puesto en puesto, las rondas de hilado junto a su madre y hermanas durante la época de esquilado, los días sin tiempo alrededor del fuego que cocina lento algún cordero. No quiere que se pierda lo que aprendió de su familia, de su papá y de su comunidad: “Tal vez no podamos vivir solo de la ganadería como antes, pero sí podemos mostrar lo que significa cuidar este lugar”.

—La defensa del territorio no parece una resistencia aislada, sino una manera de pensar el futuro.

—No se trata de volver al pasado, sino de cuidar lo que queda para que nuestras hijas e hijos puedan elegir su propio camino sin que el territorio esté destruido.Al caer la tarde, cuando el viento baja del cerro y el salar vuelve a quedarse en silencio, quieto, Candela emprende el regreso hacia la villa de Antofagasta. El paisaje se abre áspero en la inmensidad, como lo fue siempre. Cuando llega, ya es de noche. Se acerca al hospedaje que tiene junto a sus hermanas y coordina las próximas salidas: volver al salar, esta vez como guía. En esos momentos, el turismo deja de ser una idea abstracta y toma forma en gestos mínimos: mostrar un sendero, contar una historia, señalar por dónde corría antes el agua.

Más que una actividad económica, el proyecto aparece como una forma de sostener la vida en el territorio sin romperlo. Frente a un modelo extractivo que ordena el tiempo, el espacio y los vínculos desde afuera, la familia propone otra posibilidad: quedarse, narrar y compartir todo lo que saben. No se trata de negar el presente ni idealizar el pasado, sino de disputar qué futuro es posible en un lugar donde todo parece estar en juego.

Esta crónica fue posible gracias a una Beca de Producción Periodística de Futuro en Construcción, una iniciativa conjunta de Factual y el Banco Mundial para identificar y narrar historias sobre empleo juvenil e inclusión laboral en América Latina y el Caribe desde una perspectiva de periodismo constructivo.

La entrada La hija del salar se publicó primero en Revista Anfibia.