Se habilitó el ciclismo en Villa Regina

 

Con la colaboración de Ariel Zak.

Manuel José García Mansilla esperaba una llamada cerca del Palacio de Justicia. Tan cerca que se instaló el mito de que deshojaba una margarita en el “Petit Colón”, el tradicional bar de la esquina de Libertad y Lavalle, lleno de mármoles de colores, sillas thonet tapizadas de pana rosa, arañas pesadas colgadas de los techos y detalles dorados. Una ambientación similar a la de algunos salones y despachos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde su presidente, Horacio Rosatti, y el vice, Carlos Rosenkrantz, arreglaban con sigilo los últimos detalles para su asunción como nuevo supremo “en comisión”, una forma excepcional, jurídicamente controvertida, que puede durar hasta un período legislativo, a menos que el Senado otorgue acuerdo para asumir en forma definitiva. Es la condición que eligió Javier Milei para designarlo a través de un decreto. Solo tendría que pagar la cuenta y cruzar la plaza para llegar en diez minutos. Podía pasar inadvertido. Todavía su nombre era más conocido que su cara.

Ese jueves 27 de febrero, los jueces de la Corte tuvieron su “acuerdo” formal al empezar el día. Es la reunión que mantienen una vez por semana en la que firman fallos, resoluciones y acordadas. Ahí discuten poco, porque casi todo llega cocinado. La mayoría de los medios de comunicación habían pisado el palito: anunciaron por trascendidos que los jueces iban a deliberar pero no resolverían nada vinculado al arribo de jueces en comisión al máximo tribunal hasta la semana entrante.

Pero debían decidir asuntos cruciales. ¿Tomarían juramento a quienes fueron designados por Milei en comisión, sin el acuerdo del Senado? ¿Son nombramientos válidos? ¿Le darían licencia a Ariel Lijo como juez federal? La duda de fondo es cuánto le importa la Constitución Nacional al máximo tribunal —que se supone que controla que se la respete—, mientras para el Gobierno nacional vale poco y nada.

Puertas adentro, al mediodía, el dúo Rosatti-Rosenkrantz tenía todo calculado. Los supremos preparaban una demostración de fuerza frente a los poderes del Estado, incluido el Judicial. Un gesto que también camuflaba una situación de degradación institucional propia de un tribunal diminuto (con tres integrantes estables de cinco), atravesado por fuertes disputas internas y proclive a aceptar candidatos de dudosa legitimidad. 

A García Mansilla le sonó el celular entrada la mañana. Atendió. Había llegado el momento. Le preguntaron si precisaba tiempo para mandar invitaciones y el futuro supremo anunció que iría solo. En el acto no habría familiares ni seres queridos. Llevaba puesto un traje oscuro con rayas tenues, camisa blanca y corbata amarilla. Enterados minutos antes, los secretarios y secretarias de la Corte llegaron a las corridas. A otros ni siquiera les avisaron.

Al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, lo convocaron de urgencia sin decirle para qué, aunque podía imaginarlo. Su diálogo con las distintas vocalías de la Corte es fluido y constante. Nada de lo que ocurría ese día parecía tan relevante como la asunción de un integrante del más alto tribunal del país. La ceremonia fue secreta e inesperada. Algunos periodistas se enteraron en el mismo momento en que el ahora ex decano de Facultad de Derecho de la Universidad Austral —una casa de estudios con agenda confesional— prestó juramento “por Dios Nuestro Señor y por la Patria” sobre los santos Evangelios. Juró defender la Constitución como quien cuelga de una rama: con una designación provisoria, que dura a lo sumo un período legislativo, y que el más variopinto arco ideológico de expertos había repudiado y tildado de inconstitucional.

García Mansilla dijo que sí al cargo a pesar de que el 28 de agosto de 2024 había expresado (y repetido) ante la Comisión de Acuerdos del Senado que “no aceptaría una nominación en comisión”. Ese día, la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti le había preguntado por una publicación suya en Clarín en la que defendía el decreto del expresidente Mauricio Macri que nombraba en similares condiciones —aunque sin haber presentado los pliegos al Senado— a Rosatti y a Rosenkrantz. “Más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste este tipo de decisiones que son discrecionales del Presidente”, justificó su metamorfosis. “Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que al momento de ser ejercidas pueden afectar a una institución”, siguió, para amoldarse al contexto. Es el riesgo que correría, acotó, la Corte Suprema.

Rosatti y Rosenkrantz habían aceptado que Macri los metiera por la ventana por idea del operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Pero el revuelo público, el rechazo dentro del propio gobierno, la resistencia desde la Corte a tomarles juramento y una negociación política exitosa desembocaron en una holgada aprobación de los pliegos en el Senado seis meses después. Por ese lapso, el tribunal funcionó con tres miembros. García Mansilla hizo un doble giro: respaldó el decreto de Macri, se desdijo al defender su propia postulación en la audiencia pública ante el Senado en 2024 y ahora volvió a cambiar para aceptar la toga por decreto. Su pliego había sido enviado a la cámara alta pero no tenía dictamen de comisión. Quedó expuesto a que sea rechazado, más aún después de haberles mentido a los senadores en la cara. El escenario actual no se asemeja mucho a la situación de “seguridad jurídica” que suele prometer el gobierno a los inversores.

Antes de su postulación, García Mansilla fue un tuitero empedernido, aunque borró casi todos sus posteos apenas su nombre apareció en diarios y portales de noticias. Muchas de sus posturas siguen visibles en artículos publicados en medios periodísticos y jurídicos. Fue crítico del juicio político a los supremos promovido durante el gobierno de Alberto Fernández, antiperonista (culpa al peronismo de socavar la división de poderes) y es un cultor rabioso de una posición antiaborto. Tiene una mirada regresiva sobre derechos conquistados de distinto orden: se llamen derechos de usuarios y consumidores, ambientales, de las mujeres o derechos humanos en general. No reconoce la jerarquía constitucional de los tratados internacionales incorporados a la Constitución de 1994.

Hizo una defensa pública del fallo de la Corte de 2021 que declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura —el organismo que elige y sanciona a los jueces— y resucitó una vieja norma para volver a ampliarlo a 20 miembros, lo que además ubicó a Rosatti como su presidente. Aprovechó este caso para dedicar largos párrafos con críticas al voto de Ricardo Lorenzetti, quien cuestionaba a la mayoría por la decisión de reponer una ley derogada. Es muy evidente el encono que tiene García Mansilla con este magistrado, algo que lo une a los otros dos supremos, pero tiende puentes diplomáticos con todos por igual.

Lorenzetti es el único que sonríe en forma ampulosa en la foto de la jura del supremo comisionado. Está entrenado para eso desde hace años. Sonreír aunque se hunda el Titanic. García Masilla parece satisfecho. Rosatti y Rosenkrantz componen un muestrario de gestos de incomodidad. Las imágenes se conocieron cuando ya todo había terminado. El acta apuntó que la jura fue a las 12.20. Los movimientos silenciosos y apurados se debieron, en parte, al temor a que el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, que tramita amparos contra las designaciones, se anticipara con una medida cautelar. En la Corte tenían registro de que se estaba por tomar una breve licencia. Y no olvidan, además, que en diciembre de 2015 frenó la jura de los propios Rosatti y Rosenkrantz e invalidó por inconstitucional el decreto que los nombraba.

El primer comunicado de prensa en circulación consignó que el acto de García Mansilla se había realizado en el Salón Bermejo del cuarto piso de tribunales, pero en lugar del horario, sin precisiones, había cuatro cruces a rellenar. Más tarde llegó la versión definitiva, que también anunciaba que para el próximo plenario quedaba pendiente resolver el pedido de licencia extraordinaria de Lijo, quien desde 2004 está al frente del juzgado federal 4 en Comodoro Py y subroga uno más. Postergar esta definición les servía a Rosatti y Rosenkrantz para invitar al nuevo compañero a alinearse con ellos y mantener a Lorenzetti aislado, algo que sucede desde el día que le quitaron la presidencia de la Corte, el 11 de septiembre de 2018, en una suerte de un golpe palaciego.

El gran ausente en el evento fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Rosatti y Rosenkrantz decidieron no invitarlo. Le adjudican un exceso de “declaracionismo” sobre el posible desembarco de Lijo en la Corte, que el ministro siempre dio como un hecho, junto con las bondades de su candidatura. Es más: tanto Milei como Cúneo Libarona habían prometido consultarlos sobre los posibles nombres para el máximo tribunal, hasta que un día aparecieron con dos apellidos que le Lorenzetti le había llevado a Milei previamente. Lijo era uno de ellos, “el” hombre de Comodoro Py para la Corte. Alguien con gran ascendencia entre sus pares y superiores. Un candidato atractivo para cualquiera que se mueva en las altas esferas del poder. El otro era Miguel Licht, un ex secretario letrado del tribunal, experto en derecho administrativo, quien actualmente preside el Tribunal Fiscal de la Nación. Ambos fueron rechazados por la cúpula suprema y Juan Carlos Maqueda, que aún no se había jubilado.

Para Rosatti y Rosenkrantz, el ministro de Justicia es Amerio, por más que lleve el título de número dos. El nombre de García Mansilla —según contó el flamante juez— apareció de la mano del asesor presidencial Santiago Caputo, al parecer por un viejo vínculo con su padre, Claudio Caputo, un conocido escribano ya fallecido. Amerio es quien estaba parado al lado de Caputo cuando éste comenzó a gritarle desde un palco al diputado radical Facundo Manes en plena Asamblea Legislativa.  

En el alto tribunal leyeron la postulación de García Mansilla como una “carambola” para salir del paso, en la que dejaron a Licht en el camino, y con la que Caputo marcó su territorio. El único dato llamativo fue que no le importara la postura hipercrítica de este jurista respecto de los decretos de necesidad y urgencia, por los que Milei tiene devoción y que ilustran su desprecio al Congreso. “Es el candidato más liberal que tenemos. No le hace falta consultar, está ideológicamente alineado. Y cuando se termine su tiempo en la Corte agregará con gusto a su curriculum que supo haberla integrado”, lo definió un hombre que participa del armado de estrategias políticas del oficialismo.

Para Rosenkrantz fue una buena noticia. Tiene un vínculo académico de larga data con él, además de cierta afinidad jurídica e ideológica. Fue integrante del jurado de la tesis de García Mansilla, con la que terminó el doctorado que cursó en la misma facultad donde era decano cuando obtuvo ese título. El tema que eligió fue “El origen histórico del control judicial de constitucionalidad en Estados Unidos y el mito de Marbury vs. Madison”. Es un conocido caso de la Corte Suprema estadounidense que establece una amplia facultad de declarar la inconstitucionalidad de leyes o medidas de gobierno, un modelo que quiere importar aunque es difícil de encajar en Argentina, donde rige la “presunción de constitucionalidad”. Por estos días busca consejos en el entorno de Rosenkrantz. Le dijeron que hubiera sido mejor que lograra correr el foco de su agenda antiaborto y petrolera para esquivar cuestionamientos. 

García Mansilla fue hasta hace poco, y por una década, director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). Desde ahí apuntaló a las grandes empresas del rubro energético. Para algunas actuó como abogado (al Senado le informó 14 casos en los últimos ocho años). Su cartera de clientes incluye, entre otros, a Madalena Energy SA, President Petroleum SA, Sinopec Argentina Exploration and Production y la minera Los Pelambres. Ante los senadores dijo que se excusará si le toca algún tema vinculado a la CEPH. Si sigue la escuela Rosenkrantz —quien intervino en casos de sus ex clientes y al cabo de cinco años en la Corte aclaró que no se excusaría ya en ninguno— no hay que dar nada por sentado.

Después de la jura apresurada, a García Mansilla le ofrecieron distintos despachos para acomodarse. Uno era el que había dejado Maqueda, que da a la esquina Tucumán y Uruguay; otro, el que había usado Carmen Argibay, donde ahora está instalada Elenita Nolasco —hija de la ex suprema Elena Highton de Nolasco—, a cargo de la Secretaría de Consumo, que tiene como mucho 90 expedientes, en la mayoría de los cuales interviene el estudio del que era socio Rosenkrantz. Para que tenga más actividad, a Elenita le encargan proyectos sobre disputas de competencia. Su lugar es espacioso, pero está en medio del laberinto de pasillos del cuarto piso, sin ventana a la calle. La oficina que había dejado su madre, que abarca la esquina de Lavalle y Uruguay, se la quedó Rosatti, que expandió su espacio para  ese lado. 

Los supremos suelen decorar sus despachos como su viviendas porque se proyectan ahí por mucho tiempo. El recién llegado ya mandó a pintar el que eligió: es el que había habitado el cordobés Maqueda desde 2002 y que recibió con el personal incluido. Una vez instalado, Lorenzetti le llevó un libro de su autoría de regalo: La teoría de la decisión judicial.

Por ahora, García Mansilla presentó en su nuevo trabajo a una sola persona de afuera: se llama Diego Saralegui y fue gerente de relaciones institucionales de la empresa Pecom (del Grupo Pérez Companc), una conocida firma que ofrece “soluciones y servicios” para la industria energética y minera. Según sus datos en Linkedin estuvo ahí desde 2018 hasta febrero último. Auxiliará al juez en comisión, al menos en sus primeros tiempos. Ante la consulta para esta nota, dijo que por ahora no hablaría con los medios.

En la mañana del 26 de febrero, un día antes de la jura secreta de García Mansilla, los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py debatieron un pedido del juez Lijo para que le otorguen una licencia extraordinaria. Así tendría el camino allanado para asumir en comisión y, en caso de que algún día el Senado le rechace el pliego, evitaría quedarse sin el pan y sin la torta.

Desde el despacho del presidente del tribunal, Mariano Llorens, se comunicaron en el ínterin con la Corte varias veces. Les relataba la deliberación como un partido de fútbol: que querían darle la licencia, que mejor no porque había dos camaristas en contra, que sí, que no. Y fue que sí. En la Cámara nadie quiere problemas con un cortesano. Tampoco con Lijo, que lleva casi veinte años como juez federal.

La decisión le cayó pésimo al dúo Rosatti-Rosenkrantz. Entienden que solo la Corte puede tener el monopolio de las licencias extraordinarias. ¿Cómo se les ocurría a los camaristas romper la verticalidad? Lo hicieron y por unanimidad. Las firmas fueron, además de la de Llorens, las de Martín Irurzun, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Roberto Boico y Eduardo Farah. “Se firmó una licencia, pero fue más bien un mensaje hacia afuera y hacia adentro, de respaldo a un juez de Comodoro Py. Los que firmaron sabían que la Corte se reservaría la última palabra”, resumió un magistrado al tanto de cada detalle de la discusión.

Detrás de la postulación de Lijo hay un jugador oculto: el actual canciller Gerardo Werthein, a quien Milei había nombrado primero en la Embajada de Estados Unidos. Frecuentaba a Lorenzetti en los tiempos en que presidía la Corte —mandato que duró once años— y armaba encuentros con el llamado “círculo rojo”. Empresario en múltiples rubros (agro, seguros, salud, alimentos, tecnología, telecomunicaciones, desarrollo inmobiliario), Werthein es el integrante más rico de todo el gabinete, con un patrimonio declarado de 83 mil millones de pesos. En 2021, cuando estaba en juego la presidencia de la Corte y Rosatti preparaba una jugada para ser el elegido, Werthein llamó a una vocalía donde cuentan que advirtió: “Es un peligro que la Corte ponga en la presidencia a un juez anticapitalista”.

Ante las consultas del gobierno, Lijo dejó en claro que no quería renunciar a su juzgado y apostó al éxito en el Senado. Entre reuniones, cafés y comidas, juntó votos en persona en plan de obtener el acuerdo. A diferencia de García Mansilla, logró un dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos. El 21 de febrero iba a ser tratado en el recinto durante las sesiones extraordinarias, pero el oficialismo suspendió la convocatoria, sin votos suficientes y en medio del escándalo $LIBRA por el que Milei tiene abiertas dos causas penales.

El jefe de Estado, en su afán de no perder el manejo de la agenda política y avanzar sobre el Poder Judicial, decidió nombrar a ambos por decreto, en comisión, para “normalizar el funcionamiento del tribunal”, que había quedado con dos vacantes al retirarse Maqueda a fines de diciembre (el lugar de Highton estaba disponible desde octubre de 2021). Milei difundió un comunicado donde despotricaba contra el Senado por no avanzar con los pliegos, aunque los propios habían levantado la última sesión. Alegó que solo él puede elegir a los supremos y que el problema es que los senadores no respetan su decisión ni le obedecen. Es su particular visión del juego democrático de poderes.

Lijo, por su parte, quedó en una situación compleja. Debió suponer que la Corte opinaría en contra de su pedido de licencia desde el momento en que separó esa discusión de la jura de García Mansilla. Su error, le achacan tanto en el tribunal como en el Gobierno, fue haber tenido como interlocutor únicamente a Lorenzetti.

La mañana del 6 de marzo Rosenkrantz llegó a tribunales más temprano que otras veces: suele aparecer cuando está por empezar el acuerdo, que rara vez empieza antes de las diez de la mañana. Cerca de las ocho de ese jueves ya estaba al pie del cañón. Arregló detalles con Rosatti. No tuvo que hacer ningún esfuerzo para que García Mansilla pusiera su firma, pese a que por tratarse de un tema de “superintendencia” (decisiones administrativas y de gobierno) no tenía obligación de sentar posición y podía abstenerse. Pero había recibido tantas críticas por su jura apresurada que apostó a exhibir un gesto de independencia respecto del Gobierno. Rosenkrantz, Rosatti y García Mansilla inauguraron una nueva mayoría con la decisión de rechazar la licencia extraordinaria requerida por Lijo, al decirle que no puede tener “doble investidura” como juez. Pero tampoco se sabe si será un bloque mayoritario permanente.

Media hora antes del plenario le habían llevado el proyecto a Lorenzetti. A la hora de la reunión formal, alrededor de una gran mesa, miró fijo a Rosenkrantz y le gruñó:

—¿Pero cómo? ¿Y yo qué tengo que hacer ahora?

—Si querés hacé una disidencia. Pero no queremos esperar —fue la respuesta inmediata.

Le dieron tiempo hasta las 14.30. La suerte estaba echada y si firmaba una disidencia quedaría demasiado expuesto. Además podía condicionar sus futuras posiciones y sentar un precedente. Lorenzetti no escribió ni firmó nada. Decidió así invertir las cerca de dos horas y media que tenía disponibles para disuadir, aunque sea a través de emisarios, a García Mansilla. Quería evitar ser el perdedor de la jornada, pero no tuvo suerte.

“Nos metieron los cuernos”, fue la frase del día en el despacho de Lorenzetti. 

En el Gobierno también se quejaron de que la postura del nuevo cortesano los tomaba por sorpresa. Pero fue todo un acting: ya sabían lo que pasaría desde la noche anterior. Y podían intuirlo incluso antes. La sobreactuación impregnó el relato de medios de comunicación bien distintos, a punto tal que El Destape, Infobae y La Nación coincidieron en sus títulos al hablar del “desconcierto” que supuestamente había en la Casa Rosada.

García Mansilla no sólo votó contra Lijo. En su primer acuerdo, además, firmó cuatro fallos. No eran grandes cuestiones de fondo, pero fue una forma de plantar bandera. La primera recusación formal en su contra fue presentada veinticuatro horas después de la jura por la fundación Mujeres x Mujeres en una causa donde un grupo de ciudadanos salteños pidió que se declare la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero además detenta un récord: hubo un abogado que lo recusó incluso cuando no se sabía si asumiría. No tuvo trámite, pero es comidilla en tribunales.

Al quedar en el aire la ficha de Lijo perdió fuerza, por ahora, la apuesta de Lorenzetti a tener un aliado fuerte en el tribunal y lograr, en algún momento, su viejo anhelo: recuperar la presidencia suprema. El 4 de agosto del año pasado Joaquín Morales Solá publicó en La Nación que desde el Gobierno les pidieron tanto a García Mansilla como a Lijo su compromiso para firmar una acordada según la cual debía presidir la Corte el integrante con más antigüedad, que ahora es Lorenzetti, quien asumió en 2004. En los despachos de la Corte hablan de la existencia de un proyecto que incluía el regreso de Daniel Marchi a la administración general y la deportación hacia el fuero de la seguridad social de Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y de Federico Morgenstern, secretario letrado clave de Rosenkrantz. Hasta el día de hoy es un borrador fantasma: todos hablan de él, pero nadie lo vio. Hay quienes dicen que no es un borrador, sino dos. 

A García Mansilla le preguntaron en la audiencia pública si había firmado o comprometido su firma para una acordada de ese estilo y lo negó rotundamente. Contó que su padre lo había llamado a las seis de la mañana del día que salió aquella publicación para saber si era cierto. Aprovechó la volada para decir que tampoco pertenece al Opus Dei. “Jamás aceptaría firmar un documento que condicione mi actuación en el tribunal. He defendido la independencia del Poder Judicial muchísimas veces”, aseguró. La afirmación hace ruido a la distancia. ¿Qué independencia puede tener alguien designado en comisión, que puede perder ese lugar en cualquier momento? ¿Hay independencia sin estabilidad? ¿La independencia no es una garantía constitucional?

Desde que el Gobierno dejó trascender su voluntad de completar la Corte, Unión por la Patria (UP) intentó imponer su condición: “uno y uno”. Es decir, admitían que el Poder Ejecutivo promoviera a un candidato que represente a quienes quieren destruir el Estado desde adentro, en palabras de Milei, pero la oposición propondría a alguien que valore su papel activo. UP, además, exigía una candidata mujer. En Casa Rosada lo rechazaron. Una negociación imposible.

En cierto momento los negociadores del oficialismo intentaron un camino alternativo y propusieron desempolvar el proyecto kirchnerista para ampliar la Corte, que ya tiene media sanción del Senado. Prometían mandar a sus diputados y los aliados a votarlo. Pero la dinámica de la propuesta no convencía a la contraparte. El Gobierno exigía que el peronismo le diera los votos para Lijo y García Mansilla y que, una vez completada la Corte de cinco miembros, se tratara la ampliación. Desde el Instituto Patria la respuesta fue tajante: “Se hace todo junto. Aprobamos la ampliación y ahí entran esos dos candidatos junto con otros”. Fue un callejón sin salida.  

El principal problema es la mutua desconfianza. Los interlocutores del Gobierno pelotean con pares del kirchnerismo. Es un diálogo de asesores leales a Milei con hombres que responden a Cristina Fernández de Kirchner, entre los que hay funcionarios del gobierno bonaerense y hasta miembros del Congreso. Pero ninguno de todos los intérpretes tienen la fuerza de la expresidenta ni de Milei.

En noviembre, el pliego de Lijo alcanzó en la Comisión de Acuerdos del Senado las nueve firmas necesarias para ser tratado en el recinto. Pasó algo curioso: se sabía que el apoyo determinante lo había aportado la catamarqueña Lucía Corpacci (UP) pero nadie mostraba el dictamen. El senador Carlos Camau Espínola lo retuvo aun cuando las firmas ya estaban. Como todo el trato fue por debajo del radar, con el dictamen hicieron lo mismo. Recién se conoció cuando fueron al recinto. Para el peronismo era como una carta a jugar que se consolidaba a medida que García Mansilla parecía cada vez más lejos de tener apoyo, y mientras tanto el gobierno revoleaba números de pliegos de jueces de todas las instancias que prometía enviar y especulaciones sobre el Procurador General. Todo humo. De todos modos el planteo del peronismo era: “Lijo es de ustedes, nosotros queremos otro/a”. El PRO, por su parte, tiene a Lijo entre ceja y ceja desde 2017, porque mantiene abierta y sin definiciones la causa por la deuda del Correo de la familia Macri.

Por entonces, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contraatacó con el anuncio de que el Ejecutivo analizaba nombrar por decreto a quienes ya había postulado. El bloque de Senadores de UP le respondió con una nota que dejaba asentado su “compromiso público de impulsar el inmediato rechazo del pliego de Acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional”. Esas palabras se convirtieron en una trampa que al día de hoy empantanan un desenlace: los dos candidatos de Milei aceptaron el nombramiento en comisión. A uno lo bancó la Corte y al otro la mayoría lo rechazó. Es un típico comportamiento “salomónico” del alto tribunal que en este caso complicó el panorama. El candidato al que Rosatti y Rosenkrantz no quieren quedó en la cornisa. Pero tampoco es fácil la situación de García Mansilla. El peronismo no está en posición de bajarse así nomás de lo que firmó el bloque. En la Corte hay quienes sugieren que todo se arreglaría con la ampliación de su composición a siete o nueve integrantes. Desde ambos lados de la política coinciden, aunque es una opción que nadie activa.

La comisión de Acuerdos votó dos dictámenes favorables a ambos candidatos para que puedan ser tratados en el recinto. Su aprobación requerirá mayoría de dos tercios. Su rechazo solo necesita un tercio más uno de los votos de los presentes. Sectores de la UCR y la Coalición Cívica se muestran dispuestos a apoyar esta segunda alternativa. Pero no está todo dicho. Se espera una sesión especial para tratar los dos pliegos el jueves 3 de abril. Eso abre una pequeña ventana de tiempo para el diálogo. El Gobierno coquetea con agrandar la Corte, pero a la vez dice que ya no hay tiempo para presentar un proyecto propio. La oposición quiere certezas que no tendrá. Lijo reanuda su pesca de votos.

A partir de este punto se abren tres posibles escenarios. 

En primer lugar, si el Senado rechaza los pliegos, Lijo se quedará en Comodoro Py, pero la gran pregunta es si García Mansilla permanecerá en la Corte. En el Gobierno dicen que sí, hasta que termine el período legislativo. En el tribunal lo ven problemático, por un tema ético: “No dura ni diez días más”, vaticina un funcionario judicial. Otro pone en duda algo tan tajante. Tienen jurisprudencia propia a favor y en contra. Media biblioteca dice que la comisión del juez dura como mínimo hasta la fecha establecida en el decreto, (es decir, 30 de noviembre) y la otra mitad dice que puede durar menos si el Senado trata su pliego y se lo rechaza. Sus votos como juez podrían ser blanco fácil de cuestionamientos y planteos de nulidad.

También es una posibilidad que el Senado apruebe una sola designación y la otra quede en el aire. En tal caso, es Lijo el que tiene más posibilidades porque dialoga personalmente con muchos de los Senadores que lo tendrían que votar o con los gobernadores a los que responden. En Unión por la Patria, de todas formas, creen que no llega con los números. En el oficialismo agregan una especulación: lograr que la oposición no alcance el quórum necesario para abrir la sesión. 

En segundo término, un sector del radicalismo “con peluca”, con el senador y consejero de la magistratura Eduardo Vischi a la cabeza, le propone a la  Casa Rosada que retire los pliegos de ambos candidatos ante la posibilidad de que el peronismo los voltee. No es una opción que le interese al gobierno de Milei. Esta semana se lo hizo saber a Vischi, por enésima vez, Francos, que intenta mostrar aires de triunfo ante una situación peliaguda. Aún si ocurriera, no afectaría la designación en comisión. No hay una regla explícita que diga que ese acto deba estar refrendado por los senadores, lo que podría abrir una nueva discusión. Además, la práctica de poner y sacar a piacere podría hacer que en lugar de nombrar jueces como manda la Constitución, todos los años se designe a alguien en comisión.

Por último, está la opción de que los elegidos renuncien a la postulación ante el Senado, algo altamente improbable a juzgar por los escritos que ambos presentaron ante el juez Ramos Padilla, que tiene amparos de organizaciones del ámbito del derecho que piden la inconstitucionalidad de los nombramientos por decreto. El principal reproche es que no se les puede aplicar a jueces y juezas el artículo 99 (inciso 19) de la Constitución porque sería tratarlos como empleados del Poder Ejecutivo, algo que no son. 

Lijo sostuvo que no renunciará a su cargo de juez federal y aspira obtener el acuerdo del Senado. García Mansilla presentó 51 páginas para decir que no hay arbitrariedad ni ilegalidad en el nombramiento en comisión del Poder Ejecutivo y la toma de juramento de la Corte. El núcleo de su razonamiento es que goza de la garantía de “inamovilidad” como cualquier magistrado y que solo podría removerlo el Congreso con un juicio político, no así otro juez.

Ramos Padilla difirió su decisión para después que se traten los pliegos en el Senado. Si el cuerpo los aprueba constitucionalmente, el reclamo sería abstracto. De lo contrario, el juez resolverá la cuestión de fondo, al menos en el caso de García Mansilla.  

Excepto Lorenzetti, que sigue en busca de un nuevo posicionamiento, quienes llevan la batuta en la Corte Suprema adjudican la crítica situación de Lijo y García Mansilla a una “ineficiente política judicial del Gobierno”. Para ellos, no es asunto del tribunal la falta de acuerdo en el Senado para los candidatos a lo largo de un año, ni para postular Procurador. Molestan, en el Poder Judicial, los amagues oficiales con mandar más de 140 pliegos al Senado de jueces y otros cargos, algo que no ocurrió.

¿Tendrá el Gobierno algún motivo para enojarse con los supremos? La Corte no los ha ofendido con ningún fallo en el primer año libertario. De hecho, sucedió lo contrario. Rechazó planteos contra el DNU 70/2023 en base al cual Milei diseñó su primer año de gestión con desregulaciones a granel que impactaron en la economía y la vida cotidiana de la gente; no resolvió reclamos de las provincias por recortes de coparticipación o subsidios; validó el avance de causas discutidas contra CFK; se sacó de encima la causa del Riachuelo ante políticas que dejan de lado la cuestión ambiental; y redujo indemnizaciones en materia laboral. 

Hay, sin embargo, una cuestión que podría ser especialmente inquietante para el oficialismo: el alto tribunal ratificó las condenas y con eso la prisión para el exsecretario de Seguridad, Enrique Mathov, y el jefe de la Policía Federal del gobierno de Fernando de la Rúa por la represión y los asesinatos de diciembre de 2001. 

Más allá de todo esto, hay una frase que circula como una humorada en la Corte que pinta que a Milei y equipo se les cayó una premisa. “Jugaron a los dos o ninguno, y entró ninguno”. Juró el candidato ignoto. El que por ahora está afuera es el peso pesado. La permanencia de uno y la entrada del otro están en manos de la política.

La entrada El supremo imposible se publicó primero en Revista Anfibia.

 

Por instrucción de Intendente Marcelo Orazi se realizó esta mañana una reunión para analizar aspectos técnicos-jurídicos relacionados con la toma de posesión de la terminal de ómnibus teniendo en cuenta el vencimiento de la concesión el próximo 30 de agosto. De la misma participaron el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el presidente del Concejo Deliberante…

 

 La modificación del régimen cambiario que anunció el ministro de Economía Luis Caputo que implicó una devaluación encubierta que puede dispararse al 30% y la salida del cepo golpeó a la industria de los biocombustibles.

En consecuencia, la Cámara de Empresas pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles -CEPREB- envió una nota a la secretaria de Energía María Tettamanti solicitando un nuevo precio de referencia y sugiriendo cambios en la fórmula de cálculo para que se contemple en dólar.

Es que según explican los productores, la flexibilización cambiaria con flotación entre bandas y eliminación del dólar blend generó un salto del dólar divisa vendedor del 11.13% que tuvo gran impacto en el precio del biocombustible porque entre el 80 y el 90% del costo total del biodiesel lo determina el aceite de soja que se calcula en moneda norteamericana.

En consecuencia, la modificación del régimen cambiario afectó directamente a la industria de los biocombustibles, y en particular a la del biodiesel, por lo que las Cámaras del sector solicitaron al gobierno un nuevo precio para poder seguir entregando biodiesel y evitar riesgos de desabastecimiento.

La flexibilización cambiaria con flotación entre bandas y eliminación del dólar blend generó un salto del dólar divisa vendedor del 11.13% que tuvo gran impacto en el precio del biocombustible porque entre el 80 y el 90% del costo total del biodiesel lo determina el aceite de soja que se calcula en moneda norteamericana 

“Estamos convencidos que un precio denominado en dólares es la mejor forma de quitar costos innecesarios -por ejemplo, coberturas de moneda- a los productores de biodiesel y dar previsibilidad a todo el sistema, como ocurre con el petróleo o el gas natural”, sugirieron los productores a la Secretaría.

El aceite de soja y el metanol son los dos insumos más importantes para la fabricación de biodiesel y ambos precios están nominados en dólares, en cambio el biodiesel, para su venta, tiene un precio fijado en pesos por la Secretaría de Energía.

Al producirse un salto en el tipo de cambio, los costos de elaboración crecen de inmediato, pero por ahora el precio de venta sigue fijo ya que la Secretaría de Energía a cargo de María Tettamanti aún no emitió una resolución adecuando el precio a la nueva situación cambiaria.

La situación no es nueva, según los industriales, el precio ya se encontraba atrasado un 9% y ahora saltó al 17%. Con una industria que trabaja con márgenes de rentabilidad de 3%, semejante atraso imposibilitará continuar con las operaciones de no existir una adecuación a la realidad, se quejaron.

En tal sentido, las tres Cámaras del sector, CEPREB, CASFER y CAPBA solicitaron a la Secretaría de Energía que directamente se publique el precio del biodiesel en dólares para evitar que se generen crisis recurrentes cada vez que un insumo cambia su valor en dólares (el aceite de soja fluctúa constantemente) o cuando lo hace la propia moneda estadounidense, señaló Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB.