Se habilitó el ciclismo en Villa Regina

En 1880, la guerra entre Nicolás Avellaneda y Carlos Tejedor terminó con la federalización de Buenos Aires y cambió para siempre la organización política argentina.

Por Alcides Blanco para NLI

El 24 de agosto de 1880, mientras la Argentina todavía intentaba cerrar las heridas abiertas por décadas de guerras civiles, la ciudad de Buenos Aires no era todavía exactamente la ciudad que conocemos hoy. Era, al mismo tiempo, capital de la Nación y capital de la provincia más poderosa del país, una superposición que escondía un conflicto mucho más profundo: quién controlaba el principal puerto, quién administraba las rentas aduaneras y, sobre todo, dónde debía residir el poder efectivo de un Estado nacional que todavía no había conseguido imponerse completamente sobre los intereses de las provincias y sobre el enorme poder económico y político de Buenos Aires. Aquel problema había atravesado buena parte del siglo XIX y volvió a estallar violentamente en 1880, cuando el gobernador bonaerense Carlos Tejedor se levantó contra el proyecto de federalización impulsado por el presidente Nicolás Avellaneda. La confrontación terminó con combates en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, el traslado del gobierno nacional al entonces pueblo de Belgrano y, finalmente, con una decisión que cambió para siempre la geografía política argentina: Buenos Aires dejó de pertenecer institucionalmente a la provincia y pasó a ser la Capital de la República.

Una capital que pertenecía a dos poderes

El problema venía desde la organización nacional posterior a la caída de Juan Manuel de Rosas. En 1853, las provincias habían sancionado una Constitución que establecía un régimen federal y disponía que la capital debía ser una ciudad federalizada, pero Buenos Aires se mantuvo separada de la Confederación durante casi una década. La reunificación producida después de Pavón no resolvió completamente la cuestión porque la provincia porteña conservaba un peso económico excepcional derivado de su puerto y de las rentas aduaneras. Durante las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, el Estado nacional fue construyendo instituciones comunes, un Ejército nacional y un aparato administrativo cada vez más importante, pero la cuestión de la capital continuó pendiente. El conflicto no era meramente administrativo: detrás de la discusión sobre dónde debía funcionar el gobierno se encontraba la disputa por el control de los recursos que permitían financiar al Estado.

La contradicción resultaba evidente. Buenos Aires era la sede de las autoridades nacionales, pero también era territorio de la provincia de Buenos Aires y estaba gobernada por autoridades provinciales que respondían a intereses propios. En una Argentina donde el puerto porteño concentraba buena parte del comercio exterior, esa situación otorgaba a la provincia una capacidad de presión que ninguna otra jurisdicción poseía. Por eso la federalización de la ciudad significaba mucho más que cambiar un domicilio: implicaba separar el centro político de la Nación del poder territorial de la provincia, otorgando al Gobierno nacional jurisdicción directa sobre el lugar donde funcionaban sus instituciones.

Cuando Avellaneda avanzó decididamente hacia esa solución, encontró la resistencia del autonomismo porteño. Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, se convirtió en el principal opositor al proyecto y comenzó a organizar fuerzas militares, mientras el Gobierno nacional también reforzaba su capacidad defensiva. El enfrentamiento fue adquiriendo una intensidad que hacía cada vez más probable una salida armada. La disputa por la capital, que podía parecer una cuestión jurídica para los historiadores posteriores, estaba a punto de convertirse nuevamente en una guerra entre argentinos.

Belgrano, capital de emergencia

La situación llegó a un punto crítico en junio de 1880. Tejedor se preparó para resistir la federalización y el Gobierno nacional decidió trasladar temporalmente sus autoridades fuera de la ciudad. Avellaneda y el Congreso se instalaron en Belgrano, que por entonces era un pueblo ubicado en las afueras de Buenos Aires y que hoy forma parte de la Ciudad Autónoma. El edificio donde funcionaba la municipalidad de Belgrano se convirtió en sede de las instituciones nacionales y allí sesionó el Congreso que terminaría sancionando la ley de federalización. El lugar es actualmente el Museo Histórico Sarmiento y conserva la memoria de aquellos meses en los que un barrio porteño fue, literalmente, el centro político de la República.

Mientras las autoridades nacionales se refugiaban en Belgrano, la tensión se transformaba en combate. Las fuerzas de Tejedor se enfrentaron con tropas nacionales en distintos puntos del área metropolitana, entre ellos Puente Alsina, Corrales y Barracas, mientras la escuadra nacional bloqueaba Buenos Aires. La magnitud de los enfrentamientos demostró que la cuestión de la capitalización no podía resolverse mediante una simple negociación entre dirigentes: los sectores enfrentados estaban dispuestos a utilizar la fuerza para imponer sus respectivos proyectos de organización nacional.

La derrota de Tejedor selló el desenlace. El gobernador bonaerense renunció y el proyecto de federalización quedó finalmente liberado de la resistencia armada que había impedido concretarlo durante décadas. El 20 de septiembre de 1880, el Congreso sancionó la Ley 1029, que declaró capital de la República al municipio de Buenos Aires bajo sus límites existentes. La norma estableció además que los establecimientos y edificios públicos situados en la ciudad quedarían bajo jurisdicción nacional, aunque mantuvo determinadas propiedades provinciales y dispuso mecanismos para resolver la transferencia de bienes y competencias.

El proceso no fue simplemente una victoria militar de Avellaneda sobre Tejedor. Fue la resolución de una disputa que había acompañado prácticamente toda la organización constitucional del país. La ley convirtió una cuestión largamente discutida en una realidad institucional: la Nación tendría por fin una capital que no dependiera políticamente de una provincia.

El nacimiento de una ciudad que ya no pertenecía a la provincia

La federalización produjo una consecuencia que muchas veces queda escondida detrás de la fecha y del texto de la ley: Buenos Aires tuvo que dejar de ser la capital de la provincia que llevaba su mismo nombre. La provincia necesitaba entonces construir una nueva sede administrativa y política. El gobernador Dardo Rocha impulsó la creación de una nueva capital y en 1882 fue fundada La Plata, concebida desde el comienzo como una ciudad planificada y monumental destinada a reemplazar a Buenos Aires como capital bonaerense.

La creación de La Plata demuestra hasta qué punto la federalización alteró el territorio argentino. No se trataba solamente de una modificación de jurisdicciones sobre un mapa: implicaba crear una nueva capital provincial, reorganizar oficinas públicas, trasladar instituciones y redefinir las relaciones entre la provincia y la Nación. Buenos Aires, mientras tanto, comenzó a desarrollar una identidad política propia como capital federal, aunque durante mucho tiempo seguiría siendo también el centro económico, financiero, cultural y demográfico de todo el país.

La nueva situación exigió además la creación de estructuras específicamente nacionales para administrar el territorio federalizado. En diciembre de 1880, por ejemplo, la Nación recibió la Policía de Buenos Aires y creó la Policía de la Capital, destinada a garantizar el ejercicio de la autoridad nacional sobre la ciudad. El primer jefe fue Marcos Paz, designado por Julio Argentino Roca, quien había asumido la Presidencia el 12 de octubre de ese año.

La federalización también abrió una nueva etapa política. El Estado nacional pudo consolidar su presencia institucional y avanzar durante las décadas siguientes en la construcción de una administración centralizada, mientras el país ingresaba en un período de crecimiento económico, expansión ferroviaria, inmigración masiva y desarrollo del modelo agroexportador. La etapa que comenzó alrededor de 1880 suele ser presentada como la consolidación del Estado nacional, aunque esa consolidación tuvo también sus contradicciones: el poder político quedó concentrado en una elite estrecha y el Partido Autonomista Nacional dominó durante décadas la estructura institucional.

La guerra que terminó dibujando el mapa político argentino

La historia de la federalización de Buenos Aires permite entender que la construcción del Estado argentino estuvo lejos de ser un proceso pacífico y lineal. Durante décadas, la disputa entre Buenos Aires y las provincias había enfrentado proyectos económicos y políticos diferentes, y la cuestión de la capital condensaba todos esos conflictos. Quién controlaba Buenos Aires tenía una importancia que excedía ampliamente a la ciudad, porque significaba controlar el principal centro económico del país, el puerto y buena parte de las herramientas materiales necesarias para ejercer el poder nacional.

Por eso resulta significativo que la ley que finalmente convirtió a Buenos Aires en Capital Federal haya sido sancionada después de una guerra interna. El edificio donde hoy funciona el Museo Histórico Sarmiento recuerda justamente esa circunstancia: durante algunos meses, el Estado argentino tuvo que abandonar su sede habitual porque la ciudad que debía ser capital era, al mismo tiempo, el territorio de un gobernador que se rebelaba contra el poder nacional.

A partir de entonces, la relación entre Buenos Aires y la Nación quedó definitivamente transformada, aunque no desapareció la tensión entre el poder concentrado en la capital y el resto del territorio. La Argentina que surgió de 1880 consiguió construir un Estado nacional mucho más fuerte, pero también consolidó una estructura territorial profundamente centralizada alrededor de Buenos Aires, una característica que continuaría generando debates durante todo el siglo XX y que todavía forma parte de las discusiones sobre federalismo, distribución de recursos y concentración económica.

La paradoja histórica es que la federalización buscaba resolver el problema de Buenos Aires como poder autónomo y terminó convirtiendo a la ciudad en el centro indiscutido de la Nación. La provincia perdió su capital histórica y recibió una nueva; el Estado nacional obtuvo jurisdicción sobre la ciudad, pero Buenos Aires comenzó a concentrar una influencia política, económica y cultural todavía mayor. La guerra de 1880 puso fin a una etapa de enfrentamientos por la organización territorial del país, pero también dejó instalada una pregunta que la Argentina nunca terminó de resolver completamente: cómo construir un verdadero federalismo cuando la capital concentra una parte tan extraordinaria del poder.

Aquel 24 de agosto de 1880, por lo tanto, no debe recordarse solamente como una fecha dentro de la larga lista de efemérides nacionales. Fue uno de los momentos en que la Argentina terminó de decidir dónde estaría su corazón político y, al hacerlo, también definió buena parte de su estructura territorial para el siglo siguiente. Buenos Aires dejó de ser la capital de una provincia para convertirse en la capital de todos, pero el precio de aquella solución fue una concentración que todavía hoy marca la vida nacional. La historia de la federalización no es solamente la historia de cómo se resolvió una vieja disputa entre porteños y provincianos: es la historia de cómo nació una Argentina políticamente unificada que, desde entonces, nunca dejó de discutir cuánto poder debía vivir en su capital y cuánto debía regresar al resto del país.

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix correspondiente a julio expone un deterioro sostenido de Javier Milei: su imagen positiva cayó de 47% en febrero a apenas 30,9%, mientras la negativa trepó al 58,5%. La aprobación de su gestión también tocó uno de sus niveles más bajos. El dato revela que el desgaste del Gobierno dejó de ser una contingencia y empieza a convertirse en una tendencia política.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Javier Milei atraviesa un momento político que difícilmente pueda ser explicado como un simple tropiezo. El último Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, correspondiente a julio de 2026, muestra una caída sostenida de la valoración del Presidente y una ampliación considerable del rechazo hacia su gestión. En apenas cinco meses, el mandatario perdió 16 puntos de imagen positiva, mientras la valoración negativa trepó hasta el 58,5%.

El dato adquiere todavía mayor relevancia porque no se trata de una medición aislada. La encuesta permite observar una curva descendente prácticamente continua. En febrero, Milei alcanzaba alrededor del 47% de imagen positiva. Desde entonces, el respaldo comenzó a retroceder hasta llegar al 30,9% en julio, mientras el rechazo se consolidó como la posición mayoritaria. El Presidente perdió, de ese modo, una parte sustancial del capital político con el que había comenzado el año.

La pregunta que aparece entonces es inevitable: ¿qué pasó con aquel Milei que todavía podía exhibir niveles de aprobación cercanos a la mitad de la sociedad? La respuesta no parece encontrarse en un único episodio político, sino en la acumulación de problemas que comenzaron a impactar sobre la vida cotidiana y, finalmente, sobre la valoración del Gobierno.

De La Luna De Miel Al Desgaste

El recorrido de la aprobación de la gestión resulta especialmente significativo. En febrero, el Gobierno alcanzaba un 45% de aprobación, su mejor registro del año. A partir de allí comenzó una caída que no logró revertirse: 38,5% en marzo, 33,1% posteriormente, 32,2% y finalmente 31,4% en julio. Del otro lado, la desaprobación llegó al 58,8%.

Hay una diferencia política sustancial entre una administración que enfrenta una mala medición puntual y otra cuya aprobación viene descendiendo durante varios meses consecutivos. En el segundo caso, ya no se está frente a un episodio coyuntural sino ante un proceso de desgaste.

Y ese proceso resulta particularmente incómodo para un Presidente que construyó buena parte de su legitimidad sobre una idea sencilla: el sacrificio presente tendría como consecuencia una mejora futura. El argumento requería que la sociedad pudiera visualizar algún tipo de recompensa. Pero cuando el esfuerzo cotidiano se prolonga y la mejora prometida no llega a los hogares, la tolerancia comienza a erosionarse.

El propio MOP aporta algunos elementos para comprender ese fenómeno. El 61,8% evalúa negativamente la situación económica del país, mientras el 42,8% tiene una valoración negativa de su situación económica personal. A su vez, el 61,9% declara haber tomado algún tipo de deuda durante los últimos seis meses y el 66% afirma que sus ingresos se agotan antes o hasta el día 20.

No hace falta convertir esos números en una explicación mecánica del deterioro presidencial para advertir la relación. Cuando el ajuste deja de ser una consigna política y se transforma en una experiencia cotidiana, el Gobierno comienza a pagar el costo de esa política en términos de imagen.

El Rechazo Ya Supera Al Núcleo Duro

El aspecto más delicado para Milei aparece cuando se observa la composición de su imagen. El Presidente conserva un núcleo de apoyo importante, pero enfrenta también un nivel de rechazo mucho mayor.

El 30,9% mantiene una imagen positiva del mandatario frente a un 58,5% de imagen negativa, una diferencia de casi 28 puntos. En otras palabras, Milei todavía conserva una base política sólida, pero se encuentra con un problema que puede resultar mucho más complejo de resolver: su dificultad para ampliar esa base.

El dato se vuelve todavía más contundente cuando se analiza la proyección electoral hacia 2027. El Presidente mantiene un 24% de electores que aseguran que seguramente lo votarían, pero al mismo tiempo el 57% afirma que jamás lo votaría. Es una estructura política profundamente polarizada: Milei conserva un núcleo duro considerable, pero también tiene uno de los techos de rechazo más elevados del escenario.

La segmentación social también muestra dónde se concentra el deterioro. Su mejor desempeño relativo aparece entre los menores de 40 años, mientras que la imagen negativa aumenta entre los sectores de mayor edad. Entre los mayores de 60 años alcanza el 59,6%. Por género, el contraste resulta todavía más marcado: la imagen negativa llega al 65,9% entre las mujeres. En el AMBA, además, el rechazo alcanza el 63,6%.

Es decir, la caída no se distribuye de manera uniforme. Hay territorios, edades y sectores sociales donde el desgaste presidencial resulta particularmente profundo.

El Problema De Milei No Es Solamente La Oposición

Hay, sin embargo, una paradoja que el Gobierno todavía puede utilizar a su favor. La caída de Milei no se traduce automáticamente en una oposición consolidada.

El relevamiento de Zentrix muestra también niveles elevados de rechazo hacia otras figuras. Axel Kicillof registra 51,5% de imagen negativa y 35,4% positiva, mientras Patricia Bullrich presenta 50% de valoración negativa y 36,6% positiva. La excepción es Myriam Bregman, que aparece con un saldo positivo de 43,1% contra 40% de negativa, aunque su nivel de voto seguro hacia 2027 continúa siendo reducido.

Esto genera un escenario particular. Milei pierde imagen, pero el sistema político todavía no ofrece una figura capaz de absorber automáticamente todo ese descontento. Para el oficialismo, esa situación representa un margen de supervivencia. Para la oposición, una advertencia.

Pero sería un error interpretar ese dato como una recuperación del Presidente. La ausencia de un reemplazante evidente no modifica el dato central del estudio: Milei terminó julio con una imagen negativa de 58,5%, una positiva de apenas 30,9% y una aprobación de gestión del 31,4%.

El Presidente que en febrero podía mostrar un 47% de valoración favorable perdió 16 puntos en menos de medio año. Y lo hizo mientras la percepción negativa de la economía se extendía, el endeudamiento se convertía en una herramienta de supervivencia para una parte importante de la población y cada vez más argentinos sienten que el salario no alcanza para atravesar el mes.

La conclusión política es difícil de esquivar: el problema de Milei ya no es solamente cuánto mide su rechazo, sino la dirección que tomó la curva. El Gobierno llegó a febrero con un nivel de respaldo que parecía permitirle recuperar iniciativa. Cinco meses después, la fotografía es otra.

La narrativa del sacrificio comienza a encontrarse con su límite más concreto: la paciencia de quienes sienten que el esfuerzo no se traduce en una mejora de sus condiciones de vida.

Y cuando esa percepción se instala, deja de ser solamente una discusión económica. Se transforma en una discusión sobre el poder.