Por decreto, la gobernadora Arabela Carreras autorizó las caminatas recreativas y esparcimiento en 30 Municipios y la totalidad de las Comisiones de Fomento, todas respetando estrictas normas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Nuestra ciudad, Villa Regina, no se encuentra dentro de las 30 ciudades habilitadas.
Pero si se podrán realizar en Villa Regina y en la totalidad de los Municipios y Comisiones de Fomento actividades de ciclismo.
El Decreto Provincial habilita la actividad de ciclismo (deportivo o como medio de transporte) en todos los Municipios y Comisiones de Fomento, sea como medio de transporte o con fines deportivos, siempre y cuando la misma se realice de forma individual y manteniendo el distanciamiento social. Se permitirá el acompañamiento de un progenitor o persona afín en el caso de niños menores de 12 años.
Por otro lado, las caminatas recreativas deberán realizarse en un radio de 500 metros del domicilio, y será obligatorio el uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal. En tanto, en todo momento deberá guardarse un distanciamiento físico entre peatones no menor a 2 metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 12 años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente.
Podrán realizarse los días martes, jueves, sábados, domingos y feriados, en el horario de 13 a 19 horas. Se permitirá una duración máxima de 60 minutos, en un radio máximo de 500 metros del domicilio habitual.
No se encuentran habilitadas para estas actividades las plazas, parques o similares. En este marco, los Municipios deberán establecer horarios diferenciados para niños acompañados de adultos, y deportistas, como así también establecer circuitos y demás pautas que permitan garantizar de forma correcta el distanciamiento social.
La medida es adoptada en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico de la población, y alcanza a los Municipios de Viedma, Campo Grande, Catriel, Cervantes, Chichinales, Cinco Saltos, Comallo, Contralmirante Cordero, Coronel Belisle, Darwin, Dina Huapi, El Bolsón, General Conesa, General Enrique Godoy, Fernández Oro, Guardia Mitre, Ingeniero Jacobacci, Ingeniero Huergo, Los Menucos, Mainqué, Maquinchao, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Pomona, Ramos Mexía, Río Colorado, San Antonio Oeste, Sierra Colorada, Sierra Grande y Valcheta.
Los Municipios y Comisiones de Fomento serán los encargados de establecer los términos y condiciones para realizar todas estas actividades. No obstante, el Poder Ejecutivo Provincial podrá, previa evaluación de las condiciones epidemiológicas y sanitarias, limitar la duración y, eventualmente, suspender la salida de esparcimiento con el fin de proteger la salud pública.
Cabe resaltar que las personas beneficiadas con estas actividades deberán dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios específicos que establezca cada Municipio, y al cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales y provinciales.
La norma invita a los Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia alcanzados por este decreto, a adherir en forma total o parcial a la medida, siendo los encargados de supervisar el debido cumplimiento de las actividades exceptuadas y a establecer los protocolos sanitarios específicos.
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Una nueva revelación vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio y los gastos de Manuel Adorni. Esta vez, el foco está puesto en un exclusivo flipper de «Los Locos Addams», valuado en unos 8 mil dólares, que habría sido entregado en su casa del country Indio Cuá y que alimenta las dudas sobre un nivel de vida difícil de explicar con un salario de funcionario público.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La imagen del gobierno que prometía combatir a «la casta» sigue acumulando fisuras. Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad y el ajuste sobre jubilados, trabajadores y universidades, una nueva denuncia vuelve a colocar a Manuel Adorni en el centro de la escena por un gasto que difícilmente pueda calificarse como indispensable: un flipper temático de «Los Locos Addams» valuado en aproximadamente 8.000 dólares.
La información comenzó a circular a partir de una publicación de la periodista Romina Manguel, quien sostuvo que el juego fue entregado el 7 de julio de 2025 en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá. Poco después, la diputada Marcela Pagano reforzó la denuncia al afirmar públicamente que el aparato habría costado unos 8 mil dólares y cuestionó cómo un funcionario con un sueldo estatal podría afrontar semejante desembolso.
Una lista de gastos que no deja de crecer
La polémica no aparece en un vacío. En las últimas semanas se conocieron distintos gastos vinculados a la residencia de Adorni que ya habían generado fuertes críticas. Entre ellos, compras de camas, sommiers, sábanas y almohadas por millones de pesos, además del uso de personal estatal para tareas privadas, episodios que hoy forman parte del debate político y judicial.
Ahora, la incorporación de un flipper de colección a esa lista vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿cómo se financia un estilo de vida que parece muy alejado del ingreso declarado por un funcionario?
La controversia resulta todavía más significativa porque el propio espacio libertario construyó buena parte de su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la dirigencia tradicional. Sin embargo, las sucesivas revelaciones muestran consumos asociados a bienes de lujo y objetos de colección que contrastan con el relato oficial de austeridad.
Un objeto de colección con precio de alta gama
Lejos de tratarse de un simple videojuego, el flipper de «Los Locos Addams» es considerado una pieza de colección muy buscada en el mercado internacional. Modelos restaurados y en buen estado pueden ofrecerse por valores cercanos o incluso superiores a los 9.500 dólares, dependiendo de su conservación y originalidad. Y además, una consola Pac-Man también carísima.
Ese dato convierte al supuesto gasto en un símbolo del debate político: mientras el Gobierno sostiene que no existen recursos para recomponer jubilaciones, salarios docentes o presupuestos universitarios, aparece la imagen de un exclusivo juego de colección instalado en la casa de uno de sus principales funcionarios.
La contradicción alimenta las críticas de la oposición, que sostiene que el ajuste no alcanza a quienes ocupan los lugares de poder y que el discurso anticasta pierde credibilidad cuando sus propios referentes quedan involucrados en denuncias sobre gastos difíciles de justificar.
La Justicia y la política siguen mirando a Adorni
La aparición de este nuevo episodio se suma a las investigaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario y a las discusiones sobre sus declaraciones juradas. Cada nueva revelación amplía el escrutinio público y profundiza un desgaste político que ya dejó de ser una cuestión exclusivamente judicial.
El caso del flipper puede parecer anecdótico, pero adquiere una enorme carga simbólica en un contexto donde millones de argentinos enfrentan pérdida de poder adquisitivo y recortes en áreas sensibles. El contraste entre el discurso del sacrificio colectivo y la imagen de una sala gamer equipada con objetos valuados en miles de dólares vuelve a instalar una pregunta que el oficialismo todavía no consigue responder con claridad: quién paga, cómo se paga y con qué recursos se sostiene ese nivel de consumo.
Villa Regina es parte del programa provincial ‘Río Rosa. Remamos por el cáncer de mama’, iniciativa que brinda acceso a prácticas de remo para todas las personas que hayan atravesado un tratamiento de cáncer de mama. El Intendente Marcelo Orazi y la Ministra de Turismo y Deporte Martha Vélez firmaron un convenio mediante el cual…
A través del Decreto 126/21, la Municipalidad de Villa Regina llama a concurso abierto de antecedentes para cubrir el cargo de Juez de Falta Suplente. Los interesados deberán reunir los siguientes requisitos: *Poseer título de Abogado, con no menos de 2 años de ejercicio en la profesión. Deberán acompañar certificaciones del colegio de abogados y/o…
La imputación contra seis policías de la ciudad de Santa Fe que según la fiscalía llevaron a la muerte a un detenido produjo impacto, controversia y alarma a nivel social e institucional. Este miércoles el fiscal actuante pidió medidas de prisión preventiva para los efectivos que, de mantenerse la acusación, se enfrentan a penas de prisión perpetua. El gobierno de Maximiliano Pullaro consideró precipitada la imputación preliminar y que la policía se puede sentir desguarnecida ante un proceder como el que lleva el fiscal interviniente. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que la cartera a su cargo pagará la defensa privada de los acusados.
La situación planteada por el fiscal Ezequiel Hernández es de una gravedad institucional apabullante. El funcionario adjudicó tortura seguida de muerte a seis policías por el hecho que en la comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe llevó al deceso a Mauro Daniel González, una persona bajo una aparente crisis psicológica, en enero pasado. Las medidas cautelares se discutieron este miércoles, cuando el fiscal pidió la prisión preventiva para los seis uniformados investigados. A ese reclamo se sumó el del abogado querellante que representa a los familiares de la víctima. Tras diez horas de trámite la audiencia entró en cuarto intermedio.
Esto se produce a dos meses de que siete policías terminaran condenados por la Justicia Federal por un allanamiento ilegal en una vivienda en Rosario concretado en agosto de 2024, donde efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) llegaron a buscar droga, tras torturar a dos dealers con picana eléctrica.
Ahora, el fiscal Hernández acusa a cinco policías del Comando Radioeléctrico y a uno del Cuerpo Guardia de Infantería. Son cuatro hombres y dos mujeres. El sábado pasado, en la audiencia inicial, el fiscal dijo que «los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento». Al respecto, indicó que «los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta».
Este miércoles, familiares de los policías acusados se movilizaron en Santa Fe para indicar que la acusación es desmesurada y no se ajusta a lo que ocurrió. Estos fueron al mismo tiempo resguardados por el ministro de Seguridad de Santa Fe, quien sostuvo que la imputación produce un efecto «similar a una condena» a los implicados. Y dijo que se buscaba una defensa eficaz «para controlar barbaridades» de los fiscales. Lo hizo recordando dos casos recientes en Santa Fe de policías imputados durante años en causas semejante que, aunque los trámites no están cerrados, resultaron absueltos en primera instancia.
Esto se produce a dos meses de que siete policías terminaran condenados por la Justicia Federal por un allanamiento ilegal en una vivienda en Rosario concretado en agosto de 2024, donde efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) llegaron a buscar droga, tras torturar a dos dealers con picana eléctrica.
El caso que está en audiencia este miércoles también genera un debate más amplio porque se trató de la intervención policial frente a un conflicto surgido con una persona que tenía una crisis relacionada con el consumo de algún tipo sustancia adictiva. Lo que recrea la pregunta si debe ser la policía, sin formación para eso, la que debe intervenir en circunstancias donde puede haber violencia no provocada en hechos delictivos, sino por cuestiones de salud mental.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
El deceso de Mauro Daniel González fue el sábado 17 de enero pasado. Tenía 35 años y fue detenido en la puerta de su casa en el barrio Yapeyú de Santa Fe por una denuncia al 911 sobre disturbios. La detención la produjeron policías de calle que lo llevaron a la comisaría 8ª. Tras el arresto la fiscalía ordenó la liberación de González pero personal de la comisaría advirtió que había fallecido allí.
El ex juez penal Rodolfo Mingarini se convirtió en querellante por la familia del fallecido y denunció que había muerto por apremios ilegales. Eso lo tomó el fiscal Hernández, quien el sábado pasado dijo ante la jueza Cecilia Labanca que «los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento». Al respecto, indicó que «los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta».
El fiscal Hernández dijo en audiencia que dos policías fueron a buscar a González ya que tenía una «crisis subjetiva» y se había pedido presencia policial. «Los uniformados incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza», aseveró el fiscal. «Los funcionarios policiales sujetaron a González violentamente, lo hicieron caer y le colocaron esposas», sostuvo y agregó que «luego llegaron los otros investigados y, entre todos, lo agredieron mientras estaba en el suelo».
Los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento. Los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta.
El fiscal también indicó que «los agentes de la fuerza de seguridad arrojaron a la víctima a la caja de una camioneta policial y allí siguieron aplicándole malos tratos». Mencionó que «un familiar del hombre atacado alertó a los agentes que González había tenido una cirugía abdominal pero, en vez de deponer su actitud, actuaron de forma coordinada para incrementarle el dolor».
«Algunos de los integrantes del Comando imputados trasladaron a la víctima en la camioneta a la que lo habían obligado a subir, el cual era seguido por otro vehículo oficial en el que iban los demás», afirmó Hernández. «Durante ese traslado, los policías agredieron nuevamente a González, quien tenía puestas esposas y no podía defenderse de ningún modo», manifestó.
«Dentro del auto, le dieron golpes con los puños y con un bastón o escopeta», enfatizó el fiscal en la audiencia. «Las sucesivas torturas le causaron a la víctima por lo menos veinte lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre las que estaba la fractura de una costilla, lo que deterioró el funcionamiento de su organismo», especificó el fiscal.
«A sabiendas de que estaba en ese estado precario de salud y prácticamente inconsciente, en lugar de concurrir inmediatamente a un centro de salud, los uniformados fueron hasta una estación de servicios», puntualizó. «En la dependencia policial, ingresaron a González a un calabozo y lo dejaron solo y sin asistencia a pesar de su grave estado de salud», detalló.
A los cinco policías del Comando se les endilgó la coautoría de tortura seguida de muerte. Por su parte, el integrante de la Guardia de Infantería fue imputado como coautor de vejaciones calificadas, por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima.
Fuentes del gobierno provincial indicaron a LPO que la actual acusación es desmesurada para los seis implicados, lo que no implica que no haya existido algún tipo de violencia. Deslizan que el médico habría visto al detenido y que la muerte fue porque se broncoaspiró. Al menos buscan que esta acusación inicial de Hernández quede matizada y por eso Cococcioni anunció que su cartera sufragará «hasta cierto monto» los honorarios de una defensa privada para los policías.
El ministro del elenco de Pullaro recordó las definiciones de dos casos donde hubo muertes en comisaría en Rosario que terminaron con absoluciones en primera instancia. Uno es el caso de Franco Casco, que apareció muerto en el río Paraná tras ser detenido en la comisaría 7. Un tribunal absolvio en fallo dividido a los 19 policías acusados en 2023, pero la Cámara Nacional de Casación ordenó después revisarlo, por lo que permanece sin definición firme.
El segundo caso es el de la muerte de la bibliotecaria María de los Angeles Paris en la comisaría 10ª en mayo de 2017. La fiscalía pidió cuatro años para cinco policías por destratos que según el planteo le causaron la muerte. Un tribunal de juicio absolvió a los policías por unanimidad.
«Uno puede ver cuántos casos hubo de funcionarios imputados. Se los detiene y el caso es exhibido de manera muy escandalosa, su carrera queda paralizada con enormes perjuicios que rara vez tienen una reparación adecuada y salen absueltos seis, siete u ocho años después», dijo el ministro Cococcioni al indicar que la provincia pagará las defensas de los ahora implicados en el caso de Santa Fe.
Uno puede ver cuántos casos hubo de funcionarios imputados. Se los detiene y el caso es exhibido de manera muy escandalosa, su carrera queda paralizada con enormes perjuicios que rara vez tienen una reparación adecuada y salen absueltos seis, siete u ocho años después.
Pullaro afirmó este martes que le había pedido a su máximo colaborador de seguridad que siguiera con mucha atención el caso. «No hago juicio de valor sobre esta situación porque sería imprudente de mi parte, pero sí hubo casos de estas características en donde posteriormente la investigación determinó la absolución de culpa y cargo de los policías», señaló el gobernador.
Frente al caso que terminó con condena por el allanamiento ilegal contra siete efectivos de las PAT, dos de los cuales fueron señalados por uso de picana eléctrica lo que admiten incluso en las conversaciones extraídas de sus celulares, el gobierno no se había pronunciado.
Desde el momento de asumir, Pullaro se dio una política manifiesta de apoyo a integrantes de fuerzas de seguridad que estuvieran implicados en situaciones de violencia en cumplimiento de servicio, lo que muy a menudo atribuyó a visiones desacertadas de los acusadores.
El punto más empinado de esta prédica fue con el caso de Maximiliano Nocelli, que estaba condenado a 25 años de prisión por matar a dos asaltantes en un robo, para revertir esa sentencia. Quedó acreditado que hubo un enfrentamiento donde el policía intervino en una acción de robo y luego hubo valoraciones diferentes sobre si al disparar actuó de manera legítima o produjo un doble homicidio agravado. Eso se saldó, tras una condena en doble instancia, con un tercer fallo que entiende que el policía fue condenado con arbitrariedad. Pero hubo una presión del Poder Ejecutivo de Santa Fe para llegar a este resultado ha sido manifiesta, donde un gobernador con supremacía legislativa indicó lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Y el Poder Judicial lo siguió cuando había dos fallos previos en los que dos tribunales colegiados –seis jueces en total en doble instancia– habían llegado a una condena por unanimidad.
Este miércoles el ministro de Seguridad santafesino dijo que el que implica ahora a los seis policías merece un especial cuidado y que por eso el gobierno los asiste con una defensa particular. Dijo que eso no iba en contra del Ministerio Público de la Defensa. Pero recordó que esa institución del sistema penal en Santa Fe tuvo «un discurso profundamente antipolicía en los primeros seis años» de su desempeño al comenzar a funcionar en 2014. Y agregó que el defensor provincial en ese período, que era Gabriel Ganón, emitió dos resoluciones que prohibían asistir a los defensores públicos a policías acusados en casos de violencia institucional.
Cococcioni aseguró que no hubo medidas de parte del fiscal Hernández en este caso durante seis meses y que la primera medida fue ordenar las detenciones de los seis agentes por un delito que prevé la pena máxima. «Esta es una tipicidad penal que tiene requisitos muy estrictos. Todo muy lindo, pero después hay que probarlo», dijo el ministro.
Los residuos, en su mayoría, son envases de productos fitosanitarios que provocan focos de contaminación como así también intoxicaciones tanto en personas como en animales silvestres y domésticos. Desde la Municipalidad de Villa Regina se repudian este tipo de hechos y se recuerda que queda prohibido por la ley, el entierro, abandono, quema, comercialización o…
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