La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que en la mañana de este lunes se comenzó a romper el cordón cuneta de la “margen sur” de calle Libertad desde calle José Hernández hasta Belgrano.
Luego se continuará con los trabajos de hormigoneado por lo que se solicita la colaboración de los frentistas ya que, por el plazo de 15 días, no podrán estacionar ni ingresar sus vehículos.
La Municipalidad de Villa Regina y el Movimiento Evita informan que el viernes 21 y sábado 22 de 10 a 16 horas estarán en la ciudad los camiones de salud comunitaria para atención oftalmológica y odontológica. Los mismos se ubicarán en el predio del polideportivo Cumelen. Se otorgarán aproximadamente 120 turnos diarios en oftalmología y…
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que recientemente incorporó una nueva profesional veterinaria con el objetivo de aumentar el número de castraciones caninas y felinas que se realizan actualmente. La profesional realizará las cirugías los días miércoles en el polideportivo Cumelen y en primera instancia se atenderá…
El modelo extractivista se impone a la fuerza, Rio Negro no está exento de este tipo de políticas antidemocráticas. Las empresas demandan y los gobiernos cumplen. La sociedad defiende el medio ambiente. Para construir el oleoducto y el puerto exportador en Punta Colorada, el Estado provincial se vio obligado a derogar la Ley 3.308 que…
En medio de la polémica por la habilitación de una torre de 36 metros en su misma manzana, desde el Convento Santa Catalina de Siena denuncian que la peatonalización de Viamonte causó daños al edificio que tiene casi 300 años. El cura de la Iglesia decidió cerrarla y dar misa en la calle.
Construídos con adobe y sin cimientos que los sustenten, la Iglesia y el Monasterio de Santa Catalina de Siena son dos de los edificios más antiguos de la Ciudad junto con el Cabildo, la Iglesia del Pilar y la Iglesia de San Ignacio.
«Hemos decidido cerrar momentáneamente el tempo debido a los daños ocasionados por la peatonalización de la calle Viamonte que está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad», dice la nota que envió el padre Gustavo Antico. Un cartel en la puerta de la iglesia no dejó dudas: «Riesgo estructural».
El cura notó que tras el comienzo de las obras de peatonalización de Viamonte que ejecuta el Ministerio de Espacio Público aparecieron rajaduras en las paredes de la iglesia, algunas que llegaban hasta el techo y habían causado desprendimiento de materiales.
En el gobierno porteño aseguraron a La Nación que antes de comenzar las obras, habían visitado el predio de Santa Catalina con un escribano y consignaron las grietas existentes.
Tras culpar al «martillo neumático», Antico volvió a pedir que el área contigua a la iglesia y el convento se convierta en un área de preservación. Ese reclamo parece difícil de cumplimentar: la justicia habilitó la construcción de un gigantesco templo mormón a pocos metros.
Casi media manzana delimitada por Reconquista, Córdoba, San Martín y Viamonte está ocupada por el monasterio y la iglesia de Santa Catalina. En la otra mitad hubo hasta hace meses un estacionamiento. El terreno fue comprado hasta 2023 por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hubo varios proyectos para esa manzana, pero ninguno logró pasar el filtro de la Legislatura. La orden mormona realizó un gran negocio: compró el terreno por 20 millones de dólares con baja capacidad constructiva y tiempo después, solo con la firma de un funcionario porteño lograron que el gobierno les habilite una obra de 29 mil metros cuadrados.
El gestor de la obra fue Bodas-Miani-Anger, el estudio que consiguió las más lucrativas excepciones al código durante el larretismo y continúa con excelentes contactos con el gobierno de Jorge Macri. El templo diseñado por BMA parece un tardío y poco inspirado homenaje a Francisco Salamone, cien años después del auge Art déco.
Tras el visto bueno de la Dirección de Interpretación Urbanística de la díscola Cristina Giraud, Karina Burijson habilitó el cambio de zonificación necesario para que en el terreno pudiera instalarse un culto religioso. No hubo cuestionamientos gubernamentales a la superficie ni el tipo de edificación. Poco después de dar luz verde al proyecto, Burijson fue removida de su cargo y nombrada en la Corporación Puerto Madero.
El visto bueno del gobierno impulsó a la Asociación Civil Basta de Demoler a presentar un amparo para frenar la obra. Cuestionaron la intervención de Interpretación Urbanística para esa superficie y también la altura del permitida. En primera instancia la Justicia les dio la razón, pero en la Cámara la medida se dio vuelta.
«En una reunión que tuvimos con los arquitectos de BMA, Rodolfo Miani nos aseguró que ningún edificio iba a ser más alto que la cúpula de la iglesia, que tiene 19 metros, pero hay uno que mide casi el doble. El estudio ni siquiera mostró los planos en la Justicia y el render que entregaron en los medios está mal hecho. Presentan Reconquista como una extensión de la plaza llena de árboles. La iluminación de los edificios tampoco coincide con la trayectorial del sol», rechazó Ana Bas, de Basta de Demoler.
La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
Este año el tema para el Día Mundial de la Diabetes es «Familia y Diabetes», los objetivos de esta campaña mundial son: Aumentar la conciencia del impacto que la diabetes tiene en la familia y la red de apoyo de los afectados; y estimular el papel de la familia en la gestión,cuidado, prevención y educación…
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