La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que en la mañana de este lunes se comenzó a romper el cordón cuneta de la “margen sur” de calle Libertad desde calle José Hernández hasta Belgrano.
Luego se continuará con los trabajos de hormigoneado por lo que se solicita la colaboración de los frentistas ya que, por el plazo de 15 días, no podrán estacionar ni ingresar sus vehículos.
El jueves último, la propuesta denominada ‘Coloreando mi ciudad’ que lleva adelante la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina se desarrolló en Santa Rita. Allí los niños y las niñas realizaron un recorrido guiado por una chacra, donde varios reconocieron las tareas que se realizan ya que sus padres son trabajadores rurales….
OLA DE CALOR EN LA PERLA DEL VALLE Rio Negro estuvo ayer entre las provincias con las temperaturas más elevadas del país. La ola de calor arribó, y se quedará unos días más. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Antonio Oeste obtuvo la máxima de la provincia donde la temperatura alcanzó los 43,5°….
Un contador venezolano que ocupaba un lugar estratégico en una empresa fundada por Martín Menem apareció muerto en su departamento de Almagro. La Justicia abrió una investigación por «muerte dudosa» y el hecho desató una ola de interrogantes políticos que vuelven a poner el foco sobre los negocios privados de uno de los hombres más poderosos del oficialismo.
Por Roque Pérez para NLI
La escena parece salida de un thriller político. Un directivo de una empresa creada por Martín Menem aparece sin vida en su departamento porteño después de varios días sin responder llamados. No hay signos visibles de violencia, pero la Justicia decide iniciar una causa por «muerte dudosa», una figura que implica que todavía no existen certezas sobre las causas del fallecimiento y que obliga a realizar todas las pericias correspondientes.
La víctima fue identificada como Daniel Antonio Osorio Peñaloza, contador venezolano de 46 años que se desempeñaba como gerente general y director suplente de Gen Tech Argentina S.A., una firma dedicada a la comercialización de suplementos dietarios fundada por el actual presidente de la Cámara de Diputados. Su cuerpo fue hallado en un departamento de la avenida Díaz Vélez, en el barrio porteño de Almagro, luego de que allegados alertaran que llevaba varios días sin contestar mensajes ni llamadas.
Una muerte que llega en un momento político sensible
La noticia no tardó en generar conmoción porque no se trata de un empleado cualquiera. Osorio Peñaloza integraba la conducción de una empresa estrechamente vinculada a Martín Menem, uno de los dirigentes de mayor peso dentro del esquema libertario y hombre de absoluta confianza de Milei.
De acuerdo con la información que trascendió, Martín Menem estuvo presente en el edificio mientras se desarrollaban las primeras actuaciones policiales y periciales, un dato que incrementó el interés mediático sobre el caso aunque, pues habría ingresado al lugar del hecho antes que la policía.
Los primeros informes indicaron que el cuerpo no presentaba lesiones externas compatibles con un ataque. Sin embargo, la ausencia de una explicación inmediata llevó a la fiscalía a preservar todas las hipótesis hasta conocer el resultado de la autopsia y de los estudios toxicológicos.
El misterio alimenta las especulaciones
En la política argentina, las muertes inesperadas de personas vinculadas a figuras de poder suelen abrir un terreno fértil para las especulaciones. En este caso, la combinación de un alto directivo, una empresa asociada al presidente de la Cámara de Diputados y una investigación por muerte dudosa convirtió rápidamente el episodio en tema de debate público.
Mientras tanto, la Justicia deberá responder preguntas elementales: qué ocurrió durante los días previos al fallecimiento, cuál fue la causa médica de la muerte, si hubo intervención de terceros y si existen elementos que permitan reconstruir las últimas horas de Osorio Peñaloza.
Lo que hoy aparece como un episodio rodeado de misterio podría terminar siendo una muerte por causas naturales o derivar en una investigación de mayor complejidad. Hasta que las pericias concluyan, lo único cierto es que la muerte de un hombre que ocupaba un cargo estratégico en una empresa fundada por Martín Menem volvió a colocar al oficialismo bajo una atención pública incómoda, donde cada dato, cada silencio y cada demora alimentan nuevas preguntas.
La primera frase que aparece es: ¡esto es el colmo! No necesitamos vivir en Estocolmo para padecer el síndrome de esta ciudad. Sindrome que fue llamado así luego de un robo en un banco. Para que este síndrome sea considerado como tal, la víctima debe identificarse con el agresor, y lo concreta de una forma…
Villa Regina es parte del programa provincial ‘Río Rosa. Remamos por el cáncer de mama’, iniciativa que brinda acceso a prácticas de remo para todas las personas que hayan atravesado un tratamiento de cáncer de mama. El Intendente Marcelo Orazi y la Ministra de Turismo y Deporte Martha Vélez firmaron un convenio mediante el cual…
La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
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