Se agrava la crisis del empleo formal en Córdoba: crecieron 15% las suspensiones y quitas salariales

Se agrava la crisis del empleo formal en Córdoba: crecieron 15% las suspensiones y quitas salariales

 

La crisis económica comenzó a impactar de lleno en el empleo formal cordobés. La Secretaría de Trabajo de la Provincia reveló que actualmente 7.247 trabajadores registrados se encuentran alcanzados por Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), mecanismo que habilita suspensiones, reducción de jornadas y rebajas salariales para evitar despidos masivos.

El dato muestra un deterioro acelerado. Apenas semanas atrás el mismo relevamiento contabilizaba 6.302 trabajadores afectados. Ahora la cifra se acerca a los 7.250, por lo que el aumento de afectados es del 15%. La situación coincide con las advertencias que viene realizando el ministro de Justicia y Trabajo de Córdoba, Julián López.

El funcionario reconoció públicamente que «el proceso de crisis laboral se agudiza» y atribuyó el fenómeno a la caída del consumo y a la retracción de la actividad industrial. Según explicó, los procedimientos preventivos se multiplicaron especialmente en comercio, metalurgia, construcción, alimentos y servicios.

Los números del informe trazan una radiografía de la crisis del empleo formal. De los 7.247 trabajadores afectados, 5.882 corresponden a Córdoba Capital y 1.365 al interior provincial. La modalidad predominante son las suspensiones con pago parcial del salario. En total existen 46 expedientes en la Capital y 27 en el interior, es decir 73 empresas.

Córdoba y Santa Fe las más golpeadas por el cierre de industrias de la era Milei

En numerosos acuerdos los trabajadores cobran entre el 50% y el 75% de sus ingresos mediante sumas no remunerativas. También aparecen reducciones de jornada, eliminación de premios por asistencia, disminución de horas de trabajo y suspensiones temporarias de distinta intensidad.

La zona de Río Segundo encabeza el interior con siete empresas afectadas. Allí predominan las reducciones de jornada, suspensiones semanales y recortes de adicionales salariales.

San Francisco, la ciudad de donde vive Martín Llaryora, registra cinco empresas involucradas. La mayoría pertenece al entramado industrial y autopartista. Villa María suma cuatro empresas, mientras que Jesús María, bastión de La Libertad Avanza, acumula cinco casos. También aparecen expedientes en Alta Gracia, La Falda, Río Tercero y Río Cuarto.

El ministro Julián López

En la Capital, la Secretaría de Trabajo identifica cuatro focos principales: transporte y logística, seguridad privada, industria metalmecánica y comercio. Son los sectores que concentran la mayor cantidad de trabajadores bajo esquemas de crisis.

Las declaraciones del ministro López reflejan la preocupación del Gobierno provincial. El titular de la cartera que administra los procedimientos preventivos de crisis remarcó: «No estamos ante un shock puntual sino ante un deterioro sostenido del mercado laboral». Y advirtió que «el proceso de crisis se agudiza, hay una caída del consumo y un proceso de desindustrialización que afecta a sectores enteros».

 

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  • Una rebelión de senadores aliados complica la aprobación de los pliegos de jueces que envió Mahiques

     

    Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem están tan ocupados en la interna contra Santiago Caputo que al gobierno se le descontroló la agenda parlamentaria para avanzar con los pliegos de los jueces en el Senado. Hasta ahora, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, solo consiguió que se apruebe la prórroga de Carlos «Coco» Mahiques, su papá.

    El riojano Juan Carlos Pagotto, presidente de la Comisión de Acuerdos, convocó esta semana a las audiencias públicas para el 9 de junio nada más que con siete postulantes. Seis de esos candidatos concursaron para ocupar vacantes en el fuero laboral y uno para el juzgado federal de primera instancia N°2 de San Juan.

    Para colmo, el sexteto de nombres para los juzgados donde litigan los trabajadores incluye a Víctor Pesino, el magistrado que volteó la cautelar de la CGT contra la reforma laboral, y Claudio Fabián Loguarro, que fue designado juez por Mauricio Macri. Ambos compartieron recientemente la inauguración de una bodega en Uruguay.

    Más allá de los candidatos, ese llamado de Pagotto despertó una nueva rebelión de los senadores aliados, que hace poco más de dos semanas se plantaron contra Patricia Bullrich y le avisaron que no firmarían ningún dictamen de jueces hasta que la Casa Rosada no enviara aquellos ternados que reclamaban los gobernadores de sus provincias. La jefa de bloque libertario pasó el mensaje y Javier Milei mandó apenas 15 pero el senador riojano ni siquiera los tuvo en cuenta para diseñar la jornada de audiencias públicas.

    Santiago le recomendó a Milei que retire los pliegos de jueces que propuso Mahiques para cumplir con la AFA

    Un legislador radical le dijo a LPO que «no se entiende lo que hace el gobierno». «El desorden lo arma Pagotto pero Pagotto habla con los Menem», planteó.

    Entre los aliados se expande la bronca y, por eso, volvieron a hablar con Bullrich para que interceda. «Si la apurás, Patricia se pone del lado nuestro, ya no está dispuesta a poner la cara», explicó una senadora.

    No se entiende lo que hace el gobierno, el desorden lo arma Pagotto pero Pagotto habla con los Menem.

    Ante ese escenario, los libertarios habrían aceptado convocar a una nueva audiencia, atendiendo las demandas de las provincias, para el 10 de junio. Sin embargo, ya no llegarían a votar esos pliegos antes del Mundial de Fútbol, un parteaguas para el sistema político: en la semana posterior al feriado del 25 de mayo no se abriría el recinto y se habla de una eventual sesión recién para el 4 de junio, sin que nadie precise si se incluyen pliegos dictaminados.

    Los senadores Camau Espinola y Juan Carlos Pagotto.

    Dos senadores aliados confirmaron a LPO le están proponiendo a Bullrich para destrabar la situación que se convoque a una sesión en la que se voten en paquete los jueces de Mahiques y los de los gobernadores, pero eso demoraría la definición de una serie de candidatos que ya tuvieron su audiencia pública y reunieron firmas suficientes para pasar por el recinto.

    En Comodoro Py creen que la interna de los Menem con Caputo, así como el escándalo de Manuel Adorni, liquidó la luna de miel que le permitió a Bullrich sacar el Presupuesto, la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares durante las sesiones extraordinarias. «Los jueces de Mahiques pueden quedar congelados», deslizó a LPO un juez federal.

    La manifestación más clara de esa especulación se vio el lunes pasado, cuando LPO reveló que Caputo había persuadido a Milei de retirar los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, candidatos a la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal Económico, por donde deberá tramitar una de las causas más sensibles para el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia y su mando derecha Pablo Toviggino.

    Apenas unos días después que «Coco» Mahiques se revalidara en su vocalía de la Casación con 58 votos, al ministro de Justicia se le empezó a complicar la posibilidad de cumplir con el mandato de la AFA para proteger a Tapia y Toviggino, justo unos días antes que se terminara la tregua que habían pactado durante el verano los Menem y Santiago.

     

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    «No hay más secundario»: empresas de colectivos descargan la crisis sobre los estudiantes y ponen en jaque un derecho conquistado

     

    La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?

    Cuando la crisis la pagan los estudiantes

    El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.

    Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.

    La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.

    La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.

    El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados

    La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.

    Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.

    Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.

    El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.

    Un nuevo golpe contra la educación pública

    La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.

    Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.

    Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.

    Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.

     

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    DE TANTO ARRIMAR EL HOCICO LLEGARON AL PLATO

    La semana pasada se llevó a cabo una asamblea para elegir integrantes provisorios del Consejo de Administración y síndicos de la cooperativa La Reginense con la presencia de algunos de los nuevos socios, el interventor José Perez, el subsecretario y la directora de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, Héctor Ressel y Patricia Rodríguez Sábato,…

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