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SALIDA SEGÚN NÚMEROS PRIMOS

Una alternativa más simple a la discordia por la ordenanza vetada y no vetada al mismo tiempo es la implementación de números primos, los cuales son 168 los autorizados a salir. A partir de mayo van a salir aquellos que tengan el primer número primo, o sea 2. El 2 de mayo salen con terminación 3 y así sucesivamente. Esto se efectuará por los siguientes 168 días, siguiendo el patrón de los números primos:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991 y 997.

¿Quién va a controlar esto? No va a ser la policía, ni la Municipalidad, ni los comerciantes. Van a controlar los primos de la persona con el número primo del día siguiente de salida. Por ejemplo, el primero de mayo salen aquelles con terminación 2 y serán controlados por los primos de las personas con terminación 3. 

Solución práctica y comunitaria al fin, ¿no?

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    Represión en la Plaza de los Dos Congresos: una jornada de lucha, traiciones y debilidad sindical

     

    Lo que prometía ser una protesta multitudinaria contra la reforma laboral que quita derechos a los trabajadores —mientras el Senado debate hoy el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei— se transformó en una jornada tensa marcada por represión, presencia desmesurada de fuerzas de seguridad y un protagonismo debilitado de la dirigencia sindical tradicional.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La Plaza sitiada y la represión

    Desde horas del mediodía, la Plaza de los Dos Congresos estuvo fuertemente cercada por un despliegue policial que limitó el acceso y la libre circulación de la protesta convocada por la CGT, las dos CTA y diversas organizaciones sociales opositoras a la reforma laboral.

    El operativo incluyó vallas, policías motorizados y fuerzas federales desplegadas por toda la zona, generando un ambiente de tensión permanente. La fuerza pública respondió con gases lacrimógenos, chorros de agua y proyectiles de goma para disolver cualquier intento de manifestación en una clara actitud represiva.

    A diferencia de muchas crónicas que resaltan la presencia de “manifestantes lanzando piedras”, la realidad mostrada por múltiples videos y transmisiones en vivo recogidas por distintos medios indica la aparición de encapuchados no identificados en medio de la protesta, un fenómeno que en marchas de este tipo suele corresponder a grupos infiltrados por los mismos aparatos represivos o provocadores externos, quienes nunca terminan siendo detenidos y luego sirven de excusa para justificar la violencia estatal contra el resto de la movilización.

    La reforma laboral y la traición del peronismo legislativo

    Mientras en la Plaza se desarrollaban los choques con la policía, en el Senado de la Nación se discute el texto de la llamada “modernización laboral”, que según las organizaciones sindicales y sectores de la oposición implica reducciones significativas de derechos laborales, flexibilización de condiciones y limitaciones al poder sindical.

    Este proyecto, promovido por el Ejecutivo de Milei y defendido por su bloque en la Cámara Alta con apoyo de algunos sectores moderados de una faldera oposición, cuenta con modificaciones que buscan asegurar su aprobación, pero aún así representa un atropello sobre derechos históricos para los trabajadores.

    Lo que más llama la atención es que algunos senadores de extracción peronista, que deberían ser garantes de la defensa de la legislación laboral, parecen dispuestos a avalizar o no oponer un freno firme al proyecto, generando un sentimiento de traición entre las bases trabajadoras que confiaron en su representación parlamentaria. La falta de posiciones claras y contundentes por parte de estos dirigentes legislativos ante una reforma que afectaría profundamente derechos y condiciones de trabajo alimenta la desconfianza y la percepción de que en el Senado prima más la lógica de acuerdos políticos que la defensa irrestricta del pueblo trabajador.

    Una CGT débil, sin paro y sin conducción concreta

    La CGT, la central obrera que históricamente fue pilar de la organización sindical argentina, convocó a la movilización frente al Congreso pero evitó llamar inmediatamente a un paro general, cosa que fue recordada por toda la plaza en varios cánticos entonados esta tarde.

    Aunque algunas fracciones de la CGT, como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y otros gremios nucleados en paros parciales, decidieron cesar actividades en sectores claves, la conducción cegetista optó por una manifestación más simbólica que efectiva, lo que se traduce en una postura percibida como desdibujada y tibia en un momento en el que se exigía firmeza en la defensa de los trabajadores.

    Esta actitud generó desencanto en sectores sindicales y sociales, que añoran una CGT protagonista de una huelga contundente y un plan de lucha real, en lugar de una marcha que, aun siendo masiva, no logró empujar al eje del conflicto ni detener el avance de la reforma en el Congreso.

    Conclusión: una protesta fragmentada y una dirigencia en jaque

    La jornada en la Plaza de los Dos Congresos expuso, en un mismo cuadro, la represión estatal frente a una protesta popular en defensa de derechos laborales, la posible alineación de sectores legislativos que debieran oponerse a una quita de derechos, y una CGT que parece más preocupada por la formalidad de una movilización que por una respuesta contundente y organizada.

    En un momento histórico donde las políticas públicas buscan reformar el régimen laboral en detrimento de los trabajadores, esta combinación podría marcar un punto de inflexión en la correlación de fuerzas del movimiento obrero argentino, cuya unidad y claridad estratégica se ven hoy más desafiadas que nunca.

     

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    Con la mirada puesta en la crisis de empleo -según datos oficiales, Córdoba perdió más de 10.000 puestos formales privados desde la asunción de Milei hasta octubre de 2025, lo que equivale a una caída de alrededor del 1,9 %-, Martín Llaryora se subió al escenario de la fábrica de camiones Iveco para defender la industria nacional e intentar asumir la vocería de la defensa del trabajo argentino.

    Mientras Javier Milei volvió a cargar contra los industriales y los acusó de «delincuentes» por reclamar protección frente a la apertura importadora, Llaryora se rodeó de operarios de la automotriz y dijo que «la industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo».

    Sin mencionar al Presidente, el cordobés insistió en que la competitividad «no puede ser solo para algunos» y advirtió que no se puede construir un esquema donde sea más conveniente traer un producto terminado del exterior que fabricarlo en el país. «No queremos ninguna ventaja. Sabemos que tenemos que competir. Pero ésta no debe darse con mejores condiciones para traer cosas de afuera que para producir en el país», repitió.

    El mensaje no fue inocente. En el Panal admiten que la situación industrial es crítica. Los números del propio Gobierno provincial indican que la pérdida de empleos privados formales habría llegado a 13 mil en los dos años de Milei en la Rosada, con una aceleración de 3.000 en el último trimestre de 2025, que se suman a los 10.000 registrados hasta octubre. El corazón manufacturero del Gran Córdoba, que incluye autopartistas, metalmecánicas y pymes vinculadas a la cadena automotriz, es uno de los sectores más golpeados.

    Córdoba perdió 11 mil empleos privados en dos años y se resiente la matriz productiva

    Llaryora tiene de primera mano distintos informes de economistas que advierten que la crisis del empleo se profundizará, y que una derrota de Donald Trump en noviembre podría complejizar la coyuntura económica. Por ahora, Llaryora juega al filo: aunque defiende a la industria, mandó a sus legisladores a votar la reforma laboral resistida por los gremios.

    La complejidad de la relación Panal-Rosada incluye una disputa por los fondos nacionales para la Caja de Jubilaciones y la caída de subsidios al transporte que asfixiaron a Daniel Passerini, el principal socio de Llaryora, en la gestión municipal.

    La industria nacional está para competir, pero queremos igualdad de condiciones; sin igualdad de condiciones no se podrá defender el trabajo

    En el contexto de crisis de empleo, Llaryora busca aggiornar la máxima del peronismo cordobés «gobernar es generar trabajo»: deslizó que lo central hoy es conservar los puestos existentes. «Cada vez es más difícil construir un puesto de trabajo con los desafíos de la tecnología 4.0 y la IA. Por eso, cada puesto que se sostiene es central», afirmó.

    Así, el lanzamiento del camión pesado S-Way funcionó como una puesta en escena política. En un contexto de caída del consumo, avance del comercio electrónico y cierre de pymes, el gobernador cordobés buscó mostrarse como garante del empleo industrial y socio confiable de las multinacionales. «Hay que trabajar en conjunto para pelear por la competitividad y la igualdad de condiciones», insistió.

    En su discurso pro industria nacional, Llaryora encontró el eco empresarial: «No tuvimos ninguna duda al tomar la decisión de producir aquí, porque la mano de obra en Córdoba es de altísimo nivel. No es solo un camión, es una apuesta de largo plazo y de desarrollo tecnológico», afirmó Marcio Querichelli, presidente de Iveco para América Latina, quien también reclamó «condiciones de competitividad y previsibilidad».

    La escena contrastó con la relación tirante que mantiene Milei con parte del establishment industrial. Días atrás, el Presidente arremetió contra grupos como Techint y Aluar por cuestionar el impacto de la apertura. En Córdoba, donde la industria automotriz es una marca de identidad, esas declaraciones cayeron mal incluso entre sectores que apoyan el ordenamiento macroeconómico libertario.

    El mensaje de Llaryora fue una síntesis de su estrategia: reconocer la necesidad de competir en un mundo abierto, pero reclamar reglas que no castiguen la producción local. En el corazón fabril de Córdoba, Llaryora volvió a pararse en la vereda desarrollista del peronismo provincial, aun cuando en el Congreso sus diputados levanten la mano junto al oficialismo libertario. La tensión entre discurso y práctica, por ahora, es el precio de ese equilibrio que, justifica el llaryorismo, es producto de la «responsabilidad institucional» de darle a Milei herramientas para su plan económico.

     

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