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RUTA 22 22: AVALANDO ANDO (parte II)

Más de diez años de obra, menos de la mitad de los 100 kilómetros anunciados hace más de quince años. Cuatro mandatos presidenciales, 10 kms por gestión. No hay nada que celebrar.

En el día de ayer se llevó a cabo la inauguración de la habilitación de los puentes que faltaban entre Godoy y Cervantes y ahora habrá cuatro carriles en dos tercios del tramo Fernández Oro-Cipolletti. En este acto, el presidente Alberto Fernandez salió desde la localidad bonaerense de Quilmes con conexión mediante videoconferencia con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. Del Presidente para abajo, sin diferencia de partidos, tanto oficialistas como opositores sonrieron para la foto avalando la desidia estatal. Más de una década de obra, menos de la mitad del total de kilómetros realizados, cuatro mandatos presidenciales.

En el acto, el mandatario afirmó que cuando llegó al Gobierno «estaban paralizadas el 70 por ciento de las obras en todo el país por incumplimientos con muchos constructores que tenían que llevar adelante esas obras». Podemos agregar desde el Valle y sobre nuestra ruta que esta obra está semiparalizada desde que inició, con el solo hecho de decir que comenzó en 2008 y el primer tramo se inauguró hace exactamente 10 años alcanza. La polarización política existe en la sociedad, pero la misma política se une en sus extremos más decadentes.

Como en un espiral, vemos repetir la historia, y no queremos ser simples aduladores. En un acto en el que hubo teleconferencia como ayer, en junio del 2011 (sí, una década atrás) se realizó la inauguración oficial del primer tramo de la autovía de la Ruta 22, que comprende el sector entre Chichinales y Godoy, ayer uno de los pasos elevadizos celebrados también está en  Godoy. Aquel acto se realizó en nuestra ciudad, en las instalaciones del cine teatro del Club Círculo Italiano y también se realizó el contacto con Buenos Aires para tener las palabras de la ex presidente Cristina Fernández, un dejavú (¿). La obra que se había comenzado a construir tres años atrás.

La ampliación anunciada hace más de 15 años está llegando recién a la mitad de los 100 kilómetros totales que tiene el trayecto. Si entendemos la política que nos atraviesa es lógico que un editorial como Ruta 22 22 escrita hace tres años no quede desactualizada conceptualmente, seguimos hablando de lo mismo hace una década. Cuatro mandatos presidenciales, la misma cantidad de provinciales, un promedio de 10kms por gestión, 2,5kms por año; ¿Cuánto nos habrá salido cada kilómetro?.

Así alcanzamos la disrupción parental del político y la masa que lo elige, si el funcionario quisiera representar a su pueblo no se brindaría a estos actos de inauguraciones parciales de obras congeladas en el tiempo que le dan la espalda al pueblo y son sinónimo de corrupción lisa y llana, sin embargo deciden sonreír, postear y así justificar, lo que todos detestamos.

DATOS DE ACCIDENTES FATALES EN RN
  • En 2020 115 muertos en Rio Negro duplicando a cualquier provincia patagónica.
  • En 2019 151 muertos doblega a las demás provincias menos a Neuquén  con 104. Ambos años ven reducidos sus números debido a las restricciones de pandemia donde las rutas estuvieron semi vacías.
  • Durante 2018 152 pérdidas y en 2017 con 98 muertes por accidentes de tránsito Rio Negro no es punta de lanza en la Patagonia y se encuentra por debajo de Neuquén y Chubut que superan la media de 100.
  • En 2015 se mantiene por debajo de la centena y registra otra vez 98 víctimas fatales, en 2014 105 solo por debajo de Neuquén en la Patagonia.
  • Si seguimos hacia atrás la tendencia va en alza, 2013 (119), 2012 (127), 2011 (126), 2010 (159) 2009 (167) 2008 (122).
  • Estos datos corresponden a estadísticas de la asociación civil Luchemos por la Vida.

Es válido recalcar que las estadísticas compartidas corresponden a accidentes fatales en toda la provincia, datos No oficiales marcan que en promedio (tomando un  lapso del último lustro) en el tramo de la RN22 de Chichinales a Cipolletti tiene 3 accidentes fatales por mes, entre 30 y 40 por año. Por lo que podemos deducir que se lleva aproximadamente el 30% del total de muertes por siniestros viales de la provincia.

Más datos. Durante la primera mitad de 2019 hubo 42 accidentes graves, de los cuales el 40% provocó la muerte de personas de entre los 18 meses y 81 años. Enel año 2017 hubo 364 accidentes en la ruta 22 (uno por día) y con 38 víctimas fatales, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En el año 2018 hubo 103 víctimas fatales en Río Negro y Neuquén y la ruta nacional 22 encabeza la lista respecto a los sitios en donde se produjeron los hechos viales relevados.

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    Cinco mil millones bajo sospecha: la fundación de Agustín Laje que ahora debe rendir cuentas

     

    La Fundación Faro, uno de los principales usinas ideológicas del mileísmo y conducida políticamente por Agustín Laje, quedó en el centro de una inesperada tormenta. La Inspección General de Justicia (IGJ) la intimó para que explique el origen de casi $5.000 millones recibidos durante 2024, identifique a sus aportantes y aclare una serie de inconsistencias contables que ponen bajo la lupa el financiamiento de la llamada “batalla cultural” libertaria.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La noticia cayó como una bomba en los círculos libertarios. La IGJ otorgó un plazo de diez días hábiles para que la Fundación Faro entregue información detallada sobre quienes realizaron los aportes que permitieron a la entidad declarar ingresos cercanos a los $4.957 millones durante 2024. Según la documentación observada por el organismo, los balances fueron presentados con retraso, sin identificar a los donantes y con diversos puntos que requieren aclaración.

    No se trata de una organización cualquiera. Faro se convirtió en los últimos dos años en la principal plataforma de difusión ideológica del oficialismo, impulsando actividades, encuentros empresariales y campañas de comunicación alineadas con el proyecto político de Milei. La fundación tiene a Agustín Laje como figura emblemática y mantiene estrechos vínculos con sectores del gobierno nacional.

    De una pequeña fundación a una maquinaria multimillonaria

    Uno de los aspectos que más llamó la atención de los organismos de control es la velocidad del crecimiento patrimonial. Hasta 2023 la entidad se llamaba Fundación Valorar y declaraba un patrimonio cercano a los $12 millones. Tras el cambio de autoridades y su transformación en Fundación Faro, el patrimonio informado superó los $4.300 millones y los ingresos rozaron los $5.000 millones.

    Los números son impactantes incluso para los estándares de las organizaciones vinculadas a la política. La evolución representa un incremento patrimonial superior a las 350 veces en apenas un ejercicio contable. Esa expansión es precisamente uno de los elementos que motivaron el interés de la IGJ, que ahora exige conocer quiénes financiaron semejante crecimiento.

    La intimación también apunta a préstamos sin explicación suficiente, libros contables sin actualizar y la ausencia de información que permita identificar con precisión el origen de los fondos declarados. Según trascendió, el organismo considera indispensable determinar quiénes realizaron las contribuciones más importantes y bajo qué modalidad se efectuaron.

    Una interna libertaria que asoma detrás del expediente

    La investigación administrativa también alimentó especulaciones sobre las tensiones internas que atraviesan al oficialismo. Distintos análisis periodísticos señalaron que la avanzada de la IGJ ocurre en medio de la creciente disputa entre los sectores alineados con Karina Milei y el espacio que responde políticamente a Santiago Caputo, uno de los dirigentes más influyentes del entorno presidencial.

    La particularidad del caso es que Faro fue presentada desde su nacimiento como la herramienta destinada a sostener la denominada «batalla cultural» libertaria. El propio Milei participó de actos y actividades de la fundación, respaldando públicamente su papel dentro de la construcción política oficialista.

    Ahora, sin embargo, la discusión ya no gira alrededor de las ideas sino del dinero. La pregunta que busca responder la IGJ es simple y al mismo tiempo explosiva: ¿quiénes aportaron los casi $5.000 millones que permitieron el despegue de la organización?

    La respuesta podría convertirse en un problema político de magnitud para un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y cuestionando los mecanismos de financiamiento que durante años criticó en otras fuerzas políticas. Mientras tanto, la Fundación Faro enfrenta el desafío de justificar el origen de recursos multimillonarios que hasta hoy permanecen envueltos en un manto de opacidad.

     

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