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RUTA 22 22: AVALANDO ANDO (parte II)

Más de diez años de obra, menos de la mitad de los 100 kilómetros anunciados hace más de quince años. Cuatro mandatos presidenciales, 10 kms por gestión. No hay nada que celebrar.

En el día de ayer se llevó a cabo la inauguración de la habilitación de los puentes que faltaban entre Godoy y Cervantes y ahora habrá cuatro carriles en dos tercios del tramo Fernández Oro-Cipolletti. En este acto, el presidente Alberto Fernandez salió desde la localidad bonaerense de Quilmes con conexión mediante videoconferencia con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. Del Presidente para abajo, sin diferencia de partidos, tanto oficialistas como opositores sonrieron para la foto avalando la desidia estatal. Más de una década de obra, menos de la mitad del total de kilómetros realizados, cuatro mandatos presidenciales.

En el acto, el mandatario afirmó que cuando llegó al Gobierno «estaban paralizadas el 70 por ciento de las obras en todo el país por incumplimientos con muchos constructores que tenían que llevar adelante esas obras». Podemos agregar desde el Valle y sobre nuestra ruta que esta obra está semiparalizada desde que inició, con el solo hecho de decir que comenzó en 2008 y el primer tramo se inauguró hace exactamente 10 años alcanza. La polarización política existe en la sociedad, pero la misma política se une en sus extremos más decadentes.

Como en un espiral, vemos repetir la historia, y no queremos ser simples aduladores. En un acto en el que hubo teleconferencia como ayer, en junio del 2011 (sí, una década atrás) se realizó la inauguración oficial del primer tramo de la autovía de la Ruta 22, que comprende el sector entre Chichinales y Godoy, ayer uno de los pasos elevadizos celebrados también está en  Godoy. Aquel acto se realizó en nuestra ciudad, en las instalaciones del cine teatro del Club Círculo Italiano y también se realizó el contacto con Buenos Aires para tener las palabras de la ex presidente Cristina Fernández, un dejavú (¿). La obra que se había comenzado a construir tres años atrás.

La ampliación anunciada hace más de 15 años está llegando recién a la mitad de los 100 kilómetros totales que tiene el trayecto. Si entendemos la política que nos atraviesa es lógico que un editorial como Ruta 22 22 escrita hace tres años no quede desactualizada conceptualmente, seguimos hablando de lo mismo hace una década. Cuatro mandatos presidenciales, la misma cantidad de provinciales, un promedio de 10kms por gestión, 2,5kms por año; ¿Cuánto nos habrá salido cada kilómetro?.

Así alcanzamos la disrupción parental del político y la masa que lo elige, si el funcionario quisiera representar a su pueblo no se brindaría a estos actos de inauguraciones parciales de obras congeladas en el tiempo que le dan la espalda al pueblo y son sinónimo de corrupción lisa y llana, sin embargo deciden sonreír, postear y así justificar, lo que todos detestamos.

DATOS DE ACCIDENTES FATALES EN RN
  • En 2020 115 muertos en Rio Negro duplicando a cualquier provincia patagónica.
  • En 2019 151 muertos doblega a las demás provincias menos a Neuquén  con 104. Ambos años ven reducidos sus números debido a las restricciones de pandemia donde las rutas estuvieron semi vacías.
  • Durante 2018 152 pérdidas y en 2017 con 98 muertes por accidentes de tránsito Rio Negro no es punta de lanza en la Patagonia y se encuentra por debajo de Neuquén y Chubut que superan la media de 100.
  • En 2015 se mantiene por debajo de la centena y registra otra vez 98 víctimas fatales, en 2014 105 solo por debajo de Neuquén en la Patagonia.
  • Si seguimos hacia atrás la tendencia va en alza, 2013 (119), 2012 (127), 2011 (126), 2010 (159) 2009 (167) 2008 (122).
  • Estos datos corresponden a estadísticas de la asociación civil Luchemos por la Vida.

Es válido recalcar que las estadísticas compartidas corresponden a accidentes fatales en toda la provincia, datos No oficiales marcan que en promedio (tomando un  lapso del último lustro) en el tramo de la RN22 de Chichinales a Cipolletti tiene 3 accidentes fatales por mes, entre 30 y 40 por año. Por lo que podemos deducir que se lleva aproximadamente el 30% del total de muertes por siniestros viales de la provincia.

Más datos. Durante la primera mitad de 2019 hubo 42 accidentes graves, de los cuales el 40% provocó la muerte de personas de entre los 18 meses y 81 años. Enel año 2017 hubo 364 accidentes en la ruta 22 (uno por día) y con 38 víctimas fatales, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En el año 2018 hubo 103 víctimas fatales en Río Negro y Neuquén y la ruta nacional 22 encabeza la lista respecto a los sitios en donde se produjeron los hechos viales relevados.

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  • Condenan a 12 años por narcotráfico a un ex asesor de Etchevehere

     

    La Justicia Federal de Paraná condenó al productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, a doce años de prisión por financiar actividades de tráfico de narcotráfico, desarrolladas principalmente desde Entre Ríos a Santa Fe. La investigación determinó que el productor mantenía una cobertura policial que le permitía ingresar cocaína a Rosario entre 2019 y 2022, tiempos en que estallaba la violencia ligada a esos negocios en la ciudad, donde fue detenido por primera vez.

    Esta condena de un dirigente de una entidad de la producción vuelve a poner el foco en la penetración del narcotráfico en Entre Ríos. El ex intendente de Paraná Sergio Varisco, fallecido en 2021, fue condenado a seis años de prisión por participación en comercio de drogas agravada, tras haber recibido aportes de campaña en 2015 de figuras del mundo narco. Cuando sentenciaron a Varisco el que recibió mayor pena fue Daniel «Tavi» Celis, considerado jefe de la organización delictiva. Quien también tuvo lazos y competencia con el dirigente de la Sociedad Rural sentenciado este jueves.

    Leonardo Airaldi tiene 41 años, tuvo notoriedad como dirigente ruralista en el este de Entre Ríos y en su momento se desempeñó como asesor de Luis Etchevehere, el ex titular de la Sociedad Rural que fue ministro de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri. Airaldi siguió todo el juicio que terminó ayer en las audiencias conectado por vía remota desde la cárcel de Ezeiza.

    Está en esa prisión desde febrero pasado tras descubrirse, por datos aportados por Daniel Célis, su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general José Ignacio Candioti que lo investigaba y el ministro de Seguridad de Entre Ríos y ex jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia. Cuando se detectó el plan Airaldi estaba preso en la cárcel de Gualeguaychú. Los investigadores supieron que dos sicarios uruguayos habrían cobrado 40 mil dólares para concretar el atentado coordinado por la banda de Airaldi.

    La investigación fiscal demostró que controlaba puestos camineros con sobornos por donde pasaba la droga que transportaban sus vehículos. El fiscal Candioti demostró ante el Tribunal Federal Oral de Paraná que Airaldi dirigía una organización dedicada al narcotráfico que operó entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en Entre Ríos. Parte de las actividades se desarrollaban desde campos vinculados al productor, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina para la llegada de avionetas con cocaína. Desde ahí partían embarcaciones destinadas a la distribución de los estupefacientes.

    La fiscalía había requerido el decomiso de su estancia «El Mirador» por considerar que había sido utilizada como instrumento para la comisión de los delitos. Sin embargo, el tribunal rechazó ese pedido. Los fiscales señalaban que la extensión de ese campo, su ubicación estratégica sobre la costa del río -que permitía enlazar distintos centros poblacionales- y las dificultades de acceso al lugar por la cantidad de islas que comprendía facilitaba las maniobras de tráfico.

    La caída en Rosario

    Airaldi fue detenido por primera vez en la madrugada del 23 de julio de 2022 en el barrio Ludueña de Rosario, sobre una Volkswagen Amarok en la que iban dos hombres y dos mujeres. En la requisa encontraron dos pistolas 9 milímetros, once cargadores y 196 municiones de tres calibres distintos. Además hallaron 360 dólares, 151.960 pesos, una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína. Uno de los que viajaba en la Amarok era Airaldi. Al ser acusado esa vez por el fiscal de Rosario Iván Enriquez dijo ser policía y que actuaba como «encubierto». Quedó entonces preso en la cárcel de Piñero, a 15 kilómetros de Rosario, donde conoció a referentes del criminales de la ciudad.

    Un mes más tarde Airaldi quedó por casualidad conectado a otra investigación, ahora por drogas. Fue el 10 de agosto de 2022 cuando una mujer denunció por amenazas y violencia de género a un puestero de Puerto Gaboto, un pueblo situado frente a Diamante cruzando el río Paraná. Cuando los policías fueron a detener al puestero a su casa en esa zona de islas, que son propiedad de Airaldi, se encontraron con un embalaje de 29,5 kilos de cocaína de alta pureza debajo de una cama. El puestero que trabajaba para Airaldi, Diego «Pete» Torres, continúa prófugo.

    Airaldi escuchó el veredicto por zoom.

    Los paquetes tenían etiquetas que decían Qatar -sede del Mundial 2022 que se comenzaría a jugar meses después- y Emiratos Árabes. Se encontraron indicios de que esa droga se remitiría a esos países a través de la vía navegable troncal del río Paraná. Un fiscal federal de Santa Fe inició una causa que se terminó acumulando en Entre Ríos ya que Airaldi tenía ya una causa por narcotráfico.

    «Una de las particularidades que presenta esta organización, es que Airaldi mantenía contactos y vínculos de extrema confianza con distintos funcionarios policiales que le permitían ingresar el estupefaciente por el puesto Caminero Túnel, puente Rosario Victoria y cruce Diamante, lo que optimizaba el funcionamiento de esta organización y les permitía mantener un flujo de distribución constante, sin necesidad de almacenar grandes cantidades de estupefacientes y, con ello, reducir el riesgo en caso de ser interceptados», precisó el texto donde el dirigente ruralista fue procesado en 2024.

    Un testimonio que hundió a Airaldi fue la de la ex policía María Soledad Touzet, que dejó la fuerza para trabajar con el ex dirigente ruralista. «Antes de que él cayera preso en Rosario, en 2022, tres o cuatro meses antes, él cambió. Empezó a tener actitudes raras, se volvió agresivo», dijo en el juicio, donde le atribuyó a su ex jefe amenazas de muerte reiteradas.

    «Manejó la vida de nosotros como quiso cuando estaba en el penal de Rosario. Nos llamaba tres o cuatro veces desde teléfonos truchos. Nos daba órdenes», le reveló al tribunal al ser citada. Dijo que Airaldi le ordenó que averiguara precios de combustible para avionetas que, reveló, no eran para ser utilizadas en tareas agropecuarias. Antes de terminar ese testimonio dijo tener miedo e imploró a los jueces: «No suelten a ese animal».

    En sus últimas palabras Airaldi se declaró inocente y dijo que su única relación con drogas era como eventual consumidor y nunca como traficante.

    El fallo fue dado a conocer por la presidenta del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Marta Berros, que presidió el juicio y actuó junto a la jueza Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.

     

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    Las escobas que salieron a la calle: cuando los inquilinos de Buenos Aires hicieron temblar a los dueños de los conventillos

     

    En 1907, miles de inquilinos de Buenos Aires protagonizaron la Huelga de las Escobas contra los alquileres abusivos y las pésimas condiciones de los conventillos.

    Por Alcides Blanco para NLI

    A comienzos del siglo XX, Buenos Aires era presentada como la gran ciudad de un país destinado a convertirse en potencia agroexportadora, con una economía que crecía al ritmo de las exportaciones y una población que aumentaba aceleradamente por la llegada de inmigrantes. Pero detrás de aquella imagen de progreso que las elites exhibían como prueba del éxito del modelo había otra ciudad, mucho menos elegante y bastante más difícil de mostrar en las postales: la de los conventillos, las habitaciones minúsculas, los patios compartidos por decenas de familias, las condiciones sanitarias deficientes y unos alquileres que consumían una parte cada vez mayor de los ingresos de trabajadores que no tenían ninguna posibilidad real de acceder a una vivienda propia. En ese escenario, durante 1907, una protesta que comenzó en unos pocos inquilinatos terminó convirtiéndose en uno de los grandes conflictos sociales de la Argentina de comienzos del siglo XX: la huelga de inquilinos, conocida popularmente como la Huelga de las Escobas, porque fueron principalmente las mujeres quienes utilizaron esos elementos domésticos para enfrentar simbólicamente a quienes llegaban a los conventillos con órdenes de desalojo.

    Cuando la vivienda dejó de ser solamente un problema privado

    El conventillo no era simplemente una vivienda incómoda, sino una consecuencia concreta de la transformación económica y demográfica de Buenos Aires. La expansión del modelo agroexportador había generado una enorme concentración de población en la ciudad, mientras la construcción de viviendas no acompañaba en la misma proporción ese crecimiento. El resultado fue un mercado inmobiliario en el que miles de familias dependían del alquiler de una habitación dentro de grandes casas subdivididas, muchas veces antiguas residencias transformadas en inquilinatos, donde las condiciones de vida podían ser extremadamente precarias. El propio Departamento Nacional del Trabajo, al estudiar el problema después del conflicto, registró tanto el incremento de los alquileres como las deficiencias higiénicas y señaló que en numerosos conventillos la búsqueda de rentabilidad había relegado cuestiones elementales como la luz y el aire.

    La cuestión, por lo tanto, no era únicamente cuánto costaba alquilar, sino qué podía exigir un propietario a cambio de ese dinero y qué margen de defensa tenía quien dependía del alquiler para conservar un techo. Los reclamos de los huelguistas fueron bastante precisos: pedían una rebaja del 30% de los alquileres, la eliminación de garantías adicionales, protección frente a los desalojos y mejoras en las condiciones higiénicas de las viviendas. No se trataba de una protesta abstracta contra la propiedad privada, sino de una disputa concreta sobre las condiciones de acceso a un bien indispensable, en una ciudad donde el crecimiento económico convivía con una profunda desigualdad en las condiciones materiales de vida.

    La protesta comenzó a organizarse en los conventillos de barrios populares como La Boca y Barracas, aunque el conflicto rápidamente superó esos límites. El Gobierno de la Ciudad señala que a fines de agosto de 1907 los habitantes del conventillo conocido como “Los Cuatro Diques”, ubicado en Ituzaingó 279 al 325, se declararon en huelga y presentaron sus reivindicaciones, mientras que el 13 de septiembre el Comité Central de la Liga de Lucha contra los Altos Alquileres e Impuestos realizó el llamado a una huelga general de inquilinos que se extendió por numerosos inquilinatos porteños y alcanzó también a otras ciudades.

    Las mujeres y una forma inesperada de hacer política

    Uno de los aspectos más interesantes de aquella huelga es que permite observar cómo la política podía surgir de espacios que las instituciones de la época consideraban ajenos a ella. Las mujeres de los conventillos tenían una participación decisiva en la administración cotidiana de hogares sometidos a condiciones de hacinamiento, falta de higiene y dificultades económicas, por lo que el aumento del alquiler no era para ellas una discusión distante sobre contratos: significaba decidir qué podía comerse, qué podía dejar de comprarse, cuánto podía durar una familia en una determinada habitación y hasta dónde podía resistirse antes de quedar en la calle.

    Por eso las mujeres ocuparon un lugar central en las protestas y en la resistencia a los desalojos. El Archivo General de la Nación conserva fotografías que muestran aquella dimensión colectiva del conflicto y que permiten observar algo que muchas veces desaparece cuando la historia social se reduce a nombres de dirigentes y organizaciones: familias enteras participando de una disputa por el derecho a permanecer en su vivienda. En algunas de esas imágenes aparecen mujeres organizadas en los conventillos y en las calles, convirtiendo objetos cotidianos en herramientas de resistencia. De allí nació la denominación de “Huelga de las Escobas”, una expresión que terminó convirtiéndose en la imagen más recordada de aquel movimiento.

    La presencia femenina también permite comprender por qué el conflicto tuvo una dimensión que excedía la relación contractual entre propietario e inquilino. La defensa del conventillo era, simultáneamente, la defensa de una comunidad, porque allí no vivía una persona aislada sino familias que compartían patios, pasillos, baños, cocinas y redes de solidaridad. Cuando llegaba una orden de desalojo, el problema afectaba a todo ese entramado. Las escobas, entonces, fueron mucho más que un símbolo pintoresco: representaron la entrada de las mujeres y de la vida cotidiana en el espacio público de la protesta, en una sociedad que todavía reservaba a los varones buena parte de las formas reconocidas de participación política.

    Una ciudad que descubría que el alquiler también era una cuestión social

    La huelga puso en evidencia una contradicción que atravesaría buena parte de la historia argentina: un país podía experimentar crecimiento económico y, al mismo tiempo, producir condiciones de vida profundamente desiguales para quienes sostenían ese crecimiento con su trabajo. El conflicto también mostró que los problemas habitacionales no podían ser reducidos a decisiones individuales, porque cuando una ciudad crecía más rápido que su capacidad de ofrecer viviendas adecuadas, el precio del techo terminaba convirtiéndose en un problema colectivo.

    La reacción de las autoridades fue, en muchos casos, represiva. Los desalojos fueron ejecutados con presencia policial y quedaron registrados en fotografías conservadas por el Archivo General de la Nación y por el Archivo Nacional de la Memoria, donde pueden verse efectivos policiales interviniendo en conventillos y familias expulsadas de sus viviendas. La documentación histórica permite reconstruir así una escena en la que la discusión sobre el precio del alquiler terminó enfrentando a familias trabajadoras con propietarios y fuerzas del Estado.

    Sin embargo, reducir aquella experiencia a una derrota sería desconocer su importancia histórica. La huelga contribuyó a instalar la cuestión de la vivienda dentro de la agenda de los conflictos sociales urbanos y mostró que los inquilinos podían organizarse colectivamente frente a condiciones que hasta entonces parecían formar parte del paisaje inevitable de la ciudad. El propio Departamento Nacional del Trabajo terminó estudiando las condiciones de los conventillos y dejó documentada la relación entre el aumento de los alquileres, el crecimiento demográfico y las deficiencias habitacionales.

    Más de un siglo después, aquellas fotografías de mujeres levantando escobas en los patios de los conventillos conservan una potencia que excede ampliamente la anécdota. No muestran solamente a un grupo de habitantes enfrentándose a un aumento de alquileres en 1907: muestran el momento en que la vivienda dejó de ser entendida únicamente como un asunto privado y comenzó a ser reconocida como un problema social, atravesado por el salario, la especulación, la urbanización, la desigualdad y la capacidad de organización popular. En aquella Buenos Aires que se enorgullecía de su modernización, fueron precisamente quienes vivían en las habitaciones más pequeñas los que obligaron a mirar la cara menos celebrada del progreso. Y quizá por eso la imagen de aquellas escobas sigue siendo tan poderosa: porque recuerda que, mucho antes de que existieran las categorías contemporáneas para discutir el derecho a la vivienda, hubo trabajadores y, sobre todo, mujeres trabajadoras que comprendieron que un techo podía convertirse en una cuestión política cuando el precio para conservarlo comenzaba a ser incompatible con la propia vida.

     

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  • Libra: USD 5 millones que Hayden Davies mandó a la Argentina pasaron por una cueva que usaban para pagarle a Milei

     

    Los cinco millones de dólares que Hayden Davis transfirió a la Argentina antes del lanzamiento de Libra terminaron en una cueva que Mauricio Novelli utilizaba para pagarle a Javier y Karina Milei.

    Davis mandó más de cinco millones de dólares a dos cuentas virtuales entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025. La primera transferencia ocurrió horas después de reunirse con Javier Milei en Casa Rosada.

    Orlando Mellino, un jubilado, recibió US$1.015.000 de dólares, y el trader colombiano Camilo Rodríguez Blanco cerca de US$4.000.000. El monto total de las transferencias coincide con la cifra de un contrato hallado en el celular de Novelli.

    Según publicó La Nación, los más de cinco millones pasaron por una cueva de Vicente López donde un hijo de Mellino era socio y el trader colombiano, empleado. El destino final de la plata de desconoce, pero hay indicios.

    Pacto de impunidad: tras la renuncia de Adorni, corren a los querellantes de la causa Libra

    Al día siguiente de la segunda transferencia, Mauricio Novelli fue junto a su madre y su hermana a una sucursal del Banco de Galicia en Vicente López y entró con bolsos negros al espacio en donde hay cajas de seguridad. Tras el escándalo, circularon imágenes de la madre y la hermana de Novelli haciendo el camino inverso.

    Las transferencias de Davies terminaron en una cueva que Novelli conocía bien. Realizaba operaciones con frecuencia, en general para retirar dólares en efectivo.

    En junio de 2023, cuando Milei ya estaba lanzado a competir por la presidencia, Novelli le pidió a su asistente apartar 2000 dólares «para la secretaria de Milei».

    En un audio obtenido del celular de Novelli, el trader le indica a su asistente «coordinalo ahí con Camilo». Se refiere a varios pagos, entre ellos los del presidente, uno de los maestros de N&W Profesional Traders.

    Más allá de las sospechas y los indicios, la causa por la estafa de Libra podría quedar paralizada. El juez Martínez De Giorgi apartó a todos los querellantes que representaban a damnificados y la investigación ahora tendrá únicamente el impulso del fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado demasiado interés en avanzar. Semanas atrás, la esposa del magistrado fue confirmada por Milei como jueza federal.

     

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