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RUTA 22 22: AVALANDO ANDO (parte II)

Más de diez años de obra, menos de la mitad de los 100 kilómetros anunciados hace más de quince años. Cuatro mandatos presidenciales, 10 kms por gestión. No hay nada que celebrar.

En el día de ayer se llevó a cabo la inauguración de la habilitación de los puentes que faltaban entre Godoy y Cervantes y ahora habrá cuatro carriles en dos tercios del tramo Fernández Oro-Cipolletti. En este acto, el presidente Alberto Fernandez salió desde la localidad bonaerense de Quilmes con conexión mediante videoconferencia con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro. Del Presidente para abajo, sin diferencia de partidos, tanto oficialistas como opositores sonrieron para la foto avalando la desidia estatal. Más de una década de obra, menos de la mitad del total de kilómetros realizados, cuatro mandatos presidenciales.

En el acto, el mandatario afirmó que cuando llegó al Gobierno «estaban paralizadas el 70 por ciento de las obras en todo el país por incumplimientos con muchos constructores que tenían que llevar adelante esas obras». Podemos agregar desde el Valle y sobre nuestra ruta que esta obra está semiparalizada desde que inició, con el solo hecho de decir que comenzó en 2008 y el primer tramo se inauguró hace exactamente 10 años alcanza. La polarización política existe en la sociedad, pero la misma política se une en sus extremos más decadentes.

Como en un espiral, vemos repetir la historia, y no queremos ser simples aduladores. En un acto en el que hubo teleconferencia como ayer, en junio del 2011 (sí, una década atrás) se realizó la inauguración oficial del primer tramo de la autovía de la Ruta 22, que comprende el sector entre Chichinales y Godoy, ayer uno de los pasos elevadizos celebrados también está en  Godoy. Aquel acto se realizó en nuestra ciudad, en las instalaciones del cine teatro del Club Círculo Italiano y también se realizó el contacto con Buenos Aires para tener las palabras de la ex presidente Cristina Fernández, un dejavú (¿). La obra que se había comenzado a construir tres años atrás.

La ampliación anunciada hace más de 15 años está llegando recién a la mitad de los 100 kilómetros totales que tiene el trayecto. Si entendemos la política que nos atraviesa es lógico que un editorial como Ruta 22 22 escrita hace tres años no quede desactualizada conceptualmente, seguimos hablando de lo mismo hace una década. Cuatro mandatos presidenciales, la misma cantidad de provinciales, un promedio de 10kms por gestión, 2,5kms por año; ¿Cuánto nos habrá salido cada kilómetro?.

Así alcanzamos la disrupción parental del político y la masa que lo elige, si el funcionario quisiera representar a su pueblo no se brindaría a estos actos de inauguraciones parciales de obras congeladas en el tiempo que le dan la espalda al pueblo y son sinónimo de corrupción lisa y llana, sin embargo deciden sonreír, postear y así justificar, lo que todos detestamos.

DATOS DE ACCIDENTES FATALES EN RN
  • En 2020 115 muertos en Rio Negro duplicando a cualquier provincia patagónica.
  • En 2019 151 muertos doblega a las demás provincias menos a Neuquén  con 104. Ambos años ven reducidos sus números debido a las restricciones de pandemia donde las rutas estuvieron semi vacías.
  • Durante 2018 152 pérdidas y en 2017 con 98 muertes por accidentes de tránsito Rio Negro no es punta de lanza en la Patagonia y se encuentra por debajo de Neuquén y Chubut que superan la media de 100.
  • En 2015 se mantiene por debajo de la centena y registra otra vez 98 víctimas fatales, en 2014 105 solo por debajo de Neuquén en la Patagonia.
  • Si seguimos hacia atrás la tendencia va en alza, 2013 (119), 2012 (127), 2011 (126), 2010 (159) 2009 (167) 2008 (122).
  • Estos datos corresponden a estadísticas de la asociación civil Luchemos por la Vida.

Es válido recalcar que las estadísticas compartidas corresponden a accidentes fatales en toda la provincia, datos No oficiales marcan que en promedio (tomando un  lapso del último lustro) en el tramo de la RN22 de Chichinales a Cipolletti tiene 3 accidentes fatales por mes, entre 30 y 40 por año. Por lo que podemos deducir que se lleva aproximadamente el 30% del total de muertes por siniestros viales de la provincia.

Más datos. Durante la primera mitad de 2019 hubo 42 accidentes graves, de los cuales el 40% provocó la muerte de personas de entre los 18 meses y 81 años. Enel año 2017 hubo 364 accidentes en la ruta 22 (uno por día) y con 38 víctimas fatales, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En el año 2018 hubo 103 víctimas fatales en Río Negro y Neuquén y la ruta nacional 22 encabeza la lista respecto a los sitios en donde se produjeron los hechos viales relevados.

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    BANCO NACIÓN: 1120 créditos hipotecarios para funcionarios de Milei, ajuste para el resto

     

    Mientras millones de argentinos quedaron afuera del crédito, atrapados entre salarios pulverizados, alquileres impagables y tasas imposibles, el Banco Nación otorgó al menos 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra surge de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre el poder político libertario y los recursos de la banca estatal.

    Por Roque Pérez para NLI

    La revelación expone una dimensión mucho más amplia que los casos individuales que habían comenzado a trascender durante los últimos meses. Hasta ahora, el debate público se concentraba en algunos nombres puntuales de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que habían accedido a préstamos multimillonarios. Sin embargo, los datos difundidos muestran que no se trató de episodios aislados sino de una política que alcanzó a más de un millar de personas incluidas dentro de las categorías de control especial definidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

    Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron para personas consideradas políticamente expuestas. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada 23 préstamos terminó en manos de integrantes de la estructura política o de personas alcanzadas por ese régimen especial de control financiero.

    Una modificación que despertó sospechas

    La controversia adquirió una dimensión aún mayor cuando trascendió que durante la gestión libertaria se modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares». Según la documentación citada en la investigación periodística, en septiembre de 2024 se incorporó explícitamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» dentro de los potenciales beneficiarios de la operatoria.

    Ese cambio se produjo en medio de un contexto donde Milei sostenía un discurso centrado en el ajuste, la reducción del gasto público y la supuesta eliminación de privilegios de la denominada «casta». Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo entre los beneficiarios de créditos de enorme magnitud comenzó a generar un fuerte ruido político.

    La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

    Los nombres que complican al relato libertario

    Los casos que se conocieron durante los últimos meses resultan difíciles de conciliar con la narrativa oficial contra los privilegios estatales. Entre ellos aparecen funcionarios de primera línea vinculados directamente al equipo económico.

    Según la información difundida, el director del Banco Central Pedro Juan Inchauspe obtuvo un crédito por alrededor de $510 millones. También figura Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de $373 millones, mientras que el secretario de Finanzas Federico Furiase recibió otro por $367 millones. A ellos se sumó Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien accedió a un crédito por $420 millones.

    La lista alimentó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hicieron funcionarios con salarios públicos para acceder a operaciones de semejante magnitud mientras gran parte de la población enfrenta enormes dificultades para calificar siquiera para un crédito hipotecario tradicional?

    El oficialismo intentó relativizar la polémica argumentando que los préstamos cuestionados representaban una porción mínima del total otorgado por el Banco Nación. Sin embargo, la nueva información conocida modifica sustancialmente la escala del fenómeno. Ya no se trata de unos pocos nombres que aparecieron en redes sociales o bases de datos públicas: se trata de más de mil beneficiarios incluidos dentro de una categoría financiera especialmente monitoreada por el propio sistema bancario.

    El choque entre discurso y realidad

    La contradicción política aparece con claridad. Mientras Milei exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores medios, la principal entidad financiera pública del país terminó financiando a una cantidad significativa de integrantes de la estructura política bajo condiciones que hoy resultan inaccesibles para buena parte de la sociedad.

    La investigación judicial deberá determinar si existieron delitos o irregularidades administrativas. Pero aun si cada operación hubiese cumplido formalmente con todos los requisitos, el problema político permanece intacto: el relato de la lucha contra los privilegios empieza a mostrar grietas cuando quienes acceden a créditos millonarios aparecen vinculados a los mismos sectores que administran el Estado.

    Y es justamente ahí donde el caso deja de ser una discusión bancaria para convertirse en una discusión de poder. Porque mientras el Gobierno repite que «no hay plata», los números revelan que sí hubo recursos disponibles para cientos de personas que forman parte del universo político que Milei prometió combatir cuando llegó a la Casa Rosada.

     

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