Rucci asumió un nuevo período en Petroleros y alertó sobre la defensa de derechos

Denuncian al padre por “abandono de persona” tras el ingreso en grave estado de un joven con retraso madurativo en Cipolletti.

Un adolescente se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Pedro Moguillansky: está en coma, intubado y con múltiples escoriaciones en el cuerpo, y su vida corre peligro. Su madre presentó una denuncia judicial por “abandono de persona” contra el padre y la pareja. La causa está en manos del Ministerio Público Fiscal, que aguardará los peritajes y el informe de salud para definir los pasos procesales siguientes.

Según la denuncia y las primeras actuaciones, el menor —identificado como Diego M., con retraso madurativo— habría permanecido en condiciones de abandono y maltrato en la vivienda familiar: la madre afirma en un descargo publico, que estuvo “encerrado en un gallinero, sin agua, sin comida, sin ropa” y con quemaduras por agua caliente y grasa. Ante esas alegaciones, la Fiscalía solicitó un informe médico completo, un relevamiento del domicilio y la remisión de actuaciones del fuero de Familia para integrar la investigación.

La Policía y la Fiscalía realizaron un procedimiento para constatar las condiciones de la vivienda y se secuenciaron medidas urgentes en el plano judicial y sanitario. Por el momento, los cinco pasos procesales están en curso: recolección de pruebas médicas, inspección domiciliaria, toma de testimonios, coordinación con el fuero de Familia y evaluación de imputaciones potenciales contra quienes estaban a cargo del cuidado del adolescente.

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La localidad de Picún Leufú vivió una mañana conmocionante tras el asesinato de Gustavo Amaro Villar Santos, un joven de 27 años oriundo de Paso Aguerre, que murió camino al hospital de Cutral Co luego de recibir un disparo a corta distancia.

Según relató su madre, Mary Villar, en redes sociales, su hijo había regresado del boliche y se preparaba para ir a trabajar. “Vino a buscar su moto y al salir del portón, una persona le disparó a quemarropa”, escribió la mujer, expresando el dolor de la familia ante el brutal ataque.

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana del sábado, cuando la Comisaría Novena recibió un llamado que alertaba sobre una pelea entre dos hombres en plena vía pública. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre tirado sobre la Avenida Maestro Sosa y, a pocos metros, a otro sujeto armado con un arma de fuego y un cuchillo, que fue demorado sin oponer resistencia.

La víctima murió durante el traslado

El joven herido fue trasladado de urgencia al hospital local y luego derivado a Cutral Co, pero murió en el trayecto. El comisario Cristian Velázquez confirmó que el deceso fue constatado por el médico de guardia. Por orden de la Fiscalía de Cutral Co, se realizó la autopsia en el Cuerpo Médico Forense, que determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una herida de bala en el abdomen.

El presunto autor del crimen, un hombre de 38 años oriundo del paraje Santo Tomás, presentaba lesiones graves en ambos brazos producto de machetazos recibidos durante la pelea. Fue sometido a una cirugía por fracturas en las extremidades y permanece internado con custodia policial en el hospital de Cutral Co.

Avance de la investigación

El comisario Velázquez informó que la Policía preservó una zona de aproximadamente 150 metros entre la casa de los padres de la víctima y el punto final del conflicto, sobre Avenida Maestro Sosa y calle Sarmiento. Allí se secuestraron varias armas: una escopeta recortada y un cuchillo pertenecientes al agresor, además de un machete encontrado junto al cuerpo de la víctima.

La Fiscalía de Cutral Co, encabezada por el fiscal jefe Gastón Leotard y el fiscal Matías Alonso, continúa tomando declaraciones a testigos presenciales para reconstruir la secuencia exacta del hecho y determinar si existía un conflicto previo entre ambos hombres.

Mientras tanto, los restos de Gustavo Amaro Villar Santos serán entregados a su familia para el sepelio en Paso Aguerre.

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Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.

Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

El texto fue publicado hoy por el CELS:

«Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, asumirá oficialmente como ministro del Interior del gobierno de Javier Milei, en reemplazo de Guillermo Francos. Con esta designación, Santilli se incorpora al Gabinete nacional con la responsabilidad de fortalecer el diálogo con las provincias y coordinar la relación política del Ejecutivo con los distintos distritos del país.

El acto de juramento se realizará este martes 11 de noviembre a las 15, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia del presidente Milei, funcionarios nacionales, dirigentes políticos y familiares del nuevo ministro.

Reuniones con gobernadores y agenda federal

En los días previos a su asunción, Santilli mantuvo reuniones con gobernadores como Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y adelantó que continuará los encuentros con los mandatarios de Córdoba, Salta y San Juan.

El dirigente aseguró que el diálogo con las provincias será el eje central de su gestión, aunque descartó un encuentro con Axel Kicillof, a quien cuestionó por mantener —según dijo— “un doble discurso” frente al gobierno nacional.

Luego del encuentro, Torres sostuvo “me reuní con el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, para seguir avanzando en el compromiso de eliminar las retenciones al petróleo en Chubut. Además, dialogamos sobre el Presupuesto 2026 y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias, objetivos centrales para lograr la previsibilidad y el desarrollo que nuestra provincia y el país necesitan”.

Además, el chubutense manifestó que “están convencidos” de que, en esta nueva etapa, el país tiene la oportunidad de “consolidar acuerdos a mediano y largo plazo” y, finalmente, avanzar en las “reformas estructurales necesarias para generar trabajo, atraer inversiones y construir un futuro mejor” para los argentinos.

Cruce con Axel Kicillof

Por otra parte, Santilli adelantó sobre el diálogo con las provincias “será lo que preponderé en mi gestión”. Sin embargo, afirmó que no se reunirá con el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, que gobierna “contrariamente” a las políticas que lleva adelante la gestión de Milei y después le solicita, mediante una carta pública, que dialoguen.

«Me aturde el doble discurso de Kicillof, no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia y Reiterancia, no adhirió a Ley Antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?«, indicó, días atrás, en una entrevista televisiva.

Por el momento, en el acto de juramento como nuevo ministro del Interior, se sabe que estarán presentes funcionarios del gobierno nacional y familiares y amigos Santilli. Además, está confirmada la asistencia del jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

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Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.

Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

La emisora Rock & Pop 95.9 presenta este domingo a partir de las 10 “Ranking Rock & Pop – Edición 40 años”, la cuenta regresiva de las 40 canciones más votadas por la audiencia, con Mario Pergolini como conductor invitado.

Rock & Pop celebra su aniversario número 40 con un gesto que toca fibras históricas: Mario Pergolini volverá a ponerse al frente del Ranking Rock & Pop en una edición especial que repasará las 40 canciones más votadas por los oyentes. El especial saldrá al aire en vivo por FM 95.9 y en streaming.

La emisora adelantó que será un programa de alto voltaje emocional, con anécdotas, recuerdos y la adrenalina de una cuenta regresiva que cruzará generaciones: de clásicos imperecederos a himnos más recientes, elegidos por el público. La presencia de Pergolini —figura clave en la historia de la radio y exconductor del Ranking y de ¿Cuál es?— subraya el carácter conmemorativo de la jornada por los 40 años de la marca.

“Edición 40 años” no será un simple repaso de hits: el especial buscará contar una historia a través de las canciones que marcaron a los oyentes y a la radio, con el tono inconfundible de Pergolini y el sello sonoro de Rock & Pop.

Cómo y cuándo escuchar

• Fecha y hora: domingo, 10 (hora de Argentina)
• Dónde: Rock & Pop 95.9 FM 
• Online: transmisión por el sitio web y plataformas oficiales de la radio

Por qué importa

El especial resume la relación de cuatro décadas entre Rock & Pop y su audiencia, recuperando la mística del Ranking con uno de sus conductores más emblemáticos. Para los oyentes históricos, es una cita con la memoria; para las nuevas generaciones, una puerta de entrada al ADN de la radio.

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