Dieron detalles de créditos internacionales para obras y turismo en Neuquén

 

La crisis sanitaria en Argentina ha dejado de ser una preocupación sectorial para convertirse en un problema estructural de magnitud nacional. Las señales de alarma son múltiples: desde la precarización laboral del personal de salud, la falta de insumos médicos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria, hasta episodios escandalosos como la distribución de fentanilo contaminado, que ha puesto en peligro la vida de decenas de pacientes. No se trata de emergencias aisladas, sino de los síntomas de un sistema en colapso. Por Lucio Le Moal, periodista y trabajador de la salud en HIGA San Martín de La Plata.

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Este panorama no es reciente ni accidental. Es el resultado de décadas de desfinanciamiento, fragmentación, decisiones erráticas y, sobre todo, de una ausencia sostenida de políticas de salud pública de largo plazo. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la salud son solo la punta del iceberg. A esto se suman la crisis de abastecimiento de medicamentos, las demoras crónicas en la atención y la saturación de servicios clave, como ocurre hoy en el Hospital Garrahan, ícono de la medicina pediátrica argentina.

Pero más allá del diagnóstico técnico, lo que subyace es un debate profundamente ideológico: ¿la salud debe ser garantizada por el Estado como un derecho humano, o gestionada por el mercado como un bien de consumo? Dos modelos están en pugna: el modelo estatal/nacional y el modelo liberal-mercantil.

El modelo estatal/nacional: salud como derecho y deber indelegable del Estado

Esta visión tiene raíces profundas en la historia sanitaria argentina. Su mayor exponente fue el Dr. Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la Nación, quien sostenía: «Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente al dolor que causa la injusticia social, los microbios como causa de enfermedad son pobres causas.»

Desde esta perspectiva, el Estado debe garantizar el acceso universal, equitativo y gratuito a la atención sanitaria. La planificación estratégica, la producción estatal de medicamentos, la inversión en infraestructura y la dignificación del trabajo profesional son pilares irrenunciables. Para este modelo, la salud no es un gasto, sino una inversión social.

El caso del fentanilo contaminado —que provocó graves infecciones e incluso muertes— expone las consecuencias de tercerizar controles y compras de insumos vitales bajo la lógica del ajuste. Las fallas en los procesos de esterilización, almacenamiento y distribución no solo revelan negligencia, sino que cuestionan la capacidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos cuando delega su rol rector en el mercado.

En este marco, la situación crítica del Hospital Garrahan —con renuncias masivas, falta de insumos, demoras en turnos y deterioro edilicio— es la expresión más visible de un modelo en crisis, pero también de lo que ocurre cuando se debilita la responsabilidad estatal.

Como afirmaba Carrillo: «El Estado no puede mirar para otro lado cuando la enfermedad afecta al pueblo. La medicina social no es una opción, es una obligación.»

El modelo liberal-mercantil: la salud como responsabilidad individual

En la vereda opuesta, el pensamiento libertario plantea que el Estado debe reducir su participación al mínimo, promoviendo la competencia entre prestadores privados como mecanismo para mejorar la calidad y reducir costos. Bajo este paradigma, el paciente se convierte en cliente, y la salud en un servicio a ser contratado según las posibilidades económicas de cada individuo.

Se proponen medidas como sistemas de vouchers sanitarios, seguros médicos privados de libre elección, desregulación de laboratorios y privatización progresiva de hospitales.

El caso del fentanilo contaminado, desde esta óptica, demuestra —según sus defensores— que el Estado es ineficiente y que los controles funcionarían mejor bajo lógicas empresariales.

Sin embargo, esta visión ignora un dato clave: el mercado excluye. Y lo hace sistemáticamente. Cuando la atención sanitaria se rige por la rentabilidad, los más pobres quedan afuera. Como decía Carrillo: “No puede haber política sanitaria sin justicia social.”

¿Un punto medio posible?

En un país donde todo debate se polariza, es necesario explorar modelos mixtos o híbridos, como los aplicados en los países nórdicos o en Holanda. Sistemas con financiamiento público, fuerte regulación estatal, pero también con capacidad de gestión eficiente y mecanismos de control social y transparencia.

El desafío argentino es construir un modelo de salud que combine equidad, eficiencia y sostenibilidad. Esto implica no solo mayor inversión, sino planificación estratégica, control efectivo de insumos, mejora de las condiciones laborales y fortalecimiento institucional.

Conclusión: la salud no es una mercancía. La salud no puede ser un campo de batalla ideológica. Pero sí debe ser una política de Estado. La vida de millones de argentinos depende de decisiones políticas que no pueden postergarse. El acceso a un sistema de salud seguro, humano y justo no debe depender del azar, del lugar donde se nace ni del ingreso que se percibe.

Como nos enseñó Carrillo, «Los problemas de la medicina como rama del Estado no se pueden resolver si no hay una política social orientada al bien común.» Hoy más que nunca, debemos retomar ese legado.

Porque en definitiva, la salud de una nación dice mucho más sobre su dignidad que cualquier indicador económico.

 

 

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), administrada actualmente por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), ingresó en la etapa de sumar inversores privados para su puesta en marcha. Así lo informó el gobierno neuquino con la “convocatoria a potenciales inversores y entidades financieras con el objetivo de participar en forma parcial o total para lograr los fondos necesarios para la puesta en marcha, modernización y operación inicial” de la PIAP.

La búsqueda está dirigida a bancos, fondos de inversión, organismos de crédito e inversores privados, tanto del país como del exterior. La planta pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y ENSI es la encargada de su operación.

La PIAP es una de las instalaciones más importantes del mundo para la producción de agua pesada, un insumo esencial para ciertos tipos de reactores nucleares. Su reactivación permitiría que Argentina vuelva a producir y exportar este recurso estratégico, generando empleo, desarrollo tecnológico y divisas.

En una convocatoria previa, varias empresas internacionales ya habían manifestado interés en comprar agua pesada argentina durante los próximos años. Para responder a esa demanda, sería necesario poner en marcha las dos líneas de producción de la planta, lo que requiere una fuerte inversión inicial.

El presidente de ENSI, Rubén Etcheverry, explicó que esta convocatoria “no es todavía un compromiso contractual, sino un paso para conocer qué opciones de financiamiento existen y bajo qué condiciones”.

Los interesados deberán presentar información sobre el tipo de financiamiento que ofrecen, plazos, tasas, formas de participación y experiencia en proyectos industriales o energéticos. Las propuestas y consultas deben enviarse a [email protected]

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El juez de Bariloche Ezequiel Andreani dictó la prisión preventiva por 90 días al referente y lonko mapuche, Facundo Jones Huala. Alrededor de las 17 horas será trasladado a la Unidad 6 de Rawson, a más de mil kilómetros. La acusación está centrada en el contenido de un libro de poesía escrito por su autoría y también por algunas palabras que habría dicho en una presentación. Tanto el lonko como la familia Jones Huala tiene un largo historial de persecusión por su encendido discurso contra el Estado argentino y contra las multinacionales y empresarios que explotan la Patagonia. Como explicó el medio alternativo Prosa Urgente “esta decisión de neto corte fascista se da a pocas horas de conocerse el fallo proscriptivo a Cristina Fernández de Kirchner”. Por ANRed

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Facundo Jones Huala había sido detenido de forma irregular el pasado domingo. Los efectivos que lo arrestaron no presentaron orden judicial. La denuncia fue realiaza por el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Patricia Bullrich y se basaba la acusación por «incitación a la violencia» en palabras que el lonko había expresado durante una presentación de un libro de poesía que el propio Facundo escrito el pasado verano.

La Gremial de abogados que lleva adelante su defensa judicial ya había emitido un comunicado alertando sobre la audiencia que se realizó esta mañana y las irregularidades del proceso que hoy dicto prisión preventiva:

EN UN MARCO DE INNUMERABLES Y GRAVES IRREGULARIDADES AVANZA EL PROCESO A FACUNDO JONES HUALA, FINALMENTE, LOS ABOGADOS DEFENSORES DE LA GREMIAL PUDIMOS ACCEDER A ALGUNA INFORMACIÓN (INSUFICIENTE) SOBRE LA AUDIENCIA FIJADA PARA MAÑANALA GRAVEDAD DE LA PRETENSIÓN FISCAL EN BASE A UN CÓDIGO “MODERNO”

Para que quede claro: Facundo fue detenido irregular e ilegalmente, sin orden judicial.

No se nos permitió hablar con él cuando nos llamó el oficial “de inteligencia de la Policía Federal” (sic) que era parte del grupo que lo detuvo y que nos informó de un número de causa hasta ahora inexistente y de una intervención del juez federal Andreani y la fiscal Pagano Mata.

Más de 6 horas después “apareció” una orden y más de 40 horas después, finalmente, los defensores fuimos notificados por la autoridad judicial, y en forma confusa, de los delitos que se le imputan.

También ahora nos enteramos de las cuestiones que la Fiscalía pretende tratar en esta audiencia “multipropósito”.

Mientras tanto, todas las conversaciones que Facundo tuvo con sus defensores fueron con teléfonos en altavoz y en presencia (y atenta escucha) de personal de la Policía Federal.Con lo cual afectan el derecho de privacidad entre Defensor e Imputado.

Ahora se nos informa que no está previsto el acceso por medio de videoconferencia (zoom, youtube, etc.) a todo aquel interesado en presenciar la audiencia, violando el principio de publicidad que supuestamente es uno de los ejes del Código de procedimientos vigente.

Nosotros, en cumplimiento de lo que la norma mencionada manda informamos los datos de acceso a la plataforma zoom que se nos han enviado: ID. de reunión: 833 7803 0426 / Clave de acceso: 4607.

La audiencia tiene hora de inicio prevista a las 9:00 de mañana 11 de junio.

Por último queremos destacar algo que creemos de máxima gravedad (dentro de un panorama de hechos de por sí graves): nos acabamos de enterar, como dijimos, que la Fiscalía pedirá en la audiencia de mañana que el proceso contra Facundo se desarrolla según lo previsto en el Título IV del Libro Segundo (arts. 334 a 336) del Código Procesal Penal Federal vigente.A él nos remitimos y cualquiera que lo lea podrá apreciar la gravedad de esa pretensión.

Somos conscientes que a muchos ni les interesará la suerte de Jones Huala.Algunos aplaudirán su detención.

Sepan siempre que estas barbaridades que hacen con Facundo les puede tocar a cualquiera.

Nadie se salva sólo.

 

 

El gobernador Rolando Figueroa, junto a integrantes de su gabinete, expuso este lunes ante legisladores provinciales los principales lineamientos del proyecto de presupuesto 2026, que ya se encuentra en la Legislatura para su tratamiento.

La propuesta prevé ingresos por $7,5 billones y gastos por $7,4 billones, con el objetivo de mantener el superávit fiscal, aunque con un margen menor al de este año debido a la caída del barril de petróleo, que impacta en las regalías.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, quien presentó la estructura del presupuesto, su esquema de financiamiento y el plan de obra pública previsto para el próximo año. “Buscamos mantener el equilibrio fiscal, continuar con un programa de obras ambicioso y garantizar una ecuación sostenible de las cuentas públicas”, sostuvo. Asimismo, señaló que el Ejecutivo espera el acompañamiento legislativo para avanzar con la ejecución del plan de gobierno.

El cálculo presupuestario fue elaborado según las pautas macroeconómicas del Gobierno nacional, que proyecta para 2026 una inflación del 10,1% anual y un tipo de cambio promedio de $1.423 por dólar.

UN PRESUPUESTO QUE CONSOLIDA EL CRECIMIENTO DE LA PROVINCIA

Junto a los legisladores de nuestro espacio y de otros bloques con los que mantenemos diálogo permanente, compartimos una reunión para presentar el presupuesto 2026 y planificar la agenda legislativa.

Se trata de un… pic.twitter.com/k6o7jLd6fQ

— Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 10, 2025

Ingresos y gastos: fuerte apuesta a obra pública

El proyecto contempla ingresos corrientes por $7,5 billones. Las regalías, principalmente hidrocarburíferas, aportarán más de $2,9 billones; la recaudación provincial, $2,3 billones; y la coparticipación nacional sumará $1,2 billones, un aspecto que Neuquén sigue observando de cerca por considerar que recibe un índice más bajo en relación con otras provincias.

En línea con el criterio de austeridad planteado por Figueroa, el Gobierno provincial asignará $1,1 billones a gastos de capital, es decir, a obras e infraestructura. La cifra representa un 12% más que en el presupuesto vigente. La obra pública será uno de los ejes centrales para 2026.

Desendeudamiento: un eje destacado

Uno de los puntos mejor valorados por los legisladores fue el proceso de desendeudamiento impulsado desde el inicio de la gestión. Según se informó, la deuda provincial pasó de US$1.200 millones a US$800 millones, y las proyecciones del Ministerio de Economía estiman una reducción hasta US$400 millones en los próximos años.

Legisladores destacaron el enfoque del presupuesto

Representantes de los bloques Comunidad, MPN, Fuerza Libertaria, Arriba Neuquén, PRO-NCN, Juntos, Neuquén Federal y Avanzar participaron del encuentro y coincidieron en valorar la propuesta presentada.

Gabriel Álamo (MPN) calificó la reunión como “muy productiva” y anticipó el acompañamiento del bloque al proyecto: “Es una herramienta fundamental para el gobernador”.

Guillermo Monzani (Fuerza Libertaria) destacó que se trata de “un presupuesto robusto” y celebró que casi $1,2 billones estén destinados a infraestructura. También remarcó el proceso de desendeudamiento y consideró que la relación entre el endeudamiento y el presupuesto será “prácticamente insignificante”.

Ernesto Novoa (Comunidad) también valoró el encuentro y la claridad de la información brindada. “Es muy importante el acompañamiento cuando ponemos primero a la provincia”, afirmó. Subrayó además el orden de las cuentas públicas, el nivel de previsibilidad y la confianza de los inversores: “El panorama es muy auspicioso”.

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