Dieron detalles de créditos internacionales para obras y turismo en Neuquén

 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución legislativa que pone fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país, una parálisis que duró 43 días y generó pérdidas económicas estimadas en 14.000 millones de dólares.

La votación final en la Cámara baja fue de 222 a favor y 209 en contra, dando luz verde a la ley presupuestaria que el presidente Donald Trump tenía previsto firmar la misma noche. La medida ya había sido aprobada por el Senado el lunes.

Un pulso político con alto costo

El cierre, provocado por un tenso debate político, afectó gravemente al funcionamiento del país, con la cancelación de vuelos por falta de controladores aéreos y el despido temporal de unos 670.000 funcionarios, quienes se reincorporarán a sus puestos con derecho a sueldo a partir del jueves.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acusó a los demócratas de «causar daño» intencionadamente, mientras que el líder de la bancada opositora, Hakeem Jeffries, defendió la postura de su partido de «defender los derechos de los estadounidenses».

El debate sobre la sanidad pública, en el centro de la disputa

Más allá del presupuesto, el cierre estuvo marcado por el intenso debate sobre la financiación de la cobertura sanitaria pública, especialmente los subsidios derivados del Obamacare (la reforma sanitaria de Barack Obama) y sus extensiones bajo la presidencia de Joe Biden. Estas ayudas, que benefician a millones de estadounidenses, vencen a finales de año y su posible aumento ha sido un punto de fricción.

Los republicanos argumentan que los subsidios deberían enfocarse en los sectores más vulnerables y no extenderse indiscriminadamente, mientras que los demócratas alertan que, sin estas ayudas, la atención médica podría volverse «impagable» para muchas personas.

A pesar de que los sondeos indicaban que la opinión pública responsabilizaba mayoritariamente a Trump y a los republicanos por el cierre, la unidad de estos últimos se mantuvo firme. Sin embargo, el nerviosismo creció entre los demócratas, que recientemente habían celebrado victorias en sus feudos electorales.

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Si estuviéramos en otro país, los medios estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Los enfrentamientos que se están produciendo en EEUU entre los detractores de la Migra o ICE (Immigration and Customs Enforcement) y las fuerzas represivas enviadas por Trump representan el embrión de esa «segunda guerra civil norteamericana» que lleva tiempo rondando en el horizonte. Si desemboca en un conflicto civil en toda regla o si, por el contrario, se apaga, es lo que veremos en las próximas semanas, pero es importante observar su significado radical.Por Andrea Zhok (LaHaine).

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No se trata simplemente de la contestación de una normativa contra la inmigración clandestina. Las líneas políticas que se enfrentan aquí son, con bastante claridad, herederas directas de las líneas de contraste de la Guerra de Secesión (1861-1865).

En esa Guerra, el Sur, agrícola, estaba vinculado a una visión política y económica intrínsecamente conservadora, telúrica, identitaria, mientras que el Norte, industrial o en vías de industrialización, se proyectaba en una dimensión de ‘progreso’, en rápida evolución.

En cuanto a las relaciones interétnicas, la divergencia no podía ser más clara: el Sur seguía anclado en una perspectiva en la que la esclavitud sedentaria y hereditaria desempeñaba un papel económico fundamental, mientras que el Norte, gracias al rápido proceso de industrialización, seguía atrayendo a una amplia población migratoria procedente de Europa, que constituía su fortuna.

En la segunda mitad del siglo XIX, la esclavitud era un anacronismo y las relaciones de poder entre las zonas urbanas industriales y las zonas agrícolas favorecían totalmente a las primeras. La supremacía del norte era un hecho. Pero un siglo y medio después, el auge del urbanismo industrial, convertido en economía financiera, está en plena crisis; la libre circulación de la mano de obra, que siempre ha sido una característica de los EEUU, genera más problemas de los que puede resolver la contribución económica de los trabajadores baratos.

En este momento, los frentes de la Guerra de Secesión reaparecen, pero con nuevas funciones históricas. La línea divisoria ya no es tan clara entre el norte y el sur geográficos, sino entre las grandes áreas urbanas, vinculadas a la internacionalización financiera y con un electorado predominantemente demócrata, y la provincia profunda, que busca protección económica y la recuperación de una identidad perdida, y vota mayoritariamente republicano.

Es evidente que esta fractura es objetivamente profunda y se percibe como tal en EEUU. Se ve en la radicalización del enfrentamiento en el plano institucional, donde, por ejemplo, la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California alimentan constantemente una retórica de «democracia contra dictadura», apoyando de hecho el carácter subversivo y anticonstitucional de las decisiones de la presidencia.

A su vez, Trump tiene fácil trabajo para dar la vuelta a las acusaciones, acusando a las instituciones californianas de actividades subversivas e insurreccionales. Esta fractura se está propagando rápidamente en todos los principales centros urbanos del país: Seattle, Chicago, Filadelfia, etc., donde las autoridades demócratas apoyan esta lectura de «choque de civilizaciones».

Dudo que los políticos con intereses profesionales sólidos, alcaldes, gobernadores, diputados, etc., estén dispuestos a una confrontación arriesgada en el momento en que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que confiere al presidente el poder de utilizar el ejército y la guardia nacional para tareas policiales.

Pero no es nada seguro que, una vez evocada en una parte de la población la imagen de un choque vital entre concepciones de la civilización, en el que no hay margen para el compromiso con la otra parte, se consiga volver a meter el ganado en los corrales.

Si estuviéramos en otro país, los medios de comunicación estarían discutiendo sobre una «revolución de colores» contra el poder establecido y a favor de los valores de la libertad y la democracia. Pero, a diferencia de las habituales «revoluciones de colores» en otros países del mundo, aquí falta un elemento decisivo: el papel de financiación y coordinación de los estadounidenses.

(Solo podemos imaginar lo que pasaría aquí si, como en 2014 en Ucrania, el equivalente ruso o chino de la entonces portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Victoria ‘Fuck Europe’ Nuland, distribuyera alimentos y financiación, o arengara a la multitud de insurrectos en Los Ángeles…).

CALPU

 

 

 

 

La secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén e integrante de la Comisión Nacional de empleadas domésticas, Sonia Kopprio calificó el incremento salarial del 1,4% para las trabajadoras de casas particulares como “insuficiente” y alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan miles de empleadas en la región.

El aumento, que se aplicará en los sueldos de noviembre a cobrar en diciembre, afecta a las trabajadoras de Neuquén y Río Negro, donde la paritaria llegó con retraso y sin retroactividad. Kopprio explicó que la reunión debía concretarse en la primera semana de octubre, pero la convocatoria se demoró, lo que dejó al mes sin actualización salarial.

Además, detalló que el básico apenas pasa de los 379 mil pesos, se suma un bono de solo 14 mil pesos, y persisten problemas graves como la falta de elementos de protección, la ausencia de controles de las ART y la necesidad de muchas empleadas de trabajar por horas en varios hogares para llegar a fin de mes.

La dirigente gremial en diálogo con medios locales, explicó que “un 1,4% no es nada. Todavía tuvimos que intimar para que nos convocaran, porque si no, ni eso. La reunión tenía que haber sido la primera semana de octubre, y así perdimos el mes. Octubre quedó sin incremento salarial, y no es retroactivo”.

Pérdida del poder adquisitivo y paritarias estancadas

Kopprio detalló que, con el aumento anterior, en septiembre, una trabajadora de jornada completa “quedaba en un básico de 375.000 pesos”. Con la suba actual, el monto apenas asciende a “379.000 y algo”. A eso se suma un bono de 14.000 pesos que es “nada”, remarcó al referente del sindicato.

La dirigente expresó su preocupación por el estancamiento de las paritarias y las convocatorias tardías que impactan sobre los salarios, más allá de las proyecciones de la inflación en el país, que, según el gobierno nacional, irán a la baja a partir de 2026. “En un mes deberían poder fijarse acuerdos más abarcativos. Pero no: si un mes no se reúnen, no hay aumento”, señaló.

La dirigente sindical advirtió que los salarios actuales del sector no alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar, lo que profundiza la ya delicada situación económica de las trabajadoras de casas particulares. “Ni siquiera cubrimos lo básico”, remarcó, al señalar que el poder adquisitivo se deteriora mes a mes.

Kopprio comparó la realidad del gremio con la de otros sectores que, aunque acordaron incrementos cercanos al 10%, parten de salarios muy superiores. “Nos comparan con camioneros, petroleros, bancarios… pero ellos tienen básicos de dos millones para arriba, otros códigos, otros bonos. Nosotras seguimos peleando por un bono de 14.000 pesos”, cuestionó.

Falta de seguridad laboral

Uno de los puntos más críticos, sostuvo, es la falta de seguridad laboral. La referente explicó que en la mesa nacional plantearon que “ni siquiera se entregan elementos de protección: guantes, botas, delantales”.

Además, indicó que un par de guantes cuesta alrededor de 6.000 pesos, monto que ni siquiera puede cubrirse con el aumento vigente. “Las trabajadoras los necesitan para cuidar su salud y su piel. A veces limpiamos cosas para las que deberíamos tener protección y no tenemos nada”, denunció.

También apuntó contra la falta de controles de las ART, al afirmar que no existe supervisión sobre si las empleadas están realmente protegidas. “Pregunté qué cubren. ¿Quién controla que una trabajadora esté protegida? Nadie controla nada”, sostuvo.

La precariedad estructural del sector obliga a muchas empleadas a trabajar por horas en dos o tres casas para llegar a fin de mes. “Con un solo empleo no llegan a nada”, señaló Kopprio. Aunque el valor oficial de la hora quedó en 3.090 pesos, advirtió que “nadie trabaja por ese monto”.

“Gracias al sindicato en Río Negro y Neuquén, menos de ese piso nadie debería pagar”, subrayó, y destacó la labor local para sostener condiciones mínimas en un contexto inflacionario que devora los ingresos.

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Juan Carlos Molina, un joven salteño de 27 años, viajó a General Roca con la esperanza de conseguir empleo, pero perdió todo contacto con su familia.

La familia del Juan Carlos no recibe noticias suyas desde el pasado 25 de octubre. Su hermana Brenda contó que algunas personas aseguraron haberlo visto en un comercio del barrio Chacramonte, aunque los intentos de comunicarse por teléfono con él fueron infructuosos. La familia expresó su profunda preocupación y pide colaboración para dar con su paradero.

Molina es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello oscuro y no presenta tatuajes ni cicatrices visibles. Ante cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo, se solicita comunicarse al 911, acercarse a la comisaría más cercana, o contactar directamente a la familia al 3878245177. La búsqueda continúa activa en General Roca y zonas aledañas.

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Una serie de intensos operativos desplegados en la zona centro de la provincia terminó con el secuestro de más de 1600 kilos de carne sin documentación y parte de ella en mal estado. La acción fue encabezada por el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa), junto a fuerzas policiales y áreas de Bromatología, en el marco de una ofensiva para erradicar la venta informal de carne y proteger la salud de la población.

Los procedimientos —realizados bajo la órbita del Ministerio de Economía, Producción e Industria— contaron con la participación de efectivos de la Comisaría 34 de Mariano Moreno, la Brigada Rural del destacamento Los Catutos, la División Tránsito de la Policía del Neuquén de Zapala y el área de Bromatología municipal.

Durante uno de los operativos, los inspectores detectaron un camión que transportaba 48 medias reses de cerdo, con un peso total de 1.430 kilos, sin certificado sanitario, documentación tributaria ni sellos oficiales que acreditaran su procedencia.
Las mediciones de temperatura tomadas en el lugar revelaron cifras alarmantes: entre 16°C y 20°C, muy por encima del límite permitido para el transporte seguro.
Esa brecha en la cadena de frío convertía el cargamento en un riesgo sanitario inminente, capaz de provocar contaminaciones y enfermedades graves.

Además, los agentes del Cippa realizaron controles en carnicerías de Zapala, donde decomisaron unos 240 kilos de carne en mal estado, sin trazabilidad ni datos sobre su origen. Todo el material fue retirado de circulación y se labraron las actas correspondientes para su derivación administrativa y judicial.

“Los operativos conjuntos son esenciales para evitar la circulación y venta de productos que no cuentan con condiciones sanitarias adecuadas”, explicó el gerente general del Cippa, Andrés Piotti López.
“Nuestro compromiso es garantizar la seguridad alimentaria y proteger a las y los consumidores neuquinos”, agregó.

Piotti López también destacó el valor del trabajo en red: “El trabajo coordinado con la Policía, las áreas de Bromatología y los municipios fortalece la capacidad de control del Estado. Cada acción preventiva significa evitar un riesgo sanitario y generar conciencia sobre la importancia de la formalidad en la faena y comercialización”.

Desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria recordaron que este tipo de fiscalizaciones son permanentes y se realizan en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de evitar que alimentos sin control sanitario lleguen a las mesas de los neuquinos.

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Marina Silva, la expolicía que llegó a juicio acusada de asesinar a sus dos hijos en la provincia de San Luis, fue condenada a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en perjuicio de sus los chicos menores.

El veredicto fue dictado este miércoles por los jueces Adriana Lucero Alfonso (presidenta), Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur (vocales), tras escuchar los alegatos finales de las partes y realizar la audiencia de cesura de juicio.

El debate, en el que la expolicía llegó acusada de matar a Sofía Mía Ojeda Silva y Bautista Silva Funes, se inició el pasado 13 de octubre en el Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial.

A más de una semana del comienzo del juicio, se desarrolló la audiencia de alegatos donde la Fiscalía, representada por Virginia Palacios, sostuvo que la acusada planificó el hecho y actuó durante la madrugada para evitar la intervención de terceros, cuando las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

A su vez, mencionó que la prueba recolectada —entre ellas, pericias balísticas, médico-forenses y elementos caligráficos— «permitió acreditar la secuencia de los hechos y la responsabilidad penal de la acusada». Al momento de solicitar pena, expuso el requerimiento de que sea prisión perpetua.

Por su parte, la querella, ejercida por el abogado Esteban Bustos, acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que el debate demostró la alevosía y la plena conciencia de la imputada, por lo que pidió la misma pena que la fiscal.

Por último, la defensa de Silva, a cargo de Agustina Tobares, solicitó que el Tribunal valorara la historia vital de la imputada desde una perspectiva de género, considerando su contexto personal, familiar y económico.

Cómo ocurrió en un comienzo de la causa, mencionó episodios de violencia en relaciones previas y una situación de endeudamiento que, según su planteo, «habrían afectado su estabilidad emocional».

Luego de leer el veredicto de culpabilidad, el Tribunal dio inmediato inicio a la cesura de juicio, y condenó a la expolicía a prisión perpetua.

El caso que estremeció a San Luis

Los crímenes de los dos menores ocurrieron el 1 de octubre de 2024 mientras dormían en una cama matrimonial. Según las autopsias, cada niño recibió dos disparos: uno en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, a escasos centímetros de la oreja, lo que les provocó la muerte inmediata.

Durante la investigación se pudo constatar cómo fue la metodología: abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y luego, con un método meticuloso, cubrió sus rostros con almohadas y les disparó dos veces a cada uno a quemarropa.

Luego de consumar el crimen, la acusada dejó una carta de despedida en la que mencionaba sus deudas, pidió perdón a su familia y afirmó que no quería que sus hijos “fueran una carga”.

Además, colocó dos carteles de advertencia: en la puerta principal escribió “Llamá a la Policía, no entres”, y en la trasera, “no entres”, ambos firmados de su puño y letra.

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