Otorgaron 210 millones de pesos a 15 emprendimientos productivos

 

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.

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El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

 

El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

«La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

«Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

«Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

 

 

El índice de precios al consumidor que en la Argentina constituye el parámetro de la inflación, fue en octubre casi similar tanto en Neuquén como en el promedio del país. Mientras el INDEC situó el aumento en un 2,3%, en el territorio neuquino la dirección de Estadística y Censos lo ubicó en el 2,7 por ciento.

No obstante, son diferentes los registros en lo que va del año y en los últimos doce meses, producto de los mayores aumentos registrados en la provincia patagónica.

En el caso del país, en lo que va del año la inflación fue del 24,8 por ciento y en los últimos doce meses alcanzó el 31.3 %. Para Neuquén los números son mayores, producto de un más alto costo de vida: para lo que va del año un 31.7% y para la interanual un 40,4%.

Caputo destacó los números

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que este indicador clave registró “dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior y subrayó que “esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018″.

El titular del Palacio de Hacienda destacó que la dinámica inflacionaria acumulada en los primeros 10 meses del año fue “la menor para este período del año desde 2017 (19,4%)”. 

Y dijo que “la media móvil de 6 meses de la inflación general continuó descendiendo y se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero de 2018″.

“Así, el proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses. Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos”, sostuvo Caputo.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).

El informe anterior había arrojado una inflación en septiembre del 2,1%. 

Con el alza del dólar como un factor clave, había alcanzado el nivel más alto desde abril cuando marcó 2,8%.

En los últimos cinco meses mostró una curva ascendente: del 1,5% de mayo saltó a 1,6% en junio, luego trepó a 1,9% en julio y agosto, en septiembre fue 2,1% y en octubre 2,3%.

En la comparación regional, el índice de inflación más alto en octubre fue en la Patagonia y el Gran Buenos Aires, con 2,4%. Lo siguen Cuyo y la Región Pampeana, con 2,1%, En el Noreste, en tanto, llegó a 2,2% y en el Noroeste, 2,1%.

El relevamiento de expectativas del Banco Central, donde se vuelcan las proyecciones de 42 consultoras y entidades financieras, había estimado que la inflación del décimo mes del año cerraba en 2,2%, levemente por encima de la cifra de septiembre. 

Para este mes y el próximo, el consenso de consultoras y bancos ve el dato algo más abajo: 1,9% para noviembre y 2% para diciembre. Y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 29,6%.

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El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, asumirá oficialmente como ministro del Interior del gobierno de Javier Milei, en reemplazo de Guillermo Francos. Con esta designación, Santilli se incorpora al Gabinete nacional con la responsabilidad de fortalecer el diálogo con las provincias y coordinar la relación política del Ejecutivo con los distintos distritos del país.

El acto de juramento se realizará este martes 11 de noviembre a las 15, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia del presidente Milei, funcionarios nacionales, dirigentes políticos y familiares del nuevo ministro.

Reuniones con gobernadores y agenda federal

En los días previos a su asunción, Santilli mantuvo reuniones con gobernadores como Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), y adelantó que continuará los encuentros con los mandatarios de Córdoba, Salta y San Juan.

El dirigente aseguró que el diálogo con las provincias será el eje central de su gestión, aunque descartó un encuentro con Axel Kicillof, a quien cuestionó por mantener —según dijo— “un doble discurso” frente al gobierno nacional.

Luego del encuentro, Torres sostuvo “me reuní con el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, para seguir avanzando en el compromiso de eliminar las retenciones al petróleo en Chubut. Además, dialogamos sobre el Presupuesto 2026 y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias, objetivos centrales para lograr la previsibilidad y el desarrollo que nuestra provincia y el país necesitan”.

Además, el chubutense manifestó que “están convencidos” de que, en esta nueva etapa, el país tiene la oportunidad de “consolidar acuerdos a mediano y largo plazo” y, finalmente, avanzar en las “reformas estructurales necesarias para generar trabajo, atraer inversiones y construir un futuro mejor” para los argentinos.

Cruce con Axel Kicillof

Por otra parte, Santilli adelantó sobre el diálogo con las provincias “será lo que preponderé en mi gestión”. Sin embargo, afirmó que no se reunirá con el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, que gobierna “contrariamente” a las políticas que lleva adelante la gestión de Milei y después le solicita, mediante una carta pública, que dialoguen.

«Me aturde el doble discurso de Kicillof, no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia y Reiterancia, no adhirió a Ley Antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?«, indicó, días atrás, en una entrevista televisiva.

Por el momento, en el acto de juramento como nuevo ministro del Interior, se sabe que estarán presentes funcionarios del gobierno nacional y familiares y amigos Santilli. Además, está confirmada la asistencia del jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

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A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

“Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

“Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.

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Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

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La excusa del Gobierno y sus aliados judiciales es que el hombre ejerció “intimidación pública” a través de un tuit. Pero ocultan el supuesto posteo y la identidad del detenido. Sólo hay “pruebas” de que lee libros. Escandaloso. Si Milei fuera juzgado por intimidar vía X, ¿qué pena le cabría? Por Daniel Satur (La Izquierda Diario).

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Según la escueta información oficial difundida por medios afines a La Libertad Avanza, este jueves por la noche un hombre de 37 años fue detenido en el partido bonaerense de Berazategui, acusado de supuestamente “amenazar” al presidente Javier Milei a través de un posteo en la red social X (ex Twitter).

La versión dice que la División Conductas Tecnológicas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires “investigó” supuestas amenazas virtuales contra Milei y pudo dar con el paradero de su autor, al que finalmente ubicaron en una vivienda de la calle Vergara de esa ciudad del sur del Gran Buenos Aires.

La causa se tramita en Comodoro Py, más precisamente en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 que conduce el juez Ariel Lijo, quien viene de fracasar en su intento de alcanzar la cúspide judicial como miembro de la Corte Suprema. Para lograr la detención del imputado también intervino el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella. El cargo contra el detenido, siempre según la información difundida por las huestes de Patricia Bullrich, es por “intimidación pública” y el hombre quedó detenido (aunque no incomunicado).

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?

Hay una regla básica del periodismo conocida como Las 5 W: toda noticia debe responder a las preguntas ¿qué? (de qué hecho se trata), ¿quién? (protagonistas), ¿dónde? (lugar del hecho), ¿cuándo? (en qué momento pasó) y ¿por qué? (causas concretas que llevaron al hecho). Las W hacen referencia a esas preguntas en inglés.

En Argentina y el mundo ya es normal que las corporaciones dedicadas a la información y el entretenimiento ni se preocupen por responder con certeza a esas preguntas elementales. Ni siquiera apelan a compartir la incertidumbre con sus audiencias cuando las respuestas son esquivas. En este caso, se repite la historia.

En una (nueva) muestra de precariedad periodística y apología de la represión a la disidencia que encara La Libertad Avanza, empresas como Clarín e Infobae difundieron la versión prearmada por el Ministerio de “Seguridad Nacional”, sin siquiera hacerse preguntas básicas como cuál fue la supuesta amenaza del usuario de X contra Milei que habría “justificado” su detención.

¿Qué amenaza realizó el hombre de 37 años contra Milei? Hasta ahora ninguna fuente oficial lo dijo. Alcanzaría con compartir una captura del posteo en cuestión, pero ni siquiera eso.

¿Quién es el detenido? Sólo lo saben sus perseguidores, aunque es mayor de edad y el hecho por el que se lo acusa (un posteo en redes sociales) es demasiado menor como para pretender ocultar su identidad.

¿Cuándo y en qué contexto cometió esa supuesta “intimidación pública”? Nada por aquí, nada por allá.

Persecusión política

De lo que sí se ocuparon las “fuentes” oficiales es de difundir qué “elementos de interés para la investigación” fueron secuestrados en el domicilio donde se detuvo al acusado. Sin dudas, habría sobradas pruebas de que el hombre lee. Y no sólo eso, sino que entre sus lecturas favoritas están los libros de Ernesto “Che” Guevara. Un sujeto muy peligroso.

Además de los libros del “zurdo”, se mostraron otras evidencias de la “criminalidad” del imputado: un teléfono celular, dos CPU y una notebook . Y se difundió un video del momento de la detención, donde se ve un amplio despliegue policial y el rostro del hombre está bruleado para que nadie lo pueda reconocer.

La puesta en escena sería para coleccionar memes si no significara una amenaza directa de parte de las más altas esferas del Estado a libertades democráticas elementales. No sólo es un ataque a la libertad de expresión de un usuario de redes sociales, sino que se avanza más aún en la persecución a quien no piensa como el Gobierno y sus cómplices desean.

La denuncia por “intimidación pública” está motorizada por Patricia Bullrich, quien parece estar más abocada a armar causas penales sin pruebas contra ciudadanas y ciudadanos que opinan por redes sociales o en las calles, que a terminar con el narcotráfico o la trata de personas.

La misma figura de “intimidación pública” la usó este gobierno el año pasado, vía el fiscal federal Carlos Stornelli, para acusar a 33 personas detenidas arbitrariamente durante una manifestación frente al Congreso en repudio a la Ley Bases. Al poco tiempo, todos fueron sobreseídos y hasta la jueza María Servini le sugirió al fiscal bullrichista que investigue seriamente.

Algo similar pasó en marzo de este año con decenas de detenidos en una de las regulares protestas de jubiladas y jubilados, también frente al Congreso. En aquella represión la Gendarmería de Bullrich intentó matar al joven fotorreportero Pablo Grillo. Este diario relató el caso de uno de los detenidos, el médico psiquiatra Alejandro Todaro, profesional del Hospital Bonaparte, a quien la ministra y sus secuaces acusaron de “barrabrava” para justificar su detención e imputación. Siempre sin la más mínima prueba, claro.

Hay que pararles la mano

A la ministra de “seguridad” le exita armar shows mediáticos, cargando todo el peso represivo del Estado con detenciones y causa penales contra quienes supuestamente “intimidan” al poder o, incluso, cometen actos rayanos con el “terrorismo”.

En 2017, cuando ocupaba el mismo sillón ministerial, Bullrich mandó a detener a un joven que había difundido por Twitter un cantito de cancha muy entonado por entonces, que decía “(Mauricio) Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal”. Mientras se ocupaba de esas persecusiones, bancaba a los criminales de uniforme que acabaron con las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

En 2024, cuando apenas llevaba un mes como ministra de Milei, la funcionaria mandó a detener a tres hombres en el marco de una “investigación” contra una supuesta “célula terrorista” que buscaba “atentar” contra edificios de la comunidad judía en Buenos Aires. A los pocos días fueron quedaron libres de culpa y cargo. No sólo no tenían nada que ver con algo de tamaña envergadura, sino que ni siquiera se conocían entre ellos.

Son sólo algunos ejemplos de las burradas protagonizadas por Patricia Bullrich y sus falderos del Ministerio, como el mediocre abogado Fernando Soto. Pero no por bizarros dejan de ser peligrosos. Quien ejerce una verdadera “intimidación pública” permanente e impune es el propio Gobierno. Y sus víctimas, potencialmente, somos los millones que opinamos contra sus políticas de ajuste, hambre y miseria.

Si expresarse libremente por las redes sociales fuera un delito merecedor de la condena implacable de la “Justicia”, ¿entonces qué pena les cabría a Javier Milei y su cohorte de trolls liberfachos, dedicados minuto a minuto a lanzar odio, amenazas y demás ataques contra todo aquello que les molesta, lo que incluye el aval a las agresiones físicas protagonizadas por sus seguidores? De mínima, perpetua.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Detuvieron-a-un-hombre-por-amenazar-a-Milei-solo-le-encontraron-libros-del-Che-Guevara

 

 

La candidata a senadora nacional por La Neuquinidad, Julieta Corroza, emitió su voto este domingo pasadas las 10 de la mañana en el CPEM N°55 de Plottier, en el marco de las elecciones legislativas 2025. Acompañada por sus padres y su hijo, la dirigente destacó la emoción del momento y el valor democrático de la jornada.

“Estoy muy emocionada, después de una campaña donde hemos trabajado tanto y recibimos mucho amor de la gente. Esperemos que sea un día que transcurra en paz”, expresó Corroza luego de sufragar.

La candidata, que encabeza la lista del espacio que conduce el gobernador Rolando Figueroa, subrayó la relevancia del proceso electoral:

“Estas elecciones son muy importantes para el país. Hay que participar, indistintamente de a quién se elija, porque hoy tiene que ser un día de celebración”, señaló.

Corroza remarcó la necesidad de fortalecer el sistema democrático y celebró la implementación de la Boleta Única de Papel, que debutó en estos comicios a nivel nacional.

“Es un sistema rápido, ágil y transparente. Se evita la boleta sábana donde solo se conocía a los candidatos que encabezaban la lista”, explicó.

Además, anticipó que luego de votar acompañaría a sus padres a emitir su sufragio y recorrería escuelas de Plottier y de la ciudad de Neuquén, acompañando el desarrollo de la jornada.

Solidaridad con Pablo Cervi tras el violento asalto

Durante su contacto con la prensa, la candidata se refirió al asalto que sufrió el diputado nacional Pablo Cervi, también candidato en estas elecciones.
“Fue terrible. Por supuesto lo repudio totalmente y le mandé un mensaje a Pablo. Sé que está en contacto con el gobernador y con el ministro de Seguridad desde anoche temprano. Mi total solidaridad con él y con toda su familia”, expresó.

El hecho, ocurrido el sábado por la noche en Neuquén capital, provocó fuerte conmoción en la previa de los comicios. Corroza destacó la rápida comunicación entre las autoridades provinciales y el legislador, e insistió en que “la violencia no puede tener lugar en una democracia que está a punto de cumplir 42 años de continuidad”.

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