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RIO NEGRO RECIBIRÁ 7.800 DOSIS DE SPUTNIK

El Gobierno nacional inició la distribución de 482.400 dosis de la vacuna Sputnik V en las 24 jurisdicciones del país, de las cuales 400.200 son del componente 2 y 80.200 del 1. Para este fin de semana «se habrán repartido casi 19 millones de vacunas en todo el país desde que comenzó el operativo de inmunización», informó el Gobierno en un comunicado.

A nuestra provincia llegarán 7.800 dosis de sputnick V que corresponden a 6.000 dosis del componente 2 y 1.200 dosis del componente 1. Según se explicó, la distribución se hará «según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud, en base a la cantidad de población de cada distrito y a la unidad mínima de embalaje».

«Las vacunas serán repartidas en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras la finalización del proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento que asegura su calidad y la buena conservación de los antígenos», añadió la información oficial.

Las dosis a distribuir serán las que arribaron el martes por la tarde al Aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú, que además trajo 300 litros del principio activo para comenzar la producción local en la planta que Laboratorios Richmond posee en el partido bonaerense de Pilar, de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya, de la Federación Rusa.

Hasta la mañana del miércoles fueron distribuidas en todo el país 17.895.790 vacunas y las aplicadas totalizan 15.012.734

Así, las partidas del componente 2, que permitirá completar esquemas de vacunación, se dividirán de la siguiente manera: 153.600 dosis a la provincia de Buenos Aires; 26.400 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3.600 a Catamarca; 10.800 a Chaco; 5.400 a Chubut; 33.000 a Córdoba; 10.200 a Corrientes; 12.000 a Entre Ríos; 5.400 a Formosa; 6.600 a Jujuy; 3.000 a La Pampa; 3.600 a La Rioja; 18.000 a Mendoza; 11.400 a Misiones; 6.000 a Neuquén; 6.600 a Río Negro; 12.600 a Salta; 7.200 a San Juan; 4.200 a San Luis; 3.600 a Santa Cruz; 31.200 a Santa Fe; 9.000 a Santiago del Estero; 1.800 a Tierra del Fuego y 15.000 a Tucumán.

En tanto, el componente 1 se distribuirá de la siguiente forma: 31.200 dosis a la provincia de Buenos Aires; 4.200 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 600 a Catamarca; 2.400 a Chaco; 600 a Chubut; 6.600 a Córdoba; 2.400 a Corrientes; 2.400 a Entre Ríos; 1.200 a Formosa; 1.200 a Jujuy; 600 a La Pampa; 1.200 a La Rioja; 3.600 a Mendoza; 2.400 a Misiones; 1.200 a Neuquén; 1.200 a Río Negro; 3.000 a Salta; 1.800 a San Juan; 1.200 a San Luis; 1.200 a Santa Cruz; 6.600 a Santa Fe; 1.800 a Santiago del Estero; 600 a Tierra del Fuego y 3.000 a Tucumán.

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    Para el fútbol en protesta contra el gobierno de Milei

     

    La AFA convocó un paro de partidos entre el 5 y 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva impulsada por el gobierno de Javier Milei y organismos fiscales; el conflicto entre deporte y políticas públicas avanza con fuerte impacto en clubes y economía del sector.

    Por Ignacio Elfrantini para NLI

    Paro y protesta estructural del fútbol argentino

    La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió suspender los partidos oficiales entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo de 2026 como forma de protesta contra la acusación de evasión impositiva impulsada por organismos fiscales vinculados al gobierno de Javier Milei y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La decisión fue votada por unanimidad en el Comité Ejecutivo y se presenta como un gesto de rechazo explícito a la presión judicial y fiscal que enfrenta el fútbol argentino.

    El presidente de Vélez Sarsfield sostuvo que “se está declarando una guerra contra el fútbol”, destacando que el paro no responde solo a una causa deportiva sino a una fractura política más amplia entre el mundo del deporte y las políticas estatales.

    Conflicto fiscal y acusaciones de evasión impositiva

    El trasfondo del paro es un conflicto fiscal de alta gravedad, donde la Dirección General Impositiva (DGI) y la ARCA ampliaron denuncias penales contra la AFA por presuntas irregularidades impositivas que superan ampliamente los $11.700 millones en retenciones de impuestos y aportes previsionales que, según el fisco, no habrían sido ingresados en tiempo y forma.

    Esta denuncia se inscribe en una perspectiva de intervención estatal más agresiva, donde el organismo recaudador busca aplicar la Ley 27.430 y calificar la conducta fiscal de la AFA como apropiación indebida de tributos. El monto investigado oscila incluso por encima de los $19.300 millones cuando se suman las ampliaciones presentadas por el propio gobierno, lo que incrementa la magnitud del conflicto fiscal y político.

    Impacto en clubes, economía del fútbol y debate público

    La medida adoptada por la AFA no solo tiene implicancias deportivas, sino económicas y de comercio para los clubes y el ecosistema del fútbol profesional en Argentina. La suspensión de partidos interrumpe la agenda comercial de la liga, afecta contratos televisivos, impacta en ventas de entradas y merchandising y genera incertidumbre en los sponsors. Esto podría traducirse en pérdidas significativas para entidades que ya operan con márgenes ajustados y dependen de los ingresos por espectáculo y derechos.

    Además, el paro expone el conflicto entre las políticas impositivas del Estado y el modelo económico y organizativo del fútbol argentino, tradicionalmente basado en clubes y asociaciones civiles sin fines de lucro. La presión fiscal y el foco en las retenciones no ingresadas han añadido un elemento de inseguridad jurídica que complica la planificación financiera de los clubes.

    Tensión política y percepción pública

    La disputa entre la AFA y el gobierno de Milei excede lo técnico: se ha politizado fuertemente y se percibe como un choque de modelos. Sectores del deporte consideran que la acusación fiscal obedece a un intento de socavar la autonomía del fútbol argentino y, en algunos casos, de forzar modelos de gestión más privatizados, como las sociedades anónimas deportivas (SAD) promovidas por algunos sectores del gobierno en el pasado reciente.

    Este clima de tensión se refleja incluso en la opinión pública y en el mercado, ya que la posibilidad de interrupciones de torneos genera incertidumbre en inversores, clubes y fanáticos, y coloca al fútbol como un actor relevante en el debate político nacional. El asunto fiscal y la protesta deportiva podrían influir también en la agenda de discusiones económicas más amplias en el país, donde la relación entre el Estado y los sectores productivos continúa siendo un tema central.

     

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