Río NEGRO ES LA 2da PROVINCIA EN CONTAR CON PRODUCCIÓN ESTATAL DE MISOPROSTOL

La reforma impulsada por el Gobierno nacional presenta al practicaje como un servicio costoso que debe abrirse a la competencia. Sin embargo, detrás de esa definición existe una profesión altamente especializada, indispensable para el funcionamiento de los puertos de todo el mundo y cuya desregulación genera preocupación entre especialistas en navegación. Cómo opera realmente el sistema, por qué ningún capitán puede reemplazar fácilmente a un práctico y qué riesgos plantea el Decreto 690/2026 para el principal complejo exportador argentino.

Por Tomás Palazzo para NLI

Durante los últimos días, millones de argentinos escucharon por primera vez hablar de los prácticos de puerto. El conflicto desatado tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, derivó en una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de buques en buena parte del sistema portuario nacional. Sin embargo, la cobertura mediática se concentró casi exclusivamente en el enfrentamiento entre el Gobierno y los profesionales del sector, dejando de lado una pregunta mucho más importante: ¿qué hace realmente un práctico y por qué prácticamente todos los países marítimos del mundo consideran indispensable su trabajo? La respuesta permite comprender que la discusión excede ampliamente una cuestión gremial o tarifaria y se introduce en un terreno mucho más sensible: la seguridad de la navegación, la protección ambiental y el funcionamiento del comercio exterior de un país cuya economía depende, en gran medida, de las exportaciones que salen por la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La lógica con la que el Gobierno abordó esta reforma no es nueva. Desde su llegada al poder, Milei y Sturzenegger vienen impulsando una profunda desregulación de múltiples actividades bajo una misma premisa: cuando existen pocos oferentes, la competencia es insuficiente y los precios son elevados, el Estado debe eliminar restricciones para permitir el ingreso de nuevos actores. Esa mirada puede resultar razonable cuando se trata de mercados comerciales tradicionales. Sin embargo, comienza a mostrar importantes limitaciones cuando se traslada mecánicamente a actividades cuya principal función no es competir por precio sino minimizar riesgos que pueden generar consecuencias económicas, humanas y ambientales de enorme magnitud. El practicaje pertenece precisamente a esa categoría.

Cuando navegar se hace difícil

Para comprender la dimensión del problema conviene imaginar el recorrido que realiza un buque cerealero que parte desde China o Europa con destino al complejo agroexportador del Gran Rosario. Luego de atravesar océanos durante varias semanas, la embarcación arriba al Río de la Plata y debe internarse en uno de los sistemas fluviales más complejos del planeta. A diferencia de lo que ocurre en alta mar, donde los grandes buques disponen de enormes márgenes para maniobrar, los canales navegables argentinos presentan profundidades limitadas, curvas pronunciadas, bancos de arena que cambian constantemente, fuertes corrientes, variaciones provocadas por crecientes o bajantes extraordinarias y un intenso tráfico de otras embarcaciones comerciales. Navegar por ese corredor exige un conocimiento extremadamente específico que ningún capitán extranjero puede adquirir durante un viaje ocasional.

Es justamente allí donde aparece la figura del práctico. Contrariamente a la imagen simplificada que suele difundirse, no se trata de un acompañante ni de un asesor administrativo. El práctico es un capitán de ultramar especialmente habilitado para conducir técnicamente la navegación dentro de una jurisdicción determinada, aportando un conocimiento local que no figura en ninguna carta náutica ni puede ser reemplazado por la tecnología satelital. Su trabajo comienza incluso antes de subir al barco. Debe analizar el estado del río, la profundidad disponible, el tránsito existente, las condiciones meteorológicas, el comportamiento de los remolcadores y la situación operativa del puerto de destino. Una vez a bordo, coordina cada maniobra junto al capitán, indicando velocidades, puntos de giro, utilización de remolcadores, cruces con otros buques y márgenes de seguridad para evitar encallamientos o colisiones.

En términos jurídicos, el capitán nunca deja de ser la máxima autoridad del barco. Sin embargo, en la práctica sigue las indicaciones del práctico porque sabe que ese profesional posee un conocimiento imposible de improvisar. La experiencia internacional demuestra que un capitán puede haber navegado durante treinta años por todos los océanos del mundo y, aun así, desconocer completamente las particularidades de un canal determinado. Los ríos cambian permanentemente. Una creciente puede modificar un banco de arena en cuestión de días; una bajante histórica puede alterar profundidades que durante años fueron seguras; una obra de dragado puede generar nuevas condiciones de navegación. Ese conocimiento dinámico sólo puede obtenerse mediante años de trabajo cotidiano en una misma zona.

Esta característica explica también por qué el acceso a la profesión está tan regulado en todo el mundo. Para convertirse en práctico no alcanza con obtener un título universitario ni con aprobar un examen teórico. El aspirante debe haber desarrollado previamente una extensa carrera como oficial y capitán de buques de gran porte, acreditar miles de horas efectivas de navegación, superar exigentes evaluaciones técnicas y realizar un prolongado período de entrenamiento específico sobre la jurisdicción donde pretende trabajar. Cada habilitación corresponde exclusivamente a una zona determinada. Un práctico autorizado para operar en Bahía Blanca no puede trasladarse automáticamente a Rosario. Del mismo modo, quien conoce cada recodo del Paraná no necesariamente está capacitado para ingresar a Ushuaia o al puerto de Buenos Aires. La profesión se construye sobre el conocimiento local acumulado durante años y no sobre una licencia genérica para navegar.

Este aspecto suele ser omitido cuando se habla de «abrir el mercado». La discusión no gira alrededor de una matrícula que el Estado entrega arbitrariamente a un grupo reducido de personas. Lo que limita naturalmente el número de prácticos es la enorme cantidad de años de formación necesarios para alcanzar el nivel de experiencia requerido. No existe una universidad que gradúe prácticos en cuatro o cinco años. La profesión constituye el último escalón de una carrera marítima extremadamente extensa, donde la experiencia vale tanto como el conocimiento académico.

Un poco de Historia

La propia historia de la navegación ayuda a comprender por qué esta función sobrevivió prácticamente intacta durante siglos. Desde la Antigua Grecia y el Imperio Romano existían navegantes especializados en conducir embarcaciones hacia puertos peligrosos o atravesar estrechos particularmente complejos. Con el desarrollo del comercio internacional, esa práctica fue institucionalizándose hasta transformarse en una profesión reconocida por todos los Estados marítimos modernos. Hoy, la Organización Marítima Internacional considera al practicaje uno de los componentes esenciales de la seguridad de la navegación, aunque deja la regulación concreta en manos de cada país. Lejos de desaparecer por efecto de la tecnología, el practicaje ganó importancia a medida que crecieron las dimensiones de los buques y aumentó el volumen del comercio mundial.

Qué sucede en el mundo

Por esa razón resulta llamativo que la discusión pública argentina haya sido presentada como si el practicaje constituyera una rareza corporativa propia del país. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. Estados Unidos mantiene uno de los sistemas de practicaje más estrictamente regulados del planeta, administrado por cada Estado bajo supervisión de la Guardia Costera. Canadá organiza el servicio mediante corporaciones públicas regionales. Reino Unido delega la administración en autoridades portuarias especialmente habilitadas. Países Bajos, Alemania, Francia, España, Bélgica, Japón, Singapur, Corea del Sur, Australia, Brasil y Uruguay también exigen la presencia obligatoria de prácticos locales para la mayoría de los grandes buques que ingresan a sus puertos. Cambian los modelos administrativos, los mecanismos de contratación y las formas de fijar honorarios, pero prácticamente ningún país desarrollado considera que la navegación en zonas críticas pueda quedar librada exclusivamente a la lógica del mercado.

El desconocimiento de Sturzenegger

El Decreto 690/2026 modifica profundamente ese esquema en la Argentina. Bajo el argumento de reducir costos logísticos y fomentar la competencia, elimina diversas restricciones para el acceso a la actividad, habilita un registro abierto, modifica el sistema tarifario, permite nuevas modalidades de contratación y flexibiliza determinados supuestos en los que algunos capitanes podrían quedar exceptuados de contratar un práctico. Para el Gobierno, estas medidas terminarán con un sistema que considera cerrado y excesivamente costoso para el comercio exterior. Desde la perspectiva oficial, el practicaje constituye un servicio económico que debe funcionar bajo las mismas reglas de competencia que cualquier otro mercado.

Sin embargo, allí aparece el núcleo de la controversia. Quienes cuestionan la reforma sostienen que el análisis de Sturzenegger parte de una premisa equivocada: considerar al practicaje exclusivamente como un costo logístico. En realidad, afirman, se trata de un sistema de gestión del riesgo. El honorario que percibe un práctico representa una fracción mínima del valor transportado por un buque cerealero o petrolero. En cambio, el costo potencial de un accidente puede ascender a cientos de millones de dólares si un barco bloquea un canal estratégico, produce un derrame de hidrocarburos o interrumpe durante semanas el funcionamiento de la principal vía exportadora del país. La ecuación económica, sostienen los especialistas, no debería medirse únicamente por el precio del servicio sino por el enorme volumen de pérdidas que contribuye a evitar.

La discusión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el peso que la Hidrovía tiene sobre la economía argentina. Por ese corredor sale la inmensa mayoría de las exportaciones agroindustriales, principal fuente de ingreso de divisas para el país. Cada demora en la operatoria portuaria repercute sobre contratos internacionales, cronogramas logísticos, costos de flete y disponibilidad de dólares. En otras palabras, el funcionamiento del practicaje no sólo interesa a quienes trabajan en los puertos; constituye una pieza esencial de un sistema del que depende buena parte de la estabilidad económica nacional.

Quizás el aspecto más preocupante del debate sea que la discusión pública terminó reducida a una confrontación entre el Gobierno y un supuesto «privilegio corporativo», sin que prácticamente nadie explicara cuál es la función concreta que cumplen estos profesionales. Cuando una actividad permanece invisible durante décadas suele ser porque funciona correctamente. Recién adquiere notoriedad cuando deja de hacerlo. Eso ocurrió con los prácticos. Millones de argentinos descubrieron su existencia únicamente cuando los puertos comenzaron a paralizarse. Pero la verdadera importancia de esta profesión no reside en la medida de fuerza sino en el hecho de que, durante décadas, permitió que miles de buques ingresaran y salieran de los puertos argentinos sin que la mayoría de la sociedad siquiera advirtiera su presencia.

La reforma impulsada por Federico Sturzenegger plantea, en definitiva, una discusión que excede largamente el practicaje. Lo que está en juego es si todas las actividades pueden analizarse exclusivamente desde la óptica de la competencia y la reducción de costos o si existen funciones estratégicas donde la prioridad debe seguir siendo la seguridad, la experiencia profesional y la protección de intereses nacionales permanentes. La respuesta no sólo definirá el futuro de una profesión centenaria. También permitirá saber hasta dónde puede llegar una política de desregulación cuando se aplica sobre uno de los engranajes más delicados del comercio exterior argentino.

Durante décadas, Buenos Aires convivió con una idea que hoy parece salida de una novela de ciencia ficción: construir una enorme red subterránea capaz de trasladar personas, vehículos, servicios y hasta actividades comerciales por debajo de la ciudad. El proyecto nunca llegó a concretarse, pero sus planos permiten descubrir otra Buenos Aires posible, una ciudad pensada para crecer hacia abajo cuando el tránsito y la expansión urbana recién comenzaban a convertirse en un problema.

Por Redacción de NLI

Hay ciudades que se expanden hacia arriba y otras que lo hacen hacia afuera. Buenos Aires, en cambio, comenzó muy temprano a imaginar una tercera posibilidad: crecer hacia abajo. Mucho antes de que los grandes túneles urbanos se convirtieran en una solución habitual para el tránsito de las metrópolis, ingenieros y urbanistas argentinos elaboraron proyectos para construir enormes corredores subterráneos debajo de la capital. Algunos buscaban aliviar el tránsito, otros reorganizar el transporte y hubo incluso propuestas que imaginaban verdaderas ciudades bajo la ciudad. La mayoría quedó en planos, pero esos proyectos revelan hasta qué punto Buenos Aires fue, durante buena parte del siglo XX, un laboratorio de ideas urbanísticas.

Una ciudad que empezó a quedarse sin espacio

A comienzos del siglo XX, Buenos Aires estaba viviendo una transformación extraordinaria. La llegada masiva de inmigrantes, el crecimiento industrial, la expansión de los barrios y el aumento constante de automóviles y tranvías estaban modificando una ciudad que había sido diseñada para una escala completamente diferente.

El problema no era solamente la cantidad de habitantes. También comenzaba a cambiar la velocidad con la que las personas se desplazaban. Las calles que habían servido para carruajes debían soportar tranvías eléctricos, automóviles, camiones, bicicletas y peatones. La congestión empezó a convertirse en una preocupación permanente y aparecieron propuestas cada vez más ambiciosas para reorganizar el tránsito.

En ese contexto, el subterráneo adquirió una importancia estratégica. Buenos Aires había inaugurado en 1913 la primera línea de subterráneos de América Latina, un acontecimiento que colocó a la ciudad a la vanguardia regional. Pero los planificadores entendieron rápidamente que una sola red no alcanzaría para resolver todos los problemas de movilidad que aparecerían con el crecimiento urbano.

El subsuelo comenzó entonces a ser visto como un territorio disponible.

No era una idea completamente descabellada. Las grandes ciudades europeas ya construían túneles ferroviarios y metropolitanos, mientras Nueva York y otras ciudades estadounidenses desarrollaban sistemas subterráneos de enormes dimensiones. La pregunta era qué podía hacer Buenos Aires con ese espacio invisible que se encontraba debajo de sus calles.

Los proyectos que imaginaban otra Buenos Aires

Durante el siglo XX surgieron numerosos proyectos para ampliar las redes subterráneas y construir túneles destinados a distintos usos. Algunos proponían líneas ferroviarias, otros corredores para automóviles y otros buscaban separar completamente el tránsito rápido de la circulación superficial.

La idea central era sencilla: si la superficie estaba saturada, había que liberar espacio trasladando parte de las actividades hacia abajo.

Uno de los aspectos más interesantes de esos proyectos era que no siempre se pensaba en túneles exclusivamente como vías de transporte. Algunos urbanistas imaginaban que el subsuelo podía albergar estacionamientos, depósitos, centros de distribución, instalaciones técnicas y servicios urbanos. En determinados planes aparecía una concepción mucho más radical: una ciudad organizada en diferentes niveles, donde cada capa tendría una función específica.

La superficie quedaría reservada principalmente para peatones, espacios verdes y actividades urbanas, mientras los vehículos y determinados servicios circularían por debajo.

La idea tenía un atractivo evidente. Permitía conservar el trazado histórico de las calles sin necesidad de demoler edificios enteros para construir grandes autopistas. También prometía reducir el ruido y la contaminación en determinadas zonas y liberar terrenos muy valiosos del centro porteño.

Pero había un problema gigantesco: el costo.

Construir túneles debajo de una ciudad consolidada significaba enfrentarse a redes de agua, cloacas, electricidad, gas, líneas ferroviarias, cimientos de edificios y una enorme cantidad de infraestructura que ya existía bajo tierra. Cada excavación podía convertirse en una obra de ingeniería de enorme complejidad.

A eso se sumaba otra dificultad: Buenos Aires está asentada sobre terrenos cuya composición y presencia de agua subterránea hacen especialmente exigentes determinados trabajos de excavación.

La ciudad que finalmente eligió otra dirección

Con el paso de las décadas, Buenos Aires fue resolviendo sus problemas de movilidad mediante una combinación de alternativas: ampliación de avenidas, construcción de autopistas, extensión del subterráneo, incorporación de ferrocarriles metropolitanos y desarrollo de nuevas modalidades de transporte público.

Algunos proyectos subterráneos llegaron a convertirse en obras concretas. Otros quedaron archivados y reaparecieron décadas después bajo nuevos nombres. Cada generación de urbanistas volvió a imaginar, de alguna manera, cómo reorganizar una ciudad que nunca dejó de crecer.

Pero aquellos viejos proyectos tienen hoy un valor que supera la curiosidad arquitectónica. Permiten observar cómo cada época imagina su propio futuro.

Los urbanistas de mediados del siglo XX veían el automóvil como símbolo del progreso y pensaban en corredores capaces de permitir que millones de vehículos atravesaran la ciudad con mayor velocidad. Décadas después, el problema comenzó a plantearse de manera diferente: transporte público, movilidad sustentable, bicicletas, espacios verdes y reducción del uso del automóvil volvieron a ocupar el centro del debate.

La ciudad soñada cambió porque también cambió la idea de progreso.

Y ahí aparece la parte más fascinante de esta historia. Los proyectos que nunca fueron construidos también forman parte de la historia urbana. Un plano guardado en un archivo puede revelar tanto sobre una sociedad como una obra terminada: muestra qué problemas preocupaban a sus dirigentes, qué tecnologías consideraban posibles y qué modelo de ciudad imaginaban para las generaciones futuras.

Buenos Aires no terminó convertida en una ciudad subterránea. Pero debajo de sus calles existe todavía una infraestructura enorme que demuestra que aquella intuición no era completamente equivocada. Túneles ferroviarios, líneas de subterráneo, galerías técnicas, estacionamientos y redes de servicios forman una segunda ciudad invisible que funciona todos los días mientras millones de personas caminan sobre ella sin verla.

Quizás la verdadera ciudad subterránea nunca haya sido construida porque, en realidad, Buenos Aires ya tiene una. Solo que no es la ciudad futurista que imaginaron aquellos viejos proyectos, sino una compleja red de infraestructura que sostiene silenciosamente la vida cotidiana de la superficie.

Y cada vez que un tren entra en un túnel, un subte atraviesa una estación o una red de servicios permite que un edificio siga funcionando, aquella vieja idea vuelve a aparecer, aunque ya nadie la vea.