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Río NEGRO ES LA 2da PROVINCIA EN CONTAR CON PRODUCCIÓN ESTATAL DE MISOPROSTOL

Misoprostol de fabricación provincial. Profarse farmacéutica estatal de Río Negro ya puede satisfacer la demanda local siendo la segunda en todo el país.

Río Negro se convirtió en la segunda provincia del país en contar con producción estatal de misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), a través de la Productora Farmacéutica Rionegrina (Profarse), que se prepara para distribuir, en una primera etapa, a nivel provincial; en tanto el pionero Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe ya está en condiciones de abastecer al sistema nacional de salud.

Profarse Sociedad del Estado distribuirá su producción en los seis hospitales cabeceras y en centros de salud de la provincia, en el marco de la Ley Nacional 27.610 de IVE sancionada por el Congreso el 30 de diciembre pasado.

El misoprostol es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el fármaco más recomendado a la hora de practicar la IVE.

Para la titular del laboratorio rionegrino, Marne Livigni, esta producción se traduce «en la garantía en la equidad de los derechos en toda la población de la provincia», por lo que consideró «un gran orgullo poder fabricarlo», algo que hacen desde hace dos años.

«Todo el desarrollo se hizo con recursos y capacidades del laboratorio, no se tercerizó nada; por eso es un orgullo para todos, porque se hizo con gente de acá», precisó.

Livigni sostuvo que «hacer este producto tiene que ver con el acceso a los derechos, a poder elegir, a que las personas gestantes puedan ser tratadas en un hospital público de la mejor manera, sin discriminación, tanto en la interrupción del embarazo como después; son temas que están contemplados en la ley nacional».

En ese sentido, afirmó que el laboratorio público rionegrino «producirá comprimidos vaginales de 200 microgramos» y que el lote inicial será de entre 30.000 y 50.000 comprimidos, que estimó «estarán listos para después de la segunda mitad del año, entre septiembre y octubre».

La demanda interna solicitada por la coordinación de salud reproductiva de la provincia es de 2.500 tratamientos por 12 comprimidos y «la proyección en 2021 es esa cantidad y solo para Río Negro», puntualizó.

Con la producción en el laboratorio local se facilitará la llegada a los hospitales y así Río Negro «consigue un ahorro de un 40%», aseguró la titular del laboratorio estatal.

La capacidad productiva de Profarse es mucho mayor, «pero hay que entender que es un producto muy específico, los lotes en general son chicos porque la demanda es de personas gestantes y no es una cartera muy grande para hacer lotes amplios», añadió la directiva.

En el caso de Santa Fe, LIF ya cuenta con el aval de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que en febrero último autorizó la producción y comercialización del misoprostol porque está «en condiciones de proveer al resto del país un producto confiable y accesible», según comunicó el Ministerio de Salud provincial.

El organismo detalló que «desde julio del año pasado se desarrollaron 300.000 pastillas y próximamente se sumará un cuarto lote con otras 100.000 unidades».

En febrero, cuando se confirmó la autorización de Anmat, la subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, había remarcado en declaraciones a Télam que «esta medida es otro paso para cristalizar en un proyecto concreto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en el Congreso y la soberanía en la producción que se va a realizar en un laboratorio público para un medicamento que ahora va a poder tener tránsito federal y cualquier jurisdicción va a poder comprar».

La funcionaria apuntó entonces que «hasta ahora no había en la Argentina un medicamento de este tipo elaborado en un laboratorio público que contara con habilitación de Anmat».

Sobre la provisión oficial del medicamento a nivel nacional, desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de Nación informaron a Télam que iniciaron la compra de 70.000 tratamientos de misoprostol a través del Fondo de Población de Naciones Unidas.

Fuente: Telam

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    Lo echaron del gobierno por ocultar propiedades… pero a otros no: el caso Frugoni vuelve a exponer la doble vara de Milei

     

    El desplazamiento de Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, por ocultar propiedades en Estados Unidos abre una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿por qué a algunos los echan y a otros, con situaciones similares, los sostienen?

    Por Roque Pérez para NLI

    La salida de Frugoni se produjo luego de que se confirmara que tenía al menos siete u ocho inmuebles en Florida sin declarar ante los organismos argentinos, además de sociedades en el exterior utilizadas para adquirirlos. El caso no fue menor: se trata de un funcionario clave en el área de infraestructura, bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo.

    El escándalo que terminó en despido

    La investigación periodística reveló que Frugoni omitió incluir en sus declaraciones juradas propiedades valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares cada una, muchas de ellas adquiridas a través de firmas registradas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad.

    El propio funcionario terminó admitiendo la irregularidad. Reconoció que no había declarado esos bienes y aseguró que se trataba de un “error” que estaba intentando corregir.

    Pero el daño ya estaba hecho. La normativa argentina es clara: todo funcionario debe declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior, y la omisión puede configurar delitos como enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa.

    En ese contexto, el Gobierno decidió avanzar con su salida. Una decisión que, en apariencia, busca mostrar firmeza frente a la corrupción.

    La incómoda comparación con Adorni

    Sin embargo, el caso abre una contradicción evidente. Porque mientras Frugoni fue eyectado, Manuel Adorni sigue en su cargo pese a estar bajo cuestionamientos patrimoniales y judiciales similares, tal como ya trascendió en distintas investigaciones públicas.

    La comparación no es menor: ambos casos giran en torno a inconsistencias en declaraciones juradas, patrimonio no declarado o bajo sospecha, y posibles irregularidades en el manejo de bienes.

    Entonces, la pregunta es inevitable:
    ¿por qué a Frugoni sí y a Adorni no?

    Discrecionalidad, relato y costo político

    La respuesta parece menos jurídica que política. Frugoni era un funcionario técnico, prescindible dentro del esquema de poder. Adorni, en cambio, es una figura central en la comunicación del gobierno de Milei, con exposición mediática diaria y rol estratégico en la construcción del relato oficial.

    En otras palabras, no todos los funcionarios valen lo mismo dentro del dispositivo político.

    El gobierno intenta instalar una narrativa de “tolerancia cero” frente a irregularidades, pero los hechos muestran otra cosa: la vara cambia según el peso político del implicado.

    Un problema más profundo

    El caso Frugoni no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de episodios que golpean el discurso de transparencia de la actual gestión, especialmente en áreas sensibles como la obra pública y la administración de recursos.

    La utilización de sociedades en el exterior, la omisión de bienes y las inconsistencias patrimoniales no son meros tecnicismos: son señales de posibles circuitos de opacidad que contradicen el discurso anticasta.

    Y cuando la reacción del Estado es selectiva, el problema se agrava.

    La pregunta que queda abierta

    El desplazamiento de Frugoni podría haber sido un gesto de institucionalidad. Pero pierde fuerza cuando no se aplica el mismo criterio a todos.

    Porque en política, tan importante como sancionar es hacerlo sin discrecionalidad.
    Y hoy, la sensación que queda es otra:
    no hay una política anticorrupción, sino una administración del costo político de cada escándalo.

     

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