Río NEGRO ES LA 2da PROVINCIA EN CONTAR CON PRODUCCIÓN ESTATAL DE MISOPROSTOL

 

Nos alertó el tío Ronnie. Escribió en el grupo de Whatsap de la familia: “Si quieren llevarse el sable de San Martín, nosotros quizás podamos evitarlo. Al fin y al cabo somos los herederos de Manuelita Rosas”. 

Con el mensaje, el link a una nota que contaba la intención de Javier Milei de trasladar el sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos. Como esa, en los últimos días varias más avivaron la polémica. “El sable corvo de San Martín irá en helicóptero para un acto de Milei” decía el título de la nota de Susana Reinoso publicada en Clarín. Explicaba que el sable saldría del Museo Histórico Nacional sin custodia de integrantes de la institución y sin comunicación oficial. Querían recrear la Batalla de San Lorenzo con el sable original. Otra nota agregaba que el arma sería presentada en este acto oficial para luego ser trasladada al Regimiento de Granaderos. Una nota de opinión, escrita por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, calificó el traslado del sable como “un acto de reparación histórica”. Algunos decían que se lo estaba utilizando como botín de viejas disputas políticas, como un pedazo de utilería en la devaluada batalla cultural. Varios artículos mencionaban la intención del presidente de empuñar él mismo la espada del Libertador, en un momento del acto oficial y la reconstrucción del próximo fin de semana. Falta, para ello, el decreto oficial que buscarían que avale el traslado.  

La misión familiar que vendría en los días que siguieron al mensaje del tío Ronnie empezó con una conversación en el grupo de Whatsapp —el mismo que usamos para anunciar fechas de cumpleaños, definir quién hará la ensalada rusa en las fiestas o quién lleva el postre— donde empezamos a compartir todos los artículos y la información disponible sobre el sable. Los leí entre mates en la redacción donde trabajo. Seguíamos sin tenerlo claro. ¿Por qué el traslado del sable? ¿Y  con qué fin?

Un breve racconto histórico: el sable lo adquirió San Martín en Inglaterra, en 1811. Es un arma sin ostentaciones: no posee piezas de oro ni brillantes, es austera y sencilla. Tiene una curvatura irregular, que en su momento le daba gran capacidad de daño al adversario. No se sabe a cuánta gente mató o hirió San Martín con ese sable. Sí que lo usó San Lorenzo y en las campañas de Chile y  Perú, en las batallas clave por la independencia. En 1844, desde el exilio en Francia San Martín le envió su sable corvo a Juan Manuel de Rosas, aún en el poder. Escribió que se lo legaba “como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tentaban de humillarla”. En 1852, después de perder la Batalla de Caseros, Rosas huyó de Buenos Aires. El sable fue con él, al exilio en Southampton. Y cuando murió, en 1877, lo heredó su yerno Máximo Nepomuceno Terrero, esposo de Manuelita, e hijo de José Nepomuceno Terrero, que había sido en vida el hombre de máxima confianza y administrador de los negocios de Rosas. Los Terrero —y la propia Manuelita— son, además, mis antepasados.

En 1896, Manuela y su marido decidieron donar el sable. Lo enviaron a Buenos Aires con una carta dirigida al fundador y primer director del Museo Histórico Nacional, Adolfo Carranza. Ahí quedó el sable entonces por decisión de la familia, junto con todo el patrimonio sanmartiniano que fue donado por las nietas de San Martín.

Durante sesenta años el sable permaneció en una vitrina del museo en Parque Lezama, hasta que empezaron los tironeos. Dos veces lo robaron militantes de la Juventud Peronista —en 1963 y en 1965— en reclamo de que se levantara la proscripción contra el partido. La primera vez, lo recuperó un oficial del Ejército después de unos meses. La segunda vez demoraron un año en recuperarlo: ya había tomado el poder Onganía, y se llevaron el sable al Regimiento de Granaderos, alegando que no estaba seguro en el museo. Cuentan que la negociación entre militares y peronistas fue en un restaurante chino en Balvanera, comiendo chow fan con el sable sobre la mesa. 

El museo reclamó durante años la devolución del sable. Recién en 2015 se restituyó a la sala por decreto presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, esta vez custodiado por tres Granaderos en un gesto al Regimiento. 

Ahora, trasladar otra vez el sable de San Martín pone en jaque el acceso público a la reliquia e implica una apropiación política del símbolo patrio. Y se plantean también dos escenarios: el sable podría estar custodiado en un ámbito militar o mantenerse en un ámbito civil y de carácter cultural, como el museo. 

Solo una de las notas que había compartido mi tío Ronnie en Whatsapp decía que el sable había sido donado por la familia Rosas-Terrero al museo. 

“¿Esto es así? ¿El sable lo donó la familia Terrero, nuestra familia?”, le escribí a Ronnie. “Sí, es así”, me contestó él.

Aunque somos descendientes de una familia de estirpe, no tenemos campos, ni joyas, ni caballos, ni pieles. Nada. Sí hay charlas de cómo se llega a fin de mes, trabajos múltiples, vacaciones gasoleras, gente que se levanta temprano para salir a trabajar. Y no tenemos una mirada ideológica homogénea: en la mesa familiar hay conservadores, peronistas, socialistas, liberales. A veces discutimos bastante, otras nos abrazamos y todo sigue bien. 

Y ahora de pronto, sin saberlo, nos encontramos en medio de una disputa por una reliquia histórica. Nos tocaba hacer nuestra parte. 

***

En el Museo Histórico Nacional se conservan 30 mil piezas y obras distribuidas en salas, pasillos y recovecos. Todos los días  jubilados, niños y turistas se frenan ante cada objeto de la magnitud del catre que usó San Martín en el cruce de los Andes,  los anteojos de Balbín, o la capa de abrigo de Cecilia Grierson. Al fondo de un pasillo silencioso de paredes claras, reposa el sable corvo de San Martín. El que empuñó en la batalla de San Lorenzo y el cruce de los Andes, el que Rosas se llevó a Southampton y el que donó Manuelita. El que mi tío Ronnie, mi tía Mechi, mi prima Malena y yo intentamos preservar desde un improvisado equipo de rescate ahora que se lo quieren llevar.

Ronnie, que nos lidera, es veterano de la guerra de Malvinas. Estuvo en las islas, vivió la muerte y la crudeza de un conflicto bélico en el que murieron miles de jóvenes como él. También hacía los asados con mi papá, está siempre que lo necesitan y tiene un tono tranquilo, que combina bien con la personalidad extrovertida de mi tía. Por eso su vehemencia al compartir la noticia del sable nos llamó la atención. 

En medio de los mensajes de Whatsapp, mi tío me llamó por teléfono:

-Tengo el acta de donación de Manuelita- dijo. 

-¿El acta? ¿La verdadera?

-Sí, es una foto, mirala. Estos son tus antepasados, Cande.

Había emoción en su voz. En las fotos se veía el acta viejísima, firmada el 26 de noviembre de 1896. Varias páginas de un papel casi transparente por los años. La cursiva de Manuela. Las líneas dicen así: “Al fin mi esposo, con la entera aprobación mía y de nuestros hijos, se ha decidido en donar a la Nación argentina este monumento de gloria para ella, reconociendo que el verdadero hogar del sable del libertador debiera ver en el seno del país que libertó. Mandaremos también dos objetos históricos que pensamos serán de valor para el Museo Histórico Nacional”. 

Supimos luego que esa acta, en realidad, nos otorgaba derechos. 

***

Al día siguiente del primer mensaje de alerta logramos recopilar el acta, chequear decretos anteriores, revisar el recorrido del sable por nuestra historia. 

—Tengo listo el árbol genealógico de tu familia. Por ahora somos vos y yo, no se sumó otro Terrero más —me dijo el tío Ronnie del otro lado del teléfono—. El martes podemos ir al museo.

El primero en atendernos el teléfono fue un legislador del PRO, que resolvió cada duda que teníamos. ¿Se podría hacer algo para frenar el traspaso? Sí. ¿Valía la pena hacerlo? También. ¿Sobre qué fundamento legal nos podríamos amparar? 

—Lo de tu familia fue una donación- me explicó el legislador —Hay que ver si fue con cargo, dirigida claramente al Museo Histórico. Si se retira de ese lugar se estaría incumpliendo el cargo de la donación y la voluntad de los herederos del sable. 

El segundo fue un diputado del PJ, que atendió en medio de sus vacaciones, a las once de la mañana de un sábado. 

—Sí, nosotros presentamos un pedido de explicación en el Congreso de la Nación, pero ustedes también pueden hacer algo- dijo. 

Hacer algo, ¿qué?

—Estamos haciendo lo correcto, Cande— dijo Ronnie —Es lo que corresponde. Cuando hay que hacer quilombo, no hay que hacerlo poquito. 

Son complejos los vínculos familiares. Las dinámicas se construyen, muchas veces, sobre la diferencia. No hubo consenso alguno con mi tío abogado, Martín. Dudó si estábamos en el camino correcto, si no estábamos moviendo demasiado el avispero, molestando al poder de turno. Pero no teníamos mucho margen para pensarlo más, la urgencia nos corría.

El tercero en atender, también un sábado, fue Rafael Bielsa, abogado constitucionalista y excanciller. Nos confirmó que la donación había sido una “donación con cargo”, es decir, una donación que no es totalmente gratuita, porque quien recibe el bien asume una obligación a cambio. En este caso, el cargo era mantener el sable en el Museo para que todas las personas que quisieran visitarlo pudieran tener acceso. 

Pero, ¿por qué debería importar todo esto? ¿Qué cambia dónde esté el sable de San Martín?

Un colega del diario me recomendó llamar a Gabriel Di Meglio, ex director del museo hasta el año pasado. Historiador, investigador de CONICET y profesor de la UBA. Durante su último año de mandato vivió bajo la amenaza del traslado del sable. “Sacarle al museo el sable es matarlo, es hacerle un agujero”, había dicho en una entrevista. 

—El sable tiene que estar en el museo porque fue donado ahí, los museos hacen sus colecciones en base a donaciones —explicó en una llamada telefónica en medio de la ruta—. Lo importante es la voluntad de los donantes. Cuando en 2015 el sable vuelve al museo, llega con custodia de Granaderos, entonces la seguridad no puede ser un problema porque si son los mismos Granaderos los que lo cuidan, no debería existir diferencia donde esté, eso no es un argumento. El museo es el único que tiene la capacidad de conservar una pieza. Sacarselo es un hurto.

Tanto Di Meglio como fuentes del museo remarcaron la importancia de que el legado de San Martín se mantenga ahí. 

—Que esté en un regimiento militar implica que no es abarcador de toda la memoria nacional. Tiene que estar depositado en un lugar que sirva a la construcción de la memoria nacional. El fin pedagógico que tiene el sable en un lugar como el Museo Histórico no es comparable con ningún otro lugar— dijo un trabajador del museo, pidiendo no ser nombrado. Los últimos movimientos ya despiertan temores. 

***

“Cande, tu tía Mechi se suma. Anotala. Vamos sumando porotitos” decía otro  mensaje de Ronnie que recibí por la tarde. Los encantos de mi tío surtían efecto. 

Pero el llamado importante llegó entre góndolas en el supermercado. Llamaba un abogado, el único que respondió con la intención real de representarnos. Nicolás Rechanik estaba interesado en seguir la causa, interesado en el carácter histórico del sable y en las consecuencias negativas que podrían existir en caso de que el legado de San Martín se convirtiera en una pieza más de disputa política y del acto que intenta montar Milei. Explicó que la mejor estrategia era la que había adelantado Rafael Bielsa.

—Esto se presenta ante la Cámara Contenciosa Administrativa Federal que va a sortear un juzgado —me explicó muy rápidamente—. Vamos a presentar una medida cautelar, no innovar, para que se preserve al sable corvo en el museo histórico nacional con el objetivo de evitar que el gobierno se lo lleve a otro lado, a partir de las declaraciones públicas y de la posibilidad de que salga un decreto.

A los pocos minutos pidió documentación que nos obligaba a pisar el acelerador entre mi familia, intentando sumar cada vez más voluntades. 

—Sumá a tu mamá a la cautelar, la convencí —dijo Ronnie, triunfante. 

No fue un rejunte fácil, no todos estaban seguros de avanzar. “No voy a participar, no estoy de acuerdo”, dijo mi tío Martín en el grupo. Otra tía tampoco quiso. Mi prima del sur, Malena, fue la tercera en poner la firma. No me sorprendió: si de firmeza se trata, ella da el ejemplo. Le siguió su padre, Sebastián, trabajador social, uno de esos tíos que te cocinan rico y te hacen sentir bien. Y finalmente mi madre, de tradición conservadora. De a poco, con el correr de las horas, éramos cinco familiares con cinco cosmovisiones muy distintas del mundo, pero todos de acuerdo en esta. 

Repasé nuestro árbol genealógico que hicimos en una página de internet que me había mandado mi tío y miré algunas fotos familiares: mi mamá con su vestido floreado y el pelo corto, la mirada dulce de mi abuela, el gesto pícaro de mi bisabuela en la foto donde estamos las cuatro; los nombres de tatarabuelas que sólo conocía por anécdotas lejanas, más nombres, más ramas, hasta llegar a José, el mejor amigo de Rosas.

Es extraño rearmar el rompecabezas de quienes nos precedieron. Es aún más extraño saber que algunas de esas personas tuvieron un rol significativo en una historia colectiva. Es también extraño pensar que nosotros, un conjunto de tíos y sobrinas, podemos lograr algo, aunque sea pequeño, algo, que tenga un impacto positivo. 

Esta mañana, el primer lunes de febrero de 2026, presentamos una medida cautelar buscando que el sable se quede en el destino que eligieron mis ancestros. No sabemos aún cuándo llegará el decreto ni cuál será la respuesta de la Justicia. Tal vez no pase nada, tal vez algo se mueva.

Pienso en mi hijo que está por nacer. Pienso en la posibilidad de que algún día pueda visitar el museo conmigo y su papá, detenerse frente al sable, que podamos contarle las historias de su país, y que nosotros ganamos nuestra batalla.  

La entrada Operación rescate del sable de San Martín se publicó primero en Revista Anfibia.

 

La Isla 58 cuenta con un nuevo atractivo: la biblioteca al aire libre, ubicada en la zona donde se encuentra el avistaje de aves. Este espacio fue inaugurado con el objetivo de  ofrecer una propuesta innovadora en el marco de la pandemia que nos atraviesa desde el año pasado. Pero además con el fin de…

 

Patricia Bullrich anunció este martes que el proyecto de reforma laboral mantiene la eliminación de la ultraactividad, invierte la prelación de las negociaciones colectivas colocando los acuerdos por empresa encima de los que se hagan por rama y deroga los estatutos. Esos tres puntos formaban parte del listado de artículos que la CGT pretendía voltear, pero la jefa del bloque libertario los expuso, entre otros, como «un cambio estratégico en las relaciones laborales argentinas».

En conferencia de prensa, la exministra de Seguridad defendió la «prelación de convenios de empresa». «Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional», explicó.

Ese cambio debilita a los sindicatos en las negociaciones paritarias por salario y condiciones laborales, acrecentando el peso de la patronal sobre las comisiones internas.

Bullrich aclaró también que se mantendrá tal como está previsto en el dictamen firmado en diciembre el artículo referido a la ultraactividad, el concepto que garantiza la continuidad de los convenios hasta que aparezca uno nuevo en cada actividad. Tanto la CGT como la CAC, la CAME y ADIMRA peleaban porque no cayera esa cláusula porque, tal como informó LPO, la necesidad de volver a conveniar todos los años se torna inoperativa en términos administrativos y productivos hasta para los dueños de las firmas.

Los gobernadores se impusieron y Toto Caputo sacó Ganancias de la reforma laboral

La argumentación de la senadora fue que «en la redacción del artículo sobre ultraactividad se aclara que los convenios pueden seguir siempre que las partes acuerden eso», una manera ingeniosa de habilitar la disolución del instrumento salvo que empresarios y delegados pacten sistemáticamente la vigencia de los convenios.

Por otro lado, se pavoneó con la derogación de los estatutos de profesionales, como el del periodista o el viajante de comercio. «Los estatutos son previos a los convenios y no va a quedar ninguno», dijo con tono marcial.

Bullrich, junto a senadores del PRO, la UCR y LLA.

Alrededor suyo se ubicaron senadores aliados en representación de la UCR, el PRO y la bancada de La Libertad Avanza. Estaban los radicales Eduardo Vischi y Mariana Juri, Martín Göerling en representación del partido amarillo y Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta, entre otros, por los libertarios.

Las únicas dos concesiones a la CGT anunciadas por Bullrich fueron la continuidad de las patronales como «agentes de retención» de los aportes para la «cuota sindical», con un tope de 2 por ciento, y el sostenimiento del 6 por ciento para las obras sociales, cuando el dictamen original reducía esa cifra a 5 puntos y le comía a los sindicatos alrededor de 800 millones de pesos. «Lo dejamos en 6 puntos porque consideramos que la salud es importante», dijo la senadora.

Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio de ámbito nacional.

Los anuncios de Bullrich contra las conquistas del movimiento obrero no fueron conversados con representantes de la central de la calle Azopardo, pese a que fuentes del gobierno le anticiparon a LPO que el gobierno no daría el brazo a torcer en esos puntos. «Todo eso que dijo Bullrich habrá que verlo, está muy rosqueado», contestaron desde la CGT en medio de los preparativos para la marcha de este miércoles al Congreso.

La exministra había dicho que «una ley no es la imposición de una parte sobre la otra sino un acuerdo», cuando tuvo que explayarse sobre las razones que llevaron al gobierno a declinar el capítulo de ganancias por la resistencia de los gobernadores. «No hay ganadores y perdedores, sino un acuerdo y en ese acuerdo se respetan las miradas», abundó para justificar un entendimiento que no se estaría produciendo con la CGT.

No asistieron los senadores provinciales que comprometieron su respaldo a la reforma, como la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense Edith Terenzi, la cordobesa Alejandra Vigo, los dos misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Omar Arce, y los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano. En total, serían 10 legisladores determinantes para que salgan los artículos durante la votación en particular o no pero, al cierre de esta nota, el oficialismo confiaba que rondaría los 40 votos por la afirmativa.

 

 

La llegada de Carlos Presti al ministerio de Defensa está lejos de resolver la crisis de IOSFA, la obra social de los militares que desde la llegada del gobierno de Javier Milei acumula deudas millonarias que afectó progresivamente la cobertura social tanto de los activos como de los retirados. 

Esta situación empeoró y fuentes afectadas por la situación revelaron que en Mar del Plata los afiliados de IOSFA se quedaron sin cobertura por una deuda de 800 millones de pesos con el Hospital Privado de la Comunidad. 

Esta fuente afirmó que «hay un corte total de cobertura en Mar del Plata desde hace varios días sin solución a la vista.
Los afiliados deben pagar de su bolsillo «cifras astronómicas» en el HPC (donde normalmente tienen cobertura) y tienen problemas para conseguir turno». 

Un decreto de Milei a la medida de Presti reabre el debate sobre la politización de las Fuerzas Armadas

El enojo y decepción arrastra a Presti porque, según afirman, se esperaba que el nuevo ministro saneara la obra social, pero «la realidad es que es peor todo y no ha servido de nada».

Esta fuente afirma que «en Mar del Plata están las tres fuerzas representadas, hay gente en actividad y retirados de las tres fuerzas y se quedaron sin obra social y sin alternativas porque en el HPC vas con problemas médicos o algún tipo de estudio». 

«Tenés que ponerte tu bolsillo que en algunos casos llegan a los 400.000 pesos que te sale una tomografía o los 100.000 que te salen un análisis de sangre. Con los sueldos nuestros y sobre todo los que están con algún tema complejo o jerarquías bajas, imposible hacer frente a esos valores», remarca. 

Tenés que ponerte tu bolsillo que en algunos casos llegan a los 400.000 pesos que te sale una tomografía o los 100.000 que te salen un análisis de sangre. Con los sueldos nuestros y sobre todo los que están con algún tema complejo o jerarquías bajas, imposible hacer frente a esos valores

«Es una situación muy compleja que no tiene viso de solución por el momento, a pesar de que habían hablado de que se iba a regularizar a través de un DNU y que se iban a separar las obras sociales con la fuerza de seguridad. De todo eso nada y con pagos muy a cuenta gotas que son insuficiente como para restablecer la prestación», lamenta. 

Según esta fuente, otra ciudad con problemas similares es en el Hospital Italiano de Bahía Blanca y  hay problemas con las farmacias que atendían IOSFA en todo el AMBA.

Petri mete mano en los fondos de las Fuerzas Armadas para resolver el déficit de la obra social 

«CABA tiene otra situación porque también está el Hospital Militar Central, el Hospital Naval y el Hospital Aeronáutico como alternativas primarias. La situación está muy delicada, porque en este momento IOSFA no cuenta con caja como para hacer frente al pago de los prestadores, y entonces eso se va cortando», concluye. 

El enojo es mayor porque consideran que las prioridades de Presti están desfasadas de estas necesidades. «Se preocupa más porque los militares de alto rango puedan tener cargos políticos sin pasar a disponibilidad en lugar de resolver estos problemas que son urgentes», reprochan.

LPO accedió a un comunicado en el que dice que «el Hospital Privado de Comunidad (HPC), a través de la Fundación Médica de Mar del Plata, notifica a la Base Naval que, debido a las deudas impagas por parte del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), se suspenden la mayoría de los servicios programados» con la excepción de Oncología, Pediatría, Obstetricia y emergencias que pongan en riesgo la vida.  

 

 

Es un día ventoso y fresco. Salgo de Austin a las 9 a.m. En menos de dos horas, mucho antes de la audiencia, llego a la corte administrativa de migración ubicada en el centro de San Antonio. Le prometí a Ángel Lanas que estaría el día de su apelación. No podía defraudarlo. Hace varios años que visito a migrantes encarcelados en el T. Don Hutto, un centro de detención, como parte de un grupo de voluntarios y voluntarias que les dan apoyo. Ángel es uno de ellos.

El estacionamiento está casi vacío. Sorprende. En los últimos meses a estos edificios los rodean autos de ICE, los agentes cazan migrantes cuando salen de sus trámites. Algunos acuden a la corte para registrarse regularmente, como es obligatorio, otros van a renovar permisos de trabajo. Hoy Ángel comparece ante un juez para apelar su caso de asilo. 

Viajé con el equipo de la Clínica de Migración de la Universidad de Texas. Denise Gilman, abogada y directora de la Clínica, va al volante. No hay tráfico en la I35, la autopista que atraviesa el país y une a Canadá con México. Hablamos del trabajo que han hecho Amy Grace Humber y Shelby Alenxander, estudiantes de Gilman que representan a Ángel en la audiencia de hoy. Están animadas. Elena (que prefiere no dar su apellido), experta en El Salvador, cuenta cómo están las cosas en ese país. Al llegarlas cinco salimos de la camioneta. Yo soy la única que no tiene papel en la audiencia. Al menos eso pienso. Ahora, casi dos meses después, al escribir los eventos de esa mañana, entiendo mi función. 

Sigo a ese grupo de mujeres valientes y comprometidas. Han trabajado en el caso durante  meses. Esta mañana es decisiva. Entramos al edificio por una de las puertas laterales, tomamos el ascensor hasta el cuarto piso. El interior está en renovación. Los corredores, vacíos. Un olor a polvillo vuela en el aire. Las puertas, cerradas. Paso por la cinta de seguridad, pongo abrigo, bufanda, zapatos. Las abogadas, los enormes maletines con documentos. Ya del otro lado, caminamos por un pasillo largo hasta llegar a un despacho con el número indicado. Gilman abre la puerta que da a un lugar de no más de 50 metros cuadrados con la venerable disposición de una corte. 

Werner Gephart afirma que en las sociedades modernas la coreografía ritualista de la ley ocupa el lugar que tenía lo sagrado en el mundo antiguo. Gephart, que además de sociólogo es artista, advierte que la disposición física de una corte emula un templo. Por el tamaño, esta sería una capilla. En la tarima del fondo está el altar, donde se sienta el juez, a su lado, una mesita para la intérprete. Frente a ella, el escritorio para las representantes legales (Amy y Shelby) que miran al juez. A su derecha, una pantalla de 45 pulgadas colgada en alto, en la pared. En una de las tres bancas largas como de iglesia destinadas para los asistentes nos sentamos Gilman, Elena y yo. Nos separa del estrado un pasamano de menos de un metro de altura. En el centro, el corredor por donde avanzará a declarar Elena, la experta, cruzando la pequeña puerta. Tal y como en las películas.

En la sala solo estamos nosotras. Es lo común. En las cortes administrativas que procesan los casos de asilo de miles de migrantes no hay cobertura, ni testigos civiles –excepto que sean declarantes–. No hay otro registro (además del oficial que queda en archivo) que el de los abogados defensores y el los de familiares de los solicitantes, cuando los hay. El performance de la ley es fundamental para establecer la memoria colectiva, advierte Gefhart. “Si no se ve, sin el uso de los medios, sin un discurso público de los amenazados sentimientos colectivos, el colectivo consciente, la formación de una sociedad civil parece inviable”. 

A las 13 horas en punto entra el Juez, de capa negra larga. Nos ponemos de pie. Se sienta. Nos sentamos. Entra la intérprete, una mujer de edad madura. Lleva una cartera pasada de moda y un cuaderno. Ángel está en T. Don Hutto, un centro de detención a 184 kilómetros de San Antonio. En la pantalla aparece con una camisa color naranja, de preso, la expresión serena. Solo él siente el ritmo al que late su corazón, la velocidad de su pulso. A su lado están dos mujeres jóvenes, otra representante legal del equipo de la universidad y otra intérprete. En la pantalla se los ve sentados, hombro a hombro, como si viajaran apretados en un auto pequeño. En Hutto, el cubículo donde llevan a los migrantes para que asistan a sus audiencias mide un metro por un metro. Como cientos de migrantes en el país, Ángel se sienta en este lugar para asistir a un proceso que transcurre lejos, en una lengua que no es la suya y en el que se juega la vida. A diferencia de la gran mayoría, él tiene representantes legales y una intérprete. Ángel llegó al despacho de la Clínica a través de American Gateways, la firma de abogados que trabaja sin fines de lucro dando servicios a migrantes, refugiados y personas que han sufrido persecución. 

Desde la última vez que asistí a una audiencia en San Antonio, antes de la pandemia, han cambiado dos cosas. No está presente el abogado del Estado, que ahora participa virtualmente. El acta se levanta por un sistema automatizado que digitaliza los diálogos. 

El juez saluda y hace una lista de quienes están presentes en la sala. Procede a leer el orden del día. Toma juramento a la intérprete. Menciona los números de los expedientes y las páginas donde están las declaraciones de los testigos, tanto de los que están en El Salvador como de las expertas que darán testimonio en la audiencia. A los documentos que nombró los llama Exhibits. La palabra me regresa a la idea de la coreografía de la ley.

Como muchos migrantes, Ángel cruzó la frontera entre México y Texas y pidió asilo. En ese momento el personal del Border Patrol lo arrestó. Él casi no tiene relación con su familia. Durante el tiempo de encierro sólo habló con sus abogadas, y en los dos últimos meses, conmigo, una vez por semana. En Hutto, Ángel pasó por momentos de depresión severa y estuvo en confinamiento solitario más de una vez. Es un joven delgado y de baja estatura: tímido y muy reservado. Creció en la calle, quedó huérfano de madre a temprana edad, fue criado por su abuela y, aunque conoció a su padre, no fue reconocido. Nunca tuvo un documento de identidad. No creció con sus hermanos y tiene contacto esporádico con ellos. Por vivir en la calle sufrió maltrato y persecución de la policía, por eso huyó. No quiere regresar porque sabe que será encarcelado y teme por su vida. 

En Hutto, Ángel se ha dedicado a cortar el pelo a sus compañeros. Core Civic, la corporación que administra el centro de detención, le pagaba 25 centavos de dólar por cada corte. Después del séptimo corte, 50 centavos. Lo he visitado cada semana, por una hora, durante dos meses. Nunca me habló de su vida pasada, hasta esa mañana de mi última visita, el miércoles 10 diciembre, dos días después de la audiencia en San Antonio. Le pregunté si podía contar lo que había sucedido el lunes en la corte. “Cuente todo lo que quiera”, me dijo con voz suave. Más que a permiso, sus palabras sonaron a claudicación. Después me compartió su historia en El Salvador.

Durante los años que he visitado a mujeres migrantes detenidas en Hutto, las penurias del trayecto es algo de lo que hablan –si lo hacen– como un desahogo. Cuando comparten esa intimidad, relatan la vulnerabilidad extrema que las llevó a migrar. Cuando cuentan los horrores que experimentaron durante su viaje, lo hacen como una catarsis. Quienes las visitamos, no firmamos un compromiso de confidencialidad, pero esas historias son suyas. No escribo de ellas. Hacemos públicas sus experiencias dentro de Hutto sin ponerlas en evidencia. Es la única manera en que la sociedad puede enterarse de las muchas formas de maltrato interno. Eso ayuda a movilizar a la comunidad y hace de Hutto un centro de detención muy particular. A este acervo de crueldad pertenece la historia que registra el vacío del ritual de la ley migratoria a la que someten hoy en día miles de personas. 

El centro de detención T. Don Hutto está en Taylor, a 55 kilómetros de Austin. Es una construcción de enormes paredes blancas ubicada a orillas del pueblo, frente a las líneas de una última estación de un tren de carga. En ciertas épocas del año se ven las pacas de algodón, recordando el pasado de la zona. A cinco minutos de ahí está la plaza central de Taylor, en el condado de Williamson, Texas. Originalmente Hutto fue una cárcel de mediana seguridad construida en los años 90 sobre un terreno que fue tierra de trabajadores del campo, en su mayoría mexicanos. Ellos donaron el terreno a la iglesia católica que vendió el predio por 10 dólares a la Correction Corporation of America (CCA), antes Wakenhut, actualmente Core Civic: una corporación privada dedicada a administrar cárceles. 

Hutto funcionó como cárcel de varones condenados en el sistema penal entre 1994 y 2004. Se cerró debido al bajo número de internos. En 2006, CCA firmó un contrato con ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) para administrar la institución y transformarla en un centro de detención para familias migrantes. En 2006-2007 –me explica Gilman– aún en estados conservadores como Texas, se discutía la necesidad de dejar de usar la prisión privada. El sistema penal gastaba demasiado dinero encarcelando a gente que no tenía que estar detenida, a expensas de los impuestos de los contribuyentes. Ese dinero, además, iba a las corporaciones privadas que administraban las cárceles. Entonces, el sistema penal dejó de usar la prisión privada y estas compañías se dedicaron a la población migrante. Texas es, de largo, el estado con más centros de detención para migrantes en el país. Actualmente, las corporaciones privadas que administran las prisiones hacen cuantiosas donaciones a las campañas políticas y tienen un lobby importante. Desde que empezaron las redadas de ICE con este nuevo gobierno, han incrementado su valor en la bolsa.  

Aunque siempre existió algún tipo de privación de la libertad para migrantes, esta política se incrementó durante los años 80 con la administración de Reagan, por la llegada masiva –por mar y tierra– de cubanos, haitianos y centroamericanos, explica Gilman. Desde entonces encarcelar a quienes piden asilo se volvió un método para desalentar y detener la ola migratoria. Al principio se los encerraba en cárceles comunes, pero luego empezaron a aparecer las cárceles privadas. Así, Corrections Corporation of America (CCA) entró en el negocio de la detención privada. En 1996, durante la administración de Clinton, el Congreso aprobó la Ley de Reforma a la Migración Ilegal y de Responsabilidad del Migrante, y se formalizó lo que sucedía desde los 80. 

Cuando son trasladados hasta allí, muchos ni siquiera saben que es un centro de detención de migrantes y no a una cárcel común, lo que no es un detalle menor. Ángel lleva un uniforme naranja. En la sala donde nos sentamos, a veces hay hombres que reciben visitas de sus familiares, algunos visten uniforme blanco y otros, azul. Ángel me dice que los de blanco trabajan en la cocina, y no sabe por qué a los demás los clasifican en colores. 

En la pantalla aparece la doctora Tommie Sue Montgomery, politóloga y experta en El Salvador. Participa virtualmente desde Canadá. El Juez le toma el juramento.

Montgomery articula en orden y de manera detallada su declaración. Habla del tema del estigma como uno de los factores definitivos para encerrar a la gente en El Salvador. Ángel tiene muchas de las características que hacen que pese sobre él el estigma que determina que una persona vaya a la cárcel. 

Montgomery las enumera: Es joven. Como la mayoría de los chicos pobres de su país, tiene tatuajes, una manera de acceder a protección en la calle. Y no los pueden ocultar porque en El Salvador hace calor y la gente va con ropa ligera. Ángel es pobre. Tiene una condena por robo. No tiene familia que reclame por él. No tiene documento de identidad. La politóloga se detiene en este punto y explica que es muy difícil sacar este documento si no lo hicieron los padres. Sin él, cualquier hombre joven y pobre, como Ángel, queda más expuesto a las políticas represivas del gobierno de Bukele. 

Para hablar de lo que sucede en El Salvador, Montgomery cita fuentes, presenta estadísticas y entrevistas que ella misma realizó a gente de ese país. En caso de que Ángel regrese como deportado, afirma, lo más probable es que se lo envíe directamente a una cárcel de máxima seguridad. Muchos de los detenidos allí no tienen una condena, están ahí por el estigma que pesa sobre ellos, insiste. Se conocen casos de hombres que han sido torturados hasta la muerte. Montgomery exhibe imágenes que muestran las formas de violencia usadas por la policía y corrobora sus declaraciones. Entre las evidencias que presenta, incluye las declaraciones públicas del propio Bukele. De ser deportado, lo más probable es que Ángel muera, concluye.

El abogado del Estado pregunta si no tuvo una condena por robo. Montgomery contesta que sí, que a eso se debe su riesgo.

Montgomery termina su declaración. Sale del monitor. 

El Juez, con una disposición relajada y tono amigable, cuenta que visitó El Salvador cuando trabajó para un programa de repatriación vocacional con la esposa del entonces presidente, que era una trabajadora social muy reconocida. No dice el nombre del presidente ni los años de sus viajes. Las abogadas se sorprenden de que el Juez conozca El Salvador. No es lo usual. Hay un receso. Se levanta el Juez, nos levantamos, cuando sale, nos sentamos.

Cuando se abrió el T. Don Hutto Residential Center como centro de detención para familias, ACLU (American Civil Liberties Union), la Clínica de Migración de la Universidad de Texas y un bufete privado de abogados le iniciaron un juicio al gobierno federal por la violación de la ley respecto al trato a los menores de edad. Para aplacar la protesta, sus directivos suavizaron la imagen del edificio, quitaron los alambres de púas y buscaron darle a la institución un aspecto más amable. En la sala de visitas pusieron sillones de hule dispuestos como en una sala familiar, y en el interior hicieron dibujos en las paredes como en las escuelas primarias. Los niños, sin embargo, siguieron el mismo régimen de encierro que sus madres y solo podían salir de las celdas una hora al día.

En el 2007, respondiendo a la presión social ejercida por varias ONG y activistas, las partes llegaron a un acuerdo y se cambiaron algunas rutinas en el centro. Poco después, el observador federal encontró que, de manera consistente, la CCA no cumplía con su parte del acuerdo. Siguieron las presiones de los activistas hasta que, en 2009, el ICE y el Condado de Williamson firmaron un convenio por el cual el lugar se convertiría en un centro de detención de mujeres migrantes. En 2010, el fiscal del condado presentó cargos contra un empleado de CCA por abuso sexual a muchas detenidas. El caso terminó en la condena del empleado, pero no cambió en nada el arreglo entre CCA y ICE. 

En 2017, el FBI investigó acusaciones de abuso sexual en Hutto. Como respuesta, Core Civic prohibió la entrada a las instalaciones a miembros de Grassroots Leadership (la ONG que trabaja con migrantes) y de American Gateways (la organización de abogados que lleva casos pro bono). En el 2018, cuando empezaron las separaciones de familias, se encerró en Hutto a madres que habían sido distanciadas de sus hijos. Las organizaciones expresaron su desacuerdo. Entonces hubo una consulta popular y el condado votó mayoritariamente para que se dé fin al contrato de funcionamiento del centro de detención en Taylor. Éste debía terminar en enero del 2019, pero en el 2020 ICE y Core Civic firmaron un contrato de diez años, lo hicieron en privado, sin seguir los procedimientos necesarios y las regulaciones públicas. Core Civic llevó a cabo un proceso de contratación de personal que no cumplió con las disposiciones públicas. 

Durante la pandemia, el centro de detención pasó a ser un lugar para varones migrantes. Desde entonces, se remodeló la fachada, hoy tiene aspecto de cárcel de mayor seguridad. Hay tres filas de alambres de púa enrollados y una cerca de metal rodea todo el edificio. A la puerta de vidrio, a la que antes se accedía directamente, ahora la rodean mallas y filas de rollos de ese mismo alambre. Para ingresar hay que pasar por una puerta cancel de metal enorme que da directamente al estacionamiento. A ese lugar intimidante llegó Ángel. No conoció nada de Estados Unidos que no fuera la frontera y el centro de detención. Cuando lo visitaba, me pedía que le describa el afuera. 

Pasó ahí dentro su cumpleaños 32. Fue en noviembre, cuando llevaba 22 meses encerrado. Su pedido de asilo había sido denegado por otro juez, pero el tribunal de apelaciones encontró errónea la decisión y lo mandó de vuelta a la corte para su revisión. Como todos los migrantes en su situación, no recibió un plazo que estableciera un final previsible a su encarcelamiento. La fecha de las audiencias se establece de manera arbitraria y el tiempo de encierro para un migrante puede variar entre un par de semanas y años, como el caso de Ángel. 

Para llegar a la audiencia de hoy, sus representantes legales han sumado documentos, pruebas, informes de expertos y declaraciones de testigos en El Salvador: su prima, una amiga, dos testigos e especializadas. Hay esperanza.

Regresa el Juez a la sala y repetimos el ritual de la parada y la sentada. Llama al estrado a la segunda testigo, experta en derechos humanos. Elena abre la puerta de madera, la cierra, se acerca a su lugar y el Juez le toma juramento. Sus declaraciones coinciden con las de Montgomery, agrega información sobre la opacidad que existe actualmente en El Salvador respecto a las instituciones. Afirma que Bukele admite públicamente el uso de la tortura como su política en las cárceles. Como Montgomery, Elena presenta estadísticas, evidencia con entrevistas, reportes de derechos humanos. Dice que la mayoría de hombres encarcelados no tienen proceso alguno, que los maltratos los llevan a cabo fuerzas de seguridad que dicen vengarse de las pandillas, pero que no hay manera de probar que todos los detenidos sean o hayan sido mareros. Pese a los abusos a los derechos humanos, concluye, la popularidad de Bukele sigue intacta en El Salvador.

El abogado del Estado no tiene preguntas. 

Elena regresa a su puesto. 

El Juez se voltea hacia Ángel para tomarle juramento. 

Las cortes de migración dependen del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El DOJ (por sus siglas en inglés) está encabezado por el Fiscal General de la Nación y se encarga de implementar la ley, mantener el orden y la seguridad pública. Dentro del DOJ hay varias agencias, como el FBI (Federal Bureau of Intelligence), la DEA (Drug Enforcement Agency), FEMA (Federal Emergency Management Agency), AFT (Alcohol, Tabacco, Firearms). Dentro de DHS, está ICE (Immigration and Customs Enforcement) y Customs and Border Patrol (CBP). Bajo la jurisdicción de ICE está Homeland Security Investigations (HSI) y Enforcement and Removal Operations (ERO). Bajo la CBP, está Border Patrol (BP). El cuadro a continuación se concentra en la organización del Departamento de Homeland Security.

DHS y ICE fueron creados por el Congreso estadounidense bajo la presidencia de G.W. Bush después de los ataques del 9/11. Tanto los jueces como los abogados oficiales que llevan los casos de migración son empleados públicos de agencias del gobierno federal, DOJ y DHS respectivamente. No son jueces elegidos de forma democrática ni nombrados por el Presidente, como los del sistema de justicia, acreditados por el Congreso y cuyo organismo máximo es la Corte Suprema. La mayor parte de los jueces de migración antes fueron abogados que representaban a ICE. Aunque se entrenan y pasan por procesos de acreditación para llegar a esos cargos, son empleados públicos y no tienen independencia institucional. Pueden ser despedidos en cualquier momento. 

Juez: ¿Escuchas bien? 

Ángel: Sí.

Juez: No revisé tu caso la primera vez. Fuiste condenado a la cárcel en El Salvador por 8 años.

Ángel: Sí.

J: ¿Cuál fue el cargo?

A: Se me acusó de robo.

El Juez se dirige a la abogada y pregunta si quiere agregar algo. Ella responde que no. 

El Juez se vuelve otra vez a hacia Ángel. 

J: Trataste de sacar tu documento de identidad dos veces.

A: Sí.

J: ¿Tienes hermanos?

A: Sí, tres en total. Griselda, Blanca y Giovani.

J: ¿Cuándo hablaste con ellos por última vez?

A: Con Griselda hace seis meses. Con los otros, antes de llegar acá.

J: ¿Cuál de ellos vive en El Salvador?

A: Griselda.

J: ¿Y los otros?

A: Viven del lado de Guatemala.

J: Fuiste arrestado a los 15 años, en 2008). ¿Por qué?

A: Porque el patrón para el que trabajaba, por no pagarme, me acusó de hurto. 

J: ¿Hay algo que no hayas dicho antes que quieres que yo sepa?

A: No.

J: Tuviste problemas con dos policías. 

A: Sí.

J: ¿Por qué ellos se interesaron en ti?

A: No sé.

Termina el interrogatorio. Ángel parece entender muy poco, como quienes estamos presentes en la sala, lo que quería lograr el juez con sus preguntas tan aleatorias. 

La representante legal de Ángel hace su presentación final. Cierra su argumento dejando en claro que, si Ángel regresa a El Salvador, irá directo a la cárcel. No habrá manera de contactarlo y no se sabrá más de él. Es una deportación que le costará la vida. 

Habla el abogado del Estado. Dice oponerse al asilo. Hace un juego de palabras diciendo que existe una diferencia entre robbery and theft. Dice que en inglés el robbery implica armas. (En español tiene que decirse robo a mano armada para denotar uso de arma). No está seguro del argumento de la tortura, sigue, pero no ofrece un contraargumento. No presenta pruebas, ni testimonios, ninguna estadística. Nada. En tono sarcástico, dice que Ángel ya fue torturado aquí, porque presentó quejas de que en Hutto le pegaron y le negaron medicinas. En ningún momento hace referencia a la declaración de las dos expertas. Dice que no cree que Ángel pueda ser torturado, y que imagina que en El Salvador podrá vivir en libertad. Su argumento es una opinión subjetiva sin evidencia. No parece la declaración de un abogado.

Fin de la audiencia.

El Juez sale de la sala. Nos levantamos. Cuando cierra la puerta, nos sentamos. 

La apelación para solicitar el asilo de Ángel se ha basado en la evidencia de que su retorno a El Salvador implicaría encarcelamiento injusto y posible muerte. El Juez y el abogado del Estado insistieron en preguntar por el pasado de Ángel, para hacer hincapié en que tuvo una condena por robo. La condena fue falsa, una manera de encubrir los actos de la policía para torturarlo sin razón alguna. Toda esa información estaba en la declaración jurada de Ángel que sus representantes legales presentaron con pruebas y testimonios de testigos en El Salvador y que el Juez, antes de la audiencia, consideró creíbles. 

En menos de diez minutos el Juez vuelve a entrar. Nos levantamos. Se sienta. Nos sentamos. Explica que tuvo que ver una radiografía y una foto falsa presentada en otro caso. Dice que está impresionado por lo que vio. Se refiere a algo que no tiene que ver con el caso de Ángel. La escena parece extraída del libro de Kafka. El juez explica que hay que poner una línea entre lo que se cree y lo que no se cree. Que a la gente de otros países hay que ponerles un “fill-in-the-blank” (llenar el espacio en blanco). “Solo puedo decir: No lo hagan. Aunque está en la naturaleza humana hacer cosas feas”, dice. 

Es difícil saber a qué se refiere con esta digresión. 

Sigue: Como Juez tengo que tomar muchas decisiones. Señor Lanas, leí tu testimonio y has dado una respuesta creíble. Tiene consistencia lo que dices sobre cómo te trataron en El Salvador. El asunto es: si volvieras, ¿el gobierno te torturaría? Hablar de que perteneces a un grupo social no es suficiente evidencia, pero sí que se cometió un crimen severo en El Salvador (se refiere a la acusación falsa de robo, ). Para cumplir con las obligaciones del gobierno con la Convención contra la Tortura analizamos esa posibilidad, pero no es seguro que vayas a ser torturado, no tenemos pruebas suficientes de ello. La corte niega la protección de asilo y decide que regreses a El Salvador.

En una actitud del todo inusual y muy paternalista, el Juez se voltea hacia las representantes legales y las felicita por haber presentado el caso “de manera impecable”. Una de ellas entra en shock. Todas en la sala estamos perdidas. No hubo un proceso. 

El abogado del Estado no rebatió en términos legales las evidencias presentadas en el caso. El Juez pareció dictaminar una decisión tomada a priori. No consideró las pruebas. No tomó en serio las declaraciones de las dos testigos expertas. No consideró los documentos presentados antes de la audiencia, donde se creyó el testimonio de Ángel y las evidencias de los testigos. 

El Juez sale de la sala para dejar que Ángel hable con las abogadas. Nos levantamos. Nos sentamos. 

Es devastador. Hemos sido testigos de una parodia de juicio. 

Ángel dice que no quiere apelar. No quiere estar encerrado por tiempo indefinido. No aguanta más. Prefiere regresar.

El Juez vuelve a la sala. Nos levantamos. Se sienta. Nos sentamos.

Juez: Sr. Lanas. ¿Quieres apelar la decisión de la corte?

Ángel: No. 

Por un segundo, el Juez muestra su perturbación. Acaso esperaba otra respuesta, una que le diera paz a su conciencia.

La abogada Denise Gilman, desde su lugar entre los asistentes, habla. Esta es una decisión suicida, dice. Reconoce que la suya es una intervención inusual, pero quiere que quede registrada.

El juez se dirige a Ángel: Eres un testigo creíble, pero no has cumplido con el requisito migratorio. Te deseo a ti y a tus hermanos la mejor suerte. 

El cinismo de esta frase queda flotando en el aire. Todos en la sala sabemos que Ángel casi no tiene contacto  con sus hermanos. Que no creció con ellos. Que apenas los conoce. Todos en la sala sabemos que Ángel no tendrá suerte.

Una de las representantes legales pide al Juez que explique su razonamiento.

El Juez repite, sin ahondar, algunos de los argumentos que dijo en la sentencia. Yo te creo, pero la corte no fue persuadida, concluye.

Me pregunto cuál es la diferencia entre ese yo de capa negra y la corte. 

Luego, dirigiéndose hacia las personas presentes en la sala, dice, casi justificándose. Deben entender que en el ambiente en el que vivimos -levanta la mano como indicando el polvillo que vuela en el aire del edificio-, no puedo darle el asilo a esta persona. 

Se levanta. Nos ponemos de pie. 

Cuando salimos de la sala, dejamos a Ángel en la pantalla. En el proceso se discutieron eventos difíciles de su vida en esa lengua que no entiende, y el juez/la corte no los consideró del todo ciertos, del todo dignos. Ángel se irá de un país del que solo conoció su cárcel. 

El miércoles siguiente, cuando lo vi por última vez, lo noté tranquilo. Irse le parece mucho mejor que quedarse. Los meses de encierro en Hutto fueron tan terribles que prefiere volver. Solo él sabe  lo que vivió ahí dentro. 

Cuando me terminó de contar la historia de su infancia, como si fuera yo quien necesitara consuelo: Ya ve, hay gente que nace con estrella, otros nacimos estrellados. 

Un par de semanas después de su audiencia, Ángel Lanas, a quien le cambié el apellido, después de mucho papeleo de la Clínica de Migración, fue deportado a México. Ahí deberá buscar asilo. 

Bajo el gobierno de Trump, el presupuesto de ICE se ha triplicado (hoy la agencia cuenta con $175 billones) y el número de agentes se ha duplicado (pasó de 10 mil a 22 mil). Además del ICE, también están en las calles agentes del ERO (aunque siempre tuvieron potestad para deportar a personas indocumentadas, había más discreción y se enfocaban en gente que había cometido algún crimen, como manejar sin licencia o portar algo de marihuana), Gregory Bovino (BP, que antes no podía operar a 100 millas de la frontera y ha estado en las redadas de varias ciudades y tuvo un papel protagónico en Minneapolis). Después de las protestas masivas, ICE ordenó a Bovino volver a la frontera.Esta crónica reúne mi experiencia como voluntaria de  Grassroots Leadership, la ONG que coordina un programa de visitas a migrantes con el objetivo de ayudarlos a entender sus derechos dentro del sistema migratorio y escucharlos. Sobre todo, escucharlos.

La entrada Anatomía de una deportación se publicó primero en Revista Anfibia.