Misoprostol de fabricación provincial. Profarse farmacéutica estatal de Río Negro ya puede satisfacer la demanda local siendo la segunda en todo el país.
Río Negro se convirtió en la segunda provincia del país en contar con producción estatal de misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), a través de la Productora Farmacéutica Rionegrina (Profarse), que se prepara para distribuir, en una primera etapa, a nivel provincial; en tanto el pionero Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe ya está en condiciones de abastecer al sistema nacional de salud.
Profarse Sociedad del Estado distribuirá su producción en los seis hospitales cabeceras y en centros de salud de la provincia, en el marco de la Ley Nacional 27.610 de IVE sancionada por el Congreso el 30 de diciembre pasado.
El misoprostol es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el fármaco más recomendado a la hora de practicar la IVE.
Para la titular del laboratorio rionegrino, Marne Livigni, esta producción se traduce «en la garantía en la equidad de los derechos en toda la población de la provincia», por lo que consideró «un gran orgullo poder fabricarlo», algo que hacen desde hace dos años.
«Todo el desarrollo se hizo con recursos y capacidades del laboratorio, no se tercerizó nada; por eso es un orgullo para todos, porque se hizo con gente de acá», precisó.
Livigni sostuvo que «hacer este producto tiene que ver con el acceso a los derechos, a poder elegir, a que las personas gestantes puedan ser tratadas en un hospital público de la mejor manera, sin discriminación, tanto en la interrupción del embarazo como después; son temas que están contemplados en la ley nacional».
En ese sentido, afirmó que el laboratorio público rionegrino «producirá comprimidos vaginales de 200 microgramos» y que el lote inicial será de entre 30.000 y 50.000 comprimidos, que estimó «estarán listos para después de la segunda mitad del año, entre septiembre y octubre».
La demanda interna solicitada por la coordinación de salud reproductiva de la provincia es de 2.500 tratamientos por 12 comprimidos y «la proyección en 2021 es esa cantidad y solo para Río Negro», puntualizó.
Con la producción en el laboratorio local se facilitará la llegada a los hospitales y así Río Negro «consigue un ahorro de un 40%», aseguró la titular del laboratorio estatal.
La capacidad productiva de Profarse es mucho mayor, «pero hay que entender que es un producto muy específico, los lotes en general son chicos porque la demanda es de personas gestantes y no es una cartera muy grande para hacer lotes amplios», añadió la directiva.
En el caso de Santa Fe, LIF ya cuenta con el aval de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que en febrero último autorizó la producción y comercialización del misoprostol porque está «en condiciones de proveer al resto del país un producto confiable y accesible», según comunicó el Ministerio de Salud provincial.
El organismo detalló que «desde julio del año pasado se desarrollaron 300.000 pastillas y próximamente se sumará un cuarto lote con otras 100.000 unidades».
En febrero, cuando se confirmó la autorización de Anmat, la subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, había remarcado en declaraciones a Télam que «esta medida es otro paso para cristalizar en un proyecto concreto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en el Congreso y la soberanía en la producción que se va a realizar en un laboratorio público para un medicamento que ahora va a poder tener tránsito federal y cualquier jurisdicción va a poder comprar».
La funcionaria apuntó entonces que «hasta ahora no había en la Argentina un medicamento de este tipo elaborado en un laboratorio público que contara con habilitación de Anmat».
Sobre la provisión oficial del medicamento a nivel nacional, desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de Nación informaron a Télam que iniciaron la compra de 70.000 tratamientos de misoprostol a través del Fondo de Población de Naciones Unidas.
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El apellido Chocobar se viralizó en Argentina por el policía que disparó siete veces contra un ladrón en Buenos Aires en 2017. Con la reproducción de la escena hasta el infinito, el abrazo del autor de la balacera con el entonces presidente Macri y el apoyo ferviente de Patricia Bullrich, su ministra, el crimen se convirtió en una forma de pensar la seguridad y la justicia: la doctrina Chocobar. Parte de la crueldad del símbolo es borrar las aristas hasta volverse meme. Un nombre devenido en adjetivo, sinónimo de una manera de entender la vida y la muerte de las personas, oculta que hay miles de personas con ese apellido en todo el norte argentino y la región andina que no tienen nada que ver con balear gente por la espalda.
Y en particular hay un hombre que se llamó Javier Chocobar y que fue asesinado en 2009 en Tucumán. Tenía 68 años y era una autoridad indígena del pueblo Chuschagasta. Los asesinos fueron un vecino terrateniente y emprendedor minero, y dos policías retirados que pretendían desalojar a la comunidad indígena Chuschagasta de sus tierras.
El crimen, que quedó grabado en video, es el puntapié de Nuestra Tierra, el primer documental de la directora Lucrecia Martel.
No hay un consenso claro de qué significa ni de dónde viene la palabra Chocobar: hay quienes intentan traducirlo del quechua o del aymara, pero sus raíces se pierden en la previa de la conquista, cuando muchos de los nombres originales fueron trastocados por el conquistador. Sí hay registro de que es un nombre que se extendió por toda la región cuando todavía no había países ni fronteras.
Los Chuschagasta, el pueblo al que pertenecía, quizás tampoco tengan ese nombre desde siempre. En algunos registros coloniales se los anota como Chuchingasta, Chachagasta, Chuchagasti, Chugasta, Chuscas o Chujchas.
Lo que es claro, como señala una comunera en la película, es que «el papel permite lo que le quieran poner».
Lucrecia Martel dice que la violencia de la gramática es de las primeras dificultades para contar esta historia. Escribir «El Capitán Sotomayor trasladó a 40 indios», dice, es darle voluntad y nombre al poderoso y convertir a las víctimas en un número, despojadas de voluntad y poder, forzadas a estas circunstancias por muchas estrategias de las que los mismos conquistadores se jactan, como secuestros y hambrunas.
Quizás por eso Martel tardó catorce años en terminar el documental: narrar sin violencia en una época de sobreabundancia de crueldad es intentar deconstruir el lenguaje de una época.
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Javier Chocobar, el Chocobar de esta historia, las noches de luna llena salía de madrugada para cortar cañas de azúcar, un trabajo duro y mucho más cuando se escarchan o está oscuro. Solía llevar una lapicera en el bolsillo de la camisa. Quizá porque nunca se sabía cuándo habría que anotar algo nuevo para defender los derechos de su comunidad. O tal vez porque funcionaba como contraseña para que a simple vista se notara que sabía leer y escribir.
El conflicto que enfrenta su pueblo no es fácil: los Chuschas fueron trasladados al Valle de Choromoros desde los Valles Calchaquíes hace más de 350 años, forzados por las autoridades coloniales locales luego de las guerras calchaquíes, un intento de resistencia de los pueblos de la región contra los invasores.
Y allí viven desde entonces: sobre los animales que crían y sus cultivos pasó una maraña de papeles, desde los tributos que les cobraban sus encomenderos, hasta los arriendos que les impusieron otros vecinos estancieros y funcionarios, descendientes también de aquellas familias beneficiadas por la colonia, y más tarde beneficiadas por el nuevo orden, que los declararon extinguidos en 1808 para hacerse de sus tierras.
En los censos nacionales de medio siglo más tarde, los ancestros con los mismos apellidos que tiene la comunidad hoy, están registrados con oficios de servicio, como peones, lavanderas, etc, dependientes de una de estas familias estancieras a la que le debieron pagar arriendos y cumplir con «obligaciones», una forma de trabajo servil muy difundida en el norte, bajo la amenaza latente de desalojo.
En dos siglos de estancias queriendo acaparar su territorio están los Molina, los Cobo, los Alurralde, los Colombres –que terminaron expropiados por el Estado provincial– y finalmente los Amín, que llegaron en 1959 con la misma intención. A esa familia pertenecía Darío Amín, uno de los condenados por el crimen de Chocobar.
Pero con todas esas idas y vueltas, los habitantes nunca jamás se fueron del Valle de Choromoro.
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«Hoy a las 11 es el operativo, no le digas nada a la mamá, me tiembla todo, pero confío en Luis, y van 4 policías más. No digas nada a nadie. Vos y yo lo sabemos». El mensaje de texto lo mandó Darío Amín unas horas antes del crimen.
Luis es Luis Humberto Gómez, alias “El Niño”, un policía retirado. Junto con ellos estaba otro policía, José Valdivieso. El objetivo de Amín era explotar una cantera de piedra laja en el corazón de la comunidad. Para eso se había asociado con Gómez: la idea era ir 50 y 50. Le pusieron a la sociedad Campo Amigo, combinando sus apellidos. La misión de Gómez era “limpiar” el territorio apelando a la intimidación.
El operativo, como lo llamaron, se hizo el 12 de octubre de 2009. ¿Habrá sido casual la fecha? ¿Eligieron el día del aniversario de la conquista española como una cábala?
Quizás no se detuvieron en ese detalle, pero fueron preparados para una masacre. Amín llevó un revólver calibre 32 largo, Gómez una pistola marca Taurus calibre 40 y otra marca CZ calibre 6,35 mm. Valdivieso una pistola Beretta, calibre 9mm. En la camioneta en la que llegaron, también guardaron una escopeta.
Además de todo, llevaron una cámara digital. El de Chocobar fue un crimen registrado en una época donde el registro permanente de la violencia todavía no estaba tan normalizado.
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En la primera imagen del video hay un hombre vestido de color caqui que baja de una camioneta. Frente a él, un grupo de comuneros llega en silencio por el camino. Traen la mirada un poco gacha, pero avanzan firmes, todos juntos. Detrás de ellos viene Javier Chocobar.
El hombre vestido de caqui, el ex policía Gómez, avanza hacia ellos, parece sacar pecho. Todavía no muestra sus armas.
–¿Quién es el encargado de ustedes?– pregunta.
–Acá no hay encargados– responden los comuneros.
–¿No hay nadie? –repite Gómez, que vuelve hacia la camioneta– Hasta luego, que anden bien ustedes.
Lo dice con desprecio, con un tono de ‘ahora van a ver lo que les espera’.
En la camioneta hay respiraciones agitadas, discuten por dónde seguir. Del lado de afuera, los comuneros miran. Uno de ellos, Delfín Cata, tiene una cámara de rollo, de esas que antes se usaban para los cumpleaños. Toma una fotografía.
–No sé para qué toman fotos –masculla Amín–. Si en tribunales ya nadie les da bola.
En la siguiente escena, los comuneros y Gómez están frente a frente.
–Quiénes son ustedes, qué tienen que venir a meterse aquí.
–Los Amín –dice el hombre de caqui–. Nosotros somos los Amín.
–Nadie tiene que venir a hacer aquí.
–Usted dice que no, explíquenos quiénes son ustedes –dice Amín.
–Bueno, tranquilo, tranquilo, hablando nos vamos a entender. Si no, capaz que no nos entendemos –dice gesticulando Gómez–, usted sabe que hay una orden judicial… Si yo voy a denunciar lo que ustedes están haciendo, vamos a tener problemas todos.
–¿Qué es lo que estamos haciendo? –dice Andrés Mamaní. Da un paso al frente.
Está tranquilo, pero firme. Gómez lo empuja con las manos.
–Maestro, quedate piola –dice y saca la pistola que lleva en la cintura–. ¡Vos a mí no me vas a venir a prepiar, te estoy hablando por las buenas!
Delfín Cata levanta su cámara pocket y toma una foto. Gómez lo ve, le dispara a los pies y avanza para pegarle un culatazo en la cabeza.
–¡Qué te creés vos, qué te creés vos! – grita.
La cámara que filma la escena baja. El que la lleva también empuña un arma. Lo que sigue después es audio. Hay gritos, más disparos. «Qué pasa, te voy a hacer pingo, culeado», se escucha mientras la cámara rueda al suelo/a la tierra.
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En la reconstrucción judicial se supo que, tras el golpe y el disparo, Delfín forcejeó con Gómez, que seguía disparando. Con la ayuda de otros comuneros lograron reducirlo y le arrebataron su pistola Taurus calibre 40 y una cachiporra que llevaba encima.
Gómez intentó sacar la pistola CZ de una tobillera, pero Delfín lo derribó de un empujón, le sacó el arma y la tiró al monte. Y, una vez que desarmó a Gómez, corrió a auxiliar a otros compañeros que intentaban frenar a José Valdivieso. Tras un breve forcejeo, logró quitarle la Beretta 9 mm con la que también había disparado.
“Yo les quité las armas a los asesinos”, dijo tiempo después al medio La Palta. “Si yo hubiera sido otra persona, quizás con las mismas armas los habría liquidado”.
Parecía que la situación se calmaba, pero Amín siguió disparando: lo hizo primero contra Javier Chocobar y, cuando logró darle, siguió. Primero hirió a Emilio Mamaní en la pierna y luego a Andrés Mamaní en el abdomen. En el tambor de su arma quedaron seis vainas servidas.
—¡Turco hijo de puta, me ha baleado! —gritó Javier con las últimas fuerzas que le quedaban, recuerdan quienes estuvieron ahí.
Valdivieso, que había logrado zafarse, recuperó la pistola que se le había caído a Gómez y disparó contra los comuneros que escapaban cerro arriba por un sendero.
Los tres hombres subieron a la camioneta y escaparon mientras Javier Chocobar se desangraba frente a su familia.
Además de Chocobar, Andres Mamani recibió un disparo en el abdomen, y desde entonces vive en los cerros con una colostomía, incapacitado para trabajar con sus animales. Y a Emilio Mamani le dieron un disparo en la pierna. Todavía tiene el plomo clavado en el hueso.
Después de la huida de los agresores, Delfín recogió la cámara y la guardó. Más tarde la entregó a un policía que, a pesar de recibir presiones de Hugo Sánchez, el entonces jefe de la policía provincial y cuñado de Gómez, no descartó esa evidencia fundamental para esclarecer el crimen.
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¿Cómo se recuerda al que murió defendiendo su tierra? ¿Con esa última escena, diciendo “Turco hijo de puta me has baleado”? ¿Con los brazos abiertos frente a una muerte que no esperaba? ¿Cómo se hace honor a su memoria?
La película de Martel parece hacerse esa pregunta y la responde metiéndose en la historia de la comunidad y del propio Chocobar. Hay algo muy amoroso en las dos horas de película que elige detenerse y poner el eje en la memoria de la comunidad.
El documental muestra sus fiestas, a Chocobar vestido de traje con toda la onda del mundo, peinado y firme para las muchas fotos de plaza que se tomó con fotógrafos minuteros. Habla de los que fueron a trabajar a las ciudades y volvieron, de los que se quedaron en su territorio a pesar de los papeles y las amenazas, de las cosechas, de las mujeres que trabajaron en fábricas, en la costura, limpiando casas con cama adentro cuando todavía eran niñas, pero que luego sintieron el llamado a volver a su tierra. “Trabajé en casas de jueces, de abogados, de doctores”, dice una de las comuneras, Isabel Cata. “Cuando ya he cumplido mi mayoría de edad he querido salir de ahí y trabajar por mi cuenta”.
Martel es conocida por construir en sus películas paisajes sonoros con varias capas superpuestas. Para esta producción, le pidieron a la comunidad los chips de sus teléfonos viejos. Allí descubrieron que, aunque la imagen de los celulares antiguos esté pixelada, el sonido de las fiestas familiares, los chistes, la forma de hablar sin inhibiciones, es un tesoro imposible de recrear con actores.
A esos archivos se suman los álbumes de fotos familiares de los comuneros. Y con ellos Martel no solo construye esa atmósfera onírica que envuelve sus películas, sino que también hace un prodigio de la mirada: pone el foco en las vidas subalternas. Nombra a aquellos que para la historia oficial no tienen ni siquiera rostro.
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Hay otra dramaturgia que contrasta con las fotografías en blanco y negro sobre la mesa: la narrativa judicial de los expedientes y los pasillos judiciales. Más allá del uso de cartas y títulos de propiedad para evidenciar la manipulación del lenguaje legal, el film se detiene en las contradicciones del juicio contra los acusados por el asesinato de Chocobar.
En una de las escenas, la defensa interroga a un testigo de la comunidad.
—¿Por qué estaban ahí?
—Nosotros estábamos cuidando nuestras tierras, que no vayan otras personas ajenas a quitárnoslas.
—¿Desde cuándo ustedes cuidan estas tierras en ese lugar?
—Nosotros vivíamos ahí, desde nuestros ancestros, los abuelos.
—¿Qué edad tiene usted?
—46 años.
—¿Hace 46 años que cuidan las tierras?
—No, de más antes.
El documental evidencia el contraste visual entre la inmensidad de los paisajes que habitan los Chuschas y el encierro de la sala de audiencias, con el kitsch burocrático de tonos marrones de los despachos, los jueces y abogados tomando jugo y café mientras los rostros indígenas observan en silencio absoluto.
Los acusados, vestidos de traje, parecen en su salsa.
La escena del testigo al que someten a un careo con el policía Valdivieso parece sacada de una película policial de cine negro.
Otro de los testigos convocado por Gómez para respaldarlo es su amigo y compañero policía, Justo Danielsen, da fe de su aptitud como comando:
–Yo puedo estar hablando –dice–, pensando y analizando, puedo unificar y hacer dos o tres cosas al mismo tiempo…
Más tarde, Gómez se jacta de su puntería:
– Si hubiese querido matar era más fácil levantar el arma y disparar.
Y al final agrega, como una confesión de parte:
–El Estado me entrenó para hacer esto.
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Los tres responsables del crimen fueron condenados recién en 2018: 18 años de prisión para el expolicía Gómez, 10 para Valdivieso y 22 para Darío Amín, el hombre que apretó el gatillo. La libertad les llegó pronto gracias a los laberintos de las apelaciones. Recién el 23 de octubre de 2025 la Corte Suprema dejó firmes las penas, aunque para Amín el veredicto llegó tarde: murió por Covid-19 antes de volver a la cárcel.
Pero mientras los expedientes acumulaban tecnicismos que rechazaban la justicia, la comunidad de Chuschagasta hacía otro trabajo: el de la persistencia. La película de Martel no es solo un registro del horror, sino un acto de restitución. La primera vez que se proyectó el documental fue en el salón comunitario en el territorio, con la comunidad en pleno. Allí descubrieron que, aunque el Estado lo convierta en número, hay un registro que ninguna bala pudo destruir: el de un pueblo que, tras 350 años de asedio, sigue eligiendo no irse de su lugar en el mundo.
La historia, que el poder intentó reducir a un «operativo» de desalojo, se convirtió en otra cosa. Quizás el cine sirva para que Chocobar ya no sea solo ese eco violento que resuena en Buenos Aires. Quizás el cine nos permita darle el sentido que ese apellido tiene en la comunidad de los Chuschas: el de un hombre que murió defendiendo su tierra, con una lapicera en el bolsillo y los brazos abiertos.
Tres semanas de paro en 57 universidades públicas del país, el reclamo salarial y presupuestario ya no es reclamo, sino exigencia, lucha. El 30 de agosto habrá una marcha hasta las puertas del ministerio de educación en capital, y se acompañará con movilizaciones en distintos puntos del país con la intención de visibilizar los reclamos…
Sinergia es una palabra que se utiliza en muchos ámbitos, tanto en términos de medicina como de relaciones entre personas. Significa “cooperación” y se utiliza para nombrar a la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de los efectos individuales.Desde una perspectiva social-vincular, la diversidad que nos caracteriza da…
El Gobierno confirmó que insistirá en modificar el régimen de licencias por enfermedad durante las sesiones ordinarias. Qué busca cambiar, qué impacto tendría sobre los trabajadores y por qué el tema vuelve a tensar la relación con la CGT y la oposición.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El oficialismo confirmó que volverá a impulsar cambios en el régimen de licencias por enfermedad durante las próximas sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina. Tras haber retirado el polémico artículo 44 de la reforma laboral ante la presión política y sindical, ahora el espacio de La Libertad Avanza anticipa que no abandona el objetivo de modificar el esquema vigente.
La señal la dio el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien sostuvo que el tema deberá debatirse en una ley específica. En otras palabras: el Gobierno perdió esa batalla en Diputados, pero no la guerra legislativa.
Qué quiere cambiar el oficialismo en las licencias médicas
El artículo eliminado planteaba una reducción en el salario durante el período de licencia por enfermedad o accidente. Actualmente, la Ley de Contrato de Trabajo garantiza que el trabajador cobre el 100% de su remuneración durante el período establecido por antigüedad.
Desde el entorno de Milei argumentan que el sistema actual genera “abusos”, fomenta certificados médicos irregulares y aumenta el costo laboral para las empresas. Bajo ese diagnóstico, el oficialismo busca introducir un esquema que —según su visión— “corrija distorsiones”.
Pero el punto central es otro: no se trata solo de combatir fraudes, sino de redefinir el equilibrio entre protección del trabajador y reducción de costos empresariales. Y ahí es donde aparece la tensión estructural.
Para el Gobierno, modificar las licencias médicas es parte de su programa de “modernización laboral”. Para amplios sectores sindicales, es un intento de recortar derechos históricos en nombre del ajuste fiscal y la competitividad.
El conflicto político que se abre en sesiones ordinarias
La eliminación del artículo 44 no fue técnica: fue política. La presión de bloques opositores y la advertencia de la Confederación General del Trabajo obligaron a retroceder. Reabrir el debate implica volver a encender ese conflicto.
El oficialismo apuesta a que, con el clima legislativo más ordenado en sesiones ordinarias, pueda construir mayorías parciales o negociar una redacción menos frontal. Sin embargo, el costo político no es menor: tocar las licencias por enfermedad impacta directamente en el bolsillo y la seguridad económica de millones de trabajadores formales.
Además, en un contexto de caída del consumo, salarios deteriorados y ajuste en el sector público, cualquier iniciativa que afecte ingresos durante períodos de enfermedad puede leerse como un nuevo endurecimiento del programa económico.
No es casual que el Gobierno haya optado por fragmentar el debate. Al retirar el artículo de la reforma laboral general, evita que el rechazo a las licencias contamine otras reformas. Pero al anunciar que insistirá, deja claro que forma parte de su núcleo ideológico.
Qué está realmente en juego
Más allá del tecnicismo legislativo, la discusión es profunda. Se debate:
El rol del Estado en la protección ante la enfermedad.
El equilibrio entre productividad y derechos laborales.
El modelo de relaciones laborales que quiere consolidarse en Argentina.
Si prosperara una modificación que reduzca ingresos durante licencias médicas, el impacto no sería homogéneo. Golpearía con más fuerza a trabajadores con enfermedades crónicas, patologías prolongadas o menor estabilidad laboral.
Para el oficialismo, el argumento es fiscal y empresarial. Para los sindicatos y la oposición, el eje es social y constitucional. La disputa no es administrativa: es sobre el modelo de país.
Las sesiones ordinarias del Congreso serán el escenario donde esta tensión vuelva a expresarse. Y el resultado marcará hasta dónde puede avanzar el Gobierno en su agenda laboral sin romper equilibrios políticos más amplios.
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