Misoprostol de fabricación provincial. Profarse farmacéutica estatal de Río Negro ya puede satisfacer la demanda local siendo la segunda en todo el país.
Río Negro se convirtió en la segunda provincia del país en contar con producción estatal de misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), a través de la Productora Farmacéutica Rionegrina (Profarse), que se prepara para distribuir, en una primera etapa, a nivel provincial; en tanto el pionero Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe ya está en condiciones de abastecer al sistema nacional de salud.
Profarse Sociedad del Estado distribuirá su producción en los seis hospitales cabeceras y en centros de salud de la provincia, en el marco de la Ley Nacional 27.610 de IVE sancionada por el Congreso el 30 de diciembre pasado.
El misoprostol es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el fármaco más recomendado a la hora de practicar la IVE.
Para la titular del laboratorio rionegrino, Marne Livigni, esta producción se traduce «en la garantía en la equidad de los derechos en toda la población de la provincia», por lo que consideró «un gran orgullo poder fabricarlo», algo que hacen desde hace dos años.
«Todo el desarrollo se hizo con recursos y capacidades del laboratorio, no se tercerizó nada; por eso es un orgullo para todos, porque se hizo con gente de acá», precisó.
Livigni sostuvo que «hacer este producto tiene que ver con el acceso a los derechos, a poder elegir, a que las personas gestantes puedan ser tratadas en un hospital público de la mejor manera, sin discriminación, tanto en la interrupción del embarazo como después; son temas que están contemplados en la ley nacional».
En ese sentido, afirmó que el laboratorio público rionegrino «producirá comprimidos vaginales de 200 microgramos» y que el lote inicial será de entre 30.000 y 50.000 comprimidos, que estimó «estarán listos para después de la segunda mitad del año, entre septiembre y octubre».
La demanda interna solicitada por la coordinación de salud reproductiva de la provincia es de 2.500 tratamientos por 12 comprimidos y «la proyección en 2021 es esa cantidad y solo para Río Negro», puntualizó.
Con la producción en el laboratorio local se facilitará la llegada a los hospitales y así Río Negro «consigue un ahorro de un 40%», aseguró la titular del laboratorio estatal.
La capacidad productiva de Profarse es mucho mayor, «pero hay que entender que es un producto muy específico, los lotes en general son chicos porque la demanda es de personas gestantes y no es una cartera muy grande para hacer lotes amplios», añadió la directiva.
En el caso de Santa Fe, LIF ya cuenta con el aval de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que en febrero último autorizó la producción y comercialización del misoprostol porque está «en condiciones de proveer al resto del país un producto confiable y accesible», según comunicó el Ministerio de Salud provincial.
El organismo detalló que «desde julio del año pasado se desarrollaron 300.000 pastillas y próximamente se sumará un cuarto lote con otras 100.000 unidades».
En febrero, cuando se confirmó la autorización de Anmat, la subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, había remarcado en declaraciones a Télam que «esta medida es otro paso para cristalizar en un proyecto concreto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en el Congreso y la soberanía en la producción que se va a realizar en un laboratorio público para un medicamento que ahora va a poder tener tránsito federal y cualquier jurisdicción va a poder comprar».
La funcionaria apuntó entonces que «hasta ahora no había en la Argentina un medicamento de este tipo elaborado en un laboratorio público que contara con habilitación de Anmat».
Sobre la provisión oficial del medicamento a nivel nacional, desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de Nación informaron a Télam que iniciaron la compra de 70.000 tratamientos de misoprostol a través del Fondo de Población de Naciones Unidas.
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Los defensores de un rugbier implicado en varias causas de corrupción pidieron que se cite a declarar como testigo a Héctor Daniel Marchi, que durante años manejó los millonarios recursos que administra la Corte Suprema de la Nación. El motivo es que un arrepentido en este juicio, que era un funcionario de máxima jerarquía de la ex AFIP, sostuvo que Marchi fue el impulsor de una extorsión contra dos agentes bursátiles de Rosario.
El pedido lo formulan los abogados que defienden a Santiago Busaniche, un lobbysta de la Justicia Federal, conectado con jueces y funcionarios de Comodoro Py y con el mundo de los servicios de inteligencia, sospechado de haber gestionado pagos indebidos para diversos magistrados.
Los defensores de Busaniche solicitaron que a Marchi se lo exima del juramento de decir la verdad, que es obligatorio para quien declara como testigo. Esto se hace en los casos en que se presume algún tipo de compromiso ilícito, ya que una persona en esas condiciones queda liberado del peso de declarar algo que la perjudique. También solicitaron que le secuestren el teléfono.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 frente al estallido de una interna. Quien resistió su relevo, así lo reflejó la prensa por entonces, fue justamente Lorenzetti.
Según analizaron abogados en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario que hablaron con LPO, estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
En estos días se conocerá además el fallo de la sala de la Cámara de Casación que hace tres semanas recibió un pedido de la defensa de Busaniche para recusar a los fiscales que participan de la investigación al escribano y de invalidar la causa. Los tres jueces que recibieron el planteo son los camaristas Mariano Borinsky, José Luis Gemignani y Carlos Mahiques.
Héctor Daniel Marchi es un contador oriundo de Rafaela, que fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y que en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema mediante el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los fondos multimillonarios del Poder Judicial.
El caso en el que está implicado Busaniche tiene al ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por cohecho. La trama empezó a develarse cuando el ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando a Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.
En una de sus declaraciones como imputado colaborador, Vaudagna afirmó que Marchi estuvo en la gestión de esa extorsión, presionando para que se concretara. El financista Fernando Whpei, que está procesado y también actúa como arrepentido, admitió haber cobrado de parte de Iglesias 160 mil dólares en cinco pagos para que paralizaran la causa en su contra. Dos años después de iniciada esa causa, Bailaque le dictó la falta de mérito a Iglesias.
Busaniche está registrado en el teléfono de Vaudagna pidiendo en varias ocasiones que agilice desde la AFIP el informe que permitiría implicar a los empresarios que serían objeto de la extorsión y que fue el documento con el que se abrió la causa judicial para, según los fiscales, chantajear a los damnificados. Esta conversación ocurrió el 29 de noviembre de 2019. Dos días después el juez Bailaque mandó allanar a Iglesias
Los abogados de Busaniche, Diego Pirotta y Débora Lichtmann, dicen desde el inicio que a su cliente lo introducen de manera falaz en el caso. Sin embargo, Busaniche quedó formalmente acusado de instigar los delitos de allanamiento ilegal, falsificación de documento e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con esas maniobras se consumó la extorsión. No se probó que haya cobrado pero sí que fue partícipe para que la maniobra se concretara.
Estas medidas de citación a Marchi y otras personas como testigos puede favorecer la estrategia defensiva, que busca que sectores de mayor poder que Busaniche se movilicen para defenderlo.
Hasta ahora cada uno de los planteos de la defensa de Busaniche fue desestimado por los jueces federales a cargo de las audiencias, tanto Eduardo Rodrígues da Cruz como en otra causa Carlos Vera Barros. Pero ahora que el trámite por la extorsión entra en etapa de control probatorio, sus defensores piden que citen a declarar a Marchi como testigo. Según los defensores la fiscalía nunca lo convocó pese a que Vaudagna hizo esa declaración implicando al ex administrador de la Corte. Ellos aspiran a que Marchi como testigo desbarate la acusación y de ese modo despegue a Busaniche.
Para ello también propusieron a otros testigos con ese mismo fin. Entre ellos a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó. Y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.
Asimismo piden que comparezcan Vaudagna y Whpei, los dos acusados de la extorsión junto al juez Bailaque. En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.
El empresario Fernando Whpei.
Para entender otras citaciones propuestas por la defensa hay que analizar el contexto de la supuesta extorsión. Claudio Iglesias, el empresario chantajeado, era en esa época directivo de la empresa aseguradora San Cristóbal, y aspiraba a llegar a la presidencia. Si bien esa posibilidad era remota, la causa penal en su contra lo terminó de sacar de carrera.
Los defensores Pirotta y Lichtmann citaron como testigo al abogado Ricardo Silberstein, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz. Adujeron que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias».
Silberstein nunca fue implicado en esta causa judicial. En una consulta con este medio a fines del año pasado dijo que era incomprensible que Vaudagna lo hubiera aludido. «No lo conozco, jamás tuve un encuentro con él, tampoco con Whpei o Busaniche. No entiendo por qué me involucran repentinamente en algo así en una causa que de repente se llenó de arrepentidos. Iglesias no fue nunca candidato a presidir San Cristóbal», dijo.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario.
Es justamente por descargos como éste que los defensores quieren que declare Silberstein y también su secretario privado en la época de los hechos. Silberstein será en octubre próximo candidato a presidir San Cristóbal. Los defensores piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.
Respecto de la citación como testigo a Marchi la pretensión es la misma. Que el ex administrador de la Corte señale si tuvo intervención en la extorsión como indica Vaudagna y que manifieste si conoce a Bailaque y a Busaniche.
El ex juez federal, Marcelo Bailaque.
Busaniche tiene un perfil muy llamativo y reconocible en el campo de los lobbies al interior de la Justicia Federal. De 53 años, fue empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, a donde ingresó por impulso del ex diputado provincial Julio Gutiérrez, de quien es su yerno. Hace 25 años reside en Buenos Aires, en el Palacio Paz, y se mueve entre funcionarios del mayor nivel del Poder Judicial de la Nación y de los servicios de inteligencia del Estado. Le atribuyen gravitación en las designaciones de personal en el ámbito de la Justicia Federal de Rosario, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires.
Busaniche también está procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain obligó mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila administrado por Fernando Whpei 10 millones de dólares para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario. Los procesó el juez federal Vera Barros y hace dos semanas la Cámara Federal de Rosario confirmó la medida por unanimidad.
El escrito de la defensa de Busaniche que pide la comparecencia de Marchi fue presentado en febrero y trasciende cuando promedia abril, en el contexto de recrudecimiento de internas dentro de la Corte Suprema, tras la presentación desde el tribunal máximo de un proyecto que cambia la reglamentación para la elección de jueces.
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