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Río NEGRO ES LA 2da PROVINCIA EN CONTAR CON PRODUCCIÓN ESTATAL DE MISOPROSTOL

Misoprostol de fabricación provincial. Profarse farmacéutica estatal de Río Negro ya puede satisfacer la demanda local siendo la segunda en todo el país.

Río Negro se convirtió en la segunda provincia del país en contar con producción estatal de misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), a través de la Productora Farmacéutica Rionegrina (Profarse), que se prepara para distribuir, en una primera etapa, a nivel provincial; en tanto el pionero Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe ya está en condiciones de abastecer al sistema nacional de salud.

Profarse Sociedad del Estado distribuirá su producción en los seis hospitales cabeceras y en centros de salud de la provincia, en el marco de la Ley Nacional 27.610 de IVE sancionada por el Congreso el 30 de diciembre pasado.

El misoprostol es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el fármaco más recomendado a la hora de practicar la IVE.

Para la titular del laboratorio rionegrino, Marne Livigni, esta producción se traduce «en la garantía en la equidad de los derechos en toda la población de la provincia», por lo que consideró «un gran orgullo poder fabricarlo», algo que hacen desde hace dos años.

«Todo el desarrollo se hizo con recursos y capacidades del laboratorio, no se tercerizó nada; por eso es un orgullo para todos, porque se hizo con gente de acá», precisó.

Livigni sostuvo que «hacer este producto tiene que ver con el acceso a los derechos, a poder elegir, a que las personas gestantes puedan ser tratadas en un hospital público de la mejor manera, sin discriminación, tanto en la interrupción del embarazo como después; son temas que están contemplados en la ley nacional».

En ese sentido, afirmó que el laboratorio público rionegrino «producirá comprimidos vaginales de 200 microgramos» y que el lote inicial será de entre 30.000 y 50.000 comprimidos, que estimó «estarán listos para después de la segunda mitad del año, entre septiembre y octubre».

La demanda interna solicitada por la coordinación de salud reproductiva de la provincia es de 2.500 tratamientos por 12 comprimidos y «la proyección en 2021 es esa cantidad y solo para Río Negro», puntualizó.

Con la producción en el laboratorio local se facilitará la llegada a los hospitales y así Río Negro «consigue un ahorro de un 40%», aseguró la titular del laboratorio estatal.

La capacidad productiva de Profarse es mucho mayor, «pero hay que entender que es un producto muy específico, los lotes en general son chicos porque la demanda es de personas gestantes y no es una cartera muy grande para hacer lotes amplios», añadió la directiva.

En el caso de Santa Fe, LIF ya cuenta con el aval de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que en febrero último autorizó la producción y comercialización del misoprostol porque está «en condiciones de proveer al resto del país un producto confiable y accesible», según comunicó el Ministerio de Salud provincial.

El organismo detalló que «desde julio del año pasado se desarrollaron 300.000 pastillas y próximamente se sumará un cuarto lote con otras 100.000 unidades».

En febrero, cuando se confirmó la autorización de Anmat, la subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, había remarcado en declaraciones a Télam que «esta medida es otro paso para cristalizar en un proyecto concreto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada en el Congreso y la soberanía en la producción que se va a realizar en un laboratorio público para un medicamento que ahora va a poder tener tránsito federal y cualquier jurisdicción va a poder comprar».

La funcionaria apuntó entonces que «hasta ahora no había en la Argentina un medicamento de este tipo elaborado en un laboratorio público que contara con habilitación de Anmat».

Sobre la provisión oficial del medicamento a nivel nacional, desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de Nación informaron a Télam que iniciaron la compra de 70.000 tratamientos de misoprostol a través del Fondo de Población de Naciones Unidas.

Fuente: Telam

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    Esta suerte de grotesco tiene su patio de conventillo en el amplio éter argento. Los emprendedores con agua al cuello, los menesterosos con esperanza, los clasemedieros que catan arroz partido y los funcionarios que se ufanan de triunfos pírricos, se unen en letanías motivacionales y denuestos a fantasmales comunistas.

    Año a año tenemos la sensación de vivir en un mundo distinto e imprevisible. Sin embargo aquí, en nuestro reino del revés, todos los esfuerzos parecerían destinados a crear un microclima de eterno retorno. Como párvulos, estaríamos a la búsqueda de la repetición; como masoquistas, daría la impresión de que también ansiáramos la repetición del sufrimiento y el esquilme.

    Festejamos las figuritas repetidas de los súper villanos, tarareamos los cantos de sirena que vuelven, nos embelesamos por igual con las bicicletas de José Alfredo o de Toto, con tablitas de cualquier tipo, como si fueran de la ley, con las manos duras de Albano o Pato, con las metáforas de economía doméstica aplicadas a un país que festeja endeudarse y, en fin, seguimos atribuyéndole sabiduría al que esgrime un par de citas abstrusas.

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    Como sea, el artículo 58 del proyecto establece la creación de «los Fondos de Asistencia Laboral, destinados exclusivamente a coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos» contemplados en las reglamentaciones de «las indemnizaciones reparadoras de preaviso, integración y despido, previstas en los estatutos profesionales, por parte de los empleadores del Sector Privado». 

    Si bien se aclara que «este régimen no modifica, sustituye ni altera el régimen indemnizatorio vigente», el artículo 59 plantea que «cada empleador deberá conformar una cuenta como un patrimonio separado, de afectación específica, independiente e inembargable, en uno de los fondos administrados por una de las entidades habilitadas a tal fin por la Comisión Nacional de Valores, a elección del empleador».

    Es una incógnita si Bullrich terminó reenviando inegnua e indiscriminadamente el proyecto por WhatsApp o si lo hizo a propósito. Igual que ante la revelación de LPO sobre el proyecto de Libertad Educativa, Milei enfureció por la aparición de fragmentos de su ‘modernización laboral’ hasta en Twitter.

    El borrador del texto fija la contribución mensual obligatoria en un 3 por ciento de la masa salarial que se toman como «base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador».

    Otro punto conflictivo del proyecto es el que busca la declaración de una serie de rubros como servicios esenciales, para limitar el derecho a huelga. El caso más sensible sería el de los docentes: el artículo 88 dice que «en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal». En el inciso «f» postula como servicio esencial «el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial».

    Julio Cordero, secretario de Trabajo.

    Para colmo, crea una comisión de garantías compuesta por 5 miembros «de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones del trabajo, del derecho laboral o del derecho constitucional y destacada trayectoria», para «calificar como servicio esencial o servicio de importancia trascendental una actividad no incluida en las enumeraciones» contempladas en la norma.

    Por otro lado, el Consejo de Mayo, donde paradójicamente tiene una silla el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, redactó el artículo 111 derogando la ultractividad. «Una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue», dice, y continúa: «El resto de las cláusulas (obligacionales) mantendrán su vigencia sólo por acuerdo de partes». De esta manera, se caerían en la práctica todos los convenios.

    Un convenio de ámbito menor, prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior.

    Pero lo más alarmante para las centrales obreras es la primacía que otorgra el proyecto a los convenios de ámbito menor sobre los de ámbito mayor. Esto es lo que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió cuando se presentó en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y deslizó que sería mejor que hubiera convenios por región y por empresa. «Los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor», indica el artículo 114, mientras que el 115 agrega: «Un convenio de ámbito menor prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior».

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