Con el objetivo de informar y coordinar acciones en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19, se realizó en la sala de conferencias del Municipio una reunión en la que participaron autoridades municipales, Salud Pública, juntas vecinales e instituciones.
Estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, el Director de Acción Social Rodrigo Durán, el responsable de la Administración de Juntas Vecinales Flavio Collino, el director del hospital Osvaldo Ruiz Díaz y las encargadas del vacunatorio local Graciela Parada y Graciela González.
En la oportunidad, Ruiz Díaz explicó cómo se viene desarrollando el operativo en la ciudad, que comenzó con el personal de salud, y continuó con el policial y de educación por ser considerados esenciales.
Indicó que con las nuevas partidas de vacunas que se están recibiendo el procedimiento seguirá con el rango etario mayor a los 60 años.
En tanto desde la Secretaría de Desarrollo Social se indicó que la población adulta institucionalizada ya fue vacunada.
Los participantes también abordaron la posibilidad de coordinar la inscripción de los adultos mayores en las salas barriales, para lo cual el área municipal mencionada dispondrá de trabajadores sociales para realizar la misma.
La Justicia Federal de Paraná condenó al productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, a doce años de prisión por financiar actividades de tráfico de narcotráfico, desarrolladas principalmente desde Entre Ríos a Santa Fe. La investigación determinó que el productor mantenía una cobertura policial que le permitía ingresar cocaína a Rosario entre 2019 y 2022, tiempos en que estallaba la violencia ligada a esos negocios en la ciudad, donde fue detenido por primera vez.
Esta condena de un dirigente de una entidad de la producción vuelve a poner el foco en la penetración del narcotráfico en Entre Ríos. El ex intendente de Paraná Sergio Varisco, fallecido en 2021, fue condenado a seis años de prisión por participación en comercio de drogas agravada, tras haber recibido aportes de campaña en 2015 de figuras del mundo narco. Cuando sentenciaron a Varisco el que recibió mayor pena fue Daniel «Tavi» Celis, considerado jefe de la organización delictiva. Quien también tuvo lazos y competencia con el dirigente de la Sociedad Rural sentenciado este jueves.
Leonardo Airaldi tiene 41 años, tuvo notoriedad como dirigente ruralista en el este de Entre Ríos y en su momento se desempeñó como asesor de Luis Etchevehere, el ex titular de la Sociedad Rural que fue ministro de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri. Airaldi siguió todo el juicio que terminó ayer en las audiencias conectado por vía remota desde la cárcel de Ezeiza.
Está en esa prisión desde febrero pasado tras descubrirse, por datos aportados por Daniel Célis, su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general José Ignacio Candioti que lo investigaba y el ministro de Seguridad de Entre Ríos y ex jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia. Cuando se detectó el plan Airaldi estaba preso en la cárcel de Gualeguaychú. Los investigadores supieron que dos sicarios uruguayos habrían cobrado 40 mil dólares para concretar el atentado coordinado por la banda de Airaldi.
La investigación fiscal demostró que controlaba puestos camineros con sobornos por donde pasaba la droga que transportaban sus vehículos. El fiscal Candioti demostró ante el Tribunal Federal Oral de Paraná que Airaldi dirigía una organización dedicada al narcotráfico que operó entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en Entre Ríos. Parte de las actividades se desarrollaban desde campos vinculados al productor, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina para la llegada de avionetas con cocaína. Desde ahí partían embarcaciones destinadas a la distribución de los estupefacientes.
La fiscalía había requerido el decomiso de su estancia «El Mirador» por considerar que había sido utilizada como instrumento para la comisión de los delitos. Sin embargo, el tribunal rechazó ese pedido. Los fiscales señalaban que la extensión de ese campo, su ubicación estratégica sobre la costa del río -que permitía enlazar distintos centros poblacionales- y las dificultades de acceso al lugar por la cantidad de islas que comprendía facilitaba las maniobras de tráfico.
La caída en Rosario
Airaldi fue detenido por primera vez en la madrugada del 23 de julio de 2022 en el barrio Ludueña de Rosario, sobre una Volkswagen Amarok en la que iban dos hombres y dos mujeres. En la requisa encontraron dos pistolas 9 milímetros, once cargadores y 196 municiones de tres calibres distintos. Además hallaron 360 dólares, 151.960 pesos, una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína. Uno de los que viajaba en la Amarok era Airaldi. Al ser acusado esa vez por el fiscal de Rosario Iván Enriquez dijo ser policía y que actuaba como «encubierto». Quedó entonces preso en la cárcel de Piñero, a 15 kilómetros de Rosario, donde conoció a referentes del criminales de la ciudad.
Un mes más tarde Airaldi quedó por casualidad conectado a otra investigación, ahora por drogas. Fue el 10 de agosto de 2022 cuando una mujer denunció por amenazas y violencia de género a un puestero de Puerto Gaboto, un pueblo situado frente a Diamante cruzando el río Paraná. Cuando los policías fueron a detener al puestero a su casa en esa zona de islas, que son propiedad de Airaldi, se encontraron con un embalaje de 29,5 kilos de cocaína de alta pureza debajo de una cama. El puestero que trabajaba para Airaldi, Diego «Pete» Torres, continúa prófugo.
Airaldi escuchó el veredicto por zoom.
Los paquetes tenían etiquetas que decían Qatar -sede del Mundial 2022 que se comenzaría a jugar meses después- y Emiratos Árabes. Se encontraron indicios de que esa droga se remitiría a esos países a través de la vía navegable troncal del río Paraná. Un fiscal federal de Santa Fe inició una causa que se terminó acumulando en Entre Ríos ya que Airaldi tenía ya una causa por narcotráfico.
«Una de las particularidades que presenta esta organización, es que Airaldi mantenía contactos y vínculos de extrema confianza con distintos funcionarios policiales que le permitían ingresar el estupefaciente por el puesto Caminero Túnel, puente Rosario Victoria y cruce Diamante, lo que optimizaba el funcionamiento de esta organización y les permitía mantener un flujo de distribución constante, sin necesidad de almacenar grandes cantidades de estupefacientes y, con ello, reducir el riesgo en caso de ser interceptados», precisó el texto donde el dirigente ruralista fue procesado en 2024.
Un testimonio que hundió a Airaldi fue la de la ex policía María Soledad Touzet, que dejó la fuerza para trabajar con el ex dirigente ruralista. «Antes de que él cayera preso en Rosario, en 2022, tres o cuatro meses antes, él cambió. Empezó a tener actitudes raras, se volvió agresivo», dijo en el juicio, donde le atribuyó a su ex jefe amenazas de muerte reiteradas.
«Manejó la vida de nosotros como quiso cuando estaba en el penal de Rosario. Nos llamaba tres o cuatro veces desde teléfonos truchos. Nos daba órdenes», le reveló al tribunal al ser citada. Dijo que Airaldi le ordenó que averiguara precios de combustible para avionetas que, reveló, no eran para ser utilizadas en tareas agropecuarias. Antes de terminar ese testimonio dijo tener miedo e imploró a los jueces: «No suelten a ese animal».
En sus últimas palabras Airaldi se declaró inocente y dijo que su única relación con drogas era como eventual consumidor y nunca como traficante.
El fallo fue dado a conocer por la presidenta del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Marta Berros, que presidió el juicio y actuó junto a la jueza Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.
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El gobierno de Javier Milei decidió el desmantelamiento y virtual cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, creada en 1925 y motor del crecimiento del pueblo que, ahora, se ve amenazado con el traslado de 300 militares y 185 civiles que representan el principal movimiento de la economía local.
La decisión es mudar a la Base Comandante Espora de Bahía Blanca las escuadrillas de vigilancia marítima de aviones B2000 y la escuela que es considerada cuna de la aviación naval.
El intendente de Punta Indio, el peronista David Angueira, fue notificado de la medida este jueves en una reunión con el contraalmirante de las Fuerzas Armadas Enrique Olivero y el Jefe de Base Mariano Rivolta.
En el municipio calculan que, entre militares y personal civil, la Base Aeronaval mueve en el distrito más de 600 millones de pesos mensuales. No contar con eso «es letal para la economía local, no hay manera de paliar esa situación», advierten.
«Esto significa un golpe muy fuerte para nuestra comunidad desde lo social y económico», dijo Angueira, que convocó este viernes a una asamblea en la que se creó una comisión de defensa de la Base, integrada por todas las instituciones de la comunidad y por concejales de todos los bloques, incluso de La Libertad Avanza.
«Está toda la comunidad movilizada. Muchos trabajadores no podían hablar del estado en que estaban, llorando por su puesto de trabajo, por el impacto que va a tener en la comunidad», dijo a LPO tras la asamblea el ex intendente de Punta Indio y actual subadministrador de Vialidad bonaerense, Hernán Y Zurieta.
Asamblea de vecinos e instituciones de Punta Indio en defensa de la Base Aeronaval.
Como primera acción, la comisión solicitó una audiencia de urgencia con el ministro de Defensa, Carlos Presti. «Queremos escuchar de su boca lo que tiene para decir y, si no se logra revertir el traslado, vamos a manifestarnos de distintas maneras. Esta decisión el pueblo de Punta Indio no la va a aceptar», sostuvo Y Zurieta.
En el municipio calculan que, entre militares y personal civil, la Base Aeronaval mueve en el distrito más de 600 millones de pesos mensuales. No contar con eso «es letal para la economía local, no hay manera de paliar esa situación», advierten.
En Punta Indio también hay bronca por la manera en que se comunicó una medida tan sensible para la comunidad. Nadie del Ministerio habló con el intendente, que fue convocado a la base por el comandante, que después convocó a los civiles e hizo una formación para dar el anuncio.
«No hubo forma de conmoverlo ni que entienda lo que estaba anunciando. Hoy todo el personal llorando no podía creer la frialdad con la que comunicaron esto», dijo Y Zurieta, que analizó que la llamada «reestructuración» planteada entrama el final de la Base.
En Punta Indio destacaron que todos los bloques políticos apoyaron la comisión en defensa de la Base. Incluso los dirigentes de La Libertad Avanza local le pidieron información dirigentes provinciales y nacionales
La medida establece el traslado a Bahía Blanca en enero para los militares, mientras que para el personal de civil le darán la opción de pedir el pase a otro destino de la Fuerza.
«Genera un golpe emocional muy fuerte porque es gente que está instalada en este pueblo y no se imagina yéndose de acá. Tienen sus hijos en nuestras escuelas, en nuestros clubes. Es un pueblo que con esto le están dando un golpe letal, le sacan el recurso más importante que tiene», dijo el ex intendente.
La localidad de Punta Indio cuenta con poco más de 1.000 habitantes, mientras que el distrito en su totalidad (con la ciudad de Verónica como cabecera), cuenta con más 12 mil habitantes. La Base Aeronaval se inauguró en 1925, poco después de la fundación del pueblo.
El impacto de la medida hizo que la asamblea de este viernes congregue a todas las instituciones del pueblo. Y en el plano político, la convocatoria del intendente tuvo el acompañamiento de concejales del PRO, UCR y de La Libertad Avanza.
«Todos apoyaron la comisión. Incluso los que tienen más responsabilidad, que son los de La Libertad Avanza, hablaron con algunos dirigentes. Ellos pidieron información y hablan de una reestructuración, que no se va a cerrar, pero lo que anunciaron es que se van los aviones», dijo Y Zurieta.
Trascendidos que llegaron a Punta Indio señalan que, a partir del traslado de casi toda la estructura, el Gobierno sostendría la Base abierta en 2027 pero no da garantías de continuidad a 2028, por lo que calculan un destino de cierre total.
«Hablan de una reestructuración que implica llevar a Bahía Blanca a los aviones destinados a custodiar el sur, pero no tiene sentido, porque se llevan aviones escuela que tranquilamente podrían quedarse acá. Es parte del ajuste», dijo Y Zurieta.
El actual funcionario de Vialidad bonaerense sostuvo que ya hablaron por este tema con Axel Kicillof. Este viernes, el gobierno provincial manifestó su «preocupación y rechazo» frente a esta medida y acompañó las medidas que surjan de la comisión de defensa de la Base.
En otro episodio que pone en duda el espíritu democrático de la gestión de Alejandra Monteoliva al frente del ministerio de Seguridad de la Nación, en los últimos días en la ciudad cordobesa de Río Tercero se produjo un hecho grave. Un hombre de 42 años fue detenido por la Policía Federal y trasladado a Villa María donde, horas después fue liberado.
El motivo que adujeron las personas que lo detuvieron en su propio domicilio fue un presunto ataque en redes sociales en contra del Gobierno.
El propio hombre detalló lo ocurrido en la mañana de este martes en FM Sol. «Tuve un episodio el viernes cuando vino una persona supuestamente del Correo Argentino a traerme un paquete a mi casa y me dijo que no me podía entregar por el documento. A los días busqué a mi mujer en el trabajo, me intercepta la policía, me dicen que tenían una orden de allanamiento y que me tenían que detener por amenazas al Gobierno. No entendía nada», dijo el hombre.
Con lo cual, deja traslucir que previo a la detención hubo inteligencia con la visita de un falso cartero de Correo Argentino. «Cuando me llevaron, me hablaron de una amenaza de muerte a una senadora a la que no conozco», dijo el hombre.
También contó que cuando fue liberado en Villa María horas más tarde, los efectivos de la Policía Federal le pidieron disculpas. Minutos después de que lo esposaran, sin tener ningún tipo de antecedentes y en una situación que describió como «chocante».
Vino una persona supuestamente del Correo Argentino a traerme un paquete a mi casa y me dijo que no me podía entregar por el documento. A los días busqué a mi mujer en el trabajo, me intercepta la policía, me dicen que tenían una orden de allanamiento y que me tenían que detener por amenazas al Gobierno. No entendía nada.
Le llevaron el celular con el argumento de que había una fecha y una hora en la que había registrado la amenaza. Por lo que debían peritar el aparato.
En declaraciones al diario Río Tercero, la madre del detenido dijo: «Fue de terror lo que vivimos, todavía nos tiemblan las piernas». Sin embargo, la persona detenida sostuvo además que «ayer me pintaron los dedos» y que debe ser citado a indagatoria porque la causa sigue abierta.
En la entrevista con FM Sol, el hombre admitió también que en el 2023 votó a Milei y que ahora vive «un garrón por tener que explicarle a todo el mundo».
Monteoliva estuvo el lunes en Córdoba en la Bolsa de Comercio, pero en ningún momento hizo referencia a esta situación que se produjo en Río Tercero. Como tampoco entró en demasiados detalles sobre la detención del comisario a cargo de Drogas Peligrosas en la delegación de la Federal en Córdoba de hace semanas.
Aunque sí se refirió a este medio como «la mentira online» después que publicara el pasado viernes su intención de ser candidata a diputada el año que viene.
«Eso existió. Hubo un sondeo con Santilli y se habló. Y tiró primero una candidatura al Senado para negociar arriba y después bajar. El tema es que lo hizo todo a espaldas de Patricia Bullrich, por eso el quilombo», dijo una fuente que conoce la dinámica de Casa Rosada y la interacción de Balcarce 50 con Córdoba.
En territorio mediterráneo, el bullrichismo pesa. Y tiene bancas en el Congreso, la Legislatura y el Concejo Deliberante, además de una porción de intendentes que reportan a la senadora. «Borno (por Gabriel Bornoroni) siempre dice que a ese espacio le habla por intermedio de Laura Rodríguez Machado. Por eso suena raro lo de Monteoliva puenteando a la pata cordobesa del armado», la ningunearon a la ministra este martes.
Sigue generando repudio la decisión de cerrar el Hogar Municipal La Esperanza para ubicar en ese edificio municipal la Casa de Abordaje Integral, como suele pasar en estos casos donde parte de la sociedad no está de acuerdo con una decisión del ejecutivo local, las redes sociales fueron el medio y el termómetro donde se canalizaron los reclamos y las expresiones contrarias a dicha decisión.
La dinámica con la que se movían los engranajes dentro de la oposición cordobesa hace unos meses cambió, pasó a otra velocidad. No se detuvo, pero no es la misma mecánica que tenían en el primer semestre del año dentro del eje que conducen el diputado libertario Gabriel Bornoroni y el senador Luis Juez.
Los acercamientos entre la Nación y el gobernador Martín Llaryora a partir de la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete incomodaron el vínculo y pausaron las fotos conjuntas de los referentes de Javier Milei en Córdoba. Por más que el esquema que lidera Bornoroni haga todos los esfuerzos posibles para calmar la ansiedad de sus socios y enfatizar que la relación entre la Rosada y El Panal es «sólo institucional»; en el juecismo no cayó bien que bajen ministros nacionales y destaquen a los funcionarios llaryoristas.
La semana pasada ocurrió dos veces: Alejandra Monteoliva valoró a su par, Juan Pablo Quinteros -enemigo acérrimo de Juez-; y ‘Toto’ Caputo hizo lo propio con el ultra llaryorista que conduce la cartera de Economía en Córdoba, Guillermo Acosta. Ambos, blancos predilectos del juecismo.
Dentro de ese contexto, y con el objetivo de tratar de sostener la coalición opositora, algunos se empiezan a apurar porque saben que Llaryora fijará la fecha de la elección provincial en la primera parte del 2027 y podría agarrar a la oposición todavía caminando.
Es el caso, de Juez que, como lo adelantó LPO el verano pasado había decidido enfriar su propia candidatura provincial con tal de derrotar al peronismo. Inercia que en las últimas semanas no vio con la misma intensidad; pero que, aún así, confía en que se pueda bloquear el objetivo de reelección de Llaryora.
Por lo tanto, un repliegue con una candidatura a la intendencia de la capital cordobesa, como también lo contó este sitio sigue en pie; y ahora suma un ingrediente a la negociación con Bornoroni: convertirse en el jefe de la campaña provincial de la oposición. Un menú tentador detrás del que están otros.
Aunque no es la única carta en la baraja para el segundo semestre de este 2026. La otra pasa por el armado de la lista de legisladores provinciales. Actualmente, los libertarios no tienen bancas en la Unicameral cordobesa, mientras que el Frente Cívico tiene un activo puñado de siete bancas; origen de duras críticas parlamentarias al cordobesismo.
Fortalecer esto será un activo para Juez y puede ser un riesgo para Bornoroni. Por lo tanto, en la ecuación, es un condicionante dentro del acuerdo opositor.
Lo otro que resta dilucidar es si el radical Rodrigo de Loredo entrará o no en el acuerdo. Y aunque hoy es bastante difícil, lo hace más complejo aún la serie de recorridas que Bornoroni viene haciendo por el interior provincial prometiendo la instalación de un candidato propio en todas las localidades. Un fantasma que espanta el acercamiento de intendentes radicales o que, por lo menos, los obliga a negociar bajo presión.
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