Con el objetivo de informar y coordinar acciones en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19, se realizó en la sala de conferencias del Municipio una reunión en la que participaron autoridades municipales, Salud Pública, juntas vecinales e instituciones.
Estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, el Director de Acción Social Rodrigo Durán, el responsable de la Administración de Juntas Vecinales Flavio Collino, el director del hospital Osvaldo Ruiz Díaz y las encargadas del vacunatorio local Graciela Parada y Graciela González.
En la oportunidad, Ruiz Díaz explicó cómo se viene desarrollando el operativo en la ciudad, que comenzó con el personal de salud, y continuó con el policial y de educación por ser considerados esenciales.
Indicó que con las nuevas partidas de vacunas que se están recibiendo el procedimiento seguirá con el rango etario mayor a los 60 años.
En tanto desde la Secretaría de Desarrollo Social se indicó que la población adulta institucionalizada ya fue vacunada.
Los participantes también abordaron la posibilidad de coordinar la inscripción de los adultos mayores en las salas barriales, para lo cual el área municipal mencionada dispondrá de trabajadores sociales para realizar la misma.
Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
Desde el jueves 6 de enero la Secretaría de Estado de Cultura llevará adelante una diversa agenda de actividades artísticas y culturales. La agenda cultural se puso en marcha el jueves 6 de enero en Las Grutas y El Cóndor, y prevé durante la temporada diversas actividades en Bariloche, General Roca, Jacobacci, Río Colorado, Dina…
El dato de la inflación de julio de Córdoba confirma el anticipo de las principales consultoras, en julio se frenó la baja de la inflación que registró junio. Según los datos de la provincia la inflación volvió a ubicarse en el 2% en julio, revirtiendfo la baja a 1,9% del mes anterior.
Ese dato se combina con otros registros muy malos que hablan de una economía exhausta por el ajuste: la caída del consumo, el endeudamiento para comprar alimentos y el deterioro de la situación social se agravaron, consolidando un escenario de fuerte fragilidad que golpea a las familias y a los pequeños comercios.
El relevamiento del Centro de Almaceneros, que funciona como un anticipo del registro oficial, determinó una inflación mensual del 2,05%, con un acumulado del 19,3% en los primeros siete meses del año y una variación interanual del 33,8%.
Sin embargo, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 37,3% en doce meses, por encima del índice general, una diferencia que explica por qué la desaceleración de los precios todavía no se traduce en una mejora del poder adquisitivo. Para una familia tipo de cuatro integrantes, no caer debajo de la línea de pobreza ya exige ingresos por $1.997.833, mientras que evitar la indigencia demanda $1.090.624 mensuales.
El dato que más preocupa al sector comercial es que el consumo continúa desplomándose. Las ventas en los comercios de proximidad dedicados a alimentos registraron una caída interanual del 8,3%, una tendencia que ya lleva varios meses consecutivos y que ni siquiera el movimiento extraordinario generado por el Mundial de fútbol logró revertir. La consecuencia empieza a trasladarse directamente a la supervivencia de los negocios.
El relevamiento del Centro de Almaceneros de Córdoba revela que el12,5% de los comerciantes considera que, si el nivel actual de ventas continúa, su comercio será económicamente inviable dentro de los próximos seis meses. Es decir, uno de cada ocho almacenes, autoservicios o pequeños negocios ya observa un horizonte de cierre antes de terminar el año.
El 12,5% de los comerciantes considera que, si el nivel actual de ventas continúa, su comercio será económicamente inviable dentro de los próximos seis meses. Es decir, uno de cada ocho almacenes, autoservicios o pequeños negocios ya observa un horizonte de cierre antes de terminar el año.
El deterioro comercial tiene un correlato directo en la situación social. El informe muestra que el 76,1% de las familias considera que hoy se alimenta peor que hace un año, mientras que el 57,1% reconoce que durante julio no pudo cubrir satisfactoriamente la Canasta Básica Alimentaria.
Incluso entre quienes sí lograron alcanzarla, siete de cada diez necesitaron algún tipo de asistencia estatal para hacerlo. La inseguridad alimentaria también dejó de expresarse únicamente en el reemplazo de productos por otros más baratos. Ahora impacta directamente sobre la cantidad de comida consumida.
El 38,3% de los hogares admite que algún adulto redujo sus porciones para priorizar al resto de la familia. Y en el 27,8% de las viviendas donde viven niños, alguno de ellos tuvo que comer menos por falta de dinero. El otro gran fenómeno que detecta el informe es el endeudamiento para sobrevivir.
El 88,5% de los hogares tuvo que financiar la compra de alimentos durante el último mes. El mecanismo más utilizado fue el fiado en comercios de barrio (39,3%), seguido muy de cerca por las tarjetas de crédito (37,9%). Un mecanismo que deja a las famialias a merced de las tasas usurarias que cobran tarjetas e hipermercados y que en los hechos hace que el precio d ela comida está muy por arriba de lo que marca el precio de góndola, como reveló LPO.
El crédito dejó de utilizarse para consumos extraordinarios y pasó a financiar necesidades básicas. El panorama financiero de las familias tampoco ofrece margen para absorber nuevos golpes. El 92% de los hogares asegura que podría sostener sus gastos durante menos de un mes si perdiera sus ingresos, y dentro de ese universo, el 58% apenas resistiría una semana. A su vez, el 87% no podría afrontar con recursos propios un gasto extraordinario de $150.000.
Durante dos días, la Feria ReEmprender se vistió de rojo en su edición especial de ‘Carnaval del amor’. Las casitas de los artesanos, en la Plaza Primeros Pobladores, se convirtieron en el paseo de los reginenses que pudieron observar el trabajo de emprendedores y artesanos. A esta posibilidad, se sumó durante el domingo la caminata…
A través del Decreto 04/21, la Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro que establece restricción en la circulación en horario nocturno. La medida estará en vigencia hasta el 31 de enero e indica, en líneas generales, que se restringe la circulación de personas…
La Justicia Federal de Paraná condenó al productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, a doce años de prisión por financiar actividades de tráfico de narcotráfico, desarrolladas principalmente desde Entre Ríos a Santa Fe. La investigación determinó que el productor mantenía una cobertura policial que le permitía ingresar cocaína a Rosario entre 2019 y 2022, tiempos en que estallaba la violencia ligada a esos negocios en la ciudad, donde fue detenido por primera vez.
Esta condena de un dirigente de una entidad de la producción vuelve a poner el foco en la penetración del narcotráfico en Entre Ríos. El ex intendente de Paraná Sergio Varisco, fallecido en 2021, fue condenado a seis años de prisión por participación en comercio de drogas agravada, tras haber recibido aportes de campaña en 2015 de figuras del mundo narco. Cuando sentenciaron a Varisco el que recibió mayor pena fue Daniel «Tavi» Celis, considerado jefe de la organización delictiva. Quien también tuvo lazos y competencia con el dirigente de la Sociedad Rural sentenciado este jueves.
Leonardo Airaldi tiene 41 años, tuvo notoriedad como dirigente ruralista en el este de Entre Ríos y en su momento se desempeñó como asesor de Luis Etchevehere, el ex titular de la Sociedad Rural que fue ministro de Agricultura durante la presidencia de Mauricio Macri. Airaldi siguió todo el juicio que terminó ayer en las audiencias conectado por vía remota desde la cárcel de Ezeiza.
Está en esa prisión desde febrero pasado tras descubrirse, por datos aportados por Daniel Célis, su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general José Ignacio Candioti que lo investigaba y el ministro de Seguridad de Entre Ríos y ex jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia. Cuando se detectó el plan Airaldi estaba preso en la cárcel de Gualeguaychú. Los investigadores supieron que dos sicarios uruguayos habrían cobrado 40 mil dólares para concretar el atentado coordinado por la banda de Airaldi.
La investigación fiscal demostró que controlaba puestos camineros con sobornos por donde pasaba la droga que transportaban sus vehículos. El fiscal Candioti demostró ante el Tribunal Federal Oral de Paraná que Airaldi dirigía una organización dedicada al narcotráfico que operó entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en Entre Ríos. Parte de las actividades se desarrollaban desde campos vinculados al productor, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina para la llegada de avionetas con cocaína. Desde ahí partían embarcaciones destinadas a la distribución de los estupefacientes.
La fiscalía había requerido el decomiso de su estancia «El Mirador» por considerar que había sido utilizada como instrumento para la comisión de los delitos. Sin embargo, el tribunal rechazó ese pedido. Los fiscales señalaban que la extensión de ese campo, su ubicación estratégica sobre la costa del río -que permitía enlazar distintos centros poblacionales- y las dificultades de acceso al lugar por la cantidad de islas que comprendía facilitaba las maniobras de tráfico.
La caída en Rosario
Airaldi fue detenido por primera vez en la madrugada del 23 de julio de 2022 en el barrio Ludueña de Rosario, sobre una Volkswagen Amarok en la que iban dos hombres y dos mujeres. En la requisa encontraron dos pistolas 9 milímetros, once cargadores y 196 municiones de tres calibres distintos. Además hallaron 360 dólares, 151.960 pesos, una balanza de precisión, medicamentos en tabletas y ampollas, seis jeringas con agujas y un gramo de cocaína. Uno de los que viajaba en la Amarok era Airaldi. Al ser acusado esa vez por el fiscal de Rosario Iván Enriquez dijo ser policía y que actuaba como «encubierto». Quedó entonces preso en la cárcel de Piñero, a 15 kilómetros de Rosario, donde conoció a referentes del criminales de la ciudad.
Un mes más tarde Airaldi quedó por casualidad conectado a otra investigación, ahora por drogas. Fue el 10 de agosto de 2022 cuando una mujer denunció por amenazas y violencia de género a un puestero de Puerto Gaboto, un pueblo situado frente a Diamante cruzando el río Paraná. Cuando los policías fueron a detener al puestero a su casa en esa zona de islas, que son propiedad de Airaldi, se encontraron con un embalaje de 29,5 kilos de cocaína de alta pureza debajo de una cama. El puestero que trabajaba para Airaldi, Diego «Pete» Torres, continúa prófugo.
Airaldi escuchó el veredicto por zoom.
Los paquetes tenían etiquetas que decían Qatar -sede del Mundial 2022 que se comenzaría a jugar meses después- y Emiratos Árabes. Se encontraron indicios de que esa droga se remitiría a esos países a través de la vía navegable troncal del río Paraná. Un fiscal federal de Santa Fe inició una causa que se terminó acumulando en Entre Ríos ya que Airaldi tenía ya una causa por narcotráfico.
«Una de las particularidades que presenta esta organización, es que Airaldi mantenía contactos y vínculos de extrema confianza con distintos funcionarios policiales que le permitían ingresar el estupefaciente por el puesto Caminero Túnel, puente Rosario Victoria y cruce Diamante, lo que optimizaba el funcionamiento de esta organización y les permitía mantener un flujo de distribución constante, sin necesidad de almacenar grandes cantidades de estupefacientes y, con ello, reducir el riesgo en caso de ser interceptados», precisó el texto donde el dirigente ruralista fue procesado en 2024.
Un testimonio que hundió a Airaldi fue la de la ex policía María Soledad Touzet, que dejó la fuerza para trabajar con el ex dirigente ruralista. «Antes de que él cayera preso en Rosario, en 2022, tres o cuatro meses antes, él cambió. Empezó a tener actitudes raras, se volvió agresivo», dijo en el juicio, donde le atribuyó a su ex jefe amenazas de muerte reiteradas.
«Manejó la vida de nosotros como quiso cuando estaba en el penal de Rosario. Nos llamaba tres o cuatro veces desde teléfonos truchos. Nos daba órdenes», le reveló al tribunal al ser citada. Dijo que Airaldi le ordenó que averiguara precios de combustible para avionetas que, reveló, no eran para ser utilizadas en tareas agropecuarias. Antes de terminar ese testimonio dijo tener miedo e imploró a los jueces: «No suelten a ese animal».
En sus últimas palabras Airaldi se declaró inocente y dijo que su única relación con drogas era como eventual consumidor y nunca como traficante.
El fallo fue dado a conocer por la presidenta del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Marta Berros, que presidió el juicio y actuó junto a la jueza Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.
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