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Reunión interinstitucional por vacunación COVID-19

Con el objetivo de informar y coordinar acciones en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19, se realizó en la sala de conferencias del Municipio una reunión en la que participaron autoridades municipales, Salud Pública, juntas vecinales e instituciones.

Estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, el Director de Acción Social Rodrigo Durán, el responsable de la Administración de Juntas Vecinales Flavio Collino, el director del hospital Osvaldo Ruiz Díaz y las encargadas del vacunatorio local Graciela Parada y Graciela González.

En la oportunidad, Ruiz Díaz explicó cómo se viene desarrollando el operativo en la ciudad, que comenzó con el personal de salud, y continuó con el policial y de educación por ser considerados esenciales.

Indicó que con las nuevas partidas de vacunas que se están recibiendo el procedimiento seguirá con el rango etario mayor a los 60 años.

En tanto desde la Secretaría de Desarrollo Social se indicó que la población adulta institucionalizada ya fue vacunada.

Los participantes también abordaron la posibilidad de coordinar la inscripción de los adultos mayores en las salas barriales, para lo cual el área municipal mencionada dispondrá de trabajadores sociales para realizar la misma.

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    Horas antes de la marcha en defensa de la Salud Pública, Axel Kicillof reunió en La Plata a más de 60 intendentes de la provincia y trazó un duro diagnóstico de la situación sanitaria. El gobernador calificó a las políticas de Javier Milei como «criminales» y habló de una «catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable».

    «No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil», dijo.

    El gobernador explicó que debido a la crisis económica, la pérdida de empleos y la desregulación de la medicina prepaga, más de 742 mil personas perdieron su cobertura. Esto, explicó, sobrecargó el sistema público provincial y municipal.

    Ishii volvió a tensar su relación con Kicillof con fuertes críticas al sistema de salud

    «Mientras alertamos y señalamos al responsable, no nos quedamos de brazos cruzados: junto a los intendentes estamos una vez más haciéndonos cargo de la situación y brindando todas las respuestas que están a nuestro alcance», dijo Kicillof. Pareció una respuesta al planteó que hizo el lunes Mario Ishii a través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura.

    En la apertura del acto, Kreplak hizo un desarrollo de la situación con cifras y datos. Precisó que como consecuencias del ajuste nacional, aumentaron 35% las internaciones en hospitales públicos, se dispararon las internaciones por causas prevenibles como la influencia y neumonías -60%- diabetes -40%- y cardíacas, 37%. Las obras sociales, señaló, reducen sus coberturas por lo que también sube la cantidad de afiliados que terminan por pedir medicamentos en hospitales.

    El ministro repasó una variedad de programas que están siendo recortados e hizo especial énfasis en el Remediar, que entregada medicamentos a 8 mil centros asistenciales. Y apuntó a las consecuencias: amento de las internaciones evitables, de la mortalidad infantil (+6,25%) y la materna (+37%); suba del 71% de los casos de sífilis. Dijo que la saturación hospitalaria es grande -especialmente en las guardias- y que 20 millones de personas tiene la salud en riesgo.

    «Vamos a seguir haciendo un esfuerzo inmenso para sostener programas como ‘Medicamentos Bonaerenses’, intentando sustituir en la medida de nuestras posibilidades a un Estado nacional que cortó totalmente el envío de remedios a las provincias», concluyó Kicillof. «Nuestro compromiso se ve en la gestión y en las calles: mañana la Provincia de Buenos Aires estará presente en la marcha federal que se convocó para defender el derecho a la salud», anunció.

     

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    ¿Quién se quedará con la voz?: la ley “silenciosa” que Milei quiere borrar y abre la puerta a la extranjerización de los medios

     

    La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.

    La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.

    La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno

    El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.

    Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.

    Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.

    Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”

    La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.

    Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.

    Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.

    La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.

    Comunicación, soberanía y mercado

    El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.

    La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.

    Ahí reside el núcleo político del asunto.

    Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.

     

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