Con el objetivo de informar y coordinar acciones en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19, se realizó en la sala de conferencias del Municipio una reunión en la que participaron autoridades municipales, Salud Pública, juntas vecinales e instituciones.
Estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, el Director de Acción Social Rodrigo Durán, el responsable de la Administración de Juntas Vecinales Flavio Collino, el director del hospital Osvaldo Ruiz Díaz y las encargadas del vacunatorio local Graciela Parada y Graciela González.
En la oportunidad, Ruiz Díaz explicó cómo se viene desarrollando el operativo en la ciudad, que comenzó con el personal de salud, y continuó con el policial y de educación por ser considerados esenciales.
Indicó que con las nuevas partidas de vacunas que se están recibiendo el procedimiento seguirá con el rango etario mayor a los 60 años.
En tanto desde la Secretaría de Desarrollo Social se indicó que la población adulta institucionalizada ya fue vacunada.
Los participantes también abordaron la posibilidad de coordinar la inscripción de los adultos mayores en las salas barriales, para lo cual el área municipal mencionada dispondrá de trabajadores sociales para realizar la misma.
Los diputados Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Emir Félix, el intendente Federico Achával y el auditor Juan Manuel Olmos lanzaron la convocatoria a un plenario en Parque Norte para este viernes, con el propósito de reunir alrededor de mil militantes peronistas y discutir una agenda que trascienda los debates que, a su criterio, le impiden a la fuerza política tender puentes con la sociedad.
La intención de los impulsores es ordenar la jornada en tres paneles temáticos: «Desarrollo federal sostenible», «Trabajo y Producción» y «Economía con inclusión».
El armado del espacio es una apuesta para eludir la feroz pelea interna entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación de Axel Kicillof. Se produce, además, poco después que Máximo Kirchner saliera a criticar públicamente la idea de construir «un frente anti Milei».
En efecto, los organizadores avisaron de la jugada tanto al gobernador bonaerense como al diputado Kirchner, pese a que no los invitaron. También se encargaron de que supieran de la iniciativa Martín Llaryora y Ricardo Quintela, por mencionar dos jefes territoriales con aspiraciones presidenciales, sin convidarles con la entrada al predio.
Uno de los responsables aseguró ante LPO que habló del lanzamiento con Cristina Kirchner. «Ella deja correr, y después se verá», conjeturó.
Desde la apelación para identificarse con la idea de un «peronismo federal», los legisladores e intendentes que diseñaron la movida reclaman un modelo que contenga las demandas de las provincias, como una articulación superadora de las cuestiones recortadas a las necesidades del AMBA. Eso los pone, casi automáticamente, en tensión con la conducción del PJ a nivel nacional, que responde a Cristina y sigue reivindicando los años de los gobiernos kirchneristas.
Juan Manuel Olmos.
«No se puede seguir defendiendo por una cuestión ideológica que el déficit no es malo, hay una cuestión técnica y nadie puede estar en contra de una macro ordenada», aducen. Ponen como ejemplo los albores de la presidencia de Néstor Kirchner y su celo por los superávit gemelos.
Por otra parte, y como es de rigor, plantean la importancia de definir un programa pero el carácter incipiente de la conversación entre los dirigentes que empujan la creación de este ámbito conspira contra el arribo a síntesis consistentes acerca de qué hacer con el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el comercio exterior y las retenciones o las tarifas, más allá de las consideraciones generales. «Es muy pronto para cuestiones concretas, lo tenemos que discutir para que no nos pase lo que ocurrió en el gobierno del Frente de Todos, nos hacemos cargo», asumen.
No se puede seguir defendiendo por una cuestión ideológica que el déficit no es malo, hay una cuestión técnica y nadie puede estar en contra de una macro ordenada.
En efecto, uno de los dirigentes consultados estima que los vencimientos del FMI no son «impagables», pero que «es necesario acrecentar las exportaciones».
En cuanto a las retenciones, subrayan que los diputados de UP que responden a los gobernadores se impusieron frente a sus colegas de la Capital Federal y Gran Buenos Aires cuando se votó el acuerdo Mercosur-UE. «Fuimos 47 contra 34 y ahí se le pone un tope a las retenciones, porque hay que escuchar el interior productivo, no hay que enamorarse de una herramienta de política económica», afirmaron.
Sobre las tarifas fueron categóricos, reavivando la histórica desventaja de las provincias contra la portentosa Buenos Aires desde la conformación del Estado a partir de 1860. «¿Por qué los cordobeses, los mendocinos o los habitantes de cualquier otra provincia tienen que pagar un boleto muchísimo más caro que acá? El tema de las tarifas es importante ahora en el AMBA por la política de Milei pero para el resto del país es algo con lo que conviven hace años», contestaron.
Como sea, tuvieron un pronunciamiento más claro al ser consultados sobre la eliminación de las primarias que pretende el gobierno. «Nosotros necesitamos las PASO», concluyeron.
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El discurso de la “casta” vuelve a quedar en entredicho. Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un ajuste feroz sobre jubilaciones, salarios y presupuesto público, un decreto firmado por el propio Ejecutivo habilitó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resto de los ministros duplicaran —y en algunos casos superaran— sus ingresos en pocos meses.
Lejos de tratarse de un aumento menor, los números son contundentes: los ministros pasaron de cobrar alrededor de $3,5 millones en diciembre a más de $7 millones en enero, con una escalada que los llevó a superar los $8 millones en los meses siguientes.
Un decreto que desarma el relato
La suba fue posible gracias a un decreto firmado a comienzos de 2026 que terminó con el congelamiento salarial que regía desde el inicio de la gestión libertaria. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios, y también impactó directamente en el salario de Adorni, quien quedó equiparado a los ministros.
El incremento no fue simbólico: en apenas meses, los haberes crecieron más de un 100%, llegando en algunos casos al 123%.
La explicación oficial se apoyó en la necesidad de “recomponer” salarios que venían atrasados frente a la inflación. Sin embargo, el contexto político vuelve esa justificación difícil de sostener: el propio Milei construyó su identidad política denunciando a la “casta” por sus privilegios y sus ingresos.
Ajuste para la sociedad, beneficios para arriba
El contraste es evidente. Mientras los funcionarios de primera línea del gobierno veían duplicados sus ingresos, el promedio salarial de los trabajadores argentinos se mantiene muy por debajo, con fuertes pérdidas frente a la inflación.
El dato no es menor: la recomposición se dio en simultáneo con recortes en áreas sensibles como educación, salud y políticas sociales, lo que profundiza la percepción de una doble vara.
En otras palabras, el ajuste no fue “para todos”. Fue selectivo.
Adorni en el centro de la escena
La figura de Adorni aparece particularmente expuesta. No solo porque su salario creció al mismo ritmo que el de los ministros, sino porque su situación patrimonial ya estaba bajo la lupa judicial en paralelo a estos incrementos.
El jefe de Gabinete, que durante meses fue la cara del discurso oficial contra los privilegios de la política, hoy queda atrapado en una contradicción difícil de explicar: defender el ajuste mientras se beneficia de una mejora salarial extraordinaria.
La pregunta incómoda
El caso abre un interrogante político inevitable: si el gobierno justificó despidos, recortes y pérdida de ingresos en nombre de combatir a la “casta”, ¿cómo se explica que sus propios funcionarios dupliquen sus sueldos por decreto?
Y aún más: ¿por qué a Adorni no se le aplica la misma vara que el propio oficialismo exige hacia otros funcionarios cuando quedan envueltos en polémicas patrimoniales o privilegios?
La respuesta, por ahora, no aparece. Pero el contraste entre el discurso y los hechos empieza a ser cada vez más evidente.
La sospecha de soja transgénica HB4 en un cargamento argentino encendió las alarmas del complejo agroexportador y expuso nuevamente las debilidades de los controles en argentina. El tema se está investigando en los Países Bajos donde llegó un barco con harina de soja que estaría contaminada con el grano patentado por Bioceres que está prohibido en el viejo continente.
El episodio generó temor entre exportadores por posibles rechazos y un endurecimiento de controles que termine afectando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE que después de décadas comenzaba a formalizarse.
En el sector agroexportador reconocen que desde hace semanas agricultores, acopios y terminales portuarias trabajan para aislar la soja HB4 del circuito destinado a Europa y evitar una contaminación cruzada que complique operaciones multimillonarias.
Sin embargo, detrás de la alarma aparece un tema recurrente que tiene que ver con el vaciamiento de los controles estatales en los puertos y la creciente privatización de las inspecciones sanitarias.
El problema salta en medio del desguace de los controles estatales impulsado por el ministro de desregulación Federico Sturzenegger. Por ello, el SENASA dejó de realizar los controles físicos en puertos y buques y las tareas fueron delegadas a empresas privadas sin ningún tipo de auditoría.
En rigor, desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares.
Desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares
En el gobierno de Alberto Fernández el SENASA recuperó las tareas de supervisión y se obligó a los privados a inscribirse en el RITE -Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades- dependiente de la Oficina Anticorrupción. El registro era obligatorio para todas las operadoras en puertos que realizaban tareas de control, certificación o asistencia sanitarias.
Pero con la panacea libertaria se profundizó el vaciamiento de organismos de controles y «el Estado terminó convertido en un convidado de piedra», resumió un especialista en comercio exterior que habló con LPO.
Previo al desguace, los inspectores del SENASA subían a las bodegas de los buques y verificaban las condiciones sanitarias de las bodegas, los olores, restos de mercadería, contaminación, limpieza y estado general del compartimiento. Todo quedaba asentado en actas oficiales y registrado en el sistema del organismo.
En caso de controversias entre el capitán del barco, exportadores y el inspector estatal, las diferencias se resolvían en instancias administrativas con documentación respaldatoria y trazabilidad de cada inspección: «Si una bodega estaba sucia, tenía restos o no cumplía condiciones, quedaba asentado. Hoy eso prácticamente desapareció», sostuvo una fuente del organismo.
Ahora, el problema es que el Estado emite certificados sobre controles que ya no realiza en un esquema donde los controladores son empresas privadas contratadas por quienes deben ser auditados.
En el complejo agroexportador temen que el episodio HB4 podría convertirse en un caso testigo sobre los riesgos de flexibilizar controles en un mercado internacional cada vez más exigente.
En el Polideportivo Cumelén, culminó la capacitación a un grupo de empleados municipales (en este caso, agentes de Obras Públicas) sobre la ley Micaela, a cargo del Área Mujer y Diversidad. La misma se enmarca en la Ordenanza N°028/2020 y la Ley Nacional, la que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia…
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