Con el objetivo de informar y coordinar acciones en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19, se realizó en la sala de conferencias del Municipio una reunión en la que participaron autoridades municipales, Salud Pública, juntas vecinales e instituciones.
Estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, el Director de Acción Social Rodrigo Durán, el responsable de la Administración de Juntas Vecinales Flavio Collino, el director del hospital Osvaldo Ruiz Díaz y las encargadas del vacunatorio local Graciela Parada y Graciela González.
En la oportunidad, Ruiz Díaz explicó cómo se viene desarrollando el operativo en la ciudad, que comenzó con el personal de salud, y continuó con el policial y de educación por ser considerados esenciales.
Indicó que con las nuevas partidas de vacunas que se están recibiendo el procedimiento seguirá con el rango etario mayor a los 60 años.
En tanto desde la Secretaría de Desarrollo Social se indicó que la población adulta institucionalizada ya fue vacunada.
Los participantes también abordaron la posibilidad de coordinar la inscripción de los adultos mayores en las salas barriales, para lo cual el área municipal mencionada dispondrá de trabajadores sociales para realizar la misma.
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La sospecha de soja transgénica HB4 en un cargamento argentino encendió las alarmas del complejo agroexportador y expuso nuevamente las debilidades de los controles en argentina. El tema se está investigando en los Países Bajos donde llegó un barco con harina de soja que estaría contaminada con el grano patentado por Bioceres que está prohibido en el viejo continente.
El episodio generó temor entre exportadores por posibles rechazos y un endurecimiento de controles que termine afectando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE que después de décadas comenzaba a formalizarse.
En el sector agroexportador reconocen que desde hace semanas agricultores, acopios y terminales portuarias trabajan para aislar la soja HB4 del circuito destinado a Europa y evitar una contaminación cruzada que complique operaciones multimillonarias.
Sin embargo, detrás de la alarma aparece un tema recurrente que tiene que ver con el vaciamiento de los controles estatales en los puertos y la creciente privatización de las inspecciones sanitarias.
El problema salta en medio del desguace de los controles estatales impulsado por el ministro de desregulación Federico Sturzenegger. Por ello, el SENASA dejó de realizar los controles físicos en puertos y buques y las tareas fueron delegadas a empresas privadas sin ningún tipo de auditoría.
En rigor, desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares.
Desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares
En el gobierno de Alberto Fernández el SENASA recuperó las tareas de supervisión y se obligó a los privados a inscribirse en el RITE -Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades- dependiente de la Oficina Anticorrupción. El registro era obligatorio para todas las operadoras en puertos que realizaban tareas de control, certificación o asistencia sanitarias.
Pero con la panacea libertaria se profundizó el vaciamiento de organismos de controles y «el Estado terminó convertido en un convidado de piedra», resumió un especialista en comercio exterior que habló con LPO.
Previo al desguace, los inspectores del SENASA subían a las bodegas de los buques y verificaban las condiciones sanitarias de las bodegas, los olores, restos de mercadería, contaminación, limpieza y estado general del compartimiento. Todo quedaba asentado en actas oficiales y registrado en el sistema del organismo.
En caso de controversias entre el capitán del barco, exportadores y el inspector estatal, las diferencias se resolvían en instancias administrativas con documentación respaldatoria y trazabilidad de cada inspección: «Si una bodega estaba sucia, tenía restos o no cumplía condiciones, quedaba asentado. Hoy eso prácticamente desapareció», sostuvo una fuente del organismo.
Ahora, el problema es que el Estado emite certificados sobre controles que ya no realiza en un esquema donde los controladores son empresas privadas contratadas por quienes deben ser auditados.
En el complejo agroexportador temen que el episodio HB4 podría convertirse en un caso testigo sobre los riesgos de flexibilizar controles en un mercado internacional cada vez más exigente.
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