Con el objetivo de informar y coordinar acciones en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19, se realizó en la sala de conferencias del Municipio una reunión en la que participaron autoridades municipales, Salud Pública, juntas vecinales e instituciones.
Estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra, el Director de Acción Social Rodrigo Durán, el responsable de la Administración de Juntas Vecinales Flavio Collino, el director del hospital Osvaldo Ruiz Díaz y las encargadas del vacunatorio local Graciela Parada y Graciela González.
En la oportunidad, Ruiz Díaz explicó cómo se viene desarrollando el operativo en la ciudad, que comenzó con el personal de salud, y continuó con el policial y de educación por ser considerados esenciales.
Indicó que con las nuevas partidas de vacunas que se están recibiendo el procedimiento seguirá con el rango etario mayor a los 60 años.
En tanto desde la Secretaría de Desarrollo Social se indicó que la población adulta institucionalizada ya fue vacunada.
Los participantes también abordaron la posibilidad de coordinar la inscripción de los adultos mayores en las salas barriales, para lo cual el área municipal mencionada dispondrá de trabajadores sociales para realizar la misma.
En el mismo momento en el que Axel Kicillof asumía la presidencia del Partido Justicialista, Máximo Kirchner estaba de recorrida en Santa Fe. El líder de La Campora por la comuna María Teresa junto al presidente comunal, Gonzalo Goyechea, y la diputada nacional, Florencia Carignano.
En el marco de esa recorrida, el diputado nacional se reunió con dirigentes del kirchnerismo en donde propuso que un 30% de lo que se recaude por retenciones a la soja se reparta entre las provincias que tengan ese cultivo.
Esta iniciativa, en caso de aplicarse, le daría a la provincia de Buenos Aires 120.000 millones de pesos. Sin embargo la idea conspira contra los sectores productivos dado que lo dio en una zona de puertos sojeros, en un escenario en el que el un sector del peronismo busca acercamiento.
De todas formas, el hijo de Cristina logró juntar una importante representación territorial. Entre los dirigentes políticos presentes en la charla de Máximo en Santa Fe se destacaron los diputados nacionales Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta, Agustín Rossi, Germán Martínez y Diego Giuliano, junto al senador provincial Armando Traferri, en una muestra de fuerte respaldo institucional y territorial.
El diputado nacional se reunió con dirigentes del kirchnerismo en donde propuso que un 30% de lo que se recaude por retenciones a la soja se reparta entre las provincias que tengan ese cultivo.
También participaron referentes provinciales como Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Eduardo Toniolli, Leandro Busatto, Erica Bonfatti, Marilyn Sacnun y Alejandro Ramos, consolidando una amplia representación del peronismo santafesino.
Por parte de las autoridades partidarias del PJ Provincial estuvieron presentes su presidente, Guillermo Cornaglia, y la vicepresidenta María Luz Rioja, quienes acompañaron la actividad junto a intendentes y presidentes comunales de distintos puntos de la provincia.
Entre ellos se encontraban Carlos De Grandis, de Puerto General San Martín; Gonzalo Goyechea, de María Teresa; Martín Calori, de Oliveros; Federico Martello, de Andino; Daniel Cinalli, de Capitán Bermúdez; y María Laura Mozzi, de Mugueta, reforzando el carácter territorial del encuentro.
Máximo dijo que «acostumbrarse otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien, sino a favor de los intereses de la mayoría».
«Estamos acá para escuchar lo que cada uno desde su experiencia tiene para aportar y para poder, desde las verdades relativas de cada uno y cada una, buscar esa síntesis que saque a la Argentina del lugar donde Milei la lleva cada vez de una manera más acelerada, y que a grandes luces se empieza a ver que es negativa para la gran mayoría», expresó.
Horacio Rosatti habilitó a los consejeros de la Magistratura en representación del Congreso y el estamento de los abogados para que hundan provisoriamente la acordada de la Corte Suprema, firmada por sus colegas Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, para cambiar el mecanismo de selección de los jueces.
Detrás de la decisión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. Un experimentado funcionario judicial explicó a LPO que el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando detrás de la bandera de lo «técnico» un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios que las asesoran en la selección de los jueces.
Por eso, un tema absolutamente críptico para el ciudadano de a pie, es tapa de los grandes diarios y por eso también las asociaciones de empresas más concentradas, como el G6, salieron a respaldar públicamente la movida de Lorenzetti y Rosenkrantz, que antes de sumarse a la Corte eran abogados de muchas de esas mismas empresas.
No se trata de teorías conspirativas. Luego de la decisión del Consejo de la Magistratura de postergar el tema, el establishment más concentrado hizo conocer su desagrado. El Grupo de los Seis (G6), integrado por la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos, emitió un poco usual comunicado apoyando la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti.
«El G6 insta al Consejo de la Magistratura, en el marco de sus funciones y atribuciones, a aprobar con celeridad el reglamento propuesto, lo que constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país», ordenaron las cámaras que reúnen a los grandes actores del poder económico.
Detrás de discusión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. El proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios en la selección de los jueces.
Estas tensiones quedaron en evidencia durante la reunión del Consejo de la Magistratura de este miércoles. Cuando se analizaron los temas que se tratarán en el plenario previsto del próximo 15 de abril, la iniciativa de Rosenkrantz fue postergada. Con los sofisticados modos de la justicia, el abogado César Grau, identificado con el kirchnerismo, planteó que se había emocionado con el discurso que dio Rosenkrantz este lunes cuando presentó la iniciativa y propuso que el expediente se incluyera en el orden del día pero «no para votarlo, sino para habilitar el pase a la comisión de Reglamentación». Un elogio para enterrarlo.
En ese momento, en lo que pareció un movimiento cordionado, Rosatti respondió que se trataba de un proyecto que debía ser analizado en detalle y profundidad, según relató a LPO uno de los consejeros presentes. Esta jugada enfrió el pedido de tratamiento perentorio formulado por Rosenkrantz y las empresas que representaba. La postura de Rosatti contó con el respaldo de los representantes de los académicos, que responden a Diego Molea, el juez Diego Barroetaveña y los abogados Jimena De la Torre y Alberto Maques, quienes responden a Mauricio Macri y Daniel Angelici, respectivamente.
El consejero de los abogados, César Grau.
Pero la discusión no terminó allí. Más tarde, al reunirse la comisión de Selección, presidida por Fernanda Vázquez, que accedió a su silla por la lista de la minoría de los abogados pero con el auspicio de Molea, se criticó el apuro de Lorenzetti y Rosenkrantz por modificar el reglamento vigente, bajo el argumento de eliminar la «partidización» y la «discrecionalidad».
De La Torre adelantó que está «absolutamente de acuerdo con todos los términos de la acordada» pero aclaró que el tema «deberá discutirse en la comisión de Selección y la de Reglamentación y, en todo caso, votarse en plenario». Una manera de alargar el debate. De La Torre agregó que ella es autora de uno de los 14 proyectos sobre el tema, otra manera de avisarle que son los consejeros los que discuten cómo mejorar los mecanismos de selección de jueces y son muchas las ideas en danza, no sólo las de Rosenkrantz y Lorenzetti.
Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos pero entiendo que hay muchas cosas para modificar. Es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos.
Esa advertencia coincidió con una pregunta demoledora que un diputado le hizo en los últimos días a un juez de la Corte: «¿Nosotros podemos meternos con las sentencias?». La respuesta por la negativa solo ameritó una lacónica onomatopeya del legislador: «Ah».
En la misma sintonía, el consejero Maques objetó este miércoles la premura de Rosenkrantz y Lorenzetti. «Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos», afirmó y agregó: «es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos».
Maques es hombre de Angelici y, por propiedad transitiva, pertenecería al mismo esquema que termina en la figura de Karina Milei, quien definió el ascenso de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y detonó la aspiración de Ricardo Lorenzetti.
Santiago Viola, representante del Ejecutivo en el Consejo.
Lorenzetti quedó del lado perdedor en la discusión por el Ministerio de Justicia, ya que como reveló LPO, respaldaba junto a los principales jueces de Comodoro Py la designación de Guillermo Montenegro.
Que se instale el tema de la necesidad de «limitar» la intervención política en la selección de jueces, justo cuando el flamante ministro Juan Bautista Mahiques remite al Senado el pliego para que de manera excepcional se extienda por cinco años la calidad de juez de la Cámara de Casación Federal de su papá, Coco Mahiques, no parece casualidad.
Una impugnación a la que contribuye el ministro cuando de manera pública oficia como un abogado de los Milei en la causa por la criptoestafa $Libra, proponiendo cursos de acción para anular las pruebas contra el presidente y su hermana. En esa misma sintonía, parece inscribirse la decisión de Mahiques de promover el ascenso a jueza de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que instruye la causa $Libra. Un verdadero escándalo.
Le sirve además el tema a Lorenzetti para raspar a su eterno rival por la postulación de su hijo, Emilio Rosatti, como juez federal de Santa Fe. En el Palacio Talcahuano podía percibirse este miércoles la bronca contenida contra la publicación de Clarín que reveló que el heredero del presidente de la Corte no había sacado la nota más alta para el orden de mérito, donde había quedado 9º, pero luego de la entrevista terminó más arriba. Precisamente el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz busca limitar el peso de las entrevistas personales en la selección del orden de mérito de los que compiten por la calidad de juez.
Es por eso, que el deslizamiento más impactante es el que concretó Rosenkrantz, que de pasar los últimos tres años formando mayoría con Rosatti, pasó a alinearse con Lorenzetti. «Acaso ese cambio se explique por la confrontación de Milei con Clarín por las trabas para la fusión Telecom-Telefónica», analizó un consejero consultado por LPO. Rosenkrantz, antes de ser juez, fue abogado del grupo de medios al que Milei quiere imponer un draconiano pliego de condiciones para aprobarle la fusión, como reveló LPO en exclusiva.
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