En el día de ayer hubo una rotura en un caño principal de la red de cloacas en la Calle Juan Bautista Alberdi. Personal de Obras Sanitarias junto a su director, Daniel Paravano, realizaron un gran trabajo desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la madrugada del día siguiente. En un trabajo de casi 24 horas, con todas las bombas y equipos, se pudo desagotar todos los líquidos cloacales. De este modo quedaron reparados los caños de redes cloacales de ese sector.
El desperfecto fue solucionado y sólo queda completar el tapado del caño que se arregló.
Ricardo Benedicto, Manuel Lao y Federico de Achával negocian con Milei para traspasar por decreto los barcos casino y el Hipódromo de Palermo a la órbita nacional. La transferencia le permitiría al gobierno ingresar millones de pesos por año que pasarían a ser fondos coparticipables y a los empresarios extender las concesiones de las salas de juego.
Benedicto es quien le compró a Cristóbal López su participación en los casinos en una operación que aún no terminó de saldarse. Junto a Lao y Achával negociaron con el gobierno libertario un decreto para cambiar la jurisdicción a la que tributan.
Primero se reunieron con Santiago Caputo, que avanzó con la redacción de un decreto. Pero ante la feroz pelea interna de los libertarios, comenzaron a tender puentes con Martín y Lule Menem, delegados de Karina Milei.
En 2016, Mauricio Macri traspasó por decreto los juegos de azar a la Ciudad asesorado por Pepín Rodríguez Simón. El problema no fue la transferencia, basada en la autonomía porteña y jurisprudencia de la Corte, sino haber evitado al Congreso. «Un decreto mata otro decreto. Mauricio se equivocó», se lamentó un funcionario porteño preocupado por perder un ingreso de miles de millones de pesos mensuales por los barcos y otro tanto por los casinos en concepto de canon y de Ingresos Brutos.
La historia de los barcos comenzó con una licitación de Carlos Menem. El ex presidente decidió concesionar la explotación de dos casinos flotantes por 25 años amparado por una interpretación creativa: la jurisdicción del Río de la Plata era nacional y no provincial.
Tras varias idas y vueltas que incluyeron la transferencia de los juegos de azar de Nación a Ciudad y cautelares judiciales por la pandemia y por el cambio de reglas del juego, el casino flotante siguió funcionando, pero en los últimos años su supervivencia quedó amenazada.
Achaval y De Bendicto primero se reunieron con Santiago Caputo, que avanzó con la redacción de un decreto. Pero ante la feroz pelea interna de los libertarios, comenzaron a tender puentes con Martín y Lule Menem, delegados de Karina Milei.
Hace un año, la Corte revocó una cautelar que le permitió a Casinos de Buenos Aires SA continuar explotando dos barcos casino con la concesión vencida y ordenó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que decida sobre otra cautelar que está pendiente. Ese otro expediente traba la partida definitiva de los barcos ‘Estrella de la Fortuna’ y ‘Princess’.
Benedicto, Achával y la familia Lao saben que otro fallo de la Corte los dejará afuera de carrera, por eso se acercaron al gobierno nacional para buscar una salida.
Lule Menem, mano derecha de Karina Milei.
En juego hay miles de millones de pesos mensuales que pasaría a cobrar Nación y que entrarían en el reparto de la coparticipación, una cuestión que interesa a las provincias. De paso, Karina se daría el gusto de darle otro golpe a la gestión de Jorge Macri.
Los dueños del casino también tienen especial interés en dejar de pagar Ingresos Brutos en la Capital y en cambiar la forma en que se reparten los ingresos. Antes del traspaso a la Ciudad se quedaban con el 70% de las ganancias y luego pasaron al 30%.
Pero hay otra cuestión mucho más relevante. Un cambio de jurisdicción permitiría una nueva prórroga, ya que la concesión del hipódromo de Palermo vence en 2027. Esa extensión también podría aplicarse al casino flotante.
Los dueños de las salas de juego tienen especial interés en dejar de pagar Ingresos Brutos en la Capital y en cambiar la forma en que se reparten los ingresos. Antes del traspaso a la Ciudad se quedaban con el 70% de las ganancias y luego pasaron al 30%.
En el gobierno porteño buscan un resarcimiento en caso de que los casinos pasen a manos de Nación y el Tano Angelici, también empresario del juego, está negociando esa «indemnización» con sus colegas.
El vínculo entre la Ciudad y los dueños de los casinos porteños siempre estuvo atravesado por la tensión entre Mauricio Macri y Cristóbal López, que incluso terminó preso durante la presidencia de Macri.
Sin embargo, todo parece haber mejorado en los último tiempos. La prueba es que un influyente funcionario porteño logró hace poco que el casino flotante estampe su publicidad en la camiseta de San Lorenzo.
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La Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay expresó su «gran preocupación» ante el proyecto de decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, una actividad clave para la navegación en puertos y vías fluviales del Río de la Plata.
LPO adelantó en exclusivo que la iniciativa busca reducir costos en el comercio exterior, aunque abre interrogantes y genera máxima preocupación en la Armada sobre su impacto en la seguridad y en el esquema laboral del sector dado que permite la libre navegación de buques de empresas extranjeras.
El enojo con el decreto comenzó por la afectación directa a los marinos y la nula consulta al ministerio de Defensa y, como reveló en exclusivo, a los empresarios del sector que consideran que el ministerio de Milei «intenta regular un sector que no conoce».
Ahora, a través de una carta enviada el 24 de abril al presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Daniel Montiel, a la que accedió LPO, la entidad advirtió que la iniciativa -actualmente en etapas finales de aprobación- podría tener consecuencias negativas tanto en la seguridad de la navegación como en el comercio exterior uruguayo.
Según el documento, los cambios propuestos afectarían no solo a los accesos a puertos argentinos, sino también a los puertos del litoral uruguayo, dado que ambos países comparten las aguas del Río de la Plata.
En ese sentido, la corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.
La corporación recordó que el Tratado del Río de la Plata de 1973 establece en su artículo 14 que cualquier modificación en la reglamentación de los canales en aguas de uso común debe realizarse con consulta previa entre ambas partes. Asimismo, el artículo 26 dispone que los países deben fijar normas coincidentes en materia de practicaje.
«Los cambios sugeridos atentan directamente contra la letra y el espíritu de estos artículos», sostiene la carta, al señalar que las medidas habrían sido impulsadas sin consulta previa a Uruguay y generarían una «disparidad notoria» entre las normativas de ambos países.
Además, la organización advirtió sobre los riesgos de flexibilizar el régimen de exenciones al practicaje. En el plano internacional, señalaron, existe consenso sobre los efectos negativos que este tipo de medidas puede tener en la seguridad marítima, la protección ambiental y la vida humana. «Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos», subrayaron.
Las tendencias actuales apuntan a aumentar los márgenes de seguridad, no a disminuirlos
Finalmente, la corporación se puso a disposición de las autoridades para colaborar en el análisis de la situación, en un contexto que podría abrir un nuevo foco de tensión bilateral en torno a la gestión compartida del Río de la Plata.
Una fuente que sigue de cerca el tema dijo a LPO que el comunicado es «un sopapo para Sturzenneger. Le están recordando que no es el dueño de los ríos.
«La soberbia libertaria los lleva a olvidar que cuando legislan en material de navegación, en espacial en la Hidrovia, no lo pueden hacer solos. Acá, claramente, Uruguay les dice que el río no es de ellos», concluye.
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