En el día de ayer hubo una rotura en un caño principal de la red de cloacas en la Calle Juan Bautista Alberdi. Personal de Obras Sanitarias junto a su director, Daniel Paravano, realizaron un gran trabajo desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la madrugada del día siguiente. En un trabajo de casi 24 horas, con todas las bombas y equipos, se pudo desagotar todos los líquidos cloacales. De este modo quedaron reparados los caños de redes cloacales de ese sector.
El desperfecto fue solucionado y sólo queda completar el tapado del caño que se arregló.
Donald Trump dio por terminada el cese al fuego con Irán y viene desarrollando ataques a posiciones militares de Irán. Esta ofensiva volvió a cerrar Estrecho de Ormuz y aumentó la tensión en los mercados internacionales y el precio del petróleo.
Esta renovada escalada militar entre Estados Unidos e Irán está provocando una creciente disputa dentro del Partido Republicano y amenaza con convertirse en uno de los principales desafíos políticos para Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
Según un análisis publicado por Politico, el conflicto expone las profundas diferencias entre quienes defienden una política exterior intervencionista y el ala más aislacionista del movimiento Make America Great Again (MAGA), que reclama que Trump cumpla su promesa de mantener a Estados Unidos alejado de nuevas guerras en Medio Oriente.
En este marco, la reanudación de los bombardeos estadounidenses contra objetivos iraníes de esta semana tras el fracaso del alto el fuego reavivó un debate que el presidente había logrado contener durante los primeros meses del conflicto.
Mientras los sectores más duros del Partido Republicano sostienen que Washington debe aprovechar la debilidad del régimen iraní para incrementar la presión militar, los aliados más cercanos al ideario «America First» advierten que una guerra prolongada traicionaría uno de los pilares del trumpismo y puede afectar a las chances electorales de noviembre.
Mientras los sectores más duros del Partido Republicano sostienen que Washington debe aprovechar la debilidad del régimen iraní para incrementar la presión militar, los aliados más cercanos al ideario «America First» advierten que una guerra prolongada traicionaría uno de los pilares del trumpismo y puede afectar a las chances electorales de noviembre
Entre los críticos aparecen dirigentes como Marjorie Taylor Greene (la principal voz del movimiento MAGA) y Thomas Massie que cuestiona la legalidad de las operaciones militares sin autorización del Congreso y sostienen que el involucramiento militar corre el riesgo de repetir los errores de Irak y Afganistán, con un elevado costo económico y humano.
Marjorie Taylor Greene.
Del otro lado, los llamados «halcones» entre los que se destacan Lindsey Graham que representa el sector más intervencionista del partido y defiende una respuesta militar contundente contra Irán porque considera que Washington debe aprovechar la oportunidad para debilitar definitivamente al régimen iraní y Mike Johnson que respalda la estrategia de Trump y sostiene que el enfrentamiento con Irán era prácticamente inevitable debido a la amenaza que representaba para Israel y para las fuerzas estadounidenses en la región.
Entre los críticos aparecen dirigentes como Marjorie Taylor Greene (la principal voz del movimiento MAGA) y Thomas Massie que cuestiona la legalidad de las operaciones militares sin autorización del Congreso y sostienen que el involucramiento militar corre el riesgo de repetir los errores de Irak y Afganistán, con un elevado costo económico y humano.
A su vez, ellos creen que detener ahora la ofensiva permitiría a Teherán reorganizarse y recuperar capacidad militar. La preocupación crece porque diversas encuestas muestran que el conflicto con Irán continúa siendo impopular entre amplios sectores del electorado estadounidense, especialmente entre independientes y votantes moderados, un segmento clave para conservar la mayoría en el Congreso.
Los sectores críticas a la estrategia bélica advierten que una guerra larga podría erosionar el respaldo a la Casa Blanca y beneficiar a los demócratas en los comicios dado que vienen apelando a la narrativa contra la guerra con resultados exitosos.
En este marco, Trump intenta sostener un delicado equilibrio. Por un lado, insiste en que Estados Unidos responderá con contundencia a cualquier agresión iraní y no descarta nuevas operaciones militares.
Por otro, continúa afirmando que su objetivo final es alcanzar un acuerdo que garantice la estabilidad regional y la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, evitando un conflicto indefinido.
La interna está en desarrollo en donde los sectores más tradicionales afirman que Estados Unidos corre el riesgo de desaprovechar una oportunidad histórica para debilitar definitivamente al régimen iraní. En cambio, en el universo MAGA, el conflicto amenaza con diluir la identidad política que llevó a Trump nuevamente a la Casa Blanca: la promesa de priorizar los intereses internos de Estados Unidos y evitar nuevas guerras en el extranjero.
W sobotę wieczorem na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Małkińskiej w Ostrowi Mazowieckiej do kolizji doszło dwóch samochodów osobowych. Szybko opanowano sytuację dzięki sprawnej akcji strażaków. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach taką karę wymierzył mu. Po zwycięstwie nad Brazylią, tysiące kibiców postanowiło polecieć do Miami na sobotni mecz z Anglią. Bądź na bieżąco, wybierz interesujące cię…
La ministra de seguridad Alejandra Monteloliva acordó que los hinchas argentinos no puedan ingresar a la cancha con banderas o remeras que hagan referencia a las Islas Malvinas.
La funcionaria explicó que funcionarios argentinos acordaron representantes de FIFA, el FBI y las policías de Estados Unidos e Inglaterra las normas de seguridad para el partido entre Argentina e Inglaterra.
«Tuvimos una reunión y definimos que no se podrá entrar a la cancha con contenido provocativo», dijo Monteoliva en FM Now. Cuando la consultaron si el reclamo de soberanía por las Islas entraba entre las prohibiciones, respondió que sí.
«Banderas con las Malvinas es contenido político. No pueden ingresar banderas con contenido político. Sí bandera argentina o inglesa. Pero nada que contenga algún mensaje que pueda provocar algún tipo de situación», agregó.
«No se puede prohibir un canto o taparle la boca a la gente», dijo sobre la posibilidad de entonar canciones que expresen el reclamo argentino por Malvinas.
Horas antes, el vocero presidencial Adrián había dicho en conferencia de prensa que no sabía si Javier Milei seguía teniendo o no un retrato de Margaret Tatcher en su escritorio.
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Son un total de 900 mil dosis que llegan al país y forman parte de las dosis cuyo principio activo fue producido en la Argentina y luego enviado a México para su fraccionamiento y envasado, y que arribó el último lunes proveniente de Estados Unidos, se informó oficialmente. El Plan de Vacunación diseñado por el…
Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
El final de una concesión nacida al calor del modelo privatizador de los años 90
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
Qué decidió el Gobierno de Milei y por qué no implica una estatización
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Los bienes vuelven al Estado después de 30 años
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
La paradoja de un Gobierno que busca privatizar frente al vencimiento de una privatización
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Un recurso estratégico que vuelve al centro de la discusión
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
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