En el día de ayer hubo una rotura en un caño principal de la red de cloacas en la Calle Juan Bautista Alberdi. Personal de Obras Sanitarias junto a su director, Daniel Paravano, realizaron un gran trabajo desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la madrugada del día siguiente. En un trabajo de casi 24 horas, con todas las bombas y equipos, se pudo desagotar todos los líquidos cloacales. De este modo quedaron reparados los caños de redes cloacales de ese sector.
El desperfecto fue solucionado y sólo queda completar el tapado del caño que se arregló.
La Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la licitación pública N° 04/2021 para el mantenimiento y recambio de luminarias a tecnología LED para el sector centro, Avenida Mitre, calle Juan XXIII, Avenida Cipolletti, Las Heras, Brown, Belgrano y Avenida General Paz. El presupuesto oficial es de $ 29.078.154,41 y el plazo de obra es…
YA PASARON LAS ELECCIONES El oficialismo y la oposición están encaminados en desplegar sus campaña para ver quien será el próximo presidente. Dentro del oficialismo están como desentonados. Da la impresión de que algunos se van quizá sin comprender la diferencia entre ejercer la función pública o la representación temporal al frente del principal de…
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
El Festival de Arte del programa Maratón Cultural, organizado por la Secretaria de Estado de Cultura de Rio Negro y la Municipalidad de Cipolletti, tendrá lugar el 22, 23 y 24 de octubre en el Complejo Cultural de Cipolletti. Ya se pueden retirar las entradas gratuitas por la boletería del Complejo Cultural de Cipolletti, ubicado…
El gobierno de Javier Milei dio otro paso en la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y confirmó que el proceso avanza sin impugnaciones formales. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación aprobó la segunda etapa de la licitación y ratificó la continuidad de las dos empresas que siguen en carrera: las belga Jan De Nul y DEME.
La resolución oficial establece que el próximo 19 de mayo se abrirá el Sobre N°3 con las ofertas económicas, una instancia clave porque terminará de definir quién se quedará con la concesión del dragado y balizamiento de la principal vía de exportación de la Argentina.
Como reveló LPO, Jan De Nul logró una ventaja importante en la evaluación técnica y de antecedentes. En la compañía destacan que le sacaron 24 puntos de diferencia a DEME sobre un total de 80 puntos posibles en esa etapa, un margen que consideran determinante teniendo en cuenta que las propuestas económicas podrían ser muy ajustadas.
En la resolución difundida este viernes, el Gobierno resaltó que el proceso avanzó «sin impugnaciones», aunque reconoció que ambas empresas realizaron presentaciones cuestionando aspectos de la evaluación técnica. Sin embargo, la comisión evaluadora concluyó que esos planteos no constituían impugnaciones formales porque no fueron acompañados por la garantía exigida en el pliego.
Además, el organismo sostuvo que los cuestionamientos «no aportan nuevos elementos técnicos» que justifiquen modificar las calificaciones asignadas y ratificó íntegramente el orden de mérito definido en la evaluación.
La licitación abarca la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y dragado de la Vía Navegable Troncal desde Confluencia hasta la salida al Río de la Plata. El proceso quedó en el centro de fuertes tensiones empresarias y políticas por tratarse de una concesión estratégica para el comercio exterior argentino.
La contaminación por plástico es uno de los problemas ambientales globales que más empeoró en los últimos años, generando graves consecuencias: daña especies y hábitats marinos muy valiosos, y pone en riesgo nuestra propia salud. En menos de un siglo se generaron y consumieron productos y embalajes plásticos a una tasa tal que se transformaron…
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