PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante trabajos de relleno de calles en distintos sectores de la ciudad.
Las tareas se realizan en la calle Santos Vega y continuará en calle 2 de Abril en barrio Matadero y en el kilómetro de García.
El objetivo es mejorar la transitabilidad en esas arterias.
Karina Milei le exigió al ex vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, que eche al libertario Enzo Ferreira, el coordinador de Radio Nacional Tucumán, que tildó de «gorda comunista» a Mercedes Sosa, uno de los pocos íconos indiscutibles de la cultura argentina.
Sin embargo, el ex ministro del Interior que controla todos los cargos nacionales en Tucumán, no termina de cumplir la orden.
Catalán secundó a Guillermo Francos y al igual que su antiguo terminó eyectado, aunque la Casa Rosada lo compensó con un cargo en YPF, donde los salarios de los directores rondan los 70 millones de pesos. Además, permanece al frente del partido La Libertad Avanza en su provincia natal pero cada vez tiene menos control sobre la tropa libertaria.
Ahora, la hermana presidencial le encomendó el despido de Ferreira, que dijo que Mercedes Sosa había sido «un cáncer» y tuvo que salir por redes sociales a pedir disculpas, aunque no convenció a nadie, mucho menos a los familiares de la emblemática cantante argentina. Su agravio fue tan alevoso que hasta Mario Pergolini lo atendió por televisión: «Sos el boludo del día», fueron las palabras que le dedicó a Ferreira.
Para colmo, la repetidora de Radio Nacional Tucumán se llama, precisamente, «Mercedes Sosa» desde 2010, un homenaje otorgado un año después de su partida.
En ese contexto, un concejal de Las Talitas terminó denunciando la semana pasada que lo echaron del partido por sortear su sueldo, como hacía el propio Javier Milei en sus tiempos de diputado. El edil se llama Miguel Ramos y culpó de su expulsión al legislador nacional Gerardo Huesen, integrante de la bancada oficialista en el Congreso.
El problema que tiene Catalán para cumplir la orden de Karina es que Ferreira tiene el respaldo de Gonzalo Heredia, el líder de la banda de trolls que imita a Santiago Caputo y al que en territorio tucumano le atribuyen relativa autonomía.
Más allá de la anécdota, es una muestra de los desgajamientos que padece Catalán en la provincia que aspira a gobernar.
Encima en los últimos días, habría llegado a sus manos una encuesta en la que su imagen cae en picada y pierde contra el diputado Federico Pelli, el libertario que recibió un cabezazo criminal de parte de un puntero del peronismo tucumano cuando se desató la crisis por las inundaciones en La Madrid.
Los sondeos indican que Pelli ganó en conocimiento desde que fue víctima de la agresión, mientras que la imagen de Catalán se diluye en el oscuro directorio de YPF.
Mientras Milei celebra el fallo favorable por YPF, un entramado de relaciones con fondos buitres, negociaciones paralelas y tensiones internas deja al descubierto contradicciones profundas dentro del propio oficialismo. El caso ya no es solo jurídico: es político.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Desde que la Justicia de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, el Gobierno intentó instalar una narrativa de triunfo. Sin embargo, detrás de esa victoria judicial emergen datos incómodos que exponen una trama de intereses, contactos y contradicciones que comprometen al propio oficialismo.
El análisis del periodista Leandro Renou revela que, lejos de sostener una postura coherente, sectores del Gobierno venían manteniendo conversaciones con actores directamente enfrentados a los intereses del país en el litigio.
Uno de los puntos más sensibles del caso es el rol del ministro de Economía, Luis Caputo. Según reconstruye Renou, desde principios de 2025 ya existían contactos con operadores del fondo Burford —principal beneficiario del juicio contra Argentina— con la intención de negociar un eventual pago.
Ese dato no es menor: implica que mientras el Estado defendía judicialmente la legalidad de la expropiación de YPF, parte del equipo económico evaluaba una salida que reconocía el reclamo de los fondos buitres, en abierta contradicción con la estrategia de la Procuración del Tesoro.
La situación adquiere mayor gravedad si se considera que el fallo final terminó favoreciendo la postura argentina, validando la expropiación impulsada en 2012 y desarmando el reclamo millonario.
Otro elemento clave que surge del informe es el escenario internacional. Cuatro países respaldaron la posición argentina ante la jueza Loretta Preska, cuestionando el criterio que favorecía a los fondos especulativos.
Este dato muestra que el conflicto trascendía lo jurídico: se trataba de una disputa geopolítica en torno al control de recursos estratégicos como Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios energéticos del mundo.
En ese contexto, el alineamiento discursivo del gobierno de Milei con posiciones críticas hacia la expropiación generó tensiones, ya que coincidía parcialmente con los argumentos de los demandantes.
La paradoja es evidente: el mismo Gobierno que cuestionó históricamente la estatización de YPF terminó celebrando un fallo que valida esa decisión.
Dirigentes del campo nacional señalaron que la resolución judicial confirma la legalidad del proceso llevado adelante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, reforzando la idea de soberanía energética como eje estratégico.
Sin embargo, el trasfondo que describe Renou deja en evidencia que dentro del oficialismo no existía una única línea, sino tensiones entre quienes buscaban acordar con los fondos y quienes sostenían la defensa judicial.
El caso YPF dejó de ser un expediente técnico para convertirse en un espejo de la política económica del gobierno de Milei.
Las negociaciones paralelas, los contactos con fondos especulativos y la falta de una estrategia unificada muestran un esquema donde conviven intereses contradictorios.
Como advierte el propio Renou, el fallo no solo resolvió una disputa legal: también expuso quiénes estaban de cada lado del mostrador en una de las causas más sensibles para la soberanía económica argentina.
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