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El mercado financiero argentino empezó a desarmar parte de la bicicleta en pesos que durante meses funcionó como ancla cambiaria. El carry trade, esa estrategia de entrar en pesos para aprovechar tasas altas y luego volver al dólar, ya no ofrece el mismo margen. Y la reacción se siente rápido: el dólar volvió a moverse y la demanda de cobertura en moneda dura repuntó con fuerza.

Durante buena parte del primer trimestre, el esquema funcionó como una aspiradora de pesos. El dólar oficial cayó más de 4% en el año y quienes hicieron plazo fijo o apostaron a Lecap lograron ganancias en dólares de dos dígitos. La City celebraba. El Gobierno también. El peso parecía una vidriera brillante iluminada desde afuera, aunque detrás del vidrio la estructura seguía dependiendo de flujos financieros de corto plazo.

Pero abril cambió el clima. Las tasas empezaron a comprimirse y el mercado comenzó a preguntarse si seguía valiendo la pena asumir riesgo cambiario para capturar rendimientos cada vez menores. Ahí apareció el primer movimiento defensivo: toma de ganancias en pesos y migración hacia activos dolarizados.

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En paralelo, el propio Banco Central reconoció que volvió a crecer la dolarización. Según el último Informe de Política Monetaria, la demanda de dólares en el mercado de cambios llegó a USD 1.500 millones en abril, muy por encima de los USD 900 millones promedio que se observaban tras las elecciones de medio término. El dato encendió alarmas porque muestra un cambio de conducta financiera justo cuando el Gobierno necesita sostener calma cambiaria y acumulación de reservas.

La demanda de dólares en el mercado de cambios llegó a USD 1.500 millones en abril, muy por encima de los USD 900 millones promedio que se observaban tras las elecciones de medio término. 

En la City admiten que el carry sigue existiendo, pero dejó de ser un paseo. La ecuación se volvió más sensible. Un salto relativamente moderado del dólar puede borrar en pocos días el rendimiento acumulado durante meses. Economistas consultados advierten que no hay tasas capaces de cubrir completamente el riesgo de una corrección cambiaria dentro de las bandas oficiales cada vez mas anchas.

El problema para el Gobierno es que esta dinámica tiene una lógica circular. El carry ayudaba a mantener tranquilo al dólar porque generaba oferta de divisas y demanda de pesos. Pero cuando el mercado sospecha que el rendimiento ya no compensa el riesgo, el mecanismo gira en sentido contrario. Los inversores se dolarizan y la presión sobre el tipo de cambio aumenta. 

En los despachos oficiales todavía relativizan el fenómeno. Argumentan que no hay una salida masiva y que la demanda de pesos sigue siendo sólida. Cerca del equipo económico señalan que el esquema cambiario mantiene credibilidad y que el mercado todavía apuesta a tasas reales positivas. Sin embargo, en privado reconocen que la estabilidad depende de un delicado equilibrio financiero. «Mientras entren dólares financieros el sistema aguanta», resumió un operador del mercado.

El trasfondo es más profundo que un simple movimiento táctico de inversores. La economía argentina volvió a construir estabilidad cambiaria sobre incentivos financieros de corto plazo. La bicicleta funcionó mientras el dólar permaneció quieto y las tasas ofrecían un premio elevado. Pero cuando el margen se achica, reaparece una conducta histórica del sistema económico local: correr hacia el dólar. 

En las últimas semanas crecieron las recomendaciones de dolarizar parcialmente carteras. Fondos comunes, bonos hard dollar y obligaciones negociables volvieron al radar de los inversores. El movimiento todavía es gradual, pero muestra un cambio de humor.

 El Gobierno disolvió un fondo creado para el desarrollo infraestructura eléctrica, pero dejó intacto el cobro. Esa es la paradoja que quedó expuesta en el informe que Manuel Adorni presentó ante el Congreso. En la respuesta número 1.1173 el Gobierno admitió que el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal todavía no fue liquidado. La caja se cerró en los papeles, pero la plata sigue entrando todos los meses.

El dato no es menor. El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula más de 38.600 millones de pesos entre abril de 2025 y marzo de 2026. Es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tiene hoy esos miles de millones de pesos.

En el informe de la Jefatura de Gabinete se habla de un «proceso post disolutorio». Lo concreto es que el fondo fue eliminado por decreto, pero en los hechos sigue activo. Porque, mientras tanto, el recargo sigue corriendo. Es plata que sale del bolsillo de hogares, comercios e industrias en todo el país. No es optativo. Está incorporado en la estructura tarifaria y se traslada de forma automática. Se paga en Buenos Aires, en Córdoba o en el NOA. Es nacional.

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Lo más incómodo es que ese dinero ya no va a una caja específica. Fue redireccionado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, dentro del presupuesto. Cambió el envase, no el mecanismo. Se sigue cobrando igual, pero con otra lógica de administración.

El problema es que el objetivo original quedó diluido. El fondo había sido creado en 1999 para financiar obras de transporte eléctrico en alta tensión. Los grandes tendidos que conectan regiones, evitan cuellos de botella y llevan energía a zonas alejadas. 

El Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal acumula más de 38.600 millones de pesos entre abril de 2025 y marzo de 2026 que deberían destinarse a obras. Es un recargo que pagan todos los usuarios en la factura de luz. Nadie dejó de abonarlo. Y nadie termina de explicar con precisión qué destino tienen hoy esos miles de millones de pesos.

Durante años, esa caja funcionó con un destino atado. Esa estructura obligaba a que los fondos tuvieran una trazabilidad clara: lo que se recaudaba debía terminar en obras concretas.

Hoy ese esquema se rompió. El Gobierno reconoce que no hay nuevas obras comprometidas bajo ese formato. Se sigue recaudando como si hubiera un plan de expansión en marcha, pero la infraestructura no avanza, esta paralizada. 

Ahí aparecen las tensiones. La primera es la pérdida de trazabilidad. Sin fideicomiso, es más difícil seguir el rastro fino de cada peso. La segunda es la discrecionalidad. La administración directa por parte del Ministerio de Economía habilita decisiones más políticas que técnicas. La tercera es el ruido: se sigue cobrando un cargo que nació para un fondo que ya no existe formalmente.

Además, el recargo no es transparente en la factura. No aparece como «FFTEF». Se esconde en conceptos como cargos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica o en ítems regulatorios. Está ahí, pero no se ve con claridad. La factura eléctrica es una suma de capas donde estos componentes quedan mezclados.

Sin embargo, el número existe. El recargo que alimenta ese esquema ronda los $1.704 por MWh, es decir, cerca de $1,7 por kWh. Para un hogar promedio de 200 a 300 kWh mensuales, implica entre $340 y $500 por mes. No es el componente más grande de la boleta, pero es constante y universal.

En términos relativos, representa entre el 2% y el 5% de la factura, según el nivel de consumo. No es un porcentaje fijo. Es un cargo técnico que se integra al precio mayorista y se traslada al usuario final. Por eso se vuelve difícil de identificar.

En el Congreso quedó flotando una pregunta que nadie terminó de responder. Quién administra esa caja y con qué criterio. 

El personal municipal y las máquinas viales, se encuentran desarrollando tareas en los barrios 25 de Mayo, Antártida y Ara San Juan. Además, se llevan a cabo tareas de mantenimiento, corte de yuyos en terrenos baldíos, tanto municipales como privados. Estos últimos, deberían ser mantenidos por los propios titulares de dichos terrenos. Difunde esta nota