Relleno de calles en distintos sectores de la ciudad

El viernes 25 comenzó el curso ‘Alfabetización Digital’ destinado al Consejo Local de Discapacidad local. Desde la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa Regina, a través de Punto Digital, se informó que “este programa de inclusión digital busca brindar herramientas en la introducción a los conceptos básicos y fundamentales de la informática,…

 La controversia fiscal desatada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al bloquear la actualización por inflación de los quebrantos impositivos (las pérdidas que las empresas utilizan para compensar futuros impuestos a las ganancias) se consolidó como un eje de conflicto entre el Estado y los principales agentes económicos del país. 

Lo que comenzó como un ajuste técnico terminó en una crisis política y empresarial de envergadura que pone en juego no solo recursos, sino también la percepción de certeza jurídica para la inversión en la Argentina.

En el centro de este escándalo tributario aparece YPF, que decidió alinearse con la postura de ARCA y admitió una deuda fiscal millonaria por no haber actualizado sus quebrantos. Esta decisión, interpretada por algunos sectores como un acto de obediencia política más que de seguridad jurídica, la convierte en la única empresa de gran porte que aceptó la interpretación del organismo recaudador, lo que la posiciona en un lugar delicado frente a pares y ante la opinión pública empresarial. 

Desde la perspectiva del riesgo inversor, esto eleva el premio por incertidumbre jurídica

Pazo tiene preparada su renuncia a ARCA y le buscan un nuevo lugar en el gobierno

Gran parte del sector privado, incluidos los principales jugadores de las petroleras, energía, siderurgia y banca, rechazó terminantemente el intento de ARCA de desconocer la actualización por inflación. 

Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones agregados entre las principales firmas afectadas. 

Las compañías consideran que esta exigencia significaría pagar impuestos sobre ganancias ficticias, lo que no solo afecta su competitividad sino que equivale, en términos reales, a una confiscación fiscal. 

Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones. Varias empresas analizan llevar el conflicto a la Justicia argumentando que la interpretación de ARCA lesiona derechos adquiridos y contradice precedentes jurisprudenciales que reconocen actualización por inflación ante efectos confiscatorios del impuesto.

El titular de ARCA, Juan Pazo.

Esta disputa alcanza un nuevo punto de tensión con las versiones de renuncia anticipada de Juan Pazo, el titular de ARCA. Tal como reveló LPO, Pazo ya comunicó su decisión y el Gobierno le busca una nueva ubicación, posiblemente en el Banco Nación o en otra dependencia vinculada al sistema financiero. Su salida ocurre en medio del creciente malestar empresario y de fricciones con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.

El malestar empresario se centra en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.

En los despachos de Economía reconocen que la medida, que prometía recaudar varios miles de millones de dólares para compensar la caída de ingresos y cumplir metas con el FMI, terminó en un boomerang político: desató resistencia de las principales corporaciones, reacciones judiciales y una crisis interna que expuso el desorden de la gestión tributaria.

¿Quién paga la baja de impuesto a las ganancias de las grandes empresas? 

Pazo, cercano al mundo de los seguros y con vínculos previos en el sector financiero, había sido uno de los interlocutores predilectos de Luis Caputo, pero su figura se desgastó en paralelo al conflicto. En los pasillos del Palacio de Hacienda reconocen que la «operación quebrantos» dejó heridos y que su desenlace probablemente derive en un rediseño del esquema recaudatorio. La medida de ARCA puede leerse como una expresión de la contradicción entre la urgencia fiscal del Estado y la llegada de inversiones, en el marco de una inflación persistente y la falta de actualización real de las variables nominales. 

Es contradictoria además con la anunciada baja de Ganancias a los grandes grupos empresarios, incluida en la reforma laboral.

Este jueves el Concejo Deliberante de La Plata aprobó tres proyectos clave para la gestión de Julio Alak: el presupuesto, la fiscal-impositiva y el pliego que implica la renovación del sistema de transporte público en la capital provincial.

El presupuesto de 462 mil millones de pesos ratifica la centralidad de la obra pública para Alak, ya que las intervenciones urbanas se llevan casi el 60% del total.

«Se han hecho muchísimas obras, se han puesto en valor plazas, avenidas, edificios públicos, se ha pavimentado», dijo la concejal oficialista Micaela Maggio, quien también defendió la inversión en materia de seguridad.

«A los peronistas se nos suele reprochar que no invertimos en seguridad. Se han comprado cámaras y domos, se va a hacer el monitoreo de patentes. Se está poniendo en acción el plan de seguridad modelo», sostuvo.

Además del bloque oficialista, el presupuesto fue acompañado por la UCR, ASAP y Propuesta Vecinal, sumando así 17 votos a favor. El PRO y los libertarios lo rechazaron.

«Si gobernara La Libertad Avanza y el PRO en La Plata, el 60% del presupuesto no iría a obras, sino a seguridad porque la ciudad está atravesando una crisis en seguridad sin precedentes», dijo el concejal PRO Nicolás Morzone.

Además, se votaron los presupuestos para los entes municipales, a los que se incluirá el cementerio, que dejará de depender de la Secretaría General y pasará a ser un ente autárquico con recursos propios.

Se trata de una propuesta de Alak, que apunta a optimizar la gestión ahí, luego de las denuncias por el mal estado en que recibieron el cementerio de la pasada gestión.

Kicillof y Alak inauguraron las obras de remodelación de otra plaza céntrica de La Plata

En lo relativo a la fiscal-impositiva, se prevé una suba promedio del 30% en la Tasa de Servicios Municipales (SUM), pero si la inflación supera los 20 puntos se podrá aplicar un aumento mayor. El municipio espera ecaudar 28.500 millones de pesos por Tasa SUM y $101.000 millones en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene.

Por otro lado, avanza el nueva sistema de transporte en La Plata. El pliego de licitación aprobado por unanimidad (incluso por el PRO y LLA) establece cambios que apuntan a mejorar la flota de colectivos y la frecuencia de los servicios.

Entre las novedades, la concesión pasa de 10 a 12 años, con posibilidad de prórroga, con el fin de que las empresas adjudicatarias apuesten a inversiones a largo plazo.

 El pliego de transporte apunta a dotar de mayor conexión con el centro de la ciudad a aquellos barrios periféricos que hoy cuentan con una escasa frecuencia de micros. Así, se incluirán más unidades en las distintas líneas y se incrementarán las frecuencias 

También, se prevé que todas las modificaciones de rutas, frecuencias y paradas deben ser aprobadas por el Concejo Deliberante.

Por lo pronto, el pliego apunta a dotar de mayor conexión con el centro de la ciudad a aquellos barrios periféricos que hoy cuentan con una escasa frecuencia de micros. Así, se incluirán más unidades en las distintas líneas y se incrementarán las frecuencias, con ampliación de recorridos hacia nuevas zonas, actualmente poco cubiertas.

Además, incluye la implementación de nuevas tecnologías en los micros, como vehículos a GNC o eléctricos y se mejorará la semaforización inteligente.