PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante trabajos de relleno de calles en distintos sectores de la ciudad.
Las tareas se realizan en la calle Santos Vega y continuará en calle 2 de Abril en barrio Matadero y en el kilómetro de García.
El objetivo es mejorar la transitabilidad en esas arterias.
Nueva Cartelera (Válida del 01 al 07 de Julio) Entradas On-Line:https://circuloitaliano.ar/product-category/cine/ ¡También la podés sacar en boletería!Apertura de Boletería:– jueves y viernes a partir de las : 15:00 hs– sábado y Domingo a partir de las : 14:30 hs – lunes y miércoles a partir de las : 13:00 hs El cine cuenta con protocolo…
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a los vecinos que se encuentra en vigencia la ordenanza Nº 129/2007 sobre uso de agua en la vía pública. En el artículo 3 establece que el lavado de veredas con agua de red sólo se podrá realizar con baldes en…
La afirmación de Milei de que “la justicia social es un robo” no es novedosa ni revolucionaria: es la versión más radical de una corriente libertaria minoritaria que la historia económica, la experiencia democrática y los grandes líderes del siglo XX pusieron en discusión. Desde Friedrich Hayek hasta Robert Nozick sostuvieron críticas conceptuales a la redistribución, pero incluso las democracias más capitalistas del mundo terminaron incorporando impuestos progresivos y políticas sociales como condición de estabilidad.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La frase de Milei se inscribe en una tradición ideológica específica: el libertarismo radical, una corriente que considera que cualquier redistribución forzada por el Estado vulnera el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando esa tesis se contrasta con la experiencia histórica concreta de las naciones desarrolladas, el resultado es contundente: no existe un solo país moderno que funcione sin algún grado de justicia social institucionalizada.
El economista austríaco Friedrich Hayek tituló directamente uno de sus libros The Mirage of Social Justice. Allí sostuvo que el concepto de justicia social es un “espejismo” porque el mercado no tiene voluntad moral; por lo tanto, no puede ser justo ni injusto. Para Hayek, intentar corregir resultados del mercado implica abrir la puerta a una expansión del poder estatal.
Más explícito fue el filósofo estadounidense Robert Nozick, quien escribió en Anarchy, State, and Utopia que “taxation of earnings from labor is on a par with forced labor”, es decir, que gravar ingresos es equiparable al trabajo forzado. Esa es la raíz conceptual más cercana a la frase de Milei.
Pero incluso dentro del liberalismo clásico estas posiciones fueron discutidas. Milton Friedman, muy mencionado por Milei, por ejemplo, defendía el mercado pero aceptaba el impuesto negativo a la renta como mecanismo para asistir a los más pobres. Es decir, reconocía que algún tipo de red de contención era necesaria para que el sistema no colapsara socialmente.
El problema es que el libertarismo puro funciona como construcción teórica, pero carece de evidencia empírica en Estados complejos y democráticos.
Las grandes democracias capitalistas del siglo XX no avanzaron hacia menos Estado luego de las crisis, sino hacia más regulación y más políticas sociales.
Tras la Gran Depresión producto del derrumbe de la bolsa en 1929, Franklin D. Roosevelt sostuvo con claridad que “necessitous men are not free men”, es decir, los hombres necesitados no son hombres libres. El New Deal no fue una concesión ideológica: fue una respuesta pragmática para salvar al capitalismo de sí mismo.
En Europa, incluso líderes conservadores comprendieron la necesidad de incorporar justicia social como principio organizador. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido construyó su Estado de bienestar con consenso transversal. La experiencia mostró que sin cohesión social, el mercado se vuelve políticamente inviable.
El filósofo John Rawls, en A Theory of Justice, planteó el llamado “principio de diferencia”: las desigualdades solo son aceptables si benefician a los más desfavorecidos. No se trata de igualitarismo absoluto, sino de una arquitectura institucional que garantice legitimidad.
La historia económica moderna es clara: los países más desarrollados combinan mercado con impuestos progresivos, servicios públicos universales y mecanismos de redistribución. Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y los países nórdicos aplican impuestos a la renta, sistemas previsionales solidarios y políticas de bienestar. Ninguno abrazó el ideal libertario puro.
En la Argentina, la justicia social no fue una consigna abstracta sino una reorganización concreta del vínculo entre capital y trabajo impulsada por Juan Domingo Perón. Derechos laborales, aguinaldo, vacaciones pagas y movilidad social ascendente no surgieron de la espontaneidad del mercado, sino de decisiones políticas.
Reducir ese proceso histórico a la categoría de “robo” implica desconocer que toda organización estatal moderna se basa en impuestos. Sin impuestos no hay educación pública, no hay infraestructura, no hay sistema judicial, no hay defensa, no hay estabilidad monetaria.
El propio desarrollo del capitalismo industrial necesitó del Estado para expandirse: desde la construcción de ferrocarriles hasta la financiación de universidades y sistemas científicos.
La idea de que la justicia social es un robo parte de una concepción absoluta del derecho de propiedad. Pero en la práctica, ningún país desarrollado sostiene esa tesis en términos absolutos. Incluso los modelos de baja presión fiscal mantienen impuestos indirectos, gravámenes corporativos y algún tipo de política social.
La pregunta central no es si existe redistribución —porque existe en todos los Estados modernos— sino qué nivel de redistribución garantiza estabilidad sin ahogar la actividad económica.
Los grandes líderes del siglo XX no abolieron la justicia social: la institucionalizaron como parte del contrato democrático. La experiencia histórica demuestra que cuando la desigualdad se vuelve extrema, el resultado no es más libertad sino más conflicto.
La frase de Milei, lejos de ser una novedad disruptiva, revive una discusión teórica que ya fue puesta a prueba. Y la evidencia empírica indica que las sociedades más prósperas no eliminaron la justicia social: la regularon, la administraron y la integraron como herramienta de cohesión.
El libertarismo absoluto puede funcionar como consigna. Pero solo es una utopía sin aplicación real en el mundo fuera de la imaginación descontrolada de Milei.
En adhesión a la Resolución N° 6157 del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Villa Regina extiende las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 3 de septiembre inclusive. Circulación La restricción a la circulación de las personas será entre las 2:00 de domingo a jueves, y la 3:00 los días…
Patricia Bullrich empujó al bloque libertario al papelón al cierre de la sesión de este miércoles, cuando todos los bloques votaron una proyecto de resolución de Eduardo Wado De Pedro para declarar el compromiso del Senado con la consigna de «Memoria, Verdad y Justicia» a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La jefa del bloque oficialista buscó entorpecer el debate y hasta trató de dejar sin quórum el recinto pero la jugada no le salió y terminó arrastrando a la bancada de LLA a la abstención. La declaración de Wado, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecidos por los militares, se aprobó por unanimidad, con 49 votos por la afirmativa y 20 abstenciones del oficialismo.
La iniciativa del senador peronista contaba con las firmas de la cordobesa Alejandra Vigo y el santacruceño José María Carambia. Aunque sus efectos prácticos eran meramente declarativos, su aprobación tiene una potencia simbólica que incomoda a Bullrich y otros dirigentes del gobierno.
El texto de la resolución decía: «El Senado de la Nación declara su compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976». «Asimismo, reafirma el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina a partir de 1983, expresado en el principio del Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho, como bases indispensables de la convivencia pacífica y para que las diferencias políticas sean dirimidas a través del debate público y las instituciones de la democracia», completaba.
Patricia convocó a una sesión para que el peronismo destroce a Adorni
Sin embargo, Joaquín Benegas Lynch intervino en el debate para plantear que la dictadura fue fruto del «terrorismo» y las «organizaciones guerrilleras».
Por eso, Bullrich insistió hasta el final con maniobras para trabar el tratamiento del proyecto. De Pedro accedió a conversar durante la tarde para arribar a un texto consensuado pero, ante la falta de acuerdo, el interbloque de José Mayans propuso que se votara la parte resolutiva de la declaración sin la incorporación de los fundamentos, que suelen estar imbuidos de consideraciones políticas sin inhibiciones ideológicas.
Bartolomé Abdala.
A las 18:40, la jefa de bloque oficialista leyó un texto que le pasaron por WhatsApp, para contraponer al del kirchnerismo. En su pieza, se borraba la referencia a la consigna que defienden los organismos de derechos humanos sobre la memoria, la verdad y la justicia y se incorporaba la «condena a cualquier tipo de violencia», algo que para la jurisprudencia argentina roza la equiparación entre los crímenes de Estado y la violencia de organizaciones guerrilleras.
De hecho, Bullrich apeló a su usuario en la red social X para quejarse después de la sesión. «El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación. Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación. La Libertad Avanza propuso algo distinto: una mirada completa, sin relato y sin grieta», tipeó.
De Pedro se plantó y le pidió a Bullrich que informe el número del proyecto que ella quería votar, exponiéndola a que asumiera que no tenía expediente presentado y que solo leía una declaración que le habían hecho llegar a través de un grupito de WhatsApp.
Además, aseguró que «se terminó el monopolio de la memoria». «La historia es completa o no es», afirmó.
Su frustración ya había empezado a percibirse durante la discusión, cuando tuvo que pedir un cuarto intermedio al presidente provisional de la cámara, Bartolomé Abdala, para ver si llegaba a elaborar un proyecto. Bullrich había querido hallar un atajo antirreglamentario que el puntano Abdala no sabía cómo impedir, en medio de los gritos del peronismo, para que se sometiera a votación el proyecto de De Pedro y, si no reunía suficientes voluntades, se aprobara su propuesta.
El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación.Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación. La… pic.twitter.com/yZuautJTrQ
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 18, 2026
Pero eso tampoco prosperó. De Pedro se plantó y le pidió a Bullrich que informe el número del proyecto que ella quería votar, exponiéndola a que asumiera que no tenía expediente presentado y que solo leía una declaración que le habían hecho llegar a través de un grupito de WhatsApp. «Deme un cuarto intermedio, deme tiempo para que pueda presentarlo», dijo la senadora con gesto burlón que incluyó hasta un guiño de ojo.
La discusión por un simple proyecto de resolución acaso esconde un debate subterráneo en el gobierno, que se reaviva cada año en las cercanías del 24 de marzo: el indulto a los represores condenados por lesa humanidad.
Una altísima fuente de LLA le explicó a LPO que, aún cuando no se conozca nada más que rumores al respecto, una gestión de ese tipo estaría reñida con la legalidad. «El kirchnerismo sentó jurisprudencia y ahora no se puede indultar en lesa humanidad, como indultó (Carlos) Menem en los 90′», argumentó.
