PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante trabajos de relleno de calles en distintos sectores de la ciudad.
Las tareas se realizan en la calle Santos Vega y continuará en calle 2 de Abril en barrio Matadero y en el kilómetro de García.
El objetivo es mejorar la transitabilidad en esas arterias.
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El RIGI fue presentado como la gran autopista de las inversiones. El Súper RIGI, como su carril rápido. Pero en las primeras escenas aparece otra postal: caños de la India, módulos de China, grúas, excavadoras y equipos importados con beneficios fiscales. La industria mira la lista de compras y pregunta cuánto de esa fiesta queda en el país.
La discusión ya no es abstracta. El régimen tiene proyectos aprobados, otros en evaluación y una promesa de escala que seduce al Gobierno. Pero también dejó expuesta una grieta económica más profunda. Las grandes inversiones pueden traer divisas y empleo. Pero también pueden funcionar como campamentos cerrados, con proveedores externos, baja demanda industrial local y beneficios tributarios que paga el Estado.
El caso más ruidoso apareció en San Juan. El proyecto cuprífero Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, prevé una inversión de unos 18.000 millones de dólares hasta 2040. La primera etapa demanda 7.000 millones para poner en marcha el yacimiento Josemaría y luego avanzar hacia Filo del Sol. El objetivo es producir unas 400.000 toneladas anuales de cobre durante 25 años.
Pero la primera gran compra encendió las alarmas. El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Por la rotación minera, podría albergar entre 3.500 y 5.000 trabajadores. Con el avance del proyecto, la demanda podría escalar hasta 12.000 personas y requerir 6.000 plazas.
La agonía de la industria o cómo destruir un sector
La industria local puso el grito en el cielo. La Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada sostiene que la obra implica 45.000 metros cuadrados de construcción y más de 4.500 toneladas de acero que llegarían listas para ensamblar. Según los números que manejan los proveedores nacionales, fabricar el campamento en Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos. Con el esquema importado, quedarían unos 50 puestos vinculados al montaje y la logística.
El campamento Batidero fue adjudicado a un consorcio liderado por PowerChina. La obra contempla una ciudad modular importada desde China para alojar inicialmente 2.500 camas. Fabricarlo en la Argentina habría generado entre 400 y 500 empleos directos, ensamblarlo apenas unos 50 puestos.
El ahorro tampoco parece mover la aguja del megaproyecto. La oferta china rondó los 52 millones de dólares, contra unos 70 millones de la propuesta local. La diferencia es de 18 millones. En una inversión total de 18.000 millones, representa apenas 0,1%. «Si la minería no sirve para desarrollar la economía local, la verdad es que no tiene mucho sentido», dijo Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular.
Render del campamento Batidero que Vicuña importará completo de China.
La pelea no queda en la minería. El puerto de Timbúes en Santa Fe sumó otra señal. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación autorizó, por Resolución 37/2026, una modificación del esquema de importaciones del proyecto portuario aprobado bajo el RIGI en noviembre de 2025. La empresa podrá ampliar y actualizar el listado de bienes importados con beneficios tributarios y aduaneros.
En la lista aparecen grampas para grúas, cucharas de almejas, excavadoras y autoelevadores. El proyecto apunta a construir una terminal multimodal sobre la Vía Navegable Troncal, en una zona clave del complejo agroexportador.
«La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera», comentó a LPO el directivo de una importante constructora.
Por eso, la UIA salió a pedir cambios en el Súper RIGI. La entidad que conduce Martín Rappallini reclamó que el 20% de contenido local no sea una consigna decorativa. Quiere que se aplique a bienes con valor agregado nacional y no se diluya en servicios, movimiento de suelos, obras civiles o contrataciones que igual se harían en el mercado interno.
La pregunta que recorre todo el RIGI es si el Estado resigna impuestos para hacer viable una inversión, qué sentido tiene que esa ventaja termine financiando trabajo industrial afuera.
El texto que logó media sanción en diputados no conformó a los industriales. La redacción habla de bienes, servicios y obras. También habilita la contratación local siempre que la oferta esté disponible y reúna condiciones de mercado en precio y calidad. En una economía con crédito caro y competencia importada subsidiada, esa cláusula parece papel mojado.
El reclamo industrial tiene un dato político adicional. Las provincias mineras vienen pidiendo bastante más que la Nación. El RIGI exige un piso nacional del 20% para compras locales. En varias jurisdicciones, las exigencias van del 50% al 90% entre compre y empleo local. Santa Cruz tiene una regla 90/10 para mano de obra en industrias estratégicas y un piso del 50% para proveedores. Salta, Jujuy y Catamarca tienen umbrales cercanos al 70%. San Juan impulsó metas del 80% para trabajadores locales y 60% para compras a proveedores provinciales.
El mapa muestra una contradicción. La Nación arma un régimen amplio para atraer dólares. Las provincias buscan que esos dólares no pasen como un tren nocturno por el territorio. Las mineras y energéticas, en cambio, piden armonización.
Mientras tanto, la dinámica de los proyectos RIGI tiene dos movimientos. Traen dólares y también los sacan. En la fase inicial ingresa capital, deuda o aportes para cumplir el plan de inversión. Pero al mismo tiempo salen divisas para importar maquinaria, módulos, caños, equipos y tecnología. El saldo de corto plazo puede ser menos virtuoso de lo que aparece en las planillas oficiales.
Hace unos años un importante abastecedor de droga de Rosario se reunió con un contacto en un paraje entrerriano. Una avioneta iba a bajar un cargamento al costado de una quinta entre Nogoyá y Victoria. El proveedor necesitaba que el contacto trasladara la carga hasta más allá del peaje de entrada por el puente a Rosario en una camioneta que le darían. El hombre se preocupó. «Todo bien con la camioneta, ¿no? ¿No será robada?». El dueño del lote de droga le dio un frenazo. «Vos no te preocupas de nada. No preguntás nada. Solamente hacés lo que te digo».
Fernando Sebastián Vázquez, hoy de 45 años, se las arregló siempre para no llamar la atención. Solo así pudo ser a la vez proveedor de droga para la banda de Los Monos y también de Los Menores que es la organización a la que se le atribuye el control territorial del narcomenudeo en Rosario actualmente y cuyos miembros son los que de un modo brutal mataron en 2024 a Andrés Pillín Bracamonte, que fue por más de 20 años líder de la barra brava de Rosario Central.
Precisamente el Narigón Vázquez tiene sus principales problemas penales en el barrio de Arroyito, donde está la cancha de Central. Este miércoles lo indagaron por primera vez en la Justicia Federal de Rosario. Lo acusan de comercio agravado de drogas por una causa por la que estaba prófugo hace ocho años y por la que pueden darle entre seis y veinte años de cárcel. El 9 de junio de 2018 a la tarde efectivos de la Policía Federal supieron que Vázquez se iba a encontrar con un mayorista llamado Andrés Uriz. Los policías le salieron al cruce en Ferreyra y Juan B. Justo, a cuatro cuadras del estadio auriazul. Atraparon al abastecedor pero Vázquez y su pareja atropellaron a un policía en Almafuerte y Cordiviola, a una cuadra de la cancha, y huyeron en una VW Fox que enseguida abandonaron.
Detienen al Narigón Vázquez, acusado de organizar el asesinato de Pillín Bracamonte
Lo buscaban desde un año antes, cuando en 2017 el fiscal federal Claudio Kishimoto avanzó en una pesquisa de la División Antidrogas de la Policía Federal y descubrió en una veterinaria de la zona sur, en Oroño y Saavedra, el funcionamiento de una cocina de cocaína que tenía dos abastecedores. Uno era Cristian «Negro» González, un hombre de Los Monos, que en esa causa terminó condenado a 18 años de prisión. Por ese mismo hecho al Narigón Vázquez lo llevó a indagatoria ahora el fiscal federal Federico Reynares Solari.
Esos ocho años como fugitivo se cortaron el martes cuando la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía santafesina entró a la casa de pasillo en Villa Gobernador Gálvez, ciudad pegada al sur rosarino, donde se ocultaba. Hacía tres semanas que efectivos de civil merodeaban en el lugar. El Narigón estaba solo. Los hombres del cuerpo especial entraron corriendo al pasillo. Desde afuera un equipo controlaba con un dron desde arriba todos los vericuetos de las casas contiguas. Los que entraron cuentan que el Narigón corrió hacia su cama pero los efectivos tácticos lo inmovilizaron. Tenía una pistola debajo de la almohada.
En octubre pasado la misma fuerza especial lo había detectado en Victoria, a 60 kilómetros de Rosario, pero cuando un grupo de esa provincia fue a detenerlo logró escabullirse.
Para el momento en que empezaron a buscarlo por ser proveedor de Los Monos, el Narigón Vázquez había sido captado conversando con Silvana Gorosito en 2017, en la calle Blandengues al 900, la casa de la mujer. Gorosito es la esposa y madre de los hijos de Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, uno de los gerentes logísticos de Los Monos que fue condenado a 37 años de prisión.
La historia desconocida del narco apuntado como ideólogo del crimen de Pillín Bracamonte
Pero a siete años de esa causa lo conectaron al crimen de Pillín Bracamonte que ocurrió el 9 de noviembre de 2024.
Y eso que ocurrió a 150 metros de la cancha de Central también lo tuvo cerca al Narigón Vázquez. Lo perdió una Citroën Air Cross blanca que fue captada por las cámaras de calle en la escena donde Pillín fue acribillado y que iba como auto de apoyo de una moto Honda Twister 150 en la que escapaban los tiradores. El vehículo al ser identificado fue conectado con su hermano Alejandro Vázquez, quien era una persona sin prontuario, y al que lo ligaba una denuncia de venta del auto. Cuando lo intentaron ubicar en marzo de 2025 le encontraron 70 kilos de marihuana en su vivienda de Aguzzi al 4000.
El Narigón Vázquez se las arregló siempre para no llamar la atención. Solo así pudo ser a la vez proveedor de droga para la banda de Los Monos y también de Los Menores, la organización a la que se le atribuye en la actualidad el control del narcomenudeo en Rosario
En el examen del espectro relacional los investigadores del crimen supieron que el hermano de Alejandro era Sebastián Vázquez, que llevaba siete años con captura recomendada. Todo el trabajo de la fiscalía provincial fue la que identificó
Para los que participan del caso Sebastián Vázquez es quien puso a los asesinos por encargo en el lugar y que fue allí en compañía de su hermano Alejandro que era quien manejaba. Todo se terminó de detectar cuando una especialista en imágenes captó la Citroen C3 y una moto con la que sacaron a los tiradores de la escena donde mataron a Pillín y a Daniel Attardo que era el número dos de la hinchada de Central.
Hay una discrepancia sobre el rol que tuvo el Narigón Vázquez en el homicidio que cuando se realice la audiencia por este delito tal vez no quede dilucidada. La policía actuante entiende que fue uno de los dos autores materiales de los disparos. No así la fiscalía que no tiene esa certeza, que preliminarmente lo ubica como organizador del atentado y también aportante para que los matadores llegaran a la zona.
Los fiscales Patricio Saldutti, Ignacio Hueso y Agustina Eiris tienen desde la detención que fue el martes 15 días para imputar que se concede a los casos complejos que vence el 1 de julio. Como la pesquisa viene de antes los fiscales dicen estar en condiciones de imputar la semana próxima.
Con las dinámicas de las organizaciones criminales que se desplazan, la demanda y los cambios de liderazgo, los referentes van cambiando. Las áreas de inteligencia de Santa Fe y los fiscales provinciales y federales creen que el Narigón Vázquez pasó de ser proveedor de Los Monos a cumplir igual papel con Matías Gazzani, que es el cabecilla prófugo de Los Menores, el grupo al que se le atribuye haber matado a Pillín. Gazzani tiene 29 años y el gobierno de Maximiliano Pullaro ofrece 65 millones de pesos de recompensa por datos que lleven a su captura.
El despiadado atentado contra Pillín, según la principal línea investigativa de los fiscales, fue cometido para generar cambios en la escala de negocios en la barra del club rosarino hacia el control de personas metidas de lleno en el terreno del narcotráfico a gran escala.
