Relleno de calles en distintos sectores de la ciudad

 

La puerta del chalet se llena de policías. Son casi las once de la noche del sábado 9 de junio de 1956 y el jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el teniente coronel (R.) Desiderio Fernández Suárez –47 años, alto, moreno, de bigote corto, pantalones claros y chaquetilla color verde oliva–, grita ante el 4519 de Hipólito Yrigoyen, localidad de Florida, partido de Vicente López:

–¡¿Dónde está Tanco?! 

Fernández Suárez lleva seis meses como jefe policial y es la segunda vez que participa de un operativo. El 23 de febrero, cuando una explosión en la sede de Fabricaciones Militares de Villa Martelli puso en alerta a toda su fuerza, salió en auto desde su casa en Núñez 2546, en Belgrano, y llegó solo a la zona de la explosión. Al bajar vio a una pareja, los detuvo y acusó de “sabotaje peronista”. Ellos dijeron que sólo estaban ahí para “hacer el amor”. Masticando bronca, los dejó ir. 

Pero esta noche confía en que será diferente: se está gestando un levantamiento militar peronista, liderado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco. Los sublevados buscan derrocar a Aramburu y garantizar el regreso de Perón, exiliado en Panamá desde el golpe de la Revolución Libertadora. Ya hay enfrentamientos en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 7 de La Plata y 2 de Palermo. También en Viedma, Rosario, Rafaela, Santa Rosa. 

–¡¿Dónde está Tanco?! –vuelve a gritar.

Fernández Suárez fuerza la puerta y sorprende al dueño de casa. Un pelotón de oficiales se abre detrás suyo. Horacio di Chiano, un electricista de 50 años, los recibe con una bolsa de agua caliente en la mano que había preparado para su mujer, ya acostada. Con él está su vecino, Miguel Ángel Giunta, un zapatero de 29. No hay señales de Tanco ni de ningún levantamiento militar. 

Desiderio saca su revólver calibre 45 y lo apoya en la garganta de Giunta.

–No te hagas el piola y levantá las manos. 

Los oficiales suben a di Chiano y Giunta a un móvil de la comisaría de Florida. Afuera también hay un colectivo rojo de la línea 19 de Vicente López que la policía secuestró en el camino. Fernández Suárez no entiende. La información de un encuentro de militantes peronistas en esta dirección le llegó a través del Servicio de Inteligencia de la Policía Bonaerense (SIPBA), creado cinco meses atrás para desplegar agentes de información encubiertos en fábricas, talleres y sindicatos. “Son los ojos y oídos de la jefatura en la provincia en lo que respecta al movimiento gremial y la actividad subversiva”, había explicado el jefe policial en una entrevista. Y los resultados eran buenos: el 17 de abril habían detenido a dos militantes comunistas en Trenque Lauquen por repartir folletos.

Un levantamiento militar como el de esta noche no se le podía escapar. Hasta que hay señales claras: del pasillo al costado derecho del chalet dos personas salen corriendo. Desiderio y sus policías entran, mientras otros policías persiguen a los fugitivos. Agazapados, mezclados entre un grupo más numeroso de hombres que se había juntado a escuchar por radio una pelea de box en el Luna Park, algunos militantes esperaban novedades sobre el levantamiento. El jefe policial irrumpe y los detiene a todos. Los sube al colectivo. Cuando ve a Juan Carlos Livraga, de 24 años, Fernández Suárez lo golpea en el estómago con la culata de su pistola.

–¿Así que vos ibas a hacer la revolución? ¿Con esa facha?

Otros dos hombres son apresados más tarde cuando llegan al mismo PH. En total son doce.  Los trasladan a la Unidad Regional de San Martín, a cargo del inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno. Desiderio viaja a La Plata, donde lo espera el general e interventor de la provincia, Emilio Augusto Bonnecarrére. A las 0.30 –ya es 10 de junio– la radio oficial transmite la Ley Marcial. A las 4.47 el vicepresidente Isaac Rojas comunica que el alzamiento peronista fue neutralizado. 

Fernández Suárez llama a Rodríguez Moreno.

–A esos detenidos de San Martín ¡que los lleven a un descampado y los fusilen!

Esa misma madrugada, en un basural de la localidad de José León Suarez, en el cruce de lo que hoy es la calle 9 de julio y avenida Márquez, la policía asesina a cinco de los detenidos: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez. El resto –Livraga, Di Chiano, Giunta, Norberto Gavino, Rogelio Díaz, Julio Troxler y Reinaldo Benavídez–, se salvan porque escaparon o porque sólo fueron malheridos.

Fernández Suárez sale fortalecido del operativo. Comparte un acto con Aramburu y declara en una revista: “El buen policía tiene a mano todos los recursos legales necesarios para esclarecer un hecho o descubrir un delito sin acudir a la violencia”. 

Cinco meses después, el 18 de diciembre de 1956, el periodista y escritor Rodolfo Walsh, frente a un vaso de cerveza en un bar de La Plata, escucha en voz de un amigo:

–Hay un fusilado que vive.

***

El Círculo Militar de avenida Santa Fe 750 hierve esta media mañana del viernes 12 de octubre de 1945. Más de trescientos oficiales del Ejército y la Marina gritan. Sus voces se superponen, los rangos que no se respetan. El capitán Fernández Suárez –con 37 años– lanza una temeraria propuesta ante el presidente de la mutual de oficiales, el almirante Héctor Vernengo Lima.

–¡Hay que matar a Perón!

Nacido en 1908 en Villa Mercedes, San Luis, Desiderio se convirtió en antiperonista hacia 1940, tras conocer a Perón como profesor en la Escuela de Guerra y en la de Alta Montaña. Lo veía “como un peligro para el país”, según lo recuerda el diario La Nación.  

Y con apenas 22 años, Fernández Suárez ya había rechazado a otro líder popular. Siendo cadete, el 6 de septiembre de 1930 se sumó a la columna de unos 600 estudiantes y 900 soldados que marcharon hacia Plaza de Mayo contra Hipólito Yrigoyen. Partieron desde el Colegio Militar de San Martín, a 4 kilómetros del basural de José León Suárez, el de los fusilamientos del 56. La protesta la encabezó José Félix Uriburu, quien derrocaría al líder de la Unión Cívica Radical.

El pedido de Fernández Suárez por la cabeza de Perón se conjugaba con  un clima de rechazo generalizado. Flotaba en el aire “la sensación de que el país se había salido de cauce y que la institución armada tenía que decidir qué hacer con eso”, describe Jorge Abelardo Ramos en La Era del Peronismo. 

Los militares antiperonistas lograron finalmente que el 9 de octubre de 1945 Perón renunciara y fuera detenido en la isla Martín García. No esperaban, sin embargo, la movilización popular del 17 en la Plaza de Mayo. Entonces Fernández Suárez tuvo el primer traspié en su vida militar. 

Haber pedido la cabeza de Perón le costó caro: el 9 de mayo de 1946 lo arrestaron por seis meses y pasó a retiro obligatorio. En ese mismo año, Walsh traducía su primera novela policial, de Irish William, con un título sugestivo para lo que vendría después: Lo que la noche nos revela.

***

Traje gris, camisa blanca y corbata negra, bigote prolijo y peinado engominado, Fernández Suárez se sienta en su oficina en el Departamento Central de la Policía frente a un periodista del Noticiario Bonaerense. Acaba de asumir como jefe –el 20 de diciembre de 1955– y ya purgó a 1445 oficiales subalternos y personal de tropa. Faltan seis meses para la Operación Masacre. Ante la cámara que lo filma en blanco y negro dice:

–Queremos hacer una policía humana, una policía que esté dedicada exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, que tenga un profundo respeto por los derechos individuales. La policía está en franco tren de transformación. Doce años de dictadura no se pueden cambiar en tres meses.

La Libertadora le permitió a Fernández Suárez salir del ostracismo que vivió durante el peronismo, donde se refugió en la actividad privada. Según aparece su apellido en los diarios de la época, vendió ganado en Florida: ofrecía, por ejemplo, “3 novillos prom. 243 kgs. a 240 mls.”. O también, “15 vacas prom. 308 kgs. a 205 mls”. 

Con su pareja tuvo tres hijos: Carlos, Mario y Oscar Alberto. Uno de ellos seguirá la carrera militar y será detenido siendo subteniente en 1959 por Arturo Frondizi. Luego llegarán nietos y bisnietos. 

La suerte le empezó a cambiar el 16 de junio de 1955, cuando la Aviación Naval bombardeó la Plaza de Mayo y dejó 300 muertos y 1.200 heridos. Un hilo invisible conecta a Fernández Suárez con Walsh: compartían un sentimiento nacionalista y antiperonista y el escritor había soñado con ser aviador, aunque volcó su pasión al papel: el 21 de diciembre del 55 publicó la crónica 2-02-no vuelve, donde describe la audacia de los pilotos bombarderos. Años después llegó a escribir un borrador de cuento titulado El aviador y la bomba, contado desde la perspectiva de uno de los pilotos golpistas.

Con Aramburu en el poder, el 17 de octubre de 1955, Fernández Suárez es designado jefe de personal en el Ministerio de Educación. Su primera medida fue alentar a los empleados a denunciar irregularidades de la anterior gestión. Pero el 13 de noviembre ya es nombrado subjefe de la Policía. Y un mes después asume la jefatura. Un decreto del 13 de enero del 56 lo reincorpora al Ejército, lo asciende «al grado inmediato» y lo vuelve a pasar a retiro como teniente coronel. Aramburu y Rojas destacan que había sido sancionado «por razones políticas» durante la “dictadura imperante”. En el 58 –ya después de los fusilamientos– lo reincorporan al servicio activo con fecha retroactiva al 19 de enero de 1949 y lo promueven a coronel.

***

–¡Encontré al hombre que mordió al perro!

El 20 de diciembre de 1956, dos días después de escuchar que hay un “fusilado que vive”, Walsh consiguió la denuncia de Livraga y la llevó con excitación a la editorial Hachette, donde trabajaba su compañera Enriqueta Muñiz, una periodista de 22 años. Con ella empezaría a investigar la Operación Masacre: lo que descubren los periodistas es que la Ley Marcial comenzó a regir un día después de las detenciones, o sea que fueron fusilados ilegales.

Walsh tenía un “topo” en la policía de Fernández Suárez. El contacto era Jorge Doglia, jefe de la División Judicial. Le permitirá revelar los fusilamientos, pero también torturas en las comisarías a cargo del jefe de la Policía.

Walsh y Enriqueta trabajan juntos y rápido. El 23 de diciembre, en el semanario Propósitos publican la primicia de la denuncia de Livraga. No la firman, pero es un ataque a Fernández Súarez: el “fusilado que vive” confiesa allí que la policía intentó asesinarlo en un descampado antes de la Ley Marcial. El dato es contundente: días después, una Junta Consultiva provincial de legisladores convoca al jefe de la Policía. Lo arrinconan con preguntas sobre varios hechos del 9 y 10 de junio en distintas comisarías: fusilamientos, torturas con picanas, palizas de sus oficiales. 

–Aquí hay cargos –se defiende Desiderio–. Pero no hay pruebas.

La pareja de periodistas continúa investigando. Suman sobrevivientes y expedientes. Walsh empieza a firmar con sus iniciales: RJW. Dos notas en el diario Revolución Nacional, ocho en la revista Mayoría, otras tres en el semanario Azul y Blanco. El coronel tiene quien le escriba: las crónicas apuntan directamente a su responsabilidad en la masacre. El nombre de Walsh circula rápido en la jefatura de policía. Sus notas quedan archivadas en el  SIPBA.

–¿Quién carajo es? –pregunta Fernández Suárez. 

Manda a sus oficiales a detenerlo, pero terminan levantando a un reportero con las mismas iniciales. También van a su casa en La Plata, pero no lo encuentran: Walsh vive en otro lado y con identidad falsa –Francisco Freyre–, aunque firma las notas con su nombre para que Fernández Suárez sepa que no va a parar.

El último cruce entre ambos –del que se tenga registro– fue el 13 de enero de 1965, nueve años después de la primera nota en Propósitos y ocho de la publicación de Operación Masacre como libro. Desiderio manda una carta al diario Crónica para –otra vez– desligarse de la responsabilidad de la masacre. Walsh le contesta en el mismo diario:

–Los descargos de Fernández Suárez son los mismos que pulvericé hace ocho años y que lo llevaron al completo silencio.

***

A partir de los 60, con la Libertadora fuera del poder, Fernández Suárez cambia de piel. Funda una empresa inmobiliaria y financiera junto a militares y ex funcionarios. Durante el gobierno de J. M. Guido es detenido acusado de una supuesta “conspiración” y “rebeldía”. 

En 1964 aparece como proveedor del Estado en servicios de seguridad. El 17 de septiembre del mismo año participa con Aramburu y Rojas de una celebración por  el aniversario del golpe a Perón. Según la crónica del evento, apenas llenaron la Plaza Libertad del barrio de Recoleta. 

En 1970, el mismo año en que secuestran a Aramburu, funda otra compañía de seguridad e investigaciones: POL-PAR, con sedes en Capital Federal y La Plata. En el ‘76 crea otra empresa: S.P. 

Entrada la última dictadura, su rastro se pierde.

***

No la encuentra. Después de cebar unos mates dulces, Berta Josefa Carranza –72 años, petisa, pullover de lana celeste, la cara redonda, el pelo corto, lacio, con algunas canas– se para con dificultad de la silla y camina despacio hacia un sillón mullido para buscar algo. Es un jueves de mayo de 2026 y en la casa de los Carranza, en el barrio obrero de Boulogne, la luz entra limpia por la ventana. Berta busca detrás de un mueble, dentro de una carpeta. Pero no. La hoja amarillenta escrita a máquina que dice que su padre, Nicolás Carranza, uno de los cinco fusilados por Fernández Suarez, fundó una sociedad de fomento para su barrio en 1954, no aparece. 

–Le dije varias veces que tiene que ser más organizada con esos papeles –se queja Majo Carranza, hija de Berta y nieta de Nicolás, mientras la ayuda a buscar. 

–Acá está –dice Berta y saca la hojita de una bolsa. –Tiene su firma.

Es de las pocas cosas que le quedan de su papá. Tenía 2 años cuando el 11 de junio de 1956 –dos días después de los fusilamientos– su madre recibió a Fernández Suárez en esta misma casa, en la esquina de Guayaquil y –ahora– pasaje Carranza. El jefe policial había llegado para buscar la libreta de enrolamiento de Carranza “por un trámite en La Plata”. Le dijo que desconocía su paradero y apuró a la mujer a buscar el documento de su esposo. 

Mientras esperaba, Fernández Suárez se cruzó en el pequeño comedor a Elena, de entonces 12 años, la hija mayor de la familia. Parado frente a un retrato del recién fusilado, el jefe de la bonaerense le preguntó: “¿Ese era tu papá?”.

–Nunca nadie fue preso. Nunca alguien pagó por esto –retoma Berta en 2026–. Porque hubiéramos podido hacer algunas cosas, cuando había otros compañeros vivos.

El 24 de abril de 1957 la Corte Suprema de Justicia –tras un largo derrotero de la denuncia del “fusilado que vive”– falló que el expediente debía pasar a la justicia militar. Los responsables fueron absueltos. “Dejó para siempre impune la masacre de José León Suárez”, escribió Walsh. 

El 17 de junio de 2026, 70 años después, el Juzgado Federal N°2 de San Martín a cargo de Alicia Vence comenzará un juicio de recuperación histórica. Berta y su hija Majo, junto al resto de los familiares de los asesinados, acusan al Estado por delitos de lesa humanidad. Mencionan el rol de Aramburu, Rojas y Fernández Suárez. Es probable que en el proceso de su testimonio el sobreviviente Livraga, que vive en Estados Unidos. 

Según una fuente con acceso a la causa, un familiar de Aramburu llamó al juzgado para averiguar el estado del expediente.

–En los noventa aún estaba vivo el sorete de Desiderio –recuerda Berta–. Queríamos iniciarle un juicio en la provincia. Recién nos armábamos como comisión de familiares de los fusilados, pero no salió.

Sobre la mesa hay ejemplares de Operación Masacre e Historia de una investigación, el diario personal que escribió Enriqueta Muñiz, mientras colaboraba con Walsh. En una pared verde cuelga una enorme bandera de Boca Juniors. En otra, un cuadro del Che Guevara. En un rincón hay cuatro tanques de oxígeno. Son de Berta.

–Desde que soy bebé, vi toda la lucha de mi vieja y el resto de los familiares por mantener viva la memoria de lo que pasó –dice Majo, de 40 años–. Y también cómo muchos se fueron yendo de a poco. Como nieta, siempre hablo con los más jóvenes. En escuelas, universidades. Pero es tarea de la militancia mantener vivo ese legado. Para que la historia no se repita.

Berta asiente y mira su celular. Le llega un mensaje. Alguien encontró el aviso necrológico de Fernández Súarez que se publicó en el diario La Nación el 10 abril de 2001. 

Hace zoom en la imagen.

FERNANDEZ SUAREZ, Desiderio Argentino, Cnl. (R), q.e.p.d., falleció el 9-4-2001. – Sus hijos Carlos, Mario y Oscar, sus hijas políticas, sus nietos, bisnietos, su sobrino Marcelo Fernández y Sra. Hilda Rodríguez participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

–Esto está buenísimo –dice Berta. La sonrisa socarrona.

–¿Qué está buenísimo? –le pregunta Majo.

–Saber que este hijo de puta está muerto.

***

El 10 de febrero de este año, vía decreto 97, el presidente Javier Milei designó en un importante cargo a un familiar directo del cerebro de Operación Masacre. 

Leandro Fernández Suárez, nieto del teniente coronel de la Libertadora, hijo de su hijo Oscar Alberto, es hoy embajador en México. 

Diplomático de carrera –ingresó al servicio exterior en 1993– fue ascendido por Alberto Fernández. Pero en los últimos años se ganó la confianza de Karina Milei por su rol diplomático en Miami. 

El embajador aparece en fotos recientes sosteniéndole un paraguas a Milei en un día de lluvia.

No aceptó hacer declaraciones para esta nota. 

***

Abajo. Más abajo. En el tercer subsuelo del Cementerio de la Chacarita, dentro del Mausoleo de las Fuerzas Armadas, los nichos de generales y militares se amuran en la pared gris. 

Los pasillos son anchos, la luz de algunas lamparitas rebota en el mármol frío. 

La placa 1117 sólo dice “Cnel. Desiderio Fernández Suárez”. 

Una bandera argentina envuelve su cajón marrón, junto a un florero vacío. 

–No lo vienen a ver mucho –dice un encargado de overol azul.

Nadie fuera de su familia lo despidió cuando murió a los 92 años el 9 de abril de 2001. Ni los Aramburu, ni los Rojas, ni otros apellidos mandaron condolencias. Sólo el diario La Nación sacó aquel recuadro recordando su muerte, cuatro días después. Un familiar del exjefe de la policía comentó allí que Fernández Suárez “nunca se arrepintió de nada”. 

–Acá hay mucha historia enterrada –retoma el encargado –Tenés desde coroneles que lucharon por la independencia hasta soldados de Malvinas.

Pero el nicho de Fernández Suárez no tiene flores, ni una descripción que lo recuerde. Apenas una chapa dorada con su nombre y rango. A dos metros, los restos de los exdictadores Juan Carlos Onganía y Roberto Viola.

Fernandez Suárez descansa en un osario de lesa humanidad. Desde el 2016 nadie paga los costos de mantención de su nicho. La deuda es de 460 mil pesos.

La entrada El fusilador oculto de Operación Masacre se publicó primero en Revista Anfibia.

 

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 La secretaria de Energía, María Tettamanti, profundizó la pelea del Gobierno con las industrias por el costo del gas en invierno. La funcionaria rechazó los reclamos de las cámaras empresarias y sostuvo que los problemas del sector privado no se explican por el precio de la energía.

«Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía», afirmó Tettamanti en el Midstream & Gas Day organizado por Econojournal. La funcionaria dijo que la energía argentina es «muy competitiva» y que el aumento de los costos por la guerra afectó a todos los países. «De hecho, en algunos países fue peor porque no tienen energía», agregó. Y cerró con una definición política: «Hay que atacar las causas, no las consecuencias».

La frase cayó en medio de un conflicto abierto. La Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera y los grandes consumidores de gas venían acumulando reclamos por el aumento inesperado de los costos de abastecimiento, la falta de previsibilidad y el riesgo de cortes en pleno pico de consumo invernal.

El Gobierno reasumió la importación de GNL a través de Enarsa para evitar un impacto directo sobre las tarifas residenciales. Pero al mismo tiempo decidió que las industrias absorban el costo real del gas importado, sin subsidios directos. La cuenta quedó partida en dos. Los hogares quedaron protegidos del shock. Las fábricas, en cambio, quedaron expuestas al precio pleno.

Caputo festejó el dato de industria y construcción, pero los números del Indec muestran caídas

El enojo empresario tiene tres frentes. El primero es el precio. En las subastas de Enarsa por el GNL regasificado, las industrias se encontraron con valores que podían rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces el valor del gas local. En una primera compulsa, el precio informado fue de 19,76 dólares por millón de BTU y la subasta quedó desierta. Nadie quiso convalidar ese número.

El caso de CIARA volvió más ruidosa la pelea. La cámara aceitera denunció falta de transparencia después de que Enarsa informara, pocas horas antes de una subasta, un aumento del 47% en el costo de regasificación. El valor pasó de 3,50 a 5,16 dólares por millón de BTU. Para las cerealeras, ese salto alteró la planificación, encareció el costo exportador y golpeó procesos críticos como el secado de granos, la generación eléctrica y la producción vinculada a fertilizantes.

Si algún sector industrial está complicado en esta transición económica, no es culpa de la energía.

El segundo frente son los cortes. A fines de mayo, unas 130 fábricas ya sufrían restricciones totales o parciales de gas. El problema pegó sobre todo en Córdoba, el Litoral y el NOA, donde la capacidad de transporte no alcanza cuando sube la demanda residencial. Según los industriales, las interrupciones no se limitaron a contratos interrumpibles. También alcanzaron a empresas con contratos firmes y semifirmes, que pagan más para tener mayor seguridad de suministro.

El impacto no es administrativo. Una planta que se queda sin gas tiene que parar líneas, reorganizar turnos, usar combustibles alternativos más caros o absorber costos que después aparecen en toda la cadena. La Unión Industrial de Córdoba lo planteó en esos términos: producir bajo incertidumbre diaria y sobrecostos extraordinarios complica el empleo, la inversión y los precios.

El tercer frente es el traslado del riesgo. ACIGRA, que reúne a grandes consumidores industriales, cuestionó que el nuevo esquema obliga a las empresas a estimar con precisión cuánto gas necesitarán durante el invierno. Si compran de más, pagan un sobrecosto millonario por un insumo que quizás no usan. Si compran de menos, o si el sistema se satura, pueden quedarse sin abastecimiento.

Por eso las cámaras llevaron el reclamo al Ministerio de Economía. La mesa chica de la UIA se lo planteó a Luis Caputo y a Pablo Lavigne. La propuesta fabril fue pagar el costo real del GNL, pero sin absorber todo el salto provocado por la guerra. En la entidad plantean que pasar de 10 dólares a 22 o 23 dólares por millón de BTU es inviable para una industria golpeada por caída de demanda, presión impositiva, márgenes comprimidos y dificultades financieras.

El conflicto tiene una historia corta, pero intensa. En febrero, mediante la Resolución 33/2026, Economía había convocado a una licitación nacional e internacional para elegir un «comercializador» privado. Ese operador debía importar GNL, regasificarlo en Escobar y venderlo en el mercado interno. El objetivo era sacar esa carga financiera del Estado y reducir el riesgo fiscal.

La idea duró poco. A fines de abril, el Ejecutivo dio marcha atrás. La licitación, en la que aparecían jugadores como Trafigura y Naturgy, quedó cancelada y la operatoria volvió a Enarsa. El motivo fue doble. Por un lado, la volatilidad internacional y la suba del gas por la tensión geopolítica. Por otro, las ofertas privadas llegaron más caras de lo previsto. Economía intervino la licitación después de ofertas de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, más del doble del costo que venía pagando Enarsa por el mismo concepto.

El Gobierno eligió entonces una solución intermedia. Enarsa compra, el Estado ordena, pero las industrias pagan. La administración libertaria evita un salto tarifario pleno en hogares para no pegarle a la inflación, cuida el superávit fiscal con subsidios más focalizados y descarga sobre el sector productivo el costo más duro del invierno.

Tettamanti defendió esa arquitectura con una frase que resume la doctrina oficial. «La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos», dijo. También insistió en que el sector privado debe «contractualizar» y que el Plan Gas termina en 2028 y no será renovado. Cuando le preguntaron a qué precio, respondió: «No sé a qué precio, la verdad es que no tengo ni idea». Y agregó: «No es mi responsabilidad, no es mi obligación y no es mi rol». Su rol, explicó, es fijar reglas.

La neutralidad también es reparto. El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo.

Alejandro Di Palma, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, lo resumió con una fórmula incómoda para el discurso oficial: «La neutralidad también es un reparto». Para el especialista, la Secretaría de Energía no puede decir que solo fija reglas y después desentenderse del precio, porque esas reglas ya definen ganadores y perdedores. «El Estado conserva intacto el poder de cortarle el gas a la industria, desentendiéndose de la obligación de garantizárselo», señaló. En su lectura, el racionamiento no se privatizó: lo que se privatizó fue el riesgo.

La paradoja es que el Estado se retira de la garantía, pero no del mando. Sigue definiendo la demanda prioritaria. Sigue ordenando cortes. Sigue obligando a las distribuidoras a ejecutar restricciones con cuadrillas y controles. 

El punto físico también desarma parte del relato. Tettamanti admitió que el sistema llega al invierno con la misma capacidad de transporte que el año pasado, igual o mayor producción en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL. Si la restricción está en los caños y no en la molécula, mandar a la industria a comprar gas no agrega un metro cúbico al sistema. Apenas reordena por precio una escasez que antes se administraba por instrucción. La señal de precios no construye gasoductos.

Ahí aparece la renta escondida. Vaca Muerta produce gas barato, pero en los picos de consumo el precio lo fija el GNL importado. La brecha entre el gas local y el importado no expresa solo un costo. También expresa la falta de infraestructura. El industrial que paga el sobreprecio no paga únicamente energía. Paga la escasez de transporte que el propio Estado no resolvió, ni este gobierno ni los anteriores.

El equilibrio actual tiene otro dato incómodo: cierra porque la economía está fría. La red no desborda, en parte, porque buena parte de la industria está de rodillas. Si la actividad se recupera, el límite del transporte va a aparecer con más fuerza. 

La discusión, entonces, excede el invierno. Vaca Muerta puede ser una plataforma para abaratar la energía de la producción local o una caja de renta exportadora. Son dos países distintos.