PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante trabajos de relleno de calles en distintos sectores de la ciudad.
Las tareas se realizan en la calle Santos Vega y continuará en calle 2 de Abril en barrio Matadero y en el kilómetro de García.
El objetivo es mejorar la transitabilidad en esas arterias.
El Intendente Marcelo Orazi participó esta mañana de la presentación de los nuevos equipos adquiridos por Logística Internacional Patagónica SRL para el trabajo que se realiza en las cámaras de transferencia del Complejo Fitosanitario Aduanero. Se trata de dos carretillas eléctricas con hombre a bordo marca Caterpillar con una capacidad de una tonelada y media,…
Javier Milei coló en la reforma laboral un artículo que propicia el traspaso del fuero del trabajo a la Ciudad. No fue una imposición, pero tiene la fuerza necesaria para abrir un proceso que empuje la resistencia de los jueces del fuero «nacional» a la órbita de la justicia porteña.
La justicia «nacional» es una rémora de los años previos a la autonomía porteña y sólo existe en la Ciudad de Buenos Aires. En todas las provincias del país la justicia laboral es local. Los jueces «nacionales’ lograron trabar el proceso de autonomía porque no quieren perder un estatus que consideran superior al de jueces porteños, aunque las causas que tratan son exactamente eso: porteñas. No hay nada «nacional» en su fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei establece que «la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias entre la Nación y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución, conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos», agrega el texto de la norma.
El gobierno impulsa un fondo para financiar despidos con aportes que antes iban a las jubilaciones
El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación.
Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.
El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.
El artículo 91 del proyecto de la reforma laboral de Milei plantea el traspaso a la Ciudad del fuero laboral «nacional» y una vez concretado este paso su disolución.
El fuero laboral con asiento en Capital Federal tiene 80 juzgados pero alrededor de 30 están vacantes y se especula con que para el 2026 las vacancias treparían al 50 por ciento. Fuentes judiciales dijeron a LPO que «se está produciendo un vaciamiento de hecho», y agregaron que «hay un éxodo» alimentado con concursos tentadores para nuevos magistrados en la Ciudad, que se encuentran en instancia de examen, mejores salarios y la amenaza de quitar el beneficio jubilatorio del 82 por ciento, un detalle por el cual una importante cantidad de jueces habría apurado su retiro.
La jugada de Milei podría caerle como anillo al dedo al PRO, un sector del radicalismo porteño liderado por Daniel Angelici y la rama del PJ que conduce el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. Sectores con influencia en la justicia local, que históricamente impulsaron una mayor autonomía porteña.
Un dirigente del peronismo porteño reconoció ante LPO que el gobierno libertario «podría haber efectuado el traspaso poniendo un artículo que dijera ‘pásese’ a la órbita de la Ciudad, pero no lo hizo porque se busca una negociación». Para que se implemente el traspaso del fuero laboral, hace falta un convenio o una ley del Congreso, que para mayor prolijidad debería ser ratificada por la Legislatutra porteña.
El senador kirchnerista Mariano Recalde.
El procurador de la Ciudad, Martín Ocampo, explicó a LPO que el artículo 91 de la reforma «está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente». La ley Cafiero fue la que instrumentó el proceso de autonomía porteña.
«La ley Cafiero implicaba que, después de la sanción de la autonomía porteña, el Estado nacional hacía reserva de determinadas cosas porque era el distrito donde estaba el Presidente de la Nación pero en la reforma de Milei se establece que la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo está vigente hasta que se acuerde el traspaso», argumentó.
Para que se entienda: la administración de Jorge Macri apoya el traslado del fuero laboral, sólo cuestiona que la manera en que se redactó, parece ratificar la órbita nacional del fuero laboral hasta su traspaso, cuando desde la óptica de la autonomía porteña la situación actual es irregular.
El artículo 91 de la reforma está redactado con una técnica jurídica compleja y en los hechos deroga la ley Cafiero implícitamente.
En ese contexto, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue uno de los que empujó desde abril pasado una comisión de transferencias de competencias judiciales integrada por Nación y Ciudad, un ámbito del que participan actores de la justicia ordinaria nacional y también asociaciones involucradas. El objetivo, según fuentes del gabinete de Jorge Macri, «es avanzar en convenios de transferencias».
Desde diciembre de 2024, por lo demás, funciona el fuero local para conflictos individuales con prestación efectiva de trabajo. En la última sesión de ese año, la Legislatura sancionó un código procesal para la Justicia del Trabajo en el ámbito de la Ciudad, con 31 votos a favor y 25 en contra, provenientes del peronismo, la izquierda y un puñado de libertarios. Hubo además dos abstenciones y dos ausencias.
La iniciativa de Milei entusiasma a los empresarios, que ya se habían ilusionado con el fallo Levinas de la Corte Suprema. Ese caso, donde la familia del artista plástico León Ferrari litigaba contra Gabriel Levinas por haber vendido 11 dibujos sin autorización del autor, la Corte Suprema dictó un fallo de profundas implicancias jurídicas y políticas, y determinó que el tribunal de alzada para ese tipo de pleitos de la Justicia Nacional era el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), es decir, la justicia porteña. Ubicó a la justicia «nacional» en la órbita de la justicia porteña.
Horacio Rosatti.
La definición del máximo tribunal sentó así jurisprudencia para que el TSJ se convierta en el tribunal de alzada de los juzgados del fuero civil, el comercial y el laboral con asiento en el distrito porteño. Uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura comentó a LPO que Rosatti, ante el reproche por ese supuesto «traspaso de facto», explicó que él había redactado un fallo que solo había declarado «al TSJ como tribunal de alzada». Pero en el fuero nacional nadie se distrajo con los importantísimos efectos jurídicos del fallo Levinas.
Como toda justicia provincial, la de la Capital Federal también está colonizada por la fuerza política que gobierna el distrito desde hace casi 20 años y ahí radicaba el interés de los empresarios por sacarse el yugo de juzgados más hostiles para escalar hacia tribunales más amigables. De hecho, hasta la familia Macri se sintió complacida con el fallo Levinas porque su apuesta era defenderse en la causa Correo en el ámbito porteño.
En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer, no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero.
En efecto, cuatro de los cinco miembros del TSJ responden al PRO. Solo a la jueza Alicia Ruiz se le atribuye identificación con el viejo Frente Grande, mientras que Ines Weimberg de Roca, Santiago Otamendi, Marcela de Langhe y Luis Lozano llevan la sombra del partido amarillo.
Estos jueces no son tímidos en su pertenencia ideológica. Este año, sacaron un fallo de gran impacto en el fuero laboral, que marcó un límite al cálculo de intereses en las causas de accidentes de trabajo. «Le marcaron la cancha a los jueces y abogados laboralistas», dijo a LPO un importante abogado del fuero.
En efecto, la llamada industria del juicio, en la que se sospecha se ponen de acuerdo jueces y abogados para fijar sumas exorbitantes y luego repartirse los honorarios, tiene a la industria de las ART al borde de la quiebra, como reveló LPO.
El propio Leandro Recalde advirtió a LPO que el avance del traspaso no es el único objetivo de la reforma y también cargó contra el artículo 82, que establece que el impulso de la causa corresponda a las partes y habilita la «caducidad de instancia». «En el fuero laboral, el impulso es de oficio porque se considera que el trabajador no tiene los mismos recursos pero, con esto, los juicios contra las empresas se van a empezar a caer», dijo, y concluyó que «no es lo mismo Paolo Rocca que Paolo el Rockero».
Andrés Basso.
Como era esperable, este viernes se manifestaron contra el artículo 91 también los jueces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, encabezados por Andrés Basso.
A través de un comunicado, rechazaron ese apartado de la reforma «de manera categórica» y la consideraron «inadmisible». «Instamos una vez más a que cualquier modificación que se pretenda introducir lo sea dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales», manifestaron, en un capítulo más de la larga pelea de la justicia «nacional» por mantener su estatus.
Por razones epidemiológicas y de protección de la salud colectiva, el Ministerio de Salud de Río Negro resolvió hoy prorrogar el cordón sanitario en Choele Choel, a partir de las 8 del día 29 de abril y hasta las 24 horas del 6 de mayo. Se trata de una medida preventiva, excepcional y temporaria, que…
Mercosur dio inicio a una nueva cumbre del Mercosur en Foz Iguazú en medio de las tensiones por el fallido acuerdo con la Unión Europea.
Lula, anfitrión del encuentro, había puesto todo para lograr la foto del acuerdo con la garantía de la aprobación del Consejo de la UE para que la Comisión pueda firmar el acuerdo.
El acuerdo UE-Mercosur está dividido en dos partes: comercial y política. La parte comercial puede ser aprobada por la Comisión Europea minera que la parte política necesita ser aprobada por los 27 países de la Unión Europea.
La Unión Europea no consiguió los votos y pospuso la firma del acuerdo con el Mercosur
La parte política incluye los fondos de cooperación que la UE enviará para compensar las concesiones comerciales. «Lula podrá decir que se cerró el acuerdo, pero los fondos de cooperación no llegarán todavía», detalla un diplomático con experiencia en estos acuerdos.
Sin embargo, el rechazo de Francia, el repentino cambio de Italia y la voracidad de las protestas de los agricultores en esos países y en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
Ursula Von der Leyen.
Ahora, la cumbre queda reducida a la presencia de todos los presidentes luego de los rumores previos de ausencia de Javier Milei y Santiago Peña y la posibilidad de sumar nuevos acuerdos comerciales con mercados africanos y asiáticos que viene postergados desde hace tiempo.
Fuentes cercanas al bloque aseguran que «no hay clima de ruptura» y no creen que Milei «se tome el trabajo de armar un frente contra Lula en un bloque al que no le interesa demasiado
Por estas horas, el desafío más grande es si habrá un documento de consenso o existe la posibilidad que Argentina redacte uno propio con el apoyo de Paraguay y Bolivia, dos países que Milei quiere poner bajo su radar.
Bronca de Lula con Macron y Meloni por el freno al acuerdo Mercosur-UE
Sin embargo, el presidente de Paraguay se mostrará con Lula en la inauguración de un puente y el canciller de Bolivia ya se reunión con Mauro Vieira.
Además, fuentes cercanas al bloque aseguran que «no hay clima de ruptura» y no creen que Milei «se tome el trabajo de armar un frente contra Lula en un bloque al que no le interesa demasiado». «Lula se acerca a Trump y él se va a pelear ahora. No parece muy lógico», afirma.
Mientras La Libertad Avanza repite el discurso contra la “casta” y el empleo público, uno de sus referentes marplatenses registra antecedentes como empleado estatal en el Concejo Deliberante local.
Por Roque Pérez para NLI
David Urbani, presentado hoy como referente libertario en Mar del Plata y todo el partido de General Pueyrredón, construyó su perfil político con un libreto conocido: rechazo al Estado, demonización del empleo público y exaltación del “mérito individual”. Sin embargo, los archivos oficiales muestran una historia bastante menos disruptiva.
Según consta en el Decreto N.º 268 del 11 de diciembre de 2003, Urbani fue designado Auxiliar Administrativo en el Bloque de Concejales de CREAR MÁS LIBERTAD dentro del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Es decir, un cargo rentado en el Estado municipal, sostenido con fondos públicos.
El dato resulta incómodo para un espacio político que convirtió la crítica al “vivir del Estado” en una bandera identitaria. Más aún cuando se trata de un dirigente que hoy se muestra como parte de una supuesta renovación antipolítica, pero que inició su recorrido precisamente dentro de la estructura institucional que ahora denosta.
El caso de Urbani no es una excepción, sino un patrón que se repite en La Libertad Avanza: dirigentes que construyen discurso contra el sector público mientras registran antecedentes laborales en organismos estatales, legislaturas o bloques políticos. El problema no es haber trabajado en el Estado, sino ocultarlo o negarlo mientras se estigmatiza a otros trabajadores.
En sus apariciones públicas y en redes sociales, Urbani suele apuntar contra el “gasto político”, los “ñoquis” y la supuesta ineficiencia estatal. Sin embargo, su designación como auxiliar administrativo demuestra que su vínculo con el Estado no fue solo retórico, sino también contractual y concreto.
El contraste se vuelve todavía más marcado si se tiene en cuenta que ese tipo de cargos —auxiliares administrativos en bloques— forman parte del engranaje básico de la actividad legislativa, la misma que el libertarismo califica de parasitaria cuando se trata de otros espacios políticos.
En Mar del Plata, La Libertad Avanza intenta consolidarse como fuerza “antisistema”, aunque muchos de sus cuadros locales, como Urbani, muestran trayectorias que desmienten ese relato. El paso por el Concejo Deliberante no es un pecado, pero sí deja en evidencia la hipocresía de un discurso que señala con el dedo mientras esconde su propio prontuario administrativo.
La pregunta que queda abierta no es si Urbani trabajó o no en el Estado —los documentos lo confirman—, sino por qué ese pasado desaparece cuando se construye el personaje libertario. Tal vez porque, una vez más, la casta no es una categoría política real, sino un recurso discursivo que siempre se aplica a los demás.
Desde la Comisión Directiva de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Rio Negro, queremos expresar nuestro descontento con la Administración de la Provincia de Rio Negro por el importante atraso en el envío de los fondos correspondientes a los aportes de Casinos y Loterías y Edersa, destinados por ley al funcionamiento de las…
