PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante trabajos de relleno de calles en distintos sectores de la ciudad.
Las tareas se realizan en la calle Santos Vega y continuará en calle 2 de Abril en barrio Matadero y en el kilómetro de García.
El objetivo es mejorar la transitabilidad en esas arterias.
Este año el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en la restauración de ecosistemas con el lema «Reimagina, recrea, restaura». Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y revertir este daño, pasar de explotar la naturaleza a curarla. Somos la enfermedad pero también el antídoto. Para ello, y precisamente en este día mundial del medio…
La escalada que registraron el oro y la plata en los mercados internacionales durante el último año comenzó a reflejarse con fuerza en las cuentas externas argentinas. Si bien ambos metales corrigieron desde los máximos alcanzados entre enero y marzo, continúan cotizando en niveles históricamente elevados respecto del año pasado, lo que disparó el valor de las exportaciones mineras aun cuando la producción y los volúmenes embarcados no crecieron al mismo ritmo.
El efecto ya se observa en la balanza comercial minera. Durante el primer semestre, los principales proyectos del sector acumularon un superávit de USD 4.265 millones, un 84,8% más que en el mismo período de 2025 y una cifra que prácticamente equivale al saldo positivo obtenido durante todo el año pasado. Se trata del mejor desempeño para un primer semestre en décadas y consolida a la minería como una fuente cada vez más importante de ingreso de divisas.
El buen resultado responde principalmente a la mejora de los precios internacionales. El oro llegó a superar los USD 5.300 por onza durante marzo y, aunque actualmente ronda los USD 4.000, continúa muy por encima del promedio registrado durante 2025 que fue de USD 2.801. La plata recorrió un camino similar: tras alcanzar valores cercanos a los USD 115 por onza, hoy cotiza alrededor de USD 60, lejos de los máximos pero todavía en niveles elevados en términos históricos.
Ese comportamiento explica por qué las exportaciones crecieron incluso sin un aumento de las cantidades comercializadas. De acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, las ventas externas de oro alcanzaron USD 2.905 millones durante el primer semestre, un incremento interanual del 51,2%. Sin embargo, los volúmenes exportados cayeron 25,5% en el mismo período. En otras palabras, Argentina vendió menos oro al exterior, pero obtuvo muchos más dólares gracias al fuerte aumento de la cotización internacional.
En el caso de la plata, el fenómeno fue similar. Las exportaciones semestrales ascendieron a USD 562 millones, con un crecimiento interanual del 87,9%. Allí la mejora respondió tanto al nuevo escenario de precios como a una mayor estabilidad de los volúmenes exportados, aunque el factor determinante siguió siendo la valorización del metal.
Los datos de junio muestran además la elevada capacidad del sector para generar divisas netas. Los principales proyectos mineros exportaron USD 713 millones e importaron apenas USD 65 millones. Esto significa que por cada cien dólares vendidos al exterior sólo fueron necesarios nueve dólares en importaciones de insumos y equipos, una relación muy superior a la que presentan otros complejos exportadores.
El contexto resulta especialmente favorable para el Gobierno porque coincide con el período en que comienza a disminuir el ingreso de divisas provenientes del complejo agroexportador. Finalizada la cosecha gruesa, la oferta de dólares del campo pierde intensidad durante el segundo semestre. En ese escenario, el mayor aporte de la minería ayuda a sostener el superávit comercial y contribuye a aliviar una de las principales restricciones de la economía argentina: la disponibilidad de divisas.
El fenómeno no es homogéneo dentro de la minería. Un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) señala que mientras el litio combina un aumento de la producción con una recuperación de los precios internacionales, en el caso del oro y la plata ocurre lo contrario: el menor volumen producido viene siendo compensado por el fuerte incremento de las cotizaciones. De esa manera, el crecimiento de las exportaciones de los metales preciosos responde principalmente al efecto precio y no a una expansión de las cantidades exportadas.
Esa dinámica explica por qué la minería gana cada vez más peso en el comercio exterior argentino. Según las proyecciones de CAEM, las exportaciones del sector podrían superar los USD 9.000 millones en 2026, con un crecimiento superior al 50% respecto del año anterior. De cumplirse ese escenario, la minería pasaría de representar alrededor del 7% a más del 10% de las exportaciones nacionales, consolidándose como un componente cada vez más relevante de la balanza comercial.
Para Amílcar Collante, de Profit Consultores, el actual contexto internacional se convirtió en un aliado para la estrategia cambiaria del Gobierno. Explicó que las tres principales exportaciones mineras de la Argentina -oro, plata y litio- registraron fuertes aumentos de precios en el último año, del 26%, 38% y 160%, respectivamente, un escenario que fortalece el ingreso de divisas y favorece la política oficial de acumulación de reservas.
El economista recordó que a comienzos de año las proyecciones del sector apuntaban a superar los USD 10.000 millones en exportaciones mineras durante 2026. Sin embargo, la corrección que experimentaron las cotizaciones del oro y la plata en los últimos meses llevó a revisar esas estimaciones y hoy el escenario más probable ubica las ventas externas cerca de los USD 9.000 millones. «El resultado final dependerá de cómo evolucionen los precios de acá a fin de año», sostuvo.
En ese sentido, Collante explicó que la evolución de las cotizaciones estará estrechamente vinculada con la política monetaria de Estados Unidos y el comportamiento de los bancos centrales. Según señaló, cada vez que aumenta la incertidumbre en los mercados, los inversores suelen refugiarse en el oro, mientras que la demanda también se mantiene sostenida por las compras que realizan China y otros países para fortalecer sus reservas internacionales al mismo tiempo que reducen su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense.
YA PASARON LAS ELECCIONES El oficialismo y la oposición están encaminados en desplegar sus campaña para ver quien será el próximo presidente. Dentro del oficialismo están como desentonados. Da la impresión de que algunos se van quizá sin comprender la diferencia entre ejercer la función pública o la representación temporal al frente del principal de…
Aumentos en la tarifa de luz desataron un estallido vecinal en el Partido de La Costa, donde los usuarios denuncian incrementos de hasta un 700%, con boletas que definen como «impagables» y que trepan en algunos casos al millón y medio.
De forma espontánea, los afectados -sobre todo de zona centro y norte del distrito- se dirigieron a las oficinas de la empresa local para exigir explicaciones por los aumentos que, en algunos casos, superan sus ingresos mensuales.
Una jubilada reveló que, de una boleta de 100 mil pesos pasó a una de 750 mil. Otro caso denunció que el mes pasado pagó 160 mil pesos de luz y, ahora, recibió una boleta por un millón y medio.
«Nos morimos de frío, estamos en la Costa, no podemos prender la estufa», exclamó una vecina a FM La Marea durante el reclamo realizado en la sede Santa Teresita de la empresa local.
El tarifazo de luz desató un estallido vecinal en La Costa: «Nos morimos de frío»
«Queremos soluciones, estamos cansados que nos roben a los pobres, a los jubilados», acusaron los manifestantes. En la protesta de este martes, se registraron episodios de tensión con el personal de seguridad de la empresa y los vecinos acusaron empujones
Queremos soluciones, estamos cansados que nos roben a los pobres, a los jubilados. Nos morimos de frío, estamos en la Costa, no podemos prender la estufa.
En las últimas horas, autoridades de la empresa propusieron suspender por 15 días los cortes de suministro por falta de pago y analizar los casos de aquellos usuarios a los que ya se les había interrumpido el servicio.
Pero la propuesta no logró calmar el malestar vecinal, que prevé avanzar con un corte en la ruta interbalnearia 11 a la altura de la intersección con la avenida 79, el acceso principal a Mar del Tuyú.
El intendente Juan de Jesús.
También, se analiza marchar desde ahí hasta el palacio municipal, con el objetivo de reclamarle a la gestión municipal de Juan de Jesús que intervenga en el conflicto.
Por lo pronto, fuentes del Concejo Deliberante de La Costa adelantaron a LPO que en la sesión de este miércoles el bloque radical que comanda Daniel López tiene previsto presentar pedidos de informes por el tema.
En la empresa explicaron que los cambios en el cuadro tarifario fueron autorizados por el Organismo de Control de Energía Eléctrica provincial (Oceba) que regula a las distribuidoras y advirtieron que varios usuarios no estaban inscriptos en los subsidios.
La preocupación de los vecinos es aún mayor considerando que está en ciernes el debate en el Congreso por Zonas Frías, beneficio en la tarifa de gas que el gobierno de Javier Milei quiere recortar, algo que impactaría a casos como en del Partido de La Costa.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a artistas y a grupo de artistas de la ciudad que se pueden inscribir en el Registro Municipal de Artistas Reginenses que concentra la información de todas las expresiones artísticas existentes. Deben hacerlo en la página web de la Municipalidad a través del siguiente…
Después de 30 años terminó la concesión privada de las represas hidroeléctricas de Tucumán. Milei abrió una transición y crecen las incógnitas sobre su futuro.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Treinta años después de haber sido entregadas en concesión durante la ola privatizadora del menemismo, las represas hidroeléctricas de Tucumán llegaron al final del contrato que las mantenía bajo administración privada. La decisión del Gobierno de Javier Milei de establecer un período de transición, en lugar de renovar automáticamente la concesión o anunciar una nueva licitación, abre un escenario de incertidumbre sobre el destino de un conjunto de activos estratégicos para la generación eléctrica y para el manejo del recurso hídrico de la provincia.
La resolución de la Secretaría de Energía que puso en marcha la transición de las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo marca un nuevo capítulo en la larga historia de las privatizaciones argentinas, un proceso que comenzó a principios de la década del noventa y que transformó profundamente la relación entre el Estado y los servicios considerados estratégicos.
Durante el gobierno de Carlos Menem, y luego de la sanción de la Ley de Reforma del Estado en 1989, la Argentina ingresó en una etapa de transferencia al sector privado de empresas y activos que durante décadas habían sido administrados por organismos estatales. Bajo la promesa de mejorar la eficiencia, atraer inversiones y reducir la participación estatal en la economía, el Gobierno nacional avanzó sobre sectores como telecomunicaciones, transporte, energía y servicios públicos.
En ese contexto, la generación hidroeléctrica también fue alcanzada por el proceso privatizador. Muchas de las obras construidas durante décadas con financiamiento público fueron entregadas bajo esquemas de concesión a empresas privadas, que pasaron a administrar la explotación comercial de centrales que seguían teniendo una importancia estratégica para el sistema energético nacional.
Así nació Hidroeléctrica Tucumán S.A., la empresa que recibió la concesión de los complejos hidroeléctricos El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, tres instalaciones fundamentales para la provincia. El contrato firmado en 1996 estableció un plazo de explotación privada de 30 años, período que comenzó formalmente el 30 de julio de ese año y llegó a su vencimiento en julio de 2026.
La fecha de finalización no fue una sorpresa ni una decisión política tomada de manera repentina: estaba contemplada desde el inicio del contrato. Sin embargo, su llegada obliga ahora al Estado a definir qué hacer con un patrimonio energético que vuelve a quedar bajo su órbita después de tres décadas.
La Resolución 168/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, no dispuso una estatización de las represas ni anunció la creación de una nueva empresa pública para administrarlas. Lo que hizo fue activar el mecanismo previsto en el contrato de concesión para garantizar la continuidad operativa durante una etapa intermedia, evitando que el vencimiento del vínculo privado genere un vacío de gestión sobre instalaciones que requieren supervisión permanente.
El Gobierno estableció un período de transición hasta el 15 de diciembre de 2026, durante el cual Hidroeléctrica Tucumán S.A. continuará operando las centrales bajo un régimen especial, mientras la autoridad energética nacional supervisará el funcionamiento de los complejos.
Para esa tarea fue designada la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor estatal, con la responsabilidad de controlar la operación, verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y garantizar que las condiciones de seguridad de las represas permanezcan intactas. Además, se invitó a la Provincia de Tucumán a participar mediante la designación de un representante.
La medida responde a una cuestión central: una central hidroeléctrica no puede simplemente cambiar de manos de un día para otro. Se trata de infraestructura compleja, vinculada no sólo a la generación de electricidad sino también al manejo del agua, la seguridad de las poblaciones ubicadas aguas abajo y la planificación energética de largo plazo.
Por eso, aunque la concesión terminó formalmente, la operación continúa bajo un esquema transitorio mientras el Gobierno define el próximo paso.
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que el vencimiento de la concesión implica el retorno al Estado de los bienes afectados al servicio, tal como estaba establecido en el contrato original firmado durante la década del noventa.
No se trata de una expropiación ni de una compra. La lógica contractual establecía que, al finalizar el período de explotación privada, las instalaciones, equipamientos y activos vinculados al funcionamiento de las centrales debían quedar nuevamente bajo control estatal.
Ese punto resulta significativo porque muestra una diferencia entre el discurso político que acompañó las privatizaciones de los años 90 y la realidad jurídica de muchos de esos contratos: las concesiones privadas no implicaban una transferencia definitiva de la propiedad de los recursos estratégicos, sino un derecho temporal de explotación.
Ahora, tres décadas después, el Estado vuelve a estar frente a la responsabilidad de decidir cómo administrar esos activos.
El caso tucumano presenta además una particular contradicción política para la administración de Javier Milei.
Desde su llegada al poder, el Gobierno libertario impulsó una agenda basada en la reducción del Estado, la apertura económica y la privatización de empresas públicas consideradas ineficientes. Sin embargo, en este caso específico, una concesión privada heredada de la década menemista llegó a su fin y obligó al Estado a asumir nuevamente un rol de supervisión directa.
La administración nacional tenía distintas alternativas frente al vencimiento: extender la concesión, avanzar rápidamente hacia una nueva licitación o establecer un esquema transitorio. Finalmente optó por esta última opción, dejando abierta la definición sobre el futuro de las centrales.
La resolución no determina si habrá una nueva privatización, si se buscará un esquema mixto con participación estatal y privada o si el Estado mantendrá algún tipo de control directo sobre las represas. Esa indefinición será uno de los puntos centrales del debate energético en los próximos meses.
Más allá de la discusión contractual, las represas tucumanas representan un activo estratégico que excede la generación eléctrica. Los complejos de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo cumplen funciones vinculadas al almacenamiento y regulación del agua, al desarrollo productivo regional y a la infraestructura energética de la provincia.
Por eso, la discusión sobre su futuro no es solamente empresarial: implica definir qué papel tendrá el Estado en la administración de recursos considerados esenciales y cuál será la relación entre la inversión privada y la planificación pública en áreas sensibles.
La resolución publicada por el Gobierno marca el cierre formal de una etapa iniciada durante el menemismo, cuando una parte importante del patrimonio energético argentino pasó a manos privadas mediante contratos de concesión de largo plazo. Ahora comienza una nueva fase, todavía abierta, en la que deberá definirse si el final de aquella privatización será simplemente el comienzo de otra concesión o si representará un cambio más profundo en la forma de administrar la energía hidroeléctrica tucumana.
