PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante trabajos de relleno de calles en distintos sectores de la ciudad.
Las tareas se realizan en la calle Santos Vega y continuará en calle 2 de Abril en barrio Matadero y en el kilómetro de García.
El objetivo es mejorar la transitabilidad en esas arterias.
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La vigilia había comenzado hacía ya tres décadas, La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito venía abriendo un camino, que muchxs fuimos encontrando cada unx a su tiempo. El 8 de agosto, esa fecha que esperábamos desde que se consiguió la media sanción en diputados, nadie podrá negar que fue…
Un relevamiento nacional de junio revela que el 86,1% de los argentinos considera que su sueldo no le gana a la inflación. También crece el pesimismo económico y cae la aprobación del gobierno de Javier Milei.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El relato de la baja de la inflación no alcanza: un informe sostiene que el 86% de los argentinos siente que su salario sigue perdiendo
Mientras el Gobierno nacional insiste en mostrar la desaceleración de la inflación como su principal logro económico, la percepción social parece ir por otro camino. Un informe nacional realizado durante junio revela que ocho de cada diez argentinos consideran que su salario continúa perdiendo frente al aumento de los precios, evidenciando una fuerte desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana de millones de trabajadores.
El dato surge del Monitor de Opinión Pública de junio de 2026, elaborado por Zentrix Consultora sobre una muestra nacional de 1.297 casos relevados entre el 15 y el 22 de junio. El estudio muestra que el 86,1% de los consultados afirma que su salario no le está ganando a la inflación, mientras apenas el 10,3% sostiene que sí logra superar el aumento de los precios.
Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, el trabajo sostiene que este indicador permanece prácticamente sin cambios desde marzo y se mantiene en uno de los niveles más elevados de toda la serie histórica que releva la consultora.
El informe pone en cuestión uno de los principales argumentos del Gobierno de Javier Milei: que la desaceleración inflacionaria por sí sola alcanza para mejorar las condiciones de vida.
Según los investigadores, la percepción social ya no está determinada únicamente por cuánto aumentan los precios, sino por la capacidad real de recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años. En otras palabras, la inflación puede mostrar una tendencia descendente, pero si los salarios permanecen rezagados, la sensación de deterioro económico continúa siendo dominante.
En ese contexto, el 68,8% de los encuestados además considera que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que experimenta en su vida cotidiana, una cifra que refleja un persistente nivel de desconfianza hacia los datos oficiales.
Para la consultora, esto demuestra que la estabilización macroeconómica todavía no logra traducirse en una mejora concreta de la economía familiar, principal preocupación de buena parte de la población.
Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que la pérdida del poder adquisitivo no aparece únicamente entre quienes se identifican con la oposición.
Entre quienes votaron al oficialismo en las elecciones legislativas de 2025, el 70,2% reconoce que su salario no le gana a la inflación, mientras que entre los votantes opositores esa cifra asciende al 96,6%.
La diferencia, sostiene el informe, no radica tanto en la experiencia económica sino en la interpretación política de esa situación. Mientras parte del electorado libertario continúa considerando que el sacrificio forma parte de una etapa de transición, entre la oposición predomina la idea de que el deterioro constituye una evidencia del fracaso del modelo económico.
El mismo patrón aparece cuando se analiza hasta qué momento del mes alcanzan los ingresos familiares. Una proporción significativa de los hogares declara llegar con dificultades a fin de mes, reforzando la percepción de pérdida sostenida del poder adquisitivo.
El trabajo también detecta que el clima económico comienza a reflejarse nuevamente en la evaluación política de la gestión nacional.
Tras varios meses de recuperación durante el segundo semestre de 2025 y comienzos de 2026, la aprobación del gobierno de Milei volvió a retroceder hasta ubicarse en torno al 32-33%, mientras la desaprobación escaló al 56,6% durante junio, según los datos del relevamiento.
Además, el 55,1% de los consultados cree que «lo peor está por venir», un indicador que refleja un predominante pesimismo respecto de la evolución económica de los próximos meses.
Aunque el Gobierno continúa exhibiendo la desaceleración de la inflación como el principal éxito de su programa económico, la encuesta sugiere que el verdadero examen sigue estando en el bolsillo de los trabajadores. Mientras la mayoría perciba que los salarios continúan perdiendo capacidad de compra, la mejora de los indicadores macroeconómicos difícilmente alcance para modificar el humor social o consolidar el respaldo político al oficialismo.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, invitó a Máximo Kirchner a La Rioja y busca convertirse en un articulador en la interna entre el líder de La Cámpora y Axel Kicillof que tiene sumido al peronismo en una profunda crisis.
Quintela invitó a Máximo a los actos por los 50 años del asesinato de monseñor Enrique Angelelli. Fuentes del kirchnerismo confirman que el diputado viajará a esa provincia del noroeste argentino aunque destacan que no será el único invitado a los actos.
El 4 de agosto de 1976 el obispo de La Rioja viajaba, junto al vicario episcopal, Arturo Pinto, por la ruta 38 en una camioneta Fiat 125 cuando sufrieron un supuesto accidente automovilístico que le costó la vida al obispo. Pinto sobrevivió y fue el principal testigo en la causa para esclarecer el crimen. Venían de celebrar misa en El Chamical y de compilar documentación sobre el secuestro y asesinato de dos jóvenes sacerdotes.
Quintela quiere unir las partes y convertirse en un articulador necesario en estos tiempos. Hay que sentarse a hablar. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo en un primer momento, pero vamos a ir encontrando canales.
«Es verdad que Quintela viene trabajando muy fuertemente para unir lo que pareciera ser que está dividido», dijo la senadora Florencia López en una entrevista con FM La Patriada.
«Quintela quiere unir las partes y convertirse en un articulador necesario en estos tiempos. Hay que sentarse a hablar. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo en un primer momento, pero vamos a ir encontrando canales», agregó la senadora riojana.
Máximo Kirchner.
Máximo Kirchner tensionó su interna con Kicillof a partir de algunas encuestas que muestran que Cristina es la candidata opositora que mejor mide. Eso envalentonó a La Cámpora para salir a discutir la candidatura del gobernador bonaerense, quizás la más consolidada en el peronismo.
El líder de La Cámpora viene recorriendo algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Días atrás estuvo en Carmen de Areco y reiteró que Cristina debe ser candidata. Ese planteo surgió en el acto de Lezama donde Kirchner lanzó durísimas críticas a Kicillof. «Los que todos los días hablan de la unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está y si necesita algo, esa es la verdad», reprochó.
En cuanto a Quintela, el gobernador riojano fue objeto de fuertes tensiones en octubre de 2024 cuando todo estaba preparado para que asuma la conducción del PJ nacional hasta que Cristina irrumpió y se candidateó para quedar al frente del partido.
De inmediato, toda La Cámpora le exigió a Quintela y a Kicillof -que promovía al gobernador al frente el PJ- que se encolumnen detrás de la ex presidenta, algo que no ocurrió. Ese fue el principio del quiebre entre Cristina y el gobernador bonaerense.
En cuanto a Quintela, con el tiempo saldó las heridas con Cristina y hasta la visitó en su domicilio de San José 1111, donde cumple su arresto domiciliario. Días atrás, el gobernador pidió presionar a la Corte Suprema para que revea su condena. «A la Corte se presiona primero tomando el poder y hablando con ellos», dijo.
El viernes 1 de octubre a las 10 horas la escritora reginense Yanina Vertúa presentará su libro ‘Amor predestinado’, actividad que cuenta con el auspicio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina. La presentación tendrá lugar en la confitería del Club Social Colonia. ‘Amor predestinado’ presenta uno de esos amores que…
Milei presentó sus nuevas reformas estructurales como el punto final de “91 años de saqueo” y responsabilizó al Banco Central y a la política por todos los males económicos argentinos. Pero detrás de las cifras impactantes, las acusaciones contra dirigentes y las promesas de refundación aparecen datos discutibles, interpretaciones históricas parciales y debates constitucionales sobre el alcance del proyecto libertario.
Por Tomás Palazzo para NLI
Milei volvió a construir uno de sus discursos centrales alrededor de una idea repetida desde el inicio de su gobierno: que la Argentina no atraviesa solamente una crisis económica, sino el resultado de décadas de un supuesto mecanismo de saqueo impulsado por la política a través del Estado. En cadena nacional, el Presidente presentó sus nuevas reformas estructurales y eligió como eje una cifra de enorme impacto: una inflación acumulada desde la creación del Banco Central de 12.819.532.788.614.400.000%, un número de 20 dígitos que utilizó como prueba de lo que definió como “la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”.
Como sucede siempre con las «cifras de Milei», el número presentado como una prueba definitiva de “91 años de saqueo” no fue acompañado por una metodología detallada, una fuente estadística oficial o un documento técnico que permita reconstruir cómo se llegó exactamente a esa cifra de 20 dígitos. Si bien es posible calcular una inflación acumulada durante largos períodos mediante índices históricos, la magnitud exhibida por Milei requiere explicaciones sobre qué series fueron utilizadas, cómo se empalmaron los distintos períodos, qué criterios se aplicaron ante los cambios de medición y cómo se ponderaron etapas con monedas diferentes. Sin ese respaldo documental verificable, el número funciona principalmente como una herramienta retórica de alto impacto más que como un dato económico presentado con el rigor necesario para un debate público de semejante trascendencia.
La magnitud del fantasioso número solo está dada para generar un efecto político inmediato: transmite una sensación de desastre absoluto y permite instalar una idea sencilla de comprender para una sociedad golpeada por décadas de inflación. Sin embargo, transformar casi un siglo de historia económica argentina en una única explicación basada exclusivamente en la emisión monetaria implica dejar afuera una enorme cantidad de factores que también formaron parte de las crisis nacionales.
La inflación argentina fue atravesada por múltiples procesos: endeudamientos externos, crisis internacionales, cambios abruptos de modelo económico, golpes de Estado, pérdida de reservas, fuga de capitales, problemas estructurales de producción, restricciones externas y disputas distributivas. Reducir todo ese recorrido histórico a una sola causa permite construir un relato político potente, pero simplifica una realidad económica mucho más compleja.
La idea de que la inflación es siempre y exclusivamente un fenómeno monetario pertenece a una corriente económica determinada, el monetarismo, pero no representa una verdad indiscutida dentro de la economía. Existen distintas escuelas que analizan el fenómeno inflacionario incorporando también factores productivos, cambiarios, sociales y externos.
El discurso presidencial, sin embargo, se apoyó en una premisa diferente: la necesidad de identificar un responsable claro. En esa construcción, el Banco Central dejó de aparecer como una herramienta de política económica y pasó a ser presentado como el origen del deterioro argentino.
Uno de los anuncios más importantes de Milei fue una nueva reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir cualquier mecanismo de financiamiento al Estado. Según el Presidente, la emisión monetaria para cubrir déficit constituye una “falsificación de dinero” y llegó incluso a afirmar que quienes participaron de esos procesos podrían formar parte de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades del organismo monetario.
La afirmación abre un debate jurídico de enorme profundidad. La emisión monetaria no es considerada falsificación de moneda en el ordenamiento legal argentino: es una facultad estatal ejercida por una institución pública creada por ley. Se puede discutir si una política económica fue correcta, si generó inflación o si produjo consecuencias negativas, pero equiparar una decisión de política monetaria tomada dentro del marco institucional con un delito penal implica solo un desconocimiento o provocación de esas a las que nos tiene acostumbrado el presidente.
La Constitución Nacional establece que el Congreso tiene atribuciones en materia monetaria y financiera, mientras que el Banco Central funciona como una entidad con autonomía dentro del sistema institucional argentino. El debate sobre esa autonomía existe en distintos países: cuánto debe protegerse a una autoridad monetaria de las presiones políticas y cuánto control democrático debe mantenerse sobre una institución clave.
La reforma propuesta por Milei busca aumentar las barreras para remover al presidente y al directorio del Banco Central, exigiendo mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso. Para el oficialismo, esto evitaría que los gobiernos presionen para financiar sus déficits mediante emisión. Para sus críticos, podría crear una institución con un nivel de blindaje difícil de compatibilizar con el principio democrático de control sobre los organismos públicos.
Durante su exposición, Milei también apuntó contra la salida de la convertibilidad y sostuvo que abandonar la paridad entre peso y dólar significó que miles de millones de dólares “pasaran a manos de los políticos”. Según su interpretación, los recursos respaldatorios de aquella etapa pertenecían a los argentinos y fueron utilizados por la dirigencia.
Pero la historia de la convertibilidad es bastante más compleja. El régimen instaurado en 1991 consiguió durante varios años estabilizar la inflación, pero también generó problemas de competitividad, dependencia del endeudamiento externo y una economía condicionada por la necesidad permanente de conseguir dólares. La crisis de 2001 no fue consecuencia de una sola decisión política, sino el resultado de múltiples desequilibrios acumulados durante años.
Algo similar ocurre con la utilización de reservas del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner para el pago de deuda mediante el denominado Fondo del Bicentenario. Milei definió esa operación como un “robo”, aunque fue una decisión adoptada mediante mecanismos institucionales y debatida públicamente en el Congreso, la Justicia y el ámbito económico.
La utilización de términos como “saqueo”, “estafa” o “robo” permite construir una narrativa de ruptura moral con el pasado, pero también corre el riesgo de reemplazar el análisis histórico por una disputa política basada en acusaciones absolutas.
Otro de los anuncios más polémicos fue la creación de una regla fiscal permanente que impediría sostener presupuestos deficitarios y establecería un mecanismo automático de ajuste denominado por el Gobierno como “grillete fiscal”. Según «explicó» Milei, si las cuentas públicas permanecieran desequilibradas durante un período determinado, el Congreso tendría un plazo para corregir la situación. De no hacerlo, se activaría un “shutdown” que implicaría la paralización de actividades consideradas no esenciales, congelamiento de nuevas contrataciones y suspensión de determinados gastos.
El Presidente aseguró que quedarían exceptuadas áreas como jubilaciones, pensiones, salud, seguridad, defensa y servicios esenciales. Sin embargo, la propuesta abre una discusión institucional sobre el rol del Congreso y la división de poderes. La Constitución Nacional establece que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto y definir las prioridades del gasto público. Una norma que establezca mecanismos automáticos de limitación sobre futuras decisiones parlamentarias podría generar un debate sobre hasta dónde puede una mayoría política actual condicionar las facultades de gobiernos y congresos futuros.
El problema no es solamente económico. También es institucional: una democracia no solamente define cuánto gasta el Estado, sino quién tiene la autoridad para decidir cómo se utilizan los recursos públicos.
El paquete anunciado por el Presidente también incluye reformas del mercado de capitales y del sistema de seguros. El argumento oficial sostiene que Argentina tiene un sistema financiero reducido porque durante décadas los ciudadanos perdieron confianza y retiraron sus ahorros del circuito formal. Milei plantea que una mayor liberalización permitirá que el ahorro privado se transforme en inversión productiva, créditos, maquinaria y empleo. Desde esa perspectiva, el problema central sería la excesiva regulación estatal que impide que el capital fluya hacia quienes quieren producir.
Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los mercados financieros requieren reglas claras y organismos de control fuertes. La historia económica mundial cuenta con numerosos ejemplos donde procesos de desregulación sin supervisión suficiente terminaron generando crisis que luego fueron absorbidas por los Estados y por la sociedad.
El debate estará en encontrar el equilibrio entre eliminar trabas burocráticas y mantener herramientas que eviten abusos, fraudes y riesgos sistémicos.
El discurso presidencial no fue solamente una presentación de reformas económicas. Fue también una construcción política. Milei buscó instalar una interpretación histórica donde la Argentina habría sido víctima durante casi un siglo de una clase dirigente que utilizó la inflación, el déficit y el Banco Central como mecanismos de apropiación.
En esa lógica, las reformas anunciadas aparecen como una ruptura definitiva con el pasado y como el inicio de una nueva etapa nacional. La discusión, entonces, no pasa únicamente por si una medida económica puede funcionar o no, sino por el modo en que se construye el consenso para aplicarla.
La época de la posverdad no implica simplemente la existencia de datos falsos. También refiere a un escenario donde los hechos son seleccionados, jerarquizados y narrados desde identidades políticas fuertes, donde una explicación sencilla puede imponerse sobre una realidad mucho más compleja.
Milei presentó su proyecto como el final de “91 años de decadencia”. Sus defensores sostienen que se trata de una transformación necesaria para recuperar estabilidad y crecimiento. Sus críticos advierten que detrás de esa promesa existe una concentración de poder económico e institucional que puede modificar profundamente la relación entre Estado, mercado y democracia.
El desafío argentino no será solamente discutir cuánto emite el Banco Central, cuánto gasta el Estado o cómo se organiza el mercado financiero. También será debatir qué límites tiene una reforma estructural, qué lugar ocupa la política en una democracia y si una sociedad puede construir su futuro sobre una única interpretación del pasado.
