PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante trabajos de relleno de calles en distintos sectores de la ciudad.
Las tareas se realizan en la calle Santos Vega y continuará en calle 2 de Abril en barrio Matadero y en el kilómetro de García.
El objetivo es mejorar la transitabilidad en esas arterias.
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Raúl Jalil ahora acordó con el gobierno de Javier Milei que Catamarca asumirá el control de más de 180 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia, convenio que cuenta con una cláusula que faculta al gobernador a adoptar en esos corredores un sistema de concesión con peajes.
Semejante asterisco en el acuerdo hizo recrudecer las versiones que circulan en el entramado de poder catamarqueño y que hablan de la posibilidad de otro negocio para Guido Mogetta S.A., empresa que tiene el dominio absoluto de la obra pública en esa provincia.
No es casual que, para los peajes que consiguió Jalil de Nación, suene fuerte el nombre de la empresa familiar del ex secretario de Transporte de Milei, Franco Mogetta. Es que esa firma viene de quedarse con los peajes de la autopista Rosario-Córdoba en el marco de las concesiones promovidas por Toto Caputo.
El convenio marco establece que el gobierno catamarqueño asumirá los costos de las obras que se hagan sobre esos tramos. Con ese pretexto, aparece en la cláusula tercera la habilitación a la Provincia para adoptar un sistema de gestión de concesión por peaje, sin establecerse tope alguno de tarifas.
Como contó LPO, hay quienes advierten que esa adjudicación fungió de prenda de negociación de Jalil con el Gobierno para definir votos catamarqueños en próximas leyes de interés de Milei en el Congreso, entre ellas la eliminación de las PASO.
Concretamente, el acuerdo sobre el que Jalil avanzó el mes pasado durante la visita a la provincia de Diego Santilli y Toto Caputo, plantea que la Provincia se hará cargo del mantenimiento de 66,2 kilómetros de la Ruta Nacional 38 y otros 114,4 kilómetros relativos a las rutas nacionales 60 y 157.
El convenio marco establece que el gobierno catamarqueño asumirá los costos de las obras que se hagan sobre esos tramos. Con ese pretexto, aparece en la cláusula tercera la habilitación a la Provincia para adoptar un sistema de gestión de concesión por peaje, sin establecerse tope alguno de tarifas.
Otro dato que es visto con lupa es que el aval para instalar peajes es para los corredores especificados pero, también, para otros que eventualmente se incorporen mediante «acuerdos complementarios».
En Catamarca, fuentes al tanto de estas negociaciones advierten que el Gobierno nacional le dio a Jalil una llave para expandir los negocios de quien definen en sectores del poder local como «el Lázaro Báez catamarqueño».
Crisis del litio en Catamarca: la empresa de Mogetta se sumó a la ola de despidos
Actualmente, el Grupo Mogetta controla buena parte de la obra pública provincial, pero sus unidades de negocios también alcanzan la minería y la explotación agropecuaria, con actividades vinculadas a la producción de alfalfa y ganadera (feedlot).
Ahora, con el manejo de la Autopista Rosario-Córdoba suma el rubro vial-peajes, lo cual es leído como el inicio de una expansión en ese rubro que podría tener su continuidad a partir del convenio entree Jalil y el gobierno de Milei.
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El endurecimiento del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas tuvo una reacción inmediata en uno de los dirigentes más representativos del nacionalismo británico. Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido y hombre que hasta hace poco elogiaba públicamente a Javier Milei, reclamó que Londres envíe refuerzos militares al archipiélago, incluyendo cazas, tropas y unidades navales. La respuesta expone una paradoja incómoda para el Gobierno argentino: la afinidad ideológica con figuras de la derecha británica no modifica, cuando se trata de Malvinas, la defensa cerrada que esas mismas figuras hacen de la ocupación colonial.
Por Luis Bulnes Valdez para NLI
Durante años Javier Milei hizo de su admiración por Margaret Thatcher uno de los aspectos más provocadores de su construcción política, aun cuando la ex primera ministra británica fue quien condujo al Reino Unido durante la guerra de 1982. También cultivó relaciones con referentes conservadores británicos y fue presentado por el propio Boris Johnson como una suerte de emblema internacional de la batalla contra el Estado y el intervencionismo económico. Pero el conflicto de soberanía demostró una vez más los límites concretos de esas afinidades: cuando Buenos Aires elevó el tono sobre Malvinas, Johnson abandonó cualquier camaradería ideológica y pidió incrementar la capacidad militar británica frente a la Argentina.
Johnson publicó una columna en el Daily Mail después de la cadena nacional en la que Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda argentina. El dirigente conservador reclamó al gobierno británico de Andy Burnham que actúe con rapidez y envíe refuerzos a las islas, planteando explícitamente la posibilidad de sumar aviones de combate, efectivos militares o unidades navales. Su artículo fue presentado bajo una consigna inequívoca: Londres debía “tomar el control” de la situación y reforzar inmediatamente el archipiélago.
El pedido no surge en el vacío. Milei anunció el endurecimiento de las sanciones contra compañías que exploten hidrocarburos en el área de Malvinas sin autorización argentina, anticipó modificaciones legales para ampliar la capacidad punitiva del Estado y ratificó la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. El principal foco económico es Sea Lion, el gigantesco proyecto petrolero operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuya explotación proyectada volvió a transformar el conflicto territorial en una disputa inmediata por recursos estratégicos.
En su intervención, Johnson también vinculó el cambio de clima diplomático con las recientes declaraciones de Donald Trump, quien admitió que Washington está revisando su posición sobre Malvinas. Estados Unidos mantiene históricamente una posición formalmente neutral respecto de la disputa de soberanía, aunque en 1982 el gobierno de Ronald Reagan terminó dando apoyo decisivo al Reino Unido durante la guerra. Trump no anunció todavía una modificación concreta de esa política, pero la sola posibilidad de una revisión fue interpretada por sectores británicos como una señal que obliga a Londres a extremar precauciones.
Johnson reconoció precisamente esa incomodidad. Según sostuvo, Milei habría aprovechado el nuevo escenario internacional para intensificar el reclamo argentino. El dato resulta particularmente significativo porque el ex premier británico conoce bien al Presidente argentino y anteriormente había destacado su admiración por Thatcher. Aquella simpatía política, sin embargo, termina exactamente donde comienza la cuestión territorial: para Johnson, Malvinas sigue siendo una posición británica que debe preservarse incluso mediante una ampliación de su despliegue militar.
El reclamo de nuevos refuerzos tampoco parte de una presencia militar simbólica. El Reino Unido mantiene desde hace décadas una infraestructura permanente en las islas cuyo eje es el Mount Pleasant Complex, construido después de la guerra de 1982. La propia Royal Air Force informa actualmente que allí se encuentran desplegados cuatro cazas Typhoon FGR4, además de un avión cisterna Voyager y un transporte militar Atlas A400M. Londres define oficialmente a las British Forces South Atlantic Islands como una estructura destinada a realizar una “demostración visible” de su soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El Ministerio de Defensa británico evita informar públicamente la cantidad exacta de efectivos actualmente destinados en el Atlántico Sur alegando razones de seguridad operativa. En marzo de este año, ante una pregunta formal presentada en el Parlamento británico sobre el nivel de fuerzas existente en Mount Pleasant, el gobierno se negó expresamente a proporcionar las cifras. Lo que sí sostiene Londres es que revisa periódicamente el despliegue y que su presencia militar posee, según su interpretación, carácter “defensivo”.
Esa caracterización resulta inevitablemente discutible desde la perspectiva argentina. Para Buenos Aires, las islas forman parte del territorio nacional ocupado ilegalmente por una potencia extranjera desde 1833, mientras que la disputa de soberanía permanece reconocida en el sistema de Naciones Unidas y la Argentina sostiene constitucionalmente que su recuperación debe realizarse respetando el derecho internacional y los intereses de los habitantes. Londres, en cambio, fundamenta su posición en el principio de autodeterminación y en el referéndum celebrado entre los habitantes de las islas en 2013. La existencia de esas posiciones contrapuestas es precisamente la razón por la que Naciones Unidas ha reclamado históricamente negociaciones entre ambos Estados.
El elemento nuevo es que la disputa dejó nuevamente de ser exclusivamente diplomática. La próxima explotación de hidrocarburos convierte al Atlántico Sur en un espacio donde se cruzan soberanía, petróleo, rutas marítimas, proyección antártica y presencia militar. El yacimiento Sea Lion tendría recursos estimados en alrededor de 1.700 millones de barriles, una dimensión suficiente para modificar estructuralmente la economía de las islas y consolidar todavía más la ocupación británica mediante ingresos provenientes de recursos cuya explotación la Argentina considera ilegítima.
La reacción de Johnson deja además una enseñanza política que excede la coyuntura. Durante buena parte de su carrera, Milei subordinó numerosas definiciones internacionales a afinidades ideológicas y personales: su cercanía con Trump, su admiración por Thatcher o su identificación con dirigentes conservadores europeos y británicos fueron presentadas como herramientas capaces de mejorar la inserción argentina. Pero los Estados actúan primordialmente según intereses nacionales, y Malvinas vuelve a ofrecer una demostración difícilmente más gráfica.
Johnson puede elogiar el programa económico de Milei, compartir su discurso contra el Estado y celebrar su admiración por Thatcher. Nada de eso impide que, frente al reclamo argentino, pida más cazas, más soldados y más barcos británicos en territorio cuya soberanía reclama la Argentina. La afinidad partidaria desaparece allí donde Londres considera comprometido un interés estratégico propio.
El episodio también obliga a administrar cuidadosamente el nuevo giro discursivo del Gobierno argentino. Milei aseguró en su cadena nacional que la Argentina no busca una resolución militar y que su estrategia continuará dentro de los canales diplomáticos. La respuesta británica, sin embargo, demuestra cómo cualquier escalada retórica puede ser utilizada por los sectores más duros de Londres para justificar una mayor militarización del Atlántico Sur. Johnson cerró su planteo recuperando una máxima de tradición militar: la paz, sostuvo, exige estar preparado para la guerra.
Para la Argentina, el desafío es exactamente el inverso: fortalecer el reclamo soberano sin entregar argumentos para consolidar la ocupación militar que pretende cuestionar. Eso supone recuperar capacidad diplomática, construir apoyos internacionales, impedir jurídicamente la explotación unilateral de recursos y sostener una política de Estado consistente en el tiempo. Porque la respuesta de Boris Johnson acaba de recordarlo con una claridad brutal: detrás de las sonrisas, los elogios y las coincidencias ideológicas, cuando Londres escucha la palabra Malvinas, responde todavía pensando en términos de poder, recursos y control territorial.
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