Relleno de calles en distintos sectores de la ciudad

 

Eran las nueve y media de la mañana. Las señoras iban y venían con sus carritos y bolsas del almacén. El pueblo de La Paz trabajaba entre la plaza, la iglesia y la municipalidad, como siempre. Cada día igual al anterior. La escuela, como todas las mañanas, era un eco distante y permanente: campanas, risas alborotadas de los chicos en los intervalos cronometrados de recreo, la voz en alto de alguna maestra. Pero el 10 de septiembre de 2025 se rompió esa quietud. Primero con los disparos. Después con los móviles policiales que empezaron a llegar a la puerta de la escuela. El chofer del rastrojero que cambiaba treinta huevos por una batería vieja apagó el altoparlante, giró la llave y detuvo el motor. Quería escuchar. Los que caminaban se detenían. Pero nadie sabía realmente lo que pasaba en la escuela Marcelino Blanco, la secundaria del centro. Una de las mamás, lejos de ahí, recibió un mensaje de whatsapp de su hija, desde dentro del aula: “Mamá, esta nena está loca, está disparando para todos lados”. 

La Paz

La Vecina, que nació y vivió toda su vida en el pueblo, baja la voz cuando habla de La Paz, como si tuviera miedo de que alguien más la escuchara: Acá nadie es anónimo.

A La Paz se llega por la ruta 7, una línea recta que atraviesa la planicie seca durante los 140 kilómetros que separan al pueblo de la capital de Mendoza. Hacia el este, el paisaje se vuelve polvoriento, con álamos aislados y estaciones de servicio que parecen detenidas en el tiempo. Antes de entrar al departamento está el arco del Desaguadero, una estructura blanca de los años treinta que recibe al viajero con una frase feliz: “Bienvenido a Mendoza, tierra del buen sol y del buen vino”. Para muchos mendocinos, ese cartel marca el inicio de la provincia. Para los paceños es como la puerta de su casa. La Paz está al límite con San Luis. Es el departamento menos poblado de la provincia, con doce mil habitantes repartidos en un territorio enorme, de más de siete mil kilómetros cuadrados. Y es en esa magnitud que se sella una regla de oro: “Acá nos conocemos todos”. Y cuando dicen que se conocen todos, es que se conocen las familias, los trabajos, los apodos. Se conocen los padres, madres, hijos y abuelos. En los pueblos chicos las biografías no se archivan ni se olvidan. Circulan de vereda en vereda, en las largas sobremesas, en la verdulería y en los casamientos.

En La Paz el sol pega fuerte y el silencio es el dueño de la siesta. Es un pueblo tranquilo, de tonada arrastrada, en el que hasta hace unos años, dicen los vecinos, las bicicletas se dejaban afuera de las casas, sin candado, apoyadas nomás. 

La vida cotidiana sigue siendo sencilla. En las casas la gente todavía se sienta en la vereda a tomar mate cuando baja el sol, mientras la mayoría trabaja para el Estado: docentes, policías, empleados municipales. Las rutinas se repiten en calma. Los días son todos iguales. O parecen. Bajo la apariencia de quietud, hay movimientos que no se ven, que se ocultan y que se callan. Hasta que un día, como el 10 de septiembre de 2025, la quietud se rompe.  La Estudiante, de 14 años, había ingresado armada con una pistola 9 milímetros a la escuela Marcelino Blanco y después de pegar dos disparos al aire se atrincheró mientras la policía rodeaba el edificio.  

La noticia

En La Paz las noticias no tardan en circular. Si no conocés a la persona en cuestión, conocés a un primo, una vecina o un familiar lejano. La Vecina dijo: Al principio fue un comentario suelto. Después otro. Y un ratito después ya había una transmisión en vivo que todos veíamos desde la tele o la computadora. Parecía una película, algo que uno ve en las noticias de otros países.

Para cuando la noticia llegó a los canales de televisión, en la escuela ya se había montado un gran operativo de seguridad, porque como dijo La Vecina, lo que estaba sucediendo para las autoridades, los medios y la comunidad, era un típico caso del modelo yanqui, una joven enojada que buscaría venganza por medio de la violencia. Demorarían meses en descubrir que era otra cosa. 

Los móviles policiales ocuparon la calle frente al edificio mientras docentes y alumnos salían evacuados en medio de la confusión.

Durante horas la situación quedó suspendida en un escenario tenso y frágil, con las piezas quietas: La Estudiante adentro, con un arma en la mano, un comité de crisis afuera, tratando de controlar la situación, y el pueblo entero mirando en la vereda o las pantallas. 

Los medios locales y nacionales intentaban reconstruir lo que pasaba dentro de la escuela. En la calle ya circulaban decenas de versiones distintas. Una madre dijo en la radio que La Estudiante “no paraba de disparar”. Otra aseguró que quería matar a una profesora que la había desaprobado. Nadie sabía con certeza qué estaba pasando, pero todos tenían algo para contar. 

Cada mensaje traía una versión distinta del mismo hecho: que eran chasquibum, que la chica se trepaba por los techos, que tenía experiencia con armas, que el padre era policía, que ella estaba “fuera de sí”. 

El gobierno de la provincia de Mendoza emitió un comunicado para informar que los ministerios de Seguridad y Justicia, Salud y Educación trabajaban en conjunto para resolver la situación. La Ministra de Seguridad suspendió su agenda y siguió el operativo de cerca junto al intendente de La Paz.

Las horas pasaron y el Chofer del Rastrojero ya estaba almorzando en su casa, sentado en la punta de la mesa, mirando las noticias con su familia. La Vecina seguía el caso por la televisión y las redes. 

Eran más de las tres de la tarde cuando La Estudiante entregó el arma a uno de los oficiales del Grupo Especial de Seguridad (GES) después de pasarse casi seis horas hablando con ella. La escena parecía cerrar el conflicto, pero en realidad la historia recién empezaba. 

Falla de sistema

La que dio el aviso de que algo más pasaba fue La Portera de la escuela. Fue una de las tantas voces de la gente de La Paz, que salieron en esas horas en los canales locales y nacionales. La nena no es culpable, dijo frente a los micrófonos después de que se resolviera el conflicto, estaba triste, algo le pasaba . 

La frase pasó casi desapercibida entre el ruido de las transmisiones en vivo y las especulaciones que circulaban por los medios. Sin embargo, el comentario de La Portera tiraba de un hilo de un problema que especialistas vienen señalando desde hace años. Un informe de la organización Fundar, titulado “Adolescencias y salud mental: brechas y tensiones en las políticas públicas», advierte sobre un deterioro sostenido de la salud mental entre jóvenes de 10 a 19 años, con un agravamiento marcado desde la pandemia de Covid-19. El documento sostiene que la disponibilidad de adultos capaces de brindar contención emocional resulta cada vez más insuficiente y que la brecha entre la demanda de atención psicológica y la capacidad del sistema sanitario sigue ampliándose. 

Los números son elocuentes: el 24% de los adolescentes de entre 13 y 17 años declaró haber experimentado síntomas de ansiedad o depresión en el último año, porcentaje que en el caso de las mujeres asciende al 32%. 

En La Paz hay apenas tres escuelas secundarias y cada una expresa las singularidades del territorio. Una queda en Desaguadero, en el límite con San Luis: la 4-182 Aída Font, que funciona como escuela albergue para chicos y chicas de la zona rural que pasan allí toda la semana. Otra es la técnica agraria Galileo Vitali, donde buena parte de los estudiantes vienen de familias vinculadas al trabajo en el campo. Y en el centro del departamento está la Marcelino Blanco, “la comercial” -como la conocen en el pueblo- la única secundaria de cinco años que concentra gran parte de la matrícula urbana.

Para un municipio pequeño, ese mapa escolar también marca sus límites.

Semanas antes del episodio de La Estudiante, en la Galileo Vitali, un chico de 13 años llegó a clases con un cuchillo en la mochila. Alertadas por sus compañeros, las autoridades escolares lograron que el chico entregara el arma, que según explicó pertenecía a su padre y se usaba para el trabajo en el campo. No hubo amenazas ni heridos, pero el episodio activó el protocolo institucional: el caso fue derivado a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), que desde el gobierno provincial intervienen en situaciones de vulneración de derechos. Pero la oficina del ETI en La Paz venía con problemas: la responsable local acababa de ser imputada por presunto uso indebido de recursos públicos. La investigación judicial señala que habría utilizado un servicio de transporte estatal para fines personales, mientras la fiscalía también pidió informes por el prolongado cierre de la oficina local del organismo, que durante varias semanas dejó de prestar atención alegando problemas con el suministro de agua potable.

En un pueblo donde los problemas suelen resolverse entre conocidos y las instituciones funcionan con recursos escasos, la certeza de que el principal organismo encargado de proteger a niñas, niños y adolescentes no estaba operando con normalidad dejaba al descubierto una fragilidad mayor. 

El pasado

Corría el año 2011 cuando en La Paz desapareció una chica de 14 años. La misma edad que tendría La Estudiante del Marcelino Blanco quince años después, al momento de atrincherarse con una nueve milímetros en la escuela. La Madre de La Joven dijo en su momento que “fue a pedir una tarea y nunca volvió”. Alguien, en el pueblo, dijo que se había escapado. Durante nueve años la cara de La Joven apareció con sus datos filiatorios en los sistemas de búsqueda de personas como los de Interpol y Missing Children, mientras en el pueblo la historia se iba transformando lentamente en un recuerdo impreciso y sin importancia.

La verdad se conoce casi una década después. En mayo de 2020, en plena pandemia, La Joven vivía en Buenos Aires y envió un correo electrónico a un organismo estatal para pedir ayuda: necesitaba recuperar su identidad y contar lo que había pasado. 

Su testimonio dio origen a una investigación federal que terminó revelando una trama de violencia extrema dentro del propio hogar en el pueblo de La Paz. Según acreditó la Justicia, durante su infancia, La Joven fue entregada de manera reiterada por su madre y su padrastro a un hombre que visitaba la casa familiar y pagaba dinero o alimentos a cambio de tener relaciones sexuales con ella. Cuando la historia se conoció públicamente, el caso sacudió al pueblo, otra vez. 

Dos años después de aquel mail, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza condenó a La Madre y al Padrastro por trata de personas agravada y por su participación necesaria en los abusos sexuales que sufrió durante 8 años dentro de su propia casa. La sentencia firmada por la jueza María Paula Marisi, también reconoció su derecho a una reparación económica y dispuso medidas de acompañamiento institucional, un reconocimiento tardío pero significativo para La Joven, que había tenido que escapar del pueblo siendo casi una niña y reconstruir su vida lejos de allí. 

En los fundamentos del fallo, la magistrada señaló que este tipo de violencias se sostienen en contextos de vulnerabilidad social, en relaciones de poder profundamente desiguales y, muchas veces, en entornos que prefieren no ver; dejando planteada una reflexión que va más allá de los condenados: “La peor de las formas de violencia verificadas en el caso, la constituye la actitud pasiva de las personas de su entorno que naturalizaron ese proceso, lo consintieron y permitieron que se perpetuara”. 

Durante todo el proceso, La Joven fue acompañada por el programa especializado de atención a víctimas de trata del Ministerio Público Fiscal. La reparación para las víctimas de trata, sin embargo, no depende únicamente de una sentencia judicial; también requiere políticas públicas capaces de sostener procesos largos de acompañamiento económico, psicológico y social. Entre esas herramientas existía el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, creado para garantizar ese apoyo en casos donde la violencia se prolongó durante años y dejó consecuencias profundas. Ese fondo fue eliminado por el gobierno de Javier Milei, una decisión que debilita la capacidad del Estado para sostener procesos de reparación integral en delitos que, como este, suelen permanecer ocultos durante mucho tiempo.

Y ahí estaba otra vez el caso en conversaciones de almacén, en radios locales, en los pasillos de las oficinas. Muchos vecinos se preguntaban cómo algo así había podido ocurrir durante tantos años sin que nadie supiera ni denunciara. Pero con el paso del tiempo el tema volvió a bajar de volumen y, de a poco, otra vez el silencio

El giro

Pero en La Paz el silencio no siempre significa que las cosas se hayan resuelto. A veces es apenas una pausa, una manera de seguir adelante sin hacer demasiadas preguntas. Después del impacto inicial, el caso de La Estudiante de la escuela Blanco empezó a correrse lentamente del centro de la escena. La Estudiante fue asistida por equipos profesionales, recibió acompañamiento psicológico y con el paso de las semanas se dejó de hablar de ella. Las autoridades hablaron de contención, de seguimiento, de un proceso que debía darse con cuidado para evitar nuevas exposiciones. En La Paz todos se quedaron con la sensación de que la situación estaba bajo control. 

Se supieron pocas cosas más: por ejemplo, que La Estudiante había tomado el arma de su padre, que era policía. Quedaron preguntas importantes sin responder: qué le pasaba realmente a La Estudiante, qué fallas habían permitido que pudiera hacer lo que hizo sin que nadie advirtiera señales de alarma. 

Como tantas veces ocurre en los pueblos donde todos se conocen, las certezas y las preguntas fueron aplastadas por la monotonía de una rutina que volvió a su curso habitual. Las clases continuaron, los pasillos volvieron a llenarse de estudiantes y la vida cotidiana recuperó su ritmo. 

Seis meses después, a fines de febrero de 2026, en el pueblo se quedaron perplejos cuando la policía detuvo a El Celador. Y el caso fue otra vez noticia nacional. 

Fue una sorpresa para todos, dijo La Vecina.  Él es una persona muy reconocida en el departamento. Y ahora todo volvió a encenderse con voces a favor y en contra de ambos, de él y de la nena. 

Por una declaración tardía de La Estudiante durante el seguimiento de apoyo psicológico, la investigación del caso pasó a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, desde donde se ordenó la detención de El Celador. Los investigadores creen que la adolescente deambuló durante varios minutos por el establecimiento con el arma en la mano sin encontrarlo, porque ese miércoles 10 de septiembre de 2025 El Celador no estaba en la escuela. La escena que durante horas había sido interpretada como un estallido inexplicable de violencia adolescente empezaba a adquirir otro sentido. 

En 2025 la Justicia ya había intervenido en otras denuncias por abuso sexual ocurridas dentro de escuelas primarias del departamento. Dos de esos casos terminaron con personal educativo detenido: un docente acusado de haber realizado tocamientos a estudiantes de once años y un celador imputado por abuso sexual gravemente ultrajante contra una alumna de ocho años.

Uno de esos episodios se conoció después de una clase de Educación Sexual Integral. Durante la actividad, un estudiante reveló que un profesor lo había tocado en reiteradas oportunidades mientras supuestamente lo ayudaba con tareas escolares. La declaración abrió una investigación que derivó en testimonios de otros alumnos y terminó con el docente imputado por abuso sexual agravado por su rol educativo. Las declaraciones en cámara Gesell revelaron además una especie de pacto de silencio ya que el propio profesor, según relataron, les había dicho que ese tipo de denuncias a veces se confundían con “muestras de afecto”.

En otro de los casos una niña de ocho años denunció que un celador la abordaba camino al baño de niñas y la sometía a tocamientos. El trabajador, que llevaba casi tres décadas en la institución, fue detenido e imputado por abuso sexual gravemente ultrajante.

Mientras estas causas siguen en investigación, sectores conservadores impulsan en Mendoza y todo el país campañas contra la ESI y cuestionan su utilización en las escuelas. 

Si algo muestran estas historias es que muchas veces el primer espacio donde las víctimas se animan a nombrar el abuso no es la familia ni la policía:  es en el aula. 

El abuso sexual infantil suele prosperar en contextos de silencio ya que en la mayoría de los casos, el agresor pertenece al círculo cercano de la víctima y el secreto se sostiene durante años a partir de amenazas, miedo o naturalización. En ese escenario, la escuela se constituye como uno de los pocos espacios donde un niño o niña encuentra palabras para explicar lo que le ocurre. 

Debilitar los espacios educativos y preventivos puede tener un impacto concreto en la detección temprana de violencias que suelen permanecer ocultas dentro de los entornos familiares o institucionales. Los expedientes judiciales abiertos en La Paz en los últimos años demuestran consecuencias muy concretas en la vida cotidiana. 

Silencio institucionalizado

A comienzos de marzo de 2026 el Poder Judicial de Mendoza volvió a referirse públicamente al caso de La Estudiante y El Celador. A través de la Secretaría de Información Pública, el Juzgado de Paz con competencia en familia de La Paz recordó que seguían vigentes las medidas de protección dictadas para resguardar a la adolescente y ordenó el cumplimiento estricto de la prohibición de difundir cualquier dato que permita su identificación. La resolución reiteró que no pueden publicarse nombres, imágenes, domicilios ni referencias que permitan reconocerla directa o indirectamente y dispuso además eliminar de plataformas digitales y archivos periodísticos cualquier material previamente difundido que vulnere esa protección. 

En la misma comunicación el juzgado informó la remisión de una compulsa a la Unidad Fiscal Correccional de San Martín para investigar posibles incumplimientos de esas disposiciones por parte de medios de comunicación. Con esa decisión el expediente quedó bajo un nivel de reserva aún mayor y el acceso público a la causa se cerró definitivamente.

Desde entonces el caso volvió a moverse en un terreno más difícil de reconstruir. El Intendente dejó en claro que no volverá a hacer declaraciones públicas sobre el tema y explicó que la situación sigue siendo demasiado sensible para la familia y para la comunidad, además de encontrarse todavía bajo investigación judicial. Con tono de cierre dijo: La Paz es un pueblo chico y nos conocemos todos, esto toca fibras muy sensibles. 

En La Paz las biografías se cruzan durante décadas y cada historia sigue teniendo eco en la vida cotidiana. 

El lunes 30 de marzo, la Justicia de Mendoza confirmó, después de una audiencia, la prisión preventiva de El Celador mientras avanza la investigación. La Estudiante también ha tenido que quedarse en su casa, y sigue las clases bajo la Modalidad de Educación Domiciliaria. 

El mismo lunes, en La Paz, ven las noticias de San Cristobal, un pueblo parecido en Santa Fe, donde un estudiante entró con una itaka, hirió a dos compañeros y mató a un tercero. En las calles del pueblo, la escuela resuena, como un eco distante.

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