PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante trabajos de relleno de calles en distintos sectores de la ciudad.
Las tareas se realizan en la calle Santos Vega y continuará en calle 2 de Abril en barrio Matadero y en el kilómetro de García.
El objetivo es mejorar la transitabilidad en esas arterias.
La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.
La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.
La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.
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El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.
Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.
Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.
El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.
Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.
La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.
Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.
En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.
La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores.
«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector.
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Gustavo Petro insiste en desconocer los resultados de la primera vuelta en Colombia. Ahora, el presidente publicó un extenso posteo en X en donde dice que presentará las «bases comprobadas de un posible fraude» a las autoridades competentes.
«Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos. Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi vida hace que arriesgue todo al transmitirlo y lo voy a hacer en este momento», insistió el líder colombiano.
Petro sostiene que «el registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral. Lo hice porque por sentencia plena del consejo de estado del 2018, se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde afuera. Ante mi denuncia sobre que el software fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto, el registrador dijo que era imposible».
«Esto solo indica que la registraduría no tiene control del software, como ya sabíamos. El software si fue modificado y dos veces el 26 de mayo del 2026. La primera modificación ocurrió a la 1.21.35 pm y la segunda a las 7.21.13 pm La modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas», continuó.
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En esa línea, el presidente colombiano afirma que «el diario El Tiempo logró descubrir solo la modificación de mesas. La cuantía de la modificación es la siguiente: Censo oficial 41.421.973. está cifra fue cambiada en DIVIPOL en el software de los hermanos Bautista el 26 de mayo del 2026, cinco días antes de las elecciones en la siguiente cantidad 42.307.373».
«La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal. También se variaron los puestos de votación, aumentandolos de la siguiente manera: De 13.742 oficiales a 14.438 en DIVIPOL, software de los hermanos Bautista, diferencia 696 puestos de votación. Esto da un cambio en el número totales: Mesas oficiales, ya escritas: 120.527, pero en DIVIPOL de los hermanos Bautista, quienes son los que hicieron el conteo hay 122.020 con una diferencia de 1493 mesas adicionales, que no posiblemente no han sido escrutadas. Puedo probar ante autoridad competente estos hechos», remarcó.
El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral. Lo hice porque por sentencia plena del consejo de estado del 2018, se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde afuera. Ante mi denuncia sobre que el software fue modificado en días en los que por norma legal debería mantenerse quieto, el registrador dijo que era imposible
En su ofensiva contra la empresa encargada del conteo, Petro remarcó que «en el conteo de votos de los hermanos Bautista, aparecen 5.300 mesas con ms de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección, muchas llegan a 700 votos. En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda.
Entrego el dato completo de las 5.300 mesas».
Por último, Gustavo Petro dijo que «intentan cerrar rápidamente los escrutinios para no verificar mi denuncia. El escrutinio sobre las 5.300 mesas atípicas no se hace contando los votos. Los votos ya fueron depositados en mesas de jurados homogéneos y las actas tienen las 885.400 cédulas adicionadas ilícitamente el 5 de Mayo».
Intentan cerrar rápidamente los escrutinios para no verificar mi denuncia. El escrutinio sobre las 5.300 mesas atípicas no se hace contando los votos. Los votos ya fueron depositados en mesas de jurados homogéneos y las actas tienen las 885.400 cédulas adicionadas ilícitamente el 5 de Mayo
«El día de elecciones muchísimos jurados fueron cambiados. El escrutinio debe examinar si los votantes están en el censo oficial que se cerró dos meses antes de la elecciones. Si no están es porque no son sufragantes reales. Si no se hace esta operación y cierran los escrutinios pasará este tema a la justicia Pero no será determinado ahora mismo. Le solicito al registrador que por el principio de transparencia se examinen las 5.300 mesas que publicaremos y le entregaremos», concluyó.
Petro desconoció el triunfo de De la Espriella y atacó a la empresa a cargo del escrutinio
Como publicó LPO el dominó, la empresa a cargo del conteo, realizado en tiempo récord, es Thomas Greg & Sons, una multinacional colombiana de seguridad y tecnología fundada por Gregorio Bautista y manejada por sus hijos, Felipe, Camilo y Fernando Bautista.
La compañía ha estado en el centro de la escena por sus disputas legales con el gobierno de Petro, fundamentalmente por el manejo de los datos de los ciudadanos y la exclusividad de sus licitaciones.
La denuncia de Petro complica directamente la campaña de Iván Cepeda porque lo deja en una lugar incomodo para encarar las tres semanas que quedan para el balotaje. Esta es la molestia que se instaló en el equipo del candidato del Pacto Histórico que no saben como contener la verborragia del líder del espacio.
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