PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante trabajos de relleno de calles en distintos sectores de la ciudad.
Las tareas se realizan en la calle Santos Vega y continuará en calle 2 de Abril en barrio Matadero y en el kilómetro de García.
El objetivo es mejorar la transitabilidad en esas arterias.
Empresarios brasileños que participarán en la audiencia pública organizada por el gobierno de Estados Unidos sobre el aumento de aranceles a productos brasileños manifestaron su preocupación por el posible impacto político de la participación Flávio Bolsonaro y del influencer conservador Paulo Figueiredo en ese ámbito de negociación.
Según informó Folha de San Paulo, ambos se inscribieron para intervenir en la audiencia convocada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que escuchará a más de 80 participantes antes de definir la política arancelaria hacia Brasil.
Aunque Flávio tiene previsto solicitar que Washington retire las tarifas, el sector empresarial teme que la instancia derive en una mayor confrontación política. La preocupación radica en que los funcionarios estadounidenses podrán formular preguntas a cada expositor, lo que podría abrir espacio para declaraciones de fuerte contenido ideológico o electoral.
De acuerdo con la publicación, los empresarios consideran imposible anticipar qué preguntas realizará el gobierno estadounidense ni cuál será la postura que adoptará el senador durante el intercambio.
En ese contexto, existe el temor de que la audiencia termine politizando aún más un tema que, para el sector privado, debería centrarse en los impactos comerciales de los aranceles en medio de la incertidumbre del año electoral que en tres meses tendrá elecciones presidenciales.
La audiencia de esta semana forma parte del proceso mediante el cual Estados Unidos evalúa la aplicación de nuevos aranceles a productos brasileños, una medida que ha generado preocupación tanto en el gobierno de Brasil como en diversos sectores exportadores por su potencial impacto sobre el comercio bilateral.
Existe el temor de que la audiencia termine politizando aún más un tema que, para el sector privado, debería centrarse en los impactos comerciales de los aranceles en medio de la incertidumbre del año electoral que en tres meses tendrá elecciones presidenciales
En ese marco, Lula decidió enviar observadores y optó por no realizar una intervención oficial durante la audiencia y mantiene como estrategia principal la negociación diplomática directa con Washington. Según publicó G1, la representación brasileña estará integrada por funcionarios de la embajada en Washington y técnicos del gobierno, cuyo objetivo será seguir de cerca las exposiciones de empresas, asociaciones y otros participantes del proceso abierto por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
La decisión refleja la evaluación del Palacio del Planalto de que una confrontación pública en esta instancia tendría escasas posibilidades de modificar el curso de la investigación.
Un funcionario importante de la administración de Lula dijo a LPO que el gobierno considera que el canal más efectivo sigue siendo el diálogo bilateral entre ambos gobiernos. Por ese motivo, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, continúa encabezando las conversaciones con autoridades estadounidenses para intentar evitar la aplicación del tarifazo.
Un funcionario importante de la administración de Lula dijo a LPO que el gobierno considera que el canal más efectivo sigue siendo el diálogo bilateral entre ambos gobiernos. Por ese motivo, el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, continúa encabezando las conversaciones con autoridades estadounidenses para intentar evitar la aplicación del tarifazo
Mientras tanto, el protagonismo en la audiencia quedó en manos del sector privado brasileño. Diversas cámaras empresarias y asociaciones exportadoras presentaron argumentos técnicos para cuestionar la propuesta sosteniendo que las medidas perjudicarían tanto a exportadores brasileños como a importadores y consumidores estadounidenses.
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Entre los sectores más activos figuran las industrias del café, el calzado, la maquinaria, el mobiliario y la pesca. La audiencia forma parte del proceso de investigación iniciado bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.
Una vez concluida la etapa de consultas públicas, el USTR deberá analizar las presentaciones antes de adoptar una decisión definitiva sobre la eventual imposición de nuevos aranceles del 25% a las importaciones brasileñas. En Brasil, el gobierno interpreta que aún existe margen para una solución negociada y evita dar por cerrada la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de que Washington anuncie su decisión final.
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La Secretaría de Energía modificó el régimen de exportaciones de hidrocarburos y eliminó la obligación de que las empresas ofrecieran primero su producción al mercado interno. El Gobierno asegura que busca atraer inversiones y generar dólares, pero la decisión abre una nueva disputa: qué prioridad tiene la energía argentina, si garantizar el abastecimiento nacional o convertirse en un negocio exportador.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno de Javier Milei volvió a mover una pieza clave del modelo energético argentino. A través de la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y publicada hoy en el Boletín Oficial, se modificó el esquema que regulaba la exportación de hidrocarburos y se eliminó una herramienta que obligaba a las empresas a demostrar que el mercado interno había tenido prioridad antes de vender al exterior.
La decisión cambia la lógica que durante años acompañó la administración de un recurso estratégico como el petróleo. A partir de ahora, las compañías tendrán un camino más directo para exportar crudo y derivados, mientras el Estado conserva una capacidad de intervención más limitada frente a eventuales problemas de abastecimiento.
La nueva regla se inscribe dentro del programa de desregulación económica impulsado por Milei, que busca reducir la intervención estatal y otorgar mayor libertad comercial a las empresas. Para el Gobierno, la medida permitirá acelerar inversiones, potenciar Vaca Muerta y transformar a la Argentina en un jugador internacional de energía.
Pero la modificación abre una discusión de fondo: ¿la energía argentina debe estar orientada primero a garantizar las necesidades de los argentinos o a generar dólares mediante la exportación?
Hasta ahora, las empresas que pretendían exportar determinados hidrocarburos debían atravesar un procedimiento donde tenían que acreditar que el mercado interno había tenido la posibilidad de acceder a esa producción. Ese mecanismo funcionaba bajo una idea histórica: antes de vender un recurso estratégico al exterior, el Estado debía garantizar que no existieran problemas de abastecimiento dentro del país.
La Resolución 166/2026 cambia esa dinámica. En lugar de una autorización previa basada en una evaluación del mercado interno, establece un sistema donde las empresas notifican sus operaciones y el Estado puede objetarlas únicamente ante situaciones específicas.
En los hechos, la lógica pasa de un modelo de control preventivo a uno de intervención excepcional. El cambio parece técnico, pero tiene una fuerte carga política: modifica quién tiene la prioridad sobre un recurso clave de la economía nacional.
La administración libertaria sostiene que la Argentina necesita convertirse en un gran exportador energético para fortalecer sus cuentas externas.
El argumento oficial es que si las petroleras tienen reglas más previsibles y menos restricciones podrán invertir más en producción, aumentar las exportaciones y generar los dólares que el país necesita. En esa visión, Vaca Muerta no debe ser solamente una fuente de abastecimiento interno, sino una plataforma exportadora capaz de competir en los mercados internacionales.
La resolución se apoya en la filosofía del DNU 70/2023 y la Ley Bases, que impulsaron un esquema de mayor apertura y menor regulación estatal sobre distintos sectores económicos. La apuesta es clara: que el incentivo privado sea el motor del crecimiento energético.
El punto más sensible de la medida aparece cuando se analiza el rol del Estado frente al mercado interno. Aunque la Secretaría de Energía mantiene herramientas para intervenir ante riesgos de desabastecimiento, la nueva normativa reduce los mecanismos que permitían anticiparse a esas situaciones. La discusión no pasa solamente por cuánto petróleo produce Argentina, sino por quién define el destino de esa producción.
En un contexto donde los precios de los combustibles, las tarifas y el costo energético tienen impacto directo sobre hogares e industrias, cualquier cambio en la administración de los recursos energéticos genera un debate que excede al sector petrolero.
La pregunta política queda planteada: si el petróleo argentino genera una enorme oportunidad exportadora, ¿cómo se garantiza que esa riqueza también impacte primero en quienes viven y producen en Argentina?
La Resolución 166/2026 representa un nuevo paso en el giro energético del Gobierno de Milei. No elimina completamente la intervención estatal, pero sí modifica la relación entre Estado y empresas.
El modelo anterior colocaba al abastecimiento interno como una condición previa para exportar. El nuevo esquema pone el foco en facilitar las ventas externas y deja al Estado con un rol de vigilancia posterior.
Mientras el Gobierno celebra una herramienta que considera necesaria para atraer inversiones y convertir a la Argentina en una potencia energética, sus críticos advierten que el país corre el riesgo de privilegiar el ingreso de divisas por encima de la protección del mercado interno.
La pelea por el petróleo argentino vuelve así a una vieja discusión: si los recursos estratégicos deben funcionar como una herramienta de desarrollo nacional o como una mercancía más dentro del mercado mundial.
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