PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante trabajos de relleno de calles en distintos sectores de la ciudad.
Las tareas se realizan en la calle Santos Vega y continuará en calle 2 de Abril en barrio Matadero y en el kilómetro de García.
El objetivo es mejorar la transitabilidad en esas arterias.
Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la millonaria condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, Cristina Kirchner y Axel Kicillof salieron a fijar posición y apuntaron contra años de operaciones políticas y judiciales. Ambos coincidieron en un punto central: la recuperación de la petrolera en 2012 fue legal y estratégica para el país.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La resolución judicial representa un giro clave en una causa que amenazaba con un pago superior a los 16 mil millones de dólares, una cifra que equivalía a una porción significativa del presupuesto nacional.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue contundente al analizar el fallo. Sostuvo que la decisión de la Justicia estadounidense confirma que la expropiación de YPF se realizó dentro del marco legal argentino, desmontando así uno de los ejes del litigio impulsado por los fondos demandantes.
En su mensaje, además, destacó el trabajo del equipo jurídico que defendió al país durante años y remarcó que el proceso judicial había sido utilizado políticamente para cuestionar una medida soberana.
El planteo de Cristina no es nuevo, pero cobra otra dimensión tras el fallo: la nacionalización había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso en 2012 y respondía a un escenario crítico en materia energética, marcado por la caída de reservas y producción bajo control de Repsol.
Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue uno de los principales impulsores de la recuperación de YPF desde el Ministerio de Economía, afirmó que la decisión judicial deja en evidencia “años de mentiras” construidas alrededor del caso.
Kicillof insistió en que la estrategia de defensa del Estado argentino fue correcta desde el inicio y cuestionó a quienes instalaron que la expropiación había sido irregular o perjudicial. En esa línea, también apuntó contra el uso político del litigio por parte de sectores que buscaron desacreditar la política energética del kirchnerismo.
El fallo de la Cámara no sólo revoca la condena previa, sino que además reconoce que la interpretación de la ley argentina realizada en instancias anteriores era errónea, debilitando así el núcleo del reclamo de los fondos litigantes.
El conflicto judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, cuando el Estado argentino decidió recuperar el control de la empresa frente a un escenario de desinversión y caída productiva.
Años después, fondos como Burford Capital compraron los derechos de litigio de accionistas minoritarios y avanzaron en tribunales estadounidenses, logrando en 2023 una sentencia favorable que obligaba a la Argentina a pagar una suma multimillonaria.
Ese fallo fue ahora revertido, en lo que constituye uno de los reveses más importantes para los fondos especulativos en litigios contra el país.
Aunque el Gobierno de Milei celebró la decisión como un logro propio, lo cierto es que el fallo impacta directamente en el corazón de una política de Estado impulsada durante el kirchnerismo.
En ese marco, las declaraciones de Cristina y Kicillof no sólo buscan reivindicar la legalidad de la expropiación, sino también reinstalar el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos como la energía.
Porque detrás del expediente judicial no sólo se discutía una cifra millonaria: también estaba en juego la legitimidad de una decisión política que marcó un punto de inflexión en la historia económica reciente.
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El enojo violento de Javier Milei con el diario La Nación no es un episodio aislado. Forma parte de una ofensiva más amplia que incluye la idea de presentar un proyecto de ley para que los periodistas estén obligados a presentar una declaración jurada, como si fueran funcionarios públicos.
La idea, que busca además ser una venganza contra la lluvia ácida que recibe Manuel Adorni en los medios por sus inconsistencias de ingresos y gastos, ya empezó a circular en despachos oficiales y llegó al Congreso.
De hecho, diputados kirchneristas ya fueron contactados para ver si apoyarían la iniciativa, con la idea de los libertarios que acaso se sumen dada su propia y larga pelea con los mismos medios que hoy enfrenta Milei.
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La propuesta no apareció de la nada. Se apoya en declaraciones presidenciales y en una ofensiva en las redes de tuiteros alineados con la Casa Rosada que publicaron los supuestos domicilios de periodistas famosos, en un doxeo que ya los tiene transitando por los tribunales, por una práctica similar que aplicaron a su enemigo interno, Sebastián Pareja.
Diputados kirchneristas ya fueron contactados para ver si apoyarían la iniciativa, con la idea de los libertarios que acaso se sumen dada su propia y larga pelea con los mismos medios que hoy enfrenta Milei.
Diputados de la oposición consultados por LPO, anticiparon su rechazo a la iniciativa. «Es un intento burdo de presión sobre el periodismo crítico y otra mala señal para la libertad de expresión», dijo uno de los consultados.
Pero el clima viene cargado, desde que estalló el caso Adorni uqe los hermanos Milei no logran sacar del tope de la agenda pública. Semanas atrás se prohibió a los acreditas de varios medios ingresar a la Casa Rosada, donde incomodaban al jefe de Gabinete con sus preguntas sobre su patrimonio, con la excusa que sus medios habían publicado notas supuestamente financiadas por Rusia, algo que no se terminó de comprobar.
«No tengo problema en presentar mi declaración jurada de bienes. Es una hoja en blanco con una firma. Podes darme vuelta y sacudirme que no se me cae una moneda», bromeó en diálogo con LPO uno de los profesionales a los que se les impidió el ingreso a la Casa Rosada.
