PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante trabajos de relleno de calles en distintos sectores de la ciudad.
Las tareas se realizan en la calle Santos Vega y continuará en calle 2 de Abril en barrio Matadero y en el kilómetro de García.
El objetivo es mejorar la transitabilidad en esas arterias.
Mariel Fernández, participó de la reunión de este lunes en la sede del PJ nacional, antes del acto encabezado por Cristina Fernández de Kirchner en homenaje a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez, en el marco del Día de la Resistencia Peronista.
El encuentro de dirigentes peronistas se dio en medio de la expectativa por un posible fallo adverso de la Corte Suprema en la causa Vialidad, y al respecto la intendenta de Moreno remarcó que el objetivo de los dirigentes que se convocaron es construir una respuesta unificada.
«Estamos muy preocupados por esta situación tan injusta, y por eso decidimos reunirnos en el PJ, nos llegan propuestas de acciones de todo el país y queremos que sean organizadas. Los lineamientos ya están, y estamos en estado de alerta desde hace unos días», dijo.
Fernández vinculó la ofensiva judicial contra Cristina Kirchner con una avanzada política más amplia: «En principio pensamos en la protección a Cristina, pero entendemos que esto es no sólo un ataque a la persona de la ex presidenta sino una persecución al peronismo».
Y agregó: «Vamos a defender a Cristina, al pueblo argentino, a nuestra soberanía. Así que si nos provocan, acá estamos».
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El Gobierno de Javier Milei rubricó un contrato con Israel para comenzar el reemplazo de los históricos fusiles FAL por modernos ARAD. La operación, presentada como parte de la modernización de las Fuerzas Armadas, también profundiza el alineamiento político y estratégico de la Casa Rosada con el gobierno de Benjamin Netanyahu.
Por Roque Pérez para NLI
La relación entre Javier Milei e Israel acaba de sumar un nuevo capítulo. El Ministerio de Defensa firmó un acuerdo con su par israelí para la adquisición de los primeros fusiles ARAD, fabricados por la empresa Israel Weapon Industries (IWI), que comenzarán a reemplazar de manera progresiva a los tradicionales FAL, utilizados por el Ejército Argentino desde hace casi seis décadas. El convenio constituye uno de los contratos militares más importantes de los últimos años y vuelve a poner en evidencia el acercamiento del Gobierno argentino hacia el Estado israelí.
El convenio fue firmado bajo la modalidad de cooperación entre Estados y contempla una primera adquisición de 700 fusiles ARAD 7, junto con 167 dispositivos de fogueo y diversos accesorios, por un monto cercano a 1,73 millones de dólares. Sin embargo, el acuerdo tiene un horizonte mucho más amplio: durante los próximos tres años podrá ampliarse hasta alcanzar 12 millones de dólares en compras de armamento.
El plan incluye tanto el modelo ARAD 7, calibre 7,62 milímetros, como el ARAD 5, de 5,56 milímetros, según las necesidades operativas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Además, desde el Ministerio de Defensa adelantaron que el programa de reequipamiento no se limitará únicamente a los fusiles, sino que también contempla futuras incorporaciones de pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, sistemas ópticos y municiones para renovar el equipamiento individual de las Fuerzas Armadas.
El histórico FAL, fabricado originalmente por la firma belga FN Herstal y producido durante décadas en el país bajo licencia, fue una de las armas emblemáticas del Ejército argentino y acompañó a las tropas durante la Guerra de Malvinas. Su reemplazo será gradual y convivirá durante varios años con el nuevo armamento mientras se realizan pruebas y adaptación doctrinaria.
Más allá del aspecto estrictamente militar, el contrato representa un nuevo gesto político del gobierno de Milei hacia Israel, país con el que la actual administración mantiene una relación privilegiada desde el inicio de su mandato.
El Presidente convirtió ese vínculo en uno de los ejes de su política exterior. Sus reiterados viajes a Jerusalén, el respaldo incondicional al gobierno israelí en los distintos conflictos internacionales, la decisión de trasladar la embajada argentina y la cercanía personal con el primer ministro Benjamin Netanyahu marcaron una ruptura respecto de la tradicional posición diplomática argentina en Medio Oriente.
En ese contexto, el acuerdo para adquirir armamento israelí no aparece como un hecho aislado sino como una profundización de una alianza política, militar y tecnológica que el Gobierno busca consolidar.
Desde la Casa Rosada sostienen que la operación forma parte del proceso de modernización financiado mediante el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y del Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL), orientado a recuperar capacidades que consideran deterioradas durante las últimas décadas.
Sin embargo, el convenio también abre interrogantes sobre la creciente dependencia tecnológica y militar respecto de proveedores extranjeros y sobre el rumbo que está tomando la política internacional argentina, cada vez más alineada con Estados Unidos e Israel en materia estratégica.
La incorporación de los ARAD marca así el inicio del fin para el histórico FAL, pero también simboliza una nueva etapa en la política de defensa impulsada por Milei, donde las decisiones sobre equipamiento militar aparecen estrechamente vinculadas con la redefinición de las alianzas geopolíticas del país.
La nueva licitación de la represa Futaleufú quedó bajo sospecha. Chubut reclama participación y advierte que el Gobierno podría diseñar un proceso favorable a grupos empresarios cercanos al poder.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Mientras el Gobierno nacional avanza con una nueva ola de privatizaciones y concesiones de activos estratégicos, la Central Hidroeléctrica Futaleufú, una de las principales generadoras de energía del país, quedó en el centro de una nueva controversia. La decisión de extender nuevamente la concesión vigente mientras se prepara una licitación nacional e internacional despertó fuertes cuestionamientos desde Chubut, donde denuncian que el proceso podría terminar favoreciendo a empresarios con llegada a la Casa Rosada y volver a relegar los intereses de la provincia que alberga el complejo.
La discusión trasciende el aspecto administrativo. Lo que está en juego es el futuro de una represa que produce alrededor de 560 MW de potencia instalada, cuya energía históricamente alimentó a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y que representa uno de los activos hidroeléctricos más importantes del país. La definición sobre quién administrará esa infraestructura durante las próximas décadas también implica decidir quién captará la renta de un recurso estratégico y cuál será el papel del Estado y de las provincias en ese esquema.
La concesión original otorgada durante el proceso de privatizaciones de los años noventa venció en 2025. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió sucesivamente prorrogar su vigencia hasta llegar a una nueva extensión que lleva la operación hasta diciembre de 2026, o hasta que concluya un nuevo proceso licitatorio. La explicación oficial sostiene que la complejidad técnica de los pliegos hace necesario mantener la continuidad operativa mientras se organiza la futura adjudicación.
No obstante, la acumulación de prórrogas comenzó a generar sospechas. Diversos sectores políticos y especialistas en energía sostienen que el Ejecutivo estaría utilizando ese tiempo para diseñar un esquema licitatorio cuyas condiciones podrían beneficiar a determinados grupos económicos, reproduciendo un mecanismo que ya fue cuestionado en otros procesos de privatización impulsados durante la gestión de Javier Milei.
Uno de los principales focos del conflicto es la participación de la provincia de Chubut. Tras la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales pasaron a ser de dominio provincial, argumento con el que el gobierno chubutense reclama intervenir de manera efectiva en la definición del futuro de Futaleufú.
La provincia incluso acudió a la Corte Suprema para exigir que se reconozca ese derecho y sostiene que no puede volver a repetirse un esquema donde las decisiones se toman exclusivamente desde Buenos Aires mientras el territorio donde se encuentra la represa recibe escasos beneficios económicos y sociales.
El reclamo también apunta a una histórica desigualdad. Desde distintos sectores de Chubut recuerdan que cuando se construyó la central se prometieron tarifas preferenciales, desarrollo regional y un fuerte impulso para las localidades cercanas. Sin embargo, sostienen que muchas comunidades continúan pagando algunas de las tarifas eléctricas más elevadas del país e incluso existen poblaciones ubicadas a pocos kilómetros del complejo que todavía no forman parte del sistema interconectado nacional y dependen de generación mediante combustibles fósiles.
La historia de Futaleufú explica buena parte del debate actual. El complejo comenzó a proyectarse a principios de la década de 1970 y fue inaugurado en 1978, durante la última dictadura militar, con un objetivo central: abastecer de energía barata a la producción de aluminio. Desde entonces quedó estrechamente vinculada a Aluar, la única productora de aluminio primario del país.
Con las privatizaciones impulsadas por el menemismo en 1995 nació Hidroeléctrica Futaleufú S.A., sociedad que pasó a operar la central durante treinta años y en la que Aluar quedó como accionista mayoritario. Ese modelo permitió garantizar el suministro eléctrico para la empresa, pero también consolidó un esquema que desde hace años es cuestionado por sectores políticos y sociales de Chubut, que consideran que la provincia nunca recibió una participación equivalente al valor estratégico de sus recursos naturales.
La controversia por Futaleufú no aparece aislada. Forma parte de una política más amplia del Gobierno nacional orientada a volver a concesionar centrales hidroeléctricas, profundizar la participación privada en infraestructura energética y reducir el rol operativo del Estado.
En ese contexto, los críticos advierten que las futuras licitaciones podrían terminar concentrando aún más el control de recursos estratégicos en grandes grupos empresarios, especialmente si los pliegos establecen requisitos técnicos o financieros que sólo puedan cumplir un número reducido de compañías. Esa posibilidad alimenta las denuncias sobre procesos «a medida», una expresión que comenzó a repetirse en distintos conflictos vinculados con licitaciones nacionales durante la actual administración.
La definición sobre Futaleufú excede la continuidad de una concesión. Lo que deberá resolverse en los próximos meses es si la Argentina consolida un modelo donde las grandes centrales hidroeléctricas continúan administradas bajo esquemas de fuerte predominio privado o si las provincias logran ganar protagonismo en la gestión de recursos que la Constitución reconoce como propios.
Mientras el Gobierno prepara los pliegos de la futura licitación, crecen las presiones para que el proceso garantice competencia real, transparencia y participación provincial. En caso contrario, la sospecha de que la concesión termine diseñada para beneficiar a actores cercanos al poder podría convertirse en uno de los conflictos políticos y económicos más relevantes del sector energético durante el segundo semestre del año.
