El Intendente Marcelo Orazi firmó con el Ministro de Salud de Río Negro Fabián Zgaib el convenio de colaboración con el objetivo de garantizar la seguridad en la elaboración de alimentos. La rúbrica se concretó en Allen y fue encabezado, vía zoom, por la Gobernadora Arabela Carreras. Participaron también autoridades de la ANMAT, además de la Intendente de Allen Liliana Martín y la de Catriel Viviana Germanier quienes también firmaron el convenio.
El acuerdo tiene como finalidad asegurar y facilitar el acceso a un nuevo carnet de Manipulador para todos aquellos que estén en contacto permanente con alimentos.
“En el caso de Villa Regina, somos una ciudad productora de alimentos, desde la fruta y todo su proceso. Esta digitalización y este nuevo carnet viene a dejar de lado la vieja libreta sanitaria, lo cual sin dudas marca un salto de calidad”, manifestó Orazi al respecto.
El convenio establece que el Ministerio de Salud de Río Negro a través de la Coordinación Provincial de Salud Ambiental proveerá los perfiles de usuarios para acceder a los módulos Comunicados y Artículo 21 ambos con el fin de llevar adelante un estricto control del sistema implementado.
El municipio se compromete ante Salud Ambiental de la provincia a presentar la nómina de usuarios que obtendrán el carnet de Manipulador una vez cumplimentado la capacitación y el examen ante la autoridad sanitaria pertinente que el propio estado municipal podrá llevar adelante o delegar en capacitadores privados o contratados.
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El Gobierno impulsa un proyecto de “modernización” laboral que elimina derechos conquistados durante décadas. Bajo la retórica de la libertad y la competitividad, el Ejecutivo busca flexibilizar al extremo las condiciones de trabajo, debilitando sindicatos, paritarias y seguridad social.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El gobierno de Milei avanza con su plan de reforma laboral, presentado como un salto hacia la “modernización” pero que, en realidad, significa un retroceso histórico en materia de derechos laborales. La iniciativa propone jornadas de hasta 12 horas, indemnizaciones pagadas en cuotas y salarios fraccionados en tickets canasta, configurando un modelo que traslada todo el peso de la “eficiencia” a las espaldas del trabajador.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es “flexibilizar para generar empleo”. Pero detrás de ese eufemismo se esconde una ofensiva estructural contra el sistema de protección social y las conquistas del movimiento obrero argentino. Gabriel Solano, del Partido Obrero, sintetizó la gravedad del texto: la reforma equivale a esclavitud laboral.
Flexibilización total: más horas, menos derechos
El texto difundido por portales como Infobae, La Nación y El Tucumano detalla que la jornada laboral podría extenderse hasta 12 horas diarias, y que se habilitaría un banco anual de horas que elimina el pago de horas extras. Además, las vacaciones podrían fraccionarse a criterio de las empresas, y las indemnizaciones podrían abonarse en cuotas, reduciendo la estabilidad laboral a una mera variable contable.
La iniciativa también reactiva los tickets canasta, figura que reapareció desde los años ’90 y que permite pagar parte del salario sin aportes patronales ni cargas sociales. En la práctica, esto desfinancia la ANSES, el PAMI y las obras sociales, dejando a los trabajadores con menos cobertura y a los jubilados con menos recursos.
El salario como mercancía
El discurso oficial insiste en que el sistema laboral argentino “tiene más de 70 años” y “ya no sirve”. Sin embargo, lo que el gobierno presenta como modernización es una liberalización total del trabajo, donde el asalariado deja de ser sujeto de derechos para transformarse en mercancía.
La eliminación de las paritarias por actividad —reemplazadas por negociaciones dentro de cada empresa— pulveriza la fuerza del sindicalismo y fragmenta la representación colectiva. Cada trabajador deberá negociar su salario solo, frente a patronales cada vez más concentradas.
El espejismo del empleo “formal”
Desde el oficialismo, señala el periodista Osvaldo Peralta desde EnOrsai, se sostiene que la reforma permitirá incorporar al sistema a los trabajadores informales. Pero la historia reciente desmiente esa promesa: las reformas flexibilizadoras de los ’90 no generaron más empleo, sino más precariedad. Formalizar en estas condiciones no es integrar, es legalizar la explotación.
Además, la reducción de cargas patronales —presentada como incentivo a la contratación— provocará un nuevo agujero en las finanzas previsionales, debilitando el sistema de jubilaciones y salud pública.
Un ataque a la estructura sindical y social
El proyecto también busca reconfigurar la relación entre capital y trabajo: el empleador gana autonomía y el trabajador pierde respaldo. En palabras simples, la libertad del patrón pasa a ser la falta de libertad del obrero.
Referentes del sindicalismo, del peronismo y de la izquierda anticiparon un frente común de rechazo a la reforma. En varias centrales obreras ya se discute un plan de lucha y la posibilidad de un paro nacional. La CGT analiza convocar a una movilización si el proyecto avanza en el Congreso.
Volver al pasado
El trasfondo del debate no es técnico ni económico, sino político y cultural. Milei pretende borrar el concepto de derecho laboral, reemplazándolo por la idea de contrato individual, como si la libertad de elegir existiera entre partes desiguales. Lo que se discute no es una reforma, sino el sentido mismo del trabajo digno.
La experiencia argentina demuestra que la “flexibilidad” sólo trajo más desigualdad. Bajo el ropaje de la modernidad, el gobierno busca reinstalar un modelo preperonista, donde el trabajador depende de la voluntad patronal y el Estado se limita a certificar la desigualdad.
En definitiva, la reforma laboral que Milei intenta imponer no moderniza: restaura. Y lo hace en nombre de una libertad que sólo beneficia a los poderosos.
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