El Intendente Marcelo Orazi firmó con el Ministro de Salud de Río Negro Fabián Zgaib el convenio de colaboración con el objetivo de garantizar la seguridad en la elaboración de alimentos. La rúbrica se concretó en Allen y fue encabezado, vía zoom, por la Gobernadora Arabela Carreras. Participaron también autoridades de la ANMAT, además de la Intendente de Allen Liliana Martín y la de Catriel Viviana Germanier quienes también firmaron el convenio.
El acuerdo tiene como finalidad asegurar y facilitar el acceso a un nuevo carnet de Manipulador para todos aquellos que estén en contacto permanente con alimentos.
“En el caso de Villa Regina, somos una ciudad productora de alimentos, desde la fruta y todo su proceso. Esta digitalización y este nuevo carnet viene a dejar de lado la vieja libreta sanitaria, lo cual sin dudas marca un salto de calidad”, manifestó Orazi al respecto.
El convenio establece que el Ministerio de Salud de Río Negro a través de la Coordinación Provincial de Salud Ambiental proveerá los perfiles de usuarios para acceder a los módulos Comunicados y Artículo 21 ambos con el fin de llevar adelante un estricto control del sistema implementado.
El municipio se compromete ante Salud Ambiental de la provincia a presentar la nómina de usuarios que obtendrán el carnet de Manipulador una vez cumplimentado la capacitación y el examen ante la autoridad sanitaria pertinente que el propio estado municipal podrá llevar adelante o delegar en capacitadores privados o contratados.
Ante un nuevo incendio en un barrio popular que tiene el mismo origen de siempre, las condiciones precarias del sistema eléctrico, nos preguntamos si es necesario siempre responder de manera posterior al accidente con ayuda social o ¿existe la manera de prevenirlo para que no suceda?. Los incendios de viviendas en barrios populares suelen generarse…
La compra de HSBC Argentina por parte de Grupo Galicia tuvo todos los condimentos de una montaña rusa bursátil: euforia, golpe y posible rebote. Wall Street primero la celebró, después la castigó por la dilución y los costos, y ahora vuelve a mirarla con mejores ojos. El ruido no desapareció del todo, pero el clima cambió.
El arranque fue contundente. El 9 de abril de 2024, cuando se anunció la operación, la acción saltó más de 4% en una sola rueda. Pasó de USD 27,73 a USD 28,66. Fue una reacción clásica: el mercado leyó escala y una jugada ofensiva en un sistema financiero que venía achicado.
Después vino el golpe. En enero de 2025, Galicia anunció la emisión de 17,7 millones de nuevas acciones a USD 53 para financiar la compra. La respuesta fue inmediata. Caídas de hasta 7,7%. La dilución pesó más que la expansión. El mercado, que había aplaudido el crecimiento, marcó el costo de pagarlo.
Ese fue el punto de inflexión. A partir de ahí, la acción entró en una zona más volátil. En los últimos 12 meses tocó máximos de USD 65,48, pero hoy se mueve en torno a USD 41,34. Un retroceso que refleja ese doble movimiento: entusiasmo estratégico y castigo financiero.
Los balances de fines de 2025 terminaron de enfriar el cuadro. Los costos de integración pegaron fuerte y dejaron pérdidas contables. Era, en buena medida, lo esperado. Integrar un banco del tamaño de HSBC no es gratis. Pero el mercado, en el corto plazo, no suele tener paciencia.
Ahora el tono es otro. El consenso de analistas volvió a inclinarse a favor. Informes de JPMorgan y de HSBC, con recomendación de compra, proyectan precios objetivo de hasta USD 75 para 2026. Es una señal clara de que el foco pasó del costo al potencial.
Los balances de fines de 2025 terminaron de enfriar el cuadro. Los costos de integración pegaron fuerte y dejaron pérdidas contables. Era, en buena medida, lo esperado. Integrar un banco del tamaño de HSBC no es gratis. Pero el mercado, en el corto plazo, no suele tener paciencia.
En ese giro también juega un factor concreto: el regreso del pago de dividendos. Galicia ya retomó pagos trimestrales a sus accionistas. Ahora hay expectativa por un nuevo anuncio a mediados de mayo, cuando presente balance.
La clave está en la rentabilidad. Se espera que el retorno sobre el patrimonio (ROE) se ubique entre 11% y 12% este año, una vez absorbido el impacto de la fusión. Ahí aparece la lógica de fondo: el negocio ampliado debería empezar a rendir.
En ese cambio de clima hay una lectura más estructural. Galicia quedó mejor posicionada en tamaño y capilaridad. En un sistema financiero chico, ganar escala no es un detalle. Es poder competir, prestar más y capturar negocio cuando la economía se reactive.
El punto que todavía hace ruido es la mora. Con niveles en torno al 8,2%, sigue por encima de algunos competidores. Es el dato que el mercado mira con más atención. Algunos analistas, como Invertir Online, recomiendan cautela o incluso rotar hacia entidades.
La historia todavía está en desarrollo, pero el guion cambió. Galicia atravesó el tramo más áspero de la operación y ahora juega otro partido. El mercado, que primero se entusiasmó y después se decepcionó, vuelve a darle crédito. Con una condición: que la mejora prometida deje de ser expectativa y se transforme en números.
El conflicto con los transportistas que paraliza el Puerto Quequén, complica al gremio de peones rurales que lidera José Voytenco que está inmerso en una pelea descontrolada por el manejo de la principal terminal cerealera de la provincia.
Quequén es de los pocos puertos donde continúa abierta la discusión que plantearon los transportistas, quienes exigieron un aumento d ela tarifa que cobran por la suba del precio de los combustibles por la guerra.
La suba del 14% que proponen las exportadoras es rechazada por los transportistas, que piden de base un 17% de aumento. «Tienen cosecha récord, no hay excusas para no otorgar el aumento que pedimos», dijo a LPO uno de los dirigentes involucrados en la discusión.
Ante la extensión del conflicto, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) le reclamó este jueves al gobierno de Milei que intervenga en el conflicto y, de ser necesario, que haga «uso de la fuerza pública».
En una nota dirigida al secretario de Transporte nacional, Fernando Herrmann, el titular de la CPPC, Federico Spoturno Merchot, denunció una «flagrante y sostenida violación» de la ley que regula el transporte de cargas por parte de los transportistas, razón por la cual creen que Nación debería actuar de inmediato.
En el sector sostienen que por este conflicto el circuito económico de Quequén registró pérdidas más de 300 millones de dólares.
«Puerto Quequén y con él buena parte de la exportación agrícola argentina, permanece rehén del accionar de este grupo de inadaptados sociales y este panorama se ha complicado aún más con el parate total de ingreso de mercaderías a las Terminales de ese puerto», señala la nota de la CPPC a la que tuvo acceso LPO.
Y agrega: «Hay 17 buques -semi cargados- que esperan desde hace más de diez días poder embarcar 450.000 toneladas de mercaderías ya vendidas, pero retenidas por el inescrupuloso accionar que es motivo de esta denuncia».
Imagen satelital de los buques en espera en Quequén.
En el sector sostienen que por esta situación el circuito económico de Quequén registró pérdidas por más de USD 300 millones. Por todo eso, en la CPPC le avisaron a Herrmann que irán a la Justicia ante «el hipotético supuesto que este reclamo no sea atendido». Una desenlace muy problable con el gobierno libertario.
Las federaciones de transportistas Fatrac, Fetra, Atcade y Camioneros rechazaron la presión empresaria y ratificaron su «apoyo y total sintonía en el rechazo del 14% propuesto en la última reunión, por considerarlo insuficiente para cubrir los costos reales del sector».
Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia.
Ante la escalada del conflicto, reclamaron la mediación del gobierno de Axel Kicillof: «Que asuma la responsabilidad que le corresponde, tomando las medidas pertinentes que sea necesarias para lograr una tarifa justa y acorde a la realidad», señalaron.
También la CGT Regional Necochea pidió una intervención «urgente» de la Provincia y planteó interrogantes sobre el rol del presidente interino del consorcio portuario, el dirigente de Uatre, Mariano Carrillo.
«Llama mucho la atención que tengan que salir las federaciones de transportistas y la CGT a pedir la intermediación de la Provincia, teniendo un consorcio de gestión conducido por alguien nombrado por la Provincia», dijo a LPO el titular de la CGT Necochea, Demian Ledesma.
Transportistas protestando en la rotonda de acceso al Puerto Quequén.
En esa línea, fuentes cercanas a los transportistas afirmaron que Carrillo mantiene un acuerdo con las cerealeras exportadoras y lo asocian a las intenciones del dirigente alineado a José Voytenco por quedarse más allá del actual interinato al frente del puerto.
En el medio, está en ciernes la licitación del elevador de granos que -como contó LPO- opera hace 34 años Terminal Quequén. Se trata de un grupo integrado por las agroexportadoras Viterra, Cofco y Bunge, con participación accionaria de entidades como la Sociedad Rural Argentina, CRA y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La última prórroga está cerca de expirar y en el puerto creen que Carrillo concederá una nueva prórroga.
«Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder», acusaron en el opositor Movimiento de Recuperación de Uatre.
En el medio, también generó discordia el viaje a España que, en medio de esta crisis inédita, realizan miembros del directorio portuario con pasajes adquiridos con recursos del consorcio.
Carrillo no llegó ahí por mérito ni por conocimiento del sector. Es parte de la red política y sindical vinculada a José Voytenco, Jorge Giani y Julio Comparada, el entramado que se alimenta de negocios, favores y relaciones de poder.
Fuentes del puerto señalaron a LPO que el propio Carrillo tenía sus pasajes para participar del encuentro de «líderes portuarios latinoamericanos» en Barcelona, pero que se tuvo que bajar frente a la escalada del conflicto. No obstante, otros funcionarios del puerto viajaron a la soleada capital catalana.
«No se sabe si juega para los sindicatos o para los exportadores», dijo sobre Carrillo otra fuente del puerto consultada.
Como sea, en las exportadoras aumentan la presión para sacar los granos hoy retenidos en Quequén. En el sitio de la Asociación de Cooperativas Argentinas están en espera 7 buques para cargar 208 mil toneladas de graneles agropecuarios. En el sitio 4/5 de embarque de Terminal Quequén S.A. están esperando cargar 95 mil toneladas en 4 buques y en el Sitio 0 de Quequén esperan 6 buques para cargar 148 mil toneladas.
Todos los contenidos de HISTORIA publicados en #LaTapa disponibles en el siguiente Link: https://latapa.com.ar/category/sociedad/historia/ En la semana del inmigrante compartimos relatos de nuestra historia narrados por protagonistas. En este fragmento «La Llegada». Antonia Marcó de Liberatti María Marta Marcó de Kiberatti Bogoslav Toncovich Juan Basilio Benedetti Vicente Santos Enei Francisco Galetta Entrevistas: Magalí Catriquir (Museóloga)Realización:…
La actriz cuestionó con dureza el proyecto oficial para modificar la ley de discapacidad y denunció un “retroceso histórico” que, según advirtió, pone en riesgo la vida de miles de personas.
Por Lola Santacreta para NLI
La actriz Lola Berthet lanzó una de las críticas más contundentes contra el Gobierno tras conocerse el avance de una nueva iniciativa sobre discapacidad. En declaraciones públicas, sostuvo que “el objetivo es que la gente se muera”, en referencia a lo que considera un recorte sistemático de derechos y prestaciones esenciales para el sector.
El planteo no fue aislado ni improvisado. Berthet, que además es madre de un niño con autismo, viene siguiendo de cerca las políticas oficiales y alertó que el proyecto implica dejar afuera a muchas personas del sistema, profundizando una situación ya crítica. En ese sentido, advirtió que las modificaciones impulsadas por el oficialismo representan un “retroceso histórico” en materia de inclusión.
Un sistema bajo presión
El eje del conflicto gira en torno a la reforma del sistema de discapacidad, que regula prestaciones médicas, terapéuticas y asistenciales. En la Argentina, ese entramado se sostiene sobre leyes como la 24.901, que establece la cobertura integral para personas con discapacidad, incluyendo tratamientos, educación y asistencia social.
Sin embargo, distintos sectores denuncian que el Gobierno busca redefinir criterios de acceso y financiamiento, lo que en la práctica implicaría menos cobertura y más exclusión. Para Berthet, esto no es una discusión técnica sino política: “Hay un corrimiento deliberado del Estado”, viene señalando en sus intervenciones públicas.
La actriz también apuntó contra el clima social que rodea estas medidas. Según sostuvo, desde el oficialismo se instaló un discurso que estigmatiza a las personas con discapacidad, generando un contexto de mayor vulnerabilidad.
“Hay que parar esto”
El rechazo al proyecto no se limita al ámbito artístico. Organizaciones, familias y profesionales del sector vienen manifestándose contra los cambios, denunciando recortes en prestaciones, demoras en pagos y pérdida de derechos adquiridos.
En ese marco, Berthet se sumó activamente a los reclamos y llamó a frenar el avance de la iniciativa. Su frase más dura —“el objetivo es que la gente se muera”— sintetiza el nivel de alarma que atraviesa al colectivo.
Detrás de esa expresión hay una acusación de fondo: que el ajuste impulsado por el Gobierno no es neutro, sino que impacta directamente sobre los sectores más vulnerables. En un país donde millones de personas dependen del sistema de discapacidad, la discusión dejó de ser técnica para convertirse en un debate urgente sobre el rol del Estado.
El jefe de Gabinete vuelve a quedar en el centro de la escena judicial tras confirmarse que voló en primera clase a una isla paradisíaca junto a su familia. La investigación ahora apunta a una pregunta clave: quién pagó realmente esos gastos.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La situación de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo explosivo. La Justicia confirmó que el funcionario viajó en primera clase a Aruba junto a su esposa y sus hijos para pasar las fiestas de fin de año, en medio de una causa que ya venía acumulando sospechas sobre su patrimonio.
El dato no es menor: no se trata de un simple viaje, sino de un traslado en condiciones de lujo que vuelve a poner en tensión el discurso oficial contra la “casta” y la realidad de algunos de sus principales funcionarios.
Un viaje de lujo bajo la lupa judicial
Según surge de la investigación, el fiscal Gerardo Pollicita accedió a información de la aerolínea que confirma que Adorni viajó acompañado por su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos.
El costo total de los pasajes en primera clase asciende a unos 5.800 dólares, una cifra significativa que ahora forma parte del expediente judicial.
Pero ese número podría ser apenas la punta del iceberg: la Justicia también busca determinar cuánto se gastó en alojamiento y otros consumos durante la estadía en la isla caribeña, un destino asociado al turismo de alto poder adquisitivo.
El viaje se habría extendido desde fines de diciembre de 2024 hasta los primeros días de enero de 2025, en pleno período festivo.
La clave: el origen del dinero
El punto más delicado no es el viaje en sí, sino cómo se financió. La causa judicial avanza justamente sobre ese eje: verificar si los gastos son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario.
En ese marco, el juez de la causa ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Adorni y su entorno, una medida que permite reconstruir movimientos financieros, consumos con tarjeta y posibles inconsistencias patrimoniales.
El objetivo, según se desprende del expediente, es contrastar esos datos con las declaraciones juradas del funcionario y determinar si hubo irregularidades o enriquecimiento ilícito.
Un escándalo que no llega solo
El viaje a Aruba no es un hecho aislado. Se suma a una serie de episodios que ya venían generando ruido: vuelos privados, cuestionamientos por operaciones inmobiliarias y denuncias por el crecimiento de su patrimonio en poco tiempo.
De hecho, la fiscalía también analiza otros traslados realizados por el funcionario, en un expediente que ya acumula múltiples líneas de investigación y que amenaza con escalar políticamente.
En ese contexto, la confirmación judicial del viaje en primera clase no hace más que reforzar una imagen que choca de frente con el relato oficial de austeridad.
Entre el discurso y la realidad
El caso expone una contradicción difícil de disimular: mientras el gobierno sostiene un ajuste fuerte sobre amplios sectores de la sociedad, uno de sus principales funcionarios aparece vinculado a viajes de lujo cuya financiación todavía no logra explicar con claridad.
La investigación recién empieza a mostrar sus primeros resultados concretos, pero el daño político ya está hecho. Porque más allá de lo que determine la Justicia, el dato es contundente: el relato anticasta vuelve a quedar en entredicho frente a prácticas que parecen ir exactamente en sentido contrario.
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