REGINA ESTARÁ PRESENTE EN EL ENCUENTRO PROVINCIAL DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Hija de un funcionario clave del Cabildo, viuda de un comerciante y luego esposa de un militar ligado al poder virreinal, María Mercedes Sarasa no sólo administró negocios en la Buenos Aires colonial sino que también se movió con precisión dentro de las redes políticas y económicas de su tiempo. Su historia, reconstruida a partir de documentos y estudios académicos, revela cómo las mujeres podían intervenir activamente en un sistema que no estaba pensado para ellas.

Por Alcides Blanco para NLI

Una mujer dentro del circuito comercial colonial

María Mercedes Sarasa nació en el seno de una familia estrechamente vinculada al poder político de Buenos Aires. Su padre, Javier Saturnino de Saraza y Mador, ocupó cargos reiterados en el Cabildo —regidor, alcalde en distintos niveles y defensor de pobres—, lo que situaba a la familia en el núcleo de la administración colonial. En 1784 se casó con Casimiro Francisco Necochea Boronte, comerciante y también regidor, integrándose de lleno en el circuito mercantil del puerto, con quien tuvo varios hijos.

Ese entorno no era meramente social. Buenos Aires, hacia fines del siglo XVIII, funcionaba como un nodo clave del comercio atlántico, articulando exportaciones de cueros y productos ganaderos con importaciones europeas y circuitos internos hacia el Alto Perú. Las familias que ocupaban el Cabildo no sólo gobernaban: también comerciaban.

La viudez y la continuidad del negocio

La muerte de Necochea en 1802 no implicó la disolución de la actividad económica. Por el contrario, la documentación muestra que Sarasa continuó operando dentro de ese circuito. Investigaciones académicas basadas en fuentes comerciales y notariales indican que integró la sociedad “Vda. de Necochea y Larravide”, lo que demuestra una continuidad empresarial concreta y no meramente formal.

Durante al menos ocho años, según reconstrucciones basadas en registros comerciales, participó en operaciones de importación y exportación, utilizando mecanismos habituales del comercio colonial como la consignación de mercancías a cuenta y riesgo propio. Esto implicaba asumir costos, riesgos y decisiones sobre la circulación de bienes en una red que conectaba Buenos Aires con Montevideo y la península ibérica.

El documento que lo prueba todo

El dato más contundente aparece en un acuerdo fechado en 1805, conservado en el Archivo Histórico. Allí, María Mercedes Sarasa figura explícitamente como parte en la venta de una porción de la fragata “La Primera”.

El documento detalla que la operación se realiza en su condición de viuda de Necochea y en acuerdo con el comerciante Manuel de Larravide, con intervención de autoridades del Cabildo encabezadas por Martín de Álzaga. La otra parte de la embarcación pertenecía a una casa comercial radicada en Cádiz, lo que evidencia la inserción directa en redes atlánticas.

Una fragata como La Primera no era un bien accesorio. Era el instrumento central del comercio de larga distancia. A través de embarcaciones de este tipo circulaban: cueros y derivados ganaderos desde el Río de la Plata hacia Europa, manufacturas europeas hacia el puerto de Buenos Aires, y mercancías que luego se redistribuían hacia el interior del virreinato.

Ser propietaria —aunque fuera parcialmente— de una embarcación implicaba invertir capital, asumir riesgos marítimos, participar en redes comerciales internacionales y negociar con actores de alto nivel económico. La operación documentada en 1805 muestra a Sarasa actuando dentro de ese esquema con plena capacidad jurídica y económica.

Como detalla la historiadora Marcela Aguirrezabala, «Entre los años 1778 y 1810 se ve claramente que el número de mujeres vinculadas a la exportación fue mucho mayor que las que optaron por la importación (…) Esa tendencia fue así incluso en el caso de una comerciante de la talla de María Mercedes Sarasa, la viuda de Necochea, quien desde que empezó a operar en 1802 hasta 1810 exportó en 13 oportunidades según nuestros datos e importó efectos sólo en cinco ocasiones, entre 1803 y 1805«.

Redes comerciales y poder político

La presencia de figuras como Martín de Álzaga en la operación no es un detalle menor. Álzaga era uno de los principales comerciantes de Buenos Aires y una figura clave del poder económico local. Su intervención como autoridad en el acuerdo indica que Sarasa operaba en un nivel donde comercio y política estaban profundamente entrelazados.

Ese entramado se refuerza con otro dato documental: el 9 de diciembre de 1805, Sarasa contrajo matrimonio con José María del Pino (con quien también tendrá descendencia), capitán del Cuerpo de Artillería e hijo de Joaquín del Pino. Este vínculo la conectó directamente con la élite virreinal, consolidando su inserción en redes de poder que excedían lo estrictamente económico.

Una comerciante, no una excepción

La documentación disponible permite afirmar sin ambigüedades que María Mercedes Sarasa no fue una figura pasiva ni un caso aislado de administración doméstica. Fue una comerciante activa que participó en una sociedad mercantil, operó en circuitos de importación y exportación, consignó mercancías a cuenta propia y fue copropietaria de al menos una embarcación utilizada en el comercio atlántico.

Estos datos, respaldados por fuentes documentales y estudios académicos, obligan a revisar la imagen tradicional de las mujeres en la colonia. No se trata de afirmar que el sistema era igualitario, sino de reconocer que existían márgenes de acción que algunas mujeres ocuparon de manera efectiva y documentable.

Del archivo a la historia

La reconstrucción de esta trayectoria se apoya en documentos conservados en repositorios históricos y en investigaciones desarrolladas en ámbitos como el CONICET y la Universidad de Buenos Aires. Estos trabajos, inscriptos en la historia social, permiten recuperar experiencias que durante mucho tiempo quedaron fuera del relato dominante.

Fuentes y referencias

Archivo Histórico de la Nación, acuerdo de 1805 sobre la fragata La Primera.

Investigaciones de Marcela Aguirrezabala sobre comercio y género en el Río de la Plata.

Estudios del Instituto de Historia Argentina sobre redes mercantiles coloniales.

Documentación comercial y notarial del período conservada en repositorios públicos.

Documentos eclesiásticos.

Una investigación de El Cohete a la Luna desnuda con precisión incómoda un mecanismo que atraviesa la economía argentina: mientras se exige sacrificio a las mayorías, el Estado despliega políticas concretas que terminan beneficiando a empresas, desarrolladores e inversores específicos, consolidando un esquema regresivo donde las ganancias se concentran y los costos se socializan.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La trama oculta del “subsidio a los ricos”

El trabajo publicado en El Cohete a la Luna, firmado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo, no se queda en generalidades. Por el contrario, pone nombres, operaciones y circuitos concretos que permiten entender cómo funciona este modelo.

Lejos de la idea de un Estado ausente, lo que emerge es otra cosa: una presencia activa que orienta recursos, regula mercados y toma decisiones que impactan directamente en la distribución del ingreso, pero no en favor de quienes más lo necesitan. La clave está en mirar dónde se canalizan esas decisiones.

Tierra pública, negocios privados: el caso de IRSA y la valorización estatal

Uno de los ejemplos más elocuentes que desarrolla la investigación es el de las grandes operaciones inmobiliarias sobre tierras públicas o semi públicas, donde aparece con claridad el rol del Estado como generador de renta para actores privados.

En ese esquema, empresas como IRSA —uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del país— resultan beneficiadas por procesos donde el Estado habilita cambios de uso del suelo, inversiones en infraestructura o rezonificaciones que multiplican el valor de terrenos en manos privadas.

El mecanismo es tan sencillo como contundente: el Estado invierte en urbanización, accesos, servicios y marcos normativos; el privado, que ya posee o adquiere esas tierras en condiciones ventajosas, captura la valorización extraordinaria sin asumir los costos equivalentes.

La investigación remarca que estas operaciones no son excepcionales, sino parte de un patrón. En distintos puntos del país, desde desarrollos urbanos de alta gama hasta reconversiones de áreas estratégicas, la lógica se repite: lo público asume el riesgo y la inversión, lo privado se apropia de la renta.

Energía y exportación: Techint, PAE y el dólar a medida

Otro eje central del informe apunta a los sectores exportadores, particularmente energía y recursos naturales, donde aparecen actores de peso como Techint o Pan American Energy.

En estos casos, el beneficio no siempre adopta la forma de un subsidio explícito. Muchas veces se expresa a través de regímenes cambiarios, incentivos fiscales o marcos regulatorios diseñados para garantizar rentabilidad en dólares, incluso en contextos de crisis interna.

La investigación explica cómo, en escenarios de devaluación, estos sectores logran incrementar sus ingresos en moneda dura, mientras el resto de la economía sufre la pérdida de poder adquisitivo. A esto se suman esquemas de promoción y facilidades para la exportación que consolidan su posición.

El resultado es una transferencia indirecta pero concreta: mientras el salario se ajusta, las ganancias de estos grupos se expanden.

El negocio financiero y la arquitectura del privilegio

El informe también pone el foco en el sistema financiero, donde entidades vinculadas a grandes grupos económicos operan en un contexto de desregulación relativa que les permite obtener rentabilidades elevadas con bajo riesgo productivo.

En este terreno, los beneficios no pasan por subsidios tradicionales, sino por la propia arquitectura del sistema económico, que habilita mecanismos de valorización financiera desconectados de la economía real.

Así, mientras el crédito productivo escasea y las tasas afectan a pymes y consumidores, los grandes jugadores financieros encuentran condiciones favorables para maximizar ganancias, muchas veces apalancados en decisiones de política económica.

El Estado como garante de la desigualdad

Lo que la investigación logra demostrar, con estos ejemplos concretos, es que el problema no es la existencia de intervención estatal, sino su orientación. Porque mientras se recortan programas sociales, se ajustan jubilaciones o se deteriora el salario real, persisten políticas activas que favorecen a sectores concentrados, desde la valorización inmobiliaria hasta los beneficios cambiarios o regulatorios.

En ese sentido, el ajuste aparece como una decisión política selectiva: no todos pierden, algunos ganan —y mucho— en el mismo proceso.

La ilusión del sacrificio compartido

El discurso oficial suele presentar el ajuste como un esfuerzo colectivo, una especie de sacrificio necesario para ordenar la economía. Sin embargo, la evidencia que aporta el trabajo de El Cohete a la Luna muestra otra cosa: el sacrificio no es compartido, está claramente distribuido de manera desigual.

Mientras amplios sectores de la sociedad ven deterioradas sus condiciones de vida, determinados actores económicos consolidan posiciones de privilegio gracias a políticas públicas concretas.

Un modelo con beneficiarios definidos

Lejos de la abstracción, el mapa que traza la investigación permite identificar con claridad a los ganadores del esquema: grandes desarrolladores inmobiliarios, corporaciones energéticas, grupos exportadores y actores financieros.

Todos ellos, de una u otra manera, articulan su crecimiento con decisiones estatales que los favorecen, configurando un modelo donde la concentración de riqueza no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa.

La discusión de fondo

La pregunta que queda planteada no es menor: ¿para quién gobierna el Estado?. Porque si la intervención pública termina sistemáticamente beneficiando a los sectores más concentrados, mientras se exige ajuste a las mayorías, entonces lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino el propio sentido de la política.

La investigación citada no hace más que poner en palabras y datos lo que muchos perciben en la vida cotidiana: el esfuerzo no se reparte, se impone siempre a los mismos.