La Municipalidad de Villa Regina recuerda que está en vigencia la Ordenanza Nº 95/2020 que declara a la ciudad como territorio libre de pirotecnia.
De esta manera, está prohibida la fabricación, tenencia, guarda, comercialización mayorista y/o minorista en comercios y puestos ambulantes, manipulación, depósito y uso de elementos de pirotecnia.
Además prohíbe el uso doméstico y en la vía pública de artículos de pirotecnia como asimismo a instituciones privadas, clubes, eventos deportivos, musicales, turísticos y culturales.
Se exceptúa de la normativa los elementos que no tengan mecha, que sean accionados por roce o impacto y no produzcan explosión y contaminación sonora.
El incumplimiento a la ordenanza implicará la aplicación de sanciones que incluyen clausura del comercio, multa y decomiso de la totalidad de los productos, que se duplicará o triplicará en caso de reincidencia.
En el caso de incumplimiento por parte de personas físicas se aplicará una multa de 3 SAM si se trata de una persona mayor de 18 años, que se irá duplicando ante cada reincidencia. En caso de que el uso sea realizado por un menor de 18 años, la sanción será afrontada por el mayor responsable con una multa equivalente a 4 SAM, que también se irá duplicando ante cada reincidencia.
Treinta y ocho personas murieron y 2.635 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina -la mayor cifra de casos positivos en una jornada-, con lo que suman 1.116 los fallecidos y 49.851 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación. A…
La libertaria Juliana Santillán anunció este martes, durante el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) alcanzaba 57 firmas y se convertía en dictamen de mayoría para ser tratado en recinto en la próxima sesión. Con este trámite, Federico Sturzenegger avanzó un paso más en su pelea contra Hugo Sigman y los laboratorios locales.
La Libertad Avanza obtuvo los apoyos de la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los integrantes de las comisiones por el PRO, Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri, respaldaron pero en disidencia, acaso influidos por la directiva de Mauricio Macri quien mandó a su bloque a votar contra Manuel Adorni si llega la ocasión de removerlo de su cargo.
LPO informó el mes pasado que el gobierno no llegaría a darle sanción al PCT antes del 30 de abril, tal como se había comprometido con Estados Unidos. Incluso, los laboratorios llevaron de viaje a un evento del MIT a los legisladores que integran la RAP, una excursión que las empresas, los funcionarios del gobierno y los diputados aprovecharon para ponerse de acuerdo en la reserva -o apartamiento- del título II del proyecto para mitigar la resistencia de la industria farmacéutica local.
En efecto, esa parte del articulado regula «el examen de patentabilidad» a nivel internacional antes de habilitar la producción en el plano nacional, algo que conspiraría contra la producción de genéricos en el ámbito local.
El secretario de Modernización y ex diputado radical, Alejandro Cacace, uno de los que viajó con la RAP y los laboratorios el mes pasado, dijo en pleno debate que la iniciativa «implica cooperación y no resigna la soberanía en patentes». «Le estamos dando (la oportunidad) a los inventores argentinos que no tengan que andar peregrinando y hagan una sola solicitud», argumentó.
El diputado Maximiliano Ferraro le salió al cruce en seguida. «Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido», expresó en referencia a los laboratorios argentinos.
Aunque el legislador lilito admitió que comparte con el oficialismo la intención de «bajar el precio de los laboratorios de la Argentina», objetó «la reserva del título II» e impugnó que se la comparase con la decisión que tomó el parlamento uruguayo en 2024. «No es comparable en la escala con respecto a Uruguay, la adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa», sostuvo Ferraro al fundamentar la presentación de su propio dictamen, sin tachar el título II.
Alejandro Cacace, secretario de Modernización.
El ex canciller Santiago Cafiero y el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi, actualmente diputados de UP, fueron los encargados de informar sobre el dictamen de rechazo del peronismo. Cafiero consideró que el gobierno se movía con «urgencia» para sostener el acuerdo de Javier Milei con Scott Bessent: «para nosotros es un acuerdo que ya se cayó porque la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado con Argentina», indicó.
Además, objetó el argumento de Cacace acerca de «la cantidad de investigadores y centros universitarios que solicitaron durante 20 años patentes bajo este paraguas del tratado internacional». «¿Saben dónde están hoy todas esos centros universitarios? No están presentando patentes, están reclamando en la plaza el presupuesto que ustedes les chorean», dijo.
Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido.
Rossi, por su parte, recordó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante el apogeo de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y recordó que su objetivo fue desmontar las regulaciones que diseñó Arturo Oñativia, el ministro de Salud de Arturo Illia entre 1963 y 1966. «La historia cuenta que las decisiones que tomó Illia en materia de medicamentos y laboratorios fueron una de las causantes del golpe de 1966. La ley trataba de no generar que las empresas multinacionales tuvieran posiciones dominantes y reconocía procesos de producción», expuso.
También apuntó que el 29 de diciembre de 1997 se terminó votando en el Senado, por unanimidad, la media sanción del PCT. El defensor del proyecto por el oficialismo fue en aquel momento Eduardo Menem, padre del actual presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el líder opositor era José Genoud, presidente de la UCR.
¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos.
Sin embargo, Rossi repuso que en 2001 el PCT tuvo una adenda. «¿Qué es lo que estamos tratando? ¿El PCT de Menem y Genoud o el PCT con la adenda de 2001? Si estamos tratando la versión con la adenda, no estamos tratando la media sanción y esta sería la cámara de origen. Y si estamos tratando la media sanción, no estamos tratando el tratado vigente», explicó.
El santafecino consideró que se asistía a «una enorme irregularidad parlamentaria» pero señaló que lo más preocupante era que nadie aclaraba si los precios de los medicamentos bajarían. «¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos», concluyó.
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