En invierno es necesario prestar atención a las instalaciones sanitarias del hogar, ya que pueden congelarse y hasta fisurarse ante la exposición a las bajas temperaturas.
Por este motivo y ante el pronóstico de intensos fríos en la región, desde Aguas Rionegrinas compartieron recomendaciones para proteger las cañerías externas y evitar su congelamiento.
El primer paso es determinar cuáles son las cañerías externas que tenemos en la casa y que tienen una alta exposición al frío. El segundo paso será cubrirlas con alguna cinta térmica o accesorio aislante. En caso no tener estos elementos se pueden cubrir con alguna tela o trapos en desuso.
Otro aspecto a tener en cuenta es en el patio o jardín y verificar que las mangueras estén vacías dado que si tienen agua dentro, puede congelarse y reventarse si se abre la canilla.
Al respecto se informa que de no tomar el recaudo necesario por las bajas temperaturas, la vivienda puede sufrir la falta de agua como también producir roturas o fisuras en las cañerías por congelamiento.
Sin embargo, en el caso de haberse producido el congelamiento de una cañería, lo importante es abrir cada una de las canillas de la vivienda para determinar cuál es la afectada, luego se puede dar calor directo sobre la canilla, continuando con la cañería como por ejemplo con un secador de pelo o bien podemos esperar hasta que la temperatura suba para que el agua se descongele.
En caso de que la cañería continúe con hielo, se recomienda cerrar el paso de agua y llamar a un plomero para evitar mayores roturas.
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Una encuesta de la consultora GyC Comunicaciones realizada en la provincia de Santa Fe le da mejor al gobernador Maximilano Pullaro que al presidente Javier Milei.
El 49% de los 1946 encuestados aprueban la gestión de Pullaro y el 45% la desaprueban. En tanto, los números del Presidente libertario son más duros: sólo el 41% de los santafecinos aprueba su gestión, mientras que el 53% la desaprueba.
El trabajo fue realizado sobre un universo de mayores de 16 años entre el 8 y el 18 de abril.
El 52% consideró que Santa Fe está yendo en la dirección correcta. Mientras que el 42% cree que el rumbo del gobierno provincial no es el indicado. Consultados por el rumbo del país, un 55% dijo que el Argentina está yendo en dirección incorrecta. Mientras que un 41% se manifestó en favor de las medidas del gobierno nacional.
Respecto de la confianza que genera tanto Milei como Pullaro, el 51% se manifestó confiado con el gobierno provincial, mientras que un 46% desconfía.
En cuanto a Milei, el 58% demostró desconfianza (el 42% dijo tener ‘mucha desconfianza’ en el gobierno nacional), mientras que 42% dijo tener confianza en el gobierno del presidente Milei.
En cuanto a los dirigentes provinciales aparece a tope Pullaro con 53% de imagen buena, le siguen Marcelo Lewandowski (39%), Omar Perotti (38%), Gisela Scaglia (35%), Pablo Javkin (34%), Juan Monteverde (33%), Caren Tepp (28%) y Alejandro Fantino (26%).
El trabajo de GyC Comunicaciones también medió la imagen de dirigentes nacionales. Patricia Bullrich aparece en el primer lugar con 50% de imagen Buena. Más abajo asoman Milei (45%), Mauricio Macri (34%), Cristina Kirchner (34%), Sergio Massa (30%), Karina Milei (25%) y Manuel Adorni (23%). La encuesta no midió a Axel Kicillof.
El senador peronista Marcelo Lewandowski.
En cuanto a los dirigentes provinciales aparece a tope Pullaro con 53% de imagen buena. Le siguen Marcelo Lewandowski (39%), Omar Perotti (38%), Gisela Scaglia (35%), Pablo Javkin (34%), Juan Monteverde (33%), Caren Tepp (28%) y Alejandro Fantino (26%).
Respecto de la inseguridad, el 49% percibe que ese problema está mucho mejor que hace dos años, mientras que un 29% dice que está igual y un 16% asegura que está peor.
En cuanto a las perspectivas económicas, el 48% cree que puede mejorar en un período mayor al de un año, mientras que un 32% se muestra más pesimista y sostiene que la economía no va a mejorar.
Respecto de las elecciones del año próximo en Santa Fe, un 48% dijo que votaría por un cambio de la gestión y las políticas actuales, mientras que un 45% dijo que votaría por una continuidad de la gestión.
Paolo Rocca volvió a quedarse con las manos vacías en uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del país. Esta vez no fue por los caños, sino por la obra civil del gasoducto que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías. En el tablero donde se define quién captura la renta de la infraestructura, el grupo Techint volvió a perder terreno.
La licitación para la construcción del ducto del consorcio Southern Energy quedó en manos de la UTE Víctor Contreras – SICIM. La decisión fue unánime. Y el contrato ya está firmado. En el sector lo leen como otro golpe directo a la estructura industrial que durante años dominó este tipo de obras.
El proyecto lo impulsa San Matías Pipeline, un vehículo de inversión integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Son los mismos socios que avanzan en el esquema de exportación de GNL con buques licuefactores. Pero tuvieron que dividir la ingeniería financiera: un vehículo para producir y otro para transportar. Dos RIGI distintos, dos apuestas en paralelo.
La licitación se hizo con un formato que buscó blindarse de cuestionamientos. Todo corrió por una plataforma digital, con trazabilidad completa del proceso. La apertura de sobres económicos fue ante escribano. Se evaluaron aspectos técnicos, financieros y económicos. El mensaje fue claro: evitar cualquier sospecha en un proyecto donde los márgenes son finos y los intereses enormes.
El gasoducto tendrá 471 kilómetros de extensión y un diámetro de 36 pulgadas. Saldrá desde Tratayén, en Neuquén, y llegará hasta la costa de Río Negro. Transportará hasta 27 millones de metros cúbicos diarios. A eso se suma una planta compresora de 46.000 HP que se instalará en el kilómetro 80 de la traza.
El gasoducto tendrá 471 kilómetros de extensión y un diámetro de 36 pulgadas. Saldrá desde Tratayén, en Neuquén, y llegará hasta la costa de Río Negro. Transportará hasta 27 millones de metros cúbicos diarios.
En la compulsa participaron cinco oferentes para el ducto: Víctor Contreras – SICIM; Techint – SACDE; Contreras – Bonatti – Pumpco; OPS; y BTU. Para la planta compresora compitieron OPS, SACDE, PECOM, BTU y Contreras. El resultado fue categórico: el tendido quedó para la UTE Víctor Contreras – SICIM y la compresora para Oilfield Production Services (OPS).
La clave estuvo en los números. La oferta ganadora fue 85 millones de dólares más baja que la de sus competidores. Pero no fue solo precio. También pesó la flexibilidad: no pidió anticipo, ofreció mejores garantías de cumplimiento y un esquema de reaseguro más sólido. En proyectos donde cada dólar cuenta, esos detalles inclinan la balanza.
No es un hecho aislado. A principios de año, Tenaris -la subsidiaria de Techint- ya había perdido la licitación de los caños frente a la india Welspun. Aquella derrota tuvo eco político. El presidente Javier Milei cargó contra Rocca en varias oportunidades. Lo bautizó «Don Chatarrín de los tubitos caros». Lo dijo en Nueva York y lo repitió esta semana en la Fundación Libertad.
En el sector energético la secuencia se sigue como una serie. Primero los tubos. Ahora la obra civil. Dos capítulos que muestran cómo el mapa de proveedores se reconfigura. «Esto ya no es un club cerrado», comentaron a LPO desde una de las empresas.
La escena tiene algo de ironía. El grupo que durante décadas fue sinónimo de integración industrial en la Argentina hoy observa desde afuera cómo avanzan proyectos clave.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, destruyó uno de los pilares del relato económico de Caputo y Milei. Un informe técnico del organismo monetario confirmó que desde que se instrumentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al cuarto trimestre de 2025 hubo egresos netos de inversión extranjera directa por USD 4.687 millones.
El régimen de beneficios impositivos para atraer inversiones de magnitud entró en vigencia el 8 de julio, pero según el informe sobre Inversión Extranjera Directa al 31 de diciembre de 2025 que publicó el Banco Central esta semana, por ahora no tuvo el efecto buscado.
El propio informe intenta justificar la salida neta de capitales bajo un signo positivo. Argumenta que muchas multinacionales aprovecharon las flexibilizaciones cambiarias y los incentivos exportadores para cancelar deuda comercial entre empresas vinculadas, reorganizar balances internos y retirar posiciones acumuladas durante los años anteriores.
El núcleo de ese movimiento estuvo en el complejo exportador. Según el informe, gran parte del desendeudamiento se explicó por la cancelación de adelantos de cobro de exportaciones vinculados al Decreto 682, que había reducido transitoriamente las retenciones para determinados sectores. La escena se parece bastante a una vieja postal argentina: el Estado necesita dólares urgentes, libera incentivos extraordinarios y el capital responde con movimientos financieros de corto plazo antes que con inversión productiva sostenida.
Cuando se observa el detalle del documento, el cuadro se vuelve todavía más evidente. La renta de capital de la inversión extranjera directa alcanzó los 1.436 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. Dentro de ese total, la distribución de utilidades y dividendos sumó 1.194 millones, mientras que la reinversión quedó reducida apenas a 241 millones.
Ese número probablemente sea uno de los datos más relevantes del informe. Porque una cosa es obtener rentabilidad en la Argentina y otra muy distinta es decidir dejar esas ganancias dentro del país para ampliar plantas, incorporar tecnología o desarrollar proveedores locales. Eso es justamente lo que no aparece en los números del Banco Central.
La diferencia entre utilidades giradas y utilidades reinvertidas muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva. El capital entra, obtiene ganancias y luego vuelve a salir.
La gran diferencia entre utilidades giradas al exterior y utilidades reinvertidas en el país que descubre el informa del Banco Central muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva.
También resulta revelador el mapa geográfico de las salidas de capital. Los principales egresos provinieron de Suiza, Reino Unido, Países Bajos y España. No es casual. Son jurisdicciones centrales dentro de las arquitecturas financieras globales utilizadas por holdings multinacionales, fondos y vehículos societarios para triangular inversiones y administrar flujos internacionales.
En paralelo, el gobierno prorrogó por un año adicional el plazo de adhesión al RIGI mediante el Decreto 105 publicado días atrás en el Boletín Oficial. El vencimiento original estaba previsto para julio de 2026 y ahora se extendió hasta julio de 2027. La decisión dejó una lectura política incómoda: si el régimen estuviera generando una llegada masiva e inmediata de inversiones, no habría necesidad de extender tan rápido los plazos originales.
A eso se sumó el anuncio del gobierno sobre el envío al Congreso de un nuevo proyecto denominado «Súper RIGI», que baja de 25 puntos a 10 el tributo de ganancias en caso de inversiones tecnológicas, una iniciativa anticipada en exclusiva por LPO.
El nombre sintetiza bastante bien la lógica que atraviesa buena parte de las reformas económicas argentinas: cada nueva versión necesita exhibirse más extrema.
El problema es que el RIGI no movió el amperímetro de la inversión agregada. Pese a los miles de millones comprometidos sobre el papel, el régimen todavía no generó un salto perceptible en la formación de capital del conjunto de la economía. Incluso sectores cercanos al pensamiento liberal empezaron a marcar esa limitación.
Si de promesas se trata, la minería se convirtió en el gran escaparate económico del gobierno. Caputo suele mostrar cifras cercanas a los USD 95.000 millones vinculados al RIGI y proyecta unos USD 140.000 millones futuros. Pero allí se mezclan proyectos presentados, anuncios preliminares, carpetas en evaluación e iniciativas no aprobadas.
Lo efectivamente aprobado hasta ahora representa algo más de 17.000 millones de dólares. Y aun esa cifra sigue siendo potencial. Porque aprobación no significa desembolso real. La inversión que efectivamente se movió fue muchísimo menor: en 2025 rondó los 1.388 millones de dólares y durante el primer trimestre de 2026 ingresaron aproximadamente 1.205 millones vinculados al régimen.
Un informe reciente de la Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sostuvo que «la baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión». El documento plantea que crear un Súper RIGI sin resolver los problemas estructurales replica el mismo esquema en una escala todavía mayor.
El estudio agrega otro dato revelador. Mientras la inversión productiva sigue estancada, durante 2025 las personas destinaron el equivalente al 4,7% del PBI a comprar dólares para ahorro. El dinero existe, pero se fuga hacia la dolarización defensiva. «Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos fuera del sistema», señala el informe.
La baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión. Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos.
Idesa también cuestiona la proliferación de regímenes especiales. El RIGI, el RIMI incluido en la reforma laboral y ahora el proyectado Súper RIGI forman una superposición de excepciones que generan asimetrías entre empresas. Los proyectos que acceden a esos beneficios compiten con ventajas tributarias, cambiarias y regulatorias frente a quienes quedan afuera. «Son esquemas burocráticos y discrecionales que suman distorsiones» aclara.
El Súper RIGI expone además otro problema. El proyecto limita Ingresos Brutos al 0,5% y prohíbe tasas municipales sobre ventas para los emprendimientos incluidos en el régimen. Es decir: reconoce implícitamente que el esquema tributario general resulta inviable para invertir. El alivio fiscal existe, pero sólo para quienes logran ingresar al club de excepción. El resto de la economía sigue conviviendo con la asfixiante presión tributaria combinada de Nación, provincias y municipios.
Por eso el informe de IDESA propone otra lógica: avanzar hacia reglas generales para toda la economía en lugar de seguir acumulando privilegios sectoriales. Entre otras medidas, plantea crear un «Súper IVA» coordinado con las provincias que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales sobre ventas para todos los sectores, no únicamente para proyectos seleccionados. Un proyecto que varios gobernadores aliados impulsaron en su momento, pero que la Casa Rosada eligió no tratar.
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