La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que ya se pueden retirar los bolsones, la declaración jurada e instructivos de la campaña de recolección de envases vacíos de agroquímicos con la técnica del triple lavado. El material está disponible en la oficina de la Dirección, en Fray Luis Beltrán 218, de lunes a viernes de 9 a 13 horas.
La campaña se desarrollará entre el 28 de junio y el 2 de julio, lapso en el que los pequeños productores podrán acercar los bolsones con los envases a la Dirección de Ambiente. Mientras tanto, los grandes productores deberán hacerlo directamente en la Recicladora LP de General Roca.
La idealización monetaria del dólar traduce nuestra dependencia socio-económica. Necesitamos de un gran Otro Tirano que, al igual que lo religioso, nos mate y nos «salve». ¿Carrera de galgos o de caballos? No, carrera entre el dólar y el peso… Es obvio como viene esa competición… Ya no solo le sacó un cuerpo el dólar…
El Poder Judicial de Río Negro rechazó la apertura del camino Tacuifí, el trayecto corto y accesible al Lago Escondido, y ordenó que el único ingreso posible sea a través de 33 kilómetros de senderos de montaña, partiendo desde El Bolsón y con el cruce de varios ríos correntosos, subidas y bajadas muy escarpadas con tramos de bosque…
El desplazamiento de Carlos Frugoni, funcionario del Ministerio de Economía, por ocultar propiedades en Estados Unidos abre una pregunta incómoda que el oficialismo evita responder: ¿por qué a algunos los echan y a otros, con situaciones similares, los sostienen?
Por Roque Pérez para NLI
La salida de Frugoni se produjo luego de que se confirmara que tenía al menos siete u ocho inmuebles en Florida sin declarar ante los organismos argentinos, además de sociedades en el exterior utilizadas para adquirirlos. El caso no fue menor: se trata de un funcionario clave en el área de infraestructura, bajo la órbita directa del ministro Luis Caputo.
El escándalo que terminó en despido
La investigación periodística reveló que Frugoni omitió incluir en sus declaraciones juradas propiedades valuadas entre 140.000 y 310.000 dólares cada una, muchas de ellas adquiridas a través de firmas registradas en Delaware, una jurisdicción conocida por su opacidad.
El propio funcionario terminó admitiendo la irregularidad. Reconoció que no había declarado esos bienes y aseguró que se trataba de un “error” que estaba intentando corregir.
Pero el daño ya estaba hecho. La normativa argentina es clara: todo funcionario debe declarar la totalidad de su patrimonio, tanto en el país como en el exterior, y la omisión puede configurar delitos como enriquecimiento ilícito u omisión maliciosa.
En ese contexto, el Gobierno decidió avanzar con su salida. Una decisión que, en apariencia, busca mostrar firmeza frente a la corrupción.
La incómoda comparación con Adorni
Sin embargo, el caso abre una contradicción evidente. Porque mientras Frugoni fue eyectado, Manuel Adorni sigue en su cargo pese a estar bajo cuestionamientos patrimoniales y judiciales similares, tal como ya trascendió en distintas investigaciones públicas.
La comparación no es menor: ambos casos giran en torno a inconsistencias en declaraciones juradas, patrimonio no declarado o bajo sospecha, y posibles irregularidades en el manejo de bienes.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué a Frugoni sí y a Adorni no?
Discrecionalidad, relato y costo político
La respuesta parece menos jurídica que política. Frugoni era un funcionario técnico, prescindible dentro del esquema de poder. Adorni, en cambio, es una figura central en la comunicación del gobierno de Milei, con exposición mediática diaria y rol estratégico en la construcción del relato oficial.
En otras palabras, no todos los funcionarios valen lo mismo dentro del dispositivo político.
El gobierno intenta instalar una narrativa de “tolerancia cero” frente a irregularidades, pero los hechos muestran otra cosa: la vara cambia según el peso político del implicado.
Un problema más profundo
El caso Frugoni no es un hecho aislado. Se inscribe en una serie de episodios que golpean el discurso de transparencia de la actual gestión, especialmente en áreas sensibles como la obra pública y la administración de recursos.
La utilización de sociedades en el exterior, la omisión de bienes y las inconsistencias patrimoniales no son meros tecnicismos: son señales de posibles circuitos de opacidad que contradicen el discurso anticasta.
Y cuando la reacción del Estado es selectiva, el problema se agrava.
La pregunta que queda abierta
El desplazamiento de Frugoni podría haber sido un gesto de institucionalidad. Pero pierde fuerza cuando no se aplica el mismo criterio a todos.
Porque en política, tan importante como sancionar es hacerlo sin discrecionalidad. Y hoy, la sensación que queda es otra: no hay una política anticorrupción, sino una administración del costo político de cada escándalo.
Una idea que circula en los intendentes -tanto del conurbano como del interior de la provincia- es que los cuatro jueces de la Corte bonaerense lleguen al Palacio de Justicia con el mandato de voltear la ley que limita las reelecciones.
El tema se discutió en algunas reuniones de las que incluso participó la cúpula del peronismo. Los intendentes saben que tal como está conformado el tribunal (con tres de sus siete asientos ocupados) no hay chance de pedirle a los jueces que declaren inconstitucional la ley aprobada en 2016.
En definitiva, los jueces llegan a la Suprema Corte designados por el poder político. El acuerdo sellado en diciembre establece tres magistrados para el peronismo y uno para el radicalismo. De modo que esa eventual declaración de inconstitucionalidad de la ley 15.315 supone una especie de devolución de favores a la política.
El envío de los pliegos al Senado se dilata. En diciembre deberían haberse votado tres jueces designados por los tres sectores del peronismo: kirchnerismo, axelismo y massismo. El cuarto se acordó que se vote antes de la feria judicial de julio de este año.
Todo indica que la votación de los pliegos ocurrirá durante 2026 o a más tardar en los primeros meses del año próximo.
Por lo pronto, el martes los jueces de la Corte lanzaron un fuerte reclamo a Kicillof para cubrir las cuatro vacantes. «Somos tres, cuando debiéramos ser siete», dijo el presidente del Máximo Tribunal, Sergio Torres, y agregó que la corte «se encuentra inéditamente desintegrada».
Hilda Kogan.
Torres no estaba solo. A su lado estaban los otros dos magistrados: Hilda Kogan y Daniel Soria. También estaba en el escenario en la sala de audiencias del Máximo Tribunal, el procurador Julio Conte Grand. Fue en el marco de la presentación de un proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económica para el Poder Judicial.
Torres planteó que la Corte está incompleta desde hace más de seis años. Y detalló que transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 desde su desintegración por la renuncia de Luis Genoud. «El Poder Judicial resulta el único de los poderes del Estado que sufre esta problemática», planteó.
Además, recordó que la Constitución de la provincia establece un plazo de 15 días desde que la vacante se formaliza para el envío de la propuesta de un candidato al Senado.
Torres dijo que el trabajo de siete jueces hoy es realizado por tres con asistencia de los tribunales inferiores. «Esto implica mayor dependencia y la necesidad de la subrogación tanto en temas jurisdiccionales como no jurisdiccionales», dijo.
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