La Municipalidad de Villa Regina, a través del trabajo conjunto de diferentes áreas, invita a disfrutar de las actividades que se realizarán mañana en la Isla 58 para recibir la primavera y festejar el día del estudiante.
Será a partir de las 15 horas en el escenario ubicado frente a la Escuela de Canotaje con la música de Mr. Brown y Última Alternativa, presentaciones que cuentan con el auspicio de la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro.
Además en el predio habrá un espacio de concientización sobre distintos temas con entrega de folletería.
Las actividades son organizadas por la Secretaría de Desarrollo Social y las Direcciones de Cultura, Deportes y Turismo.
Por otro lado, se informa que entre las 8 y las 18 horas personal de Tránsito y de Bromatología realizarán controles en el acceso a la Isla con el objetivo de evitar el ingreso de bebidas alcohólicas al predio.
La Municipalidad invita a quienes se acerquen a la Isla a respetar los protocolos y disfrutar de las distintas propuestas.
El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur está cerca de un nievo revés. La agencia estatal italiana Ansa publicó que un alto funcionario de la Unión Europea admitió que aún no está asegurada la mayoría calificada que se necesita en el Consejo de la UE para que la Comisión pueda firmar el acuerdo con el Mercosur el próximo sábado, como es la intención de Ursula von der Leyen.
Mercosur y especialmente Brasil está esperando esa votación para poder anunciar el acuerdo en la cumbre del bloque que se realice en la misma fecha en Foz Iguazú. Este encuentro iba a desarrollarse el 17 pero luego se decidió acoplarlo a la cumbre europea con la idea de tener los resultados de la votación definido.
«Haremos todo lo posible para preparar el terreno para la firma el sábado, que aún está en la agenda. Se necesita una mayoría cualificada en el Consejo de la UE; en este momento, no estoy seguro de que la tengamos», dijo este el alto funcionario.
«Si la UE no firma este acuerdo, se socavaría la idea de diversificar el comercio en un momento en que nuestros socios fiables son menos fiables o menos estables», agregó.
El acuerdo UE-Mercosur está dividido en dos partes: comercial y política. La parte comercial puede ser aprobada por la Comisión Europea minera que la parte política necesita ser aprobada por los 27 países de la Unión Europea.
Haremos todo lo posible para preparar el terreno para la firma el sábado, que aún está en la agenda. Se necesita una mayoría cualificada en el Consejo de la UE; en este momento, no estoy seguro de que la tengamos
La parte política incluye los fondos de cooperación que la UE enviará para compensar las concesiones comerciales. «Lula podrá decir que se cerró el acuerdo, pero los fondos de cooperación no llegarán todavía», detalla un diplomático con experiencia en estos acuerdos.
Las resistencias europeas vienen de Francia y otros países como Irlanda que consideran que la rubrica pone en riesgo al sector agropecuario. Macron es el más enfático en el rechazo pero también se oponen el resto de los partidos, desde la extrema derecha de Marine Le Pen hasta la izquierda de Jean Luc Melenchon.
De lado sudamericano, Lula pone todo en este acuerdo para relanzar el bloque y anotarse una medalla como líder tras décadas de negociaciones. Sin embargo, el panorama se presenta complejo y no hay garantía que el sábado haya consenso en Bruselas.
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El diputado Guillermo Michel alertó este sábado sobre un tajo de USD 3000 millones que la reforma laboral produciría en los recursos de Anses, a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el gobierno busca crear para el pago de indemnizaciones por despidos. El recorte agudizaría la crisis del sistema previsional argentino, producto del crecimiento de la informalidad laboral y el peso de la relación desequilibrada entre la cantidad de jubilados con cobertura previsional y el total de la población económicamente activa que realiza aportes en el sistema solidario de reparto.
La gentileza de los impulsores del proyecto con las empresas recorta un 3 por ciento sobre las contribuciones patronales y las obliga a colocar esa suma de dinero en agencias habilitadas por la CNV, dando lugar al surgimiento de minis AFJP.
PLos empleadores con más de 100 empleados registrados pagan 20 por ciento de la masa salarial por aportes, mientras que las firmas con menos de 100 trabajadores tributan un 18 por ciento. Como la iniciativa parlamentaria de Javier Milei y Federico Sturzenegger propone una poda «plana» sobre todos los rubros, sin distinción por magnitud del empleador, el legislador entrerriano estimó que Ansés perdería USD 3000 millones.
En efecto, entre los artículos 58, 59 y 60 se establece el modo en que se constituye el fondo, al tiempo que el artículo 76 deja en claro que el invento no supone un incremento en las contribuciones patronales. «Los empleadores tendrán una reducción de TRES (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 27.541 y sus modificatorias», dice la ley.
Por eso, Michel plantea que «para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social».
El diputado peronista consigna que, según datos de Seguridad Social, hasta agosto de este año había «437.587 empleadores -el 84% del total- que tienen registrados hasta 10 empleados». Ese conjunto totaliza 1.197.094 trabajadores formalizados, el 18% de los registrados.
Además, «hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores», apunta Michel. «El 1,8 por ciento de las empresas concentra el 63 por ciento de los empleados», agrega.
Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social. Hay 9.516 empleadores (el 1,82% del total) que registran más de 100 empleados pero que concentran el 50% del empleo registrado, es decir 3.290.182 trabajadores.
Esa discriminación habilita la inquietud acerca de qué sector se beneficia más con la ley que cuyo tratamiento el gobierno debió postergar por el fracaso legislativo del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, con el presupuesto. «El sueldo promedio de los trabajadores que trabajan en empresas chicas, es decir de hasta 10 empleados, es de $ 1 millón. En cambio, en las empresas que emplean 100 o más empleados el sueldo promedio mensual es de $ 2,2 millones», señaló Michel en un documento de trabajo al que accedió LPO.
Pero el sueldo promedio es más alto a medida que se escala en la pirámide empresarial por cantidad de empleados. En las empresas con más de 1500 empleados, y hasta 2500, el salario promedio es de $2,4 millones pero en las que acreditan entre 2500 y 5000 es de $2,5 millones y en las de más de 5000 es de $3,3 millones.
Por eso, la información pública disponible en el registro de Seguridad Social indica que el 37% de la masa salarial lo aportan empresas con hasta 100 empleados y que el 63% restante, empresas con más de 100 empleados. «Estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones», asegura el diputado.
Empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 puntos porcentuales de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones.
Si bien el proyecto de presupuesto 2026 prevé una recaudación de 55 billones de pesos por contribuciones patronales, la reforma laboral desfinanciaría al Sistema de la Seguridad Social en $4,8 billones. «Es el 0,46 por ciento del PBI y el equivalente a USD 3.000 millones considerando la evolución del dólar con el esquema de bandas actuales», dice Michel.
Existe, por otra parte, una dificultad para mensurar el impacto: el gobierno asegura que la ley aplicará sobre los nuevos empleos que se generen pero en ninguno de sus artículos se aclara ese aspecto explícitamente. Ese detalle puso de manifiesto el senador Mariano Recalde ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuando asistió esta semana al Senado para defender el proyecto del oficialismo.
Por último, Michel advierte sobre el golpe a las provincias, algo que gobernadores como Martín Llaryora ya detectaron. En base al coeficiente general de la ley de coparticipación, las provincias podrían terminar resignando 1,45 puntos porcentuales del PBI de recursos.
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