Por el momento el Hospital Público de Villa Regina envía los testeos a Viedma y la Clínica Central los envía a un laboratorio privado de #Roca ya que realizan los testeos por medio de las obras sociales (No todos pierden en esta pandemia).
Esta es la respuesta también a por qué se hisopó a más personal de la Clínica que del Hospital en #VillaRegina. Son distintas realidades. La clínica hisopa en privados por obra social y el hospital como recibe los insumos de #nación los utiliza siguiendo estrictamente los criterios de casos sospechosos y hace cumplir los 14 días de aislamiento a casos estrechos.
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TESTEOS CONTADOS
Una de las razones y muy importante por lo cual no se realizan testeos masivos en el hospital público (pedido por parte del personal) es que los insumos para tomar las muestras los envía Nación y se dispone de cierta cantidad (claramente no excesiva, salud pública y exceso no caminaron nunca de la mano), incluso si se pudiera hisopar a todos el día que se necesiten los insumos para hisopar a los que reúnen la condición de caso no va a haber material disponbible, no se puede estar al límite con los insumos.
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HOSPITAL PÚBLICO DE ROCA RECIBIRÁ TESTEOS DE LA ZONA
El instituo Malbrán aprobó la realización de los test de coronavirus en el Hospital Francisco Lima de Gral. Roca, donde ya estaban acondicionando un área para poder hacer el diagnóstico por PCR de coronavirus, de esa manera los hisopados realizados por el Hospital Público de Villa Regina se enviarían a Roca y se estaría agilizando el proceso de recepción de los mismos evitando tener que enviarlos a Viedma con lo que las distancias significan.
Se está a la espera de los reactivos y otros elementos que provee Nación y requiere de una logística particular, demorará unos días.
La controversia fiscal desatada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al bloquear la actualización por inflación de los quebrantos impositivos (las pérdidas que las empresas utilizan para compensar futuros impuestos a las ganancias) se consolidó como un eje de conflicto entre el Estado y los principales agentes económicos del país.
Lo que comenzó como un ajuste técnico terminó en una crisis política y empresarial de envergadura que pone en juego no solo recursos, sino también la percepción de certeza jurídica para la inversión en la Argentina.
En el centro de este escándalo tributario aparece YPF, que decidió alinearse con la postura de ARCA y admitió una deuda fiscal millonaria por no haber actualizado sus quebrantos. Esta decisión, interpretada por algunos sectores como un acto de obediencia política más que de seguridad jurídica, la convierte en la única empresa de gran porte que aceptó la interpretación del organismo recaudador, lo que la posiciona en un lugar delicado frente a pares y ante la opinión pública empresarial.
Desde la perspectiva del riesgo inversor, esto eleva el premio por incertidumbre jurídica
Gran parte del sector privado, incluidos los principales jugadores de las petroleras, energía, siderurgia y banca, rechazó terminantemente el intento de ARCA de desconocer la actualización por inflación.
Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones agregados entre las principales firmas afectadas.
Las compañías consideran que esta exigencia significaría pagar impuestos sobre ganancias ficticias, lo que no solo afecta su competitividad sino que equivale, en términos reales, a una confiscación fiscal.
Aunque no hay cifras oficiales consolidadas, circula la estimación de que las obligaciones en disputa podrían ascender a cerca de USD 3.000 millones. Varias empresas analizan llevar el conflicto a la Justicia argumentando que la interpretación de ARCA lesiona derechos adquiridos y contradice precedentes jurisprudenciales que reconocen actualización por inflación ante efectos confiscatorios del impuesto.
El titular de ARCA, Juan Pazo.
Esta disputa alcanza un nuevo punto de tensión con las versiones de renuncia anticipada de Juan Pazo, el titular de ARCA. Tal como reveló LPO, Pazo ya comunicó su decisión y el Gobierno le busca una nueva ubicación, posiblemente en el Banco Nación o en otra dependencia vinculada al sistema financiero. Su salida ocurre en medio del creciente malestar empresario y de fricciones con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.
El malestar empresario se centra en el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Esta última proviene del massimo. Ambos funcionarios impulsaron el bloqueo a la actualización de quebrantos.
En los despachos de Economía reconocen que la medida, que prometía recaudar varios miles de millones de dólares para compensar la caída de ingresos y cumplir metas con el FMI, terminó en un boomerang político: desató resistencia de las principales corporaciones, reacciones judiciales y una crisis interna que expuso el desorden de la gestión tributaria.
Pazo, cercano al mundo de los seguros y con vínculos previos en el sector financiero, había sido uno de los interlocutores predilectos de Luis Caputo, pero su figura se desgastó en paralelo al conflicto. En los pasillos del Palacio de Hacienda reconocen que la «operación quebrantos» dejó heridos y que su desenlace probablemente derive en un rediseño del esquema recaudatorio. La medida de ARCA puede leerse como una expresión de la contradicción entre la urgencia fiscal del Estado y la llegada de inversiones, en el marco de una inflación persistente y la falta de actualización real de las variables nominales.
Es contradictoria además con la anunciada baja de Ganancias a los grandes grupos empresarios, incluida en la reforma laboral.
«Una vecina rural define la situación: “acá hablamos de plata nomás, de plata y contaminación, porque no hay otra cosa”. Los vecinos al no ser escuchados por las petroleras, se quejan en los medios o toman medidas de protesta como cortar el acceso al pozo. Recién ahí es cuando las petroleras ofrecen “soluciones”, como regalarles electrodomésticos, ofrecerles materiales para la casa, mudarlos a un hotel mientras perforan o pagarles por su silencio.»
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