Quirno se reconoce como «cadete» de Marco Rubio

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se cruzaron en las redes por el voto argentino en contra de la resolución de la Asamblea General de la ONU que condena el bloqueo contra Cuba.

El ministro de Axel Kicillof dijo que el canciller argentino es el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y que Quirno es su cadete. Bianco explicó que durante más de tres décadas, todos los gobiernos democráticos votaron a favor de condenar el bloqueo. «Sin embargo -dijo-, el gobierno de Milei rompió esa continuidad porque Argentina ya no tiene una política exterior propia. La decisión se tomó en el Departamento de Estado y el canciller Quirno se limitó a ejecutarla».

Si vamos a comparar, creo que es mejor que cadete de Kiciloff…

— Pablo Quirno (@pabloquirno) October 28, 2026

Quirno le respondió, pero lo curioso es que se reconoció como cadete de Rubio. «Si vamos a comparar, creo que es mejor (ser cadete de Rubio) que cadete de Kicillof», escribió.

Bianco no demoró en responderle y le remarcó -quizás sorprendido- que Quirno se reconozca como cadete del Secretario de Estado. «No soy cadete de Kicillof, soy su compañero y él es mi referente. Pero veo que acabas de aceptar públicamente que sos cadete de Rubio. Penoso lo tuyo», escribió.

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  • Ignora a Elon Musk y préstale atención a Russell Vought

     

    Elon Musk fue expulsado de la Casa Blanca de Trump. Su comportamiento errático y sus payasadas lo convirtieron en un blanco fácil para los medios de comunicación. Pero Musk siempre estuvo llevando a cabo la agenda del autor del Proyecto 2025, Russell Vought, que sigue teniendo mucho poder. Por Branko Marcetic |Traducción: Pedro Perucca (Jacobinlat) .


    l abandonar oficialmente la Casa Blanca, Elon Musk se quejó repetidamente de que él y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se convirtieron en el «chivo expiatorio» de la administración, absorbiendo la culpa y la indignación por casi todo lo que hicieron el presidente y su equipo que no le gustó a la gente. Lo curioso es que esta es una de las pocas veces que el multimillonario de Tesla tiene razón en algo.

    Durante los últimos cinco meses, Musk fue una bolsa de boxeo muy útil para los demócratas, la izquierda en general, la prensa y cualquiera que quisiera dañar políticamente a la segunda administración Trump. ¿Y quién puede culparlos? Su extraño comportamiento, su flagrante corrupción y su antipatía general eran perfectos para generar clics y compartidos, por no hablar de que lo convertían en un blanco fácil para los críticos de Trump que buscaban vincular al presidente a un barco que se hunde, lo que tuvo consecuencias políticas reales para la administración.

    Así que no es de extrañar que, incluso mientras los medios de comunicación publican artículos en los que se hace un balance de la etapa de Musk en el Gobierno, la cobertura esté salpicada de sugerencias de que no se va de verdad y que seguirá ejerciendo influencia sobre la Casa Blanca de Trump desde afuera, por lo que será responsable de lo que esta haga a partir de ahora. Sin duda, esto será al menos en parte cierto, y el público parece estar de acuerdo. Pero intentar mantener el foco de atención en un Musk que ya se marchó puede que no sea tan eficaz políticamente como esperan los críticos, y se corre el riesgo de no comprender lo que realmente está sucediendo en la Casa Blanca de Trump.

    La realidad es que, aunque Musk era y sigue siendo un conveniente contrapunto político, incluso cuando estaba en el meollo de la acción en la Casa Blanca, solo hacía el trabajo sucio y práctico de otra persona: Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 y director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de Trump.

    Cualquiera que desee pedirle cuentas a la administración Trump, por no hablar de intentar comprender lo que quieren hacer quienes la dirigen, debe dejar de centrarse en el multimillonario y fijar su atención en Vought. Si la política estadounidense fuera Kill Bill, Musk y su equipo DOGE serían los secuaces extravagantes y pintorescos con los que la Novia pasa la mayor parte de su tiempo y energía, mientras el anónimo Bill espera, impasible, y dirige los hilos desde salas oscuras alejadas de la acción.

    Cambiar el foco de atención a Vought será complicado, porque pasó este primer semestre de máxima indignación por los recortes a DOGE trabajando en silencio y fuera de la vista, porque es mucho menos mediático y menos propenso a generar clics y audiencias que el escandaloso Musk, y en general es una figura menos errática y más entrenada para los medios de comunicación, por lo que no es probable que cree el mismo conjunto de dolores de cabeza políticos para la Casa Blanca. Pero, aparte del propio presidente, él es la fuerza motriz de la agenda de Trump, y ahora va a empezar a actuar como tal.

    El Wall Street Journal informó hace ya un mes que, con Musk fuera de juego, Vought se convertirá ahora en el arquitecto oficial del programa de austeridad de Trump, trabajando con el Congreso para realizar más recortes y obtener la aprobación legislativa de algunos de los ya realizados bajo Musk, al tiempo que recorre los medios de comunicación para vendérselos al público. El domingo pasado, Vought estuvo en la CNN defendiendo los recortes y otras partes de la agenda de la Casa Blanca.

    Pero no es que antes estuviera de brazos cruzados. Vought fue, incluso antes de ser nombrado para un cargo en el Gobierno, el responsable de la desastrosa orden ejecutiva de Trump de enero que suspendía todas las subvenciones federales, que la Casa Blanca se vio obligada a revocar rápidamente. Toda la teoría jurídica y el enfoque en que se basa el DOGE —por la que que el presidente de los Estados Unidos puede simplemente negarse a gastar el dinero que el Congreso ya autorizó para diversos organismos y programas, y puede desmantelarlos o eliminarlos por completo a su antojo— proviene de Vought, que ha estado muy estrechamente involucrado en los recortes del DOGE desde su mismo inicio. En su conjunto, el segundo mandato de Trump siguió muy de cerca el Proyecto 2025, el plan político en cuya elaboración Vought desempeñó un papel fundamental. Y él mismo admitió el año pasado a unos periodistas encubiertos que seguiría influyendo en la política de Trump desde fuera del Gobierno, incluso si no se le concedía un cargo en la Casa Blanca.

    Si se analizan los presupuestos y las políticas que Vought redactó y defendió mientras trabajaba en el Congreso o como activista, se comprueba rápidamente que los recortes atribuidos a Musk se habrían producido de una forma u otra mientras Vought estuviera en la Casa Blanca. A lo largo de los años, se manifestó a favor de privatizar el Servicio Postal de Estados Unidos y derogar el Obamacare, así como de recortar o eliminar el Departamento de Educación, Medicaid, USAID, la radiodifusión pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Autoridad Federal de Aviación y muchos más.

    También ayuda a ver hacia dónde es probable que se dirija la administración Trump en el futuro. Vought lleva mucho tiempo teniendo en su punto de mira a grandes prestaciones sociales como la Seguridad Social (que quiere privatizar) y Medicare, y hace dos años reconoció abiertamente que su objetivo es utilizar la actual oleada de recortes para acostumbrar al público a la idea, de modo que en algún momento se pueda atacar a estos grandes programas que antes eran «intocables».

    Pero esto es precisamente por lo que Vought podría, de hecho, convertirse para Trump en un lastre político tan grande como lo fue Musk: solo se necesitarían críticas sustantivas y bien dirigidas, menos propicias para los titulares sensacionalistas que las que suscitó Musk. Hasta ahora, eso no sucedió.

    La prensa liberal tendió a presentar a Vought como un temible «nacionalista cristiano», un término que no significa mucho para el ciudadano medio y que incluso puede resultar atractivo para un público que sigue siendo mayoritariamente cristiano y que, como cualquier población, considera que su propio interés nacional es su máxima prioridad. Mientras tanto, en su entrevista dominical con el director de la OMB, la periodista de la CNN Dana Bash, dedicó mucho tiempo al tema de la teoría de Vought sobre la «incautación» y su constitucionalidad, un tema jurídico importante pero arcano que probablemente no resulte muy interesante para muchos.

    Lo que es acertado y constituye una línea de crítica más eficaz es que la ideología de Vought —un fanatismo militante y antigubernamental que le lleva a considerar como completamente ilegítima la inversión pública en infraestructura y a querer eliminar o vender al mejor postor prácticamente todos los programas gubernamentales, desde Medicaid hasta la NASA— es ajena y poco atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos, incluida la propia base obrera de Trump, y que los perjudicará, a ellos y a sus seres queridos. Una mayoría récord de estadounidenses, la más grande en treinta años, ahora quiere que el gobierno haga más para resolver los problemas del país, no que haga menos o que apenas exista, como sueña Vought.

    Si se conoce la historia de Vought, se sabe que toda su carrera estuvo definida por el hecho de que sus objetivos políticos resultaron tan tóxicos para los estadounidenses de a pie, incluyendo a los votantes republicanos, que nunca pudieron promulgarse democráticamente. La gran queja de Vought es que cada vez que redactaba un presupuesto que eliminaba la asistencia sanitaria para la gente y disolvía la mitad del Gobierno (excepto el Pentágono, por supuesto), nunca se aprobaba, porque los miembros republicanos del Congreso que apoyaban de palabra su ideología antigubernamental se echaban atrás cuando al darse cuenta de que sus electores los destrozarían si se atrevían a ponerla en práctica.

    Esto es lo que finalmente llevó a Vought a Trump. Vought declaró abiertamente que tanto el consenso político estadounidense como la opinión jurídica mayoritaria están tan lejos de su visión antigubernamental y que la única forma de hacerla realidad es tomar medidas radicales y sin precedentes, como confiarle a un presidente todopoderoso la tarea de desmantelar por sí solo el gobierno federal y declararle la guerra a los demás poderes si se interponen en su camino. Esto es asombrosamente antidemocrático, pero también es antidemocrático por necesidad, en tanto está al servicio de una agenda política que resultaría repulsiva para la mayoría de los estadounidenses si estuvieran debidamente informados al respecto.

    De hecho, ya lo demostró: basta con ver la furiosa reacción pública a la suspensión de las subvenciones impulsada por Vought, que obligó a los miembros republicanos del Congreso a presionar a la Casa Blanca para que la revocara, o la ira que los republicanos están expresando en los ayuntamientos por el avance de presupuestos que diezman Medicaid, siguiendo el modelo trazado por Vought.

    La salida de Musk debería ser una oportunidad para volver a centrar la atención en Vought, que logró pasar bastante desapercibido durante los últimos cinco meses gracias a la búsqueda de atención del multimillonario de Tesla. Puede que Vought no sea un personaje tan pintoresco, pero si el público supiera con precisión lo que cree y planea hacer, quedaría igual de perturbado por su influencia en la Casa Blanca.

     

     

  • «Los derechos humanos no se degradan por decreto»: caminata por la Memoria, la Verdad y la Justicia

     

    Imagen: @ate.justiciayddhh

    La Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nucleada en ATE Capital, convoca este viernes 30 de mayo a las 17 horas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), ubicado en Avenida Del Libertador 8151 (CABA), para realizar una «caminata en defensa de las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos», contra los despidos y el vaciamiento de los Espacios de Memoria. El gobierno nacional anunció ayer que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal, que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA», en el marco del «mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes», indicó el Ministerio de Justicia. Abuelas de Plaza de Mayo ya había advertido por el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos. Por ANRed.


    Así convocaron desde las redes sociales los/as delegados/as de ATE Capital de la Secretaría de Derechos Humanos: «ante los avances del gobierno contra la Secretaría de Derechos Humanos, nos convocamos este viernes 30 de mayo a las 17 horas para defender las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Derechos Humanos en la ex ESMA (Av. Del Libertador 8151). ¡Lxs esperamos!».

    En ese marco, convocan también a adherir de manera online a la convocatoria.

    En declaraciones a Entre Líneas PQV (FM 105.9), Octavio Rampoldi, delegado de ATE en la Secretaría de Derechos humanos amplió: «la última semana, el Ministerio y el Gobierno Nacional definieron degradar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a una subsecretaría. También se definió que el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria pasen a hacer oficinas dentro de otra dependencia, que es el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, con lo cual está degradando la institucionalidad y el rango que tienen todas estas dependencias. Cuando hablamos del Archivo Nacional de Memoria, estamos hablando de una institución de jerarquía internacional que es consultada por investigadores de todo el mundo. Hoy realmente vienen y nos llaman permanentemente de todo el mundo, desde Francia, de Italia, de España, de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil. Vienen investigadores de todo el mundo a consultar nuestro acervo».

    Imagen: @ate.justiciayddhh

    En la misma línea, agregó: «lo que nosotros venimos denunciando es el desmantelamiento. Porque claramente a ellos no les interesa las políticas de derechos humanos. El anuncio fue que iban a hacer una reducción del 40% en la estructura organizativa y de un 30% de los trabajadores. Ahora, tengamos en cuenta esto: ya la Secretaría de Derechos Humanos vio reducida su planta total en más de la mitad durante un año y medio».

    Como parte de esta avanzada gubernamental, el gobierno de Javier Milei anunció este miércoles 28 de mayo, a través del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, que, «en el marco de la implementación del Código Procesal Penal Federal que se realizará el 11 de agosto en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto a disposición de los Fiscales Federales un edificio de más de 5.000 m2 ubicado en la Ex-ESMA».

    «Este inmueble, anteriormente destinado a programas ideológicos y actividades político partidarias, será utilizado para fortalecer la infraestructura judicial y contribuir de forma directa a la lucha contra la inseguridad. Nuestra decisión se enmarca en el mandato del Presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado y redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos. Reafirmamos nuestro compromiso de brindarle a los jueces y fiscales todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes», finaliza el comunicado oficial del Ministerio de Justicia.

    El pasado viernes 23 de mayo, Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado una nueva escalada en las políticas de vaciamiento de las políticas de Memoria y Derechos Humanos por parte del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, advirtió que las primeras medidas de esta nueva avanzada del gobierno nacional eran el cambio de rango de la Secretaría de Derechos Humanos; el traspaso del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Sitio de Memoria ESMA al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos; y la pérdida de la autarquía y la autonomía del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

    «La medida vulnera el derecho a la verdad y el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. En todos los casos, los organismos verán reducida su planta jerárquica y de trabajadores, generando, como viene sucediendo, la ralentización del trabajo por falta de personal y el desfinanciamiento de tareas centrales para la búsqueda de los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado y las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese período», remarcaron desde Abuelas.

     

  • Salarios de las empleadas domésticas en Neuquén y Río Negro: “no cubrimos lo básico”

     

    La secretaria general del Sindicato de Personal Doméstico de Río Negro y Neuquén e integrante de la Comisión Nacional de empleadas domésticas, Sonia Kopprio calificó el incremento salarial del 1,4% para las trabajadoras de casas particulares como “insuficiente” y alertó sobre la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan miles de empleadas en la región.

    El aumento, que se aplicará en los sueldos de noviembre a cobrar en diciembre, afecta a las trabajadoras de Neuquén y Río Negro, donde la paritaria llegó con retraso y sin retroactividad. Kopprio explicó que la reunión debía concretarse en la primera semana de octubre, pero la convocatoria se demoró, lo que dejó al mes sin actualización salarial.

    Además, detalló que el básico apenas pasa de los 379 mil pesos, se suma un bono de solo 14 mil pesos, y persisten problemas graves como la falta de elementos de protección, la ausencia de controles de las ART y la necesidad de muchas empleadas de trabajar por horas en varios hogares para llegar a fin de mes.

    La dirigente gremial en diálogo con medios locales, explicó que “un 1,4% no es nada. Todavía tuvimos que intimar para que nos convocaran, porque si no, ni eso. La reunión tenía que haber sido la primera semana de octubre, y así perdimos el mes. Octubre quedó sin incremento salarial, y no es retroactivo”.

    Pérdida del poder adquisitivo y paritarias estancadas

    Kopprio detalló que, con el aumento anterior, en septiembre, una trabajadora de jornada completa “quedaba en un básico de 375.000 pesos”. Con la suba actual, el monto apenas asciende a “379.000 y algo”. A eso se suma un bono de 14.000 pesos que es “nada”, remarcó al referente del sindicato.

    La dirigente expresó su preocupación por el estancamiento de las paritarias y las convocatorias tardías que impactan sobre los salarios, más allá de las proyecciones de la inflación en el país, que, según el gobierno nacional, irán a la baja a partir de 2026. “En un mes deberían poder fijarse acuerdos más abarcativos. Pero no: si un mes no se reúnen, no hay aumento”, señaló.

    La dirigente sindical advirtió que los salarios actuales del sector no alcanzan para cubrir el costo de la canasta familiar, lo que profundiza la ya delicada situación económica de las trabajadoras de casas particulares. “Ni siquiera cubrimos lo básico”, remarcó, al señalar que el poder adquisitivo se deteriora mes a mes.

    Kopprio comparó la realidad del gremio con la de otros sectores que, aunque acordaron incrementos cercanos al 10%, parten de salarios muy superiores. “Nos comparan con camioneros, petroleros, bancarios… pero ellos tienen básicos de dos millones para arriba, otros códigos, otros bonos. Nosotras seguimos peleando por un bono de 14.000 pesos”, cuestionó.

    Falta de seguridad laboral

    Uno de los puntos más críticos, sostuvo, es la falta de seguridad laboral. La referente explicó que en la mesa nacional plantearon que “ni siquiera se entregan elementos de protección: guantes, botas, delantales”.

    Además, indicó que un par de guantes cuesta alrededor de 6.000 pesos, monto que ni siquiera puede cubrirse con el aumento vigente. “Las trabajadoras los necesitan para cuidar su salud y su piel. A veces limpiamos cosas para las que deberíamos tener protección y no tenemos nada”, denunció.

    También apuntó contra la falta de controles de las ART, al afirmar que no existe supervisión sobre si las empleadas están realmente protegidas. “Pregunté qué cubren. ¿Quién controla que una trabajadora esté protegida? Nadie controla nada”, sostuvo.

    La precariedad estructural del sector obliga a muchas empleadas a trabajar por horas en dos o tres casas para llegar a fin de mes. “Con un solo empleo no llegan a nada”, señaló Kopprio. Aunque el valor oficial de la hora quedó en 3.090 pesos, advirtió que “nadie trabaja por ese monto”.

    “Gracias al sindicato en Río Negro y Neuquén, menos de ese piso nadie debería pagar”, subrayó, y destacó la labor local para sostener condiciones mínimas en un contexto inflacionario que devora los ingresos.

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