Bolsonaro, María Corina Machado y el nuevo rostro del neocolonialismo de Trump en América Latina

Bolsonaro, María Corina Machado y el nuevo rostro del neocolonialismo de Trump en América Latina

La llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos y la alianza de María Corina Machado con Donald Trump revelan una estrategia de Washington para expandir su influencia en América Latina mediante liderazgos opositores, presión política y subordinación geopolítica.

Por Bruno A. Monteverde para NLI

Bolsonaro, María Corina Machado y el nuevo rostro del neocolonialismo de Trump en América Latina

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil a través de la Argentina, su agradecimiento público a Milei y la recepción que le brindó la administración de Donald Trump exponen algo más profundo que una alianza entre dirigentes de derecha. En Venezuela, María Corina Machado representa otra expresión de una dinámica semejante: la convergencia entre una oposición que busca conquistar el poder y una potencia que pretende definir las condiciones políticas, económicas y estratégicas de la región. Bajo la bandera de la libertad y la democracia, Washington vuelve a desplegar una vieja ambición: convertir a América Latina en un espacio de influencia privilegiada, con dirigentes locales dispuestos a facilitar sus objetivos.

La carta de Bolsonaro y la internacional de la derecha

La frase elegida por Flávio Bolsonaro para explicar su llegada a Estados Unidos —«No huí de Brasil, me fui de Brasil»— no es una simple aclaración personal. Es una declaración política destinada a disputar el significado de su salida, transformar una situación controvertida en un relato de persecución y presentarse ante sus seguidores como un dirigente obligado a abandonar su país para continuar la lucha política. En su carta, el dirigente brasileño agradeció el respaldo de Javier Milei y la recepción de la administración de Donald Trump, mientras denunciaba un supuesto régimen de excepción en Brasil. El mensaje construye una narrativa reconocible dentro de la ultraderecha internacional: las instituciones que limitan sus acciones son presentadas como instrumentos autoritarios, mientras que los gobiernos extranjeros que los respaldan aparecen como garantes de la libertad.

Pero el dato políticamente relevante no es solamente el contenido de la carta. Es el recorrido que la hizo posible. Flávio Bolsonaro llegó a Miami después de atravesar territorio argentino, en una operación que incluyó un vuelo privado desde Puerto Iguazú y que abrió interrogantes sobre el papel desempeñado por el Gobierno de Milei. La administración argentina confirmó posteriormente su ingreso y salida, mientras crecían las preguntas sobre la coordinación entre las autoridades involucradas. Donald Trump, por su parte, expresó su aprobación a la llegada del dirigente brasileño y cuestionó el resultado electoral que consagró nuevamente a Luiz Inácio Lula da Silva. El episodio convirtió una salida de Brasil en una demostración pública de solidaridad entre gobiernos y referentes de la derecha continental.

La dimensión estratégica de este movimiento se entiende mejor si se observa el lugar que ocupa cada actor. Milei no se limita a compartir afinidades ideológicas con los Bolsonaro: su Gobierno funciona como un aliado regional de Washington y como un punto de apoyo para una red política que trasciende las fronteras argentinas. Cuando la Casa Rosada facilita, por acción u omisión, el tránsito de un dirigente enfrentado con las instituciones de su propio país, el episodio adquiere consecuencias diplomáticas que van más allá de la relación personal entre mandatarios. Brasil y Argentina son las dos economías centrales del Mercosur, mantienen una extensa interdependencia comercial y necesitan canales de cooperación que no pueden reemplazarse con afinidades partidarias. Convertir el territorio argentino en una plataforma de operaciones para un dirigente de la oposición brasileña supone, por lo tanto, introducir una disputa ideológica dentro de una relación estratégica para ambos pueblos.

La cuestión exige distinguir los hechos comprobados de las responsabilidades que todavía deben esclarecerse. La salida de Flávio Bolsonaro, su paso por la Argentina y su llegada a Estados Unidos están documentados; el alcance preciso de la intervención de funcionarios argentinos y la eventual coordinación previa con Washington requieren explicaciones y pruebas. Pero esa cautela sobre los hechos no impide analizar el sentido político del episodio: la derecha continental se presenta como una comunidad de intereses que puede movilizar recursos, respaldos y territorios nacionales para proteger a sus dirigentes y sostener su proyección internacional. La soberanía de los países queda entonces subordinada a una lógica de bloque, en la que la solidaridad ideológica puede pesar más que la responsabilidad institucional y las relaciones entre Estados.

María Corina Machado: la oposición como instrumento de una estrategia exterior

El caso de María Corina Machado permite observar una dimensión más profunda y conflictiva de esta estrategia. La dirigente venezolana construyó su liderazgo enfrentando al chavismo y reclamando una transición política en su país. Su trayectoria, sus denuncias sobre las restricciones democráticas venezolanas y el respaldo que obtuvo entre sectores de la oposición no desaparecen por su relación con Estados Unidos. Sin embargo, esa legitimidad política tampoco vuelve irrelevante la naturaleza de sus alianzas internacionales, especialmente cuando Washington interviene de manera directa en la configuración del poder venezolano.

La relación entre Machado y Trump alcanzó una expresión extraordinaria cuando la dirigente le entregó al presidente estadounidense la medalla correspondiente al Premio Nobel de la Paz, en un gesto que presentó como reconocimiento a su compromiso con la libertad de Venezuela. El simbolismo fue contundente: una figura opositora que reivindica la soberanía democrática de su país ofrecía al mandatario de una potencia extranjera un reconocimiento asociado a su propia legitimidad internacional. La escena adquirió todavía mayor trascendencia en el contexto de la intervención militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro a comienzos de 2026 y abrió una nueva etapa de reorganización política en Venezuela.

La paradoja merece ser examinada sin simplificaciones. Machado regresó a Venezuela en octubre de 2026 después de más de diez meses en el exterior, en un escenario marcado por la influencia determinante de Washington y por las negociaciones con las autoridades interinas encabezadas por Delcy Rodríguez. La administración Trump sostiene que busca una transición democrática, elecciones creíbles y garantías políticas. Sin embargo, Estados Unidos también mantiene intereses estratégicos propios en el país, especialmente por sus enormes reservas de petróleo y por la importancia de Venezuela en el equilibrio energético continental. La democracia constituye una demanda legítima de la sociedad venezolana; el problema aparece cuando la potencia que dice promoverla se reserva la capacidad de intervenir militarmente, condicionar el proceso institucional y definir qué actores considera aceptables para conducirlo.

El neocolonialismo contemporáneo no necesita reproducir las formas clásicas de ocupación territorial para condicionar la independencia de un país. Puede operar mediante la presión económica, la intervención militar, el control de recursos estratégicos, la influencia sobre las instituciones y la promoción de dirigentes locales cuya llegada al poder coincida con los intereses de la potencia dominante. En ese esquema, los actores nacionales conservan sus discursos, sus organizaciones y sus bases sociales, pero sus decisiones quedan sometidas a una relación profundamente desigual con el poder externo. No se trata necesariamente de que cada dirigente responda mecánicamente a órdenes extranjeras, sino de que la dependencia política, financiera, diplomática o militar puede reducir el margen de autonomía de un eventual gobierno.

Machado representa un caso especialmente complejo porque su oposición al chavismo tiene raíces propias y cuenta con respaldo social. Reducir toda su trayectoria a una operación estadounidense sería desconocer la realidad política venezolana. Pero también sería ingenuo ignorar que su estrategia internacional apostó fuertemente por Trump y por la presión de Washington, incluso cuando esa administración recurrió a la fuerza militar. El respaldo de una potencia puede ampliar las posibilidades de una oposición para disputar el poder; al mismo tiempo, puede convertir su proyecto político en una pieza de una negociación cuyos términos fundamentales no controla. La pregunta decisiva no es si Machado tiene derecho a buscar aliados extranjeros, sino qué capacidad conservaría para defender la voluntad popular venezolana frente a los intereses de esos aliados.

De la Doctrina Monroe al alineamiento de Milei

El paralelismo entre Flávio Bolsonaro y María Corina Machado no radica en equiparar sus situaciones judiciales, sus trayectorias o sus objetivos inmediatos. El primero llega a Estados Unidos tras abandonar Brasil en un contexto de fuerte controversia política y de cuestionamientos sobre el papel de la Argentina; la segunda regresa a Venezuela después de un prolongado período fuera del país, en medio de una transformación institucional determinada por la intervención estadounidense. Son circunstancias diferentes. Lo que las conecta es la manera en que la política latinoamericana queda atravesada por una red de alianzas que tiene a Washington como centro de gravedad y que encuentra en los liderazgos locales vehículos para expandir su influencia.

La administración Trump combina el discurso de la libertad con una política exterior basada en la presión, la coerción y la defensa de intereses nacionales. Esa combinación no es nueva en la historia de Estados Unidos. Desde la Doctrina Monroe de 1823, pasando por las intervenciones militares, el apoyo a gobiernos aliados y las operaciones destinadas a condicionar procesos políticos, Washington ha defendido reiteradamente su pretensión de ejercer una influencia privilegiada sobre el continente. La diferencia actual está en la articulación de esas herramientas con las redes digitales, las organizaciones transnacionales de la derecha, los liderazgos personalistas y una diplomacia que privilegia la afinidad ideológica por encima de las tradiciones institucionales.

En ese escenario, Javier Milei desempeña un papel particularmente significativo. Su alineamiento con Trump no es solamente una decisión de política exterior: forma parte de una identidad política que presenta a la derecha global como una fuerza unificada frente a gobiernos progresistas, movimientos populares y proyectos de integración regional que conservan márgenes de autonomía respecto de Estados Unidos. La defensa pública de los Bolsonaro y el episodio de su salida de Brasil exponen los costos potenciales de esa orientación. Si la Argentina se convierte en una plataforma para operaciones que tensionan sus relaciones con Brasil, el precio no se limita al terreno diplomático. También alcanza al Mercosur, a la cooperación económica y a la capacidad de los países sudamericanos para negociar en conjunto frente a las grandes potencias.

El contraste con Lula da Silva es revelador. El presidente brasileño ha defendido la soberanía de su país frente a las presiones estadounidenses y ha sostenido que Brasil no debe convertirse en el patio trasero de ninguna potencia. Esa posición expresa una tradición latinoamericana que entiende la autonomía no como aislamiento, sino como la posibilidad de relacionarse con el mundo sin delegar las decisiones fundamentales sobre el propio destino. Frente a ella, el alineamiento automático propone una relación asimétrica: la potencia define sus prioridades y los gobiernos aliados procuran obtener beneficios políticos, económicos o diplomáticos a cambio de acompañarlas.

La discusión, por lo tanto, no se agota en Trump, Milei, Bolsonaro o Machado. Lo que está en juego es quién decide el futuro de América Latina: sus pueblos a través de instituciones soberanas o una estructura de poder internacional que utiliza las disputas internas para ampliar su capacidad de intervención. Las elecciones, los derechos políticos y la lucha contra los autoritarismos deben ser defendidos sin excepciones. Pero esos principios pierden consistencia cuando se invocan selectivamente, cuando se cuestionan resultados electorales adversos por conveniencia ideológica o cuando se considera aceptable una intervención extranjera porque favorece al propio espacio político.

La carta de Flávio Bolsonaro es, en ese sentido, más que un agradecimiento a dos presidentes aliados. Es una declaración de pertenencia a una red política internacional que concibe la disputa por el poder como una confrontación continental. La trayectoria de María Corina Machado muestra, desde otro escenario, los riesgos de depositar en Washington la expectativa de resolver una crisis nacional: la potencia que ofrece respaldo no deja de perseguir sus propios objetivos estratégicos. Y el Gobierno de Milei evidencia cómo esa lógica puede proyectarse sobre la política exterior argentina, incluso a costa de relaciones fundamentales con sus vecinos.

América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de las intervenciones extranjeras presentadas como salvación. El desafío no consiste en negar las crisis democráticas ni en blindar a los gobiernos frente a las críticas, sino en impedir que la defensa de la libertad se convierta en una justificación para transferir soberanía. Ninguna democracia puede considerarse plenamente libre si su futuro queda condicionado por los intereses de una potencia extranjera; ningún proyecto de emancipación regional puede prosperar si sus dirigentes confunden la alianza internacional con la subordinación política. En esa frontera se juega hoy una parte decisiva del futuro latinoamericano.

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    La crisis sanitaria en Argentina ha dejado de ser una preocupación sectorial para convertirse en un problema estructural de magnitud nacional. Las señales de alarma son múltiples: desde la precarización laboral del personal de salud, la falta de insumos médicos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria, hasta episodios escandalosos como la distribución de fentanilo contaminado, que ha puesto en peligro la vida de decenas de pacientes. No se trata de emergencias aisladas, sino de los síntomas de un sistema en colapso. Por Lucio Le Moal, periodista y trabajador de la salud en HIGA San Martín de La Plata.


    Este panorama no es reciente ni accidental. Es el resultado de décadas de desfinanciamiento, fragmentación, decisiones erráticas y, sobre todo, de una ausencia sostenida de políticas de salud pública de largo plazo. La inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la salud son solo la punta del iceberg. A esto se suman la crisis de abastecimiento de medicamentos, las demoras crónicas en la atención y la saturación de servicios clave, como ocurre hoy en el Hospital Garrahan, ícono de la medicina pediátrica argentina.

    Pero más allá del diagnóstico técnico, lo que subyace es un debate profundamente ideológico: ¿la salud debe ser garantizada por el Estado como un derecho humano, o gestionada por el mercado como un bien de consumo? Dos modelos están en pugna: el modelo estatal/nacional y el modelo liberal-mercantil.

    El modelo estatal/nacional: salud como derecho y deber indelegable del Estado

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    Desde esta perspectiva, el Estado debe garantizar el acceso universal, equitativo y gratuito a la atención sanitaria. La planificación estratégica, la producción estatal de medicamentos, la inversión en infraestructura y la dignificación del trabajo profesional son pilares irrenunciables. Para este modelo, la salud no es un gasto, sino una inversión social.

    El caso del fentanilo contaminado —que provocó graves infecciones e incluso muertes— expone las consecuencias de tercerizar controles y compras de insumos vitales bajo la lógica del ajuste. Las fallas en los procesos de esterilización, almacenamiento y distribución no solo revelan negligencia, sino que cuestionan la capacidad del Estado de proteger la vida de sus ciudadanos cuando delega su rol rector en el mercado.

    En este marco, la situación crítica del Hospital Garrahan —con renuncias masivas, falta de insumos, demoras en turnos y deterioro edilicio— es la expresión más visible de un modelo en crisis, pero también de lo que ocurre cuando se debilita la responsabilidad estatal.

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    El modelo liberal-mercantil: la salud como responsabilidad individual

    En la vereda opuesta, el pensamiento libertario plantea que el Estado debe reducir su participación al mínimo, promoviendo la competencia entre prestadores privados como mecanismo para mejorar la calidad y reducir costos. Bajo este paradigma, el paciente se convierte en cliente, y la salud en un servicio a ser contratado según las posibilidades económicas de cada individuo.

    Se proponen medidas como sistemas de vouchers sanitarios, seguros médicos privados de libre elección, desregulación de laboratorios y privatización progresiva de hospitales.

    El caso del fentanilo contaminado, desde esta óptica, demuestra —según sus defensores— que el Estado es ineficiente y que los controles funcionarían mejor bajo lógicas empresariales.

    Sin embargo, esta visión ignora un dato clave: el mercado excluye. Y lo hace sistemáticamente. Cuando la atención sanitaria se rige por la rentabilidad, los más pobres quedan afuera. Como decía Carrillo: “No puede haber política sanitaria sin justicia social.”

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    En un país donde todo debate se polariza, es necesario explorar modelos mixtos o híbridos, como los aplicados en los países nórdicos o en Holanda. Sistemas con financiamiento público, fuerte regulación estatal, pero también con capacidad de gestión eficiente y mecanismos de control social y transparencia.

    El desafío argentino es construir un modelo de salud que combine equidad, eficiencia y sostenibilidad. Esto implica no solo mayor inversión, sino planificación estratégica, control efectivo de insumos, mejora de las condiciones laborales y fortalecimiento institucional.

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    Como nos enseñó Carrillo, «Los problemas de la medicina como rama del Estado no se pueden resolver si no hay una política social orientada al bien común.» Hoy más que nunca, debemos retomar ese legado.

    Porque en definitiva, la salud de una nación dice mucho más sobre su dignidad que cualquier indicador económico.

     

  • Con escaso margen y un desempate de Verónica Magario, el Senado bonaerense aprobó la ley de reelecciones indefinidas

     

    Tras un empate de 22 votos a favor y 22 en contra (con una abstención), con el desempate de la titular del cuerpo, la vicegobernadora Verónica Magario, el Senado bonaerense aprobó anoche un proyecto que habilita la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. Los intendentes quedaron excluidos. La polémica ley recibió el apoyo de kicillofistas, kirchneristas y de los «libertarios disidentes» o «díscolos» Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura. Mientras que el PRO, la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y La Libertad Avanza (tanto oficial como el sector de Joaquín de la Torre) votaron en contra. Dentro del peronismo hubo dos excepciones: Federico Fagioli, del Frente Patria Grande (que responde a Juan Grabois) y Sofía Vannelli, del Frente Renovador. Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados bonaerense. Por ANRed.


    Finalmente, anoche el Senado bonaerense votó la ley de reelecciones indefinidas de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares (con la exclusión de los intendentes). El resultado fue un empate en 22 votos a favor y 22 en contra, con una abstención.

    En ese marco, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, desempató a favor de la iniciativa y así se sancionó la ley: «a diferencia de lo que pasó hace largos años en la Argentina, mi voto es positivo”, dijo Magario, comparando el momento con el recordado «voto no positivo» de Julio Cobos en el Senado nacional en 2008, durante el conflicto entre el kirchnerismo y sectores del campo por las retenciones.

    Los alineamientos reflejaron la fragmentación interna: la polémica ley recibió el apoyo de kicillofistas, kirchneristas y «libertarios disidentes» o «díscolos» Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura.

    Mientras que el PRO, la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y La Libertad Avanza (tanto oficial como el sector de Joaquín de la Torre) votaron en contra. Dentro del bloque de Unión por la Patria hubo dos excepciones: Federico Fagioli, del Frente Patria Grande (que responde a Juan Grabois) y Sofía Vannelli, del Frente Renovador.

    «Hoy la legislatura bonaerense va a tratar la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares: NO CUENTEN CONMIGO. Ya manifestamos en varias ocasiones que mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté mirando el ombligo. Por eso, no voy a acompañar la sesión de hoy. No nos eligieron para esto. No es un tema de principismo sino de prioridades. Nuestras prioridades son otras y no estuvieron contempladas: la ley para garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo; la ley de protección de los territorios periurbanos productivos de alimentos; la ley que crea el régimen de protección integral para repartidores y choferes de moto asociados a plataformas digitales; la ley de marco normativo para los establecimientos educativos de gestión social, cooperativa y comunitaria; la ley de protección de la fauna autóctona; y la ley de centros socioeducativos Entre otras. No se pueden discutir reelecciones políticas sin antes discutir realizaciones sociales. Siempre vamos a estar del mismo lado: trabajando donde más se nos necesita, con convicción y con amor por nuestro pueblo», había anticipado en su cuenta de X Fagioli.

    Por su parte, Vannelli, a pesar de que rechazó la votación, dio quórum para que la sesión se llevara a cabo. Ese gesto fue celebrado por referentes de su espacio, el massista Frente Renovador. Así, la ajustadísima votación reflejó la falta de cohesión dentro del oficialismo, que sufrió una ausencia clave y un voto negativo.

    En tanto, Malena Galmarini, figura del massismo y referente de la renovación política, lanzó una crítica irónica contra quienes promueven la reelección indefinida: «atornillados a sus sillas, discuten sobre lo que les importa y cada tanto miran por la cerradura a ver si llueve del lado de afuera», ironizó, con una metáfora climática muy oportuna para el inicio del invierno.

    Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados bonaerense.

     

  • Prófugo y condenado: capturaron a exdocente por 12 abusos sexuales

     

    El exdocente José Gregorio Ruffa Saraspe, condenado a 13 años de prisión por abuso sexual de menores en una escuela de Balsa Las Perlas.

    El docente de Cipolletti fue detenido anoche en la provincia de Catamarca. Ruffa se encontraba prófugo desde el 23 de octubre, luego de que la Corte Suprema desestimara la última apelación presentada por su defensa. Tras un operativo conjunto entre la policía catamarqueña y el Ministerio Público de Río Negro, se logró su captura y será trasladado en los próximos días a Cipolletti para comenzar a cumplir su condena.

    Ruffa fue hallado en la localidad de Alberdi, Tucumán, donde residía tras haber recibido autorización judicial durante el proceso de apelaciones. Sin embargo, al quedar firme la sentencia, el exdocente debía presentarse ante la Justicia, lo cual no ocurrió, iniciándose su búsqueda a nivel nacional. Las investigaciones determinaron que no había salido del país, y que podría estar recibiendo ayuda para mantenerse oculto en la región.

    El caso de abuso que protagonizó generó una profunda conmoción en Balsa Las Perlas, donde se desempeñaba como maestro entre 2017 y 2019. Durante el juicio, se acreditaron 12 hechos de abuso sexual simple cometidos contra siete alumnas menores de 13 años, a partir de testimonios tomados por cámara Gesell. El tribunal integrado por los jueces Baquero Lazcano, Gómez y González Vitale lo declaró culpable por delitos agravados por su rol como educador, cerrando así un proceso judicial que movilizó a toda la comunidad educativa.

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  • La Plata: productores, emprendedores y artesanos resisten el cierre del Parque Saavedra

     

    Imagen: @todxs_x_el_parque

    Productores, emprendedores, artesanos y artistas que desarrollan sus tareas en el Parque Saavedra de La Plata denuncian y resisten el inminente cierre del parque dispuesto por el intendente Julio Alak. «El parque no es solo una feria. Aquí conviven la biblioteca ‘Del otro lado del árbol’, una huerta comunitaria, ensayos de murgas, actividades culturales, recreativas y sociales que dan vida al barrio. El Parque Saavedra es un pulmón verde de la ciudad, hogar del jardín botánico, y un espacio vital para las expresiones culturales y comunitarias. El cierre del parque no trae seguridad: trae abandono, oscuridad y exclusión. Es también la pérdida de un espacio laboral para más de 500 familias que nos sostenemos día a día en la informalidad, resultado de años de políticas de precarización. Prohibir el acceso al espacio público es un paso más hacia la privatización del espacio urbano, concentrado solo para sectores privilegiados, y un intento más de expulsar la pobreza hacia las periferias, lejos de la vista de quienes gobiernan», remarcan. Por ANRed.


    Así lo denuncian en la cuenta de Instagram todxs_x_el_parque: «ante el inminente cierre del Parque Saavedra de La Plata, quienes somos productores, emprendedores y artesanxs que lo habitamos, nos autoconvocamos para denunciar y resistir el atropello de la Municipalidad, encabezada por el intendente Julio Alak, que amenaza con destruir nuestra fuente de trabajo y de vida».

     

    «El parque no es solo una feria – agregan – Aquí conviven la biblioteca «Del otro lado del árbol», una huerta comunitaria, ensayos de murgas, actividades culturales, recreativas y sociales que dan vida al barrio. El Parque Saavedra es un pulmón verde de la ciudad, hogar del jardín botánico, y un espacio vital para las expresiones culturales y comunitarias. Las mismas que ahora pretenden silenciar. Sabemos que, como ocurrió en Plaza Italia, Plaza San Martín y Plaza Rocha, el trasfondo es «limpiar» de pobres el espacio público, como si la pobreza fuera lo opuesto a la belleza. Como si la presencia de Ixs trabajadorxs informales empañara la estética de la ciudad», remarcan.

    Imágenes: @todxs_x_el_parque

    En la misma línea, agregan: «el cierre del parque no trae seguridad: trae abandono, oscuridad y exclusión. Es también la pérdida de un espacio laboral para más de 500 familias que nos sostenemos día a día en la informalidad, resultado de años de políticas de precarización. Prohibir el acceso al espacio público es interrumpir la vida comunitaria, cortar con las actividades culturales, deportivas y recreativas que fortalecen el tejido social. Es un paso más hacia la privatización del espacio urbano, concentrado solo para sectores privilegiados, y un intento más de expulsar la pobreza hacia las periferias, lejos de la vista de quienes gobiernan. Pero el parque es de todxs. Y quienes lo habitamos lo cuidamos, lo vivimos, lo defendemos».

    Imágenes: @todxs_x_el_parque

    «Por eso, llamamos a lxs vecinxs, organizaciones de derechos humanos, y a todxs quienes disfrutan del parque, a sumarse al reclamo. A estar atentxs, organizadxs y en estado de alerta. Defendamos el espacio público y nuestra fuente de trabajo», finaliza el comunicado de la Asamblea Autoconvocada de Productores, Artesanos, Emprendedores, Vecinos y Espacios Autogestivos del Parque Saavedra.

     

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