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Una empleada del Registro Civil de Neuquén fue acusada de pedir 90 mil pesos para realizar el casamiento de una pareja, en el mes de enero de este año. El Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino informó que, además, la mujer omitió datos importantes en otro casamiento civil.

Se informó oficialmente que el asistente letrado Facundo Bernat formuló cargos a una mujer, empleada de Registro Civil, por haber solicitado dinero a una pareja para tramitar un casamiento y por haber incluido datos falsos en el acta correspondiente.

De acuerdo con la teoría del caso presentada durante la audiencia, el primer hecho ocurrió el 6 de enero de 2025, cuando la imputada abusó de sus funciones como oficial pública y pidió una contribución indebida de $90 mil a un ciudadano, bajo el argumento de que el sellado abonado no se correspondía con el trámite de matrimonio. La suma fue transferida a una cuenta personal de la imputada mediante la aplicación MercadoPago.

El segundo hecho tuvo lugar el 11 de enero de 2025, cuando al confeccionar el acta de matrimonio omitió consignar que la ceremonia se realizó a domicilio. Tampoco indicó los nombres de los cuatro testigos exigidos por la normativa vigente.

Bernat atribuyó a la empleada del Registro Civil los delitos de exacciones ilegales agravadas y de falsedad ideológica, en concurso real y en carácter de autora (artículos 266, 268, 293, 45 y 55 del Código Penal).

La jueza de garantías Carina Álvarez tuvo por formulados los cargos y estableció un plazo de investigación de tres meses. Inicialmente, el Ministerio Público Fiscal había solicitado un plazo de dos meses para culminar la investigación. La defensa de la imputada pidió extenderlo a tres meses, teniendo en cuenta la próxima feria judicial y la necesidad de llevar adelante su propia investigación.

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Lo definieron la Comisión Interna y la filial bonaerense del Sindicato de Alimentación. Hasta ahora Molinos Río de La Plata notificó 10 nuevos despidos y, según los trabajadores, se enmarcan en un plan de cesantías y precarización laboral. La medida se sostendrá por tiempo indeterminado. «No sólo están despidiendo ilegalmente, están ejecutando un proceso de desindicalización», denuncian. Por Infogremiales.

Los trabajadores de Molinos Río de la Plata, junto a la Comisión Interna y la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación filial Buenos Aires, iniciaron anoche un paro por tiempo indeterminado ante el despido de cinco trabajadores y una trabajadora. Esta mañana, la empresa despidió a otros cuatro trabajadores.

«Se trata, como lo denunciamos ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de un plan de cesantías y precarización laboral de la empresa que ahora se termina concretando con estos ilegales despidos», explicaron.

Y añadieron: «Todo comenzó anoche cuando cuatro trabajadores estaban entrando a cumplir el turno noche y dos se preparaban para volver a su casa luego de terminar su jornada en el turno de la tarde. Los seis fueron citados a la oficina de Recursos Humanos y allí, frente a una escribana, les notificaron que estaban despedidos».

La Comisión Interna, junto a la dirección del STIA filial Buenos Aires, realizó una asamblea en la que se aprobó el paro convocado por el gremio a partir del turno noche. El paro que se ratificó en la asamblea del turno mañana. La medida de fuerza es reclamando la inmediata reincorporación de los despedidos, cese de más despidos, y por condiciones dignas y seguras de trabajo ante la ilegal reducción de dotación de personal ejecutada por la empresa.

«Los despidos se dan pocas horas antes de la cuarta audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ante la denuncia que realizamos junto a la dirección del STIA filial Buenos Aires de que había en marcha un proceso de despidos planificado. Ese proceso, que comenzó el 26 de mayo, fue dejando a la planta con dotaciones de trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la cantidad mínima en cada una de las máquinas, lo que genera situaciones de riesgo para la salud de las y los operarios», remarcaron.

Y añadieron: «No sólo están despidiendo ilegalmente, están ejecutando un proceso de desindicalizacion, imponiendo la precarización laboral para producir, afectando la salud y la seguridad del resto de las y los trabajadores, ignorando deliberadamente las intimaciones de los representantes de los trabajadores en el Comité Mixto de Seguridad e Higiene que está constituido en la planta».

Vale recordar que el 23 de mayo pasado, la comisión interna ya había denunciado públicamente que la empresa de los Pérez Companc -una de las 4 familias más ricas del país, según la revista Forbes- estaba realizando reuniones de forma irregular con los y las trabajadoras en la que les planteaba que si no aceptaban rebajas salariales y trabajar con dotaciones por debajo de las recomendadas por el Comité Mixto de Seguridad e Higiene, iban a haber despidos.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/despidos-masivos-y-paro-por-tiempo-indeterminado-en-molinos-rio-de-la-plata-no-solo-estan-despidiendo-ilegalmente-estan-ejecutando-un-proceso-de-desindicalizacion/

Federico ‘Fred’ Machado, el empresario argentino acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de ser uno de los responsables de financiar la campaña del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, sería extraditado este miércoles, según informaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

Actualmente, Machado es investigado por la justicia de Estados Unidos, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas; tanto en el exterior como en nuestro país fue acusado de integrar una organización delictiva transnacional.

En abril del año 2021, fue detenido en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición; este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó dicha solicitud, por lo que el empresario aeronáutico fue trasladado a Buenos Aires para ser entregado, este miércoles, a las autoridades norteamericanas.

La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando se descubrió su relación ‘amistosa’ con Espert, a quien, además de haberle financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo.

Por otra parte, y durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de “asesorías” contables.

Esta situación derivó a que el legislador libertario no sólo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funcionen dentro del Congreso Nacional, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hasta el próximo 8 de diciembre, un día antes de que termine su mandato.

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Vialidad Nacional deberá reparar de manera urgente la Ruta 40 en la provincia de Río Negro, tras un fallo en ese sentido del juez Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. El magistrado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la provincia de Río Negro y otros organismos. La resolución también obliga a ejecutar la señalización en los lugares donde sí se realizaron trabajos de bacheo.

La causa fue iniciada ante la falta de respuestas oficiales y la creciente peligrosidad del tramo, una situación denunciada reiteradamente por la Provincia, informó el gobierno del gobernador Alberto Weretilneck en un comunicado oficial.

«Se trata de una vía fundamental para la conectividad andina y el desarrollo económico y turístico, cuyo estado de deterioro pone en riesgo la seguridad, la integridad física y la vida de quienes la transitan diariamente», dice el texto difundido.

La sentencia

La sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, con cargo al presupuesto 2024, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial.

Entre las obligaciones más urgentes figuran la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas; la reposición de la señalización horizontal en los sectores intervenidos; y la colocación de señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y demás puntos críticos.

Todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas.

En cuanto a los plazos, el fallo fija un esquema preciso de cumplimiento. Dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de cada reparación ordenada. En el mismo plazo, tendrá que elevar un informe técnico que confirme o descarte el riesgo de arrastre de material rocoso. Si el riesgo existe, deberá proponer las medidas correctivas y especificar los tiempos de aplicación.

Asimismo, en ese período deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué medidas implementará y en qué plazos.

En tanto, a los 120 días, la sentencia exige la presentación de un plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes, con acciones preventivas y de conservación futura que permitan sostener en el tiempo la seguridad del tramo.yed0Xg

La sentencia firme reafirma el rol de la Provincia en la defensa de la vida, la seguridad vial y la integridad física de quienes transitan una de las rutas más importantes para la conectividad andina y el desarrollo turístico y económico del sudoeste rionegrino.

La Justicia reconoció la inacción del organismo nacional durante años y validó el derecho y el deber de Río Negro de accionar ante incumplimientos del Estado Nacional.

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Fotos: Emiliano Ortiz.

La fiscalía de Delitos Ambientales realizó un allanamiento en el predio del basurero petrolero Comarsa del Parque Industrial de Neuquén. El traslado de los residuos tóxicos desde allí hacia Añelo, acordado en 2024 entre la empresa y la Secretaría de Ambiente de Neuquén, permite ahora acceder a otras superficies en las que tomar las nuevas muestras. El procedimiento se concretó en el contexto de la causa contra el dueño y dos ejecutivos de la empresa por los delitos de contaminación y administración fraudulenta y tuvo como objetivo tomar esas muestras y secuestrar documentación sobre movimientos de suelos, traslados y disposición de residuos. La gran cantidad de residuos de la explotación de Vaca Muerta sigue siendo un problema irresuelto para la provincia. Por OPSur.

“Ya en 2023 y 2024 se había allanado a Comarsa con el fin de tomar muestras de suelo en el predio. Pero el alcance fue acotado por la enorme cantidad de residuos en el lugar, lo que imposibilitó el acceso a determinados sectores”, dijo el fiscal de la causa Maximiliano Breide Obeid en relación al motivo de este nuevo ingreso.

Según el querellante Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, “lejos de ser un asunto resuelto como pretenden las autoridades políticas de Neuquén, este allanamiento refuerza las medidas de investigación”. Colombo explicó que es el quinto allanamiento a la empresa, y que se concreta “junto a muchas otras medidas que ratifican que Comarsa cometió delitos de contaminación, usurpación de tierras públicas y un fraude millonario escandaloso a lo largo de más de 10 años. Todo en el contexto de la gestión de la basura petrolera del fracking de Vaca Muerta”.

Fotos: Emiliano Ortiz.

Por fuera de la causa judicial, en octubre de 2024 Comarsa acordó con la Secretaría de Ambiente trasladar los residuos ubicados en Neuquén a la planta de disposición final de Indarsa en Añelo en un plazo de 24 meses. Según el convenio, la empresa no trasladaría los 31.000 m³ de residuos en biopilas pero retiraría los 210.000 m³ acopiados. Con ese objetivo, se pautó la obligación de retirar 17.500 m³ por bimestre. Entre enero y febrero de este año, cuando comenzó a concretarse el convenio, la compañía movió 11.500 m3. Es decir, solo el 65% de lo acordado.

Al día de hoy, no hay información pública que permita saber si Comarsa cumplió con los volúmenes establecidos para el segundo bimestre. La Secretaría de Ambiente no publicó informes actualizados ni respondió los pedidos de información realizados por la Fiscalía y las querellas sobre las cantidades transportadas y qué tipo de análisis se les realizó. Tampoco se conoce si se iniciaron sanciones por el incumplimiento anterior de la empresa.

Accedé al informe La basura del fracking en Vaca Muerta sobre el tratamiento de residuos de la empresa Comarsa.

Fuente: https://opsur.org.ar/2025/06/11/allanaron-comarsa-tomaron-muestras-del-suelo-que-esta-siendo-trasladado-a-anelo/

La comisión investigadora de la criptomoneda Libra, el primer escándalo de magnitudes que estalló como una bomba en la cara del gobierno nacional, transita sus horas finales ya que presentará este martes en la Cámara de Diputados un pormenorizado informe con las conclusiones del trabajo realizado durante estos meses, que «incluirá consideraciones y recomendaciones surgidas del proceso».

Así lo anticipó anoche el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, en su cuenta de la red social X, para difundir la actividad que se desarrollará este martes a las 16 en la Sala 1 del Anexo A.

“Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa”, publicó el legislador de la Coalición Cívica.

La comisión se creó a raíz de la voluntad opositora de investigar la presunta estafa en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, operatoria que generó pérdidas millonarias para miles de usuarios que fueron inducir a adquirir activos digitales a partir de un posteo de promoción en sus redes sociales del presidente Javier Milei.

Tras el escándalo, el Poder Ejecutivo y el oficialismo en general negaron la posibilidad de que hubiera una estafa tratándose de una «memecoin», tomaron distancia de las acusaciones, y buscaron obstruir la creación de la comisión al sostener que entorpecería la tarea de la Justicia.

Inicio de la investigación

Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

No obstante, la totalidad de los funcionarios del Poder Ejecutivo citados por la oposición, entre ellos Karina Milei, los ministros Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, y Roberto Silva, para que brindaran declaración indagatoria se rehusaron a concurrir, lo cual le quitó algo de brillo a la comisión investigadora.

Solamente puso la cara el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien negó todos los cargos, insistiendo en que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados” a «Viva La Libertad Project».

“Tampoco hubo una relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto”, indicó, aunque dejó algunos flancos abiertos durante su interpelación del 30 de abril en la Cámara de Diputados.

Así como provocó malestar la falta de voluntad del gobierno nacional en aportar testimonios para desentrañar lo sucedido en Libra, también hubo decepción con la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien les negó a los diputados el acceso al expediente judicial y tampoco autorizó llevar a los funcionarios del Ejecutivo a declarar por la fuerza pública.

El informe final que se develará este martes será elevado al recinto de la Cámara de Diputados antes del 20 de noviembre, conforme lo establecido en el proyecto de resolución que dio origen a la comisión investigadora. El informe está contenido un expediente dividido en diez cuerpos que incluye actas, testimonios, documentos de exchanges, fechas de transferencias, informes técnicos y dictámenes.

El entramado por supuesto tráfico de influencias y fraude no solamente incluye a Milei sino también a su hermana Karina Milei, y tuvo como actores insoslayables a los lobbystas e intermediarios locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían recibido dinero a través de exchanges de los creadores de la criptomoneda.

Entre estos últimos el nombre que más se repitió durante las pesquisas es el el Hayden Davis, quien trasfirió desde sus billeteras cientos de miles de dólares en fechas clave que coinciden con reuniones que Novelli mantuvo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, previo al retiro masivo de dinero en una sucursal bancaria.

Algunos de los testimonios más reveladores que fueron recabados por la comisión fueron el del empresario damnificado y querellante Martín Romeo, quien relató con lujo de detalles la forma en que se desarrolló la «estafa» en pocas horas, y el del programador Maximiliano Flirtman, quien aseguró que el tuit de Milei estaba orquestado y programado con anterioridad para engañar a los inversores.

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