En la tarde de este sábado quedó habilitado el ‘Stand de las artes reginenses Benedicta Cipolletti en el predio del Consorcio de Riego.
El Intendente Marcelo Orazi acompañó la inauguración junto a la Directora de Cultura Silvia Alvarado y la museóloga Magalí Catriquir.
Este espacio, coordinado por el Museo Felipe Bonoli, continuará el domingo y se realizará durante cuatro fines de semana consecutivos.
Allí se podrá encontrar: Mi ciudad en poesía, Antología reginense, imágenes para colorear de monumentos y obras de artistas, bibliomóvil con libros de nuestra historia, rincón de lectura, referencias históricas y máquinas de escribir, exposición de obras de arte y museo móvil.
En Tribunales hay malestar con los jueces de Cuadernos porque aceptaron que el artífice de la causa, el chofer Oscar Centeno, no se presentara a declarar como estaba estipulado.
Tanto los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero que integran el Tribunal Oral Federal n° 7 como la fiscal Fabiana León, reivindicada en los medios como «incorruptible», asumieron con naturalidad que el arrepentido colaborador no declare.
El remisero está bajo un programa de protección de testigos y se acercó a Comodoro Py el jueves custodiado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero no quiso responder preguntas, lo que encendió una luz de alarma en Tribunales, puesto que su testimonio no es uno más.
No sólo lo esperan los dirigentes políticos imputados, como Cristina Kirchner, sino los empresarios que están acusados y necesitan que Centeno aclare lo que en teoría escribió en los cuadernos que se quemaron.
Hay casos como el del empresario Armando Loson, que denunció que parte de las menciones que se hacían sobre él en los cuadernos del chofer habían sido adulteradas.
Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, los jueces del TOF 7.
El difunto juez Claudio Bonadío justamente les decía a los empresarios acusados que tendrían la posibilidad de aclarar las inconsistencias que había en los escritos en la etapa del juicio. Por eso el silencio de Centeno arroja un manto de sospecha. La pregunta que recorre Tribunales es si Centeno puede hablar y explicar lo que escribió o si siempre siguió un guion.
El caso de Claudio Uberti tampoco aporta transparencia en el proceso: el ex funcionario kirchnerista leyó su declaración y no aceptó preguntas.
Fuentes judiciales aseguraron a LPO que la negativa de Centeno es un disparate que pone en tela de juicio todo el proceso.
El martes, Cristina Kirchner impugnó las actuaciones judiciales de la etapa de instrucción de la causa y apuntó contra Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes acusó de extorsionar empresarios junto al falso abogado Marcelo D’Alessio para que declarasen contra ella.
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Los jueces de Casación, Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky abrieron el recurso de queja presentado por el fiscal de San Martín, Carlos Cearra, quien reclamó que la causa por la mansión de Pilar de Pablo Toviggino tramite en el juzgado penal económico de la Capital Federal de Mariano Aguinsky, en vez de desarrollarse en el juzgado de Campana.
Aunque la resolución de los camaristas de la Casación no es sobre el fondo de la cuestión, habilitó especulaciones sobre la posibilidad que el tesorero de la AFA tenga que rendir cuentas en un juzgado menos permeable a su defensa, algo que constituye un desafío para el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, un amigo de la entidad que preside Tapia, que estuvo en varios festejos en la mansión de Pilar.
Pero que Casación haya abierto el recurso de queja no necesariamente significa que falle en el sentido que quiere el fiscal. Un importante operador judicial le dijo a LPO que, tras la audiencia fijada para el próximo 30 de marzo, el fallo de Casación podría terminar favoreciendo a Toviggino. «No corresponde que una causa que investiga sobre una propiedad de la jurisdicción bonaerense se realice en un juzgado porteño», argumentó.
Hoy la causa tramita en el juzgado de Campana del juez Adrián González Charvay, cercano al intendente de Pilar, el peronista Federico Achaval, a su vez, muy cercano a la AFA. Mientras que en Capital Federal, está Marcelo Aguinsky, un juez cercano a Patricia Bullrich, uno de los arietes del gobierno contra Tapia y Toviggino.
Las probabilidades de rechazar el planteo de quien acude con un recurso de queja, una vez que se admite el recurso, son escasas.
De todas formas, la relevancia política del caso podría producir efectos impensados en la decisión de los magistrados. Un juez federal deslizó ante LPO que «las probabilidades de rechazar el planteo de quien acude con un recurso de queja, una vez que se admite el recurso, son muy escasas». Es decir, contra la opinión del operador judicial consultado, casación podría fallar efectivamente que el caso regreso al juzgado de Aguinsky. «Si esto ocurre sería una bofetada al clan Mahiques», agregó.
Los capos de la AFA, Pablo Toviggino y Chiqui Tapia.
Los argumentos de los jueces para abrir la queja fueron coincidentes, hasta en la prudencia de no dejar que se vislumbre su posición sobre la cuestión de fondo. «Sin que esto implique en modo alguno adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, entiendo que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por el Ministerio Público, declarar erróneamente denegado el recurso de casación deducido por esa parte y, en consecuencia, concederlo, sin costas», resolvió Carbajo.
Ledesma, por su parte, consideró que «corresponde hacer lugar a la queja» y acompañó la decisión de su colega.
Borinsky fue más barroco pero suscribió a la postura de sus colegas de la sala. «Convocado a emitir opinión en tercer lugar, he tomado conocimiento, como consecuencia de la deliberación, de la coincidencia de opiniones sobre la admisibilidad formal de la queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, la que se refleja en el voto concordante de mis distinguidos colegas preopinantes», sostuvo.
No corresponde que una causa que investiga sobre una propiedad de la jurisdicción bonaerense se realice en un juzgado porteño.
El expediente tiene como imputados a los presuntos testaferros Luciano Pantano y su madre, que aparecen como propietarios de la mansión. El envío de la causa a Campana se produjo por una definición del juez Alberto Lugones, a cargo de la Cámara Federal de San Martín, basándose en la ubicación del inmueble investigado.
Sin embargo, esa decisión desató la resistencia del juez Aguinsky y el fiscal Cearras. Los camaristas Carbajo, Ledesma y Borinsky deberán definir este conflicto de competencia el próximo 30 de marzo, en la audiencia prevista para las 11:30.
La investigación busca determinar si la firma Real Central SRL, perteneciente a Pantano, es una pantalla de los dirigentes de la AFA, debido a que la empresa no podría justificar los fondos para pagar esa mansión valuada en más de 17 millones de dólares.
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