La «Agenda Setting» es el poder que tienen los grandes medios de instalar los temas de los que debate la opinión pública, por ejemplo:
1- Para empañar la discusión del impuesto a las grandes riquezas (en defensa del poder real) instalaron que los políticos se bajen el sueldo, medida que no tendría real incidencia económica para palear la crisis actual. La mayoría (según una encuesta de hace días) está a favor de gravar la riqueza de multimillonarios pero el dato curioso es que del estudio resulta que el 20% de los consultados no sabía de qué se trataba el proyecto.
2- Ahora estás hablando y discutiendo sobre la salida de los presos como si la decisión de liberales fuera competencia del Ejecutivo. Y como si te importaran, ¿no?. Fíjate cómo no estás repudiando el pedido de domiciliara de genocidas.
3- ¿Qué evitaron discutir con esta imposición mediática? Por ejemplo, las condiciones de hacinamiento de las villas de Caba, donde la población (como todas las zonas vulnerables del país) es más permeable al contagio del covid-19, como pasó en la villa 31 en la semana (estuvo 5 días sin agua potable). Otro de los factores que omiten los medios de masas en el debate público es el desastre ambiental como origen del covid-19. Así evitan hablar del ecocidio globalizado, responsabilidad de multinacionales que en su mayoría son accionistas de estos pulpos mediáticos.
Esto muestra cuál es la batalla cultural: por el sentido común. Ese que los medios de masas insistirán en conservar para que sus dueños conserven su posición dominante.
El rol de los medios tradicionales fue interpelado en Argentina de sobremanera durante la última década, y ya nadie puede hacerse el distraído. Y vos.. ¿De qué lado estás?
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ESTO CIRCULÓ EN LAS REDES EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2020 DURANTE TODO EL DIA, EN HORARIOS PICOS.
ESTA ACTUALIZACIÓN SE REALIZÓ EN UN HORARIO CON MENOR AUDIENCIA CON MENOR EFECTO DE PENETRACIÓN EN EL ESPECTADOR, PERO SE OLVIDARON DE UN DETALLE, LA URL AÚN CONSERVA EL TÍTULO INTENCIONAL.
Mientras tanto se asegura que la «libertad condicional o libertad asistida se redujo en un 6,59% menos» que el año pasado (2019), asi lo confirman las fuentes consultadas por LA NACION.
Cacerolazo: Las personas que participaron hoy… ¿son las mismas que participan en las marchas por los femicidios?
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina finalizó esta semana con las tareas de reparación de la chimenea e instalación del nuevo mechero en la planta de bombeo de cloacas ubicada en barrio Belgrano. De esta manera, y después de muchos años, estos equipos se encuentran nuevamente en funcionamiento y…
Luego de completar los trámites administrativos de rigor, la nueva máquina motoniveladora adquirida recientemente comenzó con los trabajos de reparación y mantenimiento de las calles rurales ubicadas en el ejido de Villa Regina. Recordemos que la maquinaria fue adquirida con fondos provenientes de las cámaras de transferencia ubicadas en el Complejo Fitosanitario Aduanero, en un…
“La compra de tierras en sí misma no es una inversión.” Esa es una de las frases textuales más potentes de la Ley de Tierras. Es la Ley que Milei pretende desarticular. No logró hacerlo a fines del año 2023 a través del DNU 70/2023, gracias a un amparo judicial presentado por un Centro de Veteranos de Malvinas de La Plata. Entonces incluyó la reforma en un nuevo proyecto, firmado junto con los gobernadores del Consejo de Mayo y presentado a fines de marzo al Congreso.
Ese nuevo proyecto, el de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iba a ser tratado en el Senado en la sesión fallida del jueves 16 de julio. Ante la falta de apoyo político, Patricia Bullrich, como jefa de la bancada oficialista, pidió aplazar la sesión hasta el 6 de agosto.
Que la votación se postergue tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social organizada en ONGs, cooperativas, movimientos sociales, políticos, sindicales, científicos y religiosos. El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía.
Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, Peter Thiel y sus amigos se frotarán las manos.
Ahora empezó a circular una convocatoria: “Nos vemos el 6 en el Congreso.” Se corre la bola. Entre todos, de a poco logramos derribar el cerco mediático desde los medios locales y autogestionados y llegar al centro de la conversación social, incluso la vinculada con el Mundial. “Yo me pongo la camiseta. No a la extranjerización de la tierra”, circulaba en estados de Whatsapp con el hashtag #lasoberanianosenegocia. Se organizaron espacios de colaboración en red como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la tierra y la vivienda. La semana que viene, la última de julio, se realizarán acciones federales con el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, clases y radios abiertas, charlas y banderazos. Y el 6 de agosto, la movilización al Congreso.
Desde la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, un colectivo integrado por organizaciones de todo el país vinculadas a la ruralidad y a los territorios, tejemos estrategias. Yo, por ejemplo, que vivo en Buenos Aires pero soy de Santiago del Estero, entre otras cosas participé en zooms con mujeres de la Red Federal de Concejalas que tienen llegada a la Federación Argentina de Municipios (FAM), y así logramos sumar firmas para el rechazo al proyecto. Las compañeras de Casa Patria de Neuquén lograron reunirse con el Obispo cuando estaba por viajar a un Encuentro de Obispos en La Rioja. Se trabajó sobre aportes de colegas miembros de la pastoral social de Santa Fe, del chaco salteño (Salta) y de otros equipos que integran ese espacio. Así salió la Carta Abierta a los Legisladores de la Iglesia Católica firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas. Otro tanto sucedió con el comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y el pronunciamiento del Llamamiento argentino-judio contra el Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Estos pronunciamientos hicieron que el reclamo trascienda la ciudadanía politizada y llegue a amplios sectores de la sociedad.
LEY DE TIERRAS, LA ORIGINAL
La Ley de Tierras vigente entiende al suelo como un recurso natural escaso y no renovable, estratégico para el desarrollo humano y social. Fue aprobada por el Congreso en 2011, con amplia mayoría. En ese momento, el cambio climático era apenas un diagnóstico, aunque las tierras que producen alimentos ya empezaban a desertificarse y el estrés hídrico se insinuaba como problema condicionante. Lo urgente era preservar la soberanía argentina sobre recursos como el agua dulce y los minerales necesarios para un desarrollo nacional lo más equitativo posible, a los que el gobierno de Estados Unidos ya les ponía el ojo.
Que el Congreso haya postergado la votación tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social.
Fue creada para regular un previsible incremento de la propiedad extranjera y poner límites a un proceso de concentración de grandes extensiones de hectáreas en manos de capitales financieros. No prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones. Establece un tope del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, establece que los extranjeros de una misma nacionalidad no puedan adquirir más del 30%, y que ninguna persona, de manera individual, pueda comprar más de 1000 hectáreas en las regiones más fértiles para la agricultura (como la zona núcleo y otras regiones de la pampa húmeda) o su equivalente en otras zonas del país de acuerdo a lo que defina cada provincia. Además, les prohíbe expresamente comprar inmuebles que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanente, como hizo el británico Joseph Lewis en Lago Escondido. También establece parámetros de transparencia y prevención de lavado de activos.
Para mediados de 2013, un 6% de la superficie nacional estaba a nombre de extranjeros según un relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo creado por la Ley de Tierras, que dirigí durante cuatro años desde sus orígenes. Entre los datos más curiosos que recabamos aparecen los paraísos fiscales como dueños de 1.113.654,85 hectáreas, 55 veces la superficie porteña, a través de empresas radicadas en Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
El Registro Nacional de Tierras Rurales fue valioso en términos institucionales y de política pública. Fue el primer registro que unificó a nivel nacional datos reales sobre los dueños de la tierra (extranjeros), construido en clave federal a partir de los catastros y registros de la propiedad inmueble de todas las provincias argentinas independientemente de su conducción política. Además, construyó una base de datos a partir de las declaraciones juradas de empresas y el entrecruzamiento de esa información con otros organismos nacionales y provinciales de control, como direcciones de personas jurídicas e inspección general de justicia. Ese relevamiento fue la primera foto de la situación de extranjerización de la tierra rural en Argentina.
Hoy también hay acceso a esa información en la web del Ministerio de Justicia de la Nación (publicados por provincia y por departamento a través de un excel que permite su descarga en pdf) aunque la última actualización fue en agosto de 2025. Otra de las fuentes es el Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria (PRIHA) de UBA y CONICET que da cuenta de un 5% de superficie extranjerizada en el país.
LEY DE TIERRAS SEGÚN MACRI
A mediados de 2016, el entonces presidente Macri emitió un decreto que flexibilizó la Ley en lo que hace a la extranjerización de la tierra que se materialice a través de las transferencias de acciones o participaciones societarias. Eliminó para estos casos la exigencia de solicitar un certificado de habilitación al registro (permiso previo) y lo reemplazó por una obligación de comunicar la operación, pero sin sanción ante el incumplimiento. Ese decreto fue judicializado por diversas organizaciones de la sociedad civil, de pequeños productores y por legisladores nacionales de Mendoza, Chubut, Neuquén, Rio Negro, Misiones, Buenos Aires, entre otras. Pasaron cuatro años, y recién en 2020 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de la jueza María Alejandra Biotti, rechazó las acciones de amparo, basado en la falta de legitimación activa, evitando pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
LEY DE TIERRA Y LEY BASES
En diciembre de 2023, la Ley de Tierras entró en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, la llamada “Ley Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, medida que cosechó múltiples objeciones en sede judicial por su intento de derogar parcial o totalmente al menos 75 leyes. Con esta medida -atacada por inconstitucional- se habilitaría a que capitales extranjeros adquieran y administren la tierra rural, cercenando el acceso a miles de argentinos y poniendo en peligro la estructura de la tierra rural, incluso la de la pampa húmeda. Ese Decreto 70/2023 fue impugnado judicialmente por distintos colectivos, en distintos momentos y con resultado disímil, por afectar derechos vinculados a la salud, al trabajo, a la soberanía.
La Ley de Tierras vigente no prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones.
Entre estos reclamos judiciales se destaca el planteo realizado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionaron el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense. Sostuvieron que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, implica la intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del DNU 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo. El 29 de enero de 2024 el juez de feria del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó inscribir un proceso colectivo y decretó una medida cautelar que suspende el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en cuanto derogó la Ley 26.737 de Tierras. A una semana del fallo, el titular del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Alberto Recondo, rechazó esa acción de amparo. Dijo que el CECIM no se encuentra legitimado para estar en juicio en defensa de los intereses de los habitantes de la Nación Argentina ni de la soberanía nacional. Entonces el CECIM apeló la decisión y la Cámara Federal de la Plata finalmente declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 en tanto deroga la Ley de Tierras Nº 26.737. Entre los aspectos más salientes del fallo destaco la referencia a que la soberanía nacional justifica la incidencia colectiva y por su naturaleza, es un bien jurídico a proteger. Podemos decir que hoy la Ley de Tierras está vigente gracias al CECIM.
6 DE AGOSTO: NO A LA EXTRANJERIZACIÓN
A comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo, el Gobierno nacional impulsó una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina. En nueve artículos, bajo el título “Inviolabilidad de la propiedad privada”, el proyecto implica una derogación encubierta de la Ley de Tierras 26.737 al proponer cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y requisitos para la expropiación, y flexibilizaciones a la Ley de manejo del fuego. Sobre tierras rurales realizan modificaciones estratégicas que vacían de contenido su espíritu original al eliminar las limitaciones establecidas por ley, en cuanto a superficie, nacionalidad, topes personales y la prohibición de adquirir lagos y ríos.
La aprobación del proyecto de Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno Nacional implica riesgos institucionales y riesgos en sentido estratégico. La derogación de la Ley de Tierras significará:
–pérdida de acceso a la información pública a nivel nacional de los datos dominiales y catastrales en torno a la extranjerización de la tierra.
–pérdida de control sobre el territorio nacional y las implicancias en cuanto a la posible balcanización de nuestro país.
–eliminación de límites para la adquisición de tierras con acceso directo a cuerpos de agua de envergadura y permanentes (lagos, ríos), y por ende fuentes de agua y energía sumado al RIGI.
–de ser aprobado el SUPER RIGI, promete estabilidad regulatoria por 30 años y así desarma cualquier facultad de ejercicio de poder de policía sobre el territorio y por ende ejercicio de soberanía.
EL DOBLE OBJETIVO
Esta reforma debe leerse en dos niveles políticos superpuestos. Por un lado, cumple una función económica liberalizadora clásica: derogar los controles para facilitar y garantizar la inversión extranjera privada en un recurso estratégico, tratando a la tierra como una mercancía más. Por otro lado, y de manera simultánea, introduce una lógica geopolítica de alineamiento automático. En cuanto a los sujetos comprendidos, el proyecto se refiere a Estados extranjeros o entidades bajo su control y cobra sentido pleno a la luz de la alineación absoluta del gobierno de Javier Milei con los intereses estratégicos de los Estados Unidos.
Fue a comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo que el Gobierno nacional impulsó esa reforma hecha a la medida de grandes capitales extranjeros.
Lejos de una mera “modificación”, esta iniciativa representa una liberalización integral y selectiva del mercado de tierras. Se ampara en un principio abstracto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, cuando la ley actual no afecta derechos adquiridos y opera dentro del consenso jurídico sobre el principio de razonabilidad. La flagrante contradicción con el fundamento soberanista original de la ley—expresado en el mensaje de 2011—revela la verdadera naturaleza de la reforma.
En el doble objetivo se define su esencia: es a la vez un instrumento de desregulación económica para capitales amigos y una herramienta de alineamiento geopolítico que adopta, en la legislación doméstica, las prioridades de seguridad nacional de una potencia extranjera.
Pero el debate continúa, trasciende lo técnico y lo económico: se trata de definir bajo qué parámetros de soberanía e independencia se decidirá quién controlará el recurso fundamental de la Nación.
La Municipalidad de Villa Regina informa que ha presentado en la Superintendencia General del Departamento Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro, Balances Municipales del ejercicio 2020 e Informe Anual por el servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales correspondiente al año 2020, cumpliendo así con los requerimientos establecidos en la Ley Provincial…
El estancamiento del precio que reciben los productores frente al aumento sin freno de los costos de producción profundiza el panorama critico en ocho economías regionales, según se desprende del último informe de Coninagro.
Concretamente, las complicaciones persisten en las producciones de yerba, arroz, vino, leche, maní, hortalizas, algodón y mandioca.
De las 19 economías regionales medidas por el clásico semáforo de la entidad que nuclea a las cooperativas agropecuarias, solo cuatro aparecen en verde: bovinos, ovinos, granos y miel. El semáforo analiza tres componentes: negocio, productivo y mercado.
Un caso paradigmático es el de la lechería, donde los productores están afrontando el precio real del litro más bajo de la última década (518 pesos por litro para junio 2026)
Dentro de las economías regionales golpeadas, son muy complejos los casos del vino y la yerba, con prolongados períodos de crisis. La vitivinicultura acumula 41 meses consecutivos en rojo, desde enero de 2023. Por su parte, los yerbateros sufren 26 meses seguidos en rojo, desde abril de 2024.
También, un caso paradigmático es el de la lechería, donde los productores están afrontando el precio real del litro más bajo de la última década (518 pesos por litro para junio 2026) en un contexto de suba de costos y, sobre todo, del gasoil.
«Los precios que reciben los productores se mantuvieron prácticamente estancados o crecieron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos. Esto termina deteriorando la rentabilidad y dificulta la recuperación de estas actividades», advirtieron en Coninagro.
Entre las actividades en amarillo permanecen el forestal, tabaco, cítricos dulces, peras y manzanas, aves, porcinos y papa. En estos casos, los precios no lograron acompañar la inflación, la demanda se mantuvo estable o con poca dinámica y los costos continuaron elevados.
En los cuatro sectores favorecidos se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación, aunque con alerta en el caso de granos por la disparada de precios de los fertilizantes nitrogenados y el gasoil.
En medio del debate que crece en numerosas ciudades de la provincia en torno a la regulación del servicio de transporte por aplicaciones, los taxistas alertan un derrumbe drástico en la cantidad de viajes que los pone muy por debajo del piso mínimo para la subsistencia.
En La Plata, un estudio reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad local reveló que la cantidad de viajes durante julio registró una caída de 8,3% en la comparativa interanual.
Con un promedio de 11 viajes diarios, el poder adquisitivo de la recaudación mensual de los taxistas platenses se posiciona un 43% por debajo de 2023.
La cantidad promedio de viajes por hora pasó de 1,71 en julio de 2023 a 1,27 en julio de este año.
El informe expone que, mientras la cantidad de horas trabajadas en julio 2026 se mantuvieron respecto al mismo mes de 2025, la recaudación diaria real promedio de los taxistas disminuyó 9,4% interanual.
En tanto, la cantidad promedio de viajes por hora pasó de 1,71 en julio de 2023 a 1,27 en julio de este año.
La crisis de los taxistas en la capital bonaerense se monta al conflicto que tuvieron durante gran parte de julio por la escasez de GNC. Incluso, el gremio de taxistas había llegado a solicitar una asistencia financiera al municipio para capear la crisis.
Recién en los últimos días se despejaron las complicaciones cuando se habilitaron 11 estaciones de servicio para la carga, ampliando la oferta tras las restricciones por durante los días de bajas temperaturas.
Esto es una pizza de ocho porciones. Si comen dos o tres personas alcanza, pero si van 25 nadie come. La torta de los viajes es exactamente lo mismo. Hay cada vez menos viajes y más gente dispuesta a transportar pasajeros
En Mar del Plata, donde el mes pasado el Concejo aprobó un registro para conductores de apps que la comuna está terminando de reglamentar, los taxistas advierten que el incremento de la oferta se da en plena caída de la demanda.
«Esto es una pizza de ocho porciones. Si comen dos o tres personas alcanza, pero si van 25 nadie come. La torta de los viajes es exactamente lo mismo. Hay cada vez menos viajes y más gente dispuesta a transportar pasajeros», dijo a Extra Radio el titular de la Sociedad de Conductores de Taxis local, Pablo Sánchez.
En ese sentido, Sánchez sostuvo que para tener «un sueldo digno» se necesitan 26 viajes por día, cuando hoy en Mar del Plata los taxistas están haciendo «14, 15 o 16».
«Nos quedamos hasta 14 horas trabajando para intentar hacer alguno más, pero cada vez va a ser peor porque somos más prestando el servicio», dijo.
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