La «Agenda Setting» es el poder que tienen los grandes medios de instalar los temas de los que debate la opinión pública, por ejemplo:
1- Para empañar la discusión del impuesto a las grandes riquezas (en defensa del poder real) instalaron que los políticos se bajen el sueldo, medida que no tendría real incidencia económica para palear la crisis actual. La mayoría (según una encuesta de hace días) está a favor de gravar la riqueza de multimillonarios pero el dato curioso es que del estudio resulta que el 20% de los consultados no sabía de qué se trataba el proyecto.
2- Ahora estás hablando y discutiendo sobre la salida de los presos como si la decisión de liberales fuera competencia del Ejecutivo. Y como si te importaran, ¿no?. Fíjate cómo no estás repudiando el pedido de domiciliara de genocidas.
3- ¿Qué evitaron discutir con esta imposición mediática? Por ejemplo, las condiciones de hacinamiento de las villas de Caba, donde la población (como todas las zonas vulnerables del país) es más permeable al contagio del covid-19, como pasó en la villa 31 en la semana (estuvo 5 días sin agua potable). Otro de los factores que omiten los medios de masas en el debate público es el desastre ambiental como origen del covid-19. Así evitan hablar del ecocidio globalizado, responsabilidad de multinacionales que en su mayoría son accionistas de estos pulpos mediáticos.
Esto muestra cuál es la batalla cultural: por el sentido común. Ese que los medios de masas insistirán en conservar para que sus dueños conserven su posición dominante.
El rol de los medios tradicionales fue interpelado en Argentina de sobremanera durante la última década, y ya nadie puede hacerse el distraído. Y vos.. ¿De qué lado estás?
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ESTO CIRCULÓ EN LAS REDES EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2020 DURANTE TODO EL DIA, EN HORARIOS PICOS.
ESTA ACTUALIZACIÓN SE REALIZÓ EN UN HORARIO CON MENOR AUDIENCIA CON MENOR EFECTO DE PENETRACIÓN EN EL ESPECTADOR, PERO SE OLVIDARON DE UN DETALLE, LA URL AÚN CONSERVA EL TÍTULO INTENCIONAL.
Mientras tanto se asegura que la «libertad condicional o libertad asistida se redujo en un 6,59% menos» que el año pasado (2019), asi lo confirman las fuentes consultadas por LA NACION.
Cacerolazo: Las personas que participaron hoy… ¿son las mismas que participan en las marchas por los femicidios?
El Intendente Marcelo Orazi acompañó hoy a la Gobernadora Arabela Carreras en el acto en el que tomó juramento a la Ministra de Turismo y Deportes de la provincia Martha Vélez y del Secretario de Estado de Cultura Ariel Ávalos que se desarrolló en el predio de Los Gansos Restó en Villa Regina. En estos…
El Gobierno aprobó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. Aunque el programa promete combatir estafas digitales y criptodelitos, su diseño plantea interrogantes jurídicos y políticos: centralización de datos, posible bloqueo administrativo de cuentas y una cooperación estrecha con bancos, fintech y plataformas tecnológicas que podría habilitar mecanismos de control sobre transacciones y actividad digital.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina oficializó este lunes el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido (2026-2027), una estrategia estatal que busca reforzar la prevención, detección y respuesta frente a las estafas digitales que crecieron exponencialmente en los últimos años, y que salpican directamente a la presidencia tras el escándalo $LIBRA..
La iniciativa se presenta como una política integral para enfrentar modalidades como el phishing, la suplantación de identidad, las estafas bancarias o los fraudes vinculados a criptomonedas. Sin embargo, al analizar el contenido del anexo del plan surgen varias preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las facultades que se pretende articular entre el Estado, el sistema financiero y las plataformas digitales.
Un sistema centralizado de denuncias y monitoreo
El programa prevé fortalecer la recepción de denuncias a través de la línea 134, formularios web y correo electrónico, y construir a partir de ellas un sistema de análisis estadístico capaz de detectar patrones delictivos, campañas maliciosas o redes de fraude.
En términos operativos, el objetivo es claro: crear inteligencia criminal digital basada en datos de las víctimas. Esa información permitiría identificar tendencias y anticipar esquemas de estafa masiva, especialmente los de tipo piramidal.
El problema aparece cuando se observa el volumen de información que el plan prevé procesar. Las denuncias incluirán datos personales, cuentas bancarias, transacciones y comunicaciones digitales. Todo ello deberá ser gestionado bajo los parámetros de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, aunque el documento oficial prácticamente no detalla cómo se garantizará ese resguardo.
Bloqueo de cuentas y transacciones sospechosas
Uno de los puntos más sensibles del plan es el apartado de “respuesta”. Allí se plantea articular acciones con organismos encargados de gestionar CBU y CVU utilizadas ilícitamente, con el objetivo de bloquear o congelar cuentas vinculadas a fraudes.
El texto incluso propone desarrollar “mecanismos de bloqueos dinámicos de transacciones ilícitas” en cooperación con el sector privado.
En términos prácticos, eso implicaría que el Estado pueda alertar o solicitar el bloqueo de operaciones sospechosas a bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras.
El interrogante jurídico es evidente: ¿qué tipo de control judicial tendrá ese proceso? Si el bloqueo se produce sin intervención de un juez, podrían surgir conflictos con el derecho de propiedad y el debido proceso.
Alianza con bancos, fintech y plataformas tecnológicas
El plan también prevé una cooperación permanente con el sistema financiero tradicional, el ecosistema fintech, los proveedores de activos virtuales y las aplicaciones informáticas que operan en el país.
Ese esquema de colaboración apunta a acelerar la detección de fraudes y cortar rápidamente el flujo del dinero ilícito. Pero también abre un debate más amplio: el intercambio de información entre empresas privadas y el Estado.
La coordinación con plataformas tecnológicas podría incluir alertas sobre cuentas, transacciones o actividades sospechosas. En ausencia de protocolos públicos claros, especialistas en derecho digital advierten que estos mecanismos pueden terminar generando bases de datos sensibles sobre usuarios, operaciones y comportamientos online.
La expansión de la seguridad digital
El plan aprobado ahora se articula con otras iniciativas oficiales recientes, como el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y el programa de fortalecimiento en ciberseguridad ForCIC.
En conjunto, estas políticas consolidan una tendencia: la expansión de la seguridad digital bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. El ciberdelito pasa a ser tratado principalmente como un problema policial, con unidades especializadas, redes de cooperación federal y sistemas de monitoreo digital.
El enfoque tiene lógica desde la perspectiva de la investigación criminal, pero también implica que el aparato de seguridad del Estado gane presencia en áreas cada vez más vinculadas a la vida cotidiana digital.
¿Puede usarse políticamente?
La gran discusión que abre el nuevo plan no tiene que ver con su objetivo declarado —combatir estafas— sino con cómo podrían utilizarse sus herramientas en la práctica.
Los sistemas de monitoreo de denuncias, la cooperación con plataformas tecnológicas y la posibilidad de intervenir sobre transacciones financieras generan, en teoría, capacidad estatal para mapear flujos de dinero digital y actividad online.
En contextos de alta polarización política, ese tipo de instrumentos suele generar suspicacias. La línea entre investigar fraudes y obtener información sobre redes de actividad digital o financiamiento puede volverse difusa si no existen controles institucionales robustos.
Por ahora, el plan se presenta como una política de seguridad digital necesaria frente al crecimiento de las estafas online. Pero la experiencia internacional demuestra que las herramientas tecnológicas de vigilancia y control financiero requieren reglas muy claras, supervisión judicial y transparencia pública para evitar abusos.
Sin esos contrapesos, lo que nace como un instrumento para proteger a los ciudadanos puede terminar convirtiéndose en un mecanismo de control cada vez más amplio sobre el ecosistema digital y financiero.
En la mañana de este viernes, el Intendente Marcelo Orazi y el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros recibieron presentes de parte de Amuchen, representada en esta oportunidad por la Directora Natalia Fioretti. Se trata de dos cuadros que fueron pintados por dos de los chicos que concurren a la institución: Florencia Clementis y Cristian Mungai….
¿Por qué trabajamos cada vez más desde la década de 1980, a pesar de ser + ricos que nunca? ¿Por qué hay millones de personas en la pobreza cuando somos + que suficientemente ricos para erradicarla por siempre?
El hundimiento controlado del “Magdalena María II” se unirá a los otros cuatro barcos que forman parte del Parque Submarino Las Grutas, el más grande de Sudamérica, en su estilo. Este atractivo rionegrino sigue en constante evolución y día a día permite a buzos aficionados y experimentados vivir una gran aventura submarina, además de jerarquizar…
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