Pullaro diseña un fideicomiso con una tasa para camiones para financiar la infraestructura a los puertos

Pullaro diseña un fideicomiso con una tasa para camiones para financiar la infraestructura a los puertos

 

 «El que la usa, la paga» podría ser el eslogan del gobierno de Pullaro para crear un fideicomiso que financie el mantenimiento de las rutas que conectan con los puertos del Gran Rosario por donde sale la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. El esquema lo están diseñando junto a la Bolsa de Comercio de Rosario y los intendentes de localidades portuarias.

Fuentes al tanto de las negociaciones explicaron a LPO que el gobierno busca trasladar el costo del desgaste de la infraestructura al dador de carga, es decir, los productores, acopiadores y exportadores, mediante una tasa que se calculará en función del peso transportado.

Hasta ahora, cada localidad portuaria le cobraba una tasa vial para hacer frente a los servicios de mantenimiento. Para los intendentes significó una fuente de recursos que en muchos casos superaba lo recibido por coparticipación. Ahora, la idea es unificar los criterios de cobro en toda la región y terminar con la dispersión de esas tasas.

 La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente. 

La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente.

Solo en épocas de cosecha ingresan alrededor de dos millones de camiones a los puertos santafesinos, lo que acelera el deterioro de rutas y accesos y obliga a un mantenimiento mucho más intensivo que el de una red vial convencional.

En ese contexto, en el gobierno advierten que la inversión de 400 millones de dólares en los caminos portuarios necesitará nuevas obras accesorias y requerirá fondos para su mantenimiento que quieren sostener con este nuevo fideicomiso.

Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas Santa Fe

En el plan de inversión que sostiene Pullaro se incluye la ampliación de trazas, construcción del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, intervención en cruces críticos y refuerzo de banquinas.

«El sistema vial no resiste más este nivel de tránsito sin un esquema de financiamiento estable», admitió un funcionario que sigue de cerca las obras, y agregó que la discusión técnica gira en torno a cómo modelizar la tasa en función del peso transportado y del nivel de inversión requerido para sostener la red.La idea no es la del peaje tradicional, sino una tarifa variable de acuerdo al peso transportado por camión. El tránsito pesado genera un desgaste sobre la infraestructura vial extraordinario que requiere acondicionamiento permanente..

El acuerdo incluye a los intendentes de las localidades portuarias, «son parte de la solución», dijo un funcionario provincial y aseguran que buscan garantizarle esos ingresos y que el nuevo esquema contemplará mecanismos de compensación.

 El acuerdo incluye a los intendentes de las localidades portuarias, «son parte de la solución», dijo un funcionario provincial y aseguran que buscan garantizarle esos ingresos y que el nuevo esquema contemplará mecanismos de compensación

El proyecto tiene que pasar por la Legislatura provincial, donde el oficialismo cuenta con mayoría cómoda hasta el próximo año. Por eso en la Casa Gris apuran las negociaciones para enviar la iniciativa en los próximos meses.

En el gobierno de Pullaro no descartan las críticas de La Libertad Avanza y defienden el esquema: «es el mismo principio que plantea el propio Milei, que el que usa, paga. Para las rutas nacionales proponen un peaje cada 100 kilómetros».

La diferencia es que en Santa Fe se plantea una tasa específica sobre la carga que permita sostener la infraestructura clave para el principal complejo exportador del país.

 

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    Al igual que con el quórum, los libertarios contaron con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los tucumanos de Osvaldo Jaldo y casi todos los representantes de Innovación Federal, la bancada que responde a Carlos Rovira y Gustavo Sáenz. Para obtener ese apoyo, Diego Santilli gastó los teléfonos de los gobernadores en la previa de la sesión prometiendo un alivio para las tarifas eléctricas bajo la forma de un canje de «zona cálida por zona fría».

    Durante el debate, los libertarios acusaron al peronismo de hacer «populismo tarifario» y se jactaron de proponer una iniciativa que busca reparar ese problema. El mendocino Facundo Correa Llano, miembro informante del oficialismo, dijo que «la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios», y agregó: «eso nos llevó a confundir lo que es la sensibilidad social con desorden, subsidios con privilegios, y política energética con populismo tarifario».

    En su intervención, no mencionó que la mutilación de las zonas frías estaba contemplada en el capítulo 11 del proyecto de presupuesto que la oposición abortó con la media sanción de la Cámara Baja, en diciembre del año pasado, un golpe a la trampa que había montado Luis Toto Caputo para profundizar el ajuste. De hecho, Correa Llano reivindicó «el camino basado en el equilibrio fiscal, en la inversión privada, en reglas claras, en un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados».

    La cordobesa Laura Rodríguez Machado, que saltó en 2025 del PRO a LLA, presumió que el gobierno está «desarmando una bomba que dejó el kirchnerismo». «Estamos en contra de darle subsidios a quienes no lo necesitan», dijo, y concluyó: «nosotros cuidamos la plata de los argentinos asignándola a los recursos de quienes realmente la necesitan».

    Horas más tarde le respondería la diputada Carolina Basualdo, también oriunda de Córdoba pero integrada al interbloque de Provincias Unidas. «Tomo la palabra en nombre de las 688 mil familias cordobesas a las que les quitan los subsidios», anunció antes de criticar que «la política energética de la Nación no puede diseñarse desde un escritorio en Buenos Aires».

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    Biella, por su parte, se preguntó si el dinero tributado sería imputado al pago de obras, como debería suceder con el impuesto a los combustibles, o jubilaciones. Miembro del bloque Innovación Federal, que responde a Gustavo Sáenz, el legislador había dicho antes de dar quórum que votaría contra la ley porque «en Salta hace más frío que en Mendoza».

    Sobre el debate acerca del financiamiento del Fondo Fiduciario que sostiene los subsidios, el ex diputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodrígez, recordó que «presentó superávit en 2021, 2022 y 2023, pero apenas asumió Javier Milei entró en déficit». Según sus cálculos, en 2021 hubo un superávit de 16 mil millones de pesos; en 2022, fue de 7697 millones de pesos; y en 2023, alcanzó 39 mil millones de pesos de balance positivo, mientras que en 2024 cayó en un déficit de 54 mil millones de pesos.

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