A partir de hoy, se suman actividades permitidas en 11 ciudades rionegrinas. La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en base a los parámetros sanitarios y epidemiológicos correspondientes y alcanza a Bariloche, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Barda del Medio, Allen, Mainque, Chichinales, Godoy y Fernández Oro.
Mediante la Resolución del Ministerio de Salud se autoriza la realización de actividades deportivas individuales al aire libre, así como la apertura de natatorios y gimnasios, siempre bajo estrictos protocolos sanitarios en resguardo de la salud de todos los vecinos.
Esta determinación fue confirmada por la Gobernadora Arabela Carreras a los Intendentes a través de una videoconferencia, y será oficializada en las primeras horas a través de la publicación de las correspondientes resoluciones.
En el caso particular de Bariloche, la ciudad salió de estar en ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligotorio), mientras que en las restantes además de presentar las condiciones epidemiológicas necesarias, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por Nación para esta flexibilización.
En su diálogo con los Intendentes, la Gobernadora Arabela Carreras remarcó que esta apertura a partir de la situación epidemiológica de estas ciudades “es el fruto del incansable trabajo de los equipos de salud de la Provincia y de los hospitales, que día a día ponen el cuerpo, sus conocimientos y su compromiso para controlar el avance de esta pandemia”.
Destacó además el compromiso de las Intendentas y los Intendentes que trabajan permanentemente junto a los equipos de salud y los hospitales, con una colaboración total.
Una partida con 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca elaboradas con el principio activo producido en la Argentina llegaron este lunes por la tarde a Buenos Aires desde Estados Unidos, con lo que el país superó las 20 millones de dosis recibidas para su plan de inmunización Con ello, el número exacto de dosis recibidas por…
El Intendente Marcelo Orazi encabezó la entrega de las actas de toma de posesión de los terrenos a cuatro familias que hace más de 5 años habían sido evacuadas por riesgo de derrumbe de un sector de la barda norte. Los lotes están ubicados en el barrio ARA San Juan, sector que cuenta con los…
¿Tenés planes para este finde largo? En La Tapa te contamos algunas de las actividades culturales programadas en nuestra ciudad. Un fin de semana repleto de espectáculos en locales gastronómicos de la ciudad, eventos privados junto con actividades en espacios abiertos que se conjugan para brindarnos varios días con muchas opciones para elegir. FESTIVAL REGINA…
Morgan Stanley puso el foco donde el Gobierno quiere mostrar resultados. El banco destacó que la Argentina pagó la deuda de enero sin sobresaltos. Pero el informe agrega una advertencia clave: la estrategia sirve en el corto plazo. Más adelante, la tensión vuelve.
El arranque de 2026 fue ordenado. En los primeros días del año, el Tesoro canceló unos USD 4.300 millones de deuda en moneda extranjera. Es cerca del 21% de los vencimientos totales del año, estimados en USD 19.900 millones. El mercado lo tenía descontado. Y se cumplió.
«El cumplimiento de las obligaciones era plenamente esperado por el mercado, a pesar del anuncio de último momento de un Repo por USD 3.000 millones que incrementó las divisas disponibles en el BCRA y, a su vez, permitió al Tesoro comprar las divisas suficientes para efectuar el pago», señala el informe.
Según el banco, ese pago fue posible por una combinación puntual. Aporte de organismos, manejo fino de caja y el repo por USD 3.000 millones que reforzó las reservas del Banco Central. Una estrategia que tiene pocas chances de repetirse.
El informe aclara que las necesidades brutas de divisas para 2026 ascienden a USD 38.700 millones. El número incluye intereses y amortizaciones de toda la deuda en moneda extranjera. Es el dato central del paper.
Proyectamos que las principales fuentes de divisas para el Gobierno nacional serán USD 5.000 millones provenientes de organismos multilaterales y USD 6.000 millones de bonos en moneda extranjera, tanto externos como domésticos. Esto deja una brecha de USD 5.000 millones para 2026, que surge de flujos netos negativos del FMI y de los bonos en moneda extranjera. El Tesoro deberá comprar estas divisas al BCRA o directamente a través de operaciones en bloque.
De ese total, unos USD 18.900 millones corresponden a bonos duales que ajustan por dólar pero se pagan en pesos. No requieren dólares billete. Así, la necesidad efectiva baja a USD 19.900 millones. De ese monto, USD 8.700 millones son intereses y USD 11.100 millones capital.
Morgan Stanley estima que parte se puede cubrir con USD 5.000 millones de organismos multilaterales y otros USD 6.000 millones vía emisiones de deuda en moneda extranjera, tanto externas como locales. Aun así, queda un bache de unos USD 5.000 millones.
El informe señala que ese faltante debería cubrirse con compras del Tesoro al Banco Central o con operaciones financieras específicas. Ninguna de las dos opciones es neutra para las reservas. Por eso el banco es claro en su recomendación. Ve valor en posiciones de corto plazo en deuda argentina. Especialmente en los tramos que vencen con el primer trimestre del año.
«Proyectamos que las principales fuentes de divisas para el Gobierno nacional serán USD 5.000 millones provenientes de organismos multilaterales y USD 6.000 millones de bonos en moneda extranjera, tanto externos como domésticos. Esto deja una brecha de USD 5.000 millones para 2026, que surge de flujos netos negativos del FMI y de los bonos en moneda extranjera. El Tesoro deberá comprar estas divisas al BCRA o directamente a través de operaciones en bloque», asegura el informe.
El punto más delicado es el FMI. En 2026 vencen unos USD 4.400 millones. Y, a diferencia de 2025, la Argentina sería pagadora neta por unos USD 2.300 millones. Es una salida adicional de divisas en un año cargado.
La lógica es simple: los pagos inmediatos están cubiertos. El problema aparece más adelante. Hacia el segundo trimestre, las necesidades de dólares se vuelven más exigentes. Y las fuentes de financiamiento, más inciertas. Ahí es donde el riesgo crece.
Morgan Stanley también analiza el roll over. Señala que varios vencimientos en dólares son con el propio sector público y pueden renovarse. Incluye letras del Tesoro y compromisos con el Banco Central. Eso alivia, pero no resuelve.
El punto más delicado es el FMI. En 2026 vencen unos USD 4.400 millones. Y, a diferencia de 2025, la Argentina sería pagadora neta por unos USD 2.300 millones. Es una salida adicional de divisas en un año cargado.
El banco ve difícil ampliar el programa con el Fondo. La deuda ya ronda los USD 57.000 millones, más de trece veces la cuota. Incluso con buena relación política, el margen es limitado.
En ese contexto, el informe deja abierta la puerta a un regreso al mercado internacional. Habla de una posible emisión antes de julio. Un bono a entre 7 y 12 años, con tasa superior al 10%. Caro, pero funcional para cubrir vencimientos.
La conclusión es prudente. Morgan Stanley reconoce que el Gobierno logró ordenar el frente inmediato. Pero advierte que la estrategia es de corto alcance.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que en la mañana de este lunes se comenzó a romper el cordón cuneta de la “margen sur” de calle Libertad desde calle José Hernández hasta Belgrano. Luego se continuará con los trabajos de hormigoneado por lo que se solicita la colaboración…
Javier Milei sacó un decreto alevoso en la noche de este jueves para instruir a la Procuración del Tesoro el cese de la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis «Toto» Caputo por la deuda contraída con el FMI en 2018 y 2019, tres días después que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera el archivo de la causa.
El Presidente retiró entonces al Estado de la causa que debía investigar el destino de los fondos otorgados por el organismo multilateral de crédito, para favorecer tanto a su ministro de Economía como a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, que también formó parte del gobierno de Cambiemos.
El decreto de Milei es el 87/26 y establece en su artículo 2° que se instruye a la Procuración «a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019». Esa investigación se caratuló «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros» y fue la querella criminal que anunció el expresidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.
Capuchetti consideró en su fallo que «las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados». Por eso, dispuso el archivo de la causa.
La jueza Capuchetti.
Sin embargo, el fiscal Franco Picardi objetó la medida al señalar que la magistrada realizó «una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas». «Todo ello, para arribar a un temperamento conclusivo de la investigación», aseveró.
Según Picardi, «la resolución recurrida posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa».
La magistrada realizó una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas.
La investigación tenía como objeto esclarecer si había efectivamente un «esquema defraudatorio» montado entre por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA), en connivencia con agentes del sector privado. Picardi recuerda que se contrajo deuda por U$s 57100 millones «vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas».
Además, postula que se destinaron «de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público». «Ello incluye la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales», completa.
Noticia en desarrollo.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
