A partir de hoy, se suman actividades permitidas en 11 ciudades rionegrinas. La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en base a los parámetros sanitarios y epidemiológicos correspondientes y alcanza a Bariloche, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Barda del Medio, Allen, Mainque, Chichinales, Godoy y Fernández Oro.
Mediante la Resolución del Ministerio de Salud se autoriza la realización de actividades deportivas individuales al aire libre, así como la apertura de natatorios y gimnasios, siempre bajo estrictos protocolos sanitarios en resguardo de la salud de todos los vecinos.
Esta determinación fue confirmada por la Gobernadora Arabela Carreras a los Intendentes a través de una videoconferencia, y será oficializada en las primeras horas a través de la publicación de las correspondientes resoluciones.
En el caso particular de Bariloche, la ciudad salió de estar en ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligotorio), mientras que en las restantes además de presentar las condiciones epidemiológicas necesarias, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por Nación para esta flexibilización.
En su diálogo con los Intendentes, la Gobernadora Arabela Carreras remarcó que esta apertura a partir de la situación epidemiológica de estas ciudades “es el fruto del incansable trabajo de los equipos de salud de la Provincia y de los hospitales, que día a día ponen el cuerpo, sus conocimientos y su compromiso para controlar el avance de esta pandemia”.
Destacó además el compromiso de las Intendentas y los Intendentes que trabajan permanentemente junto a los equipos de salud y los hospitales, con una colaboración total.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, destruyó uno de los pilares del relato económico de Caputo y Milei. Un informe técnico del organismo monetario confirmó que desde que se instrumentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al cuarto trimestre de 2025 hubo egresos netos de inversión extranjera directa por USD 4.687 millones.
El régimen de beneficios impositivos para atraer inversiones de magnitud entró en vigencia el 8 de julio, pero según el informe sobre Inversión Extranjera Directa al 31 de diciembre de 2025 que publicó el Banco Central esta semana, por ahora no tuvo el efecto buscado.
El propio informe intenta justificar la salida neta de capitales bajo un signo positivo. Argumenta que muchas multinacionales aprovecharon las flexibilizaciones cambiarias y los incentivos exportadores para cancelar deuda comercial entre empresas vinculadas, reorganizar balances internos y retirar posiciones acumuladas durante los años anteriores.
El núcleo de ese movimiento estuvo en el complejo exportador. Según el informe, gran parte del desendeudamiento se explicó por la cancelación de adelantos de cobro de exportaciones vinculados al Decreto 682, que había reducido transitoriamente las retenciones para determinados sectores. La escena se parece bastante a una vieja postal argentina: el Estado necesita dólares urgentes, libera incentivos extraordinarios y el capital responde con movimientos financieros de corto plazo antes que con inversión productiva sostenida.
Cuando se observa el detalle del documento, el cuadro se vuelve todavía más evidente. La renta de capital de la inversión extranjera directa alcanzó los 1.436 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. Dentro de ese total, la distribución de utilidades y dividendos sumó 1.194 millones, mientras que la reinversión quedó reducida apenas a 241 millones.
Ese número probablemente sea uno de los datos más relevantes del informe. Porque una cosa es obtener rentabilidad en la Argentina y otra muy distinta es decidir dejar esas ganancias dentro del país para ampliar plantas, incorporar tecnología o desarrollar proveedores locales. Eso es justamente lo que no aparece en los números del Banco Central.
La diferencia entre utilidades giradas y utilidades reinvertidas muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva. El capital entra, obtiene ganancias y luego vuelve a salir.
La gran diferencia entre utilidades giradas al exterior y utilidades reinvertidas en el país que descubre el informa del Banco Central muestra una dinámica mucho más ligada a la extracción de renta que a la construcción de capacidad productiva.
También resulta revelador el mapa geográfico de las salidas de capital. Los principales egresos provinieron de Suiza, Reino Unido, Países Bajos y España. No es casual. Son jurisdicciones centrales dentro de las arquitecturas financieras globales utilizadas por holdings multinacionales, fondos y vehículos societarios para triangular inversiones y administrar flujos internacionales.
En paralelo, el gobierno prorrogó por un año adicional el plazo de adhesión al RIGI mediante el Decreto 105 publicado días atrás en el Boletín Oficial. El vencimiento original estaba previsto para julio de 2026 y ahora se extendió hasta julio de 2027. La decisión dejó una lectura política incómoda: si el régimen estuviera generando una llegada masiva e inmediata de inversiones, no habría necesidad de extender tan rápido los plazos originales.
A eso se sumó el anuncio del gobierno sobre el envío al Congreso de un nuevo proyecto denominado «Súper RIGI», que baja de 25 puntos a 10 el tributo de ganancias en caso de inversiones tecnológicas, una iniciativa anticipada en exclusiva por LPO.
El nombre sintetiza bastante bien la lógica que atraviesa buena parte de las reformas económicas argentinas: cada nueva versión necesita exhibirse más extrema.
El problema es que el RIGI no movió el amperímetro de la inversión agregada. Pese a los miles de millones comprometidos sobre el papel, el régimen todavía no generó un salto perceptible en la formación de capital del conjunto de la economía. Incluso sectores cercanos al pensamiento liberal empezaron a marcar esa limitación.
Si de promesas se trata, la minería se convirtió en el gran escaparate económico del gobierno. Caputo suele mostrar cifras cercanas a los USD 95.000 millones vinculados al RIGI y proyecta unos USD 140.000 millones futuros. Pero allí se mezclan proyectos presentados, anuncios preliminares, carpetas en evaluación e iniciativas no aprobadas.
Lo efectivamente aprobado hasta ahora representa algo más de 17.000 millones de dólares. Y aun esa cifra sigue siendo potencial. Porque aprobación no significa desembolso real. La inversión que efectivamente se movió fue muchísimo menor: en 2025 rondó los 1.388 millones de dólares y durante el primer trimestre de 2026 ingresaron aproximadamente 1.205 millones vinculados al régimen.
Un informe reciente de la Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sostuvo que «la baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión». El documento plantea que crear un Súper RIGI sin resolver los problemas estructurales replica el mismo esquema en una escala todavía mayor.
El estudio agrega otro dato revelador. Mientras la inversión productiva sigue estancada, durante 2025 las personas destinaron el equivalente al 4,7% del PBI a comprar dólares para ahorro. El dinero existe, pero se fuga hacia la dolarización defensiva. «Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos fuera del sistema», señala el informe.
La baja inversión no se origina en la falta de ahorro sino en la persistencia de un contexto adverso para la inversión. Que los ahorros se acumulen bajo el colchón en lugar de ser canalizados a expandir la capacidad de producción implica un drenaje permanente de recursos.
Idesa también cuestiona la proliferación de regímenes especiales. El RIGI, el RIMI incluido en la reforma laboral y ahora el proyectado Súper RIGI forman una superposición de excepciones que generan asimetrías entre empresas. Los proyectos que acceden a esos beneficios compiten con ventajas tributarias, cambiarias y regulatorias frente a quienes quedan afuera. «Son esquemas burocráticos y discrecionales que suman distorsiones» aclara.
El Súper RIGI expone además otro problema. El proyecto limita Ingresos Brutos al 0,5% y prohíbe tasas municipales sobre ventas para los emprendimientos incluidos en el régimen. Es decir: reconoce implícitamente que el esquema tributario general resulta inviable para invertir. El alivio fiscal existe, pero sólo para quienes logran ingresar al club de excepción. El resto de la economía sigue conviviendo con la asfixiante presión tributaria combinada de Nación, provincias y municipios.
Por eso el informe de IDESA propone otra lógica: avanzar hacia reglas generales para toda la economía en lugar de seguir acumulando privilegios sectoriales. Entre otras medidas, plantea crear un «Súper IVA» coordinado con las provincias que absorba Ingresos Brutos y tasas municipales sobre ventas para todos los sectores, no únicamente para proyectos seleccionados. Un proyecto que varios gobernadores aliados impulsaron en su momento, pero que la Casa Rosada eligió no tratar.
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La promesa libertaria de una supuesta “modernización” del mercado laboral empieza a mostrar sus verdaderos efectos sociales. Un informe elaborado por el área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires expuso un escenario alarmante: caída sostenida del empleo formal, destrucción del salario real y crecimiento de la informalidad laboral en toda la Argentina.
El trabajo, coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria, analiza datos oficiales del SIPA, la EPH y el INDEC y desarma uno de los principales relatos del gobierno libertario: que el “ajuste” generaría inversiones y empleo privado. Por el contrario, los números muestran un deterioro persistente del mercado laboral desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
Caída del empleo y salarios cada vez más bajos
Según el informe, el empleo asalariado formal acumuló una pérdida cercana a los 300 mil puestos respecto de noviembre de 2023. El fenómeno afecta tanto al sector privado como al público y refleja una economía paralizada, con consumo deprimido y cierre constante de pequeñas y medianas empresas.
Los datos muestran además que las remuneraciones continúan perdiendo frente a la inflación. El salario mínimo, vital y móvil sufrió un derrumbe histórico de poder adquisitivo durante la gestión libertaria. El propio informe sostiene que el deterioro ya ubica al salario mínimo por debajo de los niveles previos a la crisis de 2001.
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el salario mínimo perdió cerca de un 38% de capacidad de compra. En paralelo, el salario promedio registrado también retrocedió en términos reales, especialmente en el sector público.
El discurso oficial insiste en mostrar desaceleración inflacionaria como sinónimo de recuperación económica. Sin embargo, el informe de la UBA deja en evidencia que gran parte de esa desaceleración se explica por el desplome del consumo popular, producto directo de salarios pulverizados y destrucción del empleo.
La Argentina de Milei: cuatro de cada diez trabajadores en la informalidad
Otro de los puntos más graves del trabajo académico es el crecimiento de la informalidad laboral. El estudio determinó que el 43% de los trabajadores argentinos se desempeña en condiciones informales, es decir, sin cobertura previsional, derechos laborales ni protección social.
Eso implica que más de cuatro de cada diez personas trabajan “en negro” en un contexto donde además aumentan la pobreza y la vulnerabilidad social. El informe remarca que el 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres.
La situación golpea especialmente a los jóvenes. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, la informalidad alcanza niveles extremos: alrededor de siete de cada diez trabajadores jóvenes están fuera del sistema formal.
Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los investigadores advierten que el deterioro atraviesa a casi todas las provincias y ramas de actividad. Comercio, industria y servicios aparecen entre los sectores más afectados por la pérdida de puestos registrados.
El fracaso del “derrame” libertario
Mientras Milei insiste con una narrativa de recuperación macroeconómica, los indicadores laborales muestran otra realidad: menos empleo, peores salarios y mayor precarización. La lógica del ajuste permanente y la licuación de ingresos funcionan como mecanismo de transferencia de recursos hacia los sectores concentrados, pero destruyen el mercado interno y profundizan la desigualdad.
El informe de la UBA también desmiente otra de las promesas libertarias: que la flexibilización laboral mejoraría el empleo. Hasta ahora, lo que se observa es exactamente lo contrario. La pérdida de derechos y el debilitamiento del salario no generaron crecimiento económico ni inversión productiva sostenida. Lo que sí avanzó fue la informalidad y la fragilidad social.
En términos políticos, el deterioro del empleo empieza a convertirse en uno de los principales puntos débiles del gobierno. La caída del poder adquisitivo ya no afecta solamente a trabajadores informales o sectores vulnerables: también impacta sobre asalariados registrados y capas medias que durante 2024 y parte de 2025 acompañaron electoralmente a Milei esperando una mejora económica que nunca llegó.
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