A partir de hoy, se suman actividades permitidas en 11 ciudades rionegrinas. La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en base a los parámetros sanitarios y epidemiológicos correspondientes y alcanza a Bariloche, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Barda del Medio, Allen, Mainque, Chichinales, Godoy y Fernández Oro.
Mediante la Resolución del Ministerio de Salud se autoriza la realización de actividades deportivas individuales al aire libre, así como la apertura de natatorios y gimnasios, siempre bajo estrictos protocolos sanitarios en resguardo de la salud de todos los vecinos.
Esta determinación fue confirmada por la Gobernadora Arabela Carreras a los Intendentes a través de una videoconferencia, y será oficializada en las primeras horas a través de la publicación de las correspondientes resoluciones.
En el caso particular de Bariloche, la ciudad salió de estar en ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligotorio), mientras que en las restantes además de presentar las condiciones epidemiológicas necesarias, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por Nación para esta flexibilización.
En su diálogo con los Intendentes, la Gobernadora Arabela Carreras remarcó que esta apertura a partir de la situación epidemiológica de estas ciudades “es el fruto del incansable trabajo de los equipos de salud de la Provincia y de los hospitales, que día a día ponen el cuerpo, sus conocimientos y su compromiso para controlar el avance de esta pandemia”.
Destacó además el compromiso de las Intendentas y los Intendentes que trabajan permanentemente junto a los equipos de salud y los hospitales, con una colaboración total.
En medio del debate por la reforma laboral impulsada por Milei, Kelly Olmos entonó un himno histórico de la resistencia peronista en la Cámara de Diputados y desató un fuerte impacto político.
Por Roque Pérez para NLI
En una escena que rompió la lógica habitual del recinto, la diputada nacional Kelly Olmos entonó un clásico himno de la resistencia peronista en plena sesión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en medio del debate por la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. El gesto sorprendió tanto a oficialistas como a opositores y volvió a poner en escena la dimensión simbólica del enfrentamiento político actual.
La intervención ocurrió mientras se discutían modificaciones profundas al régimen laboral argentino, cuestionadas por bloques opositores y centrales sindicales. En ese contexto, Olmos evocó su militancia juvenil y recordó los años de proscripción del peronismo, cuando la identidad política se sostenía también a través de consignas, canciones y símbolos compartidos.
El gesto político en medio del debate por la reforma laboral
La reforma laboral que se debate en Diputados propone cambios estructurales en materia de contratación, indemnizaciones y negociación colectiva. Desde el bloque de Unión por la Patria sostienen que el proyecto implica un retroceso en derechos adquiridos y un debilitamiento del poder sindical.
En ese clima de tensión, la diputada tomó la palabra y, lejos de limitarse a un discurso técnico, eligió un recurso simbólico: comenzó a entonar una canción asociada a la resistencia peronista posterior al derrocamiento de Juan Domingo Perón. La escena generó murmullos, gestos de sorpresa y un fuerte impacto político inmediato.
Oda a Perón.
“Oligarca, caballero, prototipo del negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión, ha sonado la campana anunciando un nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. ¡Perón! ¡Perón!”.
El gesto no fue casual. En momentos donde el oficialismo plantea una “modernización” del mercado laboral, la apelación a la memoria histórica del movimiento obrero funciona como una línea de continuidad discursiva: la defensa de los derechos laborales como núcleo identitario del peronismo.
Resistencia peronista y memoria política
La llamada resistencia peronista fue el entramado de militantes, organizaciones y expresiones culturales que mantuvieron viva la identidad justicialista durante los años de proscripción. Las canciones y consignas de esa etapa no eran simples manifestaciones artísticas: constituían una forma de resistencia política.
Al recuperar ese repertorio en pleno siglo XXI y dentro del recinto legislativo, Olmos trasladó esa tradición a la discusión actual. El mensaje implícito fue claro: el debate no es sólo técnico o jurídico, sino histórico e ideológico.
La escena también refleja el nivel de polarización que atraviesa la política argentina. Mientras el oficialismo sostiene que la reforma apunta a generar empleo y flexibilizar estructuras “obsoletas”, la oposición la presenta como un intento de desarticular conquistas laborales consolidadas durante décadas.
Más que una anécdota parlamentaria
Lo ocurrido no puede leerse como una simple excentricidad en medio de una sesión extensa. En un Congreso donde los discursos suelen estar medidos al milímetro, cantar un himno de la resistencia es un acto político deliberado.
La escena deja una postal potente del momento argentino: una discusión estructural sobre el mundo del trabajo atravesada por símbolos, memoria histórica y disputas de sentido. En esa tensión se juega algo más que una ley; se discute qué modelo laboral y qué identidad política prevalecerán en los próximos años.
Escriben Luciano Ramirez y Emiliano Piccinini Muchas veces pensamos que rapidez significa eficacia, puede ser que lo sea en algunos casos, pero en otros no, y el riesgo cuando esto último pasa es muy alto y más si hablamos de cuestiones referidas a legislación. Trabajar bajo presión, como la pandemia mundial del Covid19 provoca, a…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina informa que están abiertas las inscripciones para participar de las clases de reggaetón a cargo de los profesores Diego Álvarez y Dai Quiroga. Los interesados pueden anotarse en la Escuela Municipal de Arte ubicada en Brasil 91. Para consultas pueden comunicarse al celular 2984650817. Las…
La fecha reivindica la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad de derechos. El antecendente es la declaración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que viene a rememorar en modo reflexivo la lucha de las mujeres por el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Este #8M mediante la asamblea feminista y transfeminista…
Ni el volantazo de Toto Caputo para que el Indec no publique el nuevo índice de precios logró frenar a la inflación que marcó un altísimo 2,9 por ciento en enero y acumula ocho meses consecutivos al alza. Un dato letal para el relato libertario de la «desinflación» y las promesa de Milei que en agosto el IPC comenzará con cero.
El ministro de Economía había asegurado la semana pasada que la inflación de enero estaría en torno al 2,5 por ciento, pero la realidad fue mucho más áspera. El índice manipulado por Caputo dio casi medio punto más y el gobierno solo pudo zafar de que empiece con 3, un fantasma que recorría la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda.
LPO había revelado la semana pasada que la proyección del nuevo índice elaborado por Marco Lavagna daba entre 3,2 y 3,4 por ciento, razón por la que Javier Milei y Toto Caputo decidieron no publicarlo. El bochorno terminó con la renuncia de Lavagna.
El ministro y sus voceros oficiosos aseguraron que el nuevo índice hubiese dado una décima menos que el actual, pero la realidad es que todos los analistas serios explican que por la mayor ponderación de los servicios la cifra daría más alta. El 2,9% con el índice viejo confirma la primicia de LPO, que luego fue replicada por otros medios.
Es obvio que con la nueva ponderación el IPC se iba a ubicar por encima del 3%, una bomba neutrónica para Milei y Caputo, que justifican el fenomenal ajuste que castiga el consumo, el empleo y el poder adquisitivo, en el logro estratégico de bajar la inflación a niveles regionales, esto es alrededor del 5% anual. Ahora, para hablar de un proceso de desinflación, la inflación tiene que bajar, no subir ni acelerarse como está ocurriendo.
LPO reveló la semana pasada que la proyección del nuevo índice elaborado por Marco Lavagna daba entre 3,2 y 3,4 por ciento, razón por la que Javier Milei y Toto Caputo decidieron no publicarlo. El bochorno terminó con la renuncia de Lavagna.
El papelón de Caputo fue múltiple. Primero porque forzó la renuncia de Lavagna y detonó la credibilidad del Indec al frenar la actualización de un índice anunciado varios meses atrás, con el único objetivo de que no el índice no empezara con 3 y terminó apenas una décima abajo. En el medio, violó el secreto estadístico del Indec anunciando que daría 2,5% y terminó casi medio punto arriba, dando una señal de incertidumbre total.
El ridículo también fue grosero de las consultoras amigas del gobierno que salieron a coro a anunciar que la inflación sería de 2,4 por ciento, en un intento burdo por legitimar la intervención de Caputo en el Indec. El analista Fernando Marull, por ejemplo, sostuvo que si el índice daba más de 2,5 o 2,6 «estás siendo operado».
Un dato alarmante del índice de enero es que alimentos dio 4,7 por ciento, lo que golpea de lleno a los sectores más postergados de la economía y hará repuntar la canasta de pobreza. En el Conurbano bonaerense los alimentos subieron 5,5 por ciento, casi el doble que el promedio general de inflación.
Además, también burla a los analistas caputistas que sostenían que el índice porteño, que dio 3,1 por ciento, estuvo empujado por productos estacionales como el turismo y no por la inflación núcleo.
La Justicia de Rosario le puso un freno al gobierno santafesino respecto de las condiciones de detención de presos de alto perfil, lo que es uno de los puntales de la política de seguridad adoptadas y pregonadas por Maximiliano Pullaro.
La resolución de la Cámara Penal revocó una medida fundamental de movimientos de reclusos porque indica que su implementación es inconsulta hacia el Poder Judicial, de quien dependen los detenidos, y que supone regímenes de aislamiento contrarios a la Constitución Nacional y a tratados internacionales que regulan la legislación argentina.
La determinación la adoptó el camarista penal Javier Beltramone en una causa por homicidio calificado seguida contra nueve presos implicados en el asesinato de otro recluso en noviembre pasado. Lo que hace el fallo es marcar un límite hacia las restricciones carcelarias que prevé el modificado artículo 220 bis del Código Procesal Penal, que el gobierno de Pullaro adopta como herramienta de la política penitenciaria.
Es un aspecto sensible para el gobierno de Pullaro que endureció las condiciones de detención y aislamiento de los detenidos llamados de alto perfil, que son los considerados de mayor riesgo, por sus implicancias en la violencia que azotó Rosario, y que a criterio de la gestión bajó en gran medida en los dos últimos años por el mayor control de las prisiones.
Pero según diversos actores del sistema penal y también internacionales eso se hizo no sin controversia. A tal punto que el Comité de Tortura de la ONU en su último informe expresa advertencias y preocupación por el manejo de cárceles en Santa Fe. Lo que va de la mano con una tendencia marcada a dejar de lado, según lo que funcionarios de órganos de Justicia dicen a LPO, desde los mismos jueces las medidas que suponen dar beneficios en la ejecución penal, que en muchos casos impiden salidas legales hasta el cumplimiento total de la pena.
El fallo
El caso resuelto por el camarista Beltramone se refiere a una medida resuelta por el juez Fernando Sosa que en noviembre pasado formalizó la prisión preventiva contra nueve presos, acusados por distintos roles en el homicidio hace un año del interno Agustín de la Encina Capeletti, de 26 años, en la cárcel de Piñero, situada a 15 kilómetros de Rosario.
De la Encina Capeletti había sido apresado como dealer de cocaína de la banda de Yanina Alvarado, hermana del líder criminal Esteban Alvarado. El 13 de enero de 2025 un grupo de reclusos lo mataron a puñaladas y golpes un grupo de reclusos entre los que están Jorge González, Marcelo Andrés Chávez, Franco Darío Aguiar, Nahuel Yamir Clavero, Sebastián Gabriel Grondona, Adrián Candia Roldán, Darío Rodrigo Varela, Kevin Leandro Sosa y Jonatan Adrián Gauto. También fueron involucrados dos agentes penitenciarios por haber facilitado el crimen.
Pullaro en la cárcel de «El Infierno»
Después de la resolución del juez Sosa las defensas apelaron cuestionando en especial el régimen de incomunicación adoptado para los reclusos. Lo que hizo Beltramone al analizar el trámite como camarista no objeta la prisión preventiva dictada por el magistrado inicial pero ordena que los distintos imputados permanezcan alojados en pabellones distintos, sin contacto entre ellos durante 30 días o hasta el momento de que el caso siga judicialmente con la acusación formal.
Y fue terminante en dos puntos. Primero en prohibir que la medida se ejecute en celdas de aislamiento, celdas de castigo o regímenes de confinamiento solitario. Igual de categórico fue al decirle al Poder Ejecutivo que la situación de los presos depende de lo que dispongan los jueces y no discrecionalmente autoridades administrativas que manejan las cárceles.
Desde el Servicio Penitenciario de Santa Fe habían indicado que disponer a los presos en aislamiento se explicaba en un pedido de la fiscalía, y en que resultaba materialmente imposible cumplir con otra variante por la falta de infraestructura adecuada para presos de alto perfil y porque era imposible garantizar de otra manera la investigación penal.
Beltamone replicó que la ejecución de la medida de prisión preventiva había desnaturalizado lo solicitado, que se había sostenido de forma ilegal y gravosa para los derechos de los detenidos. Y marca además que el Servicio Penitenciario no está habilitado para reinterpretar o modificar el contenido de órdenes judiciales.
Por eso obliga al cese inmediato de la vigencia de las medidas de encierro en aislamiento. Y le hace saber al Servicio Penitenciario que las medidas restrictivas de la libertad dependen exclusivamente del Poder Judicial.
Un contexto complejo
Toda esta significativa controversia se monta en una tensión muy compleja que afecta a lo institucional pero también a la seguridad pública. Desde 2013 en adelante, cuando Rosario duplicó sus tasas de violencia altamente lesiva, hubo un papel notorio en los hechos de sangre que provenían de directivas en las cárceles. Fue muy notorio en audiencias judiciales: organizaciones criminales robustas o marginales ordenaban homicidios, extorsiones y balaceras desde las prisiones.
Al asumir en 2023 Pullaro impuso un régimen de fortísimas restricciones en las cárceles que afectaron a la ubicación de presos, los regímenes de visitas, los ingresos de mercaderías. Junto a otras medidas variadas y modificaciones normativas el primer año la violencia más grave declinó de una manera asombrosa con un 65 por ciento de homicidios menos. En 2025 la tasa de homicidios repuntó un 25 por ciento interanual pero los números, igualmente, se equiparan actualmente a las épocas previas al estallido violento.
Pero las violaciones a los derechos humanos en prisiones santafesinas fueron motivo de anclaje internacional. Las observaciones periódicas del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas indican preocupación por «los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o «al seco» con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto».
El gobierno de Pullaro tienen en su política penitenciaria uno de los activos más fuertes en sus apelaciones políticas y lo usa de modo permanente, incluso en la cartelería pública dentro y fuera de las temporadas proselitistas. Hace diez días el gobernador resaltó que en sus cuatro años de gobierno se harán más de las 3.500 celdas que se hicieron en Santa Fe en los últimos cien años. A la nueva cárcel para 1.150 reclusos de alto perfil a alojarse en celdas individuales la misma gestión la denominó «El infierno». En el mismo predio habrá dos prisiones más para totalizar 1.950 detenidos en cada una.
Todo esto vino acompañado de un ajuste de políticas muy fuertes hacia la población carcelaria de la que el fallo de Beltramone resulta expresivo. Ese rigor también se manifiesta en el sistema penal, que de modo muy manifiesto en los últimos dos años se caracteriza, por lo que se advierte en audiencias de ejecución, que no se otorgan salidas de ningún tipo.
La ley nacional 24660 de ejecución de penas tiene como criterio la progresividad que implica que la persona condenadas va cumpliendo fases cuando tiene conducta aceptable y adquiere por ello espacios de mayor autonomía y responsabilidad. Y parte de la pena final, con obligaciones y controles, se cumple en libertad.
«Hoy la inmensa mayoría de las personas presas salen con condena cumplida. Los fiscales piden el régimen más duro. Y los jueces habilitan todo inclusive en presos que no son de alto perfil. Los informes de los organismos carcelarios además suelen tener argumentos que desaconsejan la excepción de prisión efectiva a veces de manera pueril», indica un importante funcionario de la Defensa Pública, lo que también corrobora a LPO un magistrado penal ya jubilado. «Esto de Beltramone es una excepción que expresa un muy fuerte contraste. Hoy los jueces en generla van poco más allá de dictar medidas de detención y exclusiones de hogar. Sobre la ejecución de penas niegan todas las salidas o pasan de largo», sostuvo.
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