A partir de hoy, se suman actividades permitidas en 11 ciudades rionegrinas. La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en base a los parámetros sanitarios y epidemiológicos correspondientes y alcanza a Bariloche, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Barda del Medio, Allen, Mainque, Chichinales, Godoy y Fernández Oro.
Mediante la Resolución del Ministerio de Salud se autoriza la realización de actividades deportivas individuales al aire libre, así como la apertura de natatorios y gimnasios, siempre bajo estrictos protocolos sanitarios en resguardo de la salud de todos los vecinos.
Esta determinación fue confirmada por la Gobernadora Arabela Carreras a los Intendentes a través de una videoconferencia, y será oficializada en las primeras horas a través de la publicación de las correspondientes resoluciones.
En el caso particular de Bariloche, la ciudad salió de estar en ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligotorio), mientras que en las restantes además de presentar las condiciones epidemiológicas necesarias, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por Nación para esta flexibilización.
En su diálogo con los Intendentes, la Gobernadora Arabela Carreras remarcó que esta apertura a partir de la situación epidemiológica de estas ciudades “es el fruto del incansable trabajo de los equipos de salud de la Provincia y de los hospitales, que día a día ponen el cuerpo, sus conocimientos y su compromiso para controlar el avance de esta pandemia”.
Destacó además el compromiso de las Intendentas y los Intendentes que trabajan permanentemente junto a los equipos de salud y los hospitales, con una colaboración total.
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La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno nacional no es una decisión técnica ni administrativa: es un movimiento político de alto voltaje, con implicancias geopolíticas directas y un mensaje disciplinador a las provincias. Bajo el pretexto de “reordenar” la operatoria portuaria, Milei avanzó sobre una jurisdicción provincial estratégica y dejó servido en bandeja uno de los enclaves clave del Atlántico Sur.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La bandera de EE. UU. flameó en la Base Naval de Ushuaia, Tierra del Fuego, en abril de 2024, durante la visita de la Generala del Ejército estadounidense Laura Richardson
La Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada hoy en el Boletín Oficial, dispuso la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por 12 meses y su intervención administrativa directa por parte del Estado nacional, quitándole a la Provincia de Tierra del Fuego el control efectivo del principal puerto austral del país. La medida se dictó a horas de la reunión de Milei en Davos con Donald Trump.
No se trata de una coincidencia. El ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez lo dijo sin rodeos: Milei manoteó el Puerto de Ushuaia y hoy lo pondrá al servicio de Trump. No es una denuncia liviana ni una exageración retórica. El propio texto de la resolución reconoce el carácter estratégico, geopolítico y militarmente sensible del puerto, subrayando su rol en el abastecimiento antártico, la custodia de aguas australes y la logística regional.
MILEI MANOTEÓ EL PUERTO DE USHUAIA Y HOY LO PONDRÁ AL SERVICIO DE TRUMP
Antes de encontrarse con Donald Trump en Davos, el Presidente @JMilei hizo suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia y dispuso su intervención administrativa, para que sea manejado directamente por el… pic.twitter.com/yJETqVDVWH
El gobierno nacional justifica la intervención alegando desvío de fondos portuarios, deterioro de infraestructura y fallas de seguridad. Sin embargo, el remedio elegido no es la coordinación ni la asistencia: es la toma directa del control, mediante una resolución administrativa de un organismo creado por DNU, sin debate federal ni instancia política previa.
El mensaje es claro: las provincias no gobiernan recursos estratégicos si esos recursos resultan útiles al proyecto nacional de Milei. Tierra del Fuego es el caso testigo, pero el antecedente es extensible a cualquier jurisdicción que administre puertos, vías navegables o nodos logísticos relevantes.
La resolución no solo suspende la habilitación, sino que habilita a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación —con apoyo de la ex AGP y fuerzas federales— a administrar fondos, infraestructura, equipamiento y operación, desplazando en los hechos a la autoridad provincial.
Puerto, Antártida y alineamiento externo
El punto más grave no está solo en la forma, sino en el sentido político de la decisión. En los fundamentos de la resolución, Milei hizo consignar expresamente que Ushuaia es clave por su ubicación en el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida, destacando su valor estratégico para campañas científicas, logística y control territorial.
Ese párrafo, lejos de ser técnico, es una confesión política. Milei no está pensando el puerto desde una lógica de desarrollo nacional soberano, sino como activo geopolítico negociable en el marco de su alineamiento automático con Estados Unidos. En Davos, Milei no va a hablar de federalismo ni de soberanía: va a ofrecer “seguridad jurídica” y activos estratégicos.
La advertencia de Rodríguez apunta al corazón del problema: el riesgo de que el Puerto de Ushuaia sea ofrecido para uso militar y comercial extranjero, debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur y la Antártida, una región donde la disputa de poder global es cada vez más explícita.
La decisión de Milei sienta un precedente temerario. Si el Poder Ejecutivo puede intervenir un puerto provincial estratégico mediante una resolución administrativa, invocando “interés público”, entonces el federalismo queda reducido a una formalidad vacía.
Hoy es Ushuaia. Mañana puede ser cualquier puerto, aeropuerto o infraestructura clave. La lógica es siempre la misma: centralizar, disciplinar y poner al servicio de intereses externos lo que debería ser política de Estado nacional y federal.
Por eso la pregunta no es solo qué hará Tierra del Fuego. La pregunta es qué harán los demás gobernadores frente a una avanzada que no distingue signos políticos cuando se trata de concentrar poder y recursos estratégicos.
El Puerto de Ushuaia no es una caja, no es una ficha de negociación y no es un botín de guerra ideológica. Es una pieza central de la soberanía argentina. Y Milei acaba de moverla sin pedir permiso.
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