A partir de hoy, se suman actividades permitidas en 11 ciudades rionegrinas. La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en base a los parámetros sanitarios y epidemiológicos correspondientes y alcanza a Bariloche, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Barda del Medio, Allen, Mainque, Chichinales, Godoy y Fernández Oro.
Mediante la Resolución del Ministerio de Salud se autoriza la realización de actividades deportivas individuales al aire libre, así como la apertura de natatorios y gimnasios, siempre bajo estrictos protocolos sanitarios en resguardo de la salud de todos los vecinos.
Esta determinación fue confirmada por la Gobernadora Arabela Carreras a los Intendentes a través de una videoconferencia, y será oficializada en las primeras horas a través de la publicación de las correspondientes resoluciones.
En el caso particular de Bariloche, la ciudad salió de estar en ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligotorio), mientras que en las restantes además de presentar las condiciones epidemiológicas necesarias, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por Nación para esta flexibilización.
En su diálogo con los Intendentes, la Gobernadora Arabela Carreras remarcó que esta apertura a partir de la situación epidemiológica de estas ciudades “es el fruto del incansable trabajo de los equipos de salud de la Provincia y de los hospitales, que día a día ponen el cuerpo, sus conocimientos y su compromiso para controlar el avance de esta pandemia”.
Destacó además el compromiso de las Intendentas y los Intendentes que trabajan permanentemente junto a los equipos de salud y los hospitales, con una colaboración total.
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Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz ordenaron a sus senadoras que voten en contra
de la ley de tierras y el gobierno de Javier Milei pierde dos votos clave para la sesión del jueves, donde el oficialismo se arriesga a una votación muy pareja y hasta hay dudas sobre el quórum.
El gobernador de Tucumán anunció esta mañana que la senadora Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, votará en contra del capítulo que habilita la extranjerización de tierras.
Ávila era uno de los 35 votos seguros que Patricia Bullrich contaba a favor.
«He conversado con las dos senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley. Y son personas que no cambian de posición», declaró Jaldo. Mendoza integra el bloque de peronistas rebeldes Convicción Federal, que ya había expresado su rechazo al capítulo.
«Lo que yo sé hasta acá es que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas. Yo lo que creo que la gente puede venir a invertir, lo que no se puede venir a apropiar de nuestras tierras», agregó Jaldo, en un mensaje más que claro a sus senadoras. «Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros», insistió.
Beatriz Ávila
El anuncio de Jaldo causó un cimbronazo en el bloque oficialista porque los números están muy finos. De hecho, Bullrich ya avisó que no permitirá que la camporista Anabel Fernández Sagasti vote por zoom, más allá de la «autorización» de Victoria Villarruel para que se defina el recinto.
Pero las malas noticias para el gobierno no se terminan. Fuentes cercanas a la senadora salteña Flavia Royón, que responde a Sáenz, confirmaron a LPO que votará en contra de ese capítulo que ha generado un fuerte rechazo popular. Royón era otro de los votos que Patricia contaba a favor.
Con representación de asambleas de distintas localidades rionegrinas se llevó a cabo el 5° Plenario de las Asambleas del Curru Leufu en Las Grutas, allí definieron “exigir al gobierno provincial y nacional la restitución de la ley 3308 y el inmediato freno de los proyectos petroleros en el Golfo San Matías las explotaciones mineras de…
Un anciano que no comía hacía cuatro días no le quedó otra que incendiar un colchón para llamar la atención. El hombre estaba encerrado con candado en una habitación húmeda y oscura y cuando los bomberos entraron a la vivienda de José Gollán al 10.100, en la ciudad de Santa Fe, se encontraron con el infierno. Siete adultos mayores y personas con discapacidad hacinados, con hambre, sarna y sin atención médica.
Las imágenes de las víctimas muestran condiciones estremecedoras. Los residentes convivían entre la mugre, sin alimentos suficientes y con enfermedades que no recibían tratamiento. Uno de ellos aseguró que le habían prometido cuidados y comida; otro denunció que llevaba dos años sin documentos, dinero ni posibilidad de salir. «Me tienen secuestrado», dijo.
El descubrimiento de este geriátrico clandestino puso en jaque al intendente Juan Pablo Poletti y expuso la ausencia de controles sobre los establecimientos que alojan adultos mayores en la capital provincial.
Residentes del geriátrico clandestino rescatados tras el escándalo
El intendente fue director del Hospital Cullen, uno de los más importantes de la provincia y su gestión en la pandemia le permitió construir su imagen para la carrera política alrededor de su experiencia en la gestión sanitaria. El escándalo de la red de geriátricos clandestinos impacta de lleno en la administración municipal.
Consultados por LPO, los funcionarios del área de adultos mayores eludieron las explicaciones. Florencia Gentile, responsable del Observatorio de Geriátricos, se limitó a remitirse a las actuaciones judiciales.
El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, y de la directora de Adultos Mayores, Susana López pertenecen a la Unión Cívica Radical y responden al sector del ex intendente Mario Barletta, uno de los principales aliados de Poletti. En el municipio se limitaron a señalar que el caso se encuentra bajo investigación judicial y no dieron respuestas sobre las acciones políticas.
Si bien Poletti integra la coalición Unidos, en el gobierno provincial no ocultan el fastidio con el intendente. Fuentes de la Casa Gris dijeron a LPO que están cansados de tener que intervenir para cubrir las fallas de la gestión municipal y cuestionaron la falta de capacidad de respuesta en áreas sensibles: «La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este», resumió una fuente provincial del área social.
La Justicia investiga una trama que podría exceder al establecimiento descubierto. La presunta administradora ya había sido denunciada en 2025 por situaciones similares en otros lugares y permanece prófuga. La PDI detuvo a un hombre que cumplía funciones en la vivienda, mientras el fiscal Manuel Cecchini reunió pruebas para avanzar con las imputaciones.
La falta de gestión termina provocando problemas humanitarios como este
El mecanismo de financiamiento de estos geriátricos es tan estremecedor como las condiciones que ofrecían a los ancianos. El administrador se quedaba con las tarjetas de débito con la que los residentes cobraban sus jubilaciones o pensiones. Las familias entregaban a los adultos mayores junto con esos ingresos y, en muchos casos, se desentendían de su cuidado. El sistema quedó expuesto porque uno de los alojados pagaba alrededor de 300 mil pesos mensuales y denunció que le habían retenido la tarjeta de débito.
Fuentes que conocen el funcionamiento de estos establecimientos explicaron a LPO que el derrumbe del poder adquisitivo de las jubilaciones profundizó el deterioro. Con ingresos cada vez más bajos, la trama redujo todavía más los gastos en comida, higiene y atención médica para sostener la rentabilidad de un negocio que ya funcionaba en condiciones precarias.
Residentes tras la clausura del geriátrico
La investigación también busca determinar cómo llegaban las víctimas a esos lugares y si algunas habían sido derivadas informalmente después de pasar por hospitales públicos o por áreas de asistencia social. El Ministerio Público de la Acusación abrió además una investigación interna para establecer por qué no avanzaron las denuncias realizadas durante 2025.
El escándalo dejó al descubierto un circuito de abandono familiar, explotación económica y ausencia estatal, además de abrir una crisis política en el gobierno de Poletti.
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