Provincia autoriza la apertura de natatorios y gimnasios en Regina y otras 10 ciudades

A partir de hoy, se suman actividades permitidas en 11 ciudades rionegrinas. La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en base a los parámetros sanitarios y epidemiológicos correspondientes y alcanza a Bariloche, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Barda del Medio, Allen, Mainque, Chichinales, Godoy y Fernández Oro.

Mediante la Resolución del Ministerio de Salud se autoriza la realización de actividades deportivas individuales al aire libre, así como la apertura de natatorios y gimnasios, siempre bajo estrictos protocolos sanitarios en resguardo de la salud de todos los vecinos.

Esta determinación fue confirmada por la Gobernadora Arabela Carreras a los Intendentes a través de una videoconferencia, y será oficializada en las primeras horas a través de la publicación de las correspondientes resoluciones.

En el caso particular de Bariloche, la ciudad salió de estar en ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligotorio), mientras que en las restantes además de presentar las condiciones epidemiológicas necesarias, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por Nación para esta flexibilización.

En su diálogo con los Intendentes, la Gobernadora Arabela Carreras remarcó que esta apertura a partir de la situación epidemiológica de estas ciudades “es el fruto del incansable trabajo de los equipos de salud de la Provincia y de los hospitales, que día a día ponen el cuerpo, sus conocimientos y su compromiso para controlar el avance de esta pandemia”.

Destacó además el compromiso de las Intendentas y los Intendentes que trabajan permanentemente junto a los equipos de salud y los hospitales, con una colaboración total.

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  • Kicillof va a la Corte contra un fallo que ordena a la Provincia a pagar 5.500 millones a Nación por dos locomotoras

     

    El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.

    Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.

    Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.

    En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.

    Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».

    La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas

    Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.

    Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.

    En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.

    «Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.

    «Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.

    Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.

     Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia». 

    En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».

    Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.

    En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.

    En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.

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    Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».

    «Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.

     En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe». 

    En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».

    En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato». 

     

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    El León de la Malaria

     

    El Tigre de la Malasia se ha reconvertido.

    Por Nilda Limones para NLI

    La noche caía espesa sobre las aguas pútridas del Golfo del Ajuste cuando el bergantín Anarcocapital apareció entre la bruma. Sus velas negras, remendadas con retazos de bonos impagos y decretos de necesidad, flameaban como alas de cuervo sobre el mar hambriento. En la proa, erguido como un profeta delirante, estaba el temido León de la Malaria.

    Nadie conocía ya su verdadero nombre. Algunos afirmaban que había sido un oscuro escribiente de mercados; otros, un iluminado surgido de las catacumbas televisivas. Pero en todos los puertos del continente se lo nombraba igual: el León. El hombre que juraba destruir el Estado mientras saqueaba hasta el último mendrugo de los pueblos costeros.

    Sus ojos ardían con un fulgor febril. La melena, azotada por el viento, parecía una llamarada enferma bajo la luna tropical.

    —¡La libertad avanza sobre los débiles! —rugió desde cubierta—. ¡Y el mercado elegirá quién merece comer!

    Detrás de él apareció su inseparable lugarteniente: Manuel de Adorno, llamado por la tripulación “el Vocero Negro”. Delgado, impecable y sonriente aun en medio de la peste, llevaba siempre bajo el brazo un pergamino donde escribía comunicados para justificar cada pillaje.

    —Capitán —dijo inclinándose—. El pueblo de Santísima Jubilación ha quedado sin medicinas, sin pan y sin energía. La operación fue un éxito.

    El León sonrió satisfecho.

    —Excelente. Ahora dirán que estaban mejor así.

    La tripulación celebró entre carcajadas. Eran los célebres Leones de Virgocem, corsarios fanáticos que se jactaban de una castidad heroica y de no haber conocido jamás abrazo humano fuera del de sus perros mastines y sus manuales de economía inglesa. Vestían chaquetas violetas, lucían ojeras profundas y repetían, como salmos religiosos, frases incomprensibles sobre el derrame de riquezas.

    Desde la popa descendió entonces Karinna de Hierro, la mujer más temida de todo el archipiélago financiero. Sus dedos largos sostenían cofres rebosantes de monedas arrancadas a hospitales, escuelas y ancianos.

    —Mi León —susurró acercándose—. Hemos capturado otro convoy de alimentos populares. ¿Qué hacemos con él?

    El capitán levantó lentamente el sable.

    —Arrojadlo al mar. Si el hambre aumenta, aprenderán a competir.

    Un trueno rasgó el horizonte.

    A lo lejos, en las aldeas miserables de la costa, las fogatas comenzaban a apagarse una por una. Los niños observaban desde los muelles cómo el Anarcocapital se alejaba cargado de riquezas mientras detrás quedaban fábricas vacías, puertos silenciosos y hospitales convertidos en ruinas.

    Pero sobre la cubierta del barco nadie parecía escuchar los llantos.

    Los Leones de Virgocem brindaban con champagne importado.

    Y en medio de ellos, contemplando el océano negro como si fuese el dueño del mundo, el León de la Malaria lanzó una carcajada salvaje que se perdió entre las tormentas del Caribe del Sur.

     

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  • El bien y el mal definen por penal

     

    El 5 de diciembre de 2025, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., el titular de la FIFA, Gianni Infantino, encabezó el sorteo de la Copa del Mundo, distribuyendo los caminos de 48 selecciones. Tan solo dos meses más tarde, mientras las selecciones organizaban los preparativos para su estadía en el continente americano, aviones de combate estadounidenses e israelíes habían sobrevolado varias ciudades de Irán y bombardeado lo que los comunicados militares llaman, con peculiar pudor, “objetivos estratégicos”. Los muertos comenzaron a contarse de a miles, entre civiles, jerarcas gubernamentales y militares. El líder supremo, Alí Jameneí, también fue una de las bajas. Unos días después, Donald Trump escribió en su red social que quizás era mejor que la selección iraní no participara del Mundial «por su propia seguridad».

    Irán quedó en el Grupo G. Sus tres partidos serán en Los Ángeles y Seattle, ciudades del país que dos semanas antes del sorteo había bombardeado su territorio. Una vez iniciada la guerra, Infantino aclaró que había hablado personalmente con Trump y que los partidos se jugarían donde el sorteo indicaba. A Trump, sin embargo, no pareció importarle demasiado. El gobierno estadounidense le negó a la delegación persa la posibilidad de alojarse en territorio norteamericano. El gobierno mexicano respondió ofreciéndole a Irán concentrar en Tijuana y cruzar la frontera para cada encuentro.

    Traducido a imagen global, esto significa que el país que con restricciones para ingresar a Estados Unidos será recibido por el país al que Washington le exige militarizar su frontera. El Mundial produce, sin que nadie lo haya planificado así, una solidaridad involuntaria entre las dos naciones amedrentadas por la prepotencia trumpista.

    El conflicto en Medio Oriente combina las características de las guerras tradicionales en las que los beligerantes son Estados, los objetivos son geopolíticos o ideológicos y se utilizan Fuerzas Armadas regulares, con la plasticidad y la ambigüedad de las guerras del siglo XXI. Por caso, Estados Unidos nunca declaró formalmente la guerra a Irán. Hubo drones, misiles de precisión, comunicados del Pentágono hablando de “operaciones quirúrgicas sobre infraestructura militar”, pero no hubo discurso ante el Congreso, no hubo resolución ni aprobación legal. La guerra moderna se diagrama con Inteligencia Artificial, se lanza desde pantallas, se justifica con eufemismos técnicos y se da por terminada cuando el presidente le escribe una carta al Congreso diciendo que “las hostilidades han concluido”, mientras mantiene un bloqueo naval sobre el enemigo.

    El gobierno de Suiza —país donde la FIFA tiene su sede, tributa sus impuestos y descansa su paraguas jurídico— calificó la ofensiva estadounidense como un caso de uso injustificado de la fuerza, contrario al derecho internacional. La casa madre del fútbol global, sin embargo, no emitió ningún comentario al respecto.

    A esto se suman las incongruencias del sistema internacional: el mismo gobierno que ataca militarmente a un país está obligado, por contrato con un organismo internacional, a garantizar visas de entrada, seguridad operativa y cancha en condiciones para los jugadores del país agredido.

    A su vez, la FIFA, que prohíbe en sus estatutos cualquier forma de “interferencia política” en el fútbol, negocia esas garantías con el Departamento de Estado de la potencia en guerra a la par que entrega a su presidente el Premio de La Paz de la FIFA.

    ¿El fútbol une al mundo?

    La FIFA lanzó para este Mundial la campaña “El fútbol une al mundo”.

    Hay un mito fundacional que da forma a ese eslogan. En la noche del 24 de diciembre de 1914, en la frontera entre Francia y Bélgica se desarrollan las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Soldados alemanes y británicos salen de sus trincheras, cruzan la “tierra de nadie” e improvisan, rodeados de cadáveres, alambrados y minas antipersona, un partido de fútbol. La tregua dura hasta la mañana del 26 de diciembre. Aunque la guerra continuó, el partido quedó en la memoria colectiva como un símbolo de que en el fútbol hay una confraternidad que antecede a las banderas y los tratados. Un lenguaje, una suerte de esencia humana que los Estados no pueden controlar.

    La historia de la relación entre el fútbol y los conflictos armados es, sin embargo, un poco menos romántica. En julio de 1969, Honduras y El Salvador llevaban años acumulando tensiones por disputas territoriales y migratorias. Las eliminatorias para el Mundial de México 1970 actuaron como un disparador. Tres partidos, disturbios en las tribunas, muertos, ruptura de relaciones diplomáticas. El 14 de julio, cuatro días después del partido decisivo, El Salvador invadió Honduras. El conflicto dejó entre dos y cuatro mil muertos.

    El periodista y escritor polaco, Ryszard Kapuscinski, llegó a Tegucigalpa horas antes de que comenzara la guerra y la convirtió en uno de los grandes reportajes del siglo XX. Tituló a su libro La Guerra del Fútbol.

    Algo parecido sucedió en los estadios de Yugoslavia, a finales de los años ochenta. Las hinchadas del club serbio Estrella Roja y el croata Dinamo Zagreb se enfrentaban con una violencia que vaticinaba la guerra étnica que vendría. Željko Ražnatović, líder de la barra del Estrella Roja, se convertiría luego en el comandante de los “Tigres”, una unidad paramilitar acusada de cometer crímenes de guerra. El mismo Ražnatović declaró que la guerra civil no la iniciaron ni los políticos ni los militares, sino los hinchas en el partido contra el Dinamo. Al igual que en América Central, el fútbol fue el espacio donde la guerra tomó forma antes de ser guerra.

    Otro caso que la taxonomía del fútbol y la política no puede ignorar es Argentina 1978. Es bien sabido que la Junta Militar usó el torneo como plataforma de legitimación internacional. El Mundial debía mostrarle al mundo un país ordenado, moderno y capaz. La selección argentina ganó el campeonato en un estadio a pocas cuadras de donde funcionaba la ESMA. La FIFA nunca dijo nada.

    Así, el Mundial 78 mostró el arquetipo de un Estado que usa el deporte como pantalla para ocultar lo que le hace a su propia población. Más acá en el tiempo, el 7 de abril de 2017, las selecciones femeninas de Corea del Norte y Corea del Sur disputaron en Pyongyang el primer partido oficial entre ambos jugado en territorio norcoreano. Técnicamente, los dos países siguen en guerra, ya que el armisticio de 1953 nunca fue reemplazado por un tratado de paz. El estadio Kim Il Sung recibió a cuarenta mil personas. Por primera vez en la historia, la bandera de Corea del Sur fue izada en un escenario deportivo norcoreano. Esa misma semana, Pyongyang había lanzado un misil en aguas japonesas. Las autoridades surcoreanas declararon que “la seguridad de las jugadoras nunca se vio amenazada”. El partido terminó 1 a 1. El de las dos Coreas es el antecedente más directo que existe para lo que va a ocurrir en Los Ángeles en junio de 2026. Dos países en guerra y un partido oficial en territorio de uno de los contendientes.

    Make North America Great Again

    El Mundial 2026 tiene dos particularidades: es la primera vez en la historia que será organizado por tres países y el primero que tendrá 48 participantes.

    En sintonía con el eslogan de “El fútbol une al mundo”, la candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá fue votada mayoritariamente en el Congreso de la FIFA de 2018 con el nombre oficial de “United 2026”. El eslogan pretendía dejar de manifiesto que los tres países comparten algo más que una región. Hay que remontarse treinta años atrás para entender los albores del proceso integracionista de América del Norte.

    El 1 de enero de 1994, el mismo día en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantaba en armas en Chiapas en protesta por lo que vendría, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN-NAFTA). El presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari lo celebró como “un logro pionero en negociaciones comerciales que establecerá tendencias futuras en la región y en el mundo”. Bill Clinton, que había peleado en el Congreso para conseguir los votos necesarios, sostuvo: “Nuestra seguridad nacional ahora será determinada por nuestra capacidad de derribar barreras comerciales extranjeras”. Una buena síntesis de la visión globalization friendly que primaba en los años de la posguerra fría.

    Para México, la experiencia produjo, tres décadas después, una dependencia estructural que ningún canciller mexicano puede ignorar. El 80% de las exportaciones mexicanas van al mercado estadounidense. Más que un dato de comercio exterior, esa cifra marca el límite real de la autonomía azteca en el ámbito internacional. En buena medida, explica por qué México militarizó su frontera sur cuando Washington lo exigió, aunque eso implicara contener migrantes centroamericanos con los mismos métodos que denuncia en su propia frontera norte. Explica también por qué los presidentes del partido político MORENA —Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum— proclaman una política exterior más independiente, pero negocian con más cuidado que confrontación. Y explica también algo que transformó la geografía política de América Latina: al entrar definitivamente en la órbita de influencia estadounidense, México fue perdiendo su rol histórico de contrapeso regional y resistencia latinoamericanista.

    Argentina perdió un aliado tradicional en sus disputas con Washington y en la moderación de la influencia brasileña en Sudamérica. Brasil, en consecuencia, respondió profundizando su proyecto de integración sudamericana, mediante el Mercosur y luego, con la Unasur. La premisa era que si México ya era parte indefectible de América del Norte, Sudamérica tenía que construir su propio bloque.

    Trump llegó a la presidencia denunciando el mismo acuerdo que Clinton había celebrado. En su primer mandato, forzó a una renegociación del NAFTA, que pasaría a ser rebautizado como T-MEC. En su segunda presidencia volvería a la carga y denunciaría que México y Canadá “se han aprovechado de Estados Unidos por 40 años. (…) No pueden llegar aquí y robarse nuestro dinero, robarse nuestros empleos, tomar nuestras fábricas y tomar nuestros negocios y esperar que no sean castigados”. Los aranceles del 25% fueron su respuesta. En retrospectiva, la candidatura tripartita para organizar la Copa del Mundo terminó siendo el último acto de fe en un proyecto que está siendo dinamitado por su arquitecto.

    El conflicto entre Estados Unidos y Canadá es aún más sorprendente, tanto por la intensidad del vínculo como por los elementos culturales en común. Además, la integración tiene una expresión deportiva perfecta: la Major League Soccer, que desde su fundación incluyó franquicias canadienses y estadounidenses compitiendo en la misma liga. Toronto FC, Vancouver Whitecaps y CF Montreal juegan contra New York City FC y LA Galaxy con la misma naturalidad con que comparten mercado y cultura popular. Un buen ejemplo de que “el fútbol une”. Todo eso cambió con una velocidad que desconcertó a los propios canadienses.

    Los aranceles comerciales y la amenaza de convertir a Canadá en el “Estado 51” por parte de Trump fueron replicados con la aparición de etiquetas “Hecho en Canadá” como señal de identidad política y el abucheo del himno estadounidense en partidos de hockey de la NHL (otra liga en la que participan equipos de ambos países). Una encuesta de 2025 reveló que el porcentaje de canadienses que consideran a Estados Unidos una amenaza principal para su país se había triplicado desde 2019. El antiamericanismo que hoy prima en Canadá no tiene precedentes en la memoria de nadie que viva en ese país.

    Cuando se aprobó la candidatura en 2018, pocos pensaron que el Mundial que iba a actuar como símbolo de la integración en América del Norte se terminaría jugando en el momento de mayor tensión histórica entre sus co-anfitriones.

    El Leviatán del fútbol

    La FIFA tiene 211 miembros. La ONU tiene 193. La casa madre del fútbol reconoce selecciones que existen en el mundo del fútbol antes de existir en el mundo de los tratados. Sumado a ello, la FIFA tiene su propio poder legislativo, ejecutivo y judicial, su propio código de ética y tributación reducida bajo el código civil suizo. No tiene ejército, pero sí el control monopólico sobre un bien simbólico que ningún Estado puede producir por sí solo. No hay fútbol internacional fuera de la FIFA. Y eso la vuelve un actor privado transnacional con enorme poder sobre las autoridades de sus Estados asociados. Por caso, cuando la casa madre suspende a un país, ese país desaparece del fútbol mundial con una completitud que ninguna sanción diplomática convencional puede igualar.

    El principio está escrito en los artículos 15 y 19 de sus estatutos: las federaciones nacionales deben garantizar su “independencia y prevención de injerencias políticas” y actuar “sin la injerencia de terceros”. El incumplimiento puede derivar en desafiliación definitiva. Volviendo al mantra del Mundial, para la FIFA, la política no puede romper lo que ha sido unido por el fútbol.

    Nigeria fue suspendida en 2010 porque el presidente del país sancionó al entrenador de la selección y en 2014 por un proceso judicial que limitó las capacidades de su federación. Sri Lanka fue suspendida en enero de 2023 por interferencia gubernamental en las elecciones de su comité ejecutivo. Zimbabue y Kenia fueron sancionadas simultáneamente en febrero de 2022 porque sus ministerios de deportes disolvieron las asociaciones nacionales. Cuando el gobierno de Javier Milei intentó imponer las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino, la FIFA le recordó que cualquier modificación estatutaria impuesta por el Estado podría derivar en la desafiliación inmediata. El gobierno retrocedió. El mecanismo funciona porque la amenaza es creíble.

    Pero en la orbe del fútbol las calles son de doble mano. Por un lado, la FIFA les prohíbe a los gobiernos intervenir en el fútbol y, por otro, les exige condiciones que ningún Estado soberano aceptaría de otro Estado. Exenciones fiscales, cesión de jurisdicción a tribunales internacionales o modificación de normativas laborales son algunas de ellas. México firmó garantías de 93 páginas, en inglés, que conceden amplias exenciones fiscales a la FIFA y entidades vinculadas al Mundial 2026. Fue el único de los tres co-anfitriones que entregó exención fiscal total. Canadá negoció y Estados Unidos impuso sus condiciones. Aunque los tres aparecen en los afiches, publicidades y álbumes del Mundial, el precio que pagó cada uno fue distinto. Esto también se tradujo en los partidos que alberga cada país: mientras que en Estados Unidos se disputarán 78 encuentros (incluyendo los de eliminación directa y la gran final), México y Canadá organizarán 13 partidos cada uno.

    El fútbol también refleja las asimetrías del poder global.

    La secuencia de los Mundiales de Sudáfrica en 2010, Brasil en 2014 y Rusia en 2018 es, en ese sentido, elocuente. Tres países del grupo BRICS, tres economías emergentes que en la primera década del siglo XXI se volvieron emblemáticas de las transformaciones del orden internacional. Durante aquellos años, la Copa del Mundo se había vuelto el espejo de un mundo cada vez más multipolar.

    Hay quienes sostienen que la irrupción de Trump es, en gran medida, una respuesta al ascenso de China y la pérdida de poder de Estados Unidos. En este marco, las guerras comerciales y el creciente uso del poder militar son indicadores de una potencia que busca retrasar (o revertir) su declive y su merma de competitividad en la economía global.

    Que la Copa del Mundo vuelva a ser organizada por Estados Unidos puede ser leída en un doble sentido (geo) político: como una señal de la primacía global que pretende recuperar Estados Unidos; y también una señal sobre cómo funciona la FIFA en el sistema internacional. A diferencia de lo que ocurre con organismos como la ONU, donde el poder de los Estados se traduce directamente en capacidad de veto y de bloqueo, la FIFA opera, en teoría, de otra manera: permite a todos (grandes y pequeños, poderosos y débiles) sentarse a la misma mesa, con el mismo poder de voto, aunque en la práctica, grandes y pequeños, poderosos y débiles no son iguales. México firmó un contrato con condiciones que Estados Unidos nunca habría aceptado. De igual forma, que el FBI haya liderado la investigación que destapó el megaescándalo de corrupción conocido como FIFAgate en 2015 constituye un antecedente difícil de ignorar al analizar la posterior designación de Estados Unidos como sede principal del Mundial 2026 y la disparidad (organizativa y contractual) respecto de México y Canadá.

    El Mundial más geopolítico de la historia

    El 11 de junio de 2026, en el estadio Azteca de Ciudad de México, se jugará el partido inaugural. Es el único estadio del mundo donde se han disputado dos finales mundialistas. Es también el estadio donde Diego Maradona hizo el gol de todos los tiempos, cuatro años después de la Guerra de Malvinas, en el partido que todo el mundo recuerda como una revancha que el fútbol procesó de una manera que la diplomacia no podía. El Azteca sabe de fútbol y política.

    Afuera del estadio habrá hinchas de todo el mundo. Iraníes que no pudieron entrar a territorio estadounidense. Canadienses que llegaron al país que intenta anexarlos. También algunos otros deportados por el ICE. Lo que esos hinchas van a compartir, sin saberlo del todo, es el producto final de un sistema en el que los Estados ceden soberanía a un organismo privado para obtener el derecho de existir en el imaginario global, en el que ese organismo proclama su neutralidad como herramienta de poder y en el que las jerarquías que el fútbol promete suspender reaparecen a la hora de organizar cada Mundial.Kapuscinski llegó a Tegucigalpa horas antes de que empezara la guerra y escribió sobre lo que el fútbol puede desatar cuando las tensiones ya no tienen otra salida. En 2026, el espacio es más grande, las cámaras son más numerosas y los intereses en juego son incomparablemente mayores. Lo que el Mundial va a encontrar cuando abra sus puertas en el Azteca es un mundo que no está esperando que el fútbol lo una. Está esperando, con distintos grados de esperanza y escepticismo, que lo que pase afuera de la cancha no dependa de hacia dónde salga la redonda.

    La entrada El bien y el mal definen por penal se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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