Provincia autoriza la apertura de natatorios y gimnasios en Regina y otras 10 ciudades

A partir de hoy, se suman actividades permitidas en 11 ciudades rionegrinas. La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en base a los parámetros sanitarios y epidemiológicos correspondientes y alcanza a Bariloche, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Barda del Medio, Allen, Mainque, Chichinales, Godoy y Fernández Oro.

Mediante la Resolución del Ministerio de Salud se autoriza la realización de actividades deportivas individuales al aire libre, así como la apertura de natatorios y gimnasios, siempre bajo estrictos protocolos sanitarios en resguardo de la salud de todos los vecinos.

Esta determinación fue confirmada por la Gobernadora Arabela Carreras a los Intendentes a través de una videoconferencia, y será oficializada en las primeras horas a través de la publicación de las correspondientes resoluciones.

En el caso particular de Bariloche, la ciudad salió de estar en ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligotorio), mientras que en las restantes además de presentar las condiciones epidemiológicas necesarias, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por Nación para esta flexibilización.

En su diálogo con los Intendentes, la Gobernadora Arabela Carreras remarcó que esta apertura a partir de la situación epidemiológica de estas ciudades “es el fruto del incansable trabajo de los equipos de salud de la Provincia y de los hospitales, que día a día ponen el cuerpo, sus conocimientos y su compromiso para controlar el avance de esta pandemia”.

Destacó además el compromiso de las Intendentas y los Intendentes que trabajan permanentemente junto a los equipos de salud y los hospitales, con una colaboración total.

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    Frente a eso, hay quienes ya tienen decidido redirigir fondos afectados y otros intentan gestionar la llegada de fondos de la Provincia a último momento.

    La situación es transversal y golpea aún más en las comunas que se hacen cargo del sistema sanitario través de centros de salud municipales.

    Un caso paradigmático en ese sentido es San Pedro, donde el peronista Cecilio Salazar enfrenta desde la medianoche de este viernes un paro total de los médicos del hospital municipal.

    «Estamos haciendo todo lo posible para ver cómo convencemos al gobierno de la provincia para que nos dé una ayuda por lo menos para pagar los aguinaldos. El año pasado nos ayudaron con un anticipo de coparticipación», dijo Salazar días atrás a una radio local para admitir las complicaciones financieras de su municipio.

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    La medida de fuerza encarada por el gremio Cicop en San Pedro es por tiempo indeterminado hasta tanto se abonen las guardias y el aguinaldo.

    Esta semana, Cicop también expuso una situación conflictiva en Bahía Blanca, donde médicos del hospital municipal hicieron una medida de fuerza por reclamos salariales, frente a la cual el intendente peronista Federico Susbielles decidió descontarles los días de paro.

    Esa reacción del intendente tensionó aún más el panorama y los médicos, además de recordar su determinante rol en los temporales que devastaron la ciudad, salieron a exponer en redes sus salarios.

    En enero existían 102 municipios con superávit corriente y 33 con déficit. En junio, los municipios en rojo pasaron a ser 80. Aunque aún restan conocerse los datos anuales, hay intendentes que no dudan que, a diciembre, la situación se agravó 

    «Trabajo 30 horas semanales. Sin descuentos, el valor de mi hora es de $5.633», dijo una médica en una carta abierta a Susbielles que se viralizó en la ciudad y donde le reclamó «condiciones dignas, diálogo real y reconocimiento».

    Otro distrito complicado que cuenta con hospital municipal es Arrecifes. Ahi, fuentes cercanas a la gestión de Fernando Bouvier (PRO) señalaron a LPO que llegan a fin de año con «un déficit importante» y que la comuna cubrirá los aguinaldos reasignando fondos afectados a otras áreas.

    En el caso de los radicales, esta semana representantes del Foro de Intendentes UCR estuvieron en el Ministerio de Economía bonaerense para gestionar la llegada de recursos desde la Provincia antes de fin de año, para poder capear los compromisos salariales.

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    El reclamo general de los radicales es por deudas de Ioma y otros organismos, pero hay un especial interés por la cancelación de la cuota pendiente de descentralización, demorada a partir del atraso del último vencimiento de la cuota del Impuesto Inmobiliario.

    «Eso es significativo para nosotros», dijo un intendente radical a LPO, que detalló que se está tramitando con el gobierno de Kicillof la distribución de una parte de esos recursos antes de que termine el año, posiblemente el lunes 29.

    Algunos municipios dependen de la llegada de esos recursos para poder cumplir con los aguinaldos e, incluso, algunos admiten que con eso aún no llegan. Es ahí donde también aparece la posibilidad de recurrir a fondos afectados.

     Frente un panorama de caída en la cobrabilidad de tasas y derrumbe de la coparticipación a raíz de la baja recaudación por impuestos nacionales como el IVA, los intendentes advierten que el peso de hacerse cargo de los hospitales municipales «es el gran problema». 

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    Luego de un 2024 complejo, la agudización de la recesión en 2025 expuso un deterioro sin precedentes de las finanzas municipales.

    De acuerdo a informes que maneja la Provincia, en enero existían 102 municipios con superávit corriente y 33 con déficit. En junio, los municipios en rojo pasaron a ser 80. Aunque aún restan conocerse los datos anuales, hay intendentes que no dudan que la situación se agravó y ese número de municipios deficitarios creció. 

     

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    A 80 años del aguinaldo: cuando el salario dejó de ser caridad y pasó a ser derecho

     

    En diciembre de 1945, una decisión política cambió para siempre la relación entre el trabajo y el Estado en la Argentina. El aguinaldo no nació como beneficio ni regalo: fue una conquista obrera institucionalizada por el peronismo, resistida por el poder económico y defendida en la calle.

    Por Alcides Blanco para NLI

    El 20 de diciembre de 1945, fecha de la que hoy se cumplen ocho décadas, el gobierno surgido de la Revolución del ’43 firmó el Decreto N.º 33.302/45, que creó el Sueldo Anual Complementario (SAC). La medida fue impulsada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión por Juan Domingo Perón, cuando todavía no había sido electo presidente.

    Aquella decisión no fue técnica ni neutra. Fue profundamente política: reconocía que el salario no alcanzaba solo para reproducir la fuerza de trabajo, y que el Estado debía intervenir para equilibrar una relación históricamente desigual entre capital y trabajo. Por primera vez, el ingreso anual del trabajador pasaba a ser un asunto de política pública.

    El decreto que desató la furia patronal

    El Decreto 33.302/45 establecía el pago de un salario adicional anual, equivalente a la doceava parte de lo percibido durante el año. La reacción del empresariado fue inmediata y feroz. Las cámaras patronales denunciaron que el aguinaldo era “confiscatorio”, “inviable” y “demagógico”. Los grandes diarios de la época editorializaron contra la medida y auguraron caos económico.

    La respuesta vino desde abajo. Miles de trabajadores salieron a la calle para defender el decreto, en un clima político todavía marcado por la reciente liberación de Perón tras el 17 de Octubre. El aguinaldo se transformó así en algo más que un ingreso extra: se convirtió en un símbolo del nuevo pacto social que estaba naciendo.

    No es un dato menor que el aguinaldo haya sido creado antes de la presidencia formal de Perón. Eso explica por qué su origen está ligado a la Secretaría de Trabajo y Previsión y no a una ley del Congreso: el poder real de esa política no estaba en los despachos, sino en la organización obrera.

    De conquista a derecho permanente

    Ya con Perón en la Presidencia, en 1946, el aguinaldo fue ratificado por ley e incorporado de manera definitiva al sistema laboral argentino. A partir de allí, ningún gobierno pudo eliminarlo sin enfrentar un enorme costo político y social.

    Con el tiempo, el Sueldo Anual Complementario pasó a abonarse en dos cuotas, en junio y diciembre, como rige actualmente. Esa modificación administrativa no alteró su esencia: el reconocimiento de que el salario mensual no agota el valor del trabajo realizado durante el año.

    Durante las dictaduras y los períodos neoliberales, el aguinaldo fue atacado indirectamente: licuado por la inflación, precarizado mediante empleo informal o directamente negado a millones de trabajadores excluidos del sistema. Pero incluso en esos contextos, el derecho nunca fue derogado, lo que habla de su profunda legitimidad social.

    Ocho décadas después, el sentido sigue en disputa

    A 80 años de su creación, el aguinaldo vuelve a ser cuestionado, esta vez desde discursos que lo presentan como “un costo”, “una carga” o “un privilegio”. Es el mismo lenguaje patronal de 1945, reciclado con estética libertaria y retórica antisindical.

    Recordar el origen del aguinaldo no es un ejercicio nostálgico. Es una advertencia histórica: los derechos laborales no nacen del mercado ni de la buena voluntad empresaria. Nacen de decisiones políticas respaldadas por organización popular.

    El aguinaldo fue, y sigue siendo, una frontera. De un lado, quienes creen que el trabajo es una mercancía más. Del otro, quienes sostienen que sin justicia social no hay democracia posible.

    Ochenta años después, la pregunta no es si el aguinaldo “se puede pagar”. La verdadera pregunta es qué tipo de país se quiere construir.

     

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