A partir de hoy, se suman actividades permitidas en 11 ciudades rionegrinas. La medida fue dispuesta por el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Salud en base a los parámetros sanitarios y epidemiológicos correspondientes y alcanza a Bariloche, Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Villa Regina, Barda del Medio, Allen, Mainque, Chichinales, Godoy y Fernández Oro.
Mediante la Resolución del Ministerio de Salud se autoriza la realización de actividades deportivas individuales al aire libre, así como la apertura de natatorios y gimnasios, siempre bajo estrictos protocolos sanitarios en resguardo de la salud de todos los vecinos.
Esta determinación fue confirmada por la Gobernadora Arabela Carreras a los Intendentes a través de una videoconferencia, y será oficializada en las primeras horas a través de la publicación de las correspondientes resoluciones.
En el caso particular de Bariloche, la ciudad salió de estar en ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligotorio), mientras que en las restantes además de presentar las condiciones epidemiológicas necesarias, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por Nación para esta flexibilización.
En su diálogo con los Intendentes, la Gobernadora Arabela Carreras remarcó que esta apertura a partir de la situación epidemiológica de estas ciudades “es el fruto del incansable trabajo de los equipos de salud de la Provincia y de los hospitales, que día a día ponen el cuerpo, sus conocimientos y su compromiso para controlar el avance de esta pandemia”.
Destacó además el compromiso de las Intendentas y los Intendentes que trabajan permanentemente junto a los equipos de salud y los hospitales, con una colaboración total.
Luego de seis días a puro cine en los que se proyectaron 100 producciones, en la noche del sábado se dio a conocer el nombre de los ganadores de la séptima edición del Festival Audiovisual Bariloche (FAB) organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte en conjunto con el CFI y el INCAA. Cabe…
La preocupación se potencia al entender que ambas especies se pescan a nivel comercial y se consumen habitualmente en la región. El estudio fue realizado por Shirley Mendoza, la primer bióloga marina recibida en la Universidad Nacional del Comahue con sede en la costa Atlántica. Un estudio realizado por la bióloga marina sanantoniense Shirley Mendoza descubrió…
La Ciudad avanza con las obras en el Centro Cultural San Martín que incluyen la modernización del edificio diseñado por Mario Roberto Álvarez y la restauración de las salas A/B. En diciembre estará concluída la etapa 1 y el año próximo finalizará la obra.
El CC San Martín es el principal complejo artístico y educativo de la Ciudad. Está compuesto por dos volúmenes, una torre vidriada de 12 pisos y un volumen más bajo que alberga las salas A/B.
El centro cultural fue inaugurado en 1970, pero la falta de inversión estatal hizo cada vez más complicada su utilización.
El gobierno porteño comenzó una refacción general en 2025 y está previsto que una vez concluída, el CC San Martín vuelva a albergar al conservatorio de música Manuel de Falla.
El Ministerio de Infraestructura que conduce Pablo Bereciartúa dividió en cuatro etapas el proyecto para recuperar el mítico edificio. La etapa cero fue para resolver las urgencias: retiro de materiales con asbesto, renovación de cloacas, retiro de carpintería con riesgo de desprendimiento y colocación de andamios en sectores críticos de la fachada.
Las etapas 1 y 2 son las que están en curso y se realizan en espejo en los dos volúmenes. La etapa 1 comprende la renovación de las fachadas de la torre y de las salas A/B que incluirán un muro cortina con perfiles aluminio, compuesto por paños fijos con vidriado estructural y ventanas proyectantes y respetarán el diseño original.
La etapa 2 está vinculada a una modernización de la torre y de las salas A/B, con capacidad para 800 personas y también de las salas Alberdi, Muiño, Salas de Convenciones C, D, E y F.
Entre los trabajos a realizar se encuentra la renovación de las instalaciones eléctricas, de iluminación, instalaciones termomecánicas y mejoras en la seguridad contra incendios y medios de evacuación.
La última etapa comprende la provisión y restauración de equipamiento de las salas, aulas, talleres y oficinas y la restauración del mobiliario original de las salas de convenciones que incluyen icónicos diseños de Alberto Churba Silla Laqueada y el Sillón Cinta.
Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.
La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.
Un cambio que acelera los tiempos políticos
Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.
La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.
El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.
El impacto político detrás del cambio
Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.
La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.
Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.
En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.
Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico
El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.
Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.
La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.
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La semana que viene se pondrán en marcha los trabajos para dotar de los servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público al loteo Barazzutti. Así se lo confirmó el responsable de la empresa INGOO SRL Ernesto Pasaron al Intendente Marcelo Orazi en una reunión que mantuvieron en la mañana de este martes. Las…
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