Prohibición de bolsas‘camiseta’ en comercios

La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a comerciantes minoristas y mayoristas de todos los rubros que se encuentra en vigencia la Ordenanza 103/2008. La misma prohíbe el uso de polietileno, polipropileno y polímeros artificiales no biodegradables con destino a embalajes o bolsas denominadas ‘camiseta’.

Por lo tanto se aconseja se abstengan de hacer entrega de las mismas y así evitar sanciones y multas.

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  • Bullrich aliada con el denunciante de $Libra le ganaron el PRO de Córdoba a Macri

     

    En un fin de semana cargado de tensión en el PRO cordobés, la curiosa alianza entre el bullrichismo y uno de los denunciantes del caso $Libra se quedó con el sello amarillo y desplazó al macrismo puro. Sucede que hasta el final de la noche del sábado hubo cruce de comunicados entre la alianza que integraron la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado y el legislador provincial Oscar Agost Carreño; rivales del macrismo liderado por la concejala Soher El Sukaría.

    Sin embargo, este domingo hubo interna y los aliados se quedaron con el sello y dejaron a Macri sin poder de daño partidario en una provincia que siempre fue clave para el expresidente.

    Los aliados llevaron como candidato a presidente a Oscar Tamis, un exlegislador provincial y exintendente de Oliva. Un dirigente cercano al esquema que en su momento lideró Nicolás Massot en el juego de transversalidad en tiempos de Cambiemos.

    «En la causa Libra de Estados Unidos empiezan a nombrar a Karina Milei»

    El macrismo, en tanto, en la tarde del sábado lanzó un comunicado denunciando atropello y manipulación de los plazos. El bullrichismo devolvió la gentileza con otro: «no se bancan la democracia interna en el PRO Córdoba», dispararon Rodríguez Machado y Agost Carreño.

    Mientras, en la misma noche del sábado el macrismo porteño con dirigentes como Fernando de Andreis trató de desactivar la interna y negociar. Era tarde. Imposible. Los aliados respondieron que los plazos para llegar a esa estrategia habían vencido y que no hubo acuerdo porque el macrismo cordobés pedía, entre otros condicionamientos, colocar al apoderado del PRO. Así se llegó al esquelético escenario de votación que dejó más análisis que votos.

    El sector de Karina no tomó bien la alianza de Bullrich con el denunciante d elos hermanos Milei. El enojo llegó al jefe de bloque libertario en Diputados, el cordobés Gabriel Bornoroni. En despachos de Casa Rosada no entienden cómo el bullrichismo se prende en esta pelea por un sello territorial y lo hace en alianza con el denunciante de $Libra.

    A saber. Rodríguez Machado y Agost Carreño lograron quedarse con una porción del G25 y le partieron el bloque a Guillermo Dietrich en Córdoba porque el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, jugó con los aliados. Es decir, el sobrino de Manuel Tagle se corrió del respaldo al macrismo y acompañó al bullrichismo. Buen gesto para el 10 de abril, cuando la senadora logre saltar el cerco que le trata de imponer el karinismo y encabece el almuerzo en la Bolsa de Comercio con Tagle.

    El esquema de Karina no toma bien esto y en Córdoba, el entorno del jefe de bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni lo hizo saber. Incluso, con llamados que tuvieron pendiente de respuesta al presidente de la Cámara, Martín Menem.

    En despachos de Casa Rosada no entienden cómo el bullrichismo se prende en esta pelea por un sello territorial y lo hace en alianza con el denunciante de $Libra.

    Cierto es también que Agost Carreño contó con una curiosa fortuna de despachos judiciales porteños para tumbar primera a Macri en la Justicia. Y dicen que esas puertas se abrieron gracias al entramado judicial que controla Santiago Caputo. Quien no vio nunca con malos ojos una caída en desgracia de Macri en Córdoba.

    Por último, el resultado de la interna del PRO cordobés también se debe leer en clave de la elección de Marcos Juárez. La pelea por la intendencia más importante en Córdoba para el segundo semestre de este año y donde una de las grandes perdedoras en esta interna fue la intendenta Sara Majorel, de concretos guiños a los libertarios en el último tiempo.

    En ese territorio hubo un reaparecido con la interna amarilla que fue el exintendente Pedro Dellarosa, uno de los posibles candidatos al municipio y de buena relación tanto con el peronismo como con la conducción local del PRO. Acá, el problema lo tendrá el bullrichismo si los libertarios deciden jugar con otro candidato y presionan a la gente de Patricia para que se corra.

     

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  • Denuncian a dos camaristas por maniobras para favorecer a Bunge en una mega causa por evasión

     

    La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.

    El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.

    El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.

    En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.

     Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge . 

    Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».

    Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.

    En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.

    En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.

    Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.

    En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.

    Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.

    La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.

    La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.

     En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

    El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.

    Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.

    En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.

     La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres. 

    En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.

    El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él. 

     

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