La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a comerciantes minoristas y mayoristas de todos los rubros que se encuentra en vigencia la Ordenanza 103/2008. La misma prohíbe el uso de polietileno, polipropileno y polímeros artificiales no biodegradables con destino a embalajes o bolsas denominadas ‘camiseta’.
Por lo tanto se aconseja se abstengan de hacer entrega de las mismas y así evitar sanciones y multas.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se inauguró el equipamiento del Área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina adquirido con fondos del programa provincial ‘Consolidarnos’. De esta manera, la oficina quedó equipada con una PC de escritorio completa, una netbook, una impresora, dos escritorios, entre…
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina acerca las propuestas para disfrutar de la última semana de vacaciones. *’Coloreando mi ciudad’ especial ‘Soy turista’: viernes 23 a las 15 horas en la Oficina de Turismo. Destinado a niños y niñas, la actividad incluye un recorrido por el Paseo del Arroyo, con interpretación…
La Municipalidad de Villa Regina informa que el servicio de recolección de residuos domiciliarios se brindará de acuerdo al siguiente cronograma durante los próximos días: *Jueves 30 de diciembre: Normal *Viernes 31 de diciembre: Se realizará sólo en los sectores en los que el servicio se presta en la mañana. *Sábado 1 de enero:…
El empresario Guillermo Tofoni violó un off the record de manera insólita luego de revelar que entregó a los medios «en mano» el material para la investigación sobre el desvío de fondos de la AFA a cuentas fantasma.
La Nación reveló el domingo que la asociación que preside Claudio «Chiqui» Tapia estaba siendo investigada en EEUU por movimientos de fondos a sociedades fantasmas por 42 millones de dólares a la empresa TourProdenter LLC de Javier Faroni, un empresario de espectáculos que pertenece al Frente Renovador.
Tofoni es el impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que está vinculado estrechamente a la diputada Juliana Santillán y tiene el aval de Daniel Scioli y Javier Milei para avanzar contra Tapia.
La AFA salió a defenderse tras la investigación y acusó a Tofoni de mover la causa en los medios pese a que el proceso judicial fue rechazado tanto en Estados Unidos como en Argentina.
Con una honestidad brutal, el propio Tofoni se encargó de confirmar las acusaciones de la AFA en su contra y expuso a los periodistas de una manera negligente.
«Días pasados entregué en mano al periodista @nicolaspizzi el resultado de una apertura de documentos que solicité a la Justicia de los EE.UU en el marco de una demanda en curso en la Argentina. Con la convicción moral y ética de aportar claridad y transparencia a la prensa arg», tuiteó Tofoni.
La AFA informó esta semana que la causa que mueve Tofoni ya fue rechazada tanto en la justicia argentina como la estadounidense: «han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho», dijo la asociación en un comunicado.
«Lejos de aceptar esos pronunciamientos, en los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos. Dichas afirmaciones, presentadas como ‘investigaciones’, tienen, en rigor, una ÚNICA fuente: viejas presentaciones judiciales impulsadas por el Sr. Guillermo Tofoni, replicadas en distintos ámbitos internacionales luego de los reiterados fracasos obtenidos en sede judicial, recicladas una y otra vez, ahora amplificadas sin mayor análisis por algunos medios», dice el comunicado de AFA.
La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Tránsito y Protección Civil, solicita a los vecinos tener en cuenta las siguientes recomendaciones por la realización del Rally Ciudad de Villa Regina. En principio, el día viernes mantener liberado el estacionamiento de la Avenida 9 de Julio margen norte desde calle Irigoyen hasta…
Un fallo federal le puso un límite al intento del Ejecutivo de vaciar la ley de financiamiento universitario. La Justicia ordenó aplicar de inmediato la norma votada por el Congreso y dejó sin efecto el decreto con el que Milei buscó congelar salarios docentes y becas estudiantiles.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La ofensiva del Gobierno nacional contra el sistema universitario recibió este martes un golpe judicial de peso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto con el que la gestión libertaria había intentado frenar la actualización salarial de docentes y la recomposición automática de las becas.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que denunciaron el vaciamiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras la insistencia legislativa de ambas cámaras.
Un decreto para vaciar una ley
En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo en el que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, ese argumento no solo carece de sustento jurídico sino que constituye, en esta etapa del proceso, una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
Cormick fue explícito: una vez que el Congreso insiste con una ley —tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas ni condicionamientos encubiertos a través de normas de jerarquía inferior. En otras palabras, Milei no puede vetar por decreto lo que el Parlamento ya resolvió por amplia mayoría.
Salarios licuados y derechos vulnerados
El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.
En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al remarcar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según señaló, esa situación vulnera derechos laborales protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Pero el alcance del daño no se agota en los bolsillos. Cormick subrayó que el deterioro salarial afecta de manera directa el derecho a enseñar y a aprender, pilares básicos del sistema universitario público que el Gobierno viene atacando desde el inicio de su gestión.
El falso argumento del “ahorro fiscal”
La resolución también desmonta uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el supuesto interés público asociado al ajuste. Para el juez, el eventual ahorro fiscal que implicaría no aplicar la ley es marginal, con un impacto estimado en apenas el 0,23 % del PBI, una cifra insignificante frente al daño estructural que provoca el desfinanciamiento de las universidades.
En ese sentido, el fallo advierte que el decreto cuestionado podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar subordinar la vigencia de una ley del Congreso a la discrecionalidad del Ejecutivo. Un esquema que, de consolidarse, abriría la puerta a un vaciamiento sistemático del rol del Parlamento.
Un límite judicial al ajuste
Si bien el juez aclaró que la cautelar se dicta en una etapa preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, consideró plenamente acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.
La decisión judicial vuelve a poner en evidencia que el plan de ajuste del Gobierno no solo choca con la resistencia social y académica, sino también con los límites constitucionales. Esta vez, fue la Justicia la que recordó que las universidades no se gobiernan por decreto y que las leyes votadas por el Congreso están para cumplirse.
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