La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a comerciantes minoristas y mayoristas de todos los rubros que se encuentra en vigencia la Ordenanza 103/2008. La misma prohíbe el uso de polietileno, polipropileno y polímeros artificiales no biodegradables con destino a embalajes o bolsas denominadas ‘camiseta’.
Por lo tanto se aconseja se abstengan de hacer entrega de las mismas y así evitar sanciones y multas.
I “abrir cámara de compresión (…) cerrar cámara de compresión”. en casi todas las películas de ciencia ficción, la voz (no se sabe por qué siempre latosa) de una computadora superinteligente que hay en la nave nos dice muy didáctica y redundantemente más de la mitá de lo que hay que saber de la trama…
Una investigación reciente reveló los costos, destinos e invitados de las giras internacionales de Milei y expuso un patrón incómodo: gran parte de los viajes oficiales no estuvieron orientados a atraer inversiones o fortalecer vínculos estratégicos, sino a actividades personales, ideológicas o de autopromoción.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
Por detrás de la intensa agenda internacional que el Gobierno exhibe como señal de “inserción en el mundo”, comienza a consolidarse otra lectura: la de un uso sistemático de recursos públicos para sostener una agenda que, en muchos casos, parece responder más a intereses personales de Milei que a necesidades estructurales de la Argentina.
Una investigación publicada por La Nación detalla los costos, destinos e integrantes de las comitivas que acompañaron al Presidente durante el primer semestre de gestión fuera del país, y pone en evidencia una dinámica repetida: viajes frecuentes, gastos elevados y objetivos difusos o directamente ajenos a la política exterior clásica.
Viajes caros, objetivos difusos
El relevamiento muestra una sucesión de destinos internacionales —Estados Unidos, España, Hungría, Chile, entre otros— que, lejos de responder a una estrategia diplomática coherente, parecen estar vinculados a eventos específicos como conferencias, foros ideológicos o entregas de premios.
No se trata de una percepción aislada. Datos oficiales y análisis independientes coinciden en que el gasto en viajes se disparó: el presupuesto en viáticos y giras al exterior creció un 62,5%, alcanzando más de $4.100 millones proyectados para 2026.
Ese aumento no sólo contrasta con el discurso de ajuste, sino que además coincide con una agenda internacional donde muchas giras carecieron de reuniones bilaterales relevantes o acuerdos concretos para la economía argentina, algo que distintos sectores políticos comenzaron a cuestionar abiertamente.
Premios, conferencias y afinidad ideológica
Al analizar en detalle los objetivos de los viajes —como exige cualquier política exterior seria— aparece un patrón claro: la centralidad de actividades de carácter personal o ideológico.
Por ejemplo, Milei participó reiteradamente en eventos como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), foros empresariales o encuentros organizados por sectores afines a su ideología, además de viajes destinados a recibir distinciones individuales o protagonizar conferencias.
Incluso en 2025, uno de los viajes tuvo como finalidad recibir el denominado “Lion of Liberty Award”, mientras que otros incluyeron galas, foros privados o actos partidarios en el exterior.
Los datos son elocuentes: casi un tercio del gasto en vuelos oficiales en los primeros meses de gestión se destinó a viajes con fines personales o partidarios, como premios o conferencias, sin impacto directo en la economía nacional.
La ausencia de resultados concretos
El problema de fondo no es sólo el gasto, sino la falta de resultados. En términos de política internacional, los viajes presidenciales suelen tener objetivos claros: cerrar acuerdos comerciales, atraer inversiones, fortalecer alianzas estratégicas o negociar financiamiento.
Sin embargo, en muchos de los destinos visitados por Milei no se registraron avances significativos en esos planos. Incluso en casos donde se esperaban reuniones de alto nivel —como encuentros con líderes internacionales— estas no se concretaron o quedaron en contactos informales sin consecuencias tangibles.
En paralelo, el propio diseño de las comitivas también generó polémica: la presencia de invitados sin rol institucional claro o vinculados al círculo personal del oficialismo refuerza la idea de que los viajes funcionaron más como plataformas de construcción política y mediática que como herramientas de gestión estatal.
Una política exterior personalizada
Lo que emerge de este conjunto de datos no es sólo una crítica coyuntural, sino un rasgo estructural del gobierno de Milei: la personalización extrema de la política exterior.
Lejos de responder a una estrategia nacional articulada, las giras parecen organizadas en función de la agenda, las afinidades ideológicas y los intereses individuales del Presidente. La recurrencia de viajes a espacios como CPAC, encuentros libertarios o foros privados refuerza esa lógica.
En ese marco, la política internacional deja de ser una herramienta para el desarrollo y pasa a convertirse en un escenario de validación personal, donde el reconocimiento simbólico —premios, discursos, fotos— adquiere más peso que los resultados concretos.
Entre el ajuste interno y el gasto externo
La contradicción política es evidente. Mientras el Gobierno impulsa un ajuste sin precedentes sobre jubilaciones, salarios y políticas públicas, el gasto en viajes presidenciales crece de manera sostenida y sin justificación clara en términos de beneficios para el país.
La investigación de La Nación no hace más que poner números y nombres a una realidad que ya se percibía: una política exterior que privilegia la exposición personal de Milei por sobre los intereses estratégicos de la Argentina.
En un contexto de crisis económica y necesidad urgente de inversiones productivas, la pregunta que queda flotando es tan simple como incómoda: ¿para qué viaja Milei?
Sebastián Soler condujo el equipo legal que inicialmente intervino en Nueva York para defender la legalidad de la expropiación de YPF como subprocurador del Tesoro en el gobierno de Alberto Fernández. Rosarino por adopción, graduado en Derecho en la UNR tiene una maestría en Harvard y durante mucho tiempo litigó en Wall Street. Sobre el fallo que dio la razón a la posición argentina sobre la recuperación de YPF tiene mucho que decir, y lo hace.
De elegir dos conclusiones la primera sería, afirma, que se expropió correctamente. La segunda es que hoy deberíamos celebrar todos. «Incluso los que festejan per diciendo que se actuó mal deberían leer el fallo. La Cámara de Nueva York dice que Argentina actuó de acuerdo a su derecho».
-¿Cuál le parece el punto central por la que la posición argentina se impuso en el fallo conocido hoy?
-Son en realidad los argumentos de defensa que se promovieron durante la gestión del gobierno anterior y que afortunadamente fueron reiterados por la gestión del gobierno actual. Ha habido una continuidad y eso rindió sus frutos hoy. En resumidas cuentas, la Cámara de Nueva York lo que dice primero es que quizás este juicio debió realizarse en la Argentina, pero reconoce que la jueza Preska tiene amplia discreción para decidir sobre su competencia y, por lo tanto, más allá de un parecer distinto, no revierte la decisión de la jueza, no la revoca, de haberse quedado con el juicio y haber resuelto en primera instancia como resolvió. Paso seguido, la Cámara dice que, por lo tanto, como el juicio está en Nueva York, hay que revisar la decisión de Preska, de novo, que es la expresión en latín que quiere decir como si viéramos estos temas como primera vez. Y lo que dice es que todas las cuestiones en discusión, en este caso, son de derecho argentino, no son de derecho estadounidense, y por lo tanto tenemos que interpretarlas desde ese punto de vista.
El paso siguiente es afirmar que es cierto que el Estatuto de YPF decía que Argentina, si adquiría el 49% más de las acciones de YPF en algún momento, por ejemplo, mediante expropiación, debía ofrecerle comprar sus acciones a los demás accionistas minoritarios, y es cierto también que no lo hizo. Pero, dice la Cámara, bajo el derecho argentino, que es el derecho aplicable, deben considerarse dos cosas. El Estatuto de una Sociedad privada no es un contrato bilateral, y, por lo tanto, bajo el derecho argentino, uno de los accionistas no puede demandar por daños a otro de los accionistas –el otro accionista en este caso sería la República Argentina– por el supuesto incumplimiento de una obligación del Estado, y en eso Preska se equivocó.
Y segundo, dice la Cámara, bajo el derecho argentino, no la ley específica de la expropiación de YPF, sino la ley general de expropiaciones, no puede una acción de un privado, en este caso la demanda que intenta imponerle a la Argentina la obligación de indemnizar por no haber hecho la oferta de compra, no puede una acción de un privado restringir la potestad expropiatoria amplia que tiene la República Argentina. Recordemos que la facultad expropiatoria es una facultad reconocida por la Constitución Nacional, que sólo impone tres requisitos: que se apruebe por ley, que se declare por utilidad pública, y que se indemniza al dueño efectivamente expropiado, cosa que en este caso se hizo. Por tanto, la Cámara dice: revocamos el fallo de Preska, Argentina tiene razón, ganamos el juicio.
-Hay un ánimo celebratorio en todos lados, pero argumentos diferentes. Por ejemplo, el expresidente Macri habla de que en YPF hubo una expropiación ilegal
-Es lo contrario a lo que dice la Cámara, es lo contrario a lo que dicen los escritos de defensa presentados por el Gobierno actual y es lo contrario a los presentados por nuestra gestión durante el Gobierno de Alberto Fernández. Falso. Literalmente es tratar una vez alguien de inmiscuirse y ganar un crédito por algo en lo que no tiene nada que ver. El Gobierno actual puede correctamente decir parte del mérito es nuestro porque efectivamente ellos tomaron tres decisiones atinadas, más allá de las declaraciones desagradables e inoportunas del presidente de la nación de hoy. Las decisiones técnicas que tomó su gobierno fueron atinadas y fueron tres. La primera es que no bien llegaron, ratificaron la designación de Sullivan&Cromwell, el estudio internacional que habíamos elegido nosotros en diciembre de 2019 para que nos defendiera del caso. O sea, el mismo estudio que trabajó en la defensa entre 2019 y 2013, es el que trabajó en la apelación.
Segundo, confirmaron al frente de la Dirección de Internacionales de la Procuración del Tesoro a las dos funcionarias de carrera brillantes académicas de Derecho Internacional Público, la doctora Mariana Loza, la doctora Alejandra Echegorri, para que continuaran prestando ese servicio como funcionarias de carrera en la apelación. Ellas así se desempeñaron y son las mismas que nosotros habíamos designado en esos cargos en nuestra gestión. Y la tercera y más importante es que eligieron continuar los argumentos de defensa planteados por la gestión anterior. Esos son los argumentos de defensa que la Cámara acogió y que nos permitieron ganar el juicio.
-¿Por qué en gobiernos muy diferentes se mantuvo la misma estrategia legal?
-Primero hay un hay un requisito del derecho procesal estadounidense que no le permite al apelante, en este caso, la República Argentina ya bajo la gestión del gobierno de Milei, plantear argumentos nuevos que no haya planteado en su defensa en la primera instancia, o sea, que había una un impedimento legal. Y segundo, me imagino, porque hablaron con Sullivan&Cromwell, hablaron con las funcionarias de carrera que habían llevado la defensa durante los cuatro años anteriores, y confío que tras una conversación sensata concluyeron correctamente que debían seguir por el mismo camino.
Axel Kicillof
-¿Por qué el gobierno de Estados Unidos tuvo coincidencias con la posición argentina?
-Hay que entender que Estados Unidos no estuvo en contra del fallo de fondo de la jueza Preska. Efectivamente sí el gobierno de Estados Unidos presentó dos escritos muy importantes, apoyando la postura de la defensa argentina. Uno bajo el gobierno de Biden y otro bajo el gobierno de Trump. Fue en dos cuestiones puntuales.
La primera, oponiéndose a la pretensión de Burford, acogida por una orden de Preska, de tratar de forzar el pago de esa sentencia ordenándole a la Argentina entregar acciones de YPF. Y la segunda, apoyando la petición de la defensa argentina de suspender el proceso de Discovery, es decir, de adecuación de información, hasta tanto se resolviera el fondo del asunto, que es lo que sucedió hoy. Es decir, el gobierno estadounidense apoyó la defensa argentina, pero en cuestiones colaterales al tema de fondo.
-¿Y por qué interpreta que hizo eso?
-Quiero creer que porque está de acuerdo con la postura de la defensa técnica de la defensa argentina, porque cree, en el caso de la orden de entregar las acciones de YPF, que excede las potestades de los jueces de Nueva York, que fija la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos, que dice que los bienes de un estado extranjero solamente son embargables si están dentro del territorio de Estados Unidos, y las acciones de YPF, que están registradas en el registro que lleva la Comisión Nacional de Valores de Argentina, no están en el territorio de Estados Unidos. Y en el del caso de Discovery, porque el Discovery había llegado a límites francamente indefendibles en cuanto a cuánto se entrometían en cuestiones internas de la Argentina, la clase de información que pretendían. Pero, sobre todo, porque parecía un despropósito pretender que la Argentina, en el primer caso, pagara la sentencia y, en el segundo, siguiera entregando información cuando el fallo todavía no estaba firme.
-Alguien sin formación legal ve que Burford adquirió el derecho de ir a juicio por unos 15 millones de euros y que una jueza con eso le aseguró un resarcimiento de más de 16 mil millones ¿Son principios jurídicos los que permiten eso?
-Burford compra en 15 millones de euros más el compromiso de entregarle a la quiebra de las empresas Peterson en España el 30% de lo que lograra cobrar y se hace cargo de todos los gastos del juicio, incluyendo honorarios de abogados. Efectivamente el 70 por ciento se lo quedaba. La razón por la que Preska decide concederle a Burford 16.000 millones de indemnización más los intereses de 2012 es porque concluye, equivocadamente, ahora lo sabemos por la decisión de la Cámara, que Argentina debió ofrecer comprar las acciones de, en este caso, las empresas Peterson de la familia Esquenazi cuando expropió a Repsol. Y el precio que debió pagar por esas acciones, de acuerdo a la fórmula que establece el estatuto de YPF adoptado por la Argentina en la década del 90 cuando se privatizó, era un precio, según Preska y según Burford, no el que se le pagó a Repsol, no el precio de mercado de las acciones en ese momento, sino el precio más alto que surgía de una fórmula que había puesto Menem, el gobierno de Menem, en el estatuto de YPF, justamente para ser virtualmente imposible expropiar YPF. Esto queda hoy sin efecto. Terminado acá a favor de la Argentina. No hay más condena.
-¿Cuáles son sus conclusiones sobre lo que dice y lo que formula el fallo conocido hoy?
-Lo primero, que se expropió YPF correctamente. Para decirlo en términos políticos, Axel tenía razón. Es decir, el gobierno hizo lo correcto en aquel entonces cuando se formuló esta pregunta: ¿Me alcanza con expropiar el 51 por ciento, porque quiero asegurarme que recupero el control estratégico de las políticas de YPF, pero, al mismo tiempo, mantengo su capital abierto cotizando en bolsa y nombro un gerenciamiento profesional? Se acuerda que vino Miguel Galluccio por aquel entonces. Eso se concibió de modo de que la empresa esté al servicio del posible interés Argentina, por ejemplo, reinvirtiendo sus utilidades, haciendo crecer Vaca Muerta. Pero, al mismo tiempo, sin que nadie dude de que el gerenciamiento era profesional, que tiene en cuenta el interés de la empresa también. Esa decisión fue correcta, y la manera de hacer eso era no ofrecer comprar el resto de las acciones, porque, si no, nos quedábamos con el cien y pagábamos una fortuna. Esa es la primera lección del fallo de Cámara de hoy, que dice, que la Argentina actuó de acuerdo a su derecho
Y la segunda lección, que me parece importante, pero que no se entiende del todo, es que en días como hoy deberíamos celebrar todos. Y nadie debería tratar de hacer de esto una ganancia política. El gobierno actual en vez de derivarse en otras
cosas
en una cadena nacional podría decir: «Ganamos porque esto fue una política de Estado que todos suscribimos». Yo desafío a cualquiera que lea los escritos que presentó este Gobierno en la apelación y no va a encontrar una sola frase que diga que Argentina expropió mal.
-Es arbitrario o torcido decir que porque Argentina expropió hoy tenemos Vaca Muerta?
-No lo es. Me parece que nadie duda a esta altura que ha sido beneficioso para el país recuperar YPF. Ya ni siquiera pueden decir que se expropió mal. Al menos desde el punto de vista del derecho argentino.
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En un fin de semana cargado de tensión en el PRO cordobés, la curiosa alianza entre el bullrichismo y uno de los denunciantes del caso $Libra se quedó con el sello amarillo y desplazó al macrismo puro. Sucede que hasta el final de la noche del sábado hubo cruce de comunicados entre la alianza que integraron la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado y el legislador provincial Oscar Agost Carreño; rivales del macrismo liderado por la concejala Soher El Sukaría.
Sin embargo, este domingo hubo interna y los aliados se quedaron con el sello y dejaron a Macri sin poder de daño partidario en una provincia que siempre fue clave para el expresidente.
Los aliados llevaron como candidato a presidente a Oscar Tamis, un exlegislador provincial y exintendente de Oliva. Un dirigente cercano al esquema que en su momento lideró Nicolás Massot en el juego de transversalidad en tiempos de Cambiemos.
El macrismo, en tanto, en la tarde del sábado lanzó un comunicado denunciando atropello y manipulación de los plazos. El bullrichismo devolvió la gentileza con otro: «no se bancan la democracia interna en el PRO Córdoba», dispararon Rodríguez Machado y Agost Carreño.
Mientras, en la misma noche del sábado el macrismo porteño con dirigentes como Fernando de Andreis trató de desactivar la interna y negociar. Era tarde. Imposible. Los aliados respondieron que los plazos para llegar a esa estrategia habían vencido y que no hubo acuerdo porque el macrismo cordobés pedía, entre otros condicionamientos, colocar al apoderado del PRO. Así se llegó al esquelético escenario de votación que dejó más análisis que votos.
El sector de Karina no tomó bien la alianza de Bullrich con el denunciante d elos hermanos Milei. El enojo llegó al jefe de bloque libertario en Diputados, el cordobés Gabriel Bornoroni. En despachos de Casa Rosada no entienden cómo el bullrichismo se prende en esta pelea por un sello territorial y lo hace en alianza con el denunciante de $Libra.
A saber. Rodríguez Machado y Agost Carreño lograron quedarse con una porción del G25 y le partieron el bloque a Guillermo Dietrich en Córdoba porque el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, jugó con los aliados. Es decir, el sobrino de Manuel Tagle se corrió del respaldo al macrismo y acompañó al bullrichismo. Buen gesto para el 10 de abril, cuando la senadora logre saltar el cerco que le trata de imponer el karinismo y encabece el almuerzo en la Bolsa de Comercio con Tagle.
El esquema de Karina no toma bien esto y en Córdoba, el entorno del jefe de bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni lo hizo saber. Incluso, con llamados que tuvieron pendiente de respuesta al presidente de la Cámara, Martín Menem.
En despachos de Casa Rosada no entienden cómo el bullrichismo se prende en esta pelea por un sello territorial y lo hace en alianza con el denunciante de $Libra.
Cierto es también que Agost Carreño contó con una curiosa fortuna de despachos judiciales porteños para tumbar primera a Macri en la Justicia. Y dicen que esas puertas se abrieron gracias al entramado judicial que controla Santiago Caputo. Quien no vio nunca con malos ojos una caída en desgracia de Macri en Córdoba.
Por último, el resultado de la interna del PRO cordobés también se debe leer en clave de la elección de Marcos Juárez. La pelea por la intendencia más importante en Córdoba para el segundo semestre de este año y donde una de las grandes perdedoras en esta interna fue la intendenta Sara Majorel, de concretos guiños a los libertarios en el último tiempo.
En ese territorio hubo un reaparecido con la interna amarilla que fue el exintendente Pedro Dellarosa, uno de los posibles candidatos al municipio y de buena relación tanto con el peronismo como con la conducción local del PRO. Acá, el problema lo tendrá el bullrichismo si los libertarios deciden jugar con otro candidato y presionan a la gente de Patricia para que se corra.
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