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PRIMERA COSECHA EXPERIMENTAL DE CÁÑAMO INDUSTRIAL EN ARGENTINA

El cultivo estaba prohibido desde la dictadura militar. El objetivo es conformar un banco de datos para identificar qué variedades de semillas y en qué lugares rinden mejor. La desarrolla la empresa argentina IHS con apoyo técnico de organismos estatales.

Tras 50 años de prohibición, la Argentina volvió a cosechar cannabis para uso industrial. En el marco de la aprobación de la ley que regula la industria del cannabis, que aún resta reglamentar, la empresa argentina IHS logró ingresar al país más de 15 genéticas de cáñamo de vanguardia provenientes de diferentes regiones del mundo para acelerar el desarrollo de esta industria en Argentina. El objetivo es conformar un banco de datos para identificar qué variedades de semillas rinden y en qué regiones.

A la espera de la reglamentación de la ley que regule el uso industrial del cáñamo en Argentina algunos organismos regulatorios como en Senasa, el INASE e incluso la Secretaría de Agricultura comenzaron a destrabar trámites para crear un ambiente propicio para el desarrollo de este cultivo anual que puede capturar hasta cuatro veces más dióxido de carbono -el principal gas de efecto invernadero responsable del cambio climático- que un bosque forestal; y cuyas fibras pueden emplearse en diversas industrias tales como construcción, celulosa, química, energía, automotriz y textil.

Gracias al apoyo de estos tres organismos la empresa argentina IHS, que se dedica a desarrollar localmente soluciones industriales de alto valor agregado a base de cáñamo, logró importar semillas de países y comenzó los primeros ensayos en las localidades bonaerenses de Chacabuco, Balcarce y Ferré. La proyección de la empresa es extenderse al resto del país con el objetivo de evaluar cómo responden las variedades a los distintos climas.

IHS es una empresa argentina que se dedica a desarrollar localmente soluciones industriales de alto valor agregado a base de cáñamo. Es pionera en ingresar al país las genéticas de cáñamo más innovadoras del mundo para acelerar el desarrollo de esta industria en Argentina. Con la autorización del Senasa y del INASE, la firma logró ingresar al país genéticas de cáñamo de vanguardia provenientes de diferentes regiones del mundo. Vale destacar que en Argentina el cultivo de esta especie estaba prohibido desde la década del 70, cuando se dejó de producir.

“El propósito de IHS es cañamizar las industrias para facilitar la transición hacia las nuevas economías, las cuales se caracterizan por su triple impacto. De esa forma la empresa promueve el desarrollo de economías regionales, potencia el secuestro de carbono y contribuye a la regeneración de los suelos, además de generar divisas para el país, tanto por el incremento de las exportaciones como por la sustitución de importaciones”, expresó Maximiliano Baranoff, director de Innovación de IHS.

El potencial de la bioeconomía argentina es enorme, y en este contexto el cáñamo se posiciona como sinónimo de desarrollo y progreso. En este marco, desde la Mesa Estratégica de Cannabis y Cáñamo Industrial del Senasa, se acompaña las evaluaciones que se vienen desarrollando en suelo nacional.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, destacó que «tenemos el objetivo de lograr el crecimiento de los cultivos de cáñamo para todos sus usos legales con el aporte y la innovación de nuestros organismos descentralizados y de las universidades argentinas».

En tal sentido, la presidenta del Senasa, Diana Guillén explicó que “estamos acompañando y viendo las experiencias de cosecha de cáñamo, el cual es un proceso que nos acercó el equipo de la Universidad de Buenos Aires que viene estudiando el cultivo y que venimos siguiendo desde el Senasa con el objetivo de ver las distintas variedades que están siendo probadas y cosechadas en distintas ecoregiones del país para poder determinar cuáles son las que se adaptan mejor según el clima”.

“En este momento -continuó Guillén- estamos viendo los primeros ensayos, cómo responden cada una de las variedades y en simultáneo trabajando en nuevas normativas que permitan acompañar el desarrollo del sector para sus distintos usos legales, y fortalecer toda la cadena que tiene un gran potencial para el país”.

Por su parte la presidenta del INASE, Silvana Babbitt, expresó que “el Estado Nacional identificó al cáñamo como un cultivo estratégico y desde INASE, nos pusimos a trabajar en ese sentido. Acompañando desde nuestro rol, aportando fiscalización y trazabilidad al sistema productivo, y rigurosidad y experiencia en el registro de variedades.

Trabajamos en Cáñamo como lo hicimos con el cannabis medicinal y como lo hacemos con muchas especies vegetales, entendiendo que contar con buenos materiales de propagación es fundamental para construir una industria robusta, que permita rentabilidad y desarrollo local.

También agregó que “el cáñamo es un eficiente regenerador de suelos, sus usos van desde fibra para la industria textil pasando por materiales para la construcción, sustitución de polímeros plásticos por polímeros naturales y mucho más. Desde INASE consideramos vital contar con variedades aptas para nuestros ecosistemas, a poco tiempo de la reglamentación de la Ley”.

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  • El kirchnerismo pide explicaciones al Central por la cancelación del swap con EEUU que nunca se activó

     

    Julia Strada elaboró un pedido de informes al Banco Central para que Santiago Bausili informe si el gobierno argentino apeló a nueva deuda para cancelar el swap con Estados Unidos, pese a que sobran indicios acerca de que nunca hubo lo que técnicamente se considera un intercambio de monedas, tal como reveló LPO.

    La diputada kirchnerista presentará el próximo lunes la resolución para que la autoridad monetaria comunique «qué operación u operaciones financieras se realizaron de manera simultánea o en fechas próximas que permitieron compensar el egreso (para cancelar el vencimiento de este 9 de enero), detallando montos, instrumentos utilizados, contrapartes, condiciones financieras y su impacto contable sobre las reservas internacionales».

    La inquietud de la legisladora se funda en que el BCRA divulgó este viernes que la operación para cancelar la deuda «no se reflejó en una disminución de las reservas internacionales».

    Por eso, reclama que se detallen condiciones financieras, incluyendo tasa de interés, plazos, costos asociados y organismo otorgante, de las operaciones que se hayan realizado para saldar la asistencia norteamericana.

    ¿Por qué si Caputo pagó el vencimiento, subió el riesgo país y cayeron los bonos?

    Además, solicita que se indiquen «las razones por las cuales no fue oportunamente informada la activación del swap, habida cuenta de que el BCRA únicamente comunicó su firma, aclarando en qué momento, bajo qué condiciones y por qué instrumentos se consideró operativo un swap cuya activación no fue informada públicamente».

    Y por último, pregunta «si la cancelación del swap guarda relación temporal o sustantiva con las gestiones, requerimientos o procesos de divulgación de información en curso en el Congreso de los Estados Unidos de América respecto del acuerdo celebrado en el marco del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE), y, en su caso, detallar el grado de vinculación existente».

    Santiago Bausili.

    En efecto, LPO informó esta semana que el Congreso norteamericano, a través de un ámbito equivalente a la Oficina del Presupuesto en la Cámara de Diputados, alertó que Argentina afrontaba riesgos de una devaluación o un default. Los técnicos estadounidenses, incluso, advirtieron que el swap debía pasar por el parlamento de su país y que sus legisladores podían limitar el monto, reducir los plazos y habilitarlo o no.

    Strada señala en su proyecto que «la extrema falta de transparencia y la opacidad institucional con la que se ha manejado tanto la firma, como la activación y posterior cancelación del swap entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el BCRA constituyen un hecho de inusitada gravedad». «Se trata de una operación financiera internacional de magnitud significativa, con impacto directo sobre las reservas internacionales, la política monetaria y la soberanía financiera del país, que fue instrumentada sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su ejecución efectiva», agregó.

    Se trata de una operación financiera internacional de magnitud significativa, con impacto directo sobre las reservas internacionales, la política monetaria y la soberanía financiera del país, que fue instrumentada sin información pública suficiente, sin control parlamentario y sin explicaciones claras sobre su ejecución efectiva.

    La diputada recuerda que el 20 de octubre pasado, el BCRA informó «la suscripción de un Acuerdo de Estabilización Cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un monto total de hasta USD 20.000 millones, estableciendo los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes».

    Además, recordó las palabras del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien sostuvo un mes antes: «Como indicó el Presidente Trump, estamos listos para hacer lo que sea necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino». «El Tesoro de los Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen», planteó por aquellos días, y dijo que planeaba «otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria», para lo cual admitió se habían mantenido reuniones «con el equipo de Javier Milei».

    Según Strada, «las declaraciones de Bessent indican que el programa financiero entre EEUU y la Argentina va mucho más allá de un swap de monedas». «Incluye la compra de bonos soberanos, un crédito de tipo Stand-By y condicionamientos sobre la política tributaria, todos ellos aspectos que implican una indebida injerencia en decisiones soberanas del Estado argentino y que, por su naturaleza, requieren tratamiento y aprobación del Congreso de la Nación», argumentó.

    Las declaraciones de Bessent indican que el programa financiero entre EEUU y la Argentina va mucho más allá de un swap de monedas.

    La diputada no dudó en calificar ese camino como el de una «injerencia», y resaltó que Bessent ya había expresado que Argentina debía cancelar el swap con China después que se avanzara en el acuerdo con el FMI, en abril de 2025.

    LPO publicó en octubre que Strada también requirió información al BCRA en octubre pasado, antes de las elecciones de medio término, para que se publicaran los detalles del acuerdo con el gobierno de Donald Trump. 

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    Sin embargo, la autoridad monetaria contestó con la Resolución RESOL-2025-13-E-GDEBCRA-GG#BCRA. Allí se declaró «la reserva parcial de la información solicitada y, con fundamento en los considerandos de dicha resolución, se denegó el acceso a los detalles específicos del acuerdo celebrado por esa Institución», precisó la diputada.

    Esa maniobra incumple el artículo 10, inciso i, de la Carta Orgánica del BCRA, que establece «el deber de informar al Congreso sobre sus operaciones y de comparecer ante las comisiones competentes para dar cuenta de las políticas monetarias, cambiarias y financieras en ejecución». «La cancelación de operaciones por aproximadamente USD 2.500 millones en diciembre de 2025, bajo un Acuerdo de Estabilización Cambiaria de USD 20.000 millones, sin información pública suficiente sobre su activación, financiamiento, condiciones y efectos sobre las reservas, torna imprescindible que el BCRA brinde explicaciones claras y detalladas al Congreso de la Nación», concluyó Strada.

     

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