El próximo jueves 25 a partir de las 10 horas se realizará la apertura de la jornada de trabajo en el marco del programa ‘Familias rionegrinas solidarias’. La actividad se desarrollará en el Galpón de las Artes.
El Intendente Marcelo Orazi participará de la apertura, junto a la Coordinadora Provincial del programa Gimena Sus, la Coordinadora Regional Luciana Alves y la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina Luisa Ibarra.
El Sistema Provincial de Acogimiento Familiar ‘Familias rionegrinas solidarias’ se creó en diciembre de 2020, como una herramienta de protección integral en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño/a, la Ley Nacional 26061 y Ley Provincial 4109 de Protección Integral de Derechos de Niñas/os y Adolescentes.
El mismo promueve el acogimiento familiar temporal para niños/as y adolescentes, menores de 18 años, quienes, por una medida excepcional debieran ser separados de su núcleo familiar conviviente. Es autoridad de aplicación la Secretaria de Estado de Niñez, adolescencia y Familia (SENAF).
Como adelantó LPO, las cinco fuerzas federales realizaron este jueves una protesta inédita frente al edificio Centinela de Gendarmería en reclamo por los bajos salarios que los ubican en muchos casos por debajo de la línea de la pobreza, en una muestra que el intento de la ministra Monteoliva por desactivar la movilización anunciando un bono ridículo de 40 mil pesos, no hizo más que enardecer los ánimos.
El carácter inédito de una manifestación que agrupó a familiares de miembros de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal, empujó a Javier Milei a hacer referencia a la situación durante su mensaje de cinco minutos por el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas.
«Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas», dijo el presidente que, sin dar especificaciones de aumento alguno, agregó: «Un país que busca ser protagonista en el escenario global, necesita fuerzas bien pagas».
Pero más allá de las declaraciones de ocasión, en el Gobierno creen que Victoria Villarruel estuvo detrás de la protesta, que como los efectivos d ela fuerza tienen prohibos los reclamos sindicales, lo suelen hacer a través de sus familiares, para evitar sanciones.
El intento de la ministra Monteoliva por desactivar la movilización anunciando un bono ridículo de 40 mil pesos, no hizo más que enardecer los ánimos.
En ese sentido, fuentes cercanas a Casa Rosada reparan en los vínculos con la vicepresidenta de dos promotores de la manifestación: el influencer Emmanuel Danann, que ofició como un virtual vocero de los manifestantes; y la titular de la Asociacion de Suboficiales Argentinos, Analía Zabala.
Analía Zabala, referente de la Asociación de Suboficiales Argentinos, en la protesta de este jueves.
En el caso de Danann, fue convocado por Villarruel a disertar contra la cuarentena en el Senado y también lo invitó a la apertura de sesiones. En el Gobierno lo ven como uno de los influencers heridos con Milei que ahora oficia de espada de Villarruel en redes.
En cuanto a Zabala, esposa de un ex oficial fallecido, también ha sido convocada por la vice a una serie de actividades y aseguran es cercana a Claudia Rucci, la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado.
Sin lugar en el acto oficial de Milei, Villarruel buscó mostrarse apartada también del reclamo de las fuerzas. Participó de la actividad convocada en Chivilcoy por el intendente de esa ciudad, el ex comisario Guillermo Britos, con quien la vice mantiene un buen vínculo.
«Conozco de primera mano la condición en la que están»; había dicho semanas atrás Villarruel en redes ante el planteo de un efectivo de las fuerzas federales que describió la situación salarial que atraviesan.
«No llegamos a fin de mes, es increíble el denigro de las fuerzas», dijo el cabo de la Policía Federal Miguel Ángel Montiel que, con nueve años de servicio, percibe un salario de 800 mil pesos. «Es aberrante, tenemos que salir a hacer changas», agregó.
Frente al Centinela, los efectivos denunciaron estar atravesando «una situación de emergencia».
«No llegamos a fin de mes, es increíble el denigro de las fuerzas», dijo el cabo de la Policía Federal Miguel Ángel Montiel que, con nueve años de servicio, percibe un salario de 800 mil pesos. «Es aberrante, tenemos que salir a hacer changas», agregó.
También, los manifestantes salieron al cruce del bono de 40 mil pesos anunciado por la ministra Monteoliva apenas se conoció la protesta de las cinco fuerzas: «No sirve, es una migaja», señalaron para cargar contra el relato del Gobierno que salió a festejar una hipotética baja de la pobreza: «El pueblo argentino señor presidente no come números».
«Llegamos a esta situación límite porque no somos escuchados, han jugado con nosotros, somos usados porque dijeron que iba a haber un cambio. Es cambio de pobreza, de Guatemala a Guatepeor», sostuvo el sargento primero retirado de Gendarmería Juan José Vargas.
Frente a eso, los manifestantes anunciaron que presentaron un petitorio en el Ministerio de Seguridad con todos los reclamos.
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La Justicia federal de Córdoba está en estado de shock. Fiscales ordenaron investigar a Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, ambos camaristas sospechados de manipular la conformación de las salas para intervenir en dos expedientes por evasión tributaria que involucran a ejecutivos de la cerealera Bunge.
El planteo promovido por los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián incluye delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción.
El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del caso, ya decretó el secreto de sumario y deberá definir si avanza con las indagatorias. El punto neurálgico del caso remite a una práctica tan técnica como decisiva: quiénes integran el tribunal que juzga.
En la estructura de la Justicia Federal, las cámaras de apelaciones se dividen en salas que deben conformarse con sorteos y subrogancias reguladas por ley. Ese mecanismo busca garantizar imparcialidad y evitar que los jueces elijan -o sean elegidos- para fallar en determinados expedientes.
Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes», que tenían en común su conexión con la causa Bunge .
Sin embargo, la denuncia sostiene que esas reglas habrían sido alteradas en 2023 aprovechando vacantes en la Cámara. Según los fiscales, Montesi y Sánchez Torres habrían retenido o hecho circular expedientes hasta que la rotación de subrogancias les permitiera coincidir en la misma sala y votar en los casos «Padilla» y «Humanes».
Ambos expedientes, radicados en Río Cuarto y Villa María respectivamente, tenían en común su conexión con la causa Bunge y su alto contenido económico.
En una de las causas, Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.
El dato que más ruido genera en Tribunales es la velocidad con la que se resolvió uno de esos expedientes.
En la causa «Padilla», Sánchez Torres habría emitido su voto en apenas un minuto, en coincidencia plena con el criterio de Montesi, lo que derivó en una falta de mérito para el imputado.
Para los investigadores, ese nivel de sincronización refuerza la sospecha de que la integración del tribunal no fue azarosa. La gravedad institucional del caso radica en las consecuencias de una eventual manipulación.
En la cabecera, Abel Sánchez Torres y, a su derecha, su pareja y también camarista Graciela Montesi. Ambos, están sospechados de ejecutar maniobras para favorecer a la cerealera Bunge.
Si se altera la composición de una sala, se rompe el principio del juez natural. En un expediente como el de Bunge, esa distorsión puede traducirse en beneficios concretos para los imputados, desde demoras hasta resoluciones favorables.
La existencia de vocalías sin cubrir en la Cámara Federal de Córdoba habría facilitado -según los fiscales- una concentración de poder interno a la pareja Sánchez Torres-Montesi que permitió estas maniobras.
La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.
En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación
El expediente describe un cuadro de presión sistemática que incluyó gritos, humillaciones y decisiones administrativas que afectaron la carrera de la funcionaria.
Incluso se detalla que fue forzada a aceptar un cambio de cargo que implicó una degradación salarial y profesional. Los fiscales encuadraron estos hechos como lesiones graves en un contexto de violencia de género.
En paralelo, la investigación sumó a otros actores del tribunal. El secretario penal Mario Olmedo fue señalado por su presunta participación necesaria en las maniobras, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Flores fue imputado por falso testimonio, ante inconsistencias detectadas en su declaración.
La denuncia original fue presentada por la secretaria de Cámara Celina Laje Anaya, quien se habría negado a convalidar la integración de salas que consideraba irregular. A partir de allí, según el relato fiscal, comenzó una escalada de hostigamiento atribuida a Sánchez Torres.
En los últimos meses, Sánchez Torres hizo un fuerte lobby para meterse en la lista corta de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según le contó a un importante empresario con el que se reunió en un bar de Nueva Córdoba, su plan A era que los gobernadores de Provincias Unidas lo propongan.
El resultado electoral tiró por tierra la estrategia. Entonces, «el Gordo Abel» recurrió a sus contactos con importantes empresarios para que hagan fuerza por él.
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