Por una estafa millonaria en dólares citaron a gerentes de la financiera Rosental de Rosario

Por una estafa millonaria en dólares citaron a gerentes de la financiera Rosental de Rosario

 A más de tres años de un trámite marcado por una llamativa lentitud, las denuncias de 27 inversores por el vaciamiento de una financiera rosarina tienen algún movimiento en la Fiscalía Regional de Rosario, ya con la presión de las repetidas preguntas públicas sobre esta parálisis. Los damnificados de la compañía Ciag SRL por un monto piso de cuatro millones de dólares sostienen que hay evidencia de que sus titulares sacaron el dinero del país a través de una entidad financiera de larga trayectoria y reputación dispar en la ciudad, Rosental Inversiones, y ofrecen evidencia de la ruta de sus esfumados ahorros.

Hasta ahora no se notó, dicen los denunciantes, un afán investigativo enérgico. Pero finalmente el fiscal Federico Aranda, que recién toma el caso, llamó a declarar a dos empleados con mando medio de Rosental. Son el gerente de Real State de Rosental, Santiago Freites, y Jorgelina Vallejos, que es quien le sucede en jerarquía.

Tras eso se dio una novedad que vuelve a estremecer el caso y lo induce a un nuevo letargo. El fiscal Aranda renunció a su cargo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), órgano que agrupa a los fiscales santafesinos, con lo que la causa se queda por tercera vez sin conductor. Ahora con un peligro grave. Los hechos investigados, según dijo a LPO una abogada que trabaja en el tema, prescriben en diciembre próximo. Lo que sugiere que si no hay celeridad pueden quedar impunes. 

Esta compañía financiera atesora los recursos, y los secretos, de sectores de poder. Empresarios, políticos, sindicalistas, deportistas y también inversores del campo de la economía sin papeles operan allí.

Rosental siempre fue, para las investigaciones económicas locales, una especie de entidad intocable. En una jurisdicción donde el Poder Judicial es poco impetuoso con el establishment esta compañía financiera atesora los recursos, y los secretos, de sectores de poder. Empresarios, políticos, sindicalistas, deportistas y también inversores del campo de la economía sin papeles operan allí. En el caso de Ciag SRL también aparecen defraudados quienes prefieren comerse el sapo que identificarse como víctimas y tener que demostrar de dónde sacaron la plata que les llevaron. Las víctimas dicen tener registros de dirigentes gremiales, abogados y deportistas que invirtieron en Ciag y que ahora no están en las listas de demandantes.

Por una estafa millonaria en dólares citaron a gerentes de la financiera Rosental de Rosario

El palacio donde funciona Rosental Inversiones en el microcentro de Rosario

La denunciada con nombre y apellido como responsable del desfalco se llama Paula Allegranza y nunca fue citada. Allegranza es la viuda de Juan Carlos Culhane, fallecido en 2017, fundador de Ciag SRL. La mujer continuó con la actividad de la financiera hasta su hundimiento. Las inversiones según los datos aportados por las víctimas son perseguibles porque el dueño del inmueble donde operaba Ciag SRL, también defraudado, suministró documentación contundente que permite seguir el dinero.

Los estafados aducen que existe copiosa documentación que expone con transparencia el sendero que siguió el dinero. Alegan que eso permite, justamente, recuperarlo para restituirlo a los inversores. Se trata de resúmenes de cuentas, contratos, escrituras, y registros de inversiones. Y muchos correos electrónicos donde desde Rosental le informan a Allegranza los dividendos que van reportando las inversiones hechas con dinero, aducen las víctimas, de los damnificados.

Los registros verifican bienes en Argentina, lofts en Puerto Norte Forum y cocheras en Ciudad Ribera, ambas de Rosario. Terrenos en Casilda de un fideicomiso de los desarrolladores de Tierra de Sueños, un restaurant de Piégari en el Hotel Esplendor en Asunción y la participación de un 10 por ciento en habitaciones en un hotel en el Dazzler Lima Hotel de Miraflores, entre otras inversiones.

Hasta ahora lo único que se hizo a nivel de imputaciones induce al desconcierto. El único señalado por maniobras es un ex empleado de Ciag, Luis Roatta, que terminó siendo un colaborador de la fiscalía. El ex fiscal Miguel Moreno, ex jefe de la Unidad de Delitos Económicos y actualmente camarista penal de la Justicia de Santa Fe, lo imputó en un proceso que lo mantuvo detenido en dos cárceles un año y cuatro meses. 

Un problema para Roatta es que se mantuvo en rebeldía de la Justicia durante más de un año y eso se consideró una resistencia habilitante para la detención. Pero luego estuvo 17 meses preso y el caso, llamativa y atípicamente para un confinamiento de esa duración, se cerró con una probation y no con una condena resultante de un proceso penal convencional.

De parte de Rosental declaró esta semana bajo juramente el gerente Freites, que es contador y trabaja en la financiera hace 19 años, actualmente en el área de desarrollos inmobiliarios.

Ciag SRL funcionaba en el quinto piso C del Palacio Minetti, en la peatonal Córdoba, frente a la financiera Rosental. Antes de morir de cáncer Culhane, su dueño y a quien apodaban El irlandés en los circuitos financieros, hizo una sucesión en favor de su esposa Paula Allegranza, que heredó las inversiones realizadas a través de Rosental.

 Allegranza según los denunciantes está en Rosario, capitaliza los rendimientos de las inversiones canalizadas a través de Rosental y nunca fue llamada a una audiencia que la coloque en posición de algún tipo de sospecha. 

La documentación que aluden las víctimas que prueba cómo Rosental manejó las inversiones de CIAG SRL están en posesión de la fiscalía porque Moreno, primer fiscal del caso, ordenó secuestros de soportes informáticos y papeles en la financiera. Eso lo hizo al advertir ante la evidencia proporcionada por el denunciante Guillermo Giordana, correos electrónicos entre Culhein y Freites de Rosental. 

Allí quedaba claro que Allegranza había estado cobrando réditos de inversiones y que era presumible que continuaba operando el correo electrónico de su esposo fallecido. Poco antes la mujer había dicho, en una declaración testimonial espontánea en la que fue representada patrocinada por el abogado Carlos Varela, que no tenía ningún conocimiento del terreno financiero y que ignoraba las operatorias a las que se dedicaba su marido.

Allegranza según los denunciantes está en Rosario, capitaliza los rendimientos de las inversiones canalizadas a través de Rosental y nunca fue llamada a una audiencia que la coloque en posición de algún tipo de sospecha.

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  • Histórico: antes de fin de año llegará el gas natural a Las Ovejas

     

    La empresa provincial Hidenesa (Hidrocarburos del Neuquén SA) llegará con la red de gas natural a la localidad de Las Ovejas, en el Alto Neuquén. Así lo adelantó su titular, Raúl Tojo, que señaló que tras las obras en Los Miches, el tendido continuará “hasta Manzano Amargo y Varvarco, haciendo el mismo trabajo: llevando el gas natural y reemplazando las plantas que tenemos de GLP”.

    “La idea es que cada localidad, paraje y comunidad tenga gas”, señaló el titular de Hidenesa y remarcó la importancia de la “muy buena decisión política y de Estado que ha tomado nuestro gobernador Rolando Figueroa” para llevar el servicio a toda la provincia.

    Sobre la inauguración de la obra en Los Miches, explicó que ahora los vecinos y vecinas realizan los trámites correspondientes para regularizar el tendido domiciliario del servicio. Tanto el municipio local como el Banco Provincia del Neuquén (BPN) otorgan facilidades para agilizar las conexiones.

    Gas natural en el Alto Neuquén

    En la región del Alto Neuquén se licitó el proyecto en dos tramos: el primero desde Andacollo a Los Miches y Guañacos; y el segundo, desde la válvula de derivación en la rotonda de las rutas N°38 y 43 a Las Ovejas, sumando Camalón, Cayanta, Bella Vista, y luego continuará hasta Varvarco-Invernada Vieja y Manzano Amargo.

    Tojo indicó que la inauguración de la red de gas “es un paso transcendental para la provincia” porque permite “reemplazar el GLP por gas natural”. Ahora “viene la etapa de ordenar los papeles de los futuros usuarios, reemplazar los ‘piquitos’ de las cocinas, las hornallas y los calefactores para empezar a distribuir el gas natural”, comentó.

    Para facilitar estas gestiones, “el BPN ya disponía de una línea de crédito para la compra de artefactos o el pago a los matriculados. Hoy se suma el municipio de Los Miches, como prueba piloto de créditos para apoyar a quienes deban avanzar con sus trámites”, indicó el funcionario.

    Destacó las decisiones políticas “para llegar con infraestructura a toda la provincia, no solo con gas, también con fibra óptica, asfalto y obras que hacía muchísimo tiempo no se hacían”.

    Manifestó que durante los meses de verano que se aproximan “vamos a continuar haciendo todo el tendido que nos lleva hasta Manzano Amargo y Varvarco”.

    También mencionó que el invierno “no fue tan crudo y pudimos avanzar con obras como la de Los Miches, que estaba planificada para un año y medio y la logramos en ocho meses”. “Dentro de Los Miches agregamos a la comunidad Antiñir Pilquiñan, que está a unos 10 kilómetros y hoy no tiene el servicio”, añadió.

    Por último, informó que en la provincia “funcionan 16 plantas de GLP y cuatro de gas natural”, y agregó que “la planta que funcionaba en Los Miches se trasladará a Moquehue”. En ese lugar “los domicilios están muy dispersos y se requiere una cañería muy extensa”, indicó.

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  • Denuncian a la SIDE por habilitar tareas de espionaje ilegal sobre opositores y grupos sociales

     

    Una denuncia penal presentada por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) contra los jefes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) los acusa de abuso de autoridad por aprobar un Plan de Inteligencia Nacional que habilita tareas de espionaje sobre grupos vulnerables, actores sociales y voces críticas, en abierta violación a la Ley de Inteligencia Nacional. Desarticular la protesta social a partir de la agudización de la crisis ecónomica y particularmente aplacar la resistencia en las provincias es uno de los principales objetivos luego de la aprobación de la Ley de Bases. Por ANRed.


     

    Hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.

    Con el pretexto de proteger el “orden constitucional” o el “desarrollo de la infraestructura estratégica”, el gobierno utilizaría la inteligencia estatal para catalogar como amenazas a quienes cuestionen sus políticas.El plan incluso se atreve a identificar el “anarquismo” como forma de terrorismo, en un intento evidente de criminalizar. Detrás se guardan desafios que sabe el gobierno que enfrentará. Todavía están frescas las rebeliones del 2020 contra la instalación de la megaminería en Chubut y el Mendozazo en el 2019 a penas asumido Alberto. Incluso en Jujuy también una rebelión que duró varias semana hasta se realizó un acampe en el centro de CABA (El tercer malón de la paz) . También las jornadas de protesta en toda la costa bonaerense contra las petroleras offshore.

    Hoy organismos de derechos humanos y actores sociales presentaron una denuncia penal contra las máximas autoridades de la SIDE, Sergio Neiffert y Diego Kravetz, por abuso de autoridad. La acusación se centra en un Plan de Inteligencia Nacional y una orden secreta recientemente revelada, que habilitan a los servicios de inteligencia a vigilar y monitorear a grupos sociales, opositores, periodistas, académicos y ambientalistas bajo definiciones amplias y vagas. El plan amplía de forma riesgosa el concepto de terrorismo y legitima la persecución ideológica, incluyendo el espionaje sobre protestas y reclamos históricos. También apunta al seguimiento de conflictos socioambientales y a pueblos originarios. Todo esto contraviene la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, por lo que se exige una investigación judicial para determinar si ya se realizaron acciones ilegales y quiénes son los responsables.

    El texto fue publicado hoy por el CELS:

    «Denunciamos penalmente por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y a Diego Kravetz, director general de Operaciones de la SIDE. La denuncia apunta a sus responsabilidades en la aprobación de un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y el dictado de una orden secreta que habilita a la SIDE a “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a actores que puedan capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local.

    Una parte sustancial de las tareas de inteligencia, que son esencialmente secretas, estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales. Las opiniones comienzan a adquirir las características de una amenaza para el PIN cuando “promuevan la conflictividad” -una práctica de autoridades y grupos afines al gobierno, por otra parte- o cuando erosionen “la confianza” en las instituciones económicas o la reputación de empresas asentadas en el país.

    La extensión de las tareas de inteligencia es enorme y tiene definiciones vagas. Pueden vigilar, según su plan, a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas, que promocionen la fragmentación social, sin una explicación de qué significan esos adjetivos y si tienen límites. La definición concreta y operativa queda en manos de los funcionarios de la SIDE: son quienes van a definir quiénes encarnan una amenaza. El PIN habilita la vigilancia secreta de la expresión política opositora en el espacio público, pero también de referentes sociales, economistas, periodistas, académicxs, artistas y cualquier voz crítica.

    Todas estas actividades son abiertamente contrarias a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. Por eso en la denuncia pedimos, además de una serie de medidas de prueba para esclarecer estos hechos, que se determine si ya hubo acciones concretas basadas en la orden secreta y el PIN, para poder definir las responsabilidades penales.

    El PIN contiene “Lineamientos Estratégicos” y “Objetivos Generales de Inteligencia”, del que se desprenden “Objetivos Particulares de Inteligencia” y de ellos “Necesidades de Inteligencia”.

    Las Necesidades de Inteligencia del Objetivo Particular de Inteligencia 5 del Lineamiento Estratégico 3, por ejemplo, habilitan la vigilancia de actividades y expresiones políticas y sociales que consideren amenazas o en proceso de radicalización. Si nos remitimos a medidas o declaraciones de funcionarios para entender cuáles podrían ser esas amenazas podemos remontarnos al año pasado, cuando el gobierno usó ese tipo de calificativos para hablar de manera prejuiciosa y estigmatizante de manifestantes, de grupos anarquistas o antifascistas. El Objetivo Particular de Inteligencia 6 del mismo Lineamiento Estratégico apunta a los “potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional” y allí los sospechosos podríamos ser los organismos de derechos humanos.

    El PIN amplía el concepto de terrorismo de una forma muy peligrosa. Podrían quedar bajo vigilancia actividades y personas por su orientación ideológica o por sus reclamos históricos. El paraguas es tan amplio que habilitaría la vigilancia de manifestaciones públicas y de protestas que pudieran ser “oportunidad” para acciones terroristas. El plan identifica al “terrorismo anarquista” como blanco principal, lo que puede derivar en persecución ideológica: expresar ideas anarquistas sería suficiente para entrar en una lista de vigilancia.

    El Plan de Inteligencia se enfoca también en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar tanto al activismo ambientalista como a los pueblos indígenas –grupos que pretendan proteger patrimonios culturales y/o sagrados–. La mirada está puesta en situaciones y actores con capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos, que puedan afectar la “extracción, transporte y/o comercialización” de recursos naturales estratégicos. También incorpora como objetivo el seguimiento de instancias internacionales –sistemas de protección de derechos, cooperación internacional pública y privada– que intervengan frente a “eventos climáticos extremos, la degradación del ecosistema y pérdida de biodiversidad”. Quienes promuevan acciones para evitar estas consecuencias de la matriz productiva extractivista son considerados actores “adversos al interés nacional”.

    Aunque el Estado Nacional lo haya negado en un comunicado breve, está habilitando a los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional a desplegar tareas de identificación, seguimiento, monitoreo, búsqueda, producción y acopio de información sobre personas y grupos por razones políticas. Es ilegal y tiene que rendir cuentas.»

     

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