CALF modernizó la sede central e inauguró paneles solares

La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), administrada actualmente por la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), ingresó en la etapa de sumar inversores privados para su puesta en marcha. Así lo informó el gobierno neuquino con la “convocatoria a potenciales inversores y entidades financieras con el objetivo de participar en forma parcial o total para lograr los fondos necesarios para la puesta en marcha, modernización y operación inicial” de la PIAP.

La búsqueda está dirigida a bancos, fondos de inversión, organismos de crédito e inversores privados, tanto del país como del exterior. La planta pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y ENSI es la encargada de su operación.

La PIAP es una de las instalaciones más importantes del mundo para la producción de agua pesada, un insumo esencial para ciertos tipos de reactores nucleares. Su reactivación permitiría que Argentina vuelva a producir y exportar este recurso estratégico, generando empleo, desarrollo tecnológico y divisas.

En una convocatoria previa, varias empresas internacionales ya habían manifestado interés en comprar agua pesada argentina durante los próximos años. Para responder a esa demanda, sería necesario poner en marcha las dos líneas de producción de la planta, lo que requiere una fuerte inversión inicial.

El presidente de ENSI, Rubén Etcheverry, explicó que esta convocatoria “no es todavía un compromiso contractual, sino un paso para conocer qué opciones de financiamiento existen y bajo qué condiciones”.

Los interesados deberán presentar información sobre el tipo de financiamiento que ofrecen, plazos, tasas, formas de participación y experiencia en proyectos industriales o energéticos. Las propuestas y consultas deben enviarse a [email protected]

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Imagen del fotógrafo Pablo Grillo y del cabo primero de Gendarmería Héctor Guerrero, que le disparó un proyectil de gas lacrimógeno directo a su cabeza, hiriéndolo de gravedad.

La querella de la familia de Pablo Grillo, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), informó que tras visitar al joven fotógrafo, la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel Amar, por la querella, y María Jimena Pérez Pelliser, por la defensa, confirmaron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter «graves y gravísimas», y «pusieron en peligro su vida». Asimismo, respondieron contundentemente que «la herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo se corresponde con lo informado de impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo», en referencia al disparo directo a su cabeza de una cápsula de gas lacrimógeno que efectuó el gendarme Héctor Jesús Guerrero. Por ANRed.

La querella de Pablo Grillo, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), confirmó este lunes 2 de junio que el Cuerpo Médico Forense presentó el informe requerido en la causa que investiga el impacto de gas lacrimógeno en la cabeza que recibió Grillo durante la represión a una movilización de jubilados/as el 12 de marzo.

«El lunes 26 de mayo la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel M. Amar por la querella y María Jimena Pérez Pelliser por la defensa, visitaron a Pablo Grillo en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramos Mejía. Luego de la visita y de analizar la historia clínica y partes médicos, presentaron su informe que responde una serie de preguntas formuladas, oportunamente, como puntos de pericia», detalla la querella.

Parte de la reconstrucción de los hechos que hace la presentación del CELS y la Liga, representantes legales de la familia de Grillo.

En ese sentido, la representación legal del joven indicó que «sobre el grado de las lesiones que presenta Pablo, su tiempo de curación y cualquier otro tipo de información médica que pueda ser de interés, la perito médica oficial y los dos peritos de parte respondieron: “a) Herida contuso compleja en rostro región mediofrontal; b) Fractura expuesta de cráneo fronto temporo parietal izquierda. Ambas producidas por golpe o choque con o contra objeto contuso que logra vencer la elasticidad de los tejidos (piel y tejido óseo) produciendo su rotura. Demandan un tiempo de curación de más de 30 días con igual tiempo de inutilidad laborativa. c) Hematoma subdural derecho con requerimiento de cirugía de descompresión, craniectomía y toilette quirúrgica (12/03/25) y Hematoma epidural izq. con requerimiento de cirugía craniectomía de descompresión (14/03/25). Los mecanismos de producción golpe o choque con o contra objeto contuso. Tiempo de curación de más de 30 días», detalla exhaustivamente el informe del cuerpo médico forense.

A partir de esta primera información, señala la querella, «los médicos establecieron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter ‘graves y gravísimas’, con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral y con respecto al peligro de «si las lesiones producidas por el disparo pusieron en peligro la vida» de Pablo Grillo, los tres médicos respondieron unánimemente: “Sí, real y concreto”.

Parte de la reconstrucción de los hechos que hace la presentación del CELS y la Liga, representantes legales de la familia de Grillo.

«En cuanto a la cuarta pregunta, vinculada a la existencia de secuelas neurológicas derivadas del hecho, si bien no pudo ser contestada, es de gran importancia y conecta directamente con la noción de que la conducta del gendarme Guerrero puso en serio riesgo la vida de Pablo y que su estado de salud permanece en estado crítico, concretamente, los médicos respondieron: ‘No puede apreciarse al presente momento siendo su pronóstico reservado, dado que al día de la fecha continúa internado en terapia intensiva’», informó la querella.

La quinta pregunta buscaba «establecer si para ocasionar las lesiones comprobadas se requiere del impacto o disparo directo sobre la superficie lesionada», y el grupo de médicos respondió contundentemente: ‘Sí, la herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo se corresponde con lo informado de impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo».

Finalmente, la sexta pregunta apuntaba a «establecer si las lesiones ocasionadas fueron producidas por un disparo con un proyectil de alta energía cinética sobre la superficie lesionada». A esto, los médicos respondieron: «No se puede establecer la energía cinética que albergaba el proyectil que podría haber causado la lesión, pero sí se puede decir que la apertura de la piel frontal y la fractura de la tabla interna y externa del hueso frontal del cráneo requiere de una importante fuerza de impacto para romper la elasticidad de los tejidos lesionados».

Gendarmería ya había reconocido que disparar armas lanzagases directo a personas podría «producir lesiones graves e, incluso, la muerte»

Cuando se cumplieron dos meses de la salvaje represión a la marcha de jubilados/as que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo, la querella del joven, además de denunciar que la investigación avanza lento y que todavía no se citó a declarar al gendarme Héctor Jesús Guerrero, había informado que, a partir de su pedido al Juzgado, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, la Gendarmería Nacional reconoció que el uso de pistolas lanza gases, «en caso de impacto, podría producir lesiones graves e, incluso, la muerte», y que los reglamentos generales para el uso de esas armas no letales prohíbe dispararlas directamente contra las personas.

Gendarme Héctor Guerrero. Acusado de ser el autor del disparo que casi asesina a Pablo Grillo. Fotografía: Kaloian Santos, despedido por aportar sus fotografías a la reconstrucción de los hechos.

Asimismo, la querella también confirmó en ese momento que el protocolo de actuación de Gendarmería en manifestaciones «incluye un glosario de términos estigmatizantes vinculados a la protesta, los manifestantes y las organizaciones» y «establece las distintas formas de intervención frente a las multitudes, y en todas ellas el rol del jefe del operativo o supervisor es central ya que es quien da las órdenes a los gendarmes en terreno«.

Tras varios días en terapia intensiva luego de incidente vial, Karla Fernández, fue trasladada a Neuquén capital para continuar su recuperación.

La joven nutricionista de 34 años oriunda de Catriel, había sufrido graves heridas el pasado martes, luego de un violento choque frontal sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del paraje Patríol, cuando se dirigía a su trabajo en Cipolletti. Su familia confirmó que su evolución fue favorable y que ahora será tratada al Policlínico Neuquén, donde le realizarán nuevas cirugías y estudios.

La madre de Karla, Graciela Ríos, agradeció la atención recibida por el personal médico de la Clínica Perón y el acompañamiento de toda la comunidad de Catriel. Además, expresó su reconocimiento a la intendenta Salzotto por estar al tanto de la situación y brindar apoyo constante. “Las oraciones, los mensajes y las muestras de cariño de los vecinos nos dan fuerza para seguir adelante”, manifestó emocionada.

El siniestro que dejó a Fernández gravemente herida ocurrió el martes alrededor de las 7 de la mañana, cuando su Toyota Etios fue embestido de frente por un Citroën que habría intentado sobrepasar a un camión en una maniobra imprudente. El impacto fue tan fuerte que ambos vehículos quedaron con daños severos, y Karla debió ser rescatada del interior de su auto. Los primeros auxilios fueron brindados por personal de emergencias de Catriel, que luego la derivó de urgencia al hospital Dra. Cecilia Grierson.

A raíz del choque, Fernández sufrió fracturas en ambas piernas y múltiples traumatismos, lo que obligó a su internación inmediata en la Unidad de Terapia Intensiva. Tras una evolución favorable y con su cuadro clínico estabilizado, los médicos autorizaron su traslado a Neuquén para continuar con el tratamiento especializado. La comunidad catrielense sigue de cerca su recuperación y mantiene activas cadenas de oración por su pronta mejora.

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La Selección Argentina de Lionel Scaloni se prepara para disputar su último amistoso del año este viernes ante Angola en Luanda. El entrenador campeón del mundo planea utilizar este partido para realizar varias pruebas, buscando darles minutos a todos los convocados y mantener viva la competitividad del plantel.

El equipo inicial contará con la presencia estelar de Lionel Messi liderando el ataque junto a Lautaro Martínez y Thiago Almada. En el arco estará Gerónimo Rulli, mientras que en defensa la línea estaría conformada por Juan Foyth, Cristian Romero (o Marcos Senesi si el «Cuti» no está al 100%), Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. El mediocampo mantendrá a los fijos Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, con Giovani Lo Celso o Nicolás Paz como tercera opción.

La planificación de Scaloni incluye darle rodaje a varias figuras que buscan afianzarse. Está confirmado que habrá minutos para Kevin Mac Allister, quien reemplazará a Foyth en el lateral derecho, y para el «Colo» Valentín Barco en el segundo tiempo. Además, hay gran expectativa por el posible debut en la Selección Mayor del juvenil de 18 años, Gianluca Prestianni, considerado una de las mayores promesas del fútbol argentino.

Este compromiso es clave para el cuerpo técnico, ya que será el último amistoso antes del sorteo del Mundial 2026. Scaloni busca seguir ampliando las opciones de recambio. Además de Prestianni, el delantero José Manuel López también tendrá participación, asegurando que la idea del entrenador de que todos los convocados cierren el año con minutos se concrete.

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Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.

Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

La senadora electa y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich expresó su apoyo al Código Penal presentado por el presidente Javier Milei, que será impulsado durante la segunda etapa de su gestión. La funcionaria destacó que la iniciativa busca endurecer las penas y garantizar que “los delincuentes paguen las consecuencias de sus actos”.

Según Bullrich, con estas reformas el Gobierno consolida su principio de “orden y justicia”, reflejado en su lema: “El que las hace, las paga”.

Bullrich explicó que la actualización del Código Penal pretende modernizar las leyes y enfrentar de manera más efectiva los delitos violentos, los robos y las situaciones de impunidad. En comparación con la normativa actual, aseguró que el nuevo texto es un «código fuerte», ya que actualmente «el 87% de los delitos son excarcelables”. La senadora subrayó que el objetivo central es poner fin a la sensación de que el crimen no tiene consecuencias reales.

Reforma con ley antimafia y castigos perpetuos

Durante una entrevista con La Nación, Bullrich detalló que la reforma unifica distintas leyes y parches previos, incorporando además instrumentos como la ley antimafia. Indicó que se busca “terminar con la impunidad de quienes cometen delitos y no pagan por ellos”. Entre los cambios más relevantes, mencionó la inclusión de la imprescriptibilidad para delitos graves como homicidios, abusos sexuales y secuestros, lo que permitirá juzgarlos sin importar el tiempo transcurrido.

Finalmente, Bullrich resaltó que el nuevo Código Penal elevará significativamente las penas para los crímenes contra la vida. El homicidio simple, por ejemplo, tendrá un mínimo de treinta años de prisión, con castigos aún más severos para los agravados. Con esta reforma, afirmó, el Gobierno pretende poner fin a la idea de que “robar o delinquir no tiene consecuencias”, reafirmando el compromiso con un sistema judicial más estricto y efectivo.

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