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Por qué Perón nunca aceptaría un gobierno de Javier Milei

En el mundo de la política argentina, hay figuras icónicas que han dejado una huella imborrable en la historia del país. Uno de esos personajes es Juan Domingo Perón, quien gobernó Argentina en tres ocasiones y dejó un legado político y social de gran relevancia. En contraste, encontramos a Javier Milei, un economista y político liberal que ha ganado notoriedad en los últimos años. Si bien ambos representan ideologías políticas opuestas, en este artículo exploraremos las razones por las cuales Perón nunca aceptaría un gobierno de Javier Milei.

Perón y su legado

Juan Domingo Perón es considerado uno de los líderes políticos más influyentes de Argentina. Durante su gobierno, implementó políticas económicas y sociales que buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y promovían la justicia social. El peronismo se caracteriza por su enfoque en la justicia social, la protección de los derechos laborales y la intervención del Estado en la economía para garantizar el bienestar de la sociedad.

Las diferencias ideológicas

Una de las principales razones por las cuales Perón nunca aceptaría un gobierno de Javier Milei radica en las marcadas diferencias ideológicas entre ambos. Milei se identifica como un defensor del liberalismo económico y aboga por la reducción del Estado, la eliminación de regulaciones y la promoción de la libre competencia. Estas ideas contrastan directamente con los pilares fundamentales del peronismo, que busca la intervención del Estado para proteger los derechos laborales y garantizar la justicia social.

El rol del Estado

Otra razón por la cual Perón no aceptaría un gobierno de Milei está relacionada con la visión del rol del Estado en la economía. El peronismo defiende la intervención estatal como una herramienta para regular la economía, proteger a los trabajadores y garantizar la equidad social. Por otro lado, Milei aboga por una reducción drástica del Estado y una mayor liberalización económica. Estas diferencias fundamentales en la visión del Estado y su papel en la sociedad hacen que sea altamente improbable que Perón apoyara un gobierno liderado por Milei.

Protección de los derechos laborales

El peronismo tiene una larga tradición de defensa de los derechos laborales y la protección de los trabajadores. Durante su gobierno, Perón implementó medidas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo, establecer derechos laborales y garantizar salarios justos. Por el contrario, Milei defiende una visión económica que prioriza la libertad individual y la libre competencia, sin un enfoque explícito en la protección de los derechos laborales. Esta diferencia de enfoque en la cuestión laboral es otra razón por la cual Perón nunca aceptaría un gobierno liderado por Milei.

Conclusión

Las diferencias ideológicas y políticas entre Juan Domingo Perón y Javier Milei son evidentes y significativas. Mientras que Perón representa el peronismo, una corriente política que busca la justicia social y la intervención estatal en la economía, Milei defiende el liberalismo económico y la reducción del Estado. Estas diferencias fundamentales hacen que sea altamente improbable que Perón aceptaría un gobierno liderado por Milei. El legado de Perón y sus principios políticos siguen siendo relevantes en la política argentina, y su visión de un Estado presente en la protección de los derechos laborales y la justicia social no se alinea con las ideas de Milei.

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  • Un abogado vinculado a Rappi redacta la reforma laboral y no habrá mejoras para trabajadores de plataformas

     

     Un abogado vinculado a Rappi redacta la reforma laboral y el gobierno no introducirá mejoras para los trabajadores de plataformas, que seguirán siendo independientes. Al no blanquear la relación de dependencia, no existe derecho a reclamos sindicales.

    Julián de Diego es un abogado especializado asesoramiento laboral empresario. Entre las compañías que asesora está Rappi, representada formalmente por el Estudio Cárrega. Al igual que todas las plataformas, Rappi no reconoce a sus repartidores como empleados.

    Se trata de una discusión compleja: en ninguna parte del mundo logran resolver cuál es el tipo de vínculo que existe entre los trabajadores de aplicaciones como Uber o Rappi y las empresas.

    En el estado de Rajastán, en India, Uber paga una tasa que va a un fondo que luego se vuelca a la seguridad social. Eso permite que los trabajadores de plataformas gocen de algunos de los derechos que tienen los trabajadores formales. Esa idea circuló en la campaña presidencial de Horacio Larreta.

    La interna de Sturzenegger y Pettovello complica la reforma laboral de Milei

    En la Argentina se considera a los trabajadores de aplicaciones como independientes. Eso les permite no cumplir con horarios fijos, pero les impide conformar sindicatos para reclamar mejores condiciones laborales.

    La cuestión comenzó generar interés para la CGT, pero al ser tema mundial, incluso la OIT  trabaja en un convenio que debería aplicarse en los estados miembro. Ya se aprobó una primera parte y la segunda estaría lista el año próximo. En el gobierno le restan importancia, pero la reforma podría terminar generando un conflicto con el sistema internacional del trabajo.

    En gobierno busca no introducir ninguna regulación para las plataformas en la reforma laboral que enviará al Congreso, que además es el centro de una fuerte interna entre Sturzenegger y Pettovello. «No hay obligaciones para las empresas ni mejoras para los trabajadores», resumió a LPO una fuente al tanto del proyecto.

    La cuestión de los turnos fijos es el principal argumento de las plataformas para negar la relación de dependencia. Es algo que preocupa a los repartidores y choferes, que trabajan para múltiples empresas en los horarios que más les convienen.

    El sistema da lugar a situaciones insólitas: como independientes, algunos trabajadores de plataforma subcontratan a otros trabajadores que utilizan sus mismas cuentas y mejoran su ranking para obtener más recompensas.

    «Es difícil de abordar, porque cualquier cambio que introduzcas puede terminar perjudicando a los trabajadores, pasó en países como España, donde las apps de transportes terminan funcionando bien solo en las grandes ciudades», explicó la fuente.

    El doble rol de De Diego es una cuestión que no pasa desapercibida. «Hay un conflicto de intreses. Si asesorás al Estado en la reforma y trabajás para una empresa podés inducir al Estado a que beneficie a la empresa que representás», agregó.

     

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  • Los intendentes piden una reducción del IVA

     

    Este martes se realizó en el Congreso de la Nación una reunión clave convocada por el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, Juan Fernando Brügge, del bloque Encuentro Federal, en la que intendentes de todo el país respaldaron formalmente una propuesta concreta: incluir en la próxima reforma fiscal una reducción del IVA del 21% al 10,5% para todas las compras y contrataciones que realizan los municipios. La iniciativa apunta a aliviar el costo de funcionamiento local y generar un «efecto cascada» que les permita bajar tasas municipales y mejorar la prestación de servicios en cada territorio_

    El encuentro, realizado en la Sala 1 del Anexo A de Diputados, contó con la presencia de jefes comunales de distintas provincias y representaciones políticas. Estuvieron presentes intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezados por su presidente e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a integrantes del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), entre ellos la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el viceintendente de Córdoba Capital, Javier Pretto, entre varios otros representantes locales.

    En el cierre de la jornada, los intendentes firmaron un documento conjunto dirigido formalmente a los Diputados y Diputadas de la Nación, en el cual solicitaron que la reducción del IVA sea incorporada expresamente al proyecto de reforma tributaria que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso en las próximas semanas. Allí se detalla que mientras el sector privado puede descontar el IVA como crédito fiscal, los municipios no tienen forma de recuperar ese tributo, lo que encarece automáticamente cada licitación, compra de insumos o contratación de servicios.

    Brügge fue categórico al señalar que la situación se volvió insostenible para cientos de administraciones locales que hoy deben sostener demandas crecientes en materia social, obras públicas, salud, seguridad y servicios básicos, con menos transferencias nacionales y presupuestos cada vez más ajustados. «El municipio paga IVA sobre todo lo que compra, pero no puede descontarlo de nada. Eso genera una desigualdad muy fuerte frente al sector privado y un costo operativo que termina impactando en los recursos públicos», expresó el diputado durante la reunión.

    La propuesta de bajar el IVA al 10% tiene como objetivo liberar recursos para inversión directa en obras, servicios esenciales y asistencia a la población, o bien facilitar la reducción de tasas municipales, algo que los intendentes aseguran que podría brindar un alivio inmediato a las actividades económicas locales. El documento firmado señala que la medida permitiría «modificar una situación distorsiva que agrava la asimetría entre municipios y sector privado, afectando el desarrollo económico de las comunidades».

    Los intendentes también remarcaron que este debate se complementa con otros reclamos que ya venían planteando, como la redistribución del impuesto a los combustibles, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ha reducido drásticamente la asignación de presupuesto y dejó de realizar obras que están siendo absorbidas por los gobiernos locales.

    El volumen en juego es significativo. Brügge recordó que en 2024 el total recaudado por IVA ascendió a 43 billones de pesos, y señaló que permitir que una parte de esos recursos quede en los gobiernos locales «podría cambiar rápidamente la ecuación fiscal con la que hoy deben enfrentar obras, servicios y demandas urgentes».

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    El documento firmado esta tarde fue elaborado tras el intercambio con los diputados presentes, quienes escucharon el diagnóstico y se comprometieron a seguir evaluando la iniciativa durante el tratamiento parlamentario de la reforma tributaria. Para los intendentes, el momento es decisivo: la reducción del IVA podría convertirse en una herramienta fiscal concreta para sostener el funcionamiento de los municipios en un escenario de obras paralizadas, menor recaudación y un crecimiento sostenido de las demandas sociales.

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