Por qué Neuquén puede ser una usina de Inteligencia Artificial

 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó un mensaje institucional en nombre del gobierno nacional, luego del encuentro entre el presidente Javier Milei y con los gobernadores de las provincias. Durante su intervención, reafirmó la intención del Ejecutivo de avanzar en acuerdos legislativos que permitan concretar el paquete de reformas estructurales previstas para la segunda mitad del mandato.

El mensaje se emitió este jueves por la noche a través del canal oficial de YouTube de la Vocería de Prensa. Adorni explicó que las tres prioridades legislativas estarán enfocadas en las reformas: laboral, fiscal y penal, con el objetivo de generar empleo, aliviar la presión sobre el sector privado y fortalecer el sistema judicial.

Además, destacó que el reciente encuentro entre Milei y los gobernadores, realizado tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, marcó el inicio de una etapa de mayor diálogo y consenso político para garantizar la aprobación de las reformas en el nuevo Congreso.

Tres ejes de cambio: laboral, fiscal y penal

Según detalló el vocero, las prioridades legislativas estarán centradas en tres grandes reformas: laboral, fiscal y penal. “La reforma laboral es para crear empleo, la reforma fiscal es para dejar de asfixiar al sector privado con un Estado sobredimensionado, y la reforma penal es para que el que la hace, la paga”, sintetizó.

Adorni también aseguró que el próximo Congreso “será el más reformista de la historia” y que los resultados de las últimas elecciones ratificaron “el camino de cambio y reforma”.

Reunión con gobernadores y apertura al diálogo

El encuentro entre Javier Milei y los gobernadores se produjo en un contexto de mayor apertura al diálogo por parte del Ejecutivo, tras los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la reunión participaron mandatarios de distintas fuerzas políticas, y el gobierno nacional considera clave su acompañamiento para viabilizar las reformas en el Congreso.

Adorni resaltó que la postura del oficialismo para esta nueva etapa estará marcada por una mayor vocación de consenso y un trabajo coordinado con los legisladores.

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Lo definieron la Comisión Interna y la filial bonaerense del Sindicato de Alimentación. Hasta ahora Molinos Río de La Plata notificó 10 nuevos despidos y, según los trabajadores, se enmarcan en un plan de cesantías y precarización laboral. La medida se sostendrá por tiempo indeterminado. «No sólo están despidiendo ilegalmente, están ejecutando un proceso de desindicalización», denuncian. Por Infogremiales.

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Los trabajadores de Molinos Río de la Plata, junto a la Comisión Interna y la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación filial Buenos Aires, iniciaron anoche un paro por tiempo indeterminado ante el despido de cinco trabajadores y una trabajadora. Esta mañana, la empresa despidió a otros cuatro trabajadores.

«Se trata, como lo denunciamos ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de un plan de cesantías y precarización laboral de la empresa que ahora se termina concretando con estos ilegales despidos», explicaron.

Y añadieron: «Todo comenzó anoche cuando cuatro trabajadores estaban entrando a cumplir el turno noche y dos se preparaban para volver a su casa luego de terminar su jornada en el turno de la tarde. Los seis fueron citados a la oficina de Recursos Humanos y allí, frente a una escribana, les notificaron que estaban despedidos».

La Comisión Interna, junto a la dirección del STIA filial Buenos Aires, realizó una asamblea en la que se aprobó el paro convocado por el gremio a partir del turno noche. El paro que se ratificó en la asamblea del turno mañana. La medida de fuerza es reclamando la inmediata reincorporación de los despedidos, cese de más despidos, y por condiciones dignas y seguras de trabajo ante la ilegal reducción de dotación de personal ejecutada por la empresa.

«Los despidos se dan pocas horas antes de la cuarta audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ante la denuncia que realizamos junto a la dirección del STIA filial Buenos Aires de que había en marcha un proceso de despidos planificado. Ese proceso, que comenzó el 26 de mayo, fue dejando a la planta con dotaciones de trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la cantidad mínima en cada una de las máquinas, lo que genera situaciones de riesgo para la salud de las y los operarios», remarcaron.

Y añadieron: «No sólo están despidiendo ilegalmente, están ejecutando un proceso de desindicalizacion, imponiendo la precarización laboral para producir, afectando la salud y la seguridad del resto de las y los trabajadores, ignorando deliberadamente las intimaciones de los representantes de los trabajadores en el Comité Mixto de Seguridad e Higiene que está constituido en la planta».

Vale recordar que el 23 de mayo pasado, la comisión interna ya había denunciado públicamente que la empresa de los Pérez Companc -una de las 4 familias más ricas del país, según la revista Forbes- estaba realizando reuniones de forma irregular con los y las trabajadoras en la que les planteaba que si no aceptaban rebajas salariales y trabajar con dotaciones por debajo de las recomendadas por el Comité Mixto de Seguridad e Higiene, iban a haber despidos.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/despidos-masivos-y-paro-por-tiempo-indeterminado-en-molinos-rio-de-la-plata-no-solo-estan-despidiendo-ilegalmente-estan-ejecutando-un-proceso-de-desindicalizacion/

 

 

Bajo el lema «Hacia una PFA moderna y orientada hacia la investigación», el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los alcances del decreto 383/2025, que modifica la ley orgánica de la fuerza, la separa de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, habilita a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional». En este marco, inauguraron el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). «Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI», celebró Milei. Mientras que Bullrich anunció que «el corazón de esta nueva PFA» será «llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país». María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI, alertó: «ya no estamos en un estado de excepción no declarado, sino ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos, garantías y libertades democráticas. Están reestructurando todo el sistema represivo estatal», aseguró. El Estado policial avanza. Por ANRed.

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Tras publicar esta madrugada en el Boletín Oficial el decreto 383/2025, este martes 17 de junio a las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron los detalles del DNU, que separa a la Policía Federal de la Justicia y amplía su autonomía para realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial. Además, el DNU autoriza a la PFA a «esgrimir ostensiblemente sus armas» y redefine su función central como ejecutora de las políticas de «seguridad nacional».

«Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI«, celebró Milei, haciendo referencia a país del norte gobernado de forma autoritaria por Donald Trump, que reprime y amenaza a buena parte de su población por protestar en las calles contra las redadas masivas antimigrantes, acumulando episodios espantosos, crueles y disparatados; y al país de Medio Oriente gobernado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que acumula repudios en todo el mundo por sus incontables crímenes de guerra en el marco del genocidio planificado que desata día a día sobre la población palestina en la Franja de Gaza.

Siguiendo su entusiasmo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que «el corazón de esta nueva PFA» va a estar concentrada «en una tarea fundamental: llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero en este país«.

Además de inaugurar el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el decreto 383/2025, que expresa el objetivo de «reorientar la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos», autoriza a la PFA a «realizar tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas». En la misma línea, la reglamentación también habilita a la fuerza a realizar detenciones sin orden de un juez.

Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicosdigitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas yprincipios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente

En esa línea, el DNU le permite también a la PFA «tener acceso a información y bases de datos públicas con el fin de llevar adelante, de manera justificada, tareas de investigación o de inteligencia criminal«, además de la facultad de «solicitar el acceso a bases privadas«.

También, en su artículo 6, inciso 8, habilita a la fuerza a «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, además de requisar a personas o bienes, cuando haya elementos suficientes que «hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo». Es decir, la posibilidad de requisar o detener queda sujeto al criterio discrecional de cada agente o de las órdenes de la mismísima Bullrich.

El DNU incluye, además, la prohibición de la posibilidad de que la fuerza sea conducida por un civil. En ese sentido, en el artículo 20 del capítulo II del Anexo establece que «la Jefatura de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA será ejercida por UN (1) Oficial Superior de la máxima jerarquía de la institución en actividad o retiro, que designará al efecto el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL».

Finalmente, el decreto firmado por Milei, Bullrich y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, crea un Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina», bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y que señala que será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes. Asimismo, el punto 9 del DNU declara en emergencia a la Federal por dos años, lo que concede discrecionalidad al ministerio que conduce Bullrich para hacerse cargo de las licitaciones express.

«Estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas»

Entrevistada esta tarde por Alejandro Bercovich en «Pasaron Cosas» (Radio Con Vos), María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), consideró que con este nuevo DNU del gobierno nacional «ahora la Policía Federal pasa a ser una especie de ejecutora o garante de la seguridad nacional«, porque «le dan facultades para hacer ciberpatrullaje, las páginas web que visitamos, requisas, detenciones y allanamientos«.

Asimismo, tras historizar los fallos a favor y en contra y debates judiciales en torno a la cuestión particular de las requisas durante los últimos 40 años, Verdú recordó que «en los últimos fallos la Corte iba en contra de estas requisas», y consideró que «lo que hace esta resolución es habilitar de forma absolutamente discrecional las requisas sobre cualquier persona o vehículo en cualquier circunstancia» y, al respecto, parafraseó al periodista y militante Rodolfo Walsh, quien sostenía: «ya sabemos que los antecedentes y el fierro también lo ponen los policías».

Pero, principalmente, hizo hincapié en la gravedad del último párrafo del DNU, que habilita «la exhibición ostensible del arma de fuego», cuando la policía lo considere necesario.

«Lo que pretende Patricia Bullrich es esto de convertir a la PFA en una especie de FBI, cuando en realidad la PFA tiene funciones muy claras. Tienen todo el paquete de delitos federales a su cargo. Tienen dos funciones básicas: la de la prevención y la judicial. Distingamos, como es en EE.UU., la policía de prevención, que está en la calle, y otra la de investigación, que es la policía judicial, que tiene que depender de los jueces«, remarcó.

Para finalizar, consideró: «es una medida más que se suma a todas las que venimos padeciendo desde diciembre de 2023 a la fecha, que explican porqué decimos que ya no estamos, como con Macri y Bullrich, en un estado de excepción no declarado, sino que estamos ante un declarado cambio de régimen, con destrucción de derechos garantías y libertades democráticas. Nos va a costar muchísimo volver a donde estábamos. Porque están haciendo pelota todo el sistema normativo y reestructurando todo el sistema represivo estatal», alertó.

En tanto, en un comunicado titulado «Nuevo estatuto orgánico de la PFA: Menos libertad, más represión«, CORREPI remarcó que a partir del nuevo DNU, «en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial», y que, para eso, «también pueden acceder a información y bases de datos públicas y privadas y elaborar sus propias bases de datos y sistemas de información». También, remarca que «la PFA decidir qué allanamientos, detenciones o secuestros hay que efectuar y requerir a los magistrados la autorización para hacerlos».

El organismo antirrepresivo también destaca «la habilitación a la fuerza para realizar requisas personales, de vehículos y pertenencias sin orden judicial, especialmente en la vía pública o en lugares de acceso público». Es decir, «basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencia y vehículos», advierte CORREPI.

Asimismo, alerta: «en consonancia con el protocolo de uso del arma de fuego vigente desde diciembre de 2023 y el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal presentado por el poder ejecutivo en el Congreso, la resolución faculta a la PFA a hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de sus funciones y específicamente a esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios, sin referencia alguna a las leyes y convenios internacionales supra constitucionales que imponen como requisito para usar el arma una amenaza equivalente y del mismo grado».

«Este decreto y su anexo reglamentario se suman al conjunto de medidas ya implementadas desde el gobierno nacional, que vienen ampliando al infinito las facultades policiales, reduciendo controles y garantizando la impunidad de sus ejecutores y mandantes, lo que ya se refleja en el abultado aumento de los fusilamientos de gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la represión cotidiana a la protesta social«, finaliza el comunicado de CORREPI.

 

 

Esta semana el Ministerio Publico Fiscal ordeno el allanamiento de una casa que ya había sido clausurada por microtráfico.

Un nuevo allanamiento tuvo lugar esta semana en un «kiosco narco» del barrio Belgrano de Neuquén, una vivienda ubicada sobre Bahía Blanca al 500, que ya había sido clausurada a principios de octubre tras la detención de una mujer y sus dos hijos por venta de drogas. En esta ocasión, la Fiscalía de Robos y Hurtos, junto con la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Segunda, descubrió que el lugar se utilizaba además como depósito de objetos robados.

Durante el procedimiento, ordenado por el juez de garantías Juan Kees y solicitado por el asistente letrado Luciano Vidal, se secuestró una gran cantidad de artículos: una 8 consolas de videojuegos, 10 celulares, notebooks, televisores, herramientas eléctricas, cascos, mochilas, parlantes, una mesa de ping pong y sombrillas, entre otros elementos. Los investigadores lograron establecer un “patrón delictivo” que vinculaba al inmueble con múltiples robos ocurridos en distintas zonas de la capital, como Perticone, Mitre, Tierra del Fuego, Río Negro y Libertad.

El operativo también reveló que en el lugar funcionaba un delivery de bebidas sin habilitación comercial, por lo que la Dirección de Comercio municipal secuestró bebidas alcohólicas y clausuró nuevamente el domicilio. La Fiscalía de Robos y Hurtos continuará ahora con el proceso de identificación de los bienes para devolverlos a sus dueños y definir nuevas imputaciones vinculadas a los robos investigados.

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La ciudad de Neuquén comenzará este sábado 15 de noviembre la previa oficial de la temporada de verano 2025/26 en los balnearios ubicados a orillas del río Limay.

Ante el aumento de personas que ya acuden a las costas por las altas temperaturas, el municipio decidió adelantar el operativo de seguridad acuática. El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó que habrá presencia activa de guardavidas desde este fin de semana.

El adelanto de la temporada se debe a las buenas condiciones climáticas y al incremento de vecinos que buscan refrescarse en los balnearios. Por este motivo, se dispuso una guardia preventiva hasta el 1 de diciembre, día en que se iniciará oficialmente la temporada en todos los puntos habilitados. Para esta etapa anticipada se conformó un plantel especial de guardavidas con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes visiten el río.

Baggio detalló que la guardia preventiva trabajará todos los días de 14 a 20 horas y estará presente en los balnearios Gustavo Fahler, Sandra Canale y Brun de Duclot. A partir de diciembre, el operativo se ampliará con un total de 163 guardavidas para cubrir los 14,5 kilómetros de costa del Limay. El horario del servicio durante la temporada completa se extenderá entre las 10 y las 21 horas.

El subsecretario también explicó que el Operativo Balneario abarcará los cinco balnearios oficiales de la ciudad, además de zonas muy concurridas como Isla Verde, Isla 132 y el Paseo Limay. El despliegue se complementará con apoyo náutico que recorrerá el río y permitirá reforzar la vigilancia. El equipo contará con botes semirrígidos, motos de agua, cuatriciclos, desfibriladores, canoas y otros elementos de rescate para actuar rápidamente ante cualquier emergencia.

Asimismo, Baggio recordó que la semana pasada se realizó la exigente reválida de los guardavidas, una prueba reconocida a nivel nacional por su rigor y que habilita a los profesionales a trabajar también en otras ciudades. Señaló que el operativo se lleva adelante en coordinación con el SIEN, la Policía, Tránsito y Protección Civil para garantizar una respuesta integral. Finalmente, destacó el trabajo de Limpieza Urbana para mantener los balnearios en óptimas condiciones y alentó a los vecinos a disfrutar y cuidar estos espacios que son un sello turístico de la ciudad.

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Una joven de 30 años es buscada intensamente por familiares, allegados y la policía del Neuquén. Se trata de Carla Agustina Canale, de la que no se tienen noticias desde el pasado jueves aproximadamente a las 21.

La policía neuquina emitió una orden de “ubicación y paradero”, tras la denuncia realizada por Carlos Canale en la Comisaría 41 del barrio Don Bosco de Neuquén capital.

Se indicó que la joven es de tez morena, tiene cabellos largos rubios y ojos marrones, con una altura de 1,67 metros.

Al momento de ausentarse vestía ropa deportiva, indicaron sus familiares al momento de realizar la presentación ante la dependencia policial.

Para cualquier información, se pueden contactar los efectivos policiales en la vía pública, en los móviles o en el teléfono de la comisaría ubicada en el barrio Don Bosco: 0299 4431931. Interviene la fiscalía de Delitos contra las Personas.

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