Murió la mujer que podría ser Marita Verón

 

La mujer hallada en Paraguay días atrás que guardaba similitudes físicas con Marita Verón falleció por un cuadro severo de desnutrición, deterioro físico y mental.

Esta persona fue encontrada en situación de calle en la ciudad de Asunción. El hecho había despertado esperanzas y dudas luego de que Susana Trimarco (madre de Marita Verón) reconociera similitudes físicas con su hija, desaparecida hace mas de 23 años. La Defensoría del Pueblo de Paraguay confirmó que la mujer falleció el sábado pasado debido a su deterioro y tras haber vivido en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Susana Trimarco, quien desde hace más de dos décadas lidera la búsqueda de su hija y la lucha contra la trata de personas, explicó que recibió la noticia a través de una funcionaria paraguaya y que viajará la próxima semana al país vecino para ver el cuerpo y seguir de cerca las pericias de identificación. “No quiero volver a escuchar que estaba viva y ahora me digan que está muerta. Espero que autoricen las pruebas internacionales de ADN”, declaró en una entrevista con C5N. A su vez, señaló que la mujer había sido sepultada bajo una lápida común, pero que ya se conoce el lugar donde fue enterrada. Las autoridades paraguayas enviaron muestras de ADN y huellas dactilares para ser cotejadas con las de Marita.

Durante los últimos días, Trimarco reconoció rasgos coincidentes entre la mujer fallecida y su hija, como la quijada, la forma de las cejas y la estatura. La mujer se había identificado ante los vecinos como “Eva”, decía ser argentina y madre de una hija, aunque portaba documentación falsa y no figuraba en registros paraguayos. El caso generó una nueva línea de investigación luego de más de dos décadas de búsqueda incesante. “Ojalá esto se aclare. Para mí es muy doloroso, pero si es mi hija, al menos tendrá paz”, expresó Trimarco. También advirtió que, si las pericias descartan el parentesco, el hecho debe seguir investigando, ya que podría tratarse de otra mujer desaparecida.

Marita Verón desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán, cuando tenía 23 años. Las investigaciones apuntaron desde el inicio a una red de trata de personas, convirtiendo el caso en un símbolo de lucha por los derechos humanos y contra la explotación sexual.

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  • Con un robot operaron el ojo de un paciente que estaba a 4000 kilómetros

     

    Un equipo médico chino realizó una innovadora cirugía ocular remota, utilizando un robot conectado a 5G para tratar a un paciente que se encontraba a más de 4000 kilómetros de distancia.

    La operación quirúrgica, consistente en una inyección en la retina, fue llevada a cabo el domingo por cirujanos de la ciudad sureña china de Guangzhou, quienes controlaron de forma remota un brazo robótico ubicado en un hospital de Urumqi, capital de la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China.

    La cirugía, realizada con precisión micrométrica, representó un paso significativo en el aprovechamiento de la tecnología con el fin de disminuir la brecha que en materia de recursos médicos existe entre las regiones costeras desarrolladas y las zonas remotas.

    Después de que el robot colocara la aguja microscópica en el ojo del paciente en Urumqi, los cirujanos en Guangzhou tomaron el control a distancia para guiarla hasta la superficie de la retina y perforaron esta membrana interior del ojo hasta una profundidad predeterminada, tras lo cual inyectaron el medicamento.

    Toda la intervención duró menos de siete minutos, la red se mantuvo estable, el robot respondió sin problemas y no presentó vibración alguna.

    La inyección subretinal es una técnica microquirúrgica meticulosamente delicada que se emplea para salvar la visión en trastornos causantes de ceguera, como la hemorragia submacular, informó la agencia de noticias Xinhua.

    “Esta cirugía clínica supone un avance clave de la viabilidad a la practicidad en el campo de la cirugía oftálmica remota de alta precisión en China”, indicó Lin Haotian, director del proyecto,del Centro Oftalmológico Zhongshan de la Universidad Sun Yat-sen.

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  • “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel es una crítica al accionar punitivo del estado”

     

    A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

    Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

    Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

    Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

    Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

    No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

    De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

    “Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

    “Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

    Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.


    Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

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  • Murió Thiago el niño de 7 años que recibió un disparo de la policía, Bullrich justifica la balacera

     

    Hace minutos (19:40hs) acaban de informar que falleció Thiago Benjamín Correa Medina,  el niño de 7 años que recibió un disparó en la cabeza luego que un policía evitará ser robado. a pesar que los asaltantes huían comenzó una balacera indiscriminada. Por su parte la ministra Bullrich defendió la impunidad con la que actúan las fuerzas estatales, sino que también defendió la perversa lógica de un gobierno que prioriza la represión. “Así es como quieren solucionar las cosas”, decía un vecino atemorizado por la balacera en Ciudad Evita. Por ANRed.


    Mientras Thiago Benjamín Correa Medina luchaba por su vida tras recibir un balazo en la cabeza, Bullrich continuaba haciendo campaña electoral e insistía en culpar exclusivamente a los delincuentes, evadiendo cualquier responsabilidad sobre el accionar negligente del agente. ¿Desde cuándo la «legítima defensa» justifica disparar a ciegas en una zona poblada, poniendo en riesgo a civiles?. El efectivo disparó una balacera en donde mató a uno de los jóvenes que intentaron robarle e hirió a otros que estaban en la vereda. 

    El cinismo de Bullrich llevó también a desviar la culpa hacia el gobernador Kicillof,. También intentó redefinir el caso como «tentativa de homicidio» busca criminalizar para justificar la acción desmedida que terminó con balas perdidas y muerte En tanto La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) emitió un comunicado antes del fallecimiento del niño, titulado “Dejen de tratarnos como basura”:

    “La culpa de que Thiago (un niño de 7 años) esté con muerte cerebral por once disparos de un policía federal, es de los delincuentes que le quisieron robar”, fue la defensa de la ministra Patricia Bullrich al policía de 21 años que se encuentra detenido.

    El policía Facundo Fajardo de 21 años, fuera de servicio y de civil, para evitar que le robaran la mochila, disparó once tiros en una parada de colectivo. El resultado fue un muerto, dos heridos (los tres impactados cuando huían desistiendo del robo) y un tiro en la nuca de Thiago, de 7 años, que estaba en la parada de colectivos en los hombros de su papá.

    La única intervención de la ministra fue la defensa del asesino, hombre de una fuerza bajo su mando, al que eximió de toda responsabilidad.

    Insistimos: los únicos (once) disparos fueron del arma reglamentaria de un policía fuera de su horario de servicio, fuera de su jurisdicción y de civil. Sólo la ministra puede decir que no es responsable de lo que allí sucedió.

    Este gobierno también es responsable de la miseria que están generando, que ponen a la gente en una permanente situación de desesperación, lo que aumenta obviamente la posibilidad del delito contra la propiedad.

    La mayoría de los casos de gatillo fácil (más del 66%) se dan en estas circunstancias.Por eso exigimos:

    – Prohibición del uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio y de civil.

    – No a la legalización del gatillo fácil

    – Fuera BULLRICH.

     

  • Caso Andrés Nuñez: niegan la prisión domiciliaria a uno de los policías condenados

     

    Se trata del excomisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado por el secuestro, tortura y desaparición seguida de muerte de Andrés Núñez, ocurrida en septiembre de 1990. A 35 años de los hechos, se aguarda el nuevo juicio contra sus encubridores. «Yo seguiré luchando por Andrés y todas las causas», sostuvo su compañera Mirna Gómez. Por Valeria Jasper (La Izquierda Diario).


    A 35 años de la desaparición de Andrés Núñez, la Cámara Penal de la ciudad denegó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado el ex comisario Luis Raúl Ponce Peralta, condenado en 2017 a reclusión perpetua por ser responsable de los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada en concurso real con torturas seguidas de muerte”.

    A Andrés Núñez lo secuestró, mató e hizo desaparecer una patota de la ex Brigada de Investigaciones (actual DDI) la madrugada del 27 al 28 de septiembre de 1990.

    «Estoy muy contenta con lo que decidieron los jueces. Son 35 años de lucha, a pesar de que siguen encubriendo cosas en la causa», manifestó Mirna Gómez, compañera de Núñez, una gran referente en la lucha por los derechos humanos en la región. Y agregó: «Yo seguiré luchando no solo por Andrés, seguiré acompañando todas las luchas, mientras mi salud me lo permita. Agradezco el acompañamiento de todos estos años».

    Desde octubre de 2018 la familia de Núñez espera que se ponga fecha al juicio contra otro grupo de policías, acusados de encubrimiento y otros delitos dentro del “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se trata de los exoficiales Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Había otros dos en la lista, los excomisarios Oscar Silva y Pedro Costilla, pero ambos murieron impunes.

    La familia siempre denunció el encubrimiento del Estado a los criminales, entre ellos PAblo Martín GErez Duhalde, sobrino de Eduardo Duhalde que lleva tres décadas prófugo. Esperan que alguna vez el Estado se digne a encontrarlo y entregarlo para su juzgamiento. Es quien comandó el operativo en el que se llevaron a Núñez y proveyó el campo de General Belgrano (a unos 100 kilómetros de La Plata) donde se enterraron los restos incinerados de la víctima.

    Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Caso-Andres-Nunez-niegan-la-prision-domiciliaria-a-uno-de-los-policias-condenados