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POR EL PODER DE LA JUSTICIA

Es positivo el reconocimiento de la situación por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) Carlos Rosenkratz, también que sea prioritario en su discurso de apertura, pero eso es solo el primer paso, después siempre hay un hiato, una ruptura espaciotemporal entre el diagnóstico de la situación y el diseño o proyecto  de soluciones; y la implementación de las mismas. Se siente inevitable una reestructuración interna, profunda, no se puede recuperar la confianza y legitimidad perdida con hechos aislados.

Es muy difícil conseguir un consenso total sobre algo, sin embargo en la Argentina hay un consenso general sobre que la palabra justicia o la justicia misma del país, está devaluada. Cuando llegás a consensos unánimes es porque la cosa está jodida. La legitimidad que perdió el poder judicial es esencial. Sin ella, no tiene sentido y no puede ser eficaz en la realización de sus fines.

En la actualidad los jueces no fallan solamente de acuerdo a la ley, y ahí existe una clave, los jueces son  empleados de la constitución y de la sociedad que les confía sus conflictos. Profesionales del derecho, respetuosos de las reglas que el pueblo de la Nación fijó para resolver los conflictos que les toca adjudicar. Personas que no se sirven del derecho, que no sirven a intereses inherentes al derecho. Los jueces no deben ser poderosos, deben ser justos.

La interrelación entre los poderes invisibles (descritos por Norberto Bobbio)  y la fachada formal de la burocracia Argentina son de íntima amistad. Alcanzaron niveles de literalidad complejos, el problema del Estado invisible es que deje de serlo, que se vea, y eso está pasando ahora. A su vez, también al poder político le cuesta bancarse y respetar un aparato burocrático judicial que los investigue y los sancione. Enormes retos a superar.

Que el Presidente de la Nación pida remover a un juez (en este caso a Ramos Padilla) revela nuestro bajo nivel de calidad institucional, mal o bien, como juez de instrucción hace su trabajo. Es un recado negativo que desde las responsabilidades más altas del Estado la reacción sea coartar la posibilidad de trabajar.

Ese mensaje ejecutivo tiene un efecto disciplinador muy fuerte hacia adentro del esquema burocrático porque la constitución nacional garantiza que algunos cargos  tengan protecciones precisamente para que puedan tolerar la interferencia de otros sectores. Estas protecciones se han disuelto con el paso de los años y lo peor es que está naturalizado. Quien detenta el poder político de turno tiene la posibilidad de vetar o instituir a un funcionario público por “x” motivo, lo cual anula toda lógica de República.

Todo el tiempo se negocian políticas públicas entre una parte de la dirigencia, instituciones y un sector de la sociedad que no tiene por función  participar en la creación de políticas. Por caso, Marcelo D’alessio viene a ser un concepto, como él hay muchos. El caso del falso abogado expone que hay toda una actividad empresarial creada en torno de la cuestión judicial en la que participan: abogados, periodistas, empresarios, políticos, servicios (con diferentes escalas) donde en lo más alto se condensa mucho poder económico y político.

Con las anomalías propias se fue construyendo todo este universo de personajes que son parte de la escenografía judicial. Hay todo un entramado paralegal que funciona alrededor de la justicia, y esto  tiene en parte que ver con la construcción de lejanía que generó la justicia Argentina, si la justicia deseara estar más cerca de la gente no necesitaría de este tipo de intermediarios.

Es una gran oportunidad para cambiar, si bien el sistema parece frágil, endeble; el sistema judicial argentino es muy fuerte para digerir los conflictos, en términos sociopolíticos. Habrá que ver si el sistema logra procesar el conflicto con el paso del tiempo, resistirlo y reconformarlo o si hay un quiebre real que nos permita recibir un poco, valga la redundancia, de justicia para todos.

Discurso de Carlos Rosenkrantz en la apertura del año judicial

Portada: NY Times
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    Milei en caída libre: una encuesta marca que el 65% de los argentinos desaprueba su gestión

     

    Un nuevo relevamiento profundiza el deterioro de la imagen del gobierno de Javier Milei: la desaprobación ya alcanza niveles críticos y confirma una tendencia sostenida de desgaste político, económico y social.

    Por Roque Pérez para NLI

    El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus peores momentos desde que asumió, y ya no se trata de percepciones aisladas sino de una tendencia consolidada. Según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, el 65% de los argentinos desaprueba su gestión, un dato que marca un quiebre en la relación entre el oficialismo y la sociedad.

    La cifra no aparece en el vacío. Por el contrario, se inscribe en un contexto donde distintos estudios de opinión vienen mostrando un deterioro sostenido. Relevamientos recientes ubican la desaprobación en torno al 60% o más, mientras la aprobación cae por debajo del 40%, confirmando que el núcleo de apoyo libertario se achica mes a mes.

    Un desgaste que ya no se puede disimular

    El dato del 65% de rechazo refleja algo más profundo que una simple fluctuación estadística: evidencia un cambio de clima social. Incluso consultoras que inicialmente habían sido favorables al gobierno coinciden en que la imagen presidencial se encuentra en su punto más bajo desde el inicio de la gestión.

    Este desgaste tiene múltiples causas. En primer lugar, la economía cotidiana no logra acompañar los indicadores macro que el oficialismo intenta exhibir. Aunque algunos datos muestran mejoras parciales, amplios sectores sociales perciben que el salario pierde poder adquisitivo, el empleo se precariza y el consumo sigue deprimido.

    A esto se suma un fenómeno cada vez más visible: la fragmentación social. Mientras ciertos sectores vinculados a actividades financieras o extractivas logran sostener niveles de consumo, la mayoría de la población enfrenta un deterioro en sus condiciones de vida, lo que alimenta el malestar generalizado.

    Corrupción, crisis política y pérdida de credibilidad

    El otro factor clave en la caída de la imagen oficial es la acumulación de escándalos. Las denuncias de corrupción —como el caso de la criptomoneda $LIBRA o las investigaciones que salpican a funcionarios cercanos— comenzaron a erosionar uno de los pilares discursivos del gobierno: su supuesta lucha contra “la casta”.

    En ese marco, la percepción social se vuelve cada vez más crítica. Encuestas recientes señalan que la corrupción, el desempleo y la inflación encabezan las preocupaciones de la población, configurando un escenario adverso para el oficialismo.

    Pero además, hay un elemento político central: el gobierno parece haber perdido el control de la agenda pública. La narrativa que en un inicio ordenaba el debate —basada en el shock económico y la promesa de cambio— hoy aparece desgastada y sin capacidad de generar expectativas positivas.

    De la promesa al desencanto

    El núcleo del problema es que el contrato electoral empieza a resquebrajarse. Milei llegó al poder prometiendo sacrificios temporales a cambio de una mejora rápida. Sin embargo, esa mejora no se materializa en la vida cotidiana de la mayoría.

    La consecuencia es directa: las expectativas se deterioran y el humor social se vuelve cada vez más negativo. El rechazo ya no se limita a sectores opositores tradicionales, sino que empieza a expandirse hacia votantes que inicialmente acompañaron el proyecto libertario.

    En ese contexto, el dato del 65% de desaprobación no es solo una cifra: es una señal política contundente. Marca el pasaje de un gobierno con respaldo significativo a uno que enfrenta una crisis de legitimidad en expansión.

     

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