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«PONER EN RELEVANCIA EL VALOR DEL CONCEJO DELIBERANTE»

Ya estamos en el mes de las elecciones, llegó octubre y el domingo 27 tenemos que ir a votar. A nivel nacional y local. En Regina no sólo elegimos intendente, también diez Concejales (¿no son muchos?) y tres integrantes para el tribunal de cuentas. Las boletas se pueden cortar, ¿lo sabías?

En #latapa hace tiempo que ponemos sobre la mesa y en eje de discusión la importancia y el valor primordial que tiene para el buen funcionamiento y crecimiento de una ciudad, su Concejo Deliberante. Un espacio que ha sido denostado y a la vez olvidado por los votantes y también menospreciado por los funcionarios.

Contar con concejales capacitados, comprometidos y pro-activos, que lleven adelante nuevos proyectos y ordenanzas, que revean las que han quedado desactualizadas, que analicen las que han sido un copy-paste sin contextualización en función de la ciudad y su marco histórico actual, entre tantas otras cosas, es fundamental y prioritario como también lo es que sea un espacio pluralista y de debate.

En la elección local se presentan tres listas: la del PJ, la de JSRN y la del FIT. La UCR decidió bajase e ir sólo en los tramos de concejales y tribunos, y aseguró su participación como colectora de la lista de Weretilneck. JSRN, en tanto, es la única de las tres listas que no va atada a ningún candidato presidencial.

Esto quiere decir que podremos optar entre cuatro boletas que pueden analizarse y seccionarse en tres tramos: Intendente, concejales, y tribunal de cuentas.

Queremos poner en relevancia el valor de contar con un CD competente, es por eso que hacemos hincapié en la existente posibilidad de cortar boleta y elegir puntualmente sobre todos los espacios que convergen en la misma.

Proximamente en nuestra plataforma compartiremos la encuesta sobre los CONCEJALES locales. ¿Vos a los de que partido vas a votar? ¿Los conocés? ¿Por qué los votás? ¿Cortaste boleta alguna vez?

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    A través del ENACOM, Milei le perdona deudas millonarias a las empresas de telecomunicaciones

     

    El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

    La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.


    Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores

    Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.

    La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.

    El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.


    El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste

    Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.

    Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.

    No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.


    Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria

    La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.

    No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.

    La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.


    Un mensaje claro: incumplir paga

    Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.

    Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.

     

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