Ya estamos en el mes de las elecciones, llegó octubre y el domingo 27 tenemos que ir a votar. A nivel nacional y local. En Regina no sólo elegimos intendente, también diez Concejales (¿no son muchos?) y tres integrantes para el tribunal de cuentas. Las boletas se pueden cortar, ¿lo sabías?
En #latapa hace tiempo que ponemos sobre la mesa y en eje de discusión la importancia y el valor primordial que tiene para el buen funcionamiento y crecimiento de una ciudad, su Concejo Deliberante. Un espacio que ha sido denostado y a la vez olvidado por los votantes y también menospreciado por los funcionarios.
Contar con concejales capacitados, comprometidos y pro-activos, que lleven adelante nuevos proyectos y ordenanzas, que revean las que han quedado desactualizadas, que analicen las que han sido un copy-paste sin contextualización en función de la ciudad y su marco histórico actual, entre tantas otras cosas, es fundamental y prioritario como también lo es que sea un espacio pluralista y de debate.
En la elección local se presentan tres listas: la del PJ, la de JSRN y la del FIT. La UCR decidió bajase e ir sólo en los tramos de concejales y tribunos, y aseguró su participación como colectora de la lista de Weretilneck. JSRN, en tanto, es la única de las tres listas que no va atada a ningún candidato presidencial.
Esto quiere decir que podremos optar entre cuatro boletas que pueden analizarse y seccionarse en tres tramos: Intendente, concejales, y tribunal de cuentas.
Queremos poner en relevancia el valor de contar con un CD competente, es por eso que hacemos hincapié en la existente posibilidad de cortar boleta y elegir puntualmente sobre todos los espacios que convergen en la misma.
Proximamente en nuestra plataforma compartiremos la encuesta sobre los CONCEJALES locales. ¿Vos a los de que partido vas a votar? ¿Los conocés? ¿Por qué los votás?¿Cortaste boleta alguna vez?
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Durante siete años Paraná fue la capital de la Confederación Argentina mientras Buenos Aires permanecía separada. La historia detrás de una disputa que definió el país.
Por Alcides Blanco para NLI
Hubo un momento de la historia argentina en que Buenos Aires no era la capital, ni siquiera formaba parte del Estado nacional que decía representar a la Argentina. Mientras en la ciudad porteña funcionaba un gobierno separado, en Paraná se instalaban el presidente, el Congreso y las instituciones de la Confederación Argentina. Entre 1854 y 1861, la ciudad entrerriana se convirtió en el centro político de un país todavía incompleto, atravesado por una disputa que iba mucho más allá de una cuestión administrativa: quién tendría el poder de decidir sobre la Nación y quién se quedaría con los recursos que producían sus principales puertos y su Aduana.
La escena parece extraña desde el presente porque la Argentina suele pensarse históricamente desde Buenos Aires. La escuela, los manuales y hasta buena parte de la memoria nacional construyeron un relato en el que la capital aparece como un dato casi natural, como si Buenos Aires hubiera estado destinada desde siempre a ocupar ese lugar. Pero no fue así. La Constitución de 1853 estableció a Buenos Aires como capital, aunque la separación de la provincia del resto de la Confederación hizo imposible aplicar esa disposición. El gobierno nacional terminó instalándose en Paraná, que pasó a ser la capital efectiva de la Confederación.
El problema no era solamente dónde estaba la capital
Para comprender aquella disputa hay que mirar más allá del mapa. Después de la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, la organización nacional quedó atravesada por una contradicción gigantesca. Las provincias necesitaban construir un Estado común, pero Buenos Aires conservaba una posición económica excepcional, especialmente por el control de su puerto y de la Aduana, fuente fundamental de recursos fiscales. El conflicto entre Buenos Aires y la Confederación no era, por lo tanto, una discusión abstracta entre unitarios y federales: detrás de las instituciones estaba también la cuestión concreta de quién manejaba la caja.
Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y vencedor de Caseros, impulsó la organización constitucional. La Constitución sancionada en 1853 buscó establecer un sistema federal y construir un Estado nacional por encima de las disputas provinciales. Pero Buenos Aires rechazó ese proceso y permaneció separada. El resultado fue una situación insólita: existían dos estructuras políticas argentinas que reclamaban legitimidad sobre el mismo territorio histórico.
En ese escenario, Paraná adquirió una importancia que hasta entonces no tenía. La ciudad fue convertida en capital de la Confederación el 24 de marzo de 1854, después de la federalización del territorio entrerriano. Allí se instaló el gobierno encabezado por Urquiza y comenzó a funcionar el Congreso nacional. Las leyes sancionadas durante aquellos años llevan consigo una prueba documental extraordinaria: el propio Estado argentino legislaba desde Paraná.
No se trataba de una capital simbólica. Había un Estado funcionando en Paraná. Había presidente, ministros, legisladores, funcionarios, diplomáticos y una burocracia nacional que intentaba darle forma concreta a una estructura institucional todavía muy frágil. La investigación histórica reciente ha señalado precisamente que el Congreso reunido en Paraná fue un espacio central para la construcción política de aquella Argentina federal y para el aprendizaje institucional de dirigentes provenientes de distintas provincias.
Una capital sin los recursos de Buenos Aires
El problema era que construir un Estado requería dinero, y allí aparecía la enorme ventaja de Buenos Aires.
La Confederación tenía territorio, Constitución e instituciones, pero no disponía de una estructura económica comparable con la de la provincia porteña. Buenos Aires controlaba su Aduana y conservaba los beneficios derivados del comercio exterior. La situación generaba una paradoja: el Estado que pretendía organizar la Nación tenía menos recursos que la provincia que se había separado de él.
Por eso la cuestión del puerto resultaba inseparable de la cuestión de la capital. No alcanzaba con instalar oficinas y funcionarios en Paraná. Había que construir una estructura económica capaz de sostener al Estado nacional. La Confederación buscó entonces fortalecer otros circuitos comerciales y promover los puertos fluviales, mientras intentaba atraer inversiones, fomentar la inmigración y desarrollar nuevas actividades productivas. Durante la presidencia de Urquiza también se impulsaron tratados comerciales y políticas destinadas a ampliar las conexiones exteriores de las provincias.
La experiencia de Paraná fue, en ese sentido, un gigantesco laboratorio de construcción estatal. No era una ciudad preparada para ser una gran capital nacional, pero debió transformarse rápidamente para cumplir esa función. Incluso su vida cultural adquirió una nueva dimensión. El Teatro 3 de Febrero, inaugurado en 1852, ganó protagonismo cuando Paraná se convirtió en capital y comenzó a recibir una actividad artística acorde con su nueva jerarquía política.
La capital entrerriana intentaba demostrar que la Argentina podía organizarse desde el interior.
El regreso de Buenos Aires y la historia que quedó
La experiencia no duró. La tensión entre la Confederación y Buenos Aires terminó desembocando en nuevos enfrentamientos militares. En 1859, las fuerzas de Urquiza derrotaron al ejército porteño comandado por Bartolomé Mitre en la batalla de Cepeda. El posterior Pacto de San José de Flores abrió el camino para la reincorporación de Buenos Aires, aunque las diferencias no desaparecieron.
Dos años después llegó Pavón. Allí se produjo el quiebre definitivo de aquel experimento federal. La Confederación quedó políticamente desarticulada y Buenos Aires recuperó una posición central en la organización nacional. En diciembre de 1861 se produjo la disolución formal de la Confederación.
Pero hay un dato todavía más revelador: la cuestión de la capital tampoco quedó resuelta inmediatamente. La federalización definitiva de Buenos Aires recién llegaría en 1880, después de nuevos conflictos políticos y militares. Recién entonces la ciudad quedó convertida formalmente en Capital Federal de la República Argentina, separada institucionalmente de la provincia de Buenos Aires.
La historia de Paraná como capital, entonces, no debería quedar reducida a una curiosidad escolar. Fue uno de los momentos en que se puso a prueba una pregunta que atraviesa toda la historia argentina: si el país debía organizarse alrededor de la ciudad-puerto o si podía construirse un verdadero poder nacional capaz de equilibrar a Buenos Aires con las provincias.
La respuesta histórica terminó inclinándose hacia Buenos Aires, pero el episodio demuestra que esa centralidad nunca fue inevitable. Fue el resultado de disputas políticas, económicas, militares e institucionales. Hubo una Argentina en la que el Congreso sesionaba en Paraná, el presidente gobernaba desde Entre Ríos y Buenos Aires era un Estado separado.
Quizás por eso aquella etapa merece ser recordada. Porque detrás de la anécdota de una capital perdida aparece una discusión mucho más profunda y todavía reconocible: cómo se distribuyen el poder, los recursos y las decisiones entre el centro y el resto del país.
Y esa pregunta, a casi dos siglos de distancia, todavía no terminó de encontrar una respuesta definitiva.
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Frente al paro de 48 horas en protesta por el incumplimiento con la Ley de Financiamiento Universitario, la respuesta del Gobierno fue extremar la tensión. Alejandro «Galleguito» Álvarez salió al ataque de los rectores, a los que acusó de ser «cómplices de vulnerar el derecho a la educación».
Al hacer alusión al cronograma de medidas de fuerza, el subsecretario de Políticas Universitarias posteó: «Los que convirtieron la educación universitaria en botín partidario te dicen que defienden la autonomía».
En esa línea, al responde a la publicación de un usuario libertario que pedía que los docentes «no cobren los días que no trabajan», el Galleguito respondió: «Sí cobran, las autoridades autónomas son cómplices de vulnerar el derecho a la educación».
Además de rechazar el paro que se extendió hasta este viernes en las universidades de todo el país, Álvarez hizo embestidas localizadas. La más fuerte se dirigió a Mar del Plata, donde le reclamó en una nota a la rectora Mónica Biasone que «ponga fin a la violencia» en esa universidad.
El funcionario de Milei refirió a una pelea durante una asamblea en Humanidades, donde la presencia de militantes libertarios ajenos a esa facultad derivó en un tumulto con estudiantes de otras agrupaciones.
En esa asamblea, una de las personas que hizo uso de la palabra cuestionó que «la pasividad del movimiento estudiantil» permita «que los fachos quieran intentar militar el ajuste en la facultad».
Álvarez le reclamó a la rectora «que asuma sus responsabilidades y ponga fin a la violencia» y que, «si no puede hacerlo, solicite la asistencia de las fuerzas de seguridad». Más a fondo, le advirtió: «Continuar con su actitud pasiva es complicidad con los violentos».
En la nota que le envió a Biasone «por instrucción de la ministra Sandra Pettovello», Álvarez condenó las expresiones de «una supuesta docente militante de una agrupación política socialista» y sostuvo que los dichos incitaron «a la violencia».
Frente a eso, le reclamó a la rectora «que asuma sus responsabilidades y ponga fin a la violencia» y que, «si no puede hacerlo, solicite la asistencia de las fuerzas de seguridad». Más a fondo, le advirtió: «Continuar con su actitud pasiva es complicidad con los violentos».
La alusión al socialismo que hace el funcionario de Milei no es casual. Biasone es dirigente de Partido Socialista, al igual que su predecesor en el cargo, Alfredo Lazzaretti. Biasone fue electa a fines de 2025 en el marco de un acuerdo de su espacio con el radicalismo de Maximiliano Abad.
De hecho, la vice rectora de esa universidad es Marina Sánchez Herrero, esposa del senador nacional y referente de la UCR bonaerense.
Incluso, meses atrás hubo tensiones entre radicales y libertarios, cuando el propio Abad impulsó que los hoteles de Chapadmalal que el Gobierno busca privatizar, pasen a manos de la universidad marplatense.
Frente a la nota enviada por Álvarez reclamándole «medidas disciplinarias» a una «supuesta docente», Biasone replicó que la universidad «cuenta con sus mecanismos institucionales para abordar estas cuestiones».
Aprovechando el cruce público, la rectora dijo: «Desde que asumí vengo solicitando una audiencia para poder abordar personalmente las cuestiones centrales que atraviesa nuestra Universidad, la misma hasta el momento, no me ha sido concedida».
«Va a ser citada cuando tenga una solución a la violencia, la tiene?», replicó Álvarez, habilitando debajo de su tuit una serie de posteos ofensivos contra la rectora.
«Ese título no es inocente: fue consigna de Benito Mussolini», señalaron desde la Asociación de Docentes de la UNS al referirse al libro «Dios, patria y familia» de Santurio y en rechazo a la actividad
Por otro lado, en Bahía Blanca también se registraron tensiones entre dirigentes libertarios y autoridades universitarias.
En este caso fue por la presentación en el Campus Palihue de la Universidad Nacional del Sur (UNS) del libro «Dios, Patria, Familia» del diputado nacional de LLA Santiago Santurio que disparó el rechazo de numerosos agrupaciones de la comunidad universitaria que denunciaron «un intento de normalizar el fascismo dentro de una universidad pública».
«Ese título no es inocente: fue consigna de Benito Mussolini, adoptada por Francisco Franco en España, por Antonio Salazar en Portugal y hoy es bandera de las derechas en todo el mundo», señalaron desde la Asociación de Docentes de la UNS al referirse al título del libro de Santurio y en rechazo a la actividad.
La polémica escaló al punto que llevó al Consejo Superior a aclarar que la presentación del libro «no contó con aval institucional ni académico de ningún Departamento de la UNS», aunque señalaron que la presentación no debe ser «prohibida o censurada».
En un comunicado, el Consejo Superior de la UNS cuestionó que el libro de Santurio «contiene expresiones falaces y agraviantes para con la Institución que representamos y sus dependencias y están firmadas por personas que llevan adelante acciones concretas en contra de ellas desde los lugares de poder que ocupan».
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