Ya estamos en el mes de las elecciones, llegó octubre y el domingo 27 tenemos que ir a votar. A nivel nacional y local. En Regina no sólo elegimos intendente, también diez Concejales (¿no son muchos?) y tres integrantes para el tribunal de cuentas. Las boletas se pueden cortar, ¿lo sabías?
En #latapa hace tiempo que ponemos sobre la mesa y en eje de discusión la importancia y el valor primordial que tiene para el buen funcionamiento y crecimiento de una ciudad, su Concejo Deliberante. Un espacio que ha sido denostado y a la vez olvidado por los votantes y también menospreciado por los funcionarios.
Contar con concejales capacitados, comprometidos y pro-activos, que lleven adelante nuevos proyectos y ordenanzas, que revean las que han quedado desactualizadas, que analicen las que han sido un copy-paste sin contextualización en función de la ciudad y su marco histórico actual, entre tantas otras cosas, es fundamental y prioritario como también lo es que sea un espacio pluralista y de debate.
En la elección local se presentan tres listas: la del PJ, la de JSRN y la del FIT. La UCR decidió bajase e ir sólo en los tramos de concejales y tribunos, y aseguró su participación como colectora de la lista de Weretilneck. JSRN, en tanto, es la única de las tres listas que no va atada a ningún candidato presidencial.
Esto quiere decir que podremos optar entre cuatro boletas que pueden analizarse y seccionarse en tres tramos: Intendente, concejales, y tribunal de cuentas.
Queremos poner en relevancia el valor de contar con un CD competente, es por eso que hacemos hincapié en la existente posibilidad de cortar boleta y elegir puntualmente sobre todos los espacios que convergen en la misma.
Proximamente en nuestra plataforma compartiremos la encuesta sobre los CONCEJALES locales. ¿Vos a los de que partido vas a votar? ¿Los conocés? ¿Por qué los votás?¿Cortaste boleta alguna vez?
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El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El ajuste llega a quienes más dependen del Estado
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
El Gobierno nacional anunció la preadjudicación de la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal a Jan De Nul asociada a la firma argentina Servimagnus. La decisión surge del dictamen elaborado por la Comisión Evaluadora de la licitación internacional que impulsa la privatización del principal corredor fluvial del país.
Según el dictamen la unión Jan De Nul-Servimagnus obtuvo el mejor desempeño en las etapas de evaluación técnica y antecedentes, alcanzando 66,20 puntos, mientras que la oferta de DEME logró 42,14 puntos.
La diferencia se produjo en la valoración técnica, ya que ambas empresas presentaron exactamente las mismas tarifas económicas para las tres etapas de la concesión y consiguieron el puntaje máximo en ese apartado.
La empresa ganadora acreditó experiencia por más de 210 millones de metros cúbicos dragados en la Hidrovía y otros proyectos internacionales, además de antecedentes en balizamiento y mantenimiento de vías navegables similares.
En cambio, gran parte de los antecedentes presentados por DEME fueron descartados durante el proceso de evaluación por no ajustarse a los criterios establecidos en el pliego.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que el proceso atravesó tres etapas de análisis, que no recibió impugnaciones de las empresas participantes y que las denuncias judiciales presentadas contra la licitación fueron rechazadas.
El Gobierno sostiene que la nueva concesión permitirá una reducción inmediata cercana al 15% en los costos logísticos y una modernización integral de la tecnología de navegación.
La preadjudicación abre ahora una instancia final de siete días corridos para la presentación de eventuales impugnaciones al dictamen. Cumplido ese plazo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación quedará en condiciones de avanzar con la adjudicación definitiva del contrato para la vía por la que circula alrededor del 80% del comercio exterior argentino.
En paralelo, las principales entidades usuarias del sistema, entre ellas la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Unión Industrial Argentina, celebraron el avance y pidieron rapidez para la adjudicación definitiva.
