Poeta reginense, ganador de premio del Fondo Editorial Rionegrino

Patricia Bullrich cambió de estrategia con el peronismo en el Senado ante el riesgo de que Karina Milei la aísle como lo hizo con Victoria Villarruel. La exministra de Seguridad aceptó al filo del fin de semana otorgarle al interbloque de José Mayans seis lugares en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto y otros seis en la de Asuntos Constitucionales, acaso más importante que la primera porque por ahí debería tramitarse la discusión sobre la reforma política que impulsa Javier Milei.

En la de Relaciones Exteriores, el formoseño anotó los nombres de Marcelo Lewandowski, Juan Manzur, Jorge Capitanich, Adán Bahl, Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, mientras que para la de Asuntos Constitucionales todavía no se conoce el detalle de los senadores que se sumarán.

El giro de la jefa de la bancada libertaria se produce después de una refriega que duró todo el verano con Mayans y el PJ, que reclamaban el respeto a la proporcionalidad de los bloques para la integración de las comisiones. De hecho, el peronismo sigue sin incorporarse a la comisión de Acuerdos, la que discute los pliegos de los jueces, porque allí Bullrich sólo le dejó tres sillas.

Un senador libertario admitió ante LPO que «se hizo un esfuerzo para ajustar lo que se podía en las comisiones donde no había conformación completa». Aunque reconoció que el peronismo «está abajo» de lo que correspondería por representación en la comisión de Acuerdos, reivindica como un hecho positivo «la voluntad de compensar y dar lugares» en las otras.

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Sin embargo, un colega de su bloque admitió que la maniobra no se concretó sin hacer las cuentas. «Entiendo que los números siguen siendo favorables de la comisión, eso da tranquilidad», dijo.

Fuentes parlamentarias argumentan que a Bullrich no le quedó otra que aceptar las condiciones del peronismo porque el gobierno está complicado para conseguir las voluntades que necesita en el debate de la eliminación de las PASO, la reforma de la Boleta Única de Papel (BUP) y el financiamiento de las campañas políticas. La especulación, en base a los primeros contactos informales, es que ni los gobernadores radicales ni los peronistas quieren suprimir las primarias pero que los representantes del PJ en la Cámara Alta podrían aceptar la modificación del reglamento de la BUP, para que se establezca la validez del tilde en el primer tramo para producir efecto arrastre en el resto de la tira.

Di Tullio, Bahl y Capitanich.

Además, la ex ministra de Seguridad observa en cada reunión de mesa política como el gobierno queda cada vez más absorbido por Karina y la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso es administrada por Martín Menem, de relación directa con la hermana presidencial. En términos formales, Milei no tiene otro interlocutor en el Senado que la propia Bullrich porque no hay diálogo con Villarruel ni tampoco con el presidente provisional de la cámara, Bartolomé Abdala.

La tortuosa construcción libertaria con Bullrich habría terminado beneficiando al peronismo en el mismo terreno donde venía perdiendo desde el recambio legislativo de diciembre. «Siempre existe un lado bueno», celebró un senador peronista de larga experiencia y agregó: «la verdad es que no entiendo ninguna decisión que esté en contra del reglamento interno, está claro en artículo 91 y también en 93, así que debería saldarse esa discusión absurda».

La tortuosa construcción libertaria con Bullrich habría terminado beneficiando al peronismo en el mismo terreno donde venía perdiendo desde el recambio legislativo de diciembre. ‘Siempre existe un lado bueno’, celebró un senador peronista.

Frente a esa situación, Capitanich presentó dos proyectos propios, uno para convertir las PASO en una competencia voluntaria u optativa y otro para «garantizar transparencia, regular la publicidad digital y asegurar financiamiento electoral claro y trazable».

También el radical Eduardo Vischi elaboró uno para que las primarias «dejan de ser obligatorias para los ciudadanos, eliminando la sanción o carga pública de asistir». Su iniciativa, según su entorno, «admite la preinscripción de los electores, optimizando la organización del acto electivo; posibilita que las agrupaciones sin competencia interna eviten esta instancia; y establece un umbral mínimo del 10% del padrón para que se lleven adelante».

Martín Llaryora anticipa que el plan económico de Javier Milei naufraga y que la inflación se escapa: por eso otorgó a los docentes -el grupo de estatales más grande- un aumento del 40%, muy por encima de cualquier cálculo libertario.

El Gobierno cordobés jugó fuerte, aunque acorralado por el gremio de docentes que endureció su postura. Lo cierto es que al final del día, Llaryora admitió un 40% para todo el año, en un esquema de aumentos mensuales atados al IPC y con una cláusula de revisión en octubre. Es un número que rompe por completo con las previsiones oficiales.

El Presupuesto provincial, alineado con las proyecciones nacionales de Javier Milei y su ministro Luis Caputo, estimaba una inflación apenas superior al 10% y un crecimiento económico del 6%. Ninguna de esas variables se está cumpliendo. El acuerdo docente funciona, entonces, como una admisión implícita de que el escenario económico es otro. Mucho más adverso.

Lo que se firmó con la UEPC no queda ahí. Como ocurre históricamente en Córdoba, el acuerdo docente se convierte en referencia obligada para el resto de los estatales. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), su titular Sergio Castro ya adelantó que buscarán replicar el esquema con un piso del 40%.

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Eso implica trasladar el impacto a toda la estructura estatal: administración central, fuerzas de seguridad, salud y jubilados. La cifra es contundente: el costo fiscal adicional ascendería a $1,25 billón en el año.

Aunque Llaryora destrabó el conflicto con docentes, y seguramente pasará lo mismo con el resto de los estatales provinciales, encendió un foco de conflicto con los intendentes. «Ahora, los empleados municipales se dan vuelta y piden un aumento igual que los docentes y eso nos prenden fuego las cuentas», dice un intendente peronista ajustado por la caída de la coparticipación desde hace ocho meses. La recaudación provincial viene mostrando signos de debilidad, en línea con la contracción de la actividad económica.

Ante ese panorama, en el Gobierno empiezan a mirar de reojo un recurso que hasta ahora evitaban mencionar: los fondos obtenidos en los mercados internacionales. Pero para los intendentes, esa posibilidad no es una solución: los gobiernos locales no tienen acceso al fondeo.