El poeta reginense Damián Catini recibió el viernes de parte de la directora del Fondo Editorial Rionegrino Eliana Navarro ejemplares de ‘Mi novia y yo’, obra ganadora del segundo premio en la última convocatoria anual del FER y que fue publicada recientemente por la editorial estatal.
En el SUM de la Escuela de Arte ambos fueron recibidos por la Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina, Silvia Alvarado, quien destacó el trabajo del poeta local y agradeció al FER por el acompañamiento.
Por su parte Navarro manifestó que “en este momento estamos materializando finalmente, con estas ediciones, el proceso que se viene haciendo durante todo el año y este es el momento en el que los autores se encuentran con sus libros. Ahora nos espera la segunda etapa que es el acercamiento de todos estos libros a la comunidad”.
“Hoy entregamos en la Biblioteca Mariano Moreno de Villa Regina ejemplares de los libros editados por el FER, la idea es estar presente con todo el material de autores y autoras rionegrinas y que se conozca”, agregó.
Los intendentes del PRO tuvieron la primera reunión con Diego Santilli desde que fue designado en el gabinete de Javier Milei.
La necesidad de una reunión con el ministro del Interior era algo que los jefes comunales amarillos ya habían planteado en el encuentro de abril último donde participó Mauricio Macri y Santilli se ausentó.
En aquella oportunidad, los intendentes ya habían comenzado su catarsis por las relaciones conflictivas con libertarios locales y la falta de articulación con Nación.
Frente a esa bronca incipiente, el ex presidente llamó a fortalecer la identidad PRO y los armados locales a 2027, en un contexto donde -como anticipó LPO- no descarta una eventual candidatura presidencial.
«No ponen palos en la rueda, ponen plantas», graficó a LPO uno de los intendentes consultados, que agregó: «Tengo más oposición en los libertarios que en el peronismo».
Este martes, la reunión coordinada por Cristian Ritondo y Soledad Martínez (presidente y vice del PRO bonaerense), se extendió por más de dos horas y en lo político la centralidad la tuvo la conflictiva convivencia que muchos intendentes mantienen con los concejales de LLA.
«No ponen palos en la rueda, ponen plantas», graficó a LPO uno de los intendentes consultados, que agregó: «Tengo más oposición en los libertarios que en el peronismo».
En mayor o menor medida, las tensiones con los libertarios flotan en la gran mayoría de los municipios PRO. Un caso extremo es el de Nueve de Julio, donde el bloque libertario hasta llegó a pedir la destitución de la intendenta María José Gentile.
«La convivencia es fundamental para poder proyectar», admitió otro mandatario consultado, que detalló que también se habló de las PASO como herramienta para evitar las fugas que se dieron en las legislativas del año pasado de intendentes PRO que no llegaron a un acuerdos con LLA. «Hay que evitar el dedo de Karina», dicen.
Frente a esos planteos, fuentes que participaron del encuentro señalaron que Santilli buscó poner paños fríos a las tensiones expuestas y pidió sostener puentes de comunicación con los libertarios.
Hay intendentes que reclaman Primarias «si o si» para sostener una alianza con los libertarios. «Hoy el plan del PRO es el Colo candidato y PASO en donde se pida en la provincia», dijo a LPO el referente amarillo de un distrito fuerte.
Más allá de eso, las urgencias del cotidiano también ocuparon la agenda del encuentro. En todos los municipios existen trabajos de infraestructura de Nación a medio terminar.
La idea es gestionar la reactivación de obras clave como sucedió en el caso de Junín con el paso bajo a nivel que había dejado partida en dos a la ciudad y que desde finales del año pasado la gestión PRO de Pablo Petrecca logró reflotar.
«De Nación no habíamos tenido ningún acercamiento», dijo a LPO uno de los participantes del mitin en la sede partidaria de Balcarce. Ahora la expectativa está puesta en que, vía Santilli, se pueda llegar a «fortalecer» la relación con la administración central y «ver si pueden llevar alguna obra».
No son los únicos que ven a Santilli como el interlocutor que puede abrir el grifo cerrado de Nación. También los intendentes del radicalismo bonaerense están buscando que su ex socio de Juntos los reciba con el fin de gestionar la reactivación de obras.
Además de Ritondo y Soledad Martínez, de la reunión con Santilli participaron Juan Ibarguren (Pinamar), Marcelo Matzkin (Zárate), Fernando Bouvier (Arrecifes), Jorge Etcheverry (Lobos), Javier Martínez (Pergamino), Sebastián Abella (Campana), María José Gentile (Nueve de Julio), Juan Fiorini (interino de Junín), Agustín Neme (interino de Mar del Plata), el diputado Alejandro Rabinovich y los senadores e intendentes en uso de licencia Guillermo Montenegro y Pablo Petrecca.
Por Resolución del Ministerio de Salud de Río Negro se establecieron medidas sanitarias restrictivas y extraordinarias en Cipolletti a partir de las 8 del jueves 23 de abril de 2020. Las medidas (que se enumeran en la Resolución anexa) se prolongarán hasta las 24 horas del día 30 de abril próximo, y están fundamentadas en…
Nicolás Martínez tiene 33 años y la mitad de su vida la pasó llevando pedidos arriba de una moto por las calles rosarinas. Trabaja en CoopExpress, la cooperativa que reúne a más de cien cadetes. Desde allí impulsaron la creación del Sindicato de Trabajadores Cadetes y Repartidores, aunque todavía no lograron que el gobierno nacional les reconozca la personería gremial.
La recesión económica empujó a miles de trabajadores hacia las aplicaciones para complementar ingresos o directamente sobrevivir tras perder el empleo formal. Profesionales, empleados, jubilados: la cadetería dejó de ser una changa juvenil y se convirtió en refugio laboral de la crisis.
El fenómeno se aceleró mientras cae el consumo y las aplicaciones consolidan su negocio. En Rosario calculan que hay unos 9 mil repartidores trabajando para las plataformas. Nicolás, secretario general del gremio, asegura que cada vez son más los cadetes que reclaman condiciones mínimas frente a jornadas extenuantes, accidentes sin cobertura y comisiones que ahogan tanto a repartidores como a comerciantes.
La ciudad se llenó de repartidores, ¿a qué se debe? ¿La crisis hizo que se convierta en el trabajo principal de mucha gente?
Sí, totalmente. Es una actividad que históricamente estuvo precarizada y muy golpeada, pero en los últimos años explotó por la crisis económica. Mucha gente que perdió el empleo formal o no llega a fin de mes termina recurriendo a las plataformas porque tiene una moto o una bicicleta.
La cadetería no es algo nuevo; trasladar mercadería en moto o bicicleta existe hace más de 30 años. Lo que se sumó desde 2019 son las aplicaciones, empresas multinacionales que trabajan a través de plataformas tecnológicas y se escudan en eso para decir que no son empleadoras y que nosotros no somos trabajadores, sino «colaboradores» o nuestros propios jefes.
Entonces tenés cada vez más gente haciendo esto por necesidad, pero sin derechos laborales, sin aportes y sin cobertura. Por eso planteamos la necesidad de sindicalizarse. Nuestra pelea es para que se reconozca la relación laboral y que las empresas se hagan cargo de sus trabajadores.
¿Hay una resistencia de los propios cadetes a organizarse?
Hay algunos casos, pero vemos que la crisis económica nos pegó muy fuerte. En esta etapa se perdieron cerca de 300 mil puestos de trabajo formales y muchos terminan en las plataformas porque tienen un vehículo.
También se suma mucha gente a la que no le alcanza el dinero y recurre al pluriempleo. Hay cada vez más personas haciendo esto por necesidad.
Tenés una explosión de gente volcándose a «cadetear» por la precarización, pero baja el consumo y hay menos laburo para los cadetes.
Exactamente. Eso nos precariza más porque hay compañeros trabajando 14 o 15 horas por día para hacer la misma cantidad de pedidos que antes hacías en 8 horas y para llevarse el mismo sueldo de hace dos o tres años.
Esto lleva a que los compañeros se organicen de distintas maneras; muchos se afilian y otros realizan acciones autoconvocadas, como los que cortaron en Roca y Córdoba (microcentro de Rosario) porque la Municipalidad los multa por estacionar o por usar las bicis públicas para trabajar. En Córdoba hubo un paro de Pedidos Ya, acciones que antes no se veían.
En Rosario también hay mucha disconformidad de parte de los comerciantes con PedidosYa.
Sí, tienen tarifas abusivas del 30%. Monopolizaron el mercado. Si comprás una hamburguesa, al comercio le descuentan el 30% y además al usuario le cobran el envío; el cadete solo recibe un costo por kilómetro que es ínfimo y que además paga el cliente, no la empresa.
Frente a esto, las hamburgueserías aprovecharon Burguerland, el festival gastronómico que se organiza en Rosario a principios de abril, para organizarse y amenazar que se pasaban a Rappi y ahora están negociando la tarifa con PedidosYa.
Nosotros planteamos que el Estado debe intervenir con reglas claras y obligar a las empresas a hacerse cargo de sus trabajadores. Ya hay fallos, como el de la Corte Suprema de Buenos Aires, que reconoció la relación laboral y multó a estas aplicaciones con 20 millones de pesos a cada una por relación laboral encubierta. También hay experiencias internacionales, como en España, porque este es un fenómeno mundial.
¿Tienen algún tipo de diálogo con la patronal?
No. En Rosario ni siquiera tienen sede física, incumpliendo la ordenanza local que exige un local habilitado. Son empresas que no pagan impuestos municipales, provinciales ni nacionales; se llevan toda la plata afuera y nadie las controla.
Es un claro caso de inutilidad del Estado. Son empresas con ganancias extraordinarias que operan sin regulaciones ni tributan como pagamos todos.
Trabajar en la calle es un riesgo muy grande, ante un accidente, ¿cuál es el protocolo?
No se hacen cargo de nada. Las app te obligan a pagar un seguro de accidentes personales que ellos eligen, pero no brindan información. Cuando los compañeros chocan, no saben qué tienen que hacer ni a qué teléfono llamar porque la empresa no da esos datos.
Tampoco tenemos obra social ni aportes jubilatorios, a pesar de ser miles de trabajadores que podríamos aportar al sistema previsional que tiene tantos problemas de desfinanciamiento. Acá hay una fuente muy importante que tendría que estar aportando.
Por eso creemos que es fundamental contar con un sindicato y le venimos reclamando al gobierno nacional que nos reconozca la personería gremial para avanzar en un convenio colectivo con reglas claras que seguramente será mucho más flexibles que otras ramas.
¿Ustedes pertenecen a alguna central obrera?
Estamos en la CATT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Nos reunimos con el triunvirato de la CGT porque peleamos contra artículos de la reforma laboral que pretendían considerarnos trabajadores independientes para dejarnos fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora lo estamos discutiendo en la Justicia.
También presentamos un proyecto para actualizar la ordenanza municipal, que tiene 26 años. Queremos que las empresas tengan un local, que registren a los trabajadores, que estemos bajo la órbita de las áreas de Producción y que haya identificación con código QR porque el único registro que existe hasta ahora es realizado por el Ministerio de Seguridad para diferenciarnos de los delincuentes que se disfrazan de cadetes.
¿Cuánto gana hoy un cadete?
Se desvirtuó todo por la crisis. Un pedido promedio está, como mucho, en 3 mil pesos. Se pueden sacar unos 10 mil pesos la hora entregando 3 o 4 pedidos, pero a eso hay que restarle el desgaste de la moto: aceite, cubiertas y transmisión, que ponemos nosotros.
Además, el sistema usa un algoritmo que te presiona: si no llegás rápido, te bajan de categoría y cobrás menos. Eso empuja a los compañeros a andar a 200 kilómetros por hora, cruzar en rojo y arriesgar la vida. Según el municipio, en Rosario hay cerca de 9 mil repartidores trabajando prácticamente a la deriva.
Por eso nosotros también planteamos que tiene que haber reglas claras y mayor profesionalización de la actividad. No solo porque reclamamos derechos laborales, sino porque manejamos alimentos, medicamentos y productos sensibles. Es una responsabilidad muy grande.
Yo trabajo de cadete desde los 18 años y vi cómo cambió todo: las aplicaciones lo venden como un trabajo cool o flexible, pero con la crisis hoy hay empleados, profesionales y hasta jubilados haciendo repartos para sobrevivir.
El Estado todavía no les reconoce la personería gremial, pero igual lograron construir una organización propia.
Sí. Como hace tres años que venimos gestionando la personería gremial y el Estado demora la respuesta, decidimos institucionalizarnos de otras maneras. Creamos la única mutual de cadetes del país, donde ofrecemos descuentos del 50% en farmacias, la proveeduría de los Empleados de Comercio, convenios con clínicas, mecánicos, repuestos y hasta campings mediante acuerdos con otros gremios.
Hace 10 años desarrollamos CoopExpress, una cooperativa donde trabajan más de 100 compañeros de forma autogestiva. Es la contracara de las aplicaciones: en vez de competir entre nosotros por un algoritmo, trabajamos de manera colectiva.
Durante la campaña previa a las elecciones municipales del 27 de octubre entrevistamos al, hoy, intendente electo la ciudad de Villa Regina Marcelo Orazi. En el día de ayer presentó a su equipo de trabajo, nosotros te mostramos sus ideas y proyectos sobre algunos de los ejes claves de su gestión: MEDIOAMBIENTE …la quema de…
El Club Atlético Regina equipo dirigido por Pedro García con la colaboración en la preparación física de Leo Mansilla y Jesús Gonzales, inició su pretemporada de cara al Federal C, con un cuantioso plantel de 33 jugadores. Los entrenamientos se comparten en la cancha ubicada en Av. Cipolletti, donde realizan los trabajos con pelota y…
Mientras millones de argentinos quedaron afuera del crédito, atrapados entre salarios pulverizados, alquileres impagables y tasas imposibles, el Banco Nación otorgó al menos 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) desde el inicio de la gestión de Milei. La cifra surge de información oficial obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública y vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre el poder político libertario y los recursos de la banca estatal.
Por Roque Pérez para NLI
La revelación expone una dimensión mucho más amplia que los casos individuales que habían comenzado a trascender durante los últimos meses. Hasta ahora, el debate público se concentraba en algunos nombres puntuales de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo que habían accedido a préstamos multimillonarios. Sin embargo, los datos difundidos muestran que no se trató de episodios aislados sino de una política que alcanzó a más de un millar de personas incluidas dentro de las categorías de control especial definidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Entre enero de 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 25.391 créditos hipotecarios. De ese total, 1.120 fueron para personas consideradas políticamente expuestas. Dicho de otro modo, aproximadamente uno de cada 23 préstamos terminó en manos de integrantes de la estructura política o de personas alcanzadas por ese régimen especial de control financiero.
Una modificación que despertó sospechas
La controversia adquirió una dimensión aún mayor cuando trascendió que durante la gestión libertaria se modificó la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares». Según la documentación citada en la investigación periodística, en septiembre de 2024 se incorporó explícitamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» dentro de los potenciales beneficiarios de la operatoria.
Ese cambio se produjo en medio de un contexto donde Milei sostenía un discurso centrado en el ajuste, la reducción del gasto público y la supuesta eliminación de privilegios de la denominada «casta». Sin embargo, la aparición sistemática de funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo entre los beneficiarios de créditos de enorme magnitud comenzó a generar un fuerte ruido político.
La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. La causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.
Los nombres que complican al relato libertario
Los casos que se conocieron durante los últimos meses resultan difíciles de conciliar con la narrativa oficial contra los privilegios estatales. Entre ellos aparecen funcionarios de primera línea vinculados directamente al equipo económico.
Según la información difundida, el director del Banco Central Pedro Juan Inchauspe obtuvo un crédito por alrededor de $510 millones. También figura Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con un préstamo de $373 millones, mientras que el secretario de Finanzas Federico Furiase recibió otro por $367 millones. A ellos se sumó Leandro Massaccesi, ex jefe de Gabinete de Capital Humano, quien accedió a un crédito por $420 millones.
La lista alimentó una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo hicieron funcionarios con salarios públicos para acceder a operaciones de semejante magnitud mientras gran parte de la población enfrenta enormes dificultades para calificar siquiera para un crédito hipotecario tradicional?
El oficialismo intentó relativizar la polémica argumentando que los préstamos cuestionados representaban una porción mínima del total otorgado por el Banco Nación. Sin embargo, la nueva información conocida modifica sustancialmente la escala del fenómeno. Ya no se trata de unos pocos nombres que aparecieron en redes sociales o bases de datos públicas: se trata de más de mil beneficiarios incluidos dentro de una categoría financiera especialmente monitoreada por el propio sistema bancario.
El choque entre discurso y realidad
La contradicción política aparece con claridad. Mientras Milei exige sacrificios permanentes a trabajadores, jubilados y sectores medios, la principal entidad financiera pública del país terminó financiando a una cantidad significativa de integrantes de la estructura política bajo condiciones que hoy resultan inaccesibles para buena parte de la sociedad.
La investigación judicial deberá determinar si existieron delitos o irregularidades administrativas. Pero aun si cada operación hubiese cumplido formalmente con todos los requisitos, el problema político permanece intacto: el relato de la lucha contra los privilegios empieza a mostrar grietas cuando quienes acceden a créditos millonarios aparecen vinculados a los mismos sectores que administran el Estado.
Y es justamente ahí donde el caso deja de ser una discusión bancaria para convertirse en una discusión de poder. Porque mientras el Gobierno repite que «no hay plata», los números revelan que sí hubo recursos disponibles para cientos de personas que forman parte del universo político que Milei prometió combatir cuando llegó a la Casa Rosada.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
