El poeta reginense Damián Catini recibió el viernes de parte de la directora del Fondo Editorial Rionegrino Eliana Navarro ejemplares de ‘Mi novia y yo’, obra ganadora del segundo premio en la última convocatoria anual del FER y que fue publicada recientemente por la editorial estatal.
En el SUM de la Escuela de Arte ambos fueron recibidos por la Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina, Silvia Alvarado, quien destacó el trabajo del poeta local y agradeció al FER por el acompañamiento.
Por su parte Navarro manifestó que “en este momento estamos materializando finalmente, con estas ediciones, el proceso que se viene haciendo durante todo el año y este es el momento en el que los autores se encuentran con sus libros. Ahora nos espera la segunda etapa que es el acercamiento de todos estos libros a la comunidad”.
“Hoy entregamos en la Biblioteca Mariano Moreno de Villa Regina ejemplares de los libros editados por el FER, la idea es estar presente con todo el material de autores y autoras rionegrinas y que se conozca”, agregó.
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El peronismo en el Senado bonaerense logró esquivar una ruptura que parecía inminente y cerró un acuerdo para conformar las comisiones de trabajo. El Frente Renovador cedió a La Cámpora la poderosa comisión de Asuntos Constitucionales y ese gesto de unidad permitió avanzar en un entendimiento.
Fue un viernes frenético con reuniones cruzadas entre Verónica Magario, Sergio Berni, Malena Galmarini y el camporista Emmanuel González Santalla. El peronismo estuvo al borde de la ruptura cuando la vicegobernadora cerró un esquema de comisiones sin acuerdo con el resto del peronismo.
Magario impuso a Germán Lago en Legislación General y quiso que Galmarini quede al frente de Asuntos Constitucionales, una comisión que controla La Cámpora desde hace años. La jugada de Magario se leyó en el kirchnerismo como una provocación y durante días el bloque estuvo al borde de la ruptura.
Este viernes, Malena aceptó dejar Asuntos Constitucionales a González Santalla y el massismo se quedará con Presupuesto e Impuestos, comisión que presidirá Valeria Arata. Además, como reconocimiento al gesto, La Cámpora comprometió su apoyo para que Galmarini presida Reforma Política, la comisión por la que pasarán varios proyectos que definirán el reglamento electoral del año próximo.
Por la comisión que controla La Cámpora pasa nada menos que los pliegos para la designación de jueces y funcionarios del Poder Judicial. También pasarán por ahí los pliegos de los futuros jueces de la Suprema Corte. En el peronismo no entienden por qué Magario pagó un alto costo político para dejar esa comisión -en un principio- en manos del massismo.
El Senado lleva dos meses y medio de parálisis y todavía no tuvo su primera sesión ordinaria del año. Las diferencias en el peronismo arrastran la actividad legislativa.
El malestar en el peronismo con la vicegobernadora es muy grande y durante días en el kirchnerismo se animaron a presagiar una ruptura del bloque. Si eso no ocurrió fue por la imposibilidad de encapsular una ruptura sólo en el Senado. Todos sabían que si se rompía en el bloque en la Cámara Alta, seguía una ruptura en Diputados y también en los Concejos Deliberantes.
La avanzada de Magario sobre el armado de las comisiones parece ligada a la tensión que hubo en los primeros meses del año cuando Cristina Kirchner logró imponer a Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado, un sillón que Axel Kicillof consideraba clave toda vez que es el segundo en la línea de sucesión.
Magario había jugado muy fuerte para ubicar en la vicepresidencia primera a Ayelén Durán, una senadora que responde a Andrés Larroque. Junto con Gabriel Godoy, Durán forma parte de lo que supo ser la cúpula de La Cámpora en Bahía Blanca. Esa estructura rompió con la conducción de Máximo Kirchner para sumarse al axelismo a través del Cuervo.
Dirigentes de la Costa Atlántica tomaron la posta y comenzaron a organizar un frazadazo en el Congreso para frenar la votación que buscará eliminar el régimen de subsidios al gas que impacta en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Un grupo de dirigentes se reunieron este martes en Villa Gesell y resolvieron llevar a la Cámara Alta las declaraciones de los Concejos Deliberantes y las firmas de vecinos pidiendo el mantenimiento de la Zona Fría.
La zona Atlántica es una de las más frías de la provincia. Intendentes y concejales sostienen que la eliminación del régimen tendrá un «impacto catastrófico» sobre miles de vecinos y hogares bonaerenses en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo y el aumento sostenido de alimentos y servicios públicos. En la Villa Gesell llegaron dirigentes de Mar del Plata, Tandil, General Madariaga, Balcarce, Maipú, Lobería, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea.
Gustavo Barrera, Intendente de Gesell y convocante de la reunión, dijo que la ciudad balnearia cuenta con alrededor de 12.000 medidores de gas y que actualmente más de 7.000 hogares presentan problemas para pagar, con deudas y avisos de corte.
«Si a esto se le suma un incremento mayor a la tarifa, va a ser catastrófico. La situación es realmente preocupante. Hay aumentos constantes y muchas familias ya no llegan. Por eso creemos que tiene que haber la fuerza necesaria para que esta quita, que ya tiene media sanción, no se apruebe en el Senado», dijo Barrera.
En tanto, el concejal Gustavo Pulti propuso conformar una red de municipios y ciudades en defensa de la Zona Fría, así como impulsar acciones conjuntas, entre ellas presentaciones judiciales y campañas de juntada de firmas.
También estuvo la diputada nacional Jimena López quien repudió la medida que significa una nueva quita de derechos por parte del Gobierno Nacional y alertó que «aproximadamente 1.300.000 bonaerenses vamos a perder el subsidio».
López dijo que el sentido de la Zona Fría es que los bonaerenses tienen más días de frío y consumen más metros cúbicos de gas. Mientras que un vecino de la CABA tiene mayores consumos durante casi 3 meses, los bonaerenses consumen esa misma cantidad durante 8 o 9 meses.
En el documento difundido tras la reunión, los dirigentes señalaron que «la modificación del régimen de Zona Fría representa una decisión profundamente injusta, insensible y centralista» y sostuvieron que «defender este beneficio significa cuidar el bolsillo de los vecinos y proteger la vida social, productiva y económica de nuestras comunidades».
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