El poeta reginense Damián Catini recibió el viernes de parte de la directora del Fondo Editorial Rionegrino Eliana Navarro ejemplares de ‘Mi novia y yo’, obra ganadora del segundo premio en la última convocatoria anual del FER y que fue publicada recientemente por la editorial estatal.
En el SUM de la Escuela de Arte ambos fueron recibidos por la Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina, Silvia Alvarado, quien destacó el trabajo del poeta local y agradeció al FER por el acompañamiento.
Por su parte Navarro manifestó que “en este momento estamos materializando finalmente, con estas ediciones, el proceso que se viene haciendo durante todo el año y este es el momento en el que los autores se encuentran con sus libros. Ahora nos espera la segunda etapa que es el acercamiento de todos estos libros a la comunidad”.
“Hoy entregamos en la Biblioteca Mariano Moreno de Villa Regina ejemplares de los libros editados por el FER, la idea es estar presente con todo el material de autores y autoras rionegrinas y que se conozca”, agregó.
La Directora de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina Katerina Iogna se reunió esta mañana con integrantes de la Mesa de Turismo Rural. En el encuentro se realizó un balance de las actividades desarrolladas durante el verano y se planificaron las propuestas para llevar adelante en lo que resta del año. Entre otros temas…
Arrancan las vacaciones de invierno y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa sobre las distintas propuestas planificadas, para disfrutar en familia, solo o acompañado, siempre respetando los protocolos correspondientes y cuidándonos entre todos. – GastroArte: junto a la Dirección de Cultura los invitamos a ser parte de la propuesta que…
Toto Caputo adjudicó este viernes la concesión de una nueva tanda de rutas nacionales y avanza en su objetivo de entregarle a privados el control de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por 20 años antes de julio.
Ante eso, en las entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron con obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto. Eso, a cambio de la multiplicación de los peajes.
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.
A la vez, denunciaron que, más allá de algunos movimientos de tierra, «no hay un kilómetro de nuevo asfalto» en los tramos de las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226 que atraviesan la provincia de Buenos Aires y que fueron entregados al control de privados.
En su resolución de viernes (ver abajo) el ministro de Economía le otorgó al consorcio de las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 205 y 226.
En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90
Además, le entregó mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste) la concesión de la Ruta Nacional 5 entre Luján (Buenos Aires) y Santa Rosa (La Pampa). Ceosa cotizó una tarifa de peaje inicial de 2.850 pesos.
En tanto, el consorcio ganador de las autopistas y las rutas 3, 205 y 226 cotizó una tarifa de peaje de 1.206 pesos. Eso, con el aditivo de una multiplicación de las cabinas de peajes.
«En la Ruta 3 van a poner ocho peajes de Capital a Bahía Blanca. Un peaje cada 90 kilómetros para no hacer nada, peor que en los 90», dijo a LPO Ricardo Lasca titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).
En esa entidad, advierten que en la Red Federal de Concesiones promovida por el gobierno libertario no existe inversiones de envergadura para evitar los choques frontales. «Es solo corte de pasto y mantenimiento. Es una estafa», acusó Lasca.
Un dato relevante es que para los 1.800 kilómetros de rutas que Caputo adjudicó este viernes, el Gobierno exige apenas 84,3 kilómetros de obras nuevas: 28,75 kilómetros para el caso de las autopistas y 55,98 kilómetros de ruta segura en la Ruta 226, entre el empalme de la Ruta 55 y la 22.
El tenor de obras en las rutas a privatizar por el gobierno libertario ya se advierte en la Etapa I, el llamado «Tramo Oriental» (RN 12 y 14) y Conexión (Puente Rosario- Victoria y 50 kilómeotros de la RN 174).
En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, fuentes del Ejecutivo consultadas señalaron a LPO que la Fiscalía de Estado evalúa una presentación judicial por la exclusión de la estatal bonaerense Aubasa de los tramos de la Etapa II que este viernes adjudicó Caputo.
La empresa ganadora de esa licitación fue Autovía Construcciones y Servicios S.A., del Grupo Cartellone, involucrado en la causa Cuadernos.
Con el control de esas trazas, la concesionaria, rebautizada como Autovía del Mercosur, al momento hizo tareas de limpieza de banquinas, mantenimiento de la calzada, mejoras en iluminación y «acondicionamiento general de la ruta».
«Recién ahora empezaron a hacer algo», dijo Lasca que, de todos modos, advirtió que no existen obras de magnitud. Eso, a pesar de que, para las obras en la ruta del Mercosur, el banco BICE que depende de Economía puso a disposición un crédito de 56 mil millones.
«Rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada», posteó este viernes en X el ministro de Economía.
«Caputo habla de inversión privada, cuando las obras están financiadas por el Fondo de las Pymes y el Banco BICE. Y encima no hay ente regulador, que tendría que haber salido por ley antes de adjudicar los corredores porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como la luz y el agua. Es escandaloso», acusó Lasca.
Mientras tanto, Caputo acelera con las licitaciones del resto de los tramos en su objetivo de alcanzar la totalidad de las concesiones a mitad de año.
Días atrás, se realizó la apertura de sobres de la Etapa II-B que abarca los Tramos Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8, RN 36, RN A-005 y RN 193), Portuario Sur (RN 9 y RN 188) y Norte (RN 9, RN 33 y la Circunvalación de Rosario).
Más de un centenar de ballenas francas registradas en Brasil llegan hasta Península Valdés para tener sus crías, según una reciente investigación del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) que concluye que ambos grupos integran una gran población de la costa este de Sudamérica. De acuerdo al estudio, al menos 124 ballenas que fueron fotografiadas…
Mientras el Gobierno vende la derogación de normas “ridículas” como parte de una limpieza burocrática, en el paquete aprobado en Diputados aparecen leyes vinculadas a soberanía tecnológica, producción pública de medicamentos y control estatal sobre contratos con multinacionales. Detrás de la motosierra administrativa emerge otro objetivo: desmontar herramientas históricas de regulación sobre sectores estratégicos.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Federico Sturzenegger eligió una puesta en escena eficaz. Habló de leyes sobre palomas mensajeras, registros absurdos, microfilmaciones olvidadas y regulaciones de otra época para justificar la llamada “Ley Hojarasca”. El relato oficial funciona porque mezcla normas efectivamente obsoletas con otras que, lejos de ser decorativas, todavía expresan una determinada idea de soberanía económica y tecnológica.
Entre esas normas aparece una de las menos discutidas públicamente pero más sensibles del paquete: la Ley 22.426 de Transferencia de Tecnología, sancionada en 1981 y orientada a regular contratos entre empresas locales y compañías extranjeras vinculados a patentes, marcas, licencias industriales, asistencia técnica y know how. La norma obligaba a registrar esos acuerdos y permitía al Estado intervenir frente a cláusulas consideradas abusivas o perjudiciales para el interés nacional. En otras palabras, el Estado conservaba capacidad de supervisión sobre relaciones comerciales donde históricamente existieron enormes asimetrías entre corporaciones multinacionales y empresas argentinas.
La derogación podría pasar inadvertida si no fuera porque uno de los sectores más atravesados por contratos de transferencia tecnológica es justamente el farmacéutico. Patentes, fórmulas, licencias, propiedad intelectual y derechos de fabricación forman parte del corazón económico de los grandes laboratorios internacionales. Y ahí es donde el proyecto libertario empieza a mostrar una coherencia política mucho más profunda que la simple eliminación de “normas viejas”.
El Gobierno no sólo impulsa la caída de la Ley 22.426. También busca derogar la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos y respalda jurídicamente a laboratorios estatales nacionales y provinciales. La combinación resulta difícil de leer como una casualidad: menos capacidad estatal para controlar contratos tecnológicos, menor respaldo político a la producción pública y una apertura cada vez más amplia a corporaciones extranjeras en sectores estratégicos.
La cuestión farmacéutica ocupa desde hace décadas un lugar central en la política exterior de Estados Unidos. Washington históricamente impulsó esquemas de protección de propiedad intelectual favorables a grandes laboratorios multinacionales, especialmente en debates sobre patentes, genéricos y regulación sanitaria. En Argentina, esas tensiones reaparecieron una y otra vez alrededor del acceso a medicamentos, la fabricación estatal y la capacidad del país para desarrollar tecnología propia sin depender completamente de compañías extranjeras.
En ese contexto, las derogaciones promovidas por Milei adquieren otra dimensión. Ya no se trata solamente de “desregular”. Lo que emerge es un cambio de paradigma: pasar de un modelo donde el Estado retenía herramientas de control sobre sectores estratégicos a otro donde esas relaciones quedan prácticamente libradas al mercado y a la capacidad de negociación de grandes actores privados.
La narrativa de la “hojarasca” cumple entonces una función política precisa. Mientras la discusión pública gira alrededor de leyes extravagantes y normas olvidadas, avanzan modificaciones sobre estructuras sensibles vinculadas a medios de comunicación, soberanía tecnológica, patrimonio cultural y producción sanitaria. El paquete aparece diseñado para licuar el debate político detrás de una estética antipolítica basada en la idea de “limpiar privilegios” y eliminar regulaciones absurdas.
La Ley 22.426 nació en un período marcado por discusiones sobre dependencia tecnológica y fuga de divisas. En aquellos años, buena parte de América Latina debatía cómo impedir contratos abusivos donde empresas extranjeras imponían regalías excesivas, restricciones productivas o mecanismos de subordinación económica a compañías locales. Con el tiempo, varias de esas herramientas fueron perdiendo peso práctico por reformas posteriores, pero su existencia seguía representando una concepción política concreta: entender la tecnología y el conocimiento como áreas estratégicas y no simplemente como mercancías sujetas al poder del mercado.
Ahí aparece el verdadero núcleo ideológico del proyecto libertario. Muchas de las normas incluidas en la “Ley Hojarasca” no son derogadas porque hayan quedado inútiles, sino porque expresan principios incompatibles con la lógica política de Milei: intervención estatal, regulación económica, protección de sectores estratégicos y defensa de herramientas de soberanía nacional.
Por eso, detrás de la supuesta limpieza administrativa, empieza a asomar algo bastante más profundo que una depuración burocrática. Empieza a discutirse qué margen de autonomía conserva un país cuando renuncia voluntariamente a regular áreas donde se juegan salud, tecnología, comunicación y poder económico.
La Legislatura aprobó una ampliación presupuestaria con la abstención de La Libertad Avanza y Jorge Macri avanzó con el RIGI porteño que reclamaban los libertarios.
Como contó LPO, la ampliación solicitada por el gobierno era una prueba del fracaso de la pauta inflacionaria de Milei: en un cuatrimestre superó la previsión para todo 2026.
En el peronismo habían reclamado que, además de la ampliación, el gobierno dejara de cobrarle Ingresos Brutos a los monotributistas, pero el oficialismo priorizó el acuerdo con los libertarios y los 21 votos del PJ y la izquierda fueron contra la ampliación.
Con el apoyo del larretismo y la UCR, el PRO logró la abstención de los libertarios y la votación terminó 24 a 21 con 14 abstenciones.
El RIGI porteño fue el proyecto insignia de Pilar Ramírez, la delegada de Karina en la Ciudad. Tras varios meses de negociaciones, la iniciativa, a la que se agregó otro régimen para medianas empresas, recibió la bendición de Jorge Macri y también del larretismo.
El bloque radical que conduce Manuela Thourte y donde conviven las líneas de Daniel Angelici, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti votó unido y junto al peronismo y la izquierda conta el RIGI y a favor del RIMI.
«La Ciudad no tiene yacimientos, pero sí talento, servicios, turismo. Y todo esto hay que potenciarlo», festejó Ramírez tras la sanción. «El RIGI es inviable para la Ciudad porque no existen acá inversiones en los sectores que habilita. El RIMI es injusto con quienes ya invirtieron», rechazó Claudia Neira del PJ. «Va a traer cero inversiones», dijo su compañero de bloque Matías Lammens.
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