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Poeta reginense, ganador de premio del Fondo Editorial Rionegrino

El poeta reginense Damián Catini recibió el viernes de parte de la directora del Fondo Editorial Rionegrino Eliana Navarro ejemplares de ‘Mi novia y yo’, obra ganadora del segundo premio en la última convocatoria anual del FER y que fue publicada recientemente por la editorial estatal.

En el SUM de la Escuela de Arte ambos fueron recibidos por la Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina, Silvia Alvarado, quien destacó el trabajo del poeta local y agradeció al FER por el acompañamiento.

Por su parte Navarro manifestó que “en este momento estamos materializando finalmente, con estas ediciones, el proceso que se viene haciendo durante todo el año y este es el momento en el que los autores se encuentran con sus libros. Ahora nos espera la segunda etapa que es el acercamiento de todos estos libros a la comunidad”.

“Hoy entregamos en la Biblioteca Mariano Moreno de Villa Regina ejemplares de los libros editados por el FER, la idea es estar presente con todo el material de autores y autoras rionegrinas y que se conozca”, agregó.

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    Que no engañe el nombre de personaje de historieta. El Súper RIGI no es un héroe  musculoso y de capa roja, pero en él tienen cifradas sus esperanzas el gobierno mileísta y sus asociados: la ley para atraer inversiones en “nuevas industrias”, aquellas que desarrollan infraestructura digital y tecnológica, empieza a discutirse en el Congreso y augura cambios fuertes para el futuro inmediato. El proyecto promete integrar a la Argentina en las cadenas globales de valor de la inteligencia artificial y la biotecnología. Viene con más dudas que claridades. Sam Altman, CEO de OpenAI, anunció el año pasado una inversión de veinticinco mil millones de dólares para instalar un data center en la Patagonia, que aún no se concretó. Ahora Elon Musk acaba de anunciar el desembarco de Tesla y un megacentro de datos en Argentina. ¿Finalmente van a venir los dólares? ¿Con qué condiciones y a riesgo de qué?

    La preocupación por la IA siempre estuvo en el discurso oficial, pero empezó a  traducirse en inciciativas concretas y en una dirección muy clara cuando Peter Thiel pasó por Casa Rosada y se instaló en Buenos Aires. Y empezaron los avances. Primero, con el Gemelo Social Digital. Después, con el proyecto de Federico Sturzenegger para reformar la Ley de Sociedades que crea la figura jurídica de “sociedades no humanas”, empresas que funcionan exclusivamente con algoritmos. Y ahora llegó el turno del Súper RIGI, que otorga reducciones impositivas, incentivos cambiarios y garantías en tribunales extranjeros a los capitales tecnológicos. Para los héroes de la civilización occidental, una ley con beneficios superpoderosos. Aún más que los del primer RIGI

    El Súper RIGI se sitúa en una encrucijada decisiva. La IA involucra dos viejos problemas que marchan juntos en el capitalismo: el reparto imperialista del mundo y la división internacional del trabajo. Este proyecto de ley coloca a la Argentina en una posición dependiente en ambos tableros. 

    La Argentina que pretende el capital tecnológico

    El 4 de junio pasado, Javier Milei y el ministro Sturzenegger firmaron una nota en Financial Times que promueve a Buenos Aires como la capital de la IA en el siglo XXI. Para que los inversores confíen, se mencionan la estabilidad geopolítica de la región, los beneficios fiscales y los presuntos logros del RIGI original: un flujo sostenido de inversiones hacia recursos energéticos y mineros.

    ¿La apuesta del gobierno por la IA será una mera operación publicitaria? La coyuntura ofrece indicios para pensar que se trata de algo más serio. Así lo indica el comunicado de YPF sobre la asociación estratégica con Tesla, que llegó este martes 16 de junio, justo un día antes del debate del Súper RIGI en comisiones en el Congreso. El proyecto ya tiene un nombre y apellido: Elon Musk.

    El gobierno libertario construye un proyecto de país subordinado a Estados Unidos y con una matriz productiva que se orienta a la provisión de energía y materias primas. El Súper RIGI amplía este modelo hacia el sector digital a partir de un doble diagnóstico: el carácter estratégico de la IA en términos geopolíticos y la necesidad de que Argentina se suba a la nueva “revolución industrial” con base en las tecnologías digitales.

    El proyecto de ley ofrece 30 años de estabilidad normativa para los proyectos de inversión. Casi ocho mandatos presidenciales. Milei le abre la puerta a los centros de datos, a la maquinaria bruta, en un gesto de pleitesía: brinda tierras, energía, protección jurídica y ahorro fiscal a las empresas tecnológicas del norte. A cambio, recibirá las inversiones y otras contribuciones para mantener el sueño de la reelección presidencial. Pero este es el elemento pintoresco de una transformación en la estructura productiva que responde a los intereses del capital tecnológico, esa fracción de la clase dominante con pretensiones de conducir los destinos del capitalismo y de las democracias. 

    Milei pasa, los data centers quedan: de esa infraestructura crítica depende el sostenimiento de un nuevo espacio que complejiza el funcionamiento histórico del imperialismo en todo el globo. 

    El nuevo espacio imperial

    Como explica el filósofo Éttiene Balibar, las fronteras de los imperios se desplazan con el fin de crear espacio para el comercio, la legislación y la cultura. El imperialismo estadounidense se basa en las inversiones y el endeudamiento, además de la amenaza latente de una intervención directa. Su interés consiste en apropiarse de recursos estratégicos para controlar los territorios como mercados en lugar de como colonias, salvo excepciones. El Súper RIGI se inscribe en esta trayectoria: ofrece el territorio nacional para que los capitales tecnológicos se enclaven sin ninguna contraprestación. El RIGI original realiza este mismo movimiento con el petróleo y la minería.

    Las geometrías del imperialismo se complejizan en el siglo XXI. El reparto del mundo se dirime también en la lucha por otro tipo de espacios, ya no terrestres, sino virtuales. El territorio digital se consolidó en las últimas dos décadas, pero muy pronto encontró sus conquistadores. Ganaron las plataformas, con Google, Amazon, Meta y Microsoft a la cabeza, y ahora la disputa se traslada a la IA: Palantir, Anthropic, OpenAI y Deepseek son algunos de los nuevos combatientes. Las relaciones de dependencia centro-periferia entre Estados se superponen con la competencia capitalista entre los “imperios de la comunicación” —así los bautiza Balibar— que se disputan las poblaciones de usuarios en las que se asienta su poderío.

    El registro de los datos de la ciudadanía y su análisis algorítmico es un botín de mercado con valor geopolítico. Quién posee los datos, dónde se alojan y bajo qué legislación son preguntas determinantes en el reparto imperialista del territorio digital. Trump y Xi Jinping lo saben. El presidente de Estados Unidos obligó a TikTok a vender la filial yanqui, que quedó en manos de un consorcio comandado por Oracle. China, por su parte, lidera el Índice de Soberanía Digital del Foro Tecnológico BRICS+: es decir que controla el hardware -infraestructura de comunicaciones, redes 5G, data  centers-, cuenta con sus propias empresas de plataformas -HuaweiCloud, Tencent, WeChat, entre otras-, impulsa estrategias nacionales de IA a largo plazo y dispone de capacidad regulatoria para controlar los flujos de datos.

    En Occidente, el poder de las corporaciones informáticas es transversal. El espacio digital que les pertenece funciona como una intermediación necesaria para la mayoría de las actividades económicas y sociales. El Súper RIGI implica una cesión de soberanía en favor de estas corporaciones, que requieren energía y tierras frías para sostener el almacenamiento de datos y la capacidad de cómputo. La competencia capitalista y el desarrollo de IA con fines militares no hará más que incrementar la demanda de las infraestructuras digitales. 

    Durante el gobierno de Macri, el regreso del FMI marcó un hito en el refuerzo de la dependencia argentina. Ahora, el Súper RIGI coloca la imaginación jurídica del Estado al servicio del imperialismo digital. Las plataformas y la IA, de modo análogo al poder financiero global, operan como una instancia de soberanía no estatal. En vez de disputar el territorio digital, se favorece a los empresarios más ricos del planeta, que se arrogan el privilegio de indicarles a los Estados la dirección que debe tomar el mundo. Así lo hizo Palantir, la empresa de Thiel, con el manifiesto que defiende los valores occidentales y advierte que no hay vuelta atrás en la carrera armamentística: “La cuestión no es si se fabricarán armas basadas en la IA, sino quién las fabricará y con qué fin”. 

    Desde el furgón de cola, Milei viaja contento. Se suma a una batalla que lo excede y funde el destino de la Argentina con el de los dueños de los fierros digitales.

    ¿La IA nos hará ricos?

    El Súper RIGI debe analizarse junto a la reforma de la Ley de Sociedades. Las “Sociedades Automatizadas” son sistemas algorítmicos autónomos que funcionan legalmente como empresas, pero sin requerir recursos humanos para su operatoria. En la Expo EFI de fines de abril, Sturzenegger promovió esta figura con el argumento de que “en los próximos diez años, el 90% del PBI mundial lo van a producir agentes de IA”. Invitó, también, a imaginarse un país con 50 millones de habitantes y 500 millones de agentes de IA que producen para todo el mundo. El gobierno se subordina a Silicon Valley con la esperanza de que la revolución tecnológica se derrame como crecimiento en la Argentina. 

    La grandilocuencia de Sturzenegger abre una discusión sobre la influencia de las fuerzas productivas algorítmicas en la acumulación capitalista. Está claro que el despliegue de estas tecnologías es la condición de posibilidad del imperialismo digital. ¿Pero cómo hicieron las corporaciones digitales para concentrar una porción cada vez mayor de la riqueza global? ¿Los algoritmos producen valor? ¿Nos haremos millonarios con los agentes de IA que vengan a territorio argentino?

    El ministro de Desregulación sugiere que sí. Pero Marx indica que solo el trabajo humano, en tanto tiempo de trabajo abstracto, puede crear el valor que sostiene la acumulación de capital. La distinción no es menor. Las plataformas y la IA se asientan en procesos de automatización sin precedentes. Estas nuevas industrias explotan relativamente pocos trabajadores. ¿Cómo hacen, entonces, para quedarse con ganancias? Se inmiscuyen en los procesos de producción y circulación de las demás industrias y de ese modo se apropian de la plusvalía producida por ellas. Sus ganancias dependen de que otros asuman la explotación de la fuerza de trabajo.

    Los monopolios informáticos y la plusvalía transferida

    George Caffentzis, en su libro En letras de sangre y fuego, denomina plusvalía transferida a este mecanismo de apropiación. McDonald’s, por ejemplo, produce hamburguesas. Para hacerlo, explota cocineros, cajeros, etcétera. Puede vender sus mercancías en el local, pero también lo hace a través de la infraestructura digital de Rappi y PedidosYa. Cada vez que una de estas plataformas concreta una venta para McDonald’s, se queda con una comisión. A través de ese precio, Rappi y PedidosYa se apropian del valor que produjeron los trabajadores de McDonalds, que son explotados dos veces: por el dueño de la franquicia y, de forma indirecta, por estas plataformas.

    Rappi y PedidosYa explotan a los repartidores. Pero el grueso de su ganancia proviene de la intermediación que les permite succionar el valor producido por otros. Si se amplía el esquema a las plataformas publicitarias -Google, Facebook, TikTok- y las de comercio electrónico -MercadoLibre-, se vislumbra una tendencia a la monopolización de la publicidad, la logística y el comercio. El costo del clic en Google, el espacio publicitario de Meta y la comisión de Galperín se sustentan en operaciones automáticas con una intervención mínima de trabajo humano. Las plataformas picotean las ganancias de otras industrias cuando cobran estos precios, pero también de los cuentapropistas que dependen de ellas.

    El esquema de la plusvalía transferida aplica para la IA, aunque todavía se desconoce cómo se sostendrá la rentabilidad, por ejemplo, de una empresa como OpenAI, que proyecta pérdidas por 115 mil millones de dólares hasta 2029. No parece alcanzar con las suscripciones de los usuarios ni con el cobro por el uso de tokens -los componentes básicos de texto que procesan los modelos- a los clientes más intensivos. A modo de prueba, ChatGPT empezó a mostrar publicidad en Estados Unidos y contrató a un ex Meta para liderar este desarrollo incipiente. ¿La IA generativa competirá con las plataformas publicitarias para sobrevivir?

    Las corporaciones informáticas persiguen el mismo objetivo que cualquier otra: ganancias. Aunque el mecanismo de la plusvalía transferida resulte abstracto, sus efectos se sienten en el bolsillo. Las ganancias que se apropian las plataformas son ingresos que les faltan a los trabajadores y a otros sectores del capital. La apuesta de Milei por la IA localiza una problemática de alcance global en torno al futuro del trabajo por la generalización de las tecnologías digitales.

    Scrollear no es trabajar, pero te van a explotar más

    Las plataformas y la IA cargan con una contradicción: en tanto arrojan ganancias, conducen a una crisis sistémica. La maquinaria algorítmica expande la automatización del trabajo administrativo y disminuye la necesidad de trabajo humano. Como resultado, se produce menos valor.

    Cuando esto ocurre, según Caffentzis, la explotación aumenta en la base del sistema: disminuyen los salarios, los trabajos se vuelven más precarios y se agudizan formas arcaicas de explotación, sobre todo en las periferias. La caída en la tasa de ganancia debe ser contrarrestada para que el capitalismo sobreviva. Los algoritmos, a diferencia de lo que sostiene Sturzenegger, no producen valor. Desatan, por el contrario, un recrudecimiento generalizado de la explotación. El salto tecnológico se monta sobre las espaldas de los trabajadores, que verán empeoradas sus condiciones materiales de existencia, aún más en una economía periférica como la argentina.

    Esto no significa que la fuerza de trabajo sea explotada directamente por TikTok, OpenAI o MercadoLibre. En Teoría de la dependencia digital, Cecilia Rikap desliza la hipótesis de que los usuarios producen datos con valor económico cuando interactúan en las redes. Pero si así fuera, el capitalismo seguiría su curso: no habría límites para el trabajo, los usuarios producirían datos todo el tiempo que quisieran y las plataformas podrían pagarles. Los usuarios consumen, dialogan, suben fotos, etcétera, pero no trabajan. Quien sí lo hace es la maquinaria algorítmica que necesita esa actividad social para producir datos.

    Las teorías del “tecnofeudalismo” tampoco aciertan. Las empresas digitales no son dueñas de recursos naturales escasos, como el suelo, ni parasitan a otros sectores a través de diezmos ni rentas. Poseen una maquinaria que produce un espacio social y mercantil que se ha vuelto indispensable para el resto. En ese espacio se generan datos de forma ilimitada mientras haya cantidades crecientes de energía y de agua para sostener esa producción. Esto es lo que el Súper RIGI le ofrece a los capitales tecnológicos a cambio de nada para la Argentina.

    ¿Tech New Deal?

    La disputa por el futuro está abierta y la élite de Silicon Valley lo sabe. Las corporaciones se arrogan una cualidad propia de la política: la construcción del tiempo por venir, incluso para anticiparse a los escenarios de desempleo que produciría la automatización en ciernes y el advenimiento de la Inteligencia Artificial General. Es el caso de Elon Musk, partidario de un ingreso básico universal financiado por el Estado, y de OpenAI, que propone la creación de un Fondo de Riqueza Pública para distribuir entre la ciudadanía los beneficios generados por la IA.

    Juan Grabois, que sostuvo una reunión de tres horas con Peter Thiel en su flamante casa de Barrio Parque, identifica en estas iniciativas el llamado a un nuevo pacto social, un Tech New Deal entre las clases dominantes y las subalternas. Pero esta paritaria compra demasiado pronto el futuro que proyectan las corporaciones: un horizonte de abundancia por el incremento de la productividad y el comando digital del conjunto de la economía. Una idea con la que concuerda Sturzenegger.

    ¿La acumulación de riqueza con la que sueñan los capitales tecnológicos será de tal magnitud como para que al resto de la humanidad no le quede otra alternativa que conformarse con las migajas? ¿Desde cuándo los millonarios son tan generosos con las clases dominadas? La competencia entre las corporaciones, la crisis del trabajo y el desarrollo bélico de la IA desmienten los escenarios optimistas. 

    Hay que sentarse con el enemigo. Pero la política consiste, ante todo, en la posibilidad de patear el tablero y empezar la discusión bajo otras condiciones. El campo popular necesita entender qué capitalismo es este para construir una alternativa política a la altura de este tiempo histórico.

    Hacia dónde vamos

    El Súper RIGI, que empieza a discutirse en el Congreso, es el camino a una rendición total, ¿pero existen otros caminos? Quizás. Brasil sancionó el régimen Redata, que otorga beneficios fiscales para la instalación de data centers, pero exige a cambio la utilización de energías renovables, controles de eficiencia hídrica, inversiones en I+D y que un mínimo del 10% de la capacidad de almacenamiento se destine al mercado interno. 

    El desarrollo de infraestructura digital en el propio territorio constituye una oportunidad para incidir en la industria y ejercer soberanía sobre los flujos de datos. La confrontación con las corporaciones debe partir de una postura política clara en relación con las nuevas dinámicas del imperialismo y los mecanismos de apropiación de la riqueza. Argentina favoreció, por ejemplo, el crecimiento de MercadoLibre, un imperio regional que se ha expandido por el continente americano. La riqueza de Galperín no proviene de los algoritmos, sino de los beneficios que le dio el Estado y del trabajo argentino. Su plataforma es un monopolio que le permite transferirse el valor que producen otros.

    Milei celebra a Galperín y viceversa. Mientras tanto, ambos admiran a los nenes con superpoderes del norte. Musk, Thiel y compañía hacen política para luego extinguirla: ese es el sueño húmedo de los tecnócratas, un mundo en el que los fierros digitales pesan más que la voluntad de las mayorías. Argentina, en la imaginación libertaria y de Silicon Valley, se condena a la especialidad de la periferia: la economía extractiva y la exportación de materias primas situadas en el extremo inferior de la cadena de valor. La maquinaria, el conocimiento producido a partir de los datos y los desarrollos de software se quedan en el norte.

    Para construir un proyecto emancipatorio, tal vez haya que juntar todas las contradicciones. Un hilo no tan delgado une la valoración bursátil de las corporaciones tecnológicas con cierto malestar en la cultura, que se expresa, por ejemplo, en los debates sobre los efectos de las redes en las nuevas generaciones. De fondo está el tiempo que se vive en el espacio digital. La disputa por quién pone las reglas para ese tiempo y ese espacio que estalla en conflictos cotidianos, pero que también incide en que las mayorías trabajen cada vez más para ganar cada vez menos.

    No hay razón para demorar: las derechas y las élites tecnológicas deciden sobre el mundo mientras lo construyen. El Súper RIGI brinda el armazón normativo para que Thiel y Musk sean más libres que los argentinos y las argentinas de a pie.

    La entrada ¡AI, Argentina! se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    Discapacidad sin respaldo: Milei elimina las compensaciones para pasajes gratuitos y pone en riesgo un derecho básico

     

    El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.

    Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.

    El ajuste llega a quienes más dependen del Estado

    El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.

    Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.

    El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.

    La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer

    En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.

    La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente

    La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.

    Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

    Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.

    La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.

    Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales

    Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.

    Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.

    La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.

     

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    La Justicia encontró una nota que confirma un acuerdo entre un empresario cripto cercano a Milei y Hayden Davies para que el presidente promocionara a Davies como su asesor.

    Davies fue uno de los mentores de la estafa Libra que Milei promocionó en sus redes y le dejó al norteamericano más de 100 millones de dólares en su cuenta.

    Tras tener la causa planchada varios meses, el fiscal Eduardo Taiano pidió el análisis del teléfono de Mauricio Novelli, el lobista que acercó a Davies con Milei.

    Increíblemente, Novelli tenía guardados en su celular documentos que comprometen al presidente. Uno de ellos es una nota de Apple Notes que tiene referencias a un acuerdo que habría celebrado con Davies.

    Novelli y Terrones Godoy rompen la estrategia de defensa unificada con el gobierno y amenazan con hablar

    «Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H», explica en el texto que publicó La Nación. «$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto». A continuación explica: «$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis». Y por último: «$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina».

    La imagen fue generada 72 horas antes del lanzamiento de Libra que Milei promocionó antes que nadie en su cuenta de Twitter. Al momento en que generó la nota en su teléfono, Novelli estaba en Estados Unidos, desde donde días más tarde compartiría el lanzamiento de Libra junto a Davies en un hotel.

    La cifra de 5 millones de dólares coincide con el total que Davies envió desde sus billeteras. La primera transferencia ocurrió el 30 de enero, tras una reunión en Buenos Aires con Milei que el presidente subió a su cuenta de Twitter.

    Parte de ese dinero terminó en las cuentas de Novelli y de su socio Manuel Terrones Godoy.

     

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