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PLAN CASTELLO: EL PARCHE

El gobierno provincial presenta al Plan Castello como una oportunidad histórica para las ciudades para poder contraer crédito sin interferencia de entidades financieras, con el objeto de realizar obras de infraestructura y permitir el acceso a maquinarias para el mantenimiento del ejido municipal. Sin embargo, la situación financiera nacional y la fluctuación del dólar significan un riesgo para las finanzas futuras de los municipios, que adhieren al plan pero no se endeudan. En limpio, provincia cede 11,2 millones de pesos no reintegrables, y otros  450 en carácter de préstamo que se asignarían según índices de coparticipación y serán optativos.

El concejo deliberante local en consonancia con el ejecutivo, decidieron que Villa Regina rechazará el empréstito, sumándose a 19 comunas rionegrinas que no lo aceptan y sólo toman la parte no reintegrable distribuida en partes iguales. Aún restan unas 16 municipalidades definir sus posicionamientos. Es cierto que en este contexto económico tomar un crédito en dólares es nocivo para el futuro de sus arcas y es válido esperar otra situación más favorable para reanalizarlo.

El dilema político de Regina con respecto al Plan Castello no surge de la negativa al préstamo reintegrable, si no en base a la lectura política mezquina de usar el crédito para parchar huecos y errores políticos suscitados hace años y sin vías propias de solución. El marco político reginense se ocupó el último tiempo del reposicionamiento de sus actores políticos (motivados por intereses que exceden la ciudad) frente a la renuncia del ex intendente Fioretti, y luego a la campaña eleccionaria. No existió durante ese lapso un verdadero reordenamiento resolutivo y pragmático hacia dentro en beneficio de los vecinos.

El intendente Carlos Vazzana explicó que el aporte no reintegrable será destinado a ejecutar obras de infraestructura en loteos sociales. Lo absurdo de la situación es que se prevé hacer obras que ya fueron pagas por los contribuyentes, que hace años las abonaron, y aún deben golpear puertas para saber porque no se las han entregado.

Evidenciada la coyuntura política local, otra arista. Si se utiliza plata de la provincia para llevar a cabo infraestructura que ya fue abonada por vecinos, se les debería reintegrar los montos con sus intereses. Si no se estaría pagando dos veces por la misma obra. Una locura inadmisible. E inclusive la decisión de usar los fondos para cubrir políticamente su “mala praxis” fue presionada por el esfuerzo incansable de quienes fueron una y otra vez al concejo a reclamar por lo suyo que no les fue dado.

El ejecutivo local encontró la solución a este problema estructural de la peor manera, utilizando los recursos que pueden servir para desarrollar a la comunidad, como lo es el proyecto de la nueva planta de tratamiento de efluentes que  permitiría reutilizar las aguas grises en el riego para emprendimientos productivos, lo que generaría ingresos, puestos de trabajo y vuelco “0” de efluentes al río Negro. Pero además, podría aprovecharse como base de inicio del plan económico  industrial en alta barda que promovió Vazzana en su campaña electoral.

Debemos encontrar la manera de reestructurar la toma de decisiones sociales y ser eficientes para instrumentar herramientas para que la sociedad misma incida en este tipo de resoluciones importantes y que no terminen atadas a individuos con determinados intereses políticos y particulares, que se colocan detrás de estrategias políticas que arrasan el real interés social de Villa Regina.

LA TAPA

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     «Siempre hizo la de él. Nunca se jugó por nadie, por eso varios lo estaban esperando». Esta frase se desprende de una persona que conoce hace años a Marcos Carasso, el expresidente de la UCR cordobesa y que, en el 2023, fue compañero de la fórmula provincial que encabezó Luis Juez.

    Hoy, tanto en el radicalismo como en el juecismo se revolean con el exintendente de General Cabrera. Porque, para muchos radicales, Carasso dejó esa condición cuando se enroló en la tropa del Frente Cívico y fue parte del juecismo en el Tribunal de Cuentas que desde diciembre del 2023 controla la gente del senador.

    Y en el juecismo algunos remarcan que Carasso llegó a la candidatura de vicegobernador porque «fue una decisión del radicalismo» en aquel momento.

    No obstante, esta semana el peronismo buscó el impacto para tratar de salir del caso Agostina, y a partir de la imputación que se conoció de Carasso en la causa en la que se investiga la sobrefacturación de Pami buscó incomodar a la alianza opositora. Tema que amagó con hacer escala en el recinto de la Legislatura provincial en la sesión de ayer y después se desactivó: todo se concentró en el femicidio de la adolescente de 14 años.

    De cualquier modo, en la reunión de labor parlamentaria hubo furia y gritos. Porque así como el oficialismo empujó la discusión por la situación del radical; la exintegrante del bloque PRO, Karina Bruno, amarilla de Villa María que integra una banca unipersonal y responde de manera directa al titular de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quiso que se discuta el apartamiento de Carasso del cargo de director del Tribunal de Cuentas.

    Lo que desató la ira de juecistas y radicales. Más precisamente de los jefes de bloques, Matías Gvozdenovich (UCR) y Walter Nostrala (juecista) que cruzaron a la mujer. «La sacudieron porque le remarcaron que si no hubiera sido por la lista que encabezaron Juez y Carasso ella no era legisladora, no estaría en esa banca», dijo una persona que fue testigo del hecho.

    La imputación en contra de Carasso es por tráfico pasivo de influencias, cargo que llevó a Juez a tildar de «pelotudo» al fiscal que interviene en la causa en un streaming esta mañana en Alfil.

    Hay radicales que quisieron tomar contacto con Carasso y que rápidamente les recordaron que el celular del expresidente de la UCR estaba en manos de la Justicia. Situación que los hizo rápidamente guardar el celular y archivar los chats.

    El caso del radical y la presunta defraudación a la obra social nacional por 1.400 millones de pesos forma parte de la agenda política, pero no penetra en la conversación pública por ahora. El PJ decidió postergar la discusión sobre su rol en el Tribunal de Cuentas para las próximas sesiones en la Unicameral. Aunque en la oposición creen que eso se desactivará. 

     

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