La Corte aclaró que cualquier persona puede pedir una cautelar contra la Ley de Tierras y que no definió el fondo

 

Este miércoles 25 de junio desde las 7 de la mañana, los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro en reclamo de mejoras salariales. Exigen que el sueldo básico alcance los $1.800.000 y denuncian un plan sistemático del gobierno de Javier Milei para vaciar el principal hospital pediátrico del país. Además de la huelga, organizan un festival solidario desde las 9 hasta las 22 para visibilizar el conflicto y sumar apoyo social. Apuntan directamente contra el presidente Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, a quienes acusan de impulsar una “guerra contra la salud pública”. Reproducimos comunicado.

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«Nuestra asamblea general ratificó el paro que realizaremos mañana miércoles 25/6 desde las 7 am. Es una respuesta a la guerra que el gobierno está emprendiendo contra el principal hospital pediátrico del país. El propio Javier Milei ratificó las barbaridades que vienen diciendo sus funcionarios, incluidas flagrantes mentiras. Por ejemplo, que el personal administrativo es mayoría, cuando representa solo al 10% del total, según las estadísticas oficiales de una institución que está controlada en su gestión por el gobierno desde diciembre de 2023. El presidente llegó a sostener la aberración de que un salario superior a los $380000 superaría la línea de pobreza. Como si todo esto fuera poco, planteó que las residencias deberían ser sin salario, lo cual desmantelaría por completo el sistema público de salud» declaró Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE

«Mientras el personal del Garrahan protagoniza hitos de la salud pública con salarios de hambre, el consejero nombrado por el gobierno a dedo (Jorge Menehem) acaba de dejar de estar nombrado ad honorem para pasar a percibir un salario bruto cercano a los 6 millones de pesos. Son la peor casta, y encima al servicio de destruir la salud pública» agregó Lipcovich

«El plan de Milei y Lugones es claro: vaciar el Garrahan y desmantelar al sistema de salud. Pero se están encontrando un gran obstáculo en el Garrahan, que mediante la pelea de sus trabajadores por salario y condiciones de trabajo logró un apoyo sin precedentes. Es que nuestro pedido de un salario inicial de $1800000 es equivalente a la defensa del hospital. Por eso, el plan de lucha se profundizará. Exigimos que cesen las maniobras dilatorias y se concrete una propuesta concreta por parte del gobierno y las autoridades», destacó Gerardo Oroz, secretario adjunto de ATE Garrahan

 

Contactos

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, 1138585957

Gerardo Oroz, secretario adjunto, 1164139343

 

 

 

 

Una investigación de Hugo Alconada Mon develó que desde la SIDE se había librado una orden para “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” que pudieran capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia”. Según el periodista de la Nación, la disposición fue dictada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, alguien que conoce bien a los “sectores vulnerables” de cuando oficiaba de abogado de las fábricas recuperadas a principio del 2000. No es la primera ni la última vez en la que el Estado, a través de sus organismos de inteligencia, se entromete en la vida de las organizaciones populares que desarrollan sus actividades en los barrios populares, asentamientos y villas. Por Nicolás Salas, para ANRed.

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Si bien el escenario difiere en varios aspectos culturales, políticos y económicos, la asociación con lo ocurrido durante el gobierno de Duhalde es pertinente si se tiene en cuenta que en la actualidad se desarrolla, al igual que en 2002, una de las ofensivas más importante en la búsqueda de desarticular a los movimientos sociales.

Una caracterización común se da en la visión de los poderes de turno de asumir que el deterioro de las condiciones de vida de grandes sectores de la población pueda llegar a canalizarse en fuerza organizada que se sume a la polarización contra el gobierno. En su momento fue la devaluación, ahora es la motosierra. Tanto el duhaldismo como Milei ahora buscan anticiparse a ese posible escenario, con el atenuante actual de que el Estado se corrió de gran parte de las políticas sociales, a diferencia del 2002, donde 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar inundaban las zonas periféricas al poder. Es decir, le daban una “opción” de salida a las familias golpeadas por la pobreza y la indigencia.

Hace 23 años los infiltrados en “los grupos sociales vulnerables” fue confesado por el entonces Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien en su ataque a las organizaciones había blanqueado tener información de lo que se hablaba en las asambleas previas que fijaron el plan de lucha que terminó con la masacre del Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.

Dos décadas atrás, el espionaje era parte de un ataque planificado que -se proponía- concluir con el encarcelamiento de las direcciones de los movimientos sociales, posibilidad abortada tras la publicación de las fotos que daban cuenta de la masacre perpetrada por parte de la policía. No es de extrañar que en esta oportunidad sea parte de la estrategia de cuatro patas del gobierno libertario, que tiene como pilares el vaciamiento de la política social, la judicialización de la militancia, la difamación mediática y la represión abierta.

La desarticulación del Potenciar Trabajo y la FISU (entre otros), los allanamientos masivos a militantes, la agitación mediática contra las organizaciones y las sucesivas represiones de Bullrich son solo ejemplos de una estrategia que ya está en desarrollo.

Ningún plan de ajuste estructural, y mucho menos el actual, puede pasar sin la criminalización de quienes se propongan construir una resistencia amplia. El primer año de gobierno de Javier Milei pareciera no ser la excepción y los tiempos de este proceso de avanzada dependerá de lo que dure la luna de miel garantizada por los dólares del FMI que reposan en las arcas del Banco Central.

 

 

Miembros de la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro encontraron una puma hembra muerta a la vera de la Ruta 6, en el tramo norte de Roca. El ejemplar presentaba lesiones compatibles con un atropellamiento y fue trasladado al Museo Patagónico de Ciencias Naturales para su análisis.

El hallazgo ocurrió este martes, luego de que vecinos de la zona alertaran sobre un animal tendido junto a la ruta, pasado el mediodía, en un sector de banquinas amplias y tránsito constante. Al llegar al lugar, los guardafaunas confirmaron la muerte del puma y, ante la falta de respuesta de autoridades provinciales, decidieron retirar el cuerpo y llevarlo al Museo Patagónico de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado”, para su registro biológico y estudios sobre fauna nativa.

Desde la organización contaron que intentaron comunicarse con las autoridades provinciales de fauna “pero no nos atienden el teléfono y no responden notas formales”. También mencionaron que no pudieron recurrir a los guardafaunas estatales porque “no cuentan con vehículo para atender ninguna situación”.

Antecedente reciente

El episodio se suma al hallazgo registrado el domingo pasado, cuando una vecina encontró un gato montés muerto cerca del desagüe del barrio J.J. Gómez, a pocos metros de la Ruta 22. El animal presentaba heridas compatibles con un atropello y la imagen fue difundida por la agrupación Ranhu. Vecinos y proteccionistas manifestaron su preocupación por la recurrencia de estos hechos.