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El juez federal Sebastián Ramos procesó por los delitos de «abuso de autoridad» y «lesiones leves» al policía federal Cristian Miguel Rivaldi, por tirarle gas pimienta en la cara a una nena de 10 años y su madre en la marcha de jubilados/as del 11 de septiembre del 2024. El juez consideró que Rivaldi se apartó del protocolo para manifestaciones y «arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad». En aquel momento, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei, y periodistas alineados al gobierno nacional, intentaron instalar la fake news de que el gas había sido arrojado por una activista de derechos humanos. De hecho, con el respaldo del Gobierno, Rivaldi siguió participando de los salvajes operativos represivos contra las marchas de jubilados/as, que ya dejaron decenas de personas heridas, como los casos de Beatriz Bianco, jubilada de 83 años empujada por un policía; el abogado del CeProDH Matías Aufieri, que perdió la visión de un ojo a causa de un disparo policial; o el reportero gráfico Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por una granada de gas lanzada por el gendarme Héctor Jesús Guerrero. Por ANRed.

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En las últimas horas de este jueves 29 de mayo, el juez Sebastián Ramos decidió disponer el procesamiento, sin prisión preventiva, del policía federal Cristian Miguel Rivaldi, por los delitos de «abuso de autoridad en concurso real» y «lesiones leves», por arrojarle gas pimienta en la cara a Fabrizia (niña de 10 años) y a su madre Carla Pegoraro en la marcha de jubilados/as del 11 de septiembre del 2024.

En el fallo, que se da en el marco de una causa que investiga el accionar de las fuerzas de seguridad durante esa jornada, el juez consideró que el agente se apartó del protocolo para manifestaciones: «actuó contrariando la normativa vigente, sin justificación ni necesidad de intervenir de ese modo. Arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad. Apuntó directamente a sus rostros sin motivo que justificara esa acción«, aseguró en el escrito judicial.

«El agente se encontraba de pie, en una posición de dominio, y aún así eligió apuntar directamente al rostro de las mujeres. Las imágenes son contundentes y respaldan plenamente lo relatado por la denunciante. Por el contrario, los argumentos del imputado resultan poco creíbles. Es evidente en los registros fílmicos que apuntó de manera directa e intencional», concluye el fallo, en respuesta al extenso descargo de 60 páginas que presentó en su defensa el agente Rivaldi, en el que sostuvo que ningún superior le llamó la atención por su proceder, que nunca vio a una niña en la escena y que «si la hubiera visto, la habría retirado del lugar».

Respaldado como Chocobar, tras gasear a una nena y su madre, Rivaldi siguió reprimiendo en las marchas de jubilados/as

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el policía bonaerense Luis Chocobar fue recibido en Casa Rosada, respaldado como un héroe por la entonces también ministra de Seguridad Patricia Bullrich y convertido en un emblema de la política de seguridad de la llamada «Doctrina Bullrich», quien había sido condenado por matar por la espalda a Juan Pablo Kukoc, un joven asaltante de 18 años que en 2017 huía luego de haber apuñalado a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca. 

En el caso del policía Cristian Rivaldi, esta vez no hubo fotos como forma de respaldo gubernamental, pero sí Bullrich y periodistas alineados al gobierno de Mauricio Macri intentaron instalar una operación de prensa, tras los hechos represivos en la marcha de jubilados/as del 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso, luego de que se viralizara en los medios de comunicación y en las redes sociales la imagen de Fabricia Pegoraro, la nena de 10 años, y su madre Carla, gaseadas por el policía Rivaldi cuando estaban indefensas en piso.

Rápidamente, Bullrich y los medios afines intentaron instalar la fake news de que quien había arrojado el gas era una activista de derechos humanos vestida con mameluco naranja. Luego, tras la contundencia de las imágenes del accionar represivo de Rivaldi, tuvieron que retroceder. En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia y Amnistía Internacional remarcó que «los niños/as no pueden ser blanco de gases u otros impactos de armas».

Sin embargo, unos días después, a pesar de las repercusiones por su indiscriminado y salvaje accionar, Cristián Rivaldi siguió participando de los operativos represivos. Hasta ahora, que fue procesado por el juez Sebastián Ramos.

Mientras, en este contexto de naturalización de la violencia institucional por parte del gobierno nacional, que se evidencia en las repetidas represiones salvajes de las diversas fuerzas de seguridad a las tradicionales marchas de jubilados/as de cada miércoles frente al Congreso, la cantidad de personas heridas van en aumento.

Algunos de los casos más recordados son los de Beatriz Bianco, jubilada de 83 años empujada por un policía; el abogado del CeProDH Matías Aufieri, que perdió la visión de un ojo a causa de un disparo policial; o el reportero gráfico Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por una granada de gas lanzada por el gendarme Héctor Jesús Guerrero.

 

 

Hace alrededor de un año, mi compañera Gabriela Del Pino descubrió con perplejidad que uno de los responsables del fusilamiento de su tío Oscar Meza (dirigente metalúrgico delegado de astilleros Astarsa), Mario Zida (ex dirigente estudiantil de Tigre) y Antonio Moses (obrero metalúrgico y responsable del cuidado de los locales del PST), no sólo estaba libre sino que seguía desarrollando su vida política en el PJ de su distrito, Lanús, viviendo en un caserón en la zona lujosa del barrio de Banfield. El genocida Julio Yessi había sido puesto en libertad a costa de descalificar a la testigo clave de la Masacre de Pacheco, Silvia Ferraté. Las adhesiones para escrachar a Yessi ya están siendo institucionales. La Secretaría de DD.HH. de Avellaneda adhirió, así como el Espacio de Memoria ex-Infierno, sentando una posición política que habla de las internas del PJ. Y es imposible no hablar de las mismas cuando el propio Yessi se está posicionando a sí mismo en la misma como dirigente del PJ. Como si un sicario de la triple A pudiera ser un dirigente vigente del PJ hoy. Podemos mirar el piso y mascullar “que el mapa político se corrió a la derecha” o podemos levantar la cabeza y repudiarlo. Una cosa es hacer una alianza electoral, otra cosa es dejar que revivan los dinosaurios en tiempos donde el Poder Ejecutivo de Milei y Bullrich va dejando entrever su ideología fascista. ¿Somos capaces de mirar para un costado? Por Gabriela Domínguez.

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Hace alrededor de un año, mi compañera Gabriela Del Pino descubrió con perplejidad que uno de los responsables del asesinato de su tío Oscar Meza no sólo estaba libre sino que seguía desarrollando su vida política en el PJ de su distrito, Lanús, viviendo en un caserón en la zona lujosa del barrio de Banfield. La búsqueda en redes no dejaba duda, el genocida había sido puesto en libertad a costa de descalificar a la testigo clave de la Masacre de Pacheco, Silvia Ferraté.  La compañera fue tratada por la justicia patriarcal como una piba confundida por ser altas horas de madrugada, cuando fue ella una de las tres militantes del PST secuestradas por la banda fascista y llevadas a un baldío tras secuestrar  a Oscar “Hijitus” Meza (dirigente metalúrgico delegado de astilleros Astarsa), Mario “Tano” Zida (ex dirigente estudiantil de Tigre) y Antonio “Tony” Moses (obrero metalúrgico y responsable del cuidado de los locales del PST) para posteriormente fusilarlos. A la media hora de soltarlas, el destacamento de la triple A se dio cuenta de su error machista de subestimarlas y volvió al lugar para rematarlas, pero no las encontró porque se habían escondido (1). En esa banda Silvia reconoció a Julio Yessi, no sólo por su rostro, inconfundible, sino por su estatura y cuerpo ampuloso. Además, en los subsiguientes días continuaron las amenazas a militantes del PST: Por ejemplo, secuestrando a tres militantes que se movían en auto por Lanús y diciéndoles los matones de la triple A  “les matamos a 3 y ahora van a ser 6”, torturándolos por unas horas y jactándose de estar “con la gobernación” y “con la policía de Lanús” (2).

Para esa época, Julio Yessi, militante fascista de Lanús (o de la ultraderecha como se dice para esconder en los medios), había sido ungido dentro de la triple A como líder de la JPRA (Juventud Peronista República Argentina, conocida entre la militancia como Jota Perra). Esta fachada política fue creada por “El Brujo” López Rega como extensión de la política comenzada en la Masacre de Ezeiza que habían preparado estos sectores apuntando a las masas que, acompañadas de las organizaciones armadas, festejaban como propia la vuelta de Perón. Esta política sería además ratificada con la expulsión de la plaza el 1ro de mayo de 1974 de Montoneros y que daría ya rienda suelta al accionar de la triple A (La Masacre de Pacheco ocurre el 29 de mayo de 1974).

Julio Yessi, por si caben dudas sobre su responsabilidad política, tiene comprobada la compra de diez ametralladoras bajo su firma en nombre del Ministerio de Bienestar Social de López Rega, lo que llevó a la jueza María Servini de Cubría a condenarlo no sólo por la Masacre de Pacheco, sino por asociación ilícita en la triple A a condena perpetua (3). Condena en primera instancia que los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi levantaron livianamente en 2020.

Cabe destacar que los tres jueces son relacionados ampliamente con el macrismo: Mariano Llorens denunciado penalmente por visitar frecuentemente a Macri como presidente al mismo tiempo que no se apartaba de la causa a éste por espionaje ilegal; Bruglia y Bertuzzi declarados inconstitucionales sus nombramientos realizados durante el macrismo, ese mismo año, por la mismísima Corte Suprema (5).

Así que los jueces son macristas… ¿y por qué ayudarían a un dinosaurio peronista de derecha? Pues resulta que Julio Yessi es tío de Juliana Awada (6). A veces nos olvidamos que los ricachones son todos de una misma clase social más allá que ensayen diferentes identidades políticas para intervenir en el Estado.

Decía al principio que la cercanía de Julio Yessi a nuestra militancia cotidiana fue un cimbronazo. Sobre todo viendo en su Facebook (ahora cerrado) que la mismísima hija de López Rega lo felicitaba por la excarcelación comentando sardónicamente que si lo hubiera hecho “bien hecho estaría” (el asesinato de nuestros compañeros). Y también viendo que este matón, es ampliamente conocido por decenas de militantes de más de 40 años de la zona sur: los menos, militantes del PJ de mayor edad, custodiando con vergüenza o impotencia el secreto oscuro de su origen o resignados por no haberlo podido echar de tal o cual acto cuando reapareció en la escena pública de la mano del menemismo (6). Se sabe que en su trayectoria de matón se hizo con campos, panaderías, bazares, joyerías, hasta una casa de apuestas, y que es hincha del club Lanús. Sus 5 hijos viven en la zona, algunos desarrollando vida política. ¿Cuáles son los vínculos actuales de este oscuro personaje? ¿Existen impedimentos institucionales por parte de funcionarios públicos para posicionarse en su repudio?

La noticia de que Julio Yessi circulaba por nuestros barrios nos hizo resonar aquella vieja consigna coreada en los ´90 por los HIJOS, familiares y sobrevivientes de la dictadura: “Si no hay justicia, hay escrache”. Y comenzamos las reuniones para organizarlo, primero sotto voce pero invitando a todo el mundo.

No vino todo el mundo.

En Lomas de Zamora se pudo ver la buena predisposición y solidaridad de un verdadero movimiento de Derechos Humanos diverso y plural, curtido en las luchas por recuperar el Pozo de Banfield, y sobre todo, político. Capaz de debatir política. Un movimiento que entiende que el hecho que el propio Duhalde haya asumido la intendencia en el ´74 tras ser destituido Pedro Turner por meterse con el negocio de la basura, siendo al año siguiente secuestrados, fusilados y dinamitados los cuerpos de sus seguidores y desaparecido el propio Turner más tarde, no es algo para ocultar, sino para repudiar. Se repudia la Masacre de Pasco, por qué no, atribuible también a Julio Yessi, ya que fueron 40 los matones de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) esa noche del 21 de marzo de 1975 operando en zona liberada por la policía. Por ende, hablamos en Lomas de un movimiento que se puede hermanar en esta propuesta con los familiares y amigues de Darío y Maxi, nuestras víctimas mucho más recientes de la represión, también bajo responsabilidad política de la derecha del PJ, del propio Duhalde.

La solidaridad fluyó así fácilmente a través de los gremios de zona sur:   Sur nos abrió cálidamente las puertas de su local de Lomas de Zamora, y se sumó ATE Brown, Suteba Lomas, SITRAIC y eventualmente adhirió también Suteba Lanús y por supuesto las seccionales multicolor del Suteba. También la Mesa por los DDHH de Lanús adhirió, aunque sin especificar la amplia y diversa cantidad de organizaciones en general peronistas que la conforman. Es un trago amargo, aún no superado quizás por los dirigentes del distrito, el que los proyectos de obras del ex intendente Darío Díaz Perez sobre el predio del ex-CCD Campomar (aun no investigado exhaustivamente por la justicia) los haya encontrado acusándonos de “gorilas” por tener que recurrir a todos los medios, incluso a Lanata, y a expensas que queden expuestos los intereses políticos en juego, para lograr frenar la demolición de ese Centro Clandestino en el que se pretendía hacer torres de lujo con la constructora estrella de la década ganada: Electroingeniería. “No hablen de Campomar” nos han dicho altos dirigentes de DDHH provinciales, y van a poder avanzar sobre el Espacio de Memoria en la Comisaría 3ra. Llamativo ejercicio de memoria selectiva.

Pero nuestra historia duele desde la conquista para acá. Genocidio originario, exterminio de agitadores anarquistas, comunistas y peronistas, genocidio de los setenta, terrorismo de Estado. No nos podemos callar, sólo la claridad política nos puede defender de las tentativas de avance fascista de este gobierno.

Las adhesiones para escrachar a Yessi ya están siendo institucionales. La Secretaría de DD.HH. de Avellaneda adhirió, así como el Espacio de Memoria ex-Infierno, sentando una posición política que habla de las internas del PJ. Y es imposible no hablar de las mismas cuando el propio Yessi se está posicionando a sí mismo en la misma como dirigente del PJ (7). Como si un sicario de la triple A pudiera ser un dirigente vigente del PJ hoy. Podemos mirar el piso y mascullar “que el mapa político se corrió a la derecha” o podemos levantar la cabeza y repudiarlo. De hecho, esto debería suscitar el repudio unánime de toda aquella militancia que reivindica a les compañerxs detenidxs desaparecidxs, especialmente a las incontables familias peronistas rotas por el terrorismo de Estado, del que la Triple A fue precursora.

Quizás la militancia más joven o más de base no conozca la historia de Yessi, pero así como nuestros compañeros jubilades recuerdan la casa de este siniestro personaje en cuyo estacionamiento provocativamente se dejaba ver una ametralladora de pie instalada lista para disparar, no se puede seguir fingiendo demencia sobre aquello que nuestrxs compañerxs en los setenta hasta en el humor trataban (ver recuadro).

Una cosa es hacer una alianza electoral, otra cosa es dejar que revivan los dinosaurios en tiempos donde el Poder Ejecutivo de Milei y Bullrich va dejando entrever su ideología fascista: dictaminan detenciones por fuera de la ley cada miércoles a quienes acompañan a les jubilades, señalan dirigentes como Grabois para encarcelarlos, operan entre circo mediático y Justicia vendida para proscribir a Cristina y sobre todo se humilla al pueblo entero. Día tras día. Desarmando las patas no represivas del Estado, la salud, la educación, la asistencia social, mientras se reendeuda al país y se rifan los bienes comunes para EEUU. El programa de la dictadura, y el del menemismo, reactualizado. Y los dinosaurios trasladados al pabellón de lujo en Campo de Mayo o en sus casas, viviendo la vejez tranquila de la que no disfrutan o no disfrutaron nuestros compañerxs setentistas, ni nuestrxs abuelxs.

¿Qué duda puede haber de que Julio Yessi debería estar encarcelado y que la justicia le ha garantizado la impunidad? ¿Importa su pertenencia política al PJ? Porque todos estos años este mafioso tuvo en su página de Wikipedia la referencia a ser ex-PJ, sin embargo al ser apurado por lo pronto de este escrache decidió posicionarse públicamente como PJ. ¿Será que supo que sus lazos con la derecha peronista y las lealtades impuestas entre una generación de dirigentes que hace décadas peinan canas y que vieron pasar la dictadura le iban a garantizar cierto margen de impunidad? ¿Fantasea Quizás Yessi no sólo con que falten oportunamente las firmas de muchísimos espacios de DDHH vinculados al PJ, sino incluso con contar con la protección policial del Municipio de Lomas de Zamora o mejor aún, de la provincia de Buenos Aires que tiene jurisdicción sobre la avenida Pavón? ¿Qué es central en este momento,  el ataque personal a Cristina por el fascismo o derrotar en todos y cada uno de sus reductos a los fascistas que perfeccionaron el programa económico de la dictadura a Menem, de Menem a Macri y de Macri a Milei?

En el curso de los próximos días sabremos qué son chochadas de un viejo fascista y qué son tentáculos que nos falta cortar del terrorismo de Estado que se extienden hasta la actualidad. Lo sabremos a medida que aquellos militantes orgullosamente antifascistas den los debates pertinentes con sus direcciones políticas y empujen el repudio a este genocida, responsable probado de la Masacre de Pacheco y responsable político de la Masacre de Pasco, de la desaparición del intendente Turner, del asesinato del estudiante de la JUP Pedro Hansen y decenas de otros asesinatos de la triple A en la zona.

Al fascismo no se le discute, se lo combate, en la más amplia unidad de clase.

El peronismo ya había señalado a Julio Yessi

Una viñeta popular en “Militancia Peronista para la Liberación”, revista dirigida en los setenta por Eduardo Luis Duhalde (quien más tarde acuñaría el concepto de “Estado terrorista” para referirse a la última dictadura) y Rodolfo Ortega Peña (asesinado en la vía pública por la triple A) era la de “Tendencio”.

En uno de los capítulos, Tendencio refiere a Julio Yessi,

“La referencia a Julio Yessi se replicaba en la sección Cárcel del Pueblo, dónde la revista encarcelaba editorialmente a personajes, medios o conceptos considerados contrarios a la voluntad revolucionaria del pueblo y de la clase obrera. En la cárcel de este número el prisionero era Yessi quien, como integrante del Consejo Superior de la rama Juvenil del Movimiento, era acusado de “asesor del brujo José López Rega, convirtiéndose en la plomada de la “F.J.P” (Falsa Juventud Peronista), instrumentada desde Bienestar Social para destruir a la auténtica juventud” (8)

La revista “El caudillo de la tercera posición”, que entrevistó pormenorizadamente a Duhalde al asumir acompañado por la destitución y posterior desaparición de su predecesor y por la  Masacre de Pasco, tuvo su propia viñeta en la que polarizaba a Ortodoxio con Tendencio, a veces disuasoriamente, la más de las veces amenazadoramente:

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Bibliografía

(1)    PdI (29/5/21)  A 47 años de la Masacre de Pacheco. Testimonios. Disponible en: https://periodismodeizquierda.com/a-47-anos-de-la-masacre-de-pacheco-testimonios/

(2) PST (junio, 1974) Avanzada Socialista N 104, p.4. Disponible en: https://mega.nz/folder/1U0DHTYA#oGyqCg0Xy-g3k3sNaXIwPg/folder/1ddVFZ4b

(3) Gonzalez, J. L. (31/3/2018) Julio Yessi, uno de los líderes de la Triple A, rompe el silencio. Noticias. Disponible en: https://noticias.perfil.com/noticias/politica/2018-03-31-julio-yessi-uno-de-los-lideres-de-la-triple-a-rompe-el-silencio.phtml 

(4) Mizrahi, F.; Lijalad, A. (24/9/2021) Operación Olivos: denuncian penalmente al camarista Mariano Llorens por sus visitas a Macri. El Destape Web Disponible en: https://www.eldestapeweb.com/politica/justicia/operacion-olivos-denuncian-penalmente-al-juez-llorens-por-visitas-a-macri-20219245056

(5) Hauser, I. (10/11/2020) La estrategia de los jueces designados a dedo por el macrismo. Bruglia y Bertuzzi no renuncian y hasta quieren concursar sus cargos. Página 12 Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/304841-bruglia-y-bertuzzi-no-renuncian-y-hasta-quieren-concursar-su 

(6) Noticias (29/3/2018) El insólito parentesco entre Juliana Awada y uno de los líderes de la Triple A: Julio Yessi, acusado de asesinar a tres jóvenes militantes durante los turbulentos setenta, es de familia siriolibanesa y familiar directo de la Primera Dama. Disponible en: https://noticias.perfil.com/noticias/politica/2018-03-29-el-insolito-parentesco-entre-juliana-awada-y-uno-de-los-lideres-de-la-triple-a.phtml 

(7) NOVA Bonaerense (18/5/2025) Cumbre peronista en Avellaneda: ¿nueva esperanza o más de lo mismo? Disponible en: https://www.novabonaerense.com/nota.asp?n=2025_5_19&id=55617&id_tiponota=51

(8) Stavale, M. (2017). “Las aventuras de Tendencio” en la revista Militancia Peronista para la Liberación: humor gráfico para la disputa peronista de los años 70. Izquierdas, (35), 1-30.

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/11/escrache-al-genocida-julio-yessi-de-la-triple-a/

 

 

Tras un empate de 22 votos a favor y 22 en contra (con una abstención), con el desempate de la titular del cuerpo, la vicegobernadora Verónica Magario, el Senado bonaerense aprobó anoche un proyecto que habilita la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. Los intendentes quedaron excluidos. La polémica ley recibió el apoyo de kicillofistas, kirchneristas y de los «libertarios disidentes» o «díscolos» Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura. Mientras que el PRO, la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y La Libertad Avanza (tanto oficial como el sector de Joaquín de la Torre) votaron en contra. Dentro del peronismo hubo dos excepciones: Federico Fagioli, del Frente Patria Grande (que responde a Juan Grabois) y Sofía Vannelli, del Frente Renovador. Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados bonaerense. Por ANRed.

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Finalmente, anoche el Senado bonaerense votó la ley de reelecciones indefinidas de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares (con la exclusión de los intendentes). El resultado fue un empate en 22 votos a favor y 22 en contra, con una abstención.

En ese marco, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, desempató a favor de la iniciativa y así se sancionó la ley: «a diferencia de lo que pasó hace largos años en la Argentina, mi voto es positivo”, dijo Magario, comparando el momento con el recordado «voto no positivo» de Julio Cobos en el Senado nacional en 2008, durante el conflicto entre el kirchnerismo y sectores del campo por las retenciones.

Los alineamientos reflejaron la fragmentación interna: la polémica ley recibió el apoyo de kicillofistas, kirchneristas y «libertarios disidentes» o «díscolos» Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura.

Mientras que el PRO, la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y La Libertad Avanza (tanto oficial como el sector de Joaquín de la Torre) votaron en contra. Dentro del bloque de Unión por la Patria hubo dos excepciones: Federico Fagioli, del Frente Patria Grande (que responde a Juan Grabois) y Sofía Vannelli, del Frente Renovador.

«Hoy la legislatura bonaerense va a tratar la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares: NO CUENTEN CONMIGO. Ya manifestamos en varias ocasiones que mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté mirando el ombligo. Por eso, no voy a acompañar la sesión de hoy. No nos eligieron para esto. No es un tema de principismo sino de prioridades. Nuestras prioridades son otras y no estuvieron contempladas: la ley para garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo; la ley de protección de los territorios periurbanos productivos de alimentos; la ley que crea el régimen de protección integral para repartidores y choferes de moto asociados a plataformas digitales; la ley de marco normativo para los establecimientos educativos de gestión social, cooperativa y comunitaria; la ley de protección de la fauna autóctona; y la ley de centros socioeducativos Entre otras. No se pueden discutir reelecciones políticas sin antes discutir realizaciones sociales. Siempre vamos a estar del mismo lado: trabajando donde más se nos necesita, con convicción y con amor por nuestro pueblo», había anticipado en su cuenta de X Fagioli.

Por su parte, Vannelli, a pesar de que rechazó la votación, dio quórum para que la sesión se llevara a cabo. Ese gesto fue celebrado por referentes de su espacio, el massista Frente Renovador. Así, la ajustadísima votación reflejó la falta de cohesión dentro del oficialismo, que sufrió una ausencia clave y un voto negativo.

En tanto, Malena Galmarini, figura del massismo y referente de la renovación política, lanzó una crítica irónica contra quienes promueven la reelección indefinida: «atornillados a sus sillas, discuten sobre lo que les importa y cada tanto miran por la cerradura a ver si llueve del lado de afuera», ironizó, con una metáfora climática muy oportuna para el inicio del invierno.

Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados bonaerense.

 

 

Panorama de conflictos sindicales. El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, moviliza este miércoles 25 de junio desde las 12 al ministerio de Desregulación del Estado. Mientras, la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la «modernización laboral». El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido, modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos. Hoy se movilizaron trabajadores estatales porteños para exigir recomposición salarial urgente. El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo, que cumplieron 120 días de ocupación en defensa de 250 puestos de trabajo, realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. Por Mario Hernández.

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A pesar de la ofensiva gubernamental la burocracia sindical cegetista banca a Milei en su peor momento político: mientras, más de 70 organizaciones marcharán contra el gobierno

El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convocó a una conferencia de prensa el lunes 23 de junio en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en Avenida Jujuy 1074, Ciudad de Buenos Aires.

En la conferencia se explicaron los detalles y motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el ministerio de Desregulación del Estado con una masiva movilización el miércoles 25 de junio.

Las organizaciones concentrarán ese día desde las 12:00 en Carlos Pellegrini y Sarmiento para dirigirse a la sede del Ministerio, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788. Hasta el momento, adhirieron al frente y la movilización los integrantes de la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Por otro lado, apoyan sindicatos como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).A su vez, también se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como «criminal». También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que «desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura».

El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido

El Gobierno Nacional publicó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs) que nacen tras las modificaciones en las indemnizaciones laborales dispuestas en la Ley Bases. Con esta modalidad, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cada sector podrá incluirlo o no en su Convenio colectivo de trabajo.

Las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».Estos sistemas podrán reemplazar a la indemnización por antigüedad, que equivale a un mes de sueldo bruto por cada año trabajado. Según se desprende de la mencionada Ley Bases, del Decreto que la reglamentó en septiembre pasado y de la Resolución 1071/2025 de este lunes, el Fondo de Cese Laboral podrá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades:

• Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral.
• Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.
• Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral.

Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuota partes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuota partistas. Intervienen dos tipos de entidades: la sociedad gerente y la sociedad depositaria, que administran y custodian los activos respectivamente.

Traidores: la CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la modernización laboral

La mesa chica cegetista avaló la participación de Gerardo Martínez en la instancia de diálogo multisectorial que comenzará este martes en la Casa Rosada para debatir con funcionarios, gobernadores, legisladores y empresarios una propuesta de «modernización laboral».

La decisión, que se adoptó el lunes en una reunión realizada en la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), significa un aval a la presencia de Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la instancia de diálogo anunciada hace un año por Javier Milei para consensuar 10 puntos que se convertirán en proyectos para que trate el Congreso.

El Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para este martes, a las 9:30, en la Casa Rosada: además de Martínez, participarán Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados y Martín Rappallini (UIA) en representación de las entidades empresariales. Además, se sumará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Algunos dirigentes de la CGT se oponían a sentarse con el Gobierno mientras sigan «el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga», pero finalmente se aprobó la presencia en el Consejo de Mayo y se acordó que Martínez lleve al diálogo los reclamos de la CGT, que exceden la agenda de trabajo que propondrá el Gobierno.

Entre las demandas de la CGT para llevar al Consejo de Mayo figuran «defender la consigna producción, desarrollo y trabajo, las paritarias libres, la situación de los jubilados y la no reglamentación del derecho de huelga», entre otros puntos.

Según explicó Martínez, la idea es que a partir de la segunda reunión del Consejo de Mayo se incorporen expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar los acuerdos.

De los 15 participantes a la reunión de FATSA, sólo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó una postura crítica sobre la presencia de la CGT en el diálogo con el Gobierno.

El dirigente es uno de los impulsores de una marcha que se realizará este miércoles hasta el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, en avenida Roque Sáenz Peña 788, para reclamar contra la desregulación del transporte y otras áreas.

Pero en el debate cegetista, que se extendió durante dos horas y media, se analizó la situación generada por la convocatoria oficial al Consejo de Mayo y cada sindicalista presente, aun con sus reparos, acordó que la CGT debía participar.

Los dirigentes gremiales que participaron del encuentro fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri, Julio Piumato (judiciales), Jorge Sola (seguro), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Plaini (canillitas).

Fuentes sindicales aseguraron que también fue invitado Abel Furlán (UOM), pero no concurrió. El titular del gremio metalúrgico exigió la semana pasada a la CGT que en forma urgente se discuta un plan de lucha «sostenido y escalonado» contra el ajuste y la «proscripción» de Cristina Kirchner. Entre los presentes tampoco estuvieron otros miembros del sindicalismo kirchnerista como Sergio Palazzo (bancarios) o Laura Lorenzo (SMATA), reemplazante de Mario Manrique, quien renunció en octubre pasado a la CGT por profundas diferencias con la estrategia ante el gobierno de Javier Milei.

Gerardo Martínez fue incluido por el Gobierno entre los integrantes del Consejo de Mayo, pero hasta ahora no tenía el aval orgánico de la CGT. El líder de la UOCRA dijo hace 48 horas: «Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT».

El sindicalista admitió que la eventual participación de la CGT en el Consejo de Mayo sería «un desafío para poder llegar a lo que pretendemos, que es la trilogía desarrollo, producción y trabajo, un capítulo aún desconocido por este gobierno».»Necesitamos un acople entre el sector productivo y el trabajo dentro de un diálogo sustentable y no discrecional», agregó, tras lo cual insistió: «Yo no pedí ni busco estar ahí (en el Consejo de Mayo), pero si se aprueba será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso».

El gobierno sienta a la CGT en la mesa donde se comienza por discutir una de las exigencias del nuevo acuerdo con el FMI: la reforma laboral, dándole una mano a Milei en su peor momento.

Sin un discurso que logre imponerse en una agenda dominada por el justicialismo, la semana pasada el gobierno se vio obligado a ensayar muestras de independencia mediática para intentar retomar la centralidad. Además de la entrevista que el presidente brindó al periodista oficialista, Esteban Trebucq, luego de su viaje de 10 días por Europa e Israel, el martes pasado el legislador electo y vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa después de más de dos semanas sin presentaciones.

A la misma hora, Karina Milei, encabezó una reunión de la mesa chica: Guillermo Francos, Santiago Caputo, Eduardo «Lule» Menem y Lisandro Catalán, donde expuso los lineamientos políticos de una gestión atravesada por la condena a Cristina Fernández.

Son todos eventos por retomar desesperadamente el control de la agenda política, perdida por primera vez en 18 meses de gobierno.

Este es el marco en el que se reactivó en tiempo récord el Pacto de mayo firmado en Tucumán casi un año atrás con el propósito de conformar un organismo multisectorial para avanzar en la ejecución de una refundación institucional que permita al oficialismo llevar adelante reformas estructurales que de otra forma no podría implementar por su escasa presencia en el Congreso. La propuesta del gobierno se recostará en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con la que buscarán reducir la participación del Estado en los acuerdos paritarios y volver a la implementación del Decreto que limita el derecho de huelga rechazado por la Justicia entre otras.

¿Por qué la Justicia suspendió el decreto de Milei que limitaba el derecho de huelga?

Ante un planteo de la CGT, la jueza del Trabajo Moira Fullana, suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25 con que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en jaque el derecho a huelga. «La norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal», dice la resolución. También hace hincapié en que no está justificada la excepcionalidad, ni la necesidad ni la urgencia, ya que el Congreso funciona con normalidad y de este modo el Poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que son legislativas. A quien le parezca que esto ya lo leyó o escuchó, es así, porque la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionalidad de aspectos del DNU 70/23, de los inicios del gobierno libertario, porque coartaba la libertad sindical y el derecho a distintas medidas, negociaciones y huelgas.

El DNU 340 amplía el listado e incluye servicios de telecomunicaciones, todas las actividades de la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y todos los niveles de educación, además del transporte marítimo de personas y/o mercaderías y/o cargas. Entre los servicios trascendentales –que según la ley actual se pueden determinar de acuerdo a los criterios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo– mezcla todo tipo de transporte terrestre y subterráneo, producción de medicamentos e insumos, actividades industriales, radio y televisión, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, entre otros.Como es ostensible, la decisión del gobierno insiste con un tema que estaba saldado ante un escenario de conflictividad laboral creciente. El argumento es que quieren cuidar la recaudación asociada al equilibrio fiscal, pero a lo que apuntan es a aplicar el ajuste, que es lo que genera la reacción de trabajadores y trabajadoras. La restricción del derecho a huelga va en la misma línea de la represión del derecho a la protesta.

El amparo de la CGT

Estos son algunos de los planteos que planteó la Central sindical en su amparo y a los que la jueza, en principio, tomó como válidos, aunque en un fallo posterior deberá resolver la cuestión de fondo:*»Con el Congreso Nacional en pleno y normal funcionamiento, se implementa una reforma sustantiva, regresiva y permanente en una de las manifestaciones estructurantes del sistema de relaciones colectivas de trabajo y la acción colectiva de autotutela, mediante un decreto de necesidad y urgencia».

*»El Poder Ejecutivo vuelve a dictar una norma en otro acto de autoridad, con un contenido material idéntico al del DNU 70/23 con el agregado de una actividad esencial, en un descarado intento de sustraerse de la declaración de invalidez constitucional ya declarada (para otro conjunto normativo) por la Justicia Nacional del Trabajo. Es que, ya de manera reiterada a propósito del DNU 70/23 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus diversas salas y composiciones durante la feria de enero, de manera enérgica no ha avalado la impropia utilización de la Constitución Nacional que parte del orden de saber que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativo’ (art. 99, inc.3, CN), en el intento de modificar el conjunto normativo del derecho individual y colectivo del trabajo de manera regresiva permanente’».

*»Pero, además por su contenido, estigmatiza la huelga y está teñido de notoria antisindicalidad y antijuricidad. Con perplejidad advertimos que se retrocede en términos de debate democrático, al alterar los consensos compartidos por la comunidad respecto del derecho de huelga. La Constitución Nacional como nuestra carta de navegación que supo orientar el pensamiento y la acción de la representación política, parece haber sido sustraída de la práctica institucional».

*»Es retroceder 150 años, pretender que, porque los derechos no son absolutos, 4.368.764 de trabajadores de nuestro país, el 66% de los trabajadores registrados del sector privado a quienes se les aplica (desde el 21 de mayo de 2025) (…) deberán garantizar el 75% o 50% de las prestaciones habituales. Todo ello en un contexto, en el que integrantes del Poder Ejecutivo reiteran a diario que la pauta salarial que se negocia en forma colectiva no puede superar el 1% mensual y dicha imposición (así funciona en la práctica, puesto que no se homologan los acuerdos que superan la «pauta») es fuente de una conflictividad que no distingue sectores al ser generalizada».

* «Tanta desmesura, no puede ser ni avalada ni tolerada, no sólo por los trabajadores y su representación, sino por toda la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Está en crisis el derecho a la protesta, está en crisis el derecho a garantizar que quienes trabajan tengan protección, que esta pueda ser mejorada y que, quienes no lo tienen puedan acceder a puestos de trabajo decente. Con las disposiciones que se impugnan se instauran dos principios inversos al orden constitucional y al entramado institucional y de protecciones de la libertad sindical: a) el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas y, b) todas las huelgas pueden ser limitadas excepto las que se determinen. Para que ello no se convalide, acudimos al último resguardo de la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos».

La cautelar

La jueza Fullana refresca algo harto señalado en fallos laborales previos sobre el DNU 70/23. «Es preciso recordar –dice– que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dispone que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’».

Lo señala para explicar que no habría razones que justifiquen un DNU ya que «a la fecha del dictado de la norma impugnada, por efectos del Decreto 140/25 y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho». «En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo», subraya.

Luego advierte, además, que «la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal». Su decisión es suspender los artículos 2° y 3° del DNU en cuestión.El gobierno ya anunció que apelará el fallo. La estrategia es reproducir, repetir, una discusión que ya estaba judicialmente saldada. Es a lo que apuestan para desgastar las protestas y generar confusión.

Monedas de canje 

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión «unilateral«.

«Lo lógico es que, si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención».»Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia», remarcó.En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.

El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: «Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión».Otra «vuelto» sería mantener el aporte obligatorio a los sindicatos de todos los trabajadores sindicalizados o no cuando se actualiza un acuerdo salarial.

Se movilizarán trabajadores estatales porteños para exigir la recomposición salarial «urgente»

«En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas», manifestaron desde ATE Capital, que organizó una marcha para el martes 24 desde las 11:00.

En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas «recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo» (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, «los ingresos reales son muy bajos», mientras que los salarios iniciales de las personas de planta «se acercan peligrosamente a la línea de indigencia».

«La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad», concluyeron. 

120 días de ocupación por 250 puestos de trabajo

El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. El miércoles se cumplieron cuatro meses de la ocupación de la planta que sostienen desde que la empresa líder del sector gráfico anunciara su cierre y diera comienzo a un curioso e inédito pedido de «auto quiebra» que para los trabajadores implica un «cierre fraudulento» para eludir el pago de sus indemnizaciones.

Se trata de más de 250 trabajadores que, según denuncia la Comisión interna la empresa «dejó en la calle y sin un peso». El reclamo de los trabajadores que, con aval de la justicia, custodian los bienes de la firma, va dirigido al gobierno provincial que, dicen, tiene la llave para garantizar la continuidad productiva. Sebastián Rodríguez, delegado general, señaló que «estamos haciendo un planteo a la provincia para que intervenga y active un plan de salvataje». Los obreros aseguran estar «en condiciones de producir manuales escolares, boletas electorales, revistas y folletería para los municipios».

Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil, Infobae, El Destape, Indymedia Trabajadoras/es, Infogremiales.

 

 

Un operativo cerrojo de la policía del Neuquén logró detener a los cuatro prófugos de la Unidad 12 de Senillosa, a menos de 20 horas de la fuga que protagonizaron en la noche de ayer lunes.

El despliegue de móviles y policías motorizados dio con los cuatro detenidos en un barrio de Senillosa, tres de ellos apresados cuando huyeron a pie y un tercero que se movilizaba en un vehículo Volkswagen.

Los prófugos nuevamente detenidos con de Rogelio Rojas Cisterna, Lucas Nicolás Cruces, Diego Ezequiel Bastías y Josué Jeremías Fresco, todos con antecedentes relevantes y experiencia en evasiones.

Trascendió que un llamado anónimo recibido en la Comisaría 11 de esa localidad alertó sobre la presencia de los cuatro presos fugados y de inmediato se coordinó un operativo cerrojo en torno al barrio CH de Senillosa.

En principio los móviles policiales habrían cercado a dos de ellos que emprendieron la huida a pie por las calles del barrio, que serían Cruces y Fresco. En ese momento los otros dos también emprendieron la huida, uno de ellos a pie y otro en un vehículo VW. Con apoyo de personal motorizado, a los pocos minutos se logró la detención de ambos.

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La comisión investigadora de la criptomoneda Libra, el primer escándalo de magnitudes que estalló como una bomba en la cara del gobierno nacional, transita sus horas finales ya que presentará este martes en la Cámara de Diputados un pormenorizado informe con las conclusiones del trabajo realizado durante estos meses, que «incluirá consideraciones y recomendaciones surgidas del proceso».

Así lo anticipó anoche el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, en su cuenta de la red social X, para difundir la actividad que se desarrollará este martes a las 16 en la Sala 1 del Anexo A.

“Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa”, publicó el legislador de la Coalición Cívica.

La comisión se creó a raíz de la voluntad opositora de investigar la presunta estafa en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, operatoria que generó pérdidas millonarias para miles de usuarios que fueron inducir a adquirir activos digitales a partir de un posteo de promoción en sus redes sociales del presidente Javier Milei.

Tras el escándalo, el Poder Ejecutivo y el oficialismo en general negaron la posibilidad de que hubiera una estafa tratándose de una «memecoin», tomaron distancia de las acusaciones, y buscaron obstruir la creación de la comisión al sostener que entorpecería la tarea de la Justicia.

Inicio de la investigación

Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

No obstante, la totalidad de los funcionarios del Poder Ejecutivo citados por la oposición, entre ellos Karina Milei, los ministros Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, y Roberto Silva, para que brindaran declaración indagatoria se rehusaron a concurrir, lo cual le quitó algo de brillo a la comisión investigadora.

Solamente puso la cara el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien negó todos los cargos, insistiendo en que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados” a «Viva La Libertad Project».

“Tampoco hubo una relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto”, indicó, aunque dejó algunos flancos abiertos durante su interpelación del 30 de abril en la Cámara de Diputados.

Así como provocó malestar la falta de voluntad del gobierno nacional en aportar testimonios para desentrañar lo sucedido en Libra, también hubo decepción con la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien les negó a los diputados el acceso al expediente judicial y tampoco autorizó llevar a los funcionarios del Ejecutivo a declarar por la fuerza pública.

El informe final que se develará este martes será elevado al recinto de la Cámara de Diputados antes del 20 de noviembre, conforme lo establecido en el proyecto de resolución que dio origen a la comisión investigadora. El informe está contenido un expediente dividido en diez cuerpos que incluye actas, testimonios, documentos de exchanges, fechas de transferencias, informes técnicos y dictámenes.

El entramado por supuesto tráfico de influencias y fraude no solamente incluye a Milei sino también a su hermana Karina Milei, y tuvo como actores insoslayables a los lobbystas e intermediarios locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían recibido dinero a través de exchanges de los creadores de la criptomoneda.

Entre estos últimos el nombre que más se repitió durante las pesquisas es el el Hayden Davis, quien trasfirió desde sus billeteras cientos de miles de dólares en fechas clave que coinciden con reuniones que Novelli mantuvo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, previo al retiro masivo de dinero en una sucursal bancaria.

Algunos de los testimonios más reveladores que fueron recabados por la comisión fueron el del empresario damnificado y querellante Martín Romeo, quien relató con lujo de detalles la forma en que se desarrolló la «estafa» en pocas horas, y el del programador Maximiliano Flirtman, quien aseguró que el tuit de Milei estaba orquestado y programado con anterioridad para engañar a los inversores.

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