Pablo Blanco

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Guillermo Francos negó este martes que el gobierno evalúe retirar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, nombrados por decreto de Javier Milei como jueces de la Corte Suprema. La definición era una salida decorosa que el correntino Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR en el Senado, reclamaba a la Casa Rosada para no tener que asumir la fractura de su bancada a la hora de votar en recinto a los cortesanos.

Los miembros del radicalismo en la Cámara Alta esperaron en vano que se realice una reunión de Vischi, los gobernadores del partido y el Comité, para resolver una postura común frente a los candidatos de Milei al máximo tribunal. “No se hizo la reunión y veremos cómo vota cada uno el día de la sesión”, dijeron desde un despacho radical.

En paralelo, García Mansilla presentó este martes un escrito ante el juzgado de Alejo Ramos Padilla, para defender su asunción ante los amparos que se tramitaron en su contra. “Cualquiera sea la opinión que se tenga acerca del dictado del decreto 137/25, lo cierto es que nadie puede sostener seriamente que, en mi caso particular, sea manifiesta su supuesta arbitrariedad o su supuesta ilegalidad”, planteó el flamante supremo.

A lo largo de 51 páginas, el profesor de la Universidad Austral argumenta que la facultad de la designación en comisión figura en la Constitución Nacional, que sus colegas de Tribunales ya le tomaron juramento y que su remoción como ministro de la Corte solo puede producirse bajo el mecanismo de juicio político.

El peronismo consiguió las firmas para rechazar el dictamen de García Mansilla, que ahora analiza renunciar a la Corte

Su postura es absolutamente contraria a la que esbozó el 28 de agosto pasado, cuando defendió su postulación en la audiencia de la Comisión de Acuerdos del Senado. Entonces, dijo que el nombramiento por decreto era una facultad presidencial prevista en la carta magna pero que no aceptaría ese camino después de lo que pasó en 2016 con las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Mientras tanto, el bloque peronista en el Senado permanece bajo estricto hermetismo. Hasta la semana pasada, un legislador de UP le dijo a LPO que todavía había 14 senadores dispuestos a votar a favor de Lijo, lo que dejaría en 20 el piso de rechazos al juez federal.

Cualquiera sea la opinión que se tenga acerca del dictado del decreto 137/25, lo cierto es que nadie puede sostener seriamente que, en mi caso particular, sea manifiesta su supuesta arbitrariedad o su supuesta ilegalidad.

A partir de esa cifra habría que sumar las voluntades en contra de Francisco Paoltroni y Luis Juez, que se manifestaron públicamente de ese modo, y un puñado de radicales. Con solo 25 por la negativa, un postulante a la Corte se queda sin su puesto.

Ante ese escenario, un aliado de los libertarios en el Senado deslizó ante LPO que la apuesta del gobierno podía ser que se cayera la sesión. “Hay senadores más cerca de perder el avión el feriado previo al 3 de abril que de sentarse en la sesión”, comentó, y agregó: “esa sería una manera de salvar los pliegos y que queden vigentes los nombramientos por decreto”.

Las miradas, tanto en el oficialismo como en la oposición, apuntan a los cuatro peronistas de Convicción Federal, que formalizaron una ruptura sin separarse de UP la semana pasada. Fuentes ligadas a ese sub-bloque descartaron esa especulación. 

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