Durante la tarde del sábado y buena parte del domingo, un sector de calle 25 de Mayo y la Plaza de los Próceres fueron sede del primer Oktoberfest Regina que reunió a cerveceros locales, la excelente gastronomía y la música de nuestros artistas.
También acompañó un clásico como la Feria ReEmprender con los productos de nuestros artesanos y microemprendedores en la Plaza Primeros Pobladores.
De esta manera, los reginenses disfrutaron de un evento distinto y así ir preparando el clima para los festejos del aniversario.
Mariano Borinsky se reunió este viernes en Casa Rosada con Santiago Caputo y se reavivaron las especulaciones sobre la negociación del gobierno con un sector de Comodoro Py, liderado por Ariel Lijo, para completar las vacantes de la Corte.
Tal como reveló LPO, Lijo, Borinsky, Marcelo Martínez de Giorgi y María Romilda Servini conforman un cuarteto que combina aspiraciones por escalar en el Poder Judicial con la concentración de las causas que más complican a la Casa Rosada. Mientras que Martínez de Giorgi está a cargo del juzgado que investiga la estafa $Libra, Lijo tiene en sus manos las causas de Adorni y las coimas de la Andis, que involucra directamente a Karina Milei.
El encuentro de Borinsky con Caputo, en este contexto, es un desafío directo al ministro Juan Bautista Mahiques, quien Karina Milei nombró para que consiga disimuladamente el freno de esas causas, bajo la promesa que lo postularían a la Procuración General de la Nación, cargo que detenta de forma interina Eduardo Casal desde 2016.
El problema es que también Lijo, que se mueve como primus inter pares con Borinsky y muchos de sus colegas de Comodoro Py, apuesta a recalar en el sillón de Casal. Su puesto es más que codiciado por jueces de peso porque, con la eventual puesta en marcha del modelo acusatorio, el jefe de los fiscales ganaría un poder casi inconmensurable.
Lijo, que se mueve como primus inter pares con Borinsky y muchos de sus colegas de Comodoro Py, apuesta a recalar en el sillón de Casal. Su puesto es más que codiciado por jueces de peso porque, con la eventual puesta en marcha del modelo acusatorio, el jefe de los fiscales ganaría un poder casi inconmensurable.
Por lo demás, el nombre de Borinsky se convirtió en un comodín ante cada vacante de envergadura que aparece en la Justicia y las de la Corte no son la excepción. Aunque convertirse en supremo sea una de las apuestas que se le atribuyen tanto en el Congreso como en los pasillos judiciales, en los tribunales de Retiro dicen que el magistrado se complace con los trascendidos y se cuida de parecer ansioso.
Del encuentro entre Borinsky y el joven Caputo participó, además, Sebastián Amerio, ex viceministro de Justicia desplazado a la Procuración del Tesoro con el desembarco de Mahiques.
Desde el entorno de los funcionarios aseguraron que el presidente Milei está decidido a reformar el Código Penal pero exige que los impulsores originales, como Borinsky, lleguen a un acuerdo con Mahiques que podó ese articulado. Acaso ese sea un objetivo difícil de conseguir en medio de la disputa por las vacantes en la Corte, la Procuración, los juzgados federales y hasta la reforma del reglamento de selección de jueces que impulsan Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Ariel Lijo.
En efecto, LPO publicó que fueron Karina y Mahiques los que decidieron enterrar el proyecto de reforma de Borinsky y otros colegas, que trabajaron durante dos años. La hermana presidencial y el ministro colaron subas para casi todos los delitos, menos para los de la corrupción política. El efecto Adorni dispara esquirlas sin control.
Lo curioso es que Karina volteó la iniciativa de Borinsky después de la primera reunión entre Mahiques y Milei.
Como sea, la reunión del camarista de la Casación con el asesor presidencial y Amerio demuestra que la pelea descontrolada de Comodoro Py contra el eje de Karina y Mahiques no se detiene. La interna del Poder Judicial podría tramitarse ahora también en la discusión del nuevo Código Penal.
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Martín Llaryora anticipa que el plan económico de Javier Milei naufraga y que la inflación se escapa: por eso otorgó a los docentes -el grupo de estatales más grande- un aumento del 40%, muy por encima de cualquier cálculo libertario.
El Gobierno cordobés jugó fuerte, aunque acorralado por el gremio de docentes que endureció su postura. Lo cierto es que al final del día, Llaryora admitió un 40% para todo el año, en un esquema de aumentos mensuales atados al IPC y con una cláusula de revisión en octubre. Es un número que rompe por completo con las previsiones oficiales.
El Presupuesto provincial, alineado con las proyecciones nacionales de Javier Milei y su ministro Luis Caputo, estimaba una inflación apenas superior al 10% y un crecimiento económico del 6%. Ninguna de esas variables se está cumpliendo. El acuerdo docente funciona, entonces, como una admisión implícita de que el escenario económico es otro. Mucho más adverso.
Lo que se firmó con la UEPC no queda ahí. Como ocurre históricamente en Córdoba, el acuerdo docente se convierte en referencia obligada para el resto de los estatales. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), su titular Sergio Castro ya adelantó que buscarán replicar el esquema con un piso del 40%.
Eso implica trasladar el impacto a toda la estructura estatal: administración central, fuerzas de seguridad, salud y jubilados. La cifra es contundente: el costo fiscal adicional ascendería a $1,25 billón en el año.
Aunque Llaryora destrabó el conflicto con docentes, y seguramente pasará lo mismo con el resto de los estatales provinciales, encendió un foco de conflicto con los intendentes. «Ahora, los empleados municipales se dan vuelta y piden un aumento igual que los docentes y eso nos prenden fuego las cuentas», dice un intendente peronista ajustado por la caída de la coparticipación desde hace ocho meses. La recaudación provincial viene mostrando signos de debilidad, en línea con la contracción de la actividad económica.
Ante ese panorama, en el Gobierno empiezan a mirar de reojo un recurso que hasta ahora evitaban mencionar: los fondos obtenidos en los mercados internacionales. Pero para los intendentes, esa posibilidad no es una solución: los gobiernos locales no tienen acceso al fondeo.
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