Durante la tarde del sábado y buena parte del domingo, un sector de calle 25 de Mayo y la Plaza de los Próceres fueron sede del primer Oktoberfest Regina que reunió a cerveceros locales, la excelente gastronomía y la música de nuestros artistas.
También acompañó un clásico como la Feria ReEmprender con los productos de nuestros artesanos y microemprendedores en la Plaza Primeros Pobladores.
De esta manera, los reginenses disfrutaron de un evento distinto y así ir preparando el clima para los festejos del aniversario.
El hilo lo abrió Rodolfo Tailhade, pero la historia ya venía escrita en los tribunales de Texas y en los despachos de la ultraderecha local. En un tuit que retumbó este viernes, el diputado kirchnerista recordó que entre 2015 y 2019, el narco argentino Federico “Fred” Machado transfirió más de tres millones de dólares a Vidal “Vidalito” Bada Vázquez, el empresario bonaerense detrás de Lácteos Vidal, la misma firma que Patricia Bullrich y su aliada Florencia Arietto presentaron como una “pyme familiar perseguida por la mafia sindical”.
Lo nuevo no es solo la plata ni los vuelos: es el nombre que Tailhade deslizó al final del mensaje, con ironía y puntería. “Vos, @KarenReichardt1, ¿por casualidad sabés algo de los negocios de Fred Machado?”. La pregunta quedó flotando, pero la conexión que sugiere abre otra capa del escándalo que Noticias La Insuperable viene siguiendo desde principios de octubre.
El 24 de agosto de 2015 el narco Fred Machado le transfirió a Vidal “Vidalito” Bada Vázquez US$ 1.000.000 desde la misma cuenta en el Bank of America que le transfirió los US$ 200.000 a Espert. Entre esa fecha y el 15 de noviembre de 2019, Machado realizó 9 transferencias a… pic.twitter.com/rw07hYo0m0
Según reveló este portal en la nota “Los vuelos, la coca, el dinero y las minas: la red de Espert, Machado y los Bada Vázquez”, la justicia estadounidense investiga a Fred Machado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico a través de su firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., epicentro de un entramado financiero que mezcla aviones, criptomonedas y minas de oro.
En los registros bancarios del Bank of America —incorporados a la causa USA vs. Mercer-Erwin et al.— aparecen los movimientos que Tailhade detalló: transferencias millonarias desde la cuenta de Machado hacia los Bada Vázquez, que suman más de 3 millones de dólares.
En paralelo, la justicia argentina allanó las empresas y el domicilio de los Bada en Carlos Casares, tras descubrirse que una avioneta vinculada a su grupo empresarial fue usada para transportar 352 kilos de cocaína en Ibicuy, Entre Ríos. El avión había sido vendido a los narcos por apenas 13 mil dólares, cuando su valor real superaba los 250 mil.
Espert, los vuelos y el patrón narco
El nexo político más visible es José Luis Espert, el diputado libertario que firmó con Machado un contrato de un millón de dólares y realizó 36 vuelos en aeronaves ligadas al empresario. Uno de esos vuelos, según denunció Juan Grabois, apagó el transpondedor al salir de Florida y reapareció sobre Rosario, un movimiento típico de las “narcoflotillas” bajo investigación en Texas.
En esa misma red aparecen también los Bada Vázquez —aportantes de campaña de Bullrich— y Claudio “El Lechuga” Ciccarelli, primo y supuesto testaferro de Machado, con quien los Bada compartieron una empresa minera, Eco Friendly S.A., que intentó quedarse con la mina de oro de Andacollo, en Neuquén.
El círculo liberal y las minas del narco
La trama se completa con sociedades cruzadas: María Cecilia Roncero, esposa de Vidal Bada Vázquez, es socia de Ciccarelli en esa firma minera. Ambos figuraron en el intento de “salvataje” de la mina neuquina, que se frustró cuando el nombre de Machado comenzó a aparecer en las causas de lavado.
El reparto accionario de Eco Friendly S.A. muestra la red con claridad: Vidal Bada (47%), Roncero (48%) y Southcross Logistics (5%), una firma de transporte internacional con ramificaciones en Miami. Todos caminos que conducen al mismo lugar: el entorno del empresario narco condenado en Texas, financista del libertarismo argentino.
Reichardt y el silencio que habla
Tailhade no incluyó a Karen Reichardt —ex modelo y actual legisladora provincial libertaria— por casualidad. Su nombre aparece entre quienes defendieron públicamente a los dueños de Lácteos Vidal durante el conflicto gremial con el sindicato lechero ATILRA, repitiendo el discurso de “pyme perseguida” que impulsaron Bullrich y Arietto.
Hoy, con las pruebas de la justicia estadounidense y las transferencias bancarias sobre la mesa, esa defensa política adquiere otro color. Si los Bada eran “una pyme acosada”, ¿por qué recibían millones desde la cuenta de un narco del Cártel de Sinaloa?
Reichardt aún no respondió. Pero la pregunta de Tailhade parece menos retórica que estratégica: ¿qué tanto sabe el círculo libertario sobre los negocios de Fred Machado y sus socios?
El corazón del entramado
Lo que las causas argentinas y texanas están mostrando es un esquema transnacional de lavado, contrabando y financiamiento político, que une al empresariado liberal con el dinero sucio del narcotráfico.
Y en ese mapa, los nombres se repiten: Machado, Espert, Bada Vázquez, Bullrich… y ahora Reichardt. Un rompecabezas que ya no se arma en los laboratorios del liberalismo, sino en los tribunales de dos países.
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En medio del escándalo por el avance de las polémicas torres que el intendente Julio Zamora promueve con apoyo de los libertarios, la Justicia ordenó en las últimas horas frenar las nuevas habilitaciones que requieran viabilidad urbanística en Tigre.
El fallo del juez en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro, Marcelo Gradín, suspende toda aprobación nueva de construcción de torres hasta que el Concejo Deliberante apruebe una nueva normativa de «Alturas y Perfiles Urbanos» o por un máximo de seis meses.
En la resolución a la que tuvo acceso LPO, el juez Gradín sostiene que el propio municipio admitió formalmente que el crecimiento urbano está fuera de control, que el actual Código (redactado hace 30 años) está obsoleto y que hay impactos negativos por la construcción en altura.
La decisión judicial surge a partir de la presentación que, a finales de septiembre, hizo la Asociación Civil «Compromiso Urbano», que interpuso un amparo ambiental contra la Municipalidad de Tigre, «a los fines de que se dicte la nulidad» del decreto 935/25 firmado por Zamora.
Ese cuestionado decreto de Zamora solo frenó obras de más de 27 metros. No obstante, no expone estudio técnico alguno que justifique por qué las edificaciones menores a 27 metros no producen daño.
En su resolución, el juez sostuvo que hay evidencia suficiente de falta de audiencias públicas y de estudios de impacto ambiental.
En ese punto, quienes se oponen plantean que existen numerosas obras de hasta 27 metros con trámites abiertos que también pueden causar impactos severos.
En esa línea, quienes promueven el amparo sostienen que, si el problema es ambiental y urbanístico, no tiene sentido frenar solo a partir de 27 metros ya que también existe riesgo en las obras menores.
En su resolución, que no suspende obras ya aprobadas ni en ejecución, el juez sostuvo que hay evidencia suficiente de falta de audiencias públicas y de estudios de impacto ambiental.
Además de dar cuenta de los reclamos vecinales, planteó que el Código urbanístico está desactualizado y que existen riesgos reconocidos por el propio Municipio en el decreto de Zamora que, en lugar de asistir a la defensa del planteo de la comuna, termina siendo una prueba a favor del amparo.
El magistrado advirtió que la continuidad en la aprobación de obras de este tenor por parte del municipio puede generar un daño irreversible con perjuicio al ambiente y al futuro ordenamiento urbano.
LPO contó que, en el Concejo Deliberante, Zamora había logrado rechazar el freno a las torres que promovía el massismo. Para eso, el intendente contó con el apoyo de los libertarios, en lo que representó una señal de acercamiento más entre ambos espacios.
El magistrado advirtió que la continuidad en la aprobación de obras de este tenor por parte del municipio puede generar un daño irreversible con perjuicio al ambiente y al futuro ordenamiento urbano.
El avance de los edificios en Tigre viene siendo disparador de choques entre el zamorismo y el Frente Renovador. Para correr la polémica de la agenda de campaña, Zamora había decretado la suspensión de las habilitaciones de torres de más de 8 pisos.
Sin embargo, en el massismo sostienen que ese tope no tiene sustento técnico y que una torre de 8 pisos puede saturar de todos modos cualquier barrio (Pacheco, La Bota, Dique Luján, Tigre Centro).
Por eso, en la reciente sesión del Concejo, el massista Pablo Acevedo presentó una moción para suspender todas las habilitaciones en altura «hasta que Tigre discuta de verdad un Código Urbano nuevo, claro y transparente».
Zamora logró con apoyo libertario rechazar el freno pedido por el massismo. Sin embargo, la Justicia ahora es la que suspende nuevas edificaciones e impone un debate exhaustivo sobre el tema. La polémica crece.
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