Durante la tarde del sábado y buena parte del domingo, un sector de calle 25 de Mayo y la Plaza de los Próceres fueron sede del primer Oktoberfest Regina que reunió a cerveceros locales, la excelente gastronomía y la música de nuestros artistas.
También acompañó un clásico como la Feria ReEmprender con los productos de nuestros artesanos y microemprendedores en la Plaza Primeros Pobladores.
De esta manera, los reginenses disfrutaron de un evento distinto y así ir preparando el clima para los festejos del aniversario.
Generosamente fui invitado a escribir en “La Tapa” para expresar algunas reflexiones vinculadas a mi profesión ligada al mundo del derecho. En esta sociedad parece que el abogado “sabe” de todo, y así se opina de todos los temas, y no siempre pero a veces existe absoluta liviandad, preconceptos, prejuicios y desconocimiento. Para no ser…
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En plena dictadura militar, cuando cantar una consigna política podía terminar en cárcel, palazos o desapariciones, una tribuna del ascenso argentino decidió romper el miedo. El 24 de octubre de 1981, la hinchada de Nueva Chicago cantó la Marcha Peronista en un estadio de fútbol y desató una represión feroz. Cuatro décadas y media después, aquella escena sigue siendo uno de los episodios más potentes de resistencia popular nacidos desde una cancha.
Por Alcides Blanco para NLI
La Argentina de 1981 era un país atravesado por el terror estatal. Aunque la Junta Militar comenzaba a mostrar signos de desgaste, la maquinaria represiva seguía intacta. Había censura, persecución política y control sobre cualquier manifestación pública. En ese contexto, entonar la Marcha Peronista equivalía a desafiar directamente al poder militar.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Mataderos.
Aquella tarde, Nueva Chicago enfrentaba a Defensores de Belgrano en el viejo estadio República de Mataderos por el campeonato de Primera B. El equipo verdinegro marchaba rumbo al ascenso y el barrio respiraba clima de fiesta. Bombos, banderas y tribunas repletas convivían con una tensión permanente: la Policía controlaba cada movimiento porque el fútbol también era vigilado como espacio político.
Entonces ocurrió lo impensado.
Desde la popular comenzó a escucharse la melodía prohibida. Primero tímidamente. Después con fuerza. Miles de hinchas empezaron a cantar la Marcha Peronista en plena dictadura militar, en un país donde todavía funcionaban centros clandestinos de detención y donde el aparato represivo seguía activo sobre sindicatos, universidades y barrios populares.
La tribuna obrera que enfrentó el miedo
Nueva Chicago no era cualquier club. La identidad del barrio de Mataderos estaba profundamente ligada al movimiento obrero y al peronismo histórico. Desde mediados del siglo XX, el club había construido una mística popular asociada a los trabajadores de frigoríficos, mercados y fábricas de la zona oeste porteña.
Por eso, lo ocurrido en 1981 no fue solamente un canto futbolero. Fue una demostración política nacida desde abajo, desde una tribuna popular que decidió desafiar el silencio impuesto por los militares.
La reacción policial fue brutal e inmediata.
Efectivos armados ingresaron a la tribuna con palos y comenzaron una represión feroz. Hubo corridas, golpes y decenas de detenidos. Según reconstrucciones posteriores, 49 hinchas terminaron arrestados y varios fueron obligados a correr esposados por las calles de Mataderos porque los patrulleros no alcanzaban para trasladarlos.
La imagen de los “presos al trote” apareció en diarios de la época y se convirtió en una postal insólita del final de la dictadura: un régimen militar aterrorizado por una canción.
Peor todavía: nueve hinchas fueron enviados a la cárcel de Devoto acusados de infringir disposiciones sobre reuniones deportivas. Uno de ellos permaneció preso durante más de un mes. Todo por cantar en una cancha.
El “Arroz con leche” que humilló a la Policía
La historia no terminó allí. Una semana después, Chicago jugó contra Atlanta y la tensión seguía intacta. La Policía esperaba una nueva provocación y preparó un operativo especial para reprimir otra vez el canto prohibido.
Pero la hinchada tenía preparada una respuesta tan simple como genial.
Desde la tribuna comenzó nuevamente la introducción musical de la Marcha Peronista. Los policías avanzaron desesperados, convencidos de que volverían a escuchar el cántico peronista. Sin embargo, cuando llegó el momento de la letra, miles de gargantas explotaron con otra canción:
“Arroz con leche, me quiero casar…”
La maniobra descolocó completamente al operativo policial. Mientras los efectivos quedaban expuestos al ridículo, la tribuna estallaba de risa y celebración. La hinchada había encontrado una forma perfecta de burlarse de la dictadura usando una canción infantil.
La escena quedó inmortalizada como uno de los episodios más creativos de resistencia cultural durante los años oscuros del terrorismo de Estado.
Mucho más que fútbol
Con el paso del tiempo, aquella jornada adquirió una dimensión histórica mucho mayor. Lo sucedido en Mataderos demostró que el fútbol argentino nunca estuvo aislado de la realidad política y social del país. Mientras muchos dirigentes miraban para otro lado frente al horror dictatorial, sectores populares encontraron en las tribunas un espacio de identidad y resistencia.
La hinchada de Chicago hizo política cuando hacerlo podía costar la libertad. No hubo dirigentes pronunciando discursos ni estructuras partidarias organizando actos. Hubo trabajadores, vecinos e hinchas desafiando el miedo colectivo desde una popular.
A 45 años de aquella tarde, el episodio sigue funcionando como una marca profunda en la memoria futbolera y política argentina. Porque en uno de los momentos más oscuros de la historia nacional, una tribuna demostró que incluso bajo represión, censura y amenazas, todavía había quienes estaban dispuestos a cantar.
El sector inmobiliario argentino atraviesa una grieta central en el último año y medio entre los que defienden la matrícula obligatoria para operar, manejada históricamente por los Colegios y Cajas Inmobiliarias, y los que proponen poner en competencia a ese sistema.
Hasta hace pocos años parecía una discusión imposible de instalar, pero hace varios meses comenzó a filtrarse en fundaciones, despachos políticos y legislativos, cámaras empresariales y debates técnicos. Detrás de esa incomodidad empezó a aparecer un nombre repetido con insistencia en el sector, Jorge Amoreo Casotti.
Casotti lleva meses tejiendo una estrategia para instalar el tema en la agenda del gobierno. El evento de Reporte Inmobiliario en la UCA fue el momento elegido para salir a la luz. El 27 de abril pasado, en un auditorio de la facultad ubicada en Puerto Madero, el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, terminó de exponer ante desarrolladores e inmobiliarios cuando, desde el público, Casotti tomó el micrófono y realizó la única pregunta del evento, incómoda, pero que muchos esperaban.
Casotti no es un dirigente corporativo ni un referente político conocido. Es fundador de Pint, una startup proptech que opera en el mercado de intermediación inmobiliaria en varias ciudades. En sus redes sociales se distingue, sin decirlo, como un libertario radical. En una publicación de Instagram mostró una reunión personal con Alberto Benegas Lynch, figura de referencia para Javier Milei y los libertarios.
De esas entrañas provienen las ideas de Casotti. Pero no todo es idealismo. La pregunta en el evento de Reporte Inmobiliario no fue precisamente espontánea. Según pudo saber este medio, Casotti tenía perfectamente coordinada la situación para volver a poner el tema en la agenda.
El intercambio funcionó como el disparador público de algo que el gobierno ya tenía en carpeta: Sturzenegger confirmó que en junio enviará al Congreso un paquete de desregulación inmobiliaria con el objetivo de reducir costos en las operaciones de compraventa y ampliar la competencia en el sector.
Casotti no viene del riñón del sector inmobiliario tradicional. Pero desde principios de 2025 se volvió una voz disruptiva en la industria. Llegó a ser considerado para ocupar el rol de director de innovación de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) cuando la entidad era presidida por Iván Ginevra, de estrecha relación con el libertario, e importante empresario inmobiliario de Puerto Madero. Casotti no pudo nunca asumir su cargo porque la comisión directiva de la CIA lo despachó rápidamente. Luego también lo hizo con Ginevra, que dejó el cargo por haberlo propuesto.
La tesis central de Amoreo Casotti es que el corretaje inmobiliario debe entenderse como un servicio de intermediación comercial y no como una profesión científica. En esa línea, propone abrir el mercado para que más personas puedan ofrecer servicios. La propuesta incluye la posibilidad de habilitar certificaciones en competencia, que otorguen validación para operar dentro del mercado.
La tesis central de Amoreo Casotti es que el corretaje inmobiliario debe entenderse como un servicio de intermediación comercial y no como una profesión científica. En esa línea, propone abrir el mercado para que más personas puedan ofrecer servicios. La propuesta incluye la posibilidad de habilitar certificaciones en competencia, que otorguen validación para operar dentro del mercado.
Los cambios apuntan a un esquema más flexible, con la figura del corredor independiente, la eliminación de restricciones territoriales y la posibilidad de acordar comisiones libremente. Según informó El Cronista, hoy la intermediación puede representar más del 6% del valor de una operación, a lo que se suman gastos administrativos, tasas y procesos burocráticos.
Jorge Amoreo Casotti.
La reacción del sector tradicional ahora está saliendo con los tapones de punta. Referentes históricos y varios presidentes de colegios inmobiliarios salieron a cuestionar la iniciativa. Advierten que una eventual baja en los costos transaccionales podría traer aparejada mayor informalidad y una caída en la calidad del servicio.
La reacción del sector tradicional ahora está saliendo con los tapones de punta. Referentes históricos y varios presidentes de colegios inmobiliarios salieron a cuestionar la iniciativa. Advierten que una eventual baja en los costos transaccionales podría traer aparejada mayor informalidad y una caída en la calidad del servicio.
En un reciente video de Youtube, titulado «La verdad sobre el plan del gobierno para destruir la industria», dos históricos referentes del sector apuntan principalmente contra Casotti. Se trata de Alberto Loyarte, de Semana Inmobiliaria, y Alejandro Braña, de Braña Propiedades. No solo apuntan a Casotti, también señalan a Daimán Tabakman, reconocido consultor inmobiliario, José Rozados, fundador de Reporte Inmobiliario, y al célebre influencer Beltrán Briones como parte de una conspiración digitada por el propio gobierno.
Otro dato no menor se dio el mes pasado en la cena de la Fundación Libertad. El cónclave que reunió a las máximas figuras libertarias también contó con la presencia del empresario inmobiliario detrás de la desregulación. Según fuentes que asistieron al evento, se pudo ver a Casotti hablando junto a Sturzenegger cuando finalizaba el encuentro, lo que da sobradas muestras de la cercanía entre el Ministro y el CEO de Pint.
Hay también un antecedente jurídico que los críticos esgrimen: el decreto 2484 de 1991, impulsado durante la gestión de Domingo Cavallo, planteó una desregulación comparable y terminó declarado inconstitucional por la Corte Suprema, dado que las provincias poseen la facultad de ejercer el poder de policía sobre las profesiones y de delegar ese control en los colegios profesionales.
Lo que distingue a Casotti del perfil típico del lobbista sectorial es su exposición pública y su disposición al conflicto directo. Mientras las críticas al sistema colegiado circulaban históricamente en conversaciones privadas, él decidió convertirlas en ofensiva abierta. «Esto va a ser muy combatido y vamos a necesitar voces que lo defiendan, no solo desde lo técnico sino también desde lo moral», comentó en El Cronista.
El gobierno, por su parte, ya tomó posición. Sturzenegger cuestionó abiertamente el rol de los colegios profesionales y afirmó «que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social». Aunque aclaró que el problema no es la existencia de estas entidades, sino su carácter coactivo, y el uso de regulaciones para fijar condiciones que no responden al mercado.
Con el proyecto camino al Congreso y el sector dividido, Casotti pasó de ser un nombre que circulaba en foros especializados de la innovación a convertirse en el rostro civil de una de las reformas más polémicas de las últimas décadas, y que el oficialismo tiene en agenda para el segundo semestre.
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