Durante la tarde del sábado y buena parte del domingo, un sector de calle 25 de Mayo y la Plaza de los Próceres fueron sede del primer Oktoberfest Regina que reunió a cerveceros locales, la excelente gastronomía y la música de nuestros artistas.
También acompañó un clásico como la Feria ReEmprender con los productos de nuestros artesanos y microemprendedores en la Plaza Primeros Pobladores.
De esta manera, los reginenses disfrutaron de un evento distinto y así ir preparando el clima para los festejos del aniversario.
Bajo el lenguaje técnico de la “interoperabilidad”, el Ministerio de Seguridad habilitó el acceso automático y en tiempo real a bases de datos sensibles. Sin debate público ni control parlamentario, la Resolución 1404/2025 profundiza una lógica de vigilancia permanente que concentra poder y erosiona garantías.
Por Roque Pérez para NLI
El backend del control
La Resolución 1404/2025, firmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y publicada hoy en el Boletín Oficial, no crea una nueva base de datos ni anuncia cámaras adicionales. Hace algo más eficaz: automatiza y normaliza el acceso de las fuerzas federales al SIFCOP mediante APIs y servicios web, integrándolo a sus sistemas internos en tiempo real. En términos políticos, reduce fricciones para mirar y acelera la capacidad de actuar.
El SIFCOP reúne pedidos de captura, prohibiciones de salida del país, búsquedas de personas, secuestros vehiculares y datos sobre documentos y armas. Hasta ahora, ese acceso exigía pasos y tiempos. Desde ahora, la consulta puede ser constante, silenciosa y transversal, sin que el ciudadano sepa cuándo ni por qué fue consultado.
De la excepción a la rutina
El problema no está solo en qué datos existen, sino en cómo se usan. La resolución convierte lo excepcional en cotidiano: consultas automáticas, cruces en segundo plano, alertas internas. La vigilancia deja de ser un acto puntual para convertirse en una función permanente del sistema. Así, el control se vuelve burocrático, técnico y difícil de impugnar.
Aunque el texto prohíbe usos ajenos a la seguridad pública y promete auditorías, la experiencia argentina demuestra que la trazabilidad no siempre implica sanción. Más usuarios, más credenciales y más integraciones significan más superficie de riesgo para filtraciones, abusos o “carpetazos” sin firma.
Sin contrapesos democráticos
Nada de esto pasó por el Congreso. No hubo debate público ni evaluación de impacto en derechos. La norma concentra poder informacional en la cartera de Seguridad, que decide quién accede, cómo y con qué límites, y además se reserva la facultad de dictar actos complementarios. El control judicial queda relegado a ver resultados (detenciones, procedimientos), no el uso cotidiano de los datos.
En términos institucionales, la resolución ensancha la discrecionalidad de las fuerzas federales y profundiza asimetrías con provincias y CABA, que dependen del acceso autorizado a un backend centralizado.
El Gran Hermano del siglo XXI
No es el ojo visible de la pantalla gigante. Es el Gran Hermano del backend: legal, eficiente, permanente. Como en 1984, el control no necesita mostrarse; alcanza con que funcione todo el tiempo. La certeza de que el Estado puede mirar, cruzar y actuar en tiempo real disciplina conductas y desplaza derechos, sin necesidad de anuncios grandilocuentes.
La Resolución 1404/2025 no es ilegal ni improvisada. Es peor: es prolija, técnica y silenciosa. Y en ese silencio administrativo se consolida una forma de vigilancia que avanza sin votos, sin debate y sin límites claros.
El presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, dijo que desde lo más alto del Poder Judicial tienen en foco los escándalos en Rosario, donde este año hay en curso causas penales por corrupción contra dos magistrados, en una jurisdicción que se distingue por las tramas entre factores de poder que mezclan a empresarios, medios de comunicación y algunos jueces.
Con el planteo de Rosatti resonando, el Consejo de la Magistratura decidió este miércoles avanzar en medidas contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, que está imputado de haber pedido un soborno para ordenar al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares a un fideicomiso para pagar una deuda con una empresa del exterior, cuando regía el cepo cambiario.
Ese fideicomiso lo administraba el financista Fernando Whpei, quien a la vez está imputado junto al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por una extorsión contra un agente de Bolsa, que tiene además como partícipes señalados al ex director regional de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna y al lobista judicial Santiago Busaniche, conectado al mundo de los servicios de inteligencia.
En el marco de estas causas en pleno trámite, el hecho de que el presidente del máximo tribunal argentino hablara de esto fue un mensaje contundente para toda la Justicia Federal de Rosario que durante mucho tiempo tuvo un proceder opaco y omisivo, en especial contra el comercio de drogas que convirtió a la ciudad a partir de 2013 en la más violenta de la Argentina. El ministro de la Corte dijo que ante este proceso cada uno debe definir «de qué lado está».
Rosatti recordó que hace tres años estuvo en Rosario en un acto de abrazo a magistrados de la Justicia Federal donde estuvieron referentes judiciales de todo el país, junto al gobernador, senadores y diputados. «Estaba toda la política, toda la Justicia, estaban las universidades. Ahí yo dije: «Quiero saber de qué lado está cada uno porque esto es un entramado muy muy complejo y no hay neutrales, el que se dice neutral es cómplice». Y dije también ahí que me llamaba mucho la atención que no lleguen casos de narcotráfico a la Corte, es como que todo el mundo estuviera conforme con las sentencias de primero o de segunda instancia».
Afirmó que desde entonces empezó a verse un cambio y que hubo en los últimos dos años unas cien condenas contra actores del narcotráfico. «Y empezó a verse una investigación del propio Poder Judicial respecto de una trama que involucraba jueces». Rosatti indicó que desde la Corte se colocó un reflector sobre esa red donde están «el empresariado, algunos decían medios de comunicación, eventualmente jueces» y probablemente con alguna protección de afuera de la provincia.
Quiero saber de qué lado está cada uno porque esto es un entramado muy muy complejo y no hay neutrales, el que se dice neutral es cómplice
El problema del narcotráfico, siguió Rosatti, es básicamente el tema del lavado de activos y de la trazabilidad del dinero que produce. Y reiteró que el Poder Judicial está echando luz «sobre influyentes, operadores, y ciertos servicios que no quiero llamar de inteligencia, servicios de información, todo mezclado ahí».
La trama de investigaciones que se acrecentó desde noviembre de 2024 dejó ver que el ex juez Bailaque tenía el mismo contador que algunas empresas del narcotraficante Esteban Alvarado al que él mismo investigaba. Las acciones omisivas de Bailaque hacia Alvarado fueron denunciadas por fiscales santafesinos al Consejo de la Magistratura en 2020 pero el órgano que investiga el proceder de los jueces tuvo cuatro años congelado ese expediente.
En una de las causas de Bailaque está imputado Santiago Busaniche, un lobista muy conocido en Comodoro Py. Según el ex jefe de la AFIP Vaudagna, también imputado, el que estaba interesado en concretar el chantaje contra el agente de Bolsa de Rosario Claudio Iglesias era Sergio Marchi, administrador general de la Corte. Ante la pregunta de si podían estar implicados en estas tramas actores de afuera de Santa Fe, Rosatti dijo: «puede ser».
El Consejo de la Magistratura ahora avanza contra Salmain en varios expedientes. La medida de hoy la resolvió la Comisión de Acusación que preside Luis Juez, que es el instructor del caso. Salmain fue imputado además este martes por abuso de autoridad ya que cuando en octubre fue requisado por orden judicial y le secuestraron su teléfono celular utilizó su condición de magistrado para pedir de modo oficial información detallada sobre quién ordenaba la medida, quiénes la concretaban y quién fue el juez interviniente.
Además Salmain tiene un expediente en la Comisión de Disciplina del Consejo que instruye la jueza Alejandra Provítola. Ahí lo investigan por haber omitido en su currículum para juez en 2016 que la Corte Suprema por unanimidad lo había echado del Poder Judicial en 2002, cuando era empleado, por ofrecer una coima a una funcionaria para eludir el sorteo de un expediente laboral y direccionarlo al juzgado donde él trabajaba.
Pese a estar imputado e investigado en varias causas por el órgano que examina el comportamiento de jueces, actualmente Salmain está a cargo de uno de los dos juzgados que hay en Rosario del fuero civil y comercial en la Justicia Federal.
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Martín Llaryora ordenó a los diputados cordobeses que voten contra todo el capítulo XI de la ley de Presupuesto, si el gobierno no acepta el tratamiento por separado del artículo 75, cuya letra plantea la derogación de la ley de aumento del presupuesto universitario y la emergencia en discapacidad. «Hicimos los números y a esa planilla no le damos bola», habría dicho Llaryora a uno de sus legisladores.
La bronca del gobernador cordobés, anticipada por LPO, desembocó en una rebelión de todo el interbloque de Unidos, que reúne a los legisladores de Provincias Unidas, los pichettistas, los socialistas y los radicales Pablo Juliano, Mariela Coletta y Martín Lousteau. En total, juntan 22 votos.
Al mismo tiempo, ese conato se extiende al bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. El tucumano mandó a sus tres legisladores a garantizar el financiamiento a las universidades y la Andis, aunque al cierre de esta nota cerca suyo comentaban que ignoraban cómo harían sus diputados para sortear la trampa de Martín Menem y Gabriel Bornoroni, que habían impuesto la votación capítulo por capítulo para que nadie pudiera votar contra el 75 sin rechazar otros artículos, como los de subsidios para zonas frías, emergencia sanitaria por el Garrahan y aumento para las prestaciones por discapacidad.
Si los legisladores de Jaldo se plegaran a Unidos, ya serían 25 para subirse a la oposición de los 90 de Fuerza Patria, que tenía varios ausentes este miércoles, y los cuatro del Frente de Izquierda.
A esos 119 podrían agregarse los siete de Innovación Federal, integrado por cuatro misioneros y tres salteños que habrían decidido defender las universidades nacionales de sus provincias. Esa aritmética los situaría alrededor de los 126 votos contra el capítulo entero.
La bronca del gobernador cordobés, desembocó en una rebelión de todo el interbloque de Unidos, que reúne a los legisladores de Provincias Unidas, los pichettistas, los socialistas y los radicales Pablo Juliano, Mariela Coletta y Martín Lousteau. En total, juntan 22 votos.
La UCR, por su parte, emitió un comunicado exigiendo a sus diputados que voten «un presupuesto con financiamiento universitario y fondos para discapacidad». En el bloque del partido centenario quedaron seis legisladores, liderados por la mendocina Pamela Verasay. Ella y Lisandro Nieri, que también se desempeña como docente universitario, no sabían qué hacer al momento de la votación o mantenían su definición oculta con cuidadoso hermetismo.
La suerte del artículo 75 y, por ende, la del capítulo XI dependía en consecuencia de ese grupo de radicales, animado también por los chaqueños Gerardo Cipolini y Martín Agüero, el correntino Diógenes González y el entrerriano Darío Schneider.
Los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone en la sesión de este miércoles.
Para colmo, Oscar Zago y Eduardo Falcone estaban dispuestos a abstenerse, al igual que el larretista Álvaro González. Esos tres diputados habían apoyado la moción de Bornoroni para que se vote la ley capítulo por capítulo, dándole una victoria al oficialismo por 131 votos contra 112 negativos y la abstención de Karina Banfi.
Sin aquellos tres para respaldar el capítulo XI, los libertarios caerían a 128 voluntades y la oposición orillaría las 126. Menem se asomaría entonces a una pelea cabeza a cabeza, que por ahora figura tan solo como una posibilidad pero tal vez amenace incluso la media sanción en general, si se contagia la rebelión de Unidos.
