Durante la tarde del sábado y buena parte del domingo, un sector de calle 25 de Mayo y la Plaza de los Próceres fueron sede del primer Oktoberfest Regina que reunió a cerveceros locales, la excelente gastronomía y la música de nuestros artistas.
También acompañó un clásico como la Feria ReEmprender con los productos de nuestros artesanos y microemprendedores en la Plaza Primeros Pobladores.
De esta manera, los reginenses disfrutaron de un evento distinto y así ir preparando el clima para los festejos del aniversario.
Desde que soy chica escucho la misma historia, que la fruticultura no encuentra soluciones a la crisis y vive en un loop constante, que cada año hay menos productores, que los medianos y pequeños no se pueden solventar, que otras tantas chacras quedan abandonadas sin trabajar, o son vendidas en pos del crecimiento urbano, o…
Con la Resolución 213/2025, el Estado se retira de una de sus funciones más sensibles: controlar balanzas, surtidores, medidores y radares. Bajo el discurso de la “desburocratización”, Milei profundiza un modelo donde el mercado se audita a sí mismo.
Por Tomás Palazzo para NLI
El Consejo Directivo del INTI oficializó, a días de terminar el año, una decisión que marca un antes y un después en la política de control estatal: el organismo deja de prestar los servicios de metrología legal y certificación obligatoria en buena parte de los instrumentos que se usan todos los días en el comercio, la industria y el control público.
No se trata de un cambio técnico ni administrativo. Es un retiro deliberado del Estado de una función estratégica: garantizar que lo que se mide, se cobra, se multa o se factura sea correcto. Balanzas, surtidores de nafta, medidores de agua y electricidad, etilómetros, taxímetros y radares de velocidad ya no serán controlados directamente por un organismo público, sino por laboratorios y certificadoras privadas.
Un Estado que deja de controlar
La Resolución 213/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial dispone que el INTI abandona la aprobación de modelos, las verificaciones primitivas y los controles periódicos de instrumentos clave para la vida cotidiana. Estas tareas quedan en manos de entidades privadas acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), en un esquema donde el propio mercado pasa a auditarse.
El cronograma es progresivo, pero el sentido es claro: desde enero de 2026 el INTI empieza a correrse, primero en el AMBA y luego en el resto del país. Lo que durante décadas fue una función pública indelegable se transforma en un servicio tercerizado, pago y orientado por la lógica comercial.
La privatización que no se nombra
El texto habla de “simplificación”, “eliminación de trabas” y “reducción de costos”. Pero lo que no dice es que se vacía una capacidad estatal construida durante décadas. El INTI no era un actor más: era el garante público de que las reglas se cumplieran sin conflictos de interés.
Ahora, el mismo actor que fabrica, importa o comercializa un instrumento elige y paga al organismo que lo certifica. El riesgo es evidente: menos control independiente, más margen para el fraude, menos protección para consumidores y usuarios.
Este esquema no es nuevo. Es el mismo libreto que se aplicó en otras áreas del Estado bajo la consigna de achicar, delegar y confiar en el “autocontrol” del mercado. El resultado, históricamente, siempre fue el mismo: beneficios privados, costos socializados.
Milei y el Estado mínimo en acción
La Resolución del INTI no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia del Gobierno de Milei: retirar al Estado de las funciones de regulación y control, incluso en áreas donde está en juego el bolsillo de la gente, la seguridad vial y la salud pública.
Mientras se habla de eficiencia, el Estado renuncia a saber, medir y verificar. El INTI queda reducido a un rol casi académico, enfocado en metrología científica e industrial, pero sin capacidad real de control masivo. La soberanía técnica se diluye y el interés público queda subordinado a la rentabilidad privada.
En nombre de la “libertad”, el Gobierno habilita un sistema donde el control deja de ser una política pública y pasa a ser un negocio. Y cuando el Estado deja de controlar, nunca es el mercado el que pierde: pierde la sociedad.
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El Secretario de Coordinación de la Municipalidad de Villa Regina Ariel Oliveros participó de la reunión virtual convocada por la Subsecretaría de Relaciones Municipales del gobierno nacional en la que se presentaron aspectos técnicos a tener en cuenta para la elaboración de proyectos en el marco del programa ‘Municipios de pie’. El objetivo del encuentro…
Javier Milei finalmente firmó la suba salarial para ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, pero no quiso revelar el monto del aumento.
Después de dos años de sueldos congelados como «gesto» a la ciudadanía, el gobierno publicó este viernes el decreto que dispone un aumento para las autoridades superiores en base a las subas de las paritarias del Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional.
Lo particular es que el decreto no establece el porcentaje de la suba que percibirán los funcionarios a partir de enero y solo establece que no serán retroactivos. Además excluye del aumento a Milei y Victoria Villarruel.
En los días previos en los pasillos de la Casa Rosada se estipulaba con que la recomposición salarial sería de entre 60 y 100 por ciento.
El congelamiento había generado un enorme problema interno para Milei porque los
salarios habían quedado muy bajos. El propio presidente percibe unos 4 millones de pesos, mientras los ministros están en 3,5 millones y los secretarios en 3,2 millones. Con la suba y el congelamiento del sueldo del presidente se podría dar la insólita situación de que un subsecretario cobre más que Milei.
Los bajos salarios en la Administración Pública están generando una fuga de cuadros técnicos al sector privado, lo que provocó quejas internas de los ministros. También se quejó Villarruel por redes: «En breve me pagan dos chirolas y soy vice».
