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OTRO DERRAME DE PETRÓLEO EN RÍO NEGRO

Un nuevo derrame de crudo en el área de Medanito a pocos kilómetros de Catriel, reaviva el debate sobre la seguridad ambiental y la falta de control sobre las empresas petroleras.

El jueves pasado se produjo un derrame de petróleo en crudo en el área Medanito, pocos kilómetros al sur de Catriel. El grave incidente se registró en un ducto que se encuentra fuera de las instalaciones de la Unidad de Medición de Pampetrol, donde entrega el producto a Oldelval. Esta unidad es donde las empresas miden lo que entregan sus clientes y se firman los documentos donde se registra lo entregado y se traspasan las responsabilidades, en este caso, Pampetrol entregó a Oldelval.

La situación en relación a las responsabilidades no está del todo clara. Muchas veces pasa que desde la unidad de medición hasta que ingresa a la planta hay varios kilómetros y es ahí donde las empresas se deslindan de responsabilidades ya que hay un gris legal en ese margen, que es justamente lo que pasó en este caso particular.

 
 
 
 
 
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Esto se debe a que Pampetrol posee una Unidad de Medición Automática (UAM) donde entrega el producto a Oldelval y después que pasa la Unidad de Medición, hay un tramo de ese caño que llega al oleoducto de Oldelval, que es el caño que se rompió. Lo que se transportaba en ese momento era un producto de Refipampa, que ya había pasado por el proceso de refinado.

Si bien aseguraron desde la empresa petrolera estatal que el incidente se contuvo. Ambos gobiernos provinciales, el de La Pampa y el de Rio Negro no se han expresa respecto al derrame.

La falta de control estatal y el autocontrol empresarial, son uno de los grandes problemas que tiene la actividad petrolera respecto al cuidado del medio ambiente. En un país donde casi todo es corruptible, el control de las actividades de hidrocarburos debiera ser socio institucional.

La visualización del derrame fue a través de un oyente que informó y compartió el material a Radio Ciudad de Catriel, desde donde se viralizó el video que muestra el derrame. Allí informaron sobre el nuevo derrame de hidrocarburos de impresionantes dimensiones que tuvo lugar en la zona del yacimiento Medanito ubicado en la localidad de Catriel, provincia de Río Negro».

La emisora reveló que tomó contacto con la situación a través de un video. «En las imágenes enviadas hoy -por el jueves pasado- por un oyente, se observa el derrame de petróleo destruyendo la flora y la fauna autóctona que llevará años restaurar», señalaron.

Una de las consecuencias negativas del derrame es que en caso de que llueva en estos días los deshechos podrían decantar directamente en el río. Radio Cartiel informó que «existe el riesgo cierto de que la contaminación se filtre a las napas y pase a la cuenca del Río Colorado por lo cual intervino el Coirco (Comité interjurisdiccional del río Colorado (COIRC0) creado por las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro) y el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro».

Por otro lado, recordaron que podría generarse un problema ambiental teniendo en cuenta que las localidades de Catriel y 25 de Mayo consumen agua corriente del río Colorado. Aseguraron que esta situación generó la mayor preocupación a las autoridades y a la ciudadanía en general.

La visualización del derrame fue a través de un oyente que informó y compartió el material a Radio Ciudad de Catriel, desde donde se viralizó el video que muestra el derrame.

Este desastre ambiental meritó la intervención de la Secretaría de medio ambiente rionegrina a cargo de Dina Migani (quien a su vez cuenta con una empresa familiar que brinda servicios a las empresas petroleras), que le habría endilgado toda la responsabilidad a Pampetrol, empresa estatal de la provincia vecina. En este sentido afirman que «se consideró al derrame como un incidente mayor y se le otorgó un plazo de 48 horas a dicha empresa para que presente un plan de remediación ambiental». Sin embargo, en ninguno de los canales oficiales de la provincia se emitió un comunicado.

En relación al impacto ambiental, destacaron que «no hay ninguna posibilidad de que llegue al río, está a más de 3,5 kilómetros y en un bajo. Los inspectores ya actuaron porque se busca que se sanee lo más rápido posible, debido a que es un líquido más liviano que tiene un poder de infiltración más rápido que el hidrocarburo convencional«.

Desde Pampetrol informaron que el derrame «ya fue contenido y las tareas actuales se abocan a limpiar y sanear la zona afectada». En esa línea, precisaron que «el incidente se generó en una cañería que se encuentra fuera de las instalaciones de la UAM del área Medanito Sur, ubicada en la localidad de Catriel, aguas abajo del punto de medición fiscal que utiliza la empresa para despachar el fluido hacia Oleoductos del Valle S.A., por causas que todavía se buscan determinar». También aclararon que «el derrame quedó contenido entre un camino de circulación interna hacia los tanques de entrega» de Oldelval.

Fuente: LaArena
Foto Portada de archivo

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    El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.

    La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.

    La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.

    La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.

    Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.

    El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.

    Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.

    La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.

    Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.

    En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.

    Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.

    La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.

    Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.

    Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.

    Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.

    Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.

    Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.

    En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.

    En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.

    La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.

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