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«OTRO AÑO DE QUEBRANTO»

Estamos promediando otro  año  de quebranto  para los pequeños y medianos productores. En conjunto: la devaluación, el endeudamiento, la falta de financiamiento y de rentabilidad, ponen al productor en una situación límite.

Nos encontramos frente a un panorama macroeconómico que nos obliga a trabajar con costos altos en dólares, impuestos desmesurados, tarifas impagables, entre otros factores, que hace que la actividad resulte económicamente inviable. El dólar escaló un 56.7 % en 2018. La devaluación en el mercado interno es fatal porque los insumos se pagan en dólares, la cuenta de los agroquímicos es en dólares. Los productores hoy no tienen dinero, por ello deben pedir financiamiento a las empresas. El año pasado se logró independencia gracias a los créditos estatales, los REPRO,  etc.

Hoy existe una grave  situación de endeudamiento, entre Rio Negro fiduciaria  y FondAgro  suman  unos  700 millones de pesos,  y sin acceso al crédito ni al financiamiento.

Así  tenemos que afrontar todas las tareas culturales para poder obtener fruta de calidad la cosecha que viene.

La baja Rentabilidad que se arrastra hace años es producto del aumento de los costos de producción ligado al estancamiento del precio y a que el mismo no cubre los costos de producción. El aumento del costo es producto del incremento  de tarifas eléctricas, insumos, mano de obra, etc. El costo de producción primario calculado por la Secretaria de fruticultura es de 34 centavos de dólar. A esto se suma los costos de clasificación, embalado y conservación. El precio en mercado interno es menor que el año pasado. Entre el 2015 y el 2018 hubo un 200% de inflación en Argentina. El precio de la fruta fue igual en 2018 que en 2015. En 2016 dio un salto y en 2017 fue 1$ mayor que en 2018. La liquidación de este año fue en promedio de 3 $/Kg de pera y 4-4.5 $/Kg de manzana.

Los frigoríficos donde se conserva la fruta después de ser cosechada no pueden pagar las altísimas tarifas de energía eléctrica y ven directa y gravemente distorsionados sus costos por los constantes aumentos. El stock en frío los primeros días de julio era de 160 millones de Kilogramos, el 50 % es de las empresas.

La pregunta es ¿qué hacemos con los 80 millones de kilogramos de los productores que no van a ser exportados?.

Se vive una crisis de retracción del mercado interno, como resultado de la disminución del poder adquisitivo de la población producto de la inflación y la desocupación. En el mercado central hay cesantía de pago, y solo trabaja el papero y el cebollero.

En  el mercado interno, poner un jaulón de manzana en el mercado central cuesta 167 pesos y el retorno que tiene  es de 190 pesos. Lo mismo ocurre con una caja de manzana. El promedio según los lotes da unos  4 pesos aproximadamente. Para la exportación llevar un bulto hasta el puerto cuesta 11,50 dólares, sin poner  la fruta. Para Brasil 11 dólares.

Ante esta situación la provincia no sale de la propuesta del Libro Blanco.

PUNTOS REIVINDICATIVOS DE EMERGENCIA-ASAMBLEA 12/05/2018

  • Precio de referencia al costo de producción  de 12 $.
  • Suspender los vencimientos un año  de los créditos otorgados por  nación y los  de provincia, estos por intermedio de RN Fiduciaria (créditos de cosecha de hace  años).
  • Habilitar los 17 millones de pesos remanentes de los créditos de poda para destrabar el programa de comercialización de frutas, en poder de FunBaPa.
  • Tarifas eléctricas diferenciales (trabajado con CAME).
  • REPRO
  • Prorrogar la emergencia económica.
  • Aporte no reintegrable de emergencia para  afrontar tareas culturales
  • Reembolso del puerto directo a los productores. (Se necesitan 140.000 pesos por ha para llegar a cosecha).

A esto se le agrega la creación del instituto de la pera y la manzana, la búsqueda y acompañamiento estatal de alternativas comerciales que saquen al productor de la dependencia de las empresas exportadoras

EN NÚMEROS

Teniendo en cuenta que el costo de producción es de 0,34 centavos de dólar ($ 10) y que una hectárea promedia los 35.000 kilos de producción de fruta en fresco; también que las empresas exportadoras ya están dando pre-liquidaciones y/o facturaciones de entre $ 1,4 y 3 con lo cual el promedio de la liquidación final va a dar cercano a $ 2,5 en peras. Para manzanas el promedio de fruta entregada puede llegar a quedar en $ 4. Esto equivale a una perdida con respecto al Costo de Producción de 4.500 millones de pesos. Si sumamos las perdidas por el granizo llegaríamos a pérdidas totales por 5.000 millones de pesos. En definitiva el déficit total para el Alto Valle seria de 200 millones de dólares. (fuente: Secretaria Fruticultura de Rio Negro).

PABLO CASTEL
SECRETARIO de la CÁMARA de PRODUCTORES de Villa Regina.

Gráfica: Germán Busin
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    Mientras el Gobierno avanza con su agenda de privatizaciones, crecen las críticas por el caso Intercargo: una firma estatal superavitaria que, lejos de ser una carga fiscal, genera ingresos propios y hoy queda en la mira del ajuste. Especialistas advierten inconsistencias económicas y políticas detrás de la decisión.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    La ofensiva privatizadora de Milei sumó un nuevo capítulo con Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos y que, paradójicamente, no solo no da pérdidas sino que registra superávit operativo. En ese contexto, empiezan a multiplicarse las voces que cuestionan el sentido económico —y también político— de desprenderse de una firma rentable.

    El punto más contundente lo sintetizó el periodista económico Andrés Lerner, quien señaló que la compañía “podría comprarse a sí misma”, en alusión a su capacidad financiera y a la inconsistencia de vender un activo que genera recursos genuinos.

    Una privatización difícil de justificar

    El caso Intercargo expone una de las principales contradicciones del modelo económico actual: no se trata de una empresa deficitaria ni de un “agujero negro” del Estado, como suele argumentarse para justificar privatizaciones. Por el contrario, es una firma que funciona, que presta un servicio estratégico en el sistema aerocomercial y que además deja saldo positivo.

    Esa realidad abre una pregunta incómoda: si el objetivo es reducir el déficit, ¿por qué vender una empresa que aporta ingresos? La respuesta, para muchos analistas, no está en la eficiencia sino en la lógica ideológica del Gobierno, que busca achicar el Estado incluso en áreas donde su presencia es rentable.

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    La discusión no es menor. Intercargo opera en un sector clave: el manejo de equipajes, asistencia en tierra y logística aeroportuaria, un servicio esencial para el funcionamiento del transporte aéreo. En ese marco, su eventual privatización implicaría transferir a manos privadas un negocio ya consolidado y con rentabilidad asegurada.

    Además, la apertura del mercado aerocomercial y la desregulación impulsada por Milei ya venían anticipando este escenario: menos Estado, más competencia privada y un corrimiento deliberado de empresas públicas del centro de la actividad.

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    El dato central que incomoda al relato oficial es que Intercargo no encaja en el discurso clásico de “empresa pública ineficiente”. Muy por el contrario, su condición de superavitaria la convierte en una rareza dentro del universo estatal… y al mismo tiempo en un botín atractivo.

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    Lo que está en juego, entonces, es más profundo que una simple venta. Es un modelo de país. La decisión de avanzar sobre Intercargo revela que el criterio no es corregir desequilibrios sino reconfigurar el rol del Estado, incluso cuando eso implique desprenderse de activos rentables.

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