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«OTRO AÑO DE QUEBRANTO»

Estamos promediando otro  año  de quebranto  para los pequeños y medianos productores. En conjunto: la devaluación, el endeudamiento, la falta de financiamiento y de rentabilidad, ponen al productor en una situación límite.

Nos encontramos frente a un panorama macroeconómico que nos obliga a trabajar con costos altos en dólares, impuestos desmesurados, tarifas impagables, entre otros factores, que hace que la actividad resulte económicamente inviable. El dólar escaló un 56.7 % en 2018. La devaluación en el mercado interno es fatal porque los insumos se pagan en dólares, la cuenta de los agroquímicos es en dólares. Los productores hoy no tienen dinero, por ello deben pedir financiamiento a las empresas. El año pasado se logró independencia gracias a los créditos estatales, los REPRO,  etc.

Hoy existe una grave  situación de endeudamiento, entre Rio Negro fiduciaria  y FondAgro  suman  unos  700 millones de pesos,  y sin acceso al crédito ni al financiamiento.

Así  tenemos que afrontar todas las tareas culturales para poder obtener fruta de calidad la cosecha que viene.

La baja Rentabilidad que se arrastra hace años es producto del aumento de los costos de producción ligado al estancamiento del precio y a que el mismo no cubre los costos de producción. El aumento del costo es producto del incremento  de tarifas eléctricas, insumos, mano de obra, etc. El costo de producción primario calculado por la Secretaria de fruticultura es de 34 centavos de dólar. A esto se suma los costos de clasificación, embalado y conservación. El precio en mercado interno es menor que el año pasado. Entre el 2015 y el 2018 hubo un 200% de inflación en Argentina. El precio de la fruta fue igual en 2018 que en 2015. En 2016 dio un salto y en 2017 fue 1$ mayor que en 2018. La liquidación de este año fue en promedio de 3 $/Kg de pera y 4-4.5 $/Kg de manzana.

Los frigoríficos donde se conserva la fruta después de ser cosechada no pueden pagar las altísimas tarifas de energía eléctrica y ven directa y gravemente distorsionados sus costos por los constantes aumentos. El stock en frío los primeros días de julio era de 160 millones de Kilogramos, el 50 % es de las empresas.

La pregunta es ¿qué hacemos con los 80 millones de kilogramos de los productores que no van a ser exportados?.

Se vive una crisis de retracción del mercado interno, como resultado de la disminución del poder adquisitivo de la población producto de la inflación y la desocupación. En el mercado central hay cesantía de pago, y solo trabaja el papero y el cebollero.

En  el mercado interno, poner un jaulón de manzana en el mercado central cuesta 167 pesos y el retorno que tiene  es de 190 pesos. Lo mismo ocurre con una caja de manzana. El promedio según los lotes da unos  4 pesos aproximadamente. Para la exportación llevar un bulto hasta el puerto cuesta 11,50 dólares, sin poner  la fruta. Para Brasil 11 dólares.

Ante esta situación la provincia no sale de la propuesta del Libro Blanco.

PUNTOS REIVINDICATIVOS DE EMERGENCIA-ASAMBLEA 12/05/2018

  • Precio de referencia al costo de producción  de 12 $.
  • Suspender los vencimientos un año  de los créditos otorgados por  nación y los  de provincia, estos por intermedio de RN Fiduciaria (créditos de cosecha de hace  años).
  • Habilitar los 17 millones de pesos remanentes de los créditos de poda para destrabar el programa de comercialización de frutas, en poder de FunBaPa.
  • Tarifas eléctricas diferenciales (trabajado con CAME).
  • REPRO
  • Prorrogar la emergencia económica.
  • Aporte no reintegrable de emergencia para  afrontar tareas culturales
  • Reembolso del puerto directo a los productores. (Se necesitan 140.000 pesos por ha para llegar a cosecha).

A esto se le agrega la creación del instituto de la pera y la manzana, la búsqueda y acompañamiento estatal de alternativas comerciales que saquen al productor de la dependencia de las empresas exportadoras

EN NÚMEROS

Teniendo en cuenta que el costo de producción es de 0,34 centavos de dólar ($ 10) y que una hectárea promedia los 35.000 kilos de producción de fruta en fresco; también que las empresas exportadoras ya están dando pre-liquidaciones y/o facturaciones de entre $ 1,4 y 3 con lo cual el promedio de la liquidación final va a dar cercano a $ 2,5 en peras. Para manzanas el promedio de fruta entregada puede llegar a quedar en $ 4. Esto equivale a una perdida con respecto al Costo de Producción de 4.500 millones de pesos. Si sumamos las perdidas por el granizo llegaríamos a pérdidas totales por 5.000 millones de pesos. En definitiva el déficit total para el Alto Valle seria de 200 millones de dólares. (fuente: Secretaria Fruticultura de Rio Negro).

PABLO CASTEL
SECRETARIO de la CÁMARA de PRODUCTORES de Villa Regina.

Gráfica: Germán Busin
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    La entrada Anfibia es un festival se publicó primero en Revista Anfibia.

     

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    El Gobierno convierte al Estado en garante de financieras: salarios públicos cada vez más hipotecados

     

    El Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Gobierno nacional oficializó este jueves un nuevo esquema de descuentos automáticos sobre salarios estatales mediante el Decreto 352/2026 publicado hoy, una medida presentada como una “modernización administrativa” pero que, en los hechos, profundiza un fenómeno cada vez más visible en la Argentina de Milei: la financierización extrema del ingreso de los trabajadores públicos.

    El mecanismo habilita a bancos, mutuales, cooperativas y otras entidades autorizadas a cobrar créditos, cuotas y consumos directamente desde el recibo de sueldo de empleados estatales nacionales. Es decir: el dinero puede ser retenido antes incluso de que el trabajador vea depositado su salario. En un país donde la caída del poder adquisitivo empuja a millones a endeudarse para sobrevivir, el Estado pasa a convertirse en garante directo del negocio financiero.

    La medida aparece en un contexto económico particularmente delicado. Con salarios públicos deteriorados por la inflación, recortes presupuestarios y pérdida sostenida del consumo, el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para transformarse en una condición estructural de supervivencia. Tarjetas, préstamos personales, refinanciaciones y créditos de corto plazo son hoy parte del paisaje cotidiano de amplios sectores asalariados.

    En ese escenario, el decreto funciona como una señal política clara: en lugar de discutir recomposición salarial o recuperación del ingreso, el Gobierno consolida mecanismos para que el sistema financiero cobre primero.

    Un Estado al servicio del cobro automático

    El decreto reglamenta un sistema de “códigos de descuento” aplicable a trabajadores de la Administración Pública Nacional. La lógica parece técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuanto más automatizado y garantizado es el cobro de préstamos y cuotas, menor es el riesgo para financieras y entidades crediticias.

    Y cuando el riesgo baja, el negocio crece.

    El sistema de descuento por haberes es especialmente codiciado por bancos y mutuales porque reduce casi a cero la posibilidad de incobrabilidad. No importa si el trabajador llega ajustado a fin de mes: la cuota se descuenta antes. El acreedor cobra primero; el asalariado administra lo que queda.

    La paradoja es brutal. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de “libertad económica” y retiro estatal, el aparato público se transforma en una estructura de aseguramiento para el circuito financiero privado.

    En otras palabras: el Estado se corre de áreas sociales, pero permanece firme cuando se trata de garantizar el flujo de pagos hacia bancos y entidades de crédito.

    Salarios débiles, deuda fuerte

    La financierización del salario no es nueva en Argentina, pero sí adquiere una intensidad particular en esta etapa. La combinación entre caída de ingresos, apertura económica, tarifazos y recesión genera un terreno ideal para la expansión del crédito de supervivencia.

    Ya no se toma deuda para crecer o invertir. Se toma deuda para comer, pagar servicios o llegar al día 20.

    En ese marco, el decreto oficializa una lógica preocupante: asumir que el endeudamiento permanente del trabajador estatal es un dato normal del funcionamiento económico. La discusión deja de ser cómo mejorar salarios y pasa a ser cómo hacer más eficiente el cobro de las cuotas.

    El problema no es solamente económico. También es político y social. Un trabajador altamente endeudado tiene menos margen de conflicto, menos capacidad de organización y mayor dependencia del ingreso mensual. El salario deja de ser una herramienta de autonomía para convertirse en un flujo parcialmente comprometido de antemano.

    El trasfondo silencioso del modelo Milei

    La medida encaja además con una dinámica más amplia del modelo económico actual: licuación salarial, retracción del consumo y expansión de mecanismos financieros de corto plazo.

    En medio de una economía paralizada, muchas entidades encuentran en el descuento automático sobre haberes uno de los pocos negocios relativamente seguros. Y el Gobierno parece decidido a fortalecer ese esquema.

    Detrás del lenguaje administrativo del decreto aparece una definición de fondo: frente a una sociedad crecientemente endeudada, el Estado ya no interviene para limitar la dependencia financiera sino para facilitarla.

    Porque cuando el salario no alcanza, la deuda deja de ser una excepción. Y cuando el Estado garantiza el cobro de esa deuda, la precariedad económica se institucionaliza.

     

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