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«OTRO AÑO DE QUEBRANTO»

Estamos promediando otro  año  de quebranto  para los pequeños y medianos productores. En conjunto: la devaluación, el endeudamiento, la falta de financiamiento y de rentabilidad, ponen al productor en una situación límite.

Nos encontramos frente a un panorama macroeconómico que nos obliga a trabajar con costos altos en dólares, impuestos desmesurados, tarifas impagables, entre otros factores, que hace que la actividad resulte económicamente inviable. El dólar escaló un 56.7 % en 2018. La devaluación en el mercado interno es fatal porque los insumos se pagan en dólares, la cuenta de los agroquímicos es en dólares. Los productores hoy no tienen dinero, por ello deben pedir financiamiento a las empresas. El año pasado se logró independencia gracias a los créditos estatales, los REPRO,  etc.

Hoy existe una grave  situación de endeudamiento, entre Rio Negro fiduciaria  y FondAgro  suman  unos  700 millones de pesos,  y sin acceso al crédito ni al financiamiento.

Así  tenemos que afrontar todas las tareas culturales para poder obtener fruta de calidad la cosecha que viene.

La baja Rentabilidad que se arrastra hace años es producto del aumento de los costos de producción ligado al estancamiento del precio y a que el mismo no cubre los costos de producción. El aumento del costo es producto del incremento  de tarifas eléctricas, insumos, mano de obra, etc. El costo de producción primario calculado por la Secretaria de fruticultura es de 34 centavos de dólar. A esto se suma los costos de clasificación, embalado y conservación. El precio en mercado interno es menor que el año pasado. Entre el 2015 y el 2018 hubo un 200% de inflación en Argentina. El precio de la fruta fue igual en 2018 que en 2015. En 2016 dio un salto y en 2017 fue 1$ mayor que en 2018. La liquidación de este año fue en promedio de 3 $/Kg de pera y 4-4.5 $/Kg de manzana.

Los frigoríficos donde se conserva la fruta después de ser cosechada no pueden pagar las altísimas tarifas de energía eléctrica y ven directa y gravemente distorsionados sus costos por los constantes aumentos. El stock en frío los primeros días de julio era de 160 millones de Kilogramos, el 50 % es de las empresas.

La pregunta es ¿qué hacemos con los 80 millones de kilogramos de los productores que no van a ser exportados?.

Se vive una crisis de retracción del mercado interno, como resultado de la disminución del poder adquisitivo de la población producto de la inflación y la desocupación. En el mercado central hay cesantía de pago, y solo trabaja el papero y el cebollero.

En  el mercado interno, poner un jaulón de manzana en el mercado central cuesta 167 pesos y el retorno que tiene  es de 190 pesos. Lo mismo ocurre con una caja de manzana. El promedio según los lotes da unos  4 pesos aproximadamente. Para la exportación llevar un bulto hasta el puerto cuesta 11,50 dólares, sin poner  la fruta. Para Brasil 11 dólares.

Ante esta situación la provincia no sale de la propuesta del Libro Blanco.

PUNTOS REIVINDICATIVOS DE EMERGENCIA-ASAMBLEA 12/05/2018

  • Precio de referencia al costo de producción  de 12 $.
  • Suspender los vencimientos un año  de los créditos otorgados por  nación y los  de provincia, estos por intermedio de RN Fiduciaria (créditos de cosecha de hace  años).
  • Habilitar los 17 millones de pesos remanentes de los créditos de poda para destrabar el programa de comercialización de frutas, en poder de FunBaPa.
  • Tarifas eléctricas diferenciales (trabajado con CAME).
  • REPRO
  • Prorrogar la emergencia económica.
  • Aporte no reintegrable de emergencia para  afrontar tareas culturales
  • Reembolso del puerto directo a los productores. (Se necesitan 140.000 pesos por ha para llegar a cosecha).

A esto se le agrega la creación del instituto de la pera y la manzana, la búsqueda y acompañamiento estatal de alternativas comerciales que saquen al productor de la dependencia de las empresas exportadoras

EN NÚMEROS

Teniendo en cuenta que el costo de producción es de 0,34 centavos de dólar ($ 10) y que una hectárea promedia los 35.000 kilos de producción de fruta en fresco; también que las empresas exportadoras ya están dando pre-liquidaciones y/o facturaciones de entre $ 1,4 y 3 con lo cual el promedio de la liquidación final va a dar cercano a $ 2,5 en peras. Para manzanas el promedio de fruta entregada puede llegar a quedar en $ 4. Esto equivale a una perdida con respecto al Costo de Producción de 4.500 millones de pesos. Si sumamos las perdidas por el granizo llegaríamos a pérdidas totales por 5.000 millones de pesos. En definitiva el déficit total para el Alto Valle seria de 200 millones de dólares. (fuente: Secretaria Fruticultura de Rio Negro).

PABLO CASTEL
SECRETARIO de la CÁMARA de PRODUCTORES de Villa Regina.

Gráfica: Germán Busin
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  • El gobierno le quiere perdonar USD 1.842 millones de deuda con Cammesa a las eléctricas

     

    La secretaria de Energía, María Tettamanti, intentó defender en el Congreso uno de los capítulos más sensibles del proyecto de «medidas energéticas» del gobierno. El texto combina dos decisiones explosivas: eliminar beneficios tarifarios para provincias con temperaturas extremas y avanzar con un esquema de perdón de deuda para las distribuidoras eléctricas privadas.

    El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.

    La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.

    El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».

    Los Neuss se quedaron con Transener tras una sospechosa falla del sistema

    La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.

    El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.

    Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.

    En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.

    La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».

    El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

    El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.

    La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.

    Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado. 

    Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final. 

     

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