La Municipalidad de Villa Regina informa a la comunidad que fue sustraída una bomba centrífuga de 3 pulgadas de la planta ubicada en calle Juan XXIII, lo cual representa un ataque a lo que es de todos y que además cumple un trabajo fundamental para la prestación del servicio de agua.
El hecho fue detectado por el personal durante la mañana de hoy jueves, por lo cual se presume que habría ocurrido entre las últimas horas de ayer y las primeras de hoy.
La Secretaría de Obras y Servicios manifestó que para cometer el robo el o los autores cortaron los caños de la bomba. Informó además que con este equipo se abastece de agua a las tres bombas de impulsión que se encuentran en el lugar cuando se descargan, por lo cual es de carácter fundamental.
La elección en la provincia de Buenos Aires entró en crisis. Los plazos que fijó Axel Kicillof no convencen a la Justicia y el entramado legal para llevar adelante los comicios parece estar lejos de consolidarse.
Los días pasan y no existen avances. Técnicamente la elección estará a cargo de la Junta Electoral un organismo sin experiencia, sin recursos y sin capacidad logística alguna.
El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, demora un convenio con la Junta para prestar recursos y personal para llevar adelante la elección. El magistrado espera tener el visto bueno de la Cámara Nacional Electoral.
Ramos Padilla tiene dudas respecto del desdoblamiento. Teme que su personal y recursos no puedan afrontar primero la elección bonaerense y luego la contienda nacional. Las seis semanas que separan una elección de la otra no alcanzan.
Días atrás, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mantuvo una reunión con Guillermo Francos. Aunque el encuentro fue cordial, lo cierto es que el Jefe de Gabinete ofreció una ayuda mínima: algunos efectivos federales, pero no las Fuerzas Armadas. Por tanto, el control y traslado de las 49.000 urnas estarán a cargo de La Bonaerense, una fuerza que no parece la más adecuada para ese trabajo.
En paralelo, la Junta Electoral sostiene que el cronograma electoral que impone la ley provincial es de imposible cumplimiento. Ocurre que tras el desdoblamiento, la elección en la provincia deberá regirse por la ley 5.109 que data de 1946, cuando Buenos Aires tenía unos 989.000 electores.
Esa ley fija apenas 10 días de diferencia entre el cierre de listas y la presentación de las boletas, un plazo que la Junta Electoral considera imposible de cumplir. En esos 10 días la Junta debe corroborar que unos 10.000 candidatos estén en condiciones de competir en la elección.
La jueza Hilda Kogan.
La Junta Electoral aportó al caos generalizado con dos cartas -una dirigida a Verónica Magario y otra al presidente de Diputados, Alexis Guerrera- con las que buscó presionar a los legisladores a que aprueben sin demoras una reforma en la ley 5.109 para contar con plazos más largos.
En los despachos de la Legislatura esas misivas no cayeron bien. Ese apriete apenas estaba firmado por un secretario y ni siquiera llevaba la firma de la presidenta de la Junta Electoral, la jueza de la Suprema Corte, Hilda Kogan.
Ante el nulo impacto de las cartas, Kogan decidió intervenir, pero volvió a fallar. Este viernes citó a senadores y diputados para el lunes en el Palacio de Justicia para comenzar a buscar un acuerdo que permita ampliar los plazos electorales.
Sin embargo, los legisladores se plantaron y rechazaron de plano esa invitación. Argumentaron que seis días atrás fueron ellos quien convocaron a las autoridades de la Junta Electoral a la Legislatura. “Nosotros convocamos a la Junta para el martes. Nos están tomando el pelo”, dijo un jefe de bloque.
Como trasfondo hay un tema importante: Kogan quería que la reunión sea en el Palacio de Justicia para contener las repercusiones del encuentro. Poco se sabe de lo que sucede en las oscuras oficinas de la Justicia bonaerense. Los legisladores, por otro lado, quieren que sea en la Legislatura donde todo trasciende muy rápido.
Hace casi 20 días que Kicillof anunció el desdoblamiento de las elecciones en la provincia. Ese día el gobierno envió a la Legislatura un proyecto que incluía la suspensión de las PASO y los cambios en los plazos electorales.
Todavía shockeados por la decisión del gobernador de desafiar a Cristina, el kirchnerismo en el Senado solo acompañó la suspensión de las primarias, pero no los cambios en los plazos.
Desde entonces, la Junta Electoral viene planteando a Kicillof que los plazos que marca la ley 1.509 hacen imposible llevar adelante la elección del 7 de septiembre. La negativa del Ejecutivo de articular con los legisladores complica aún más el escenario electoral.
En tanto, mientras desde el gobierno de Kicillof observan el panorama sin plantear salida alguna, la oposición teje su juego. El PRO, los radicales y los libertarios se ilusionan con que el gobernador tome una decisión extrema y pase la elección a fines de septiembre. La idea de esos bloques es que se pegue el cierre de listas de la elección provincial con el cierre nacional.
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