La Municipalidad de Villa Regina informa a la comunidad que fue sustraída una bomba centrífuga de 3 pulgadas de la planta ubicada en calle Juan XXIII, lo cual representa un ataque a lo que es de todos y que además cumple un trabajo fundamental para la prestación del servicio de agua.
El hecho fue detectado por el personal durante la mañana de hoy jueves, por lo cual se presume que habría ocurrido entre las últimas horas de ayer y las primeras de hoy.
La Secretaría de Obras y Servicios manifestó que para cometer el robo el o los autores cortaron los caños de la bomba. Informó además que con este equipo se abastece de agua a las tres bombas de impulsión que se encuentran en el lugar cuando se descargan, por lo cual es de carácter fundamental.
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El pánico de los poderosos: jueces debatieron entre el home office y francotiradores mientras el pueblo marchaba por Cristina.
En una escena digna de una distopía judicial, los jueces de Comodoro Py entraron en pánico al enterarse de la masiva movilización que el peronismo preparaba para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner hasta los tribunales. Según reveló el portal La Política Online, la conmoción entre los camaristas fue tal que, en una reunión de Superintendencia de la Cámara de Casación, se evaluó insólitamente la posibilidad de adoptar el home office… o incluso instalar francotiradores en el edificio.
La absurda discusión expone el nivel de desconexión de una casta judicial que no midió el impacto político y social de una decisión que pretende encarcelar a la dirigente más importante del país, con nula legitimidad popular y evidentes motivaciones políticas.
El temor a la multitud
Todo comenzó con la notificación del juez Jorge Gorini, quien había enviado un oficio advirtiendo que los días 17 y 18 de junio se harían efectivas las detenciones en la causa Vialidad. La reacción fue inmediata: preocupación, llamados desesperados y un despliegue de seguridad inédito, como si se tratara de una amenaza militar.
Daniel Petrone, presidente de la Cámara de Casación, informó que Gorini pedía “medidas de seguridad suficientes”. Esto generó una cascada de llamados entre jueces, fuerzas de seguridad, el Ministerio de Seguridad porteño y hasta funcionarios del Gobierno nacional. El objetivo: blindar Comodoro Py.
Tan desbordante fue el nerviosismo que se desplegó una unidad especial de la Policía Federal, camiones celulares y hasta el Grupo Especial de Operaciones (GEOP), encargado de revisar el edificio durante el fin de semana previo.
¿Francotiradores para contener una marcha?
La paranoia alcanzó un nivel grotesco cuando, según relataron fuentes judiciales a LPO, se planteó la opción de colocar francotiradores en los techos del edificio judicial. La jueza Ángela Ledesma se opuso categóricamente al despliegue de fuerzas armadas y logró frenar el delirio represivo. La propuesta, sin embargo, demuestra el grado de desconexión institucional frente a una manifestación pacífica en defensa de los derechos políticos de una dirigente proscripta.
Un fiscal citado por el mismo medio señaló que incluso el juez Carlos Mahiques expresó temor porque en la ciudad bonaerense de Mercedes aparecieron volantes agraviantes hacia su persona y su familia. “Se pasaron de rosca, no midieron las consecuencias, es como el 2×1”, comparó uno de los jueces, recordando el repudio generalizado que despertó el intento de beneficiar con un cómputo de penas al represor Luis Muiña en 2017.
“No jodan con Cristina”: el mensaje que incomodó a los jueces
El clamor popular retumbó con fuerza en los pasillos de tribunales. Una imagen en particular incomodó especialmente a los magistrados: la columna de La Cámpora, encabezada por una bandera que decía sin eufemismos “Jueces macristas, no jodan con Cristina”. La frase, directa y potente, no dejó margen a la interpretación.
“El repudio en la calle no le gusta a nadie. Menos cuando es de este alcance. Y eso que frenaron los micros”, confesó un juez.
Mientras el aparato judicial y político que sustenta al gobierno de Javier Milei intenta disfrazar de “independencia judicial” lo que no es más que una operación de persecución política, las calles hablaron con claridad. El pueblo argentino sigue demostrando que no se resigna a ver cómo encarcelan a sus referentes por medio de una justicia servil, sin pruebas ni legitimidad.
Entre el lawfare y el miedo a la calle
Este nuevo capítulo del lawfare en Argentina no solo confirma la intención de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, sino que también deja en evidencia algo más profundo: el temor visceral de los jueces al pueblo movilizado. Cuando la Justicia deja de impartir justicia y se convierte en instrumento del poder económico, no es extraño que sus operadores tiemblen frente a una multitud que exige democracia y soberanía.
El desvarío de discutir francotiradores para enfrentar una manifestación política deja al desnudo que el problema no es la seguridad del edificio de Retiro, sino el pánico de una cúpula judicial que sabe que sus decisiones ya no tienen respaldo social.
Porque cuando los pueblos marchan, los poderosos tiemblan.
(EnOrsai)
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