El Intendente Marcelo Orazi destacó la decisión del Estado Nacional de ceder a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) el espacio para la construcción del nuevo edificio académico en Villa Regina.
“Este edificio nos jerarquizará como ciudad, le dará otra estética a este espacio céntrico y, lo más importante, significará el asentamiento definitivo de la Universidad de Río Negro en Villa Regina”, manifestó.
Agregó: “Celebro esta decisión del gobierno nacional después de muchas gestiones, que se iniciaron hace muchos años y que afortunadamente pudimos concretar ahora, como es la cesión del terreno. Es un paso más y es otra gran obra para Regina”.
La cesión se concretó a través de la firma de una resolución mediante la cual la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) otorga el permiso de uso precario y gratuito de un inmueble del Estado Nacional en Villa Regina a la UNRN.
Se trata de 22.513 metros cuadrados en desuso que serán aprovechados para consolidar el Campus de la UNRN, que concentrará en un solo lugar el dictado de carreras que actualmente se realiza en diferentes edificios.
“Estamos ansiosos en que nos autoricen a firmar el contrato y empezar a construir. El proyecto de construcción del Edificio Académico tiene una evaluación favorable por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias y hemos firmado un convenio colaborativo con el intendente local, Marcelo Orazi, para que el desarrollo del edificio áulico y laboratorios responda al planeamiento urbano”, manifestó al respecto el rector de la Universidad Juan Carlos Del Bello.
Además destacó la “posición del Intendente y del Concejo Deliberante que interpretaron muy bien la importancia que tiene la obra”.
Recordemos que en junio del año pasado la Municipalidad de Villa Regina y la UNRN firmaron un convenio mediante el cual accede a que la Agencia de Bienes del Estado ceda una parcela a la casa de altos estudios para la construcción de la segunda etapa de su edificio.
La llamada “Ley Hojarasca” no sólo apunta a normas pintorescas o en desuso. Entre las derogaciones aprobadas por Diputados aparece una de las más sensibles del paquete: la Ley 25.750, conocida como Ley de Bienes Culturales, que estableció límites a la propiedad extranjera sobre medios de comunicación y declaró estratégico al espectro radioeléctrico argentino.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Mientras el oficialismo promociona la eliminación de leyes sobre palomas mensajeras, microfilmación o viejos registros burocráticos, una norma de enorme peso político quedó mezclada entre la “hojarasca”. Se trata de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, sancionada en 2003 en el contexto de la crisis posconvertibilidad y pensada para impedir la extranjerización acelerada de sectores considerados estratégicos para la soberanía nacional.
La ley parte de una definición política fuerte: el Estado debe preservar especialmente el patrimonio cultural, ciertas industrias estratégicas y, de manera explícita, “el espectro radioeléctrico y los medios de comunicación”. Ese principio no fue casual ni ornamental. Surgió en un momento en que varios grupos mediáticos argentinos estaban endeudados en dólares y existía preocupación por la eventual compra masiva de activos locales por conglomerados extranjeros.
La cláusula que hoy busca eliminar el Gobierno
El corazón de la norma está en su artículo segundo. Allí se estableció que la propiedad de los medios de comunicación debía permanecer en manos de empresas nacionales, permitiendo la participación extranjera sólo hasta un máximo del 30% del capital accionario y del derecho a voto.
Ese límite no desapareció con el paso de los años. Por el contrario, fue retomado y articulado posteriormente con otros marcos regulatorios vinculados a servicios audiovisuales y licencias de comunicación. Incluso reglamentaciones posteriores siguieron reconociendo la existencia de restricciones a la propiedad extranjera en medios por tratarse de bienes culturales y estratégicos.
Sin embargo, el proyecto impulsado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei plantea directamente su derogación. El fundamento oficial sostiene que la norma “restringe el derecho de ejercer industria” y representa un obstáculo para la inversión extranjera.
Una ley nacida en la crisis y bautizada como “Ley Clarín”
La 25.750 quedó históricamente asociada al nombre de “Ley Clarín”. La denominación no surgió del texto legal sino del contexto político y económico que rodeó su sanción.
Tras el colapso de 2001 y la pesificación asimétrica, grandes grupos de medios acumulaban pasivos dolarizados y aparecían fondos extranjeros interesados en ingresar mediante compra de deuda o adquisición accionaria. La norma funcionó entonces como un blindaje transversal para capitales mediáticos nacionales, entre ellos el principal holding periodístico del país, aunque sus efectos alcanzaban a todo el sistema comunicacional.
Esa historia vuelve hoy con una paradoja llamativa: una ley que en su momento benefició también a grandes grupos privados nacionales aparece ahora catalogada como simple “hojarasca” administrativa.
La discusión, sin embargo, excede largamente a una empresa o a un conglomerado mediático determinado.
Comunicación, soberanía y mercado
El debate sobre la propiedad de medios nunca fue exclusivamente económico. En numerosos países existen limitaciones parciales o totales al control extranjero de radios, televisión o telecomunicaciones, bajo la idea de que la comunicación constituye un área estratégica ligada a la identidad cultural, la producción simbólica y la soberanía informativa.
La derogación de la 25.750 no obliga automáticamente a que fondos internacionales compren medios argentinos ni implica por sí misma una ola inmediata de adquisiciones. Pero sí elimina un resguardo jurídico que durante más de veinte años colocó límites a ese escenario.
Ahí reside el núcleo político del asunto.
Porque detrás del relato sobre leyes extravagantes y normas olvidadas, la “Ley Hojarasca” también avanza sobre regulaciones que expresan una determinada idea del Estado y de los bienes estratégicos nacionales. En este caso, una pregunta de fondo vuelve al centro de la escena: si los medios son sólo empresas sujetas a las reglas del mercado o también parte del patrimonio cultural y democrático de un país.
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