Orazi y Banacloy se reunieron con empresarios frutícolas

En 1929 Argentina legisló la jornada laboral de 8 horas. Durante más de una década, fue un derecho escrito que el Estado no garantizó.

Por Walter Onorato para NLI

En 1929, durante la segunda presidencia de , el Congreso sancionó la Ley 11.544, que estableció por primera vez en todo el país la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales. El texto legal recogía una demanda histórica del movimiento obrero argentino y colocaba a la Argentina, al menos formalmente, dentro del mapa de las legislaciones laborales modernas.

Sin embargo, entre 1929 y 1945, la distancia entre la ley y la realidad fue abismal. La jornada de 8 horas existía en los códigos, pero no organizaba la vida cotidiana de la mayoría de los trabajadores.

La sanción de la ley no implicó automáticamente su cumplimiento. El Estado argentino carecía —y en muchos casos no tenía voluntad— de los mecanismos necesarios para garantizarla. Las inspecciones laborales eran escasas, las sanciones simbólicas y la justicia tendía a fallar en favor de los empleadores. En los hechos, el límite horario seguía siendo una decisión patronal.

En algunos sectores urbanos e industrializados la situación fue diferente. Grandes empresas, talleres visibles y actividades con fuerte organización sindical —gráficos, ferroviarios, portuarios— lograron imponer, no sin conflictos, la jornada legal. Aun allí, el cumplimiento era parcial: horas extras obligatorias no pagadas, jornadas partidas que extendían el tiempo total de trabajo y mecanismos de evasión salarial eran prácticas habituales.

Pero fuera de esos núcleos organizados, la ley simplemente no existía en la práctica. En el campo, donde la relación laboral estaba atravesada por el aislamiento, la dependencia personal y la ausencia casi total de inspección estatal, las jornadas de sol a sol siguieron siendo la regla. En las economías regionales, la situación era aún más evidente. En los ingenios azucareros de Tucumán, la jornada se organizaba en torno al ritmo de la zafra: turnos extensos, calor extremo y trabajo continuo mientras durara la molienda, sin límites horarios reales. En los yerbatales de Misiones, los mensúes cobraban por cantidad de kilos transportados, lo que los obligaba a prolongar indefinidamente la jornada para alcanzar un ingreso mínimo. El tiempo de trabajo no se medía en horas, sino en desgaste físico.

En los viñedos cuyanos y los algodonales del norte, la lógica era similar: trabajo estacional, pago por rendimiento y jornadas que se extendían mientras hubiera luz natural. La ley de 8 horas era irrelevante frente a un sistema productivo que organizaba el trabajo por campaña y no por jornada.

En los pequeños talleres urbanos de ciudades como Buenos Aires o Rosario, especialmente en rubros como la confección, el calzado o la metalurgia liviana, eran habituales las jornadas de 10 a 12 horas, justificadas como “aprendizaje” o compensadas con salarios miserables. El trabajo a destajo permitía al empleador exigir una producción diaria fija que solo podía alcanzarse extendiendo el horario real de trabajo.

El comercio minorista reproducía una lógica similar. Empleados de almacenes, tiendas y casas de ramos generales abrían temprano y cerraban de noche, muchas veces con descanso parcial o inexistente, bajo la excusa de la atención al público. En el servicio doméstico, directamente excluido de toda protección efectiva, la jornada carecía de límites: vivir en la casa del empleador implicaba disponibilidad permanente, sin distinción clara entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso.

La ley estaba vigente, pero no tenía ejecutores. El Estado carecía de un cuerpo de inspectores con presencia territorial, las sanciones eran irrisorias y la justicia laboral —cuando intervenía— tendía a legitimar las prácticas patronales. En ese contexto, la jornada de 8 horas no era un derecho exigible sino una declaración abstracta, desconocida para amplios sectores del mundo del trabajo. Para millones de trabajadores, la jornada legal era una promesa distante, ajena a su vida cotidiana y subordinada a una realidad donde el poder de fijar el tiempo de trabajo seguía en manos del patrón.

La clave no estaba en el texto legal sino en la correlación de fuerzas. Donde había sindicatos fuertes, comisiones internas y capacidad de huelga, la jornada de 8 horas se defendía. Donde no, el trabajador quedaba librado a su patrón. Durante esos años, el cumplimiento de un derecho laboral dependía más de la organización colectiva que del Estado.

En los últimos años, sectores libertarios repiten como argumento que el peronismo “miente” porque la jornada de 8 horas no fue creada por Perón, sino sancionada en 1929. El señalamiento es formalmente correcto, pero históricamente falaz. Confunde deliberadamente legislar con garantizar. La Ley 11.544 existía desde hacía más de una década, pero fue incumplida de manera sistemática por amplios sectores del empresariado, con un Estado ausente o complaciente. Reducir la historia social a una fecha en el Boletín Oficial implica borrar la diferencia central entre un derecho escrito y un derecho vivido.

Ese divorcio entre la ley y la realidad empieza a romperse recién a partir de 1943–1945, cuando el Estado deja de mirar para otro lado y decide intervenir de manera directa en la relación entre capital y trabajo. No se trató de crear nuevos derechos, sino de hacerlos cumplir. Bajo la acción del Estado y el impulso político de , la jornada de 8 horas dejó de ser una recomendación abstracta y pasó a convertirse en una norma exigible. El límite al tiempo de trabajo ya no lo fijó el patrón, sino el Estado. Ese fue el verdadero punto de inflexión.

La experiencia deja una enseñanza incómoda pero fundamental: los derechos laborales no existen solo porque estén escritos. Existen cuando hay un Estado dispuesto a garantizarlos y una sociedad organizada para defenderlos. Entre 1929 y 1945, la jornada de 8 horas fue una conquista legal sin poder. Su historia demuestra que la legislación social, sin voluntad política, puede convertirse en una promesa vacía.

La jornada de 8 horas no nació plena. Fue primero una letra, después una pelea y recién más tarde una realidad. Y esa diferencia —entre ley y vida— explica buena parte de la historia social argentina.

La trama que rodea a José Luis Espert suma un capítulo internacional explosivo: Fred Machado, el financista condenado por narcotráfico que aparece ligado al economista libertario, mantuvo vínculos comerciales y sociales con Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de abuso sexual de menores y tráfico sexual. Aviones, dinero negro, fiestas privadas y un entramado que vuelve a salpicar al entorno político que hoy orbita a Milei.

Por Roque Pérez para NLI

Desde hace meses, Noticias La Insuperable viene reconstruyendo la red de negocios, vuelos, transferencias y favores cruzados entre José Luis Espert y Fred Machado, un financista con condena en Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico. Ahora, una investigación difundida este martes por medios nacionales suma un dato inquietante: Machado también aparece vinculado a Jeffrey Epstein, el financista estadounidense señalado como uno de los mayores depredadores sexuales del poder global.

EL VÍNCULO MACHADO–EPSTEIN: AVIONES, DINERO Y LUJO

Según documentación y testimonios relevados en Estados Unidos, Fred Machado compartió circuitos de negocios, vuelos privados y encuentros sociales con Epstein, en un esquema donde el dinero fluía sin demasiadas preguntas y los aviones privados funcionaban como moneda de intercambio. No se trata de una amistad casual, sino de coincidencias reiteradas en operaciones financieras y uso de aeronaves de lujo.

Epstein, hoy muerto en una cárcel federal en circunstancias nunca aclaradas del todo, utilizaba empresas pantalla, jets privados y cuentas offshore para mover fondos y personas. El nombre de Machado aparece en ese mismo ecosistema, lo que refuerza el perfil de un financista habituado a los márgenes más oscuros del sistema financiero internacional.

ESPERT, LOS LIBROS CONTABLES Y LOS 200 MIL DÓLARES

En Argentina, el nombre de Machado ya era conocido gracias a una investigación de Noticias La Insuperable, que reveló documentación contable donde figura un pago de 200.000 dólares a nombre de José Luis Espert, registrado en los libros de un narco condenado en Estados Unidos. No es una denuncia mediática: es un documento concreto que forma parte de causas judiciales en curso.

Lejos de aclarar el origen de esos fondos, Espert optó por el silencio y la victimización, mientras la Justicia avanzaba con medidas que incluyeron allanamientos en su domicilio por presunto lavado de dinero vinculado a Machado.

VUELOS, COCAÍNA Y UNA RED QUE NO SE EXPLICA

Otra investigación de este medio detalló la existencia de vuelos privados, vínculos con empresarios ligados al narcotráfico y un circuito de favores que conecta a Espert, Machado y el grupo Bada Vázquez. Aviones que entran y salen, dinero sin trazabilidad clara y relaciones políticas que garantizan protección.

El dato nuevo —la conexión Machado–Epstein— no hace más que reforzar el patrón: personajes que se mueven entre el delito financiero, el narcotráfico y las redes de poder internacional, con ramificaciones directas en la política argentina.

EL SILENCIO DE MILEI Y EL PODER QUE MIRA PARA OTRO LADO

Mientras estas revelaciones se acumulan, Milei evita cualquier explicación pública sobre el entramado de relaciones que rodea a uno de los referentes históricos del liberalismo local. Ni una aclaración, ni un repudio, ni una distancia política clara frente a un caso que mezcla narcotráfico, lavado y ahora también vínculos con un abusador serial de menores.

En una Argentina golpeada por el ajuste, el dinero libertario vuelve a mostrar su verdadera cara: no la del mérito ni la libertad, sino la de los negocios turbios, los aviones privados y las redes que operan en las sombras. Lo que antes eran “operaciones” hoy son documentos, causas judiciales y conexiones internacionales imposibles de ignorar.