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Aunque suene a leyenda rural o a cuento de terror, Argentina es el único país del mundo que conserva una ley nacional vigente inspirada en el miedo popular a los hombres lobo. Mientras en Europa las supersticiones quedaron en tradiciones olvidadas, acá se transformaron en norma escrita, con firma presidencial y todo.

Por Alcides Blanco para NLI

Una superstición que llegó al Boletín Oficial

Durante siglos, en amplias zonas de Europa y América Latina circuló la creencia de que el séptimo hijo varón estaba condenado a convertirse en hombre lobo. En el Río de la Plata, esa figura adoptó nombre propio: el lobizón, una criatura nocturna, maldita y temida, que supuestamente atacaba ganado y personas durante las noches de luna llena.

Ese miedo no era solo simbólico. En comunidades rurales, los séptimos hijos eran marginados, estigmatizados e incluso amenazados, todo por una superstición heredada de la colonización europea y mezclada con mitos guaraníes. El problema no era el monstruo: era la violencia social que generaba el mito.

De la leyenda al Estado

Para frenar esa persecución silenciosa, en 1974 se sancionó la Ley 20.843, conocida como Ley de Padrinazgo Presidencial. La norma establece que el Presidente de la Nación debe apadrinar al séptimo hijo varón o séptima hija mujer, otorgándole reconocimiento oficial y beneficios materiales.

El mensaje era claro: si el Estado reconoce al niño, no hay maldición posible. La ley no menciona hombres lobo, pero su origen está directamente ligado al intento de neutralizar el miedo al lobizón. Fue una forma institucional de combatir la superstición sin nombrarla.

Desde entonces, miles de chicos fueron apadrinados por presidentes argentinos, recibiendo medallas, diplomas y becas. Una política pública nacida del folclore, algo impensado en otros países.

Del mito rural al Congreso Nacional

Lejos de haber surgido de la nada, la Ley 20.843 tiene antecedentes concretos y documentados en la historia argentina. El primer caso registrado de padrinazgo presidencial se remonta a 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes del Volga radicados en Coronel Pringles solicitó al entonces presidente José Figueroa Alcorta que apadrinara a su séptimo hijo varón, siguiendo una tradición heredada de la Rusia zarista, donde se creía que ese nacimiento estaba ligado a la maldición del hombre lobo. El pedido fue aceptado y sentó un precedente informal que se repitió durante décadas. Recién en 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, esa práctica fue llevada al plano institucional: el Congreso sancionó la norma que obliga al Presidente de la Nación a asumir el padrinazgo del séptimo hijo varón o séptima hija mujer. El fundamento oficial no hablaba de monstruos ni supersticiones, pero sí de protección social, integración y educación, en un contexto donde el Estado buscaba evitar la discriminación y la violencia simbólica que todavía pesaban sobre estos nacimientos. Así, una creencia popular que había generado miedo y exclusión terminó transformándose en política pública escrita en el Boletín Oficial.

Europa: mitos sí, leyes no

En Francia y Bélgica, existieron tradiciones similares de padrinazgo del séptimo hijo, pero nunca se consolidaron como leyes modernas y permanentes. En Italia, Portugal o Rumania, los hombres lobo —lupo mannaro, lobisomem, vârcolac— formaron parte del imaginario popular, pero la respuesta fue religiosa o comunitaria, no estatal.

En algunos casos, la Iglesia promovía bautismos urgentes; en otros, las autoridades intentaban erradicar las supersticiones. Ningún país llevó el mito al nivel de una ley nacional vigente, como sí ocurrió en Argentina.

Una rareza jurídica con raíz popular

Lo que distingue al caso argentino no es la creencia, sino la decisión política de legislar contra el daño social de la superstición. Sin discursos racionalistas ni campañas educativas, el Estado eligió una solución pragmática: dar protección oficial a quienes podían ser víctimas del mito.

Así, Argentina terminó siendo —al menos en los papeles— el país más seguro del mundo para nacer en luna llena siendo el séptimo hijo. No porque crea en hombres lobo, sino porque decidió enfrentar una superstición con herramientas institucionales.

Una ley insólita, sí. Pero también un recordatorio de que el folclore, cuando se mezcla con el miedo, puede convertirse en un problema político real.

Con la Resolución 213/2025, el Estado se retira de una de sus funciones más sensibles: controlar balanzas, surtidores, medidores y radares. Bajo el discurso de la “desburocratización”, Milei profundiza un modelo donde el mercado se audita a sí mismo.

Por Tomás Palazzo para NLI

El Consejo Directivo del INTI oficializó, a días de terminar el año, una decisión que marca un antes y un después en la política de control estatal: el organismo deja de prestar los servicios de metrología legal y certificación obligatoria en buena parte de los instrumentos que se usan todos los días en el comercio, la industria y el control público.

No se trata de un cambio técnico ni administrativo. Es un retiro deliberado del Estado de una función estratégica: garantizar que lo que se mide, se cobra, se multa o se factura sea correcto. Balanzas, surtidores de nafta, medidores de agua y electricidad, etilómetros, taxímetros y radares de velocidad ya no serán controlados directamente por un organismo público, sino por laboratorios y certificadoras privadas.

Un Estado que deja de controlar

La Resolución 213/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial dispone que el INTI abandona la aprobación de modelos, las verificaciones primitivas y los controles periódicos de instrumentos clave para la vida cotidiana. Estas tareas quedan en manos de entidades privadas acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), en un esquema donde el propio mercado pasa a auditarse.

El cronograma es progresivo, pero el sentido es claro: desde enero de 2026 el INTI empieza a correrse, primero en el AMBA y luego en el resto del país. Lo que durante décadas fue una función pública indelegable se transforma en un servicio tercerizado, pago y orientado por la lógica comercial.

La privatización que no se nombra

El texto habla de “simplificación”, “eliminación de trabas” y “reducción de costos”. Pero lo que no dice es que se vacía una capacidad estatal construida durante décadas. El INTI no era un actor más: era el garante público de que las reglas se cumplieran sin conflictos de interés.

Ahora, el mismo actor que fabrica, importa o comercializa un instrumento elige y paga al organismo que lo certifica. El riesgo es evidente: menos control independiente, más margen para el fraude, menos protección para consumidores y usuarios.

Este esquema no es nuevo. Es el mismo libreto que se aplicó en otras áreas del Estado bajo la consigna de achicar, delegar y confiar en el “autocontrol” del mercado. El resultado, históricamente, siempre fue el mismo: beneficios privados, costos socializados.

Milei y el Estado mínimo en acción

La Resolución del INTI no es un hecho aislado. Se inscribe en una política más amplia del Gobierno de Milei: retirar al Estado de las funciones de regulación y control, incluso en áreas donde está en juego el bolsillo de la gente, la seguridad vial y la salud pública.

Mientras se habla de eficiencia, el Estado renuncia a saber, medir y verificar. El INTI queda reducido a un rol casi académico, enfocado en metrología científica e industrial, pero sin capacidad real de control masivo. La soberanía técnica se diluye y el interés público queda subordinado a la rentabilidad privada.

En nombre de la “libertad”, el Gobierno habilita un sistema donde el control deja de ser una política pública y pasa a ser un negocio. Y cuando el Estado deja de controlar, nunca es el mercado el que pierde: pierde la sociedad.