El Intendente Marcelo Orazi mantuvo una conversación telefónica con el comisario de la Unidad Quinta José González, a quien le solicitó reforzar la presencia policial en sectores claves de la ciudad a partir de los hechos de inseguridad producidos en los últimos días.
En este sentido, el comisario informó al Intendente sobre la estrategia implementada por la Policía de Río Negro que incluye el patrullaje con bicipolicías y vehículos, además de los puestos fijos de los efectivos en la zona céntrica.
A ellos se suma el personal del COER, la Brigada Montada, la Brigada Rural y la Brigada Motorizada distribuidos en la zona rural.
A su vez, el Intendente manifestó que se viene trabajando con la Secretaría de Seguridad de Río Negro y con la Jefatura de la Policía para la instalación de un destacamento especial en calle Pedro Grattini, para lo cual el Municipio avanza en adquirir una casilla para tal fin.
Al mismo tiempo Orazi expresó que para la actual gestión municipal el servicio de seguridad es fundamental, razón por la cual la tarea coordinada con las autoridades provinciales es permanente.
El gobierno libertario trabaja para conseguir los votos que le permitan eliminar las PASO en el Congreso. Sin vueltas el jueves designaron a Daniel Alfaro, un joven de 24 años, al frente de una unidad de gestión del PAMI en Tucumán. El nuevo funcionario es hijo de la senadora por Tucumán, Beatriz Ávila, y del ex intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro.
Según detalla la resolución, el alta laboral de Alfaro quedará efectiva una vez que el designado cumpla con los requisitos administrativos habituales para el ingreso al organismo, entre ellos la presentación de antecedentes, certificaciones y evaluaciones médicas y psicotécnicas.
Ávila y Alfaro son muy cercanos a Patricia Bullrich. Por caso, en Tucumán afirman que cada vez que la ex ministra de Seguridad visita esa provincia del norte se hospeda en una casa ubicada en Tafí del Valle y perteneciente a un allegado del matrimonio.
Alfaro es un actor de peso en la política de Tucumán. El ex intendente de la capital se consolidó en los últimos años como aliado del gobernador Osvaldo Jaldo, con quien mantiene una relación de cooperación política. En tanto, Beatriz Ávila, integró el bloque Independencia en el Senado y responde de manera directa a Jaldo en un contexto de negociaciones frecuentes entre el gobierno provincial y la Casa Rosada.
El gobierno trabaja para conseguir los votos que le permitan aprobar en el Congreso el fin de las PASO. LPO contó que esta semana Lule Menem fue al choque con la senadora salteña Emilia Orozco (LLA) porque su críticas irritan al gobierno de Gustavo Sáenz, un aliado que debe aporta votos clave para aprobar la reforma electoral.
Los roces se dieron durante una exposición económica sobre Keynes que Javier Milei brindó en el Palacio Libertad. Allí, Menem se acercó a Orozco para increparla. Discutieron durante algunos minutos y el funcionario de Karina le dejó en claro que sus críticas a Sáenz complican los intereses del gobierno.
Orozco quedó envalentonada tras ganar la elección en octubre del año pasado. La senadora libertaria se impuso incluso frente a Flavia Royón, la candidata de Sáenz. Desde entonces no cede en sus críticas y complica el gobierno en las alianzas con los gobernadores del norte.
Al punto que días atrás, Royón mostró reticencia a aprobar el fin de las PASO tal como llegó al Congreso. «Está dispuesta a discutir modificaciones sobre las primarias pero no sacarlas. Se puede discutir la obligatoriedad o el financiamiento», dijeron desde su entorno.
La Municipalidad de Villa Regina informa que el gobierno provincial dispuso de $100 millones de pesos para asistir a los sectores comerciales que se han visto afectados por las actuales medidas que dispuso el Gobierno Nacional debido a la situación sanitaria por COVID-19. Las personas interesadas en los subsidios a los comercios pueden inscribirse desde…
El Intendente Marcelo Orazi participó en la noche del viernes de la cuarta edición de la Fiesta de la Inclusión organizada por el Consejo Local para las Personas con Discapacidad. El evento tuvo lugar en el minianfiteatro del Militante y fue la ocasión para reafirmar el compromiso de la gestión municipal para trabajar por una…
Patricia Bullrich se metió en la campaña porteña y criticó el estado de la red de subtes. Jorge Macri le respondió que por primera vez en 25 años la Ciudad había licitado una nueva línea de subterráneos.
Tras el ultimátum a Manuel Adorni, Bullrich está en plena tensión con Karina Milei. La hermana presidencial sabe que Patricia es una de las candidatas del establishment para suceder a Javier Milei y busca arrinconarla.
Primero le ofreció la candidatura porteña para correrla de la pelea presidencial, pero luego cambió de opinión y habló de la posibilidad de que integre la fórmula con su hermano. Como reveló LPO en exclusiva, también se reunió con Domingo Cavallo, uno de los enemigos de Milei.
En medio de esa tensión, Bullrich se metió en la pelea porteña. En un video criticó el estado de la red de subtes porteños. Dijo que había quedado relegada frente a otras ciudades de América Latina.
«Un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una Ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado. Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo», señaló Bullrich.
«No podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico», le respondió Jorge Macri, que aprovechó para promocionar la licitación de la Línea F y la renovación de la flota de la A, la C y la B, además de la modernización de 30 estaciones.
«Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos. Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años. Compramos 174 coches para renovar toda la Línea B, que no hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos, y 50 más para las Líneas A y C. Todos 0 KM», escribió en un posteo de Twitter.
Cerca del jefe de Gobierno dijeron estar sorprendidos por el posteo de Bullrich. «Fue del PRO hasta hace cinco minutos y ahora sale con esto. ¿Por qué no dijo nada antes?», se preguntaron.
El ministro Toto Caputo volvió a demorar la aplicación de uno de los capítulos más sensibles de la reforma laboral. La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema pensado para reemplazar parcialmente el esquema tradicional de indemnizaciones, quedó postergada hasta 2027 y agravó la interna con Federico Sturzenegger, que hizo de la reforma laboral uno de los capítulos más importantes de su proyecto desrregulador.
Caputo adujo razones fiscales para pisar la reforma. La reforma establece que los empleadores deriven una parte de las contribuciones patronales hacia los FAL. Las grandes empresas debían aportar el equivalente al 1% de los salarios y las medianas, pequeñas y microempresas un 2,5%. Ese dinero ya no iría a la Anses, sino a fondos privados destinados a cubrir indemnizaciones futuras.
Economía adujo que el nuevo sistema generaba un bache fiscal superior a los 4,5 billones de pesos anuales. Equivale aproximadamente al 0,46% del PBI. Unos 2.500 millones de dólares por año. Pero quienes defienden el sistema afirman que el cálculo es una exageración mal intencionada de Economía, ya que la constitución de los FAL, en el mejor de los casos, será un proceso gradual que llevará años.
Pero Caputo encontró la excusa para trabarle a su rival interno su reforma estrella. El gobierno enfrenta una caída persistente de la recaudación y una discusión interna cada vez más áspera por la dificultad de seguir avanzando con el ajuste. La baja real del IVA y Ganancias golpeó fuerte los ingresos nacionales. En Economía sostienen que no hay margen para resignar más recursos destinados al sistema previsional.
Por eso, aunque el plazo original fijaba la puesta en marcha para el próximo 1 de junio, funcionarios del equipo económico ya les comunicaron informalmente a bancos y administradoras privadas que los tiempos se estiran. La nueva fecha quedó corrida, al menos, hasta 2027.
La expectativa era enorme. Las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión y los fiduciarios autorizados por la Comisión Nacional de Valores ya imaginaban un flujo constante de aportes mensuales. En el sector hablan de una masa de dinero capaz de modificar la escala de la industria local de fondos.
Aunque el plazo original fijaba la puesta en marcha para el próximo 1 de junio, funcionarios del equipo económico ya les comunicaron informalmente a bancos y administradoras privadas que los tiempos se estiran. La nueva fecha quedó corrida, al menos, hasta 2027.
«Estamos hablando de más de 500 mil empleadores. Es una revolución de números y de tamaño brutal», dijo esta semana el titular de la CNV, Roberto Silva. Pero, por ahora, el proyecto quedó guardado en un cajón, víctima de la interna entre Caputo y Sturzenegger, que excede este tema y abarca el rumbo de la política económica.
Caputo prioriza sostener el dólar quieto. Sturzenegger empuja otra lógica. Como Domingo Cavallo, cree que el Gobierno demora demasiado la apertura total del cepo y que el actual esquema posterga el programa libertario original de liberar completamente el mercado cambiario.
La tensión también atraviesa al FMI. Sturzenegger conserva una relación aceitada con cuadros técnicos del organismo gracias a su perfil académico y su paso por el MIT. En Economía molesta especialmente que el ministro sugiera en privado que tuvo un rol clave para destrabar desembolsos y mejorar el diálogo con Washington.
La pelea ya impacta sobre áreas concretas del Estado. El caso del INTI fue uno de los episodios más visibles. Sturzenegger impulsó recortes mucho más agresivos y una poda casi total de funciones. Caputo frenó parte de esa avanzada.
Algo parecido ocurre con la llamada Ley Hojarasca. Mientras Sturzenegger celebra la derogación masiva de regulaciones y normas viejas como una victoria política propia, en Economía observan con desconfianza el impacto que una desregulación acelerada puede tener sobre la recaudación y sobre actividades sensibles para el comercio y la producción.
En el Gobierno incluso circula otra hipótesis. Algunos sectores de la Casa Rosada imaginan a Sturzenegger ocupando más adelante un rol superior de coordinación política y económica, algo parecido a una Jefatura de Gabinete con poder sobre las áreas presupuestarias. Cerca de Caputo responden que el ministro seguirá mientras logre estabilizar el frente cambiario y cerrar definitivamente el esquema de financiamiento internacional. La reforma laboral quedó atrapada en esa disputa, el nuevo negocio financiero deberá esperar.
El gobierno de Milei avanzó en un nuevo acuerdo militar con Estados Unidos para el patrullaje y la vigilancia del Atlántico Sur, una región estratégica para la Argentina por sus recursos naturales, la cercanía con la Antártida y la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. El convenio, presentado bajo el nombre de “Protecting Global Commons Program”, fue anunciado primero por el Comando Sur y la Embajada estadounidense antes que por el propio Ministerio de Defensa argentino, y despertó fuertes críticas políticas por el alcance de la presencia norteamericana en aguas argentinas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La iniciativa contempla cooperación militar, provisión de equipamiento, entrenamiento especializado y tareas de vigilancia marítima durante los próximos cinco años. Según trascendió, el acuerdo comenzó con la entrega de tecnología para aeronaves destinadas al patrullaje del mar argentino, pero prevé una expansión progresiva con “equipamiento avanzado” y apoyo operativo para interceptar amenazas marítimas. Para sectores críticos, el problema excede cualquier cuestión técnica: el gobierno vuelve a colocar áreas estratégicas argentinas bajo tutela extranjera.
El concepto que encendió todas las alarmas
Uno de los puntos más cuestionados fue el lenguaje utilizado por Washington para justificar el despliegue. El Atlántico Sur fue definido como un “bien común global”, una expresión que para especialistas en soberanía y defensa implica relativizar el control argentino sobre una de las zonas geopolíticas más importantes del planeta.
No se trata de un territorio cualquiera. Allí confluyen las mayores reservas pesqueras del hemisferio sur, corredores marítimos estratégicos, recursos energéticos offshore y la puerta de entrada a la Antártida. Además, el Reino Unido mantiene en las Islas Malvinas una poderosa base militar con capacidad de proyección sobre toda la región.
Por eso, la decisión de Milei de profundizar acuerdos militares con el principal aliado estratégico de Londres dentro de la OTAN generó un fuerte rechazo en ámbitos diplomáticos y académicos. Para muchos analistas, el gobierno argentino termina validando indirectamente una arquitectura militar internacional que históricamente fue funcional a los intereses británicos y estadounidenses en el Atlántico Sur.
La polémica también escaló por el hermetismo oficial. El anuncio original no fue realizado por el Ministerio de Defensa argentino sino por organismos estadounidenses, algo que para la oposición refleja el nivel de subordinación política del gobierno libertario frente a Washington.
Una región bajo disputa geopolítica
El acuerdo se inscribe además en un contexto internacional de creciente militarización del Atlántico Sur. Estados Unidos busca consolidar presencia sobre corredores marítimos y recursos estratégicos, mientras el Reino Unido fortalece sus capacidades militares en Malvinas y otras potencias incrementan operaciones vinculadas a la Antártida.
En ese tablero global, la Argentina aparece cada vez más alineada con la agenda norteamericana. Durante los últimos meses, el gobierno de Milei multiplicó ejercicios conjuntos, reuniones con altos mandos militares estadounidenses y acuerdos de interoperabilidad. La intención parece evidente: convertir al país en el principal socio regional de Washington en materia de defensa y seguridad.
Pero esa estrategia tiene costos políticos y diplomáticos. Diversos especialistas advierten que una dependencia creciente de equipamiento, financiamiento y entrenamiento extranjero reduce márgenes de autonomía y condiciona futuras decisiones soberanas. La discusión no es solamente militar: también involucra pesca ilegal, explotación de hidrocarburos, rutas comerciales y control territorial.
Incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas existen sectores que observan con preocupación el reemplazo de una política de desarrollo nacional de capacidades por un esquema de dependencia tecnológica externa. El problema, sostienen, es que la Argentina termina actuando como plataforma subordinada dentro de intereses estratégicos ajenos.
El atlántico sur, otra vez en el centro de la disputa
El trasfondo del conflicto vuelve a colocar en escena una pregunta histórica: quién controla realmente el Atlántico Sur. Mientras Milei profundiza vínculos militares con Estados Unidos, crecen las dudas sobre el impacto de esos acuerdos en la soberanía argentina y en el reclamo histórico sobre Malvinas.
Para el gobierno libertario, la alianza representa cooperación estratégica y modernización militar. Para sus críticos, en cambio, constituye un nuevo avance de Washington sobre áreas sensibles del país y una peligrosa cesión de autonomía en una de las regiones más codiciadas del siglo XXI.
Porque detrás del discurso de “seguridad marítima” y “cooperación internacional”, lo que está en juego es mucho más profundo: el control de los recursos naturales, las rutas oceánicas y la proyección geopolítica sobre el extremo sur del planeta.
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