El Intendente Marcelo Orazi mantuvo una conversación telefónica con el comisario de la Unidad Quinta José González, a quien le solicitó reforzar la presencia policial en sectores claves de la ciudad a partir de los hechos de inseguridad producidos en los últimos días.
En este sentido, el comisario informó al Intendente sobre la estrategia implementada por la Policía de Río Negro que incluye el patrullaje con bicipolicías y vehículos, además de los puestos fijos de los efectivos en la zona céntrica.
A ellos se suma el personal del COER, la Brigada Montada, la Brigada Rural y la Brigada Motorizada distribuidos en la zona rural.
A su vez, el Intendente manifestó que se viene trabajando con la Secretaría de Seguridad de Río Negro y con la Jefatura de la Policía para la instalación de un destacamento especial en calle Pedro Grattini, para lo cual el Municipio avanza en adquirir una casilla para tal fin.
Al mismo tiempo Orazi expresó que para la actual gestión municipal el servicio de seguridad es fundamental, razón por la cual la tarea coordinada con las autoridades provinciales es permanente.
La pelea minera en San Juan no es por el cobre. Es por la energía. Vicuña, sociedad de BHP y Lundin Mining, quedó en el centro de una disputa con otras empresas por la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave para el desarrollo cuprífero en el norte provincial. La empresa promete una inversión histórica de USD 18.000 millones, pero antes de activar los desembolsos pidió prioridad sobre casi toda la capacidad de transporte eléctrico disponible.
El dato político pesa. El 17 de febrero, Javier Milei recibió en Casa Rosada a Ron Hochstein, CEO global de Vicuña Corp. y a José Morea, country director de la compañía. También estuvieron Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. El Gobierno presentó el encuentro como respaldo a la mayor inversión extranjera directa de la historia de San Juan.
Morea no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo, entonces funcionario de Macri. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
Al día siguiente de la reunión en Casa Rosada, el ENRE difundió la Resolución 79/2026. El trámite había sido presentado por Transener a pedido de Vicuña Argentina para abastecer la fase 1 de Josemaría, que requiere 260 MW de potencia. La obra incluye la vinculación de la línea Nueva San Juan-Rodeo, la construcción de la estación transformadora Chaparro y una nueva línea de extra alta tensión de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro. El lobby de la minera, apadrinada por Caputo, tuvo una eficacia eléctrica, que no cayó bien en otros jugadores importantes del sector minero.
El punto que encendió la guerra fue el beneficio regulatorio. La resolución le otorgó a Vicuña prioridad de uso frente a terceros por el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo. Según los cálculos de Cammesa, eso equivale al 71% de la capacidad total de una línea de 854 MVA. La misma prioridad alcanza a la nueva línea Rodeo-Chaparro y a la nueva estación Chaparro. Todo por 25 años.
José Morea, country manager de Vicuña no es un ejecutivo más. Fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri y estuvo a cargo del programa de Participación Público Privada (PPP), una fallida experiencia de «privatización» de la construcción de rutas que dependía de Toto Caputo. Morea provenía de Central Puerto, la eléctrica vinculada a Nicolás Caputo, primo del ministro, que aparece al principio y al final de la inversión de Vicuña.
La infraestructura no nació de un repollo privado. La línea Nueva San Juan-Rodeo fue concebida para operar en 500 kV, aunque inicialmente funciona en 132 kV. Tiene unos 162 kilómetros y fue financiada con aportes nacionales, provinciales y recursos de los usuarios sanjuaninos a través de fondos como el PIEDE. Es decir: la obra que ahora disputan las mineras fue pagada durante años por la provincia y por los argentinos.
Vicuña sostiene que no se apropia de nada. Su argumento es que financiará obras nuevas para fortalecer el sistema y que la capacidad incremental quedará dentro del SADI, operada por la transportista. Traducido: asegura que va a agrandar la ruta y que por eso pide carril preferencial. En una empresa competidora lo resumen con menos cortesía: «Todavía no pusieron nada, pero ya pidieron mucho».
El problema es que en San Juan nadie mira esa ruta como una autopista vacía. El EPRE provincial advirtió que la capacidad del corredor no es un excedente disponible sino un recurso estratégico para abastecer la demanda actual y futura de la provincia. También reclamó que Vicuña sea tratada como beneficiaria no iniciadora de una obra que ya fue financiada por otros.
La audiencia pública de este miércoles, convocada por el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, no fue vinculante, pero dejó expuesto el conflicto. El expediente trató el acceso a 260 MW para Josemaría y la ampliación del sistema de transporte eléctrico. Participaron empresas, organismos provinciales y los municipios afectados.
Ahí aparecieron los otros jugadores. Los Azules, Hualilán, Barrick y Gualcamayo plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias. Barrick condicionó su apoyo a que se respeten sus derechos históricos de transporte. Gualcamayo pidió resguardar su potencia energética. Hualilán cuestionó la reserva de capacidad. Los Azules fue más lejos y habló de una prioridad desproporcionada.
En la audiencia pública para definir el acceso prioritario de Vicuña a la línea de alta tensión su competidora de Los Azules habló de una preferencia desproporcionada.
Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, dijo que una prioridad por 25 años sobre infraestructura ya construida equivale en los hechos a una exclusividad sobre un corredor estratégico del SADI. Y agregó que la audiencia debía servir para corregir el acto y preservar la coherencia regulatoria.
También hay que decirlo: No hay ingenuidad en esa pelea. Barrick, Los Azules, Gualcamayo y Hualilán defienden sus propios proyectos, sus cronogramas y su acceso a la red. Nadie fue a la audiencia sólo por amor al usuario residencial. Cada uno cuida su pedazo de montaña.
Pero esa disputa empresaria no borra el problema de fondo. Si una sola minera se queda con casi toda la capacidad disponible, Jáchal e Iglesia pueden quedar atados a una red sin margen. El efecto no sería sólo sobre otros proyectos mineros. También puede golpear emprendimientos agrícolas, industriales y comerciales que necesiten energía para crecer.
Los municipios del norte sanjuanino viven de una trama minera diversificada. Gualcamayo, Veladero, Los Azules, Hualilán y Josemaría no son nombres en un PowerPoint: son regalías, empleo, proveedores, rutas, campamentos y recaudación. Si el sistema eléctrico queda capturado por un solo jugador, la provincia queda pegada a una ventanilla única.
El otro temor es más cotidiano. El EPRE pidió acuerdos de mitigación para evitar que una demanda gigante como la de Josemaría deteriore la calidad del servicio. En los pueblos, eso se traduce sin tecnicismos: bajas de tensión, cortes o inestabilidad. La minería mira 500 kV; los vecinos miran la heladera, la bomba de agua y la luz de la casa.
El Gobierno nacional defiende el RIGI y presenta a Vicuña como una postal de la Argentina que viene, pero apareció por una pregunta vieja: quién decide sobre una infraestructura pública cuando el negocio privado necesita pasar primero.
El gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego tiene un desafío interesante: De un lado, una inversión que puede cambiar la escala minera del país. Del otro, una red financiada por el Estado y por usuarios durante años, que enfrenta la presión de grupo de empresas que compite para entrar al mismo corredor. La montaña promete dólares, pero abajo la pelea es por el cable.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a comerciantes minoristas y mayoristas de todos los rubros que se encuentra en vigencia la Ordenanza 103/2008. La misma prohíbe el uso de polietileno, polipropileno y polímeros artificiales no biodegradables con destino a embalajes o bolsas denominadas ‘camiseta’. Por lo tanto…
«Siempre hizo la de él. Nunca se jugó por nadie, por eso varios lo estaban esperando». Esta frase se desprende de una persona que conoce hace años a Marcos Carasso, el expresidente de la UCR cordobesa y que, en el 2023, fue compañero de la fórmula provincial que encabezó Luis Juez.
Hoy, tanto en el radicalismo como en el juecismo se revolean con el exintendente de General Cabrera. Porque, para muchos radicales, Carasso dejó esa condición cuando se enroló en la tropa del Frente Cívico y fue parte del juecismo en el Tribunal de Cuentas que desde diciembre del 2023 controla la gente del senador.
Y en el juecismo algunos remarcan que Carasso llegó a la candidatura de vicegobernador porque «fue una decisión del radicalismo» en aquel momento.
No obstante, esta semana el peronismo buscó el impacto para tratar de salir del caso Agostina, y a partir de la imputación que se conoció de Carasso en la causa en la que se investiga la sobrefacturación de Pami buscó incomodar a la alianza opositora. Tema que amagó con hacer escala en el recinto de la Legislatura provincial en la sesión de ayer y después se desactivó: todo se concentró en el femicidio de la adolescente de 14 años.
De cualquier modo, en la reunión de labor parlamentaria hubo furia y gritos. Porque así como el oficialismo empujó la discusión por la situación del radical; la exintegrante del bloque PRO, Karina Bruno, amarilla de Villa María que integra una banca unipersonal y responde de manera directa al titular de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, quiso que se discuta el apartamiento de Carasso del cargo de director del Tribunal de Cuentas.
Lo que desató la ira de juecistas y radicales. Más precisamente de los jefes de bloques, Matías Gvozdenovich (UCR) y Walter Nostrala (juecista) que cruzaron a la mujer. «La sacudieron porque le remarcaron que si no hubiera sido por la lista que encabezaron Juez y Carasso ella no era legisladora, no estaría en esa banca», dijo una persona que fue testigo del hecho.
La imputación en contra de Carasso es por tráfico pasivo de influencias, cargo que llevó a Juez a tildar de «pelotudo» al fiscal que interviene en la causa en un streaming esta mañana en Alfil.
Hay radicales que quisieron tomar contacto con Carasso y que rápidamente les recordaron que el celular del expresidente de la UCR estaba en manos de la Justicia. Situación que los hizo rápidamente guardar el celular y archivar los chats.
El caso del radical y la presunta defraudación a la obra social nacional por 1.400 millones de pesos forma parte de la agenda política, pero no penetra en la conversación pública por ahora. El PJ decidió postergar la discusión sobre su rol en el Tribunal de Cuentas para las próximas sesiones en la Unicameral. Aunque en la oposición creen que eso se desactivará.
Llegó el último día de festejos, nada más y nada menos que el día del cumple de la ciudad. Regina comenzó a celebrar sus 97 años por la mañana con un emotivo acto protocolar en el que se rindió homenaje a los primeros pobladores y, luego, por la tarde con el desfile aniversario, que marcó…
Con vistas al inicio del torneo de la Liga Municipal de Fútbol Infantil (LIMUFI) previsto para abril, la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante tareas para acondicionar el predio del Club Banco Nación. En ese sentido, días atrás se rubricó el convenio entre el Municipio y la institución que permitirá que el torneo se dispute…
Los números del último fin de semana largo dispararon alarma en el sector túristico, ya que, en la comparativa con el mismo feriado de 2023, el movimiento de turistas sufrió un derrumbe superior al 50%.
Hace tres años se movilizaron 2.2 millones de personas a distintos centros turísticos del país. En el reciente fin de semana largo el caudal se redujo a menos de un millón, concretamente 993.683 turistas.
Además de ese drástico recorte en el movimiento, también se redujo la estadía promedio (un 10% menos que el año anterior) y se produjo una caída real del 3,5% en gasto diario por turista en promedio.
Hubo caídas más profundas en algunos casos puntuales, como Mar del Plata, donde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción, Ucip, acusó un derrumbe en las ventas del 4,1% durante el último fin de semana largo.
En Tandil, un complejo de cabañas advirtió que fue el peor fin de semana largo de los últimos 15 años
«Un fin de semana con bajas expectativas de parte de los comerciantes donde se vio un flujo turístico menor al año anterior lo cual tuvo su correlato en las ventas», dijo el titular de la Ucip, Blas Taladrid.
En otro punto fuerte de la provincia, Tandil, advirtieron que el movimiento resultó menor al habitual para un feriado extendido.
«Desde un complejo de cabañas nos dijeron que fue el peor fin de semana largo de los últimos 15 años», señalaron a El Eco desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil.
«El análisis de los datos no puede desvincularse del contexto macroeconómico», dijo el ex Director Nacional de Planificación y Desarrollo Turístico y dirigente del Frente Renovador, Sergio Castro, que apuntó contra la ausencia de políticas sectoriales por parte de Daniel Scioli.
«Hay otra manera de construir el futuro del sector; con política pública activa, diseño inteligente del calendario de feriados, programas de estímulo a la demanda y una visión del turismo como herramienta real de desarrollo. La distancia entre ese escenario posible y la realidad actual es, hoy por hoy, demasiado grande y dolorosa para ignorarla», sostuvo.
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