El Intendente Marcelo Orazi mantuvo una conversación telefónica con el comisario de la Unidad Quinta José González, a quien le solicitó reforzar la presencia policial en sectores claves de la ciudad a partir de los hechos de inseguridad producidos en los últimos días.
En este sentido, el comisario informó al Intendente sobre la estrategia implementada por la Policía de Río Negro que incluye el patrullaje con bicipolicías y vehículos, además de los puestos fijos de los efectivos en la zona céntrica.
A ellos se suma el personal del COER, la Brigada Montada, la Brigada Rural y la Brigada Motorizada distribuidos en la zona rural.
A su vez, el Intendente manifestó que se viene trabajando con la Secretaría de Seguridad de Río Negro y con la Jefatura de la Policía para la instalación de un destacamento especial en calle Pedro Grattini, para lo cual el Municipio avanza en adquirir una casilla para tal fin.
Al mismo tiempo Orazi expresó que para la actual gestión municipal el servicio de seguridad es fundamental, razón por la cual la tarea coordinada con las autoridades provinciales es permanente.
Martín Menem y Gabriel Bornoroni admitían este viernes en voz baja que todavía no tienen los votos para sancionar el Tratado en Materia de Patentes de Medicamentos (PCT, por su sigla en inglés), pese a que el proyecto obtuvo dictamen de mayoría el pasado 12 de mayo, el mismo día que Santiago Caputo se encontraba en Estados Unidos escuchando los reclamos de Washington que siempre tiene este tema al tope de su agenda biilateral.
Dos diputados libertarios dijeron a LPO que uno de los factores que alimentó el Rufusgate, el escándalo en redes sociales con una cuenta de los asesores del riojano usada para criticar al joven consultor, Luis Caputo y Patricia Bullrich, fue precisamente la demora para convertir el tratado en ley. «Caputo fue a poner la cara en Washington pero Menem no avanza en Diputados, por eso explotó todo en las redes», explicaron.
En efecto, Santiago pudo percibir en Estados Unidos el fastidio de Washington por la reserva del capítulo 2 del PCT, un fragmento de la norma que habilita los patentamientos vía exámenes internacionales y que fue vetado por CILFA, comandada por el empresario Hugo Sigman.
No fue casual que durante el debate en comisiones, cinco legisladores del PRO firmaran el despacho de mayoría en disidencia y que el lilito Maximiliano Ferraro, hombre de Elisa Carrió en la Cámara Baja, tildara a Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y su jefe, Federico Sturzenegger, como «los desreguladores más locos del mundo». Ferraro corrió por derecha a los libertarios y presentó un dictamen de minoría sin la reserva del capítulo 2, habilitando el «examen de patentabilidad» a nivel internacional.
Los apoyos que el gobierno reunió esa tarde, mientras Caputo escuchaba los reproches de los estadounidenses, fueron de los miembros del oficialismo, la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los macristas Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri respaldaron pero se diferenciaron de la propuesta de Cacace.
La discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo.
Si en verdad los libertarios no juntan 129 voluntades, sería por las disidencias del PRO. La bancada de Cristian Ritondo cuenta con 12 integrantes.
Santiago Caputo.
LPO informó que la discusión sobre el tratado mantiene enfrentados a Sturzenegger y el ministro de Economía pero, además, se subió a esa pelea el canciller Pablo Quirno, a quien le atribuyen desde el Congreso la responsabilidad de haber frenado el debate legislativo en abril como carta de negociación con el gobierno de Donald Trump por el acuerdo de los aranceles que impugnó la Corte Suprema norteamericana.
Por lo demás, Cacace cedió a las presiones de los laboratorios locales y negoció con los legisladores aliados la reserva del capítulo 2, durante el simposio «Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre», organizado por la RAP (Red de Acción Política) con la Universidad de Harvard y el MIT entre el 12 y el 17 de abril. Cerca del ex diputado radical indican que «la Oficina de Patentes (OMPI) prefiere que no haya reserva porque ningún país, a excepción de Uruguay, la tiene pero hay una comprensión del proceso político también y de que eso era necesario para que el tratado pueda avanzar».
El gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia.
Sin embargo, un diputado libertario confesó ante LPO que «el gobierno está frente a un riesgo muy grande porque Estados Unidos pide una cosa y los laboratorios nacionales no ceden, como pasó con (Arturo) Illia».
La referencia al presidente radical derrocado en 1966, entre otras cosas, por su pelea con la industria farmacéutica fue un tópico que incluso le recordó el peronista Agustón Rossi a Cacace, durante el debate en comisiones. El santafecino mencionó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, con el propósito de desmontar las regulaciones que había implementado Arturo Oñativia, ministro de Salud de Illia.
El desorden actual es tan profundo que un libertario comentó que el embajador Peter Lamelas se comunicó con Javier Milei para hablar de las patentes pero el presidente argentino ignoraba el tema. Como en otras áreas o iniciativas, el Jefe de Estado delegó el asunto en su hermana Karina.
Y como en tantos otros temas, mientras el asesor hablaba del tema en Washington, la secretaria general de la Presidencia dejó la suerte del proyecto en manos de Menem.
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Mario Ishii volvió a agitar la interna del peronismo con un proyecto de ley en el que declara la emergencia sanitaria en la provincia y carga por igual contra el gobierno de Javier Milei y de Axel Kicillof por la situación en los municipios.
El proyecto generó fuerte malestar en el Ejecutivo y esta mañana salieron a cruzar al líder de José C. Paz. Según fuentes del gobierno que cita La Tecla, en el gabinete de Kicillof calificaron el proyecto como «fuera de lugar» y agregaron que la actitud de Ishii «no correspondía».
En los argumentos, el senador provincial habla de un «colapso progresivo del sistema sanitario público. Plantea que miles de familias bonaerenses debieron abandonar los sistemas privados de atención médica para recurrir masivamente al sistema público, incrementando la presión sobre hospitales provinciales y municipales.
Ishii dice que hay «hospitales saturados, guardias colápsalas, incremento de consultas y una demanda sanitaria extraordinaria que supera las capacidades operativas de los intendentes».
Además, señala la falta de profesionales en hospitales públicos y centros de atención primaria y agrega que «los hospitales municipales se convirtieron en el último sostén sanitario de millones de personas que ya no encuentran respuestas en sistemas privados y obras sociales».
El proyecto generó ruido en La Plata por el tono de las críticas y porque distribuye responsabilidades entre Milei y Kicillof en partes iguales. El texto -al que LPO pudo tener acceso- destaca además en un apartado las responsabilidades específicas tanto del gobierno nacional como de la provincia de Buenos Aires.
Desde el ministerio de Salud sostienen que el proyecto describe una realidad que esa cartera viene marcando desde hace varias semanas. La situación es crítica. «Las responsabilidades adjudicadas y enumeradas a la provincia son todas y cada una por la falta de una política nacional sólida y presente», dijeron a LPO desde el ministerio que conduce Nicolás Kreplak.
Nicolás Kreplak y Axel Kicillof.
Ishii salió a defender su proyecto luego de que trascendiera esta mañana el enojo del gobierno. «Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la obligación de dar respuestas», dijo en las redes.
«No se puede llegar al invierno con hospitales y centros de salud colápsalos, sin vacunas, sin insumos, con falta de profesionales y sin camas suficientes», dijo y siguió: «querer esconder esta crisis detrás de una pelea política es una forma de encubrir negligencias y responsabilidades institucionales».
No se puede disfrazar una emergencia humanitaria como un debate partidario para evitar a hacerse cargo. La gente no necesita relatos ni excusas: necesita respuestas urgentes para proteger su vida.
No es la primera vez que Ishii lanza fuertes críticas al gobierno de Kicillof a través de un proyecto de ley. En abril, hizo una avanzada similar con una iniciativa para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses. Su proyecto de ley surgió a partir de la decisión de Andrés Larroque de recortar el programa MESA, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El peronismo en el Senado bonaerense atraviesa una situación de tensión extrema. Si bien el viernes hubo una tregua cuando se logró un acuerdo para conformar las comisiones, el bloque Fuerza Patria transita una fuerte crisis que tiene como protagonistas a legisladores cercanos a Cristina Kirchner por un lado, y senadores de Kicillof por otro.
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