El Intendente Marcelo Orazi mantuvo una conversación telefónica con el comisario de la Unidad Quinta José González, a quien le solicitó reforzar la presencia policial en sectores claves de la ciudad a partir de los hechos de inseguridad producidos en los últimos días.
En este sentido, el comisario informó al Intendente sobre la estrategia implementada por la Policía de Río Negro que incluye el patrullaje con bicipolicías y vehículos, además de los puestos fijos de los efectivos en la zona céntrica.
A ellos se suma el personal del COER, la Brigada Montada, la Brigada Rural y la Brigada Motorizada distribuidos en la zona rural.
A su vez, el Intendente manifestó que se viene trabajando con la Secretaría de Seguridad de Río Negro y con la Jefatura de la Policía para la instalación de un destacamento especial en calle Pedro Grattini, para lo cual el Municipio avanza en adquirir una casilla para tal fin.
Al mismo tiempo Orazi expresó que para la actual gestión municipal el servicio de seguridad es fundamental, razón por la cual la tarea coordinada con las autoridades provinciales es permanente.
Escriben Luciano Ramirez y Emiliano Piccinini Muchas veces pensamos que rapidez significa eficacia, puede ser que lo sea en algunos casos, pero en otros no, y el riesgo cuando esto último pasa es muy alto y más si hablamos de cuestiones referidas a legislación. Trabajar bajo presión, como la pandemia mundial del Covid19 provoca, a…
El informe se presentará el 9 de junio, desde las 17:00hs, en una audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén. “La basura del fracking en Vaca Muerta” evidencia la historia de contaminación e irregularidades de uno de los basureros petroleros más importantes de Argentina: Comarsa. La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur y Taller Ecologista analizaron 1182…
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4005 del Ministerio de Salud de Río Negro, por lo cual desde hoy lunes y hasta el domingo 13 de junio se prorrogan las medidas que se habían dispuesto para la semana pasada: *Circulación: Restricción de circulación entre las 20:00 horas y las 06:00 horas,…
El diputado provincial de La Matanza, Facundo Tignanelli, ironizó sobre el escándalo que involucra al jefe de gabinete, Manuel Adorni: «Es directamente proporcional: los argentinos antes tenían un empleo y ahora tienen tres; Adorni antes tenía una sola propiedad y ahora tiene tres».
El jefe de los diputados del peronismo en la Legislatura bonaerense destacó que «un laburante» hubiera podido ahorrar 200 mil dólares durante los años del kirchnerismo. «Algo habrá hecho bien el gobierno», sostuvo.
El legislador continuó con sus críticas a la gestión de Javier Milei y afirmó que el modelo económico se sostiene «con un respirador de asistencia financiera proveniente de la deuda externa» y con «la principal líder opositora presa». En ese sentido, definió la situación en diálogo con Pulenta Stream como un doble fracaso: económico y político.
A un año de la condena a Cristina Kirchner, aseguró que la militancia seguirá trabajando por su libertad y para que «el pueblo argentino pueda elegir a quien se le ocurra». Además, remarcó: «Por lo que vemos, parece que el pueblo argentino tiene ganas de elegir a Cristina».
Tignanelli sostuvo que resulta complejo ordenar una estrategia electoral cuando la principal dirigente que garantiza el programa político del espacio se encuentra, según expresó, injustamente detenida y proscripta electoralmente desde hace un año.
En el plano local, planteó que el modelo de gobierno municipal está agotado «porque no está pudiendo dar respuestas a las necesidades que hoy tienen los vecinos y las vecinas de La Matanza».
«El sueño de cualquier militante político es poder conducir los destinos del lugar donde uno se crió, vive y milita permanentemente. Pero no es una cuestión personal, tiene que darse en el marco de un proceso colectivo», concluyó.
Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.
Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.
La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.
La mira puesta sobre los sindicatos
Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.
La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.
Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.
La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.
Convenios colectivos bajo presión
Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.
El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.
Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.
La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.
Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores
La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.
La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.
Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.
La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.
Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.
La suerte de Gastón Salmain está echada, dicen en el Consejo de la Magistratura. El expediente para activar el jury contra juez federal acusado de recibir coimas podría salir 20 a cero en el plenario del próximo miércoles.
En una situación insólita, Salmain sigue dictando resoluciones desde prisión domiciliaria con una tobillera electrónica puesta. Incluso, a principios de abril la Cámara Federal de Rosario lo designó para subrogar el juzgado federal de Rafaela.
«El tipo está disociado. Piensa que va a zafar de la destitución. Después de que estalló todo, en vez de guardarse se presentó para subrogar un juzgado. Pero la situación es insostenible y no le hace bien a la imagen del poder judicial», explicó a LPO un consejero.
Salmain está acusado de haber autorizado una compra de diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de 200 mil dólares. La pena en expectativa para el principal delito que le atribuyen es de prisión efectiva y va de cuatro a doce años.
El segundo hecho es que omitió señalar en su CV al concursar que en 2002 la Corte Suprema lo echó de la Justicia Federal, donde era empleado, por ofrecer una coima a una secretaria de juzgado para direccionar un expediente.
A fin de año le dictaron la prisión preventiva, pero como el Consejo de la Magistratura no lo había suspendido, siguió ocupando su cargo.
Su situación empezó a complicarse cuando en diciembre de 2025 cambió la composición de las comisiones del Consejo. Acusación quedó a cargo de Alberto Maques, un hombre cercano a Daniel Angelici.
En los últimos meses, la Comisión de Acusación despachó los expedientes de Alfredo López, el juez antisemita de Mar del Plata, y del pampeano Ramiro Díaz Lacava, acusado de presunto mal desempeño, amenazas, lesiones y violencia de género laboral contra empleados y secretarios de su tribunal. Ambos fueron despachados por el plenario, suspendidos y enfrentarán un jury para destituirlos antes de fin de año.
Patricio Maraniello, el juez que prohibió la difusión de los audios de las coimas en Discapacidad que involucraban a Karina Milei, también tiene abierto un expediente en Acusación por abuso sexual, maltrato laboral y desvío de fondos públicos.
La última semana de mayo, la Comisión de Acusación decidió elevar al plenario el expediente de Salmain y salió por unanimidad. Si bien en Acusación no hay representantes de los jueces, el estamento de los magistrados no hará nada para evitar la suspensión de Salmain.
«El caso es muy fuerte, nadie quiere quedar pegado a un tipo así. Encima para defenderse mandó en cana a un colega. Nadie lo quiere cerca, Está listo», resumió a LPO otro consejero.
Salmain intentó por todos los medios llegar a los consejeros para frenar las acusaciones en su contra. Incluso contrató a operadores judiciales, pero nada le dio resultado. Parece difícil con la evidencia que se acumuló en su contra y con la voluntad del presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, en avanzar en su contra.
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